Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01453-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01453-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01453-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
26 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01453-00
Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros1
Temas: Derecho fundamental al debido proceso/alcance
Derecho fundamental de petición/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) petición
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
2
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01453-00
Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. Javier Enrique Merlano Sierra, en nombre propio, presentó solicitud de tutela
contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque,
a su juicio, i) la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir las
Resoluciones núms. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 20222 y CJR23-0045 de
16 de enero de 20233; y ii) la Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle
asignado un puntaje que no correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro
del respectivo concurso de méritos; ii) al no resolver de fondo el recurso de
reposición en el cual solicitó que “[…] me sean comunicados los motivos que
conducen a la decisión sobre mi puntaje conforme los reclamos en concreto que
fueron expuestos, conforme las fuentes del derecho […] en mi caso un aproximado
de 30 preguntas adolecían de defectos en su evaluación por el ente a cargo del
concurso […]”: vulneraron sus derechos fundamentales de petición y al debido
proceso.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, participó en el concurso de méritos para obtener un cargo en la Rama
Judicial de Colombia, correspondiente a la Convocatoria núm. 27 llevada a cabo por
la Universidad Nacional de Colombia.
4. Adujo que “[…] Presenté la prueba de conocimientos y actitudes nuevamente,
debido a la anulación del procedimiento previo, obteniendo en ambos casos
resultados superiores a los 800 puntos […]”.
2 "Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial".
3 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Administrativo de
la Rama Judicial".
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Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
5. Manifestó que, “[…] En fecha 8 de septiembre de 2022 interpuse recurso contra
la Resolución CJR22-0351 de 01 de septiembre de 2022 "Por medio de la cual se
publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama
Judicial" de la Convocatoria 27, suscrita por la Directora de la Unidad de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura […]”.
6. Agregó que, “[…] El recurso interpuesto fue resuelto mediante Resolución
genérica, de manera que el acto carece de pronunciamientos en concreto respecto
de los motivos de reparo allegados, denegando sin fundamento y
desmotivadamente el recurso elevado, por lo que omitió atender de fondo y de forma
congruente los alegatos fundados del recurso. De manera que según las
autoridades del concurso no hubo un sólo recurso entre miles que tuviera vocación
de prosperidad, más allá de ello el ciudadano tiene derecho al debido proceso en
esta instancia administrativa y que dicho proceso sea garantistico (sic) por
conexidad hacia otros derechos constitucionales como acceder a cargos públicos
[…]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Congruente con lo anterior III.- SOLICITO EL AMPARO DE LOS DERECHOS
CONSTITUCIONALES INVOLUCRADOS en la situación padecida, agradeciendo
de ante mano la decisión de sus honorables señorías […]”.
8. Indicó que:
“[…] La vulneración al derecho de petición la encuentro patente en el hecho de haber
sido calificado de plano, sin una decisión motivada que desvirtúe los fundamentos del
recurso con una calificación injusta, que sugiere una decisión caprichosa de la
administración. Reclamo entonces el derecho a obtener una decisión justa, que afecta
por conexidad mi derecho constitucional a acceder a cargos públicos ya que ello
afecta la posición entre los concursantes […]”.
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Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
Actuación
9. El conocimiento del asunto le correspondió por reparto al Despacho del Consejero
de Estado de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, doctor
Fredy Ibarra Martínez, el cual se tramita en el proceso identificado con el núm. único
de radicación 11001-03-15-000-2023-01453-00 que, mediante auto de 28 de
febrero de 2023, resolvió: i) admitir la acción de tutela; (iii) notificar al Director de la
Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Rectora de la Universidad Nacional
de Colombia; y iv) vincular a los participantes de la convocatoria pública ordenada por
el Acuerdo núm. PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, en calidad de terceros con interés legítimo.
10. De igual manera, en la misma providencia resolvió lo siguiente:
“[…] Remítase por Secretaría General el expediente al despacho del magistrado
Hernando Sánchez Sánchez, a fin de que estudie la posible acumulación al proceso
que cursa en su despacho con radicación no. 11001-03-15-000-2023-00230-00.
[…]”.
11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 27 de abril de 2023, resolvió lo
siguiente:
“[…] PRIMERO: Avocar el conocimiento de la acción de tutela de la referencia.
SEGUNDO: Tener como pruebas los documentos aportados con la solicitud de
amparo, con el valor probatorio que les corresponda según la ley […]”.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
12. La Universidad Nacional de Colombia afirmó que:
“[…] Sea lo primero reiterar que, dentro del presente asunto, a través de la
mencionada Resolución CJR23-0045 del 16 de enero de 2023 ya fueron resueltos
de fondo y congruente con lo solicitado, los motivos de inconformidad propuestos
por el aspirante, y por tal motivo, no ha existido una vulneración al debido proceso.
Así mismo, debe llamarse la atención en que a través del mencionado acto
administrativo se brindó toda la información relacionada con la pertinencia de cada
pregunta atacada, la selección de las claves de respuesta, se argumentaron
aspectos relativos a la estructura, idoneidad y pertinencia del examen y se llevó a
cabo la revisión manual del mismo, entre otras.
En igual sentido, es importante precisar que el ejercicio del recurso de reposición,
no implica que necesariamente se deba resolver a favor del recurrente, en este caso,
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Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
el aspirante que elevó el recurso de reposición contra el acto administrativo que dio
a conocer el puntaje obtenido en la prueba de aptitudes y conocimientos, y quien
ahora alega una supuesta vulneración de derechos con base en la negativa a
acceder a sus reclamos relacionados con errores de redacción, multiclaves,
ambigüedades y claves de respuesta inválidas.
Así las cosas, se debe mencionar que las accionadas han garantizado el debido
proceso al accionante, pues así como los demás aspirantes, ha podido ejercer los
recursos a su alcance para controvertir los actos administrativos y situaciones
surgidas en el marco de la Convocatoria 27 destinados a proveer empleo público,
sin obstáculo alguno. Por tal motivo, no existen circunstancias particulares que
adviertan que se ha denegado la posibilidad del accionante para acceder a un cargo
público, o se ha ejercido un trato discriminatorio respecto a ella […]”.
13. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial adujo que:
“[…] Por las razones presentadas en este escrito, solicito muy respetuosamente,
negar el amparo solicitado por el accionante en atención a que:
● La Unidad de Administración de la Carrera Judicial no ha vulnerado los derechos
invocados por el accionante puesto que, las objeciones presentadas por el
accionante en el recurso de reposición y su adición, fueron atendidas mediante la
Resolución CJR23-0045 de 16 de enero de 2023, por lo que se configura la carencia
de objeto por hecho superado.
● La Unidad de Administración de la Carrera Judicial no ha vulnerado los derechos
invocados puesto que, no se observó inconsistencia alguna en el proceso de
calificación de la prueba del tutelante, lo que dio lugar a que se confirmara el
resultado por él obtenido en la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022
[…]”.
14. Los participantes de la convocatoria pública guardaron silencio en esta
oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
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Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
20215 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20186 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
17. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consiste en determinar si se deben proteger los derechos fundamentales al debido
proceso y petición invocados por el actor, los cuales considera vulnerados por la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia porque,
se le i) asignó un puntaje que no correspondía dentro de las pruebas realizadas
dentro del respectivo concurso de méritos, y no se ii) resolvió de fondo el recurso
de reposición en el cual solicitó que “[…] me sean comunicados los motivos que
conducen a la decisión sobre mi puntaje conforme los reclamos en concreto que
fueron expuestos, conforme las fuentes del derecho […]”.
18. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas:
i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; ii)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición, iii) análisis
del caso concreto y finalmente las iv) conclusiones de la Sala.
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
19. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
20. Atendiendo a que, la Corte Constitucional8 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición
21. Visto el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
8 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
8
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01453-00
Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales. […]”.
22. Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional9 ha
precisado que “[…] el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la
posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii)
la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo;
(iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación
de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de
su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados
(plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas
evasivas o elusivas […]”.
Análisis del caso concreto
23. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
24. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas
en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
25. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
25.1. Documentos anexos al escrito de tutela.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2 de marzo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01453-00
Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
25.2. Informe rendido por la Universidad Nacional de Colombia, junto con sus
anexos.
25.3. Informe rendido por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial, junto con sus anexos.
Solución del caso concreto
26. Javier Enrique Merlano Sierra, en nombre propio, presentó solicitud de tutela
contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque,
a su juicio, i) la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir las
Resoluciones núms. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022 y CJR23-0045 de
16 de enero de 2023; y ii) la Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle
asignado un puntaje que no correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro
del respectivo concurso de méritos; ii) al no resolver de fondo el recurso de
reposición en el cual solicitó que “[…] me sean comunicados los motivos que
conducen a la decisión sobre mi puntaje conforme los reclamos en concreto que
fueron expuestos, conforme las fuentes del derecho […] en mi caso un aproximado
de 30 preguntas adolecían de defectos en su evaluación por el ente a cargo del
concurso […]”: vulneraron sus derechos fundamentales de petición y al debido
proceso.
27. La Sala advierte que el recurso de reposición promovido por el actor contra la
Resolución núm. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022, efectivamente fue
resuelto a través de la Resolución núm. CJR23-0045 del 16 de enero de 2023,
expedida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura. Sin embargo, a juicio del actor esta respuesta no atendió de fondo
y de manera congruente los argumentos expuestos en su respectivo recurso.
28. Al respecto, en relación con el requisito general de la inmediatez, la Sala
considera que éste se encuentra satisfecho, toda vez que la Resolución núm.
CJR23-0045 del 16 de enero de 2023, por medio de la cual se resolvieron los
recursos, fue expedida el 16 de enero de 2023; y el actor radicó la solicitud de
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01453-00
Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
amparo el 21 de marzo de 2023, es decir que, la acción de tutela fue promovida
dentro de un término razonable.
29. Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de subsidiariedad, que si
bien es cierto el actor solicita expresamente que se deje sin efectos, la Resolución
núm. CJR23-0045 del 16 de enero de 2023 y sus anexos, la realidad es que dicha
petición surge porque a juicio del actor, las accionadas no resolvieron de manera
clara, de fondo y congruente los cuestionamientos u objeciones que presentó frente
a las preguntas núms. 6, 9, 13, 15, 23, 24, 28, 52, 53, 55, 59, 75, 77, 92, 97, 99,
103, 108, 118, 123 y 127.
30.Significa lo anterior que el presente asunto está orientado a determinar si se violó
o no el núcleo esencial de los derechos fundamentales indicados supra, con ocasión
del recurso de reposición que promovió en contra de la Resolución CJR22- 0351 de
1° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de defensa ordinario resultaría
ineficaz para tal fin10.
31. De conformidad con lo expuesto, la Sala procederá a abordar el estudio de fondo
de la presente acción de tutela en lo que concierne a las preguntas núms. 6, 9, 13,
15, 23, 24, 28, 52, 53, 55, 59, 75, 77, 92, 97, 99, 103, 108, 118, 123 y 127, es decir,
analizará si las autoridades demandadas desconocieron los derechos fundamentales
al debido proceso y petición del actor, con ocasión a la falta de una respuesta
congruente y de fondo al recurso de reposición promovido por Javier Enrique Merlano
Sierra en contra de la Resolución núm. CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022.
32. Para tal efecto, a través de la siguiente tabla, la Sala confrontará lo manifestado
por el actor en el citado recurso de reposición y la respuesta remitida, mediante la
Resolución núm. CJR23-0045 del 16 de enero de 2023 – Anexo núm. 2, por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura:
10 Frente al cumplimento del requisito general de subsidiariedad en casos análogos al presente, ver entre otras:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2023,
C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2023-01122-00.
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Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
Solicitudes de la actora de conformidad Respuesta de las accionadas conforme a la
con el recurso de reposición Resolución núm. CJR23-0045 de 16 de
enero de 2023 – Anexo núm. 211
Pregunta 6: La clave no es congruente con la
pregunta formulada, pues el texto Pregunta No. 6
expresamente se refiere a “la voluntad decidida
para superar la apatía generalizada” a partir de La opción A no resuelve de manera adecuada
verbos rectores como “combatir” y el enunciado y por ende es una respuesta
contextualizado con “al margen de alineación y incorrecta porque el conocimiento de los
alienación política”; por tanto la respuesta más hechos debe estar desligado de cualquier
acertada en torno a lo cuestionado es la alineación política y, en este caso, tener el
respuesta C, que en consecuencia debe propósito de guiar la sociedad por una mejor
valorarse en mi caso como respuesta válida. senda política pre supondría una alineación
política que indique cuál es la mejor senda. La
opción B no resuelve de manera adecuada el
enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque el autor llama la atención
sobre el hecho de que el pensamiento crítico no
se trata de responder a la causa de la
posverdad con una causa de la contra-
posverdad. Según el texto, al hacer alusión a
“cada uno de nosotros, motu proprio, opte por
respetar la verdad”, con la denuncia establecida
en la opción de respuesta se iría en contravía
con la forma de actuar propuesta por el autor.
La opción C no resuelve de manera adecuada
el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque no necesariamente se debe
rechazar la adopción de una postura política; lo
que sí se requiere es que alinearse con esa
postura no influya en la búsqueda de la verdad.
La opción D es la respuesta correcta porque el
inicio del texto se refiere a la voluntad de
superar la apatía como un elemento que puede
añadirse al pensamiento crítico, lo cual indica
que el
Pregunta 9: La respuesta más aproximada al Pregunta No. 9: La opción A no resuelve de
planteamiento cuestionado no es la propuesta manera adecuada el enunciado y por ende es
en clave, pues –según el texto– no se extrae una respuesta incorrecta porque el respaldo
que la mensurabilidad sea derivada de la institucional se cita como uno de los factores
confianza depositada en el medio, por lo que no que garantizan la validez de una moneda como
es consonante con el contexto planteado. La medio de pago. Este se presenta en forma de
más cerca al contexto del documento es la A, respaldo estatal. La opción B no resuelve de
que en consecuencia debe valorarse en mi manera adecuada el enunciado y por ende es
caso como respuesta válida. una respuesta incorrecta porque de acuerdo
con el texto, "La clave parece estar, en
definitiva, en la confianza generalizada que
aporta un emisor de rigor y calidad
consensuados", por lo que el consenso entre
los miembros de la sociedad es importante para
que una moneda tenga validez como medio de
pago en las transacciones cotidianas. La opción
C es la respuesta correcta porque en el texto,
es la confianza en el medio de pago la que
surge a partir del criterio básico de
mensurabilidad. Sin embargo, lo contrario no es
cierto: la mensurabilidad no depende de la
11 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Administrativo de
la Rama Judicial.”
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Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
confianza en el medio de pago. La opción D no
resuelve de manera adecuada el enunciado y
por ende es una respuesta incorrecta porque
según el texto, una percepción extendida sobre
el valor de un objeto (como el oro) es necesaria
para que dicho objeto se pueda usar como
medio de pago
Pregunta 13: La respuesta marcada fue la D y Pregunta No. 13
la clave propuesta era la B; entre ambas
coincide la certeza de la afirmación sobre el La opción A no resuelve de manera adecuada
desacierto con respecto a lo cuestionado, el enunciado y por ende es una respuesta
variando la razón del por qué es desacertado incorrecta porque es necesario desactivar las
con respecto a la activación de las alarmas y, bobinas (por medio de una sobrecarga) para
en mi criterio, tal desacierto deriva en que que no activen las alarmas. Si las alarmas
nunca se activarían las alarmas por la misma siempre suenan, no serían útiles para indicar
actualización del sistema de etiquetado, que en cuándo alguien está intentando robar. La
consecuencia debe valorarse en mi caso como opción B es la respuesta correcta porque si las
respuesta válida. bobinas funcionan correctamente, activan las
alarmas. Es necesario desactivarlas (por medio
de una sobrecarga) para que no activen las
alarmas. Si las alarmas siempre suenan, no
serían útiles para indicar cuándo alguien está
intentando robar. La opción C no resuelve de
manera adecuada el enunciado y por ende es
una respuesta incorrecta porque si las alarmas
siempre suenan, no serían útiles para indicar
cuándo alguien está intentando robar. La
decisión implicaría que las alarmas siempre
sonarán. La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque volver inmunes a
las bobinas hace que no se puedan desactivar
y por lo tanto no cumplan con su función de
indicar cuándo alguien intenta robar, porque
siempre sonarían.
Pregunta 15: La respuesta más acertada no es Pregunta No. 15 La opción A no resuelve de
la propuesta en clave (B) pues no se extrae de manera adecuada el enunciado y por ende es
la hipótesis que parte del hecho de no existir un una respuesta incorrecta porque el texto dice
procedimiento claro sin que haga referencia que, para determinar que un incendio es
que sea inviable; todo lo contrario, el texto grande, se tienen en cuenta factores locales y
parece ser justificativo de una necesidad de que hay condiciones topográficas, climáticas y
contar con un procedimiento, pero que se de vegetación que son muy variadas. Es decir,
dificulta por no identificarse los factores o el texto no presenta información que implique
indicadores homogéneos necesarios para un que sería inviable tomar, por ejemplo, la
procedimiento estándar, por ello en términos de topografía como un factor común para catalogar
lógica formal y sintaxis mi respuesta es más que un incendio es grande en varios lugares. La
acertada al texto descrito, que en consecuencia opción B es la respuesta correcta porque el
debe valorarse en mi caso como respuesta texto describe que se necesitan los factores
válida. locales para determinar o catalogar un incendio
como grande, por lo cual estandarizar un
procedimiento sería inviable: “La forma para
determinar o catalogar un incendio como
“incendio grande”, no es ni sencilla, ni se tiene
un procedimiento claro, además de ser relativa
y depender de factores locales”. La opción C no
resuelve de manera adecuada el enunciado y
por ende es una respuesta incorrecta porque el
texto describe cómo en el sur de Francia (una
región específica de un país) se cataloga un
incendio como grande, en contraposición a la
manera en que se hace en Australia, lo que
implica que puede ser viable buscar una forma
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de clasificar los incendios como grandes,
aunque no sea una tarea sencilla. La opción D
no resuelve de manera adecuada el enunciado
y por ende es una respuesta incorrecta porque
el texto afirma que la clasificación de un
incendio como grande depende de las
condiciones de cada región, es decir, que SÍ
puede ser viable buscar una categoría de
incendios grandes si se tienen en cuenta las
condiciones climáticas, topográficas y de
vegetación particulares de una zona.
Pregunta 23: El texto hace referencia a hechos Pregunta No. 23 La opción A no resuelve de
indicadores precisos que permiten concluir la manera adecuada el enunciado y por ende es
caracterización de hallazgos arqueológicos, y una respuesta incorrecta porque si bien la
que podrían darse los correspondientes argumentación de Q sí es incorrecta, para la
indicadores que identifican al grupo, por tanto argumentación de P, si las herramientas de
es imposible desde la lógica formal que - caza que se encuentran son de tamaño
restringido a lo extraído del texto – que el pequeño y poco peso, no se puede concluir que
científico haya errado en su valoración, pues los el grupo sea nómada, ya que pueden
hechos indicadores están presentes, al menos pertenecer a otro grupo, pues no se garantiza
con respecto a un grupo, por tanto siendo que las herramientas pequeñas y de poco peso
incongruente la respuesta con lo preguntado sean de uso exclusivo de este grupo, de
debiera anularse la pregunta o, en su defecto, acuerdo con la información del contexto. La
admitirse como válida la respuesta B, por ser opción B no resuelve de manera adecuada el
más próxima a un criterio de validez. enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque para la argumentación de P,
si las herramientas de caza que se encuentran
son de tamaño pequeño y poco peso, no se
puede concluir con total certeza que el grupo
sea nómada y, para la argumentación de Q, si
no se encontraron estructuras de resguardo, se
puede concluir correctamente que el grupo no
es sedentario; como los restos son, o de un
grupo nómada o de uno sedentario, pero no son
de un grupo sedentario, entonces son de un
grupo nómada, por lo cual SÍ es posible
determinar si el grupo era nómada o sedentario.
La opción C no resuelve de manera adecuada
el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque si bien la argumentación de P
SÍ es incorrecta, para la argumentación de Q se
debe considerar que, si no se encontraron
estructuras de resguardo, se puede concluir
correctamente que el grupo no es sedentario;
como los restos son o de un grupo nómada o de
uno sedentario, pero no son de un grupo
sedentario, entonces son de un grupo nómada,
por lo cual SÍ es posible determinar si el grupo
era nómada o sedentario. La opción D es la
respuesta correcta porque de los resultados de
la investigación se puede concluir que el grupo
era nómada; sin embargo, el argumento de P
es incorrecto porque esto se puede sustentar
por el hecho de no haber encontrado
estructuras de resguardo, más no por haber
encontrado herramientas de caza de tamaño
pequeño y poco peso, lo cual es una condición
necesaria pero no suficiente para caracterizar a
un grupo como nómada, pues no se garantiza
que las herramientas pequeñas y de poco peso
sean de uso exclusivo de este grupo.
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Pregunta 24: La clave está errada, pues Pregunta No. 24
propone que una afirmación totalizante sea de
aplicación excepcional e individualizada, pues La opción A no resuelve de manera adecuada
la falsedad de la aplicación como afirmación el enunciado y por ende es una respuesta
generalizada ostenta la misma falsedad, que es incorrecta porque existe al menos un paciente
una característica de la esencia de lo dicho con para el cual el tratamiento con el medicamento
respecto a la eficacia o no del producto vendido. fue efectivo. La afirmación es falsa porque no
La pregunta debe anularse, en su defecto describe de manera correcta el estado del
validarse como acertada la respuesta marcada. paciente 76. La opción B es la respuesta
correcta porque de acuerdo con la información
en el contexto, existe al menos un paciente para
el cual el tratamiento no fue efectivo; sin
embargo, no se puede asegurar que otros
pacientes hayan tenido el mismo problema,
dado que solo se mostraron algunos resultados.
La opción C no resuelve de manera adecuada
el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque existe al menos un paciente
para el cual el tratamiento no fue efectivo. La
afirmación es falsa porque no describe de
manera correcta el estado del paciente 76. La
opción D no resuelve de manera adecuada el
enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque de acuerdo con la
información en el contexto, existe al menos un
paciente para el cual el tratamiento fue efectivo;
sin embargo, no se puede asegurar que otros
pacientes hayan tenido la misma efectividad,
dado que solo se mostraron algunos resultados.
Pregunta 28: La clave propuesta no es la más Pregunta No. 28 La opción A es la respuesta
acertada en el contexto planteado, que delimita correcta porque si se considera como
con precisión y claridad los diversos verdadera la afirmación “si se aumenta el
indicadores y sus efectos, siendo más presupuesto del proyecto, se puede contratar
consecuente con lo planteado en la respuesta más personas”, pero se niega que se contraten
consignada b, que expresa de forma más personas, entonces se puede concluir que
concluyente lo expuesto en el párrafo, en no se aumenta el presupuesto en virtud de la
consecuencia debe valorarse en mi caso como relación propuesta. Sin embargo, si se niega
respuesta válida. que se contratan más personas, no se puede
concluir que la tasa de desempleo no vaya a
disminuir. Esta disminución puede darse por
factores ajenos a la contratación en el proyecto.
Por tanto, si no se contratan más personas, se
puede afirmar que no se aumenta el
presupuesto, pero podría disminuir la tasa de
desempleo. La opción B no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque es suficiente con
que se aumente el presupuesto para que se
contraten más personas. Por tanto, si no se
contratan más personas, la única conclusión a
la que se puede llegar es que el presupuesto no
aumenta. De manera análoga, es suficiente con
que se contraten más personas para que la tasa
de desempleo disminuya. Sin embargo, aún si
no se contratan más personas, la tasa de
desempleo puede mantenerse constante. La
opción C no resuelve de manera adecuada el
enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque si bien es cierto que solo se
puede concluir que no se aumenta el
presupuesto al no contratar más personas, la
segunda afirmación es falsa. Es suficiente con
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que se contraten más personas para que la tasa
de desempleo disminuya. Sin embargo, aún si
no se contratan más personas, la tasa de
desempleo puede mantenerse constante. La
opción D no resuelve de manera adecuada el
enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque no se está teniendo en
cuenta que se está negando la contratación de
más personas (y por lo tanto, no se puede
concluir que el presupuesto aumenta), por lo
que afirmar que si se contratan más personas
disminuye la tasa de desempleo, es falso. Pregunta 52: la prevalencia axiomas Pregunta No. 52 Esta pregunta es pertinente
autoevidentes sobre el derecho vigente no porque el conocimiento de las concepciones
corresponde al iusnaturalismo racionalista centrales de las principales escuelas o
siendo al antropológico la respuesta correcta es corrientes de la filosofía y la teoría del derecho
la D, soporte de ello puede verificarse la tiene una incidencia práctica para un juez. En
doctrina del profesor FINNIS (oxford, 1980 ) especial, a la hora de fundar una decisión en la
libro Natural Law and Natural Rights; en este adopción de una u otra respuesta a los
mismo sentido Joaquín Rodríguez-Toubes interrogantes básicos de la filosofía del
Muñiz afirma: “Continuando este argumento, derecho. La opción A no resuelve de manera
Finnis considera la existencia de otros valores adecuada el enunciado y por ende es una
básicos o formas básicas del bien. Reconoce la respuesta incorrecta porque para los autores de
dificultad de distinguir los auténticos bienes esta tendencia del iusnaturalismo ciertos
intrínsecos de los medios necesa rios para aspectos de la realidad poseen fuerza
lograrlos, las condiciones que los permiten normativa y constituyen una fuente del derecho
(como la inteligencia respecto del a la cual debe adecuarse el derecho positivo. La
conocimiento) o los instintos; pero cree que la opción B no resuelve de manera adecuada el
literatura antropológica autoriza a afirmar con enunciado y por ende es una respuesta
bastante confianza ciertos valores incorrecta porque para los autores de esta
autoevidentes para los seres humanos (FINNIS tendencia del iusnaturalismo el origen del
1980: 83)” en ANUARIO DE FILOSOFIA DEL derecho natural es la voluntad de una autoridad
DERECHO (1993) 375 - 406, en consecuencia divina y las leyes positivas deben derivarse de
debe valorarse en mi caso como respuesta aquel. La opción C es la respuesta correcta
válida. porque para los autores de esta tendencia del
iusnaturalismo el origen de los principios
morales se encuentra en la estructura de la
razón humana y trataron de axiomatizar esos
principios autoevidentes que permitían derivar
el resto de las normas. La opción D no resuelve
de manera adecuada el enunciado y por ende
es una respuesta incorrecta porque para los
autores de esta tendencia del iusnaturalismo
los principios del derecho natural tienen un
sustrato antropológico, es decir, se deducen
directamente de la naturaleza humana. Pregunta 53: las normas también ostentan un Pregunta No. 53 Esta pregunta es pertinente
grado de abstracción y generalidad, que las porque para cualquier operador jurídico y, en
caracteriza como generalmente aplicables; especial, para los jueces y magistrados, es
entre valores y principios hay grados fundamental conocer los diferentes tipos de
axiológicos de diferencias, y principalmente los normas que integran un sistema jurídico con el
diferencia su grado de delimitación. objeto de poder interpretarlas y aplicarlas. La
opción A no resuelve de manera adecuada el
son principios, por tanto es más cercana la enunciado y por ende es una respuesta
respuesta la C. En soporte de ello puede incorrecta porque las directrices ordenan o
verificarse en la literatura jurídica que Román A. permiten que se alcance un estado de cosas o
Navarro Falla en su artículo intitulado LOS fin general en la mayor medida de lo posible. PRINCIPIOS JURÍDICOS.
ESTRUCTURA,
CARACTERES Y APLICACIÓN EN EL La opción B no resuelve de manera adecuada
DERECHO COSTARRICENSE (revista Ivstitia. el enunciado y por ende es una respuesta
Año 12 Nº 138 junio 1998 ) afirma “ Las incorrecta porque las reglas son normas que
diferencias las encontramos tanto en su distinta tienen un supuesto de hecho formulado de
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estructura, como en su generalidad o forma cerrada y ordenan una consecuencia
universalidad, en el grado de abstracción, en la jurídica definitiva, es decir, cuando se cumplen
fundamentalidad y en la normatividad o eficacia determinadas condiciones, ordenan, prohíben o
jurídica de las figuras en cuestión. y precisa permiten algo definitivamente. La opción C no
sobre los principios: “Los principios tienen una resuelve de manera adecuada el enunciado y
estructura más simple. Se caracterizan por por ende es una respuesta incorrecta porque
contar con uno o varios valores, más un ámbito los principios también son normas que
o espacio jurídico de protección o influencia, condicionan las demás normas, pero con mayor
mediante el cual, se satisface el valor o valores grado de concreción y, por lo tanto, de
en él protegidos. En el espacio jurídico aplicabilidad concreta, alcanzando por sí
protegido o de influencia se encuentra un mismos proyección normativa. La opción D es
ámbito subjetivo (sujetos que resultan la respuesta correcta porque tanto la doctrina
genéricamente obligados a respetarlo y otros como la jurisprudencia constitucional han
que resultan jurídicamente protegidos en sus definido los valores de la forma expuesta en el
situaciones positivas) y un ámbito material, es enunciado.
decir, un conjunto de actos, normas, institutos
jurídicos, competencias, hechos, etc, que
resultan a veces explicados pero en general
permeados y legitimados por la influencia y
existencia del principio”, en consecuencia debe
valorarse en mi caso como respuesta válida. Pregunta 55: conforme lo consultado en el texto Pregunta No. 55 Esta pregunta es pertinente
y de acuerdo a la lógica formal, las normas O porque en el ejercicio de la función
prescripciones ostentan un grado de verdad jurisdiccional es necesario conocer las
que carece prueba como prescripción funciones del lenguaje y la manera como se
abstracta, es así como a manera de ejemplo es integra en los argumentos, de tal manera que
regla general que la ley no requiere de prueba, sea posible distinguir entre las categorías de
en tanto sí los hechos que se invoquen para la validez, verdad, eficacia, etc. La opción A no
aplicación del silogismo jurídico; por tanto es resuelve de manera adecuada el enunciado y
más acertada la respuesta por mi consignada por ende es una respuesta incorrecta porque de
en la hoja de respuestas, puesto que las las normas o prescripciones no es posible
proposiciones descriptivas del argumento afirmar que sean verdaderas o falsas porque su
deben ser probadas, hasta que eso no se función es determinar o regular el
produzca sobre los hechos invocados no podría comportamiento de alguien. Se puede afirmar
afirmarse la categoría denominada verdad, en su validez, su eficacia o su corrección.
consecuencia debe valorarse en mi caso como
respuesta válida La opción B no resuelve de manera adecuada
el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque para determinar la relación
entre las premisas y la conclusión que integran
un argumento se acude al concepto de validez. La opción C no resuelve de manera adecuada
el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque el problema jurídico, al ser
formulado como una proposición interrogativa,
tienen la función de indagar o de formular una
cuestión y, por ende, no se le puede aplicar la
categoría de verdad. La opción D es la
respuesta correcta porque la categoría de
verdad se puede aplicar a las proposiciones
descriptivas, en cuanto su función es dar
informaciones sobre ciertos hechos o
situaciones. Pregunta 59: La respuesta consignada es más Pregunta No.
59 Esta pregunta es pertinente
acertada, ya que el nivel o etapa de adecuación porque como lo ha indicado la Corte
está comprendida en términos generales dentro Constitucional, “tradicionalmente, la
del proceso lógico del test de proporcionalidad, jurisprudencia constitucional ha aplicado la
y en tratándose de sus etapas lo propuesto en ponderación para solucionar colisiones entre
el texto se acerca más al nivel o etapa del test derechos y principios fundamentales”
de necesidad, en consecuencia debe valorarse (sentencia T-027 de 2018). Por esta razón, su
en mi caso como respuesta válida. conocimiento es imprescindible para jueces y
magistrados. La opción A es la respuesta
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correcta porque en el juicio de proporcionalidad
la “adecuación” consiste en la relación causal
entre la medida restrictiva y el principio
constitucional que se busca maximizar, de
manera que, si se decide restringir un derecho
o principio, efectivamente se debe buscar la
maximización del derecho enfrentado. La
opción B no resuelve de manera adecuada el
enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque en el juicio de
proporcionalidad la “estricta proporcionalidad”
hace referencia a la relación costo beneficio de
la restricción, enfrentada con la maximización.
no podría un juez restringir fuertemente un
derecho, para maximizar débilmente otro. Una
decisión es justificada si los beneficios
obtenidos (la maximización de un derecho)
supera los costes (la restricción de otro
derecho). La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque en el juicio de
proporcionalidad, la “necesidad” se relaciona
con la obligación del juez constitucional o del
legislador, de seleccionar el mecanismo más
benigno para la restricción del derecho, en el
sentido de que no exista un medio alternativo,
igual de idóneo, y menos gravoso. La opción D
no resuelve de manera adecuada el enunciado
y por ende es una respuesta incorrecta porque
la subsunción consiste en la calificación de los
hechos probados empleando los términos
generales con los que se formulan los
enunciados normativos relevantes para
resolver la cuestión central.
Pregunta 75: la clave está errada, la respuesta Pregunta No. 75 Esta pregunta es pertinente
A pues es sobre la convención de Belém do porque los aspirantes al ser jueces de
Pará, mas no sobre el protocolo de San constitucionalidad deben estar familiarizados
Salvador, en consecuencia debe valorarse en con los avances que en la materia existen,
mi caso como respuesta válida. teniendo en cuenta el denominado Control de
Convencionalidad que está en línea directa con
el Bloque de Constitucionalidad convirtiéndose
en herramienta necesaria para dirimir los
debates sobre derechos fundamentales de las
mujeres.
La opción A es la respuesta correcta porque es
la norma especial que en el Sistema
Interamericano de Derecho Humanos se ha
concebido para prevenir, erradicar y sancionar
la violencia contra la Mujer. Se inspira la
Convención en “que la adopción de una
convención para prevenir, sancionar y erradicar
toda forma de violencia contra la mujer, en el
ámbito de la Organización de los Estados
Americanos, constituye una positiva
contribución para proteger los derechos de la
mujer y eliminar las situaciones de violencia que
puedan afectarlas” y se refuerza la idea con la
sentencia C-408 de 1996 de la Corte
Constitucional colombiana al hacer el control de
constitucionalidad de la Ley 248 de 1995 que
adoptó la Convención en el país, anunció la
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01453-00
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importancia de incorporar al derecho interno la
Convención de origen brasileño: “no sólo la
mujer, debe ser protegida en su dignidad y
derechos constitucionales, como toda persona,
por lo cual el Estado tiene el deber de librarla de
la violencia, sino que, además, de manera
específica, la Constitución proscribe toda
discriminación contra la mujer y ordena la
realización de la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombre y mujer. El
presente instrumento jurídico tiene gran
importancia dentro del contexto social
internacional y colombiano, pues las distintas
modalidades de violencia afectan la dignidad, la
vida y la integridad de las mujeres en muy
diversas formas”. La opción B no resuelve de
manera adecuada el enunciado y por ende es
una respuesta incorrecta porque dicho
instrumento reconoce de manera general los
derechos humanos de todas las personas
humanas en el continente americano. Al existir
norma especial como la Convención de Belem
Do Para, su utilidad para proteger derechos
decae en favor del Tratado. La opción C no
resuelve de manera adecuada el enunciado y
por ende es una respuesta incorrecta porque
dicho instrumento reconoce de manera general
los derechos humanos de todas las personas
humanas en el continente americano. Al existir
norma especial como la Convención de Belem
Do Para, su utilidad para proteger derechos
decae en favor del Tratado. La opción D no
resuelve de manera adecuada el enunciado y
por ende es una respuesta incorrecta porque el
citado Protocolo, es una adición al artículo 26
de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que tiene una materia específica
referida a los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de todas las personas humanas.
Pregunta 77: debe ser lo consignado, pues Pregunta No. 77 Esta pregunta es pertinente
corresponde al Comité de derechos humanos porque evalúa el conocimiento que el
de la ONU no al DESC, en consecuencia debe postulante tiene tanto de la lógica del sistema
valorarse en mi caso como respuesta válida universal de derechos humanos como de los
derechos económicos, sociales y culturales y
sus sistemas de seguimiento. La opción A no
resuelve de manera adecuada el enunciado y
por ende es una respuesta incorrecta porque
este Comité es el encargado de vigilar el
cumplimiento del Pacto de derechos civiles y
políticos de 1996. La progresividad no se aplica
a los derechos de este convenio. La opción B
no resuelve de manera adecuada el enunciado
y por ende es una respuesta incorrecta porque
La Junta Ejecutiva del PNUD no tiene funciones
de seguimiento sobre los tratados de derechos
humanos del Sistema Universal de las
Naciones Unidas. La opción C es la respuesta
correcta porque corresponde a este órgano
revisar los informes presentados por los
Estados y emitir Observaciones Generales
sobre los mismos de conformidad con la
Resolución 17 de 1985 del Consejo Económico
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y Social de las Naciones Unidas. La opción D
no resuelve de manera adecuada el enunciado
y por ende es una respuesta incorrecta porque
Ni el Relator ni la Comisión de Estadística de
Naciones Unidas fijan parámetros de
seguimiento de este tratado.
Pregunta 92: la clave errada, pues el acto que Pregunta No. 92 Esta pregunta es pertinente
reconoce el derecho personal reconoce un porque la presentación de documentos falsos
derecho adquirido cuyo monto debe ser para obtener el reconocimiento de pensiones es
presupuestado, por lo que la legalidad de tal una conducta frecuente en el sistema de
reconocimiento sólo podría atacarse agotando seguridad social, por lo tanto, es necesario
las formas para la procedencia de la acción verificar que los mismos correspondan a la
denominada de “lesividad”, agotando el realidad, aún después de reconocido el derecho
requisito previo de solicitar la manifestación de de un pensionado. Adicionalmente, en las
voluntad del beneficiario, en consecuencia entidades territoriales se han presentado
debe valorarse en mi caso como respuesta inconsistencias en sus archivos y no certifican
válida. después de reconocido el derecho de la
pensión que el beneficiario laboró allí.
Consecuencialmente, es el funcionario judicial
quien debe determinar si el pensionado incurrió
en alguna de las causales de pérdida del
derecho o si la decisión adoptada inicialmente
es la correcta. La opción A no resuelve de
manera adecuada el enunciado y por ende es
una respuesta incorrecta porque los aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral
son obligatorios para todos los empleados
durante el tiempo en que laboran, y podían ser
independientes del pago de pensiones antes de
la expedición del decreto 510 del 2003, lo que
se debe verificar es el cumplimiento de los
requisitos para acceder a la pensión, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 797 de
2003, artículo 19. La opción B no resuelve de
manera adecuada el enunciado y por ende es
una respuesta incorrecta porque la inclusión en
la nómina de pensionados se hace una vez
queda en firme el acto administrativo que
reconoce la prestación, y la nueva situación
está dada por un posible incumplimiento de
requisitos o por utilización de certificaciones
que adolecen de algún error. Lo que no implica
que al pensionado se le retire de nómina
inmediatamente, y la prestación debe seguirse
cancelando esto según la Sentencia SU – 182
de 2019 de la Corte Constitucional. La opción C
es la respuesta correcta porque se debe
verificar el cumplimiento de los requisitos para
acceder a la pensión, por cuanto existen
certificaciones falsas o no hay forma de probar
la relación laboral que genera la imposición de
una cuota parte pensional a la entidad territorial,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 797
de 2003, artículo 19. La opción D no resuelve
de manera adecuada el enunciado y por ende
es una respuesta incorrecta porque el obligado
a revisar y verificar el cumplimiento de los
requisitos en el momento de vinculación es el
empleador, para este caso, la entidad territorial
al cual se le asigna la cuota parte pensional
según la Ley 100 de 1993, artículo 33. En este
caso, el fondo público verifica el cumplimiento
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01453-00
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de los requisitos de pensión y no de las
situaciones particulares de la vinculación con
dicha entidad territorial.
Pregunta 97: debe procederse conforme la Pregunta No. 97 Esta pregunta es pertinente
cosa juzgada y con vigencia del principio de porque el momento a partir del cual un servidor
legalidad; en consecuencia debe valorarse en público adquiere los derechos de carrera
mi caso como respuesta válida. administrativa es un aspecto importante y
materia de controversia en los asuntos objeto
de los medios de control en los que se debate
tal condición y los efectos jurídicos y
económicos derivados de dicha definición
temporal. Los funcionarios judiciales de lo
contencioso administrativo en el trámite de
dichas reclamaciones, permanentemente
deben definir previo al pronunciamiento de
fondo de sus fallos, el momento a partir del cual
los demandantes se encuentran cobijados
dentro de los derechos de la carrera
administrativa.
La opción A no resuelve de manera adecuada
el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque el nombramiento y la
posesión hacen parte del periodo de prueba y
si bien a partir de la posesión se empiezan a
generar derechos al reconocimiento salarial y
prestacional propio del empleo, ello no lo hace
adquirente del título de derechos de carrera
administrativa, de acuerdo con lo estipulado en
el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 “Por la cual
se expiden normas que regulan el empleo
público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones”. Por lo
cual solamente hasta que se supere el periodo
de prueba, tendrá derecho a que se le
reconozcan los beneficios de la carrera
administrativa. La opción B es la respuesta
correcta porque el artículo 31 de la Ley 909 de
2004 “Por la cual se expiden normas que
regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan
otras disposiciones” con relación a las etapas
del proceso de selección o concurso, en el
numeral quinto (5) prevé: “Periodo de prueba.
La persona no inscrita en carrera administrativa
que haya sido seleccionada por concurso será
nombrada en periodo de prueba, por el término
de seis (6) meses, al final de los cuales le será
evaluado el desempeño (…) Aprobado dicho
período al obtener evaluación satisfactoria el
empleado adquiere los derechos de carrera los
que deberán ser declarados mediante la
inscripción en el Registro Público de la Carrera
Administrativa.” El Comisionado de la Comisión
Nacional del Servicio Civil Frídole Ballén Duque
en el texto Empleo Público y Carrera
Administrativa en Colombia, p.165 sobre el
momento a partir del cual se adquieren los
derechos de carrera sostiene que éstos se
“adquieren una vez el empleado culmine su
periodo de prueba y que se encuentre en firme
su evaluación satisfactoria del desempeño
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01453-00
Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
laboral; por lo que se considera que el Registro
Público de Carrera Administrativa tiene carácter
meramente declarativo y no constitutivo del
derecho ya que los derechos de carrera se
adquieren al superar todas las exigencias
legales para ingreso al empleo público por el
sistema de mérito”. (negrillas y subrayas fuera
del texto original) La opción C no resuelve de
manera adecuada el enunciado y por ende es
una respuesta incorrecta porque el Registro
Público de Carrera Administrativa como lo
expusiera el Comisionado Frídole Ballén “tiene
carácter meramente declarativo y no
constitutivo del derecho ya que los derechos de
carrera se adquieren al superar todas las
exigencias legales para ingreso al empleo
público por el sistema de mérito”. El derecho se
adquiere y se constituye entonces a partir del
resultado aprobatorio de la evaluación definitiva
del periodo de prueba, por lo que la inscripción
del servidor público en el Registro de Carrera es
un acto posterior, en el que se incluyen todas
las anotaciones y datos relacionados con los
empleados de carrera. La opción D no resuelve
de manera adecuada el enunciado y por ende
es una respuesta incorrecta porque Para el
caso en mención la persona no superó el
periodo de prueba, por lo que solo se le pudo
practicar la evaluación del desempeño
relacionado con los primeros seis (6) meses de
labores o evaluación del periodo de prueba, la
evaluación anual del desempeño laboral,
presume que la persona ya disfrute de sus
derechos de carrera administrativa plenamente.
El Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en su artículo 8
sobre la evaluación anual de desempeño
considera que va del 01 de febrero al 31 de
enero del año entrante e incluye la sumatoria de
las dos (2) evaluaciones semestrales parciales.
Pregunta 99: La respuesta consigna en hoja de Pregunta No. 99 Esta pregunta es pertinente
respuesta es más acertada, ya que el porque Teniendo en cuenta que la Ley 1437 de
incumplimiento de obras de construcción de 2011 determinó el criterio orgánico para los
una E.I.y C. del estado corresponde al asuntos que se discuten en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo que es de derecho Contencioso Administrativo, es necesario que
público, si bien su marco regulatorio los funcionarios judiciales tengan claridad de la
normatividad aplicable a las entidades
exceptuadas o con regímenes especiales en
materia de contratación.
La opción A no resuelve de manera adecuada
el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, que
modificó el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007,
si bien la Empresa Industrial y Comercial del
Estado celebra contratos estatales, a la luz de
los artículos 1º, 2º y 32 de la Ley 80 de 1993,
que serían de conocimiento de la jurisdicción
contencioso administrativa, el régimen
aplicable, es decir, el que regulará la parte
sustantiva del negocio será el privado (código
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Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
civil o código de comercio). (CONSEJO DE
ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A, Consejero ponente:
HERNÁN ANDRADE RINCÓN (E), veintisiete
(27) de mayo de dos mil quince (2015),Rad. no.:
50001-23-31-000-2008-00031-1(38600) La
opción B no resuelve de manera adecuada el
enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque si bien, el negocio jurídico
suscrito por la Empresa Industrial y Comercial
del Estado es un contrato estatal, en virtud del
criterio orgánico adoptado en la Ley 80 de 1993,
en sus artículos 1°, 2° y 32, según el cual todo
acto jurídico generador de obligaciones
celebrado por una de las entidades, órganos o
personas listadas y consideradas en el artículo
2º de la ley como entidades estatales, se
consideran contratos estatales, el régimen
aplicable al mismo es el privado, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley
1474 de 2011, que modificó el artículo 14 de la
Ley 1150 de 2007. Este es un aspecto que
genera confusión, bajo el entendimiento de que
una cosa es la categoría de contrato estatal, y
otra muy distinta, bajo cuál régimen es revisado
el contrato. CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A, Consejero
ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN (E),
veintisiete (27) de mayo de dos mil quince
(2015),Rad. no.: 50001-23-31-000-2008-
00031-01(38600) La opción C es la respuesta
correcta porque el régimen de contratación de
las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado (EICE) se modificó con la Ley 1150 de
2007, y luego, con la Ley 1474 de 2011, bajo la
cual se estableció un régimen exceptivo de
aplicación del derecho privado para las
contrataciones de las EICE que ejercen su
actividad en competencia con el sector público
o privado, en mercados monopolísticos o en
mercados regulados. La anterior normativa
cobija el contrato de obra a celebrarse por
aquellas EICE, que tienen como actividad
propia el desarrollo de urbanismo y
construcción de vivienda de interés social,
mercado en el cual compiten entidades del
sector público y privado. CONSEJO DE
ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A, Consejero ponente:
HERNÁN ANDRADE RINCÓN (E), veintisiete
(27) de mayo de dos mil quince (2015),Rad. no.:
50001-23-31-000-2008-00031-01(38600) La
opción D no resuelve de manera adecuada el
enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque en este caso, aunque se
aplica el derecho privado, lo que determina el
régimen aplicable es si la empresa estatal
ejerce su objeto social en competencia o no
(artículo 93 de la Ley 1474 de 2011) ratificado
por el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A, Consejero
ponente: HERNAN ANDRADE RINCÓN (E),
23
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01453-00
Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
veintisiete (27) de mayo de dos mil quince
(2015), Rad. no.: 50001-23-31-000-2008-
00031-1(38600). Pregunta 103. La respuesta consignada es más Pregunta No. 103
acertada conforme la jurisprudencia
constitucional vigente, que previamente ha Esta pregunta es pertinente porque para la
estudiado incluso decisiones del Consejo de acreditación de la ocurrencia y la cuantificación
Estado como las que fundamentaría la del daño material, en la modalidad de lucro
respuesta en clave propuesta por la entidad del cesante para casos de privación injusta de la
concurso que descarta la edad productiva para libertad, la jurisprudencia del Consejo de
centrarse en la prueba cierta de actividad Estado, en distintos momentos, admitió y aplicó
productiva al momento de la detención.. En este presunciones o reglas de experiencia que
sentido valga citar la Sentencia de Unificación morigeran la carga de la prueba usualmente
272 de 2021, en la que se se resolvió: En exigida al demandante. Empero, en reciente
consecuencia, la Sala Plena revocará el fallo sentencia de unificación jurisprudencial, cuyos
del 6 de noviembre de 2020 proferido por la fundamentos y alcances deben ser conocidos y
Subsección A de la Sección Tercera del comprendidos por el funcionario judicial, se dejó
Consejo de Estado que revocó y declaró de lado esa flexibilización en el rigor probatorio
improcedente la acción de tutela interpuesta por y éste se retoma con toda intensidad. La opción
la señora Luz Mary Quintero Castro contra la A es la respuesta correcta porque en sentencia
Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de de unificación del 18 de julio de 2019 –
Estado. A su vez, se ordenará al Tribunal Radicación: 44.572- el Consejo de Estado
Administrativo del Quindío que, en procura del consideró que en estos casos no deben
eficaz acceso a la administración de justicia y aplicarse presunciones o reglas de experiencia
de cara a los planteamientos hechos en esta para acreditar y cuantificar el daño a reparar,
decisión, específicamente referidos a que sino que éste debe ser demostrado por el
cuando se trate de una violación de derechos demandante, para asegurar la observancia de
humanos, la reparación se debe analizar a los principios de reparación integral, justicia
partir de las garantías fundamentales y el material y equidad. La opción B no resuelve de
impacto que genera en las víctimas, dicte una manera adecuada el enunciado y por ende es
nueva decisión en la que se liquide y actualice una respuesta incorrecta porque en sentencia
nuevamente el monto de los factores de unificación del 18 de julio de 2019 –
correspondientes al lucro cesante reclamado Radicación: 44.572- el Consejo de Estado
por la señora Luz Mary Quintero Castro, en el consideró que en estos casos no deben
proceso de reparación directa señalado, de tal aplicarse presunciones o reglas de experiencia
suerte que quede plenamente actualizada la para acreditar y cuantificar el daño a reparar,
indemnización, en consecuencia debe sino que éste debe ser demostrado por el
valorarse en mi caso como respuesta válida. demandante, para asegurar la observancia de
los principios de reparación integral, justicia
material y equidad. La opción C no resuelve de
manera adecuada el enunciado y por ende es
una respuesta incorrecta porque en sentencia
de unificación del 18 de julio de 2019 –
Radicación: 44.572- el Consejo de Estado
consideró, que en estos casos no deben
aplicarse presunciones o reglas de experiencia
para acreditar y cuantificar el daño a reparar,
sino que éste debe ser demostrado por el
demandante, para asegurar la observancia de
los principios de reparación integral, justicia
material y equidad. La opción D no resuelve de
manera adecuada el enunciado y por ende es
una respuesta incorrecta porque en sentencia
de unificación del 18 de julio de 2019 –
Radicación:
44.572- el Consejo de Estado
consideró que en estos casos no deben
aplicarse presunciones o reglas de experiencia
para acreditar y cuantificar el daño a reparar,
sino que éste debe ser demostrado por el
demandante, para asegurar la observancia de
los principios de reparación integral, justicia
material y equidad.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01453-00
Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
Pregunta 108: La respuesta en clave está Pregunta No. 108 Esta pregunta es pertinente
errada, siendo más acertada la consignada en porque constituye un importante punto de
formato de respuestas. La demanda por evaluación, en el que el funcionario judicial
irregularidades en evaluación de criterios deberá tener todos los conocimientos y puntos
habilitantes en proceso contractual debe indispensables para evaluar asuntos con
atacarse a través de la Nulidad y toques contractuales, a través de los
Restablecimiento del Derecho. En este sentido parámetros de la responsabilidad
podría traerse a colación un conjunto de extracontractual. Además, resulta obligatorio
sentencias del Consejo de Estado, entre las para el funcionario judicial administrativo
cuales vale la pena citar la Sentencia 02942 de conocer y aplicar las sentencias de unificación,
2018 Consejo de Estado, en la cual se resolvió: conforme lo regula expresamente los artículos
“1.- DECLÁRASE la nulidad del acto de 10, 102, 256 y 267 del CPACA. La opción A es
adjudicación de la licitación pública MCPU-05- la respuesta correcta porque conforme al
2000, contenido en la resolución 78 del 21 de artículo 104 del Código de Procedimiento
mayo de 2001, únicamente en lo que al grupo Administrativo y de lo Contencioso
III corresponde. 2.- DECLÁRASE la nulidad Administrativo, las controversias que se
absoluta del contrato MC-OP-04-2001, generen con una empresa de servicios públicos
celebrado entre Metrocali S.A. y Agremezclas domiciliarios es de competencia de la
S.A. 3.- CONDÉNASE a Metrocali S.A. a pagar, jurisdicción contencioso administrativa, y
a favor del consorcio Ramírez Hormaza, la deberá ajustarse a alguno de los medios de
suma de doscientos treinta y nueve millones control previstos en dicho código. Sumado a
seiscientos ochenta y un mil setecientos que, como estas empresas se rigen en sus
cincuenta y tres pesos ($239’681.753). En trámites negociales por el derecho privado,
consecuencia debe valorarse en mi caso como según la Ley 142 de 1994, artículo 32, y no
respuesta válida. emiten actos administrativos en asuntos
contractuales, cualquier responsabilidad en
análisis en sede precontractual, constituye la
categoría de responsabilidad extracontractual.
En esta medida, será a través del medio de
control de reparación directa, como lo unificó el
Consejo de Estado en reciente providencia
Radicado no. 25000-23-26-000-2009-00131-
01(42003) 2020. La opción B no resuelve de
manera adecuada el enunciado y por ende es
una respuesta incorrecta porque en estricto
sentido, las empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios no emiten actos
administrativos en la fase precontractual debido
a que se rigen por derecho privado de acuerdo
con la Ley 142 de 1994, artículo 32, lo que haría
inviable el medio de control de simple nulidad.
La opción C no resuelve de manera adecuada
el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque en estricto sentido, las
empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios no emiten actos administrativos en
la fase precontractual debido a que se rigen por
derecho privado de acuerdo con la Ley 142 de
1994, artículo 32, lo que no haría viable el
medio de control de nulidad y restablecimiento,
pues éste sólo procede contra actos
administrativos. Además, como lo ha señalado
reciente providencia de unificación de la
Sección Tercera del Consejo de Estado
Radicado no. 25000-23-26-000-2009-00131-
01(42003) 2020, para efectos de determinar el
medio de control procedente para analizar una
controversia, deberá estudiarse previamente la
fuente del dano alegado, que en este caso no
corresponde a un acto administrativo.
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01453-00
Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
La opción D no resuelve de manera adecuada
el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque si bien, se está evaluando la
actuación en una fase previa a la celebración de
un contrato, que podría enmarcar en el segundo
inciso del artículo 141 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, sobre
Controversias Contractuales, como la entidad
en revisión en la pregunta es una empresa
estatal prestadora de servicios públicos, estas
empresas se rigen en sus trámites negociables
por el derecho privado, según la Ley 142 de
1994, articulo 32, y no emiten actos
administrativos en asuntos contractuales,
entonces no sería procedente el análisis de la
pretensión a través de este medio de control,
como lo ha precisado el Consejo de Estado en
reciente providencia de unificación Radicado
no. 25000-23-26-000-2009-00131-01(42003)
2020.
Pregunta 118: La violación al debido proceso Pregunta No. 118 Esta pregunta es pertinente
daría lugar a la nulidad en cualquiera de las porque el juez administrativo debe conocer el
hipotesis, pues el debido proceso es una campo de aplicación del Código de
garantía constitucional incluso internacional, Procedimiento Administrativo y de lo
que ampara procedimientos administrativos y Contencioso Administrativo para saber cuándo
procesos judiciales, que en cualquier caso sus normas son las fuentes pertinentes para
siempre podrían ser atacados en sede resolver un caso de su conocimiento. Más aun
constitucional, incluso mediante tutela contra cuando debe conocer cuando se aplica de
providencia judicial si con la violación al debido manera plena los principios y reglas del debido
proceso se produjo sentencia judicial o por via proceso. La opción A NO resuelve de manera
de hecho se el proceso se encuentra en curso, adecuada el enunciado y por ende es una
por tanto la respuesta consignada está respuesta incorrecta porque la aplicación de las
acertada, en consecuencia debe valorarse en reglas procedimentales del Código de
mi caso como respuesta válida. Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo solamente opera en
defecto de los procedimientos regulados en
leyes especiales, como acontece con el
supuesto planteado en el distractor, que
corresponde al resultado de un procedimiento
regulado en el Estatuto Tributario. La opción B
es la respuesta correcta porque las reglas de
procedimiento para la imposición de sanciones
administrativas hacen parte del contenido del
libro primero del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, por lo que, su inobservancia
demostrada, da lugar a la declaración de
nulidad de la decisión con la cual concluya la
correspondiente actuación. La opción C NO
resuelve de manera adecuada el enunciado y
por ende es una respuesta incorrecta porque la
regulación de los procedimientos
administrativos contemplada en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo no es aplicable al
ejercicio de la facultad de libre nombramiento y
remoción, la cual se encuentra regulada en la
ley 909 de 2004. La opción D NO resuelve de
manera adecuada el enunciado y por ende es
una respuesta incorrecta porque la aplicación
de las reglas procedimentales del Código de
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01453-00
Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo solamente opera en
defecto de los procedimientos regulados en
leyes especiales, como acontece con el
supuesto planteado en el distractor, regulado
por las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así
como por sus decretos reglamentarios.
Pregunta 123: La respuesta consignada en el Pregunta No. 123 Esta pregunta es pertinente
formato de respuesta es más acertada, ya que porque el cómputo del término de caducidad del
la respuesta en clave propuesta por el medio de control de nulidad y restablecimiento
Concurso resulta aplicable a casos de del derecho, cuando se trata de demandas
funcionarios públicos vinculados por una contra sanciones disciplinarias que implican el
relación administrativo-laboral, ajena a la retiro temporal o definitivo del servicio y que
elección popular. En este sentido ha precisado requieren del dictado de un acto de ejecución,
el Consejo de Estado - Subsección B de la es un asunto que ha suscitado la adopción de
sección segunda en sentencia 482 de 2018: posturas jurisprudenciales divergentes respecto
“Ha dicho que la opción interpretativa del de la interpretación, ciertamente compleja, que
artículo 136 del CCA, zanjada por la sección debe darse a las normas que regulan la materia
segunda de esta Corporación en su en estos casos. Por ello el funcionario judicial
precedente, concluye que solo en los eventos debe conocer, entender y aplicar de forma
que se indican a continuación, que son correcta tanto las disposiciones legales
concurrentes, debe computarse el término de pertinentes como la jurisprudencia vigente a
caducidad de la acción a partir del acto de ese respecto. La opción A no resuelve de
ejecución de la sanción disciplinaria: i) Cuando manera adecuada el enunciado y por ende es
se controviertan actos administrativos que una respuesta incorrecta porque se trata de la
impongan sanciones disciplinarias que decisión de fondo inicial en el procedimiento
impliquen el retiro temporal o definitivo del sancionatorio disciplinario que, por no estar
servicio; ii) Cuando en el caso concreto haya ejecutoriada aún, no es demandable hasta
sido emitido un acto de ejecución, seg4n lo tanto adquiera firmeza. El momento de la
dispuesto en el artículo 172 de la Ley 734 de firmeza es el que determina el inicio del
2002; y iii) Cuando dichos actos de ejecución cómputo del término de caducidad, como se
materialicen la suspensión o terminación de la desprende de la conjunción de lo preceptuado
relación laboral administrativa.” En por los artículos 87, 163 y literal d del numeral
consecuencia debe valorarse en mi caso como 2 del artículo 164 del CPACA. La opción B no
respuesta válida. resuelve de manera adecuada el enunciado y
por ende es una respuesta incorrecta porque en
principio, ningún término comienza a correr el
mismo día de notificación, según el artículo 164
del CPACA numeral 2° literal D.
La opción C no resuelve de manera adecuada
el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque aunque esta sería la
conclusión que se impondría siguiendo el
criterio fijado en algunos pronunciamientos por
la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que entendieron que el término de caducidad
debe comenzar a correr desde el día siguiente
al de la firmeza del acto que define la situación
jurídica del sancionado –que no es el acto de
ejecución-, se trata de una interpretación del
artículo 164 del CPACA –literal d) del numeral
2- restrictiva de los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la Administración
de Justicia y a la defensa, que por ello debe ser
descartada en aplicación del principio pro
homine, como lo entendió la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en
auto de unificación del 25 de febrero de 2016
(expediente: 1493-12). La opción D es la
respuesta correcta porque como lo explicó la
Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01453-00
Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
de Estado, en auto de unificación del 25 de
febrero de 2016 (expediente: 1493-12), si bien
es verdad que el acto de ejecución de una
sanción disciplinaria no hace parte de un acto
complejo, ni tiene la vocación de crear,
modificar o extinguir la situación jurídica
particular del sancionado, no es menos cierto
que guarda íntima conexidad con el fallo
disciplinario, pues es la decisión mediante la
cual se ejecuta la sanción. Esa conexidad está
determinada también por lo dispuesto en el
artículo 172 del Código Disciplinario Único (Ley
734 de 2002), que establece la oportunidad y el
funcionario competente para hacer efectiva la
sanción disciplinaria. Esta norma debe
aplicarse sistemáticamente con el artículo 164
del CPACA, que consagra el término de
caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, de la manera
descrita en la respuesta, pues, como lo expuso
el auto de unificación citado, es esta la
interpretación la más garantista para los
derechos al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la defensa del
administrado y que además impide el
fraccionamiento del conteo del término de
caducidad.
Pregunta: 127: La respuesta consignada en el Pregunta No. 127 Esta pregunta es pertinente
formato de respuestas, está acertada. porque es importante que los aspirantes a
ARTÍCULO 102 del Código de Procedimiento Jueces y Magistrados tengan conocimientos
Administrativo y de lo Contencioso sobre el concepto de las sentencias de
Administrativo, CPACA dispone expresamente: unificación y su relación con el mecanismo de
EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL extensión de la jurisprudencia del Consejo de
CONSEJO DE ESTADO A TERCEROS POR Estado. Además, se debe resaltar la
PARTE DE LAS AUTORIDADES. Las trascendencia del precedente de la Corte
autoridades deberán extender los efectos de Constitucional en este tipo de trámites y el
una sentencia de unificación jurisprudencial carácter de precedente obligatorio que tienen
dictada por el Consejo de Estado, en la que se las sentencias de las Altas Cortes en Colombia.
haya reconocido un derecho, a quienes lo
soliciten y acrediten los mismos supuestos La opción A no resuelve de manera adecuada
fácticos y jurídicos. Por tanto la respuesta el enunciado y por ende es una respuesta
consignada debe valorarse como acierto, pues incorrecta porque si bien el mecanismo de la
la respuesta consignada expresamente se extensión de jurisprudencia establecido en el
refiere a las sentencias de unificación del artículo 102 del Código de Procedimiento
consejo de estado. Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo-Ley 1437 de 2011 está diseñado
para extender los efectos de las sentencias de
unificación del Consejo de Estado,La Corte
Constitucional en la sentencia C-816 de 2011
señalo que el artículo 102, del mismo Código,
es exequible bajo el entendido de que las
autoridades administrativas al momento de
extender los efectos de las sentencias de
unificación, deben incorporar en sus decisiones
de manera preferente las decisiones de la Corte
Constitucional que interpreten normas
constitucionales aplicables al caso. Por lo tanto,
el juez administrativo debe fallar de manera
preferente con la aplicación de los precedentes
de la Corte Constitucional, lo cual ha sido
establecido en las Sentencias C-836 de 2001,
C-539 de 2011 y C-634 de 2011. En ese
28
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01453-00
Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
sentido, la Corte Constitucional en la sentencia
SU-068 de 2018 señala: “En suma, la Corte
estima que las autoridades judiciales tienen el
deber de seguir las decisiones proferidas por
los órganos de cierre, en especial las
posiciones expuestas por la Corte
Constitucional. La obligatoriedad del
precedente pretende garantizar los principios
de igualdad, de justicia formal, de buena fe y de
seguridad jurídica, así como realizar la
coherencia y consistencia del sistema jurídico.
El procedimiento de extensión de jurisprudencia
asegura que la administración pública garantice
la igualdad de trato y la vigencia del principio de
legalidad, mandatos que incluyen las
decisiones judiciales. En ese trámite, la
administración debe tener en cuenta la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de
manera preferente las posiciones de la Corte
Constitucional. Esa obligación se traslada al
interdicto judicial que se adelante en la
jurisdicción contenciosa derivado de la negativa
de extensión de la administración”. La opción B
es la respuesta correcta porque de conformidad
con el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de
2011 es exequible bajo el entendido de que las
autoridades administrativas al momento de
extender los efectos de las sentencias de
unificación del Consejo de Estado deben
incorporar en sus decisiones de manera
preferente las decisiones de la Corte
Constitucional que interpreten normas
constitucionales aplicables al caso. En esa
línea, si bien el mecanismo del artículo 102 del
CPACA está diseñado para permitir la
extensión de las sentencias de unificación del
Consejo de Estado, de allí que el solicitante
esté obligado a determinar la sentencia de
unificación que invoca a su favor, la Corte
Constitucional fue clara en señalar que la
administración deberá incorporar de forma
preferente en sus fallos las decisiones de la
Corte Constitucional que interprete normas
aplicables al caso. Por lo tanto, el juez
administrativo debe fallar de manera preferente
con la aplicación de los precedentes de la Corte
Constitucional, lo cual ha sido establecido en
las Sentencias C-836 de 2001, C-539 de 2011
y C-634 de 2011. En ese sentido, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-068 de 2018
señala: “En suma, la Corte estima que las
autoridades judiciales tienen el deber de seguir
las decisiones proferidas por los órganos de
cierre, en especial las posiciones expuestas por
la Corte Constitucional. La obligatoriedad del
precedente pretende garantizar los principios
de igualdad, de justicia formal, de buena fe y de
seguridad jurídica, así como realizar la
coherencia y consistencia del sistema jurídico.
El procedimiento de extensión de la
jurisprudencia asegura que la administración
29
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01453-00
Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
pública garantice la igualdad de trato y la
vigencia del principio de legalidad, mandatos
que incluyen las decisiones judiciales. En ese
trámite, la administración debe tener en cuenta
la jurisprudencia del Consejo de Estado y de
manera preferente las posiciones de la Corte
Constitucional. Esa obligación se traslada al
interdicto judicial que se adelante en la
jurisdicción contenciosa derivado de la negativa
de extensión de la administración. (...).”.
La opción C no resuelve de manera adecuada
el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque si bien la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia es precedente
obligatorio porque proviene de un órgano de
cierre, esto no implica que deba incorporarse de
forma preferente a las decisiones que resuelvan
la solicitud de extensión de jurisprudencia del
Consejo de Estado. En ese sentido, la Corte
Constitucional en la sentencia C-816 de 2011,
señaló que el artículo 102 de la Ley 1437 de
2011 es exequible bajo el entendido de que las
autoridades administrativas al momento de
extender los efectos de las sentencias de
unificación deben incorporar en sus decisiones
de manera preferente las sentencias de la Corte
Constitucional que interpreten normas
constitucionales aplicables al caso. Por lo tanto,
el juez administrativo debe fallar de manera
preferente con la aplicación de los precedentes
de la Corte Constitucional, lo cual ha sido
establecido en las Sentencias C-836 de 2001,
C-539 de 2011, C-634 de 2011 y SU-068 de
2018. La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque si bien la
jurisprudencia del Consejo Superior de la
Judicatura es precedente obligatorio porque
proviene de un órgano de cierre, esto no implica
que deba incorporarse de forma preferente a
las decisiones que resuelvan la solicitud de
extensión de jurisprudencia del Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte Constitucional
en la sentencia C-816 de 2011, señaló que el
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011 es
exequible bajo el entendido de que las
autoridades administrativas al momento de
extender los efectos de las sentencias de
unificación deben incorporar en sus decisiones
de manera preferente las sentencias de la Corte
Constitucional que interpreten normas
constitucionales aplicables al caso. Por lo tanto,
el juez administrativo debe fallar de manera
preferente con la aplicación de los precedentes
de la Corte Constitucional, lo cual ha sido
establecido en las Sentencias C-836 de 2001,
C-539 de 2011, C-634 de 2011 y SU-068 de
2018.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01453-00
Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
33. En este punto, la Sala encuentra que, a través de la Resolución núm. CJR23-
0045 del 16 de enero de 2023, en su anexo 2 la Unidad de Administración de
Carrera Judicial de Colombia – Respuesta Objeciones, en el cual,
“[…] Se relaciona a continuación una a una las preguntas que fueron objetadas por
los recurrentes para el Cargo Juez Administrativo, indicando su pertinencia, la
justificación de la clave asignada, así como la razón de las opciones de respuesta
no válidas, las cuales son el producto de la estructura y elaboración de las preguntas
[…]”, remitido por la Universidad Nacional de Colombia, y anexado por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, resolvió uno a uno los requerimientos del actor
presentados en el recurso de reposición y en la adición al recurso de reposición.
34. La Sala evidenció del acervo probatorio allegado por el actor dentro de la
presente acción constitucional, que la Unidad de Administración de Carrera resolvió
el recurso de reposición, pues allegó la Resolución núm. CJR23-0045 del 16 de
enero de 2023; y la Universidad Nacional de Colombia, el anexo 2 – Respuesta
Objeciones, a partir de lo cual se advierte que sí dio una respuesta congruente y de
fondo al respectivo recurso.
35. De conformidad con lo expuesto anteriormente, la Sala considera que no hay lugar
a amparar los derechos fundamentales invocados por el actor, toda vez que las
entidades demandadas sí dieron una respuesta de fondo y concreta al actor, a través
del Anexo núm. 2 “[…] Se relaciona a continuación una a una las preguntas que
fueron objetadas por los recurrentes para el Cargo Juez Administrativo, indicando
su pertinencia, la justificación de la clave asignada, así como la razón de las
opciones de respuesta no válidas, las cuales son el producto de la estructura y
elaboración de las preguntas […]”, a través de la Resolución núm. CJR23-0045 del
16 de enero de 2023.
36. En ese orden de ideas, la Sala considera que no existe vulneración alguna a los
derechos fundamentales al debido proceso y de petición, invocados por el actor, en la
medida en que la Unidad sí dio una respuesta congruente y de fondo al recurso del
actor, de conformidad con el Anexo núm. 2 de la Resolución núm. CJR23-0045 del
16 de enero de 2023.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01453-00
Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
37. Valga resaltar que la Resolución CJR23-0045 del 16 de enero de 2023 y sus
anexos fueron publicados y notificadas a través de la página Web
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-
judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes; como lo establece el punto
5.2 del Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, mediante el cual “[…]
se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial […]”, norma que dispone
lo siguiente:
“[…] La notificación de las decisiones que conlleven dicha diligencia, se
realizarán mediante su fijación durante el término cinco (5) días hábiles, en el
Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera se informará a través de la
página web de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co y en los Consejos
Seccionales de la Judicatura.
De la misma forma se notificarán todos los actos de carácter particular y
concreto que expidan, por delegación, la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial y la “Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla”, en desarrollo del proceso
de selección, incluidos los que resuelven los recursos […]”.
38. Por lo anterior, la Sala negará las pretensiones de la presente acción de amparo
porque no se aprecia que la repuesta al recurso de reposición del actor haya
afectado los núcleos esenciales de los derechos fundamentales al debido proceso
y de petición.
Conclusiones de la Sala
39. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala negará la solicitud de amparo.
32
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01453-00
Actor: Javier Enrique Merlano Sierra
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo, que presentó el actor contra las
entidades accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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