Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01530-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01530-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01530-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
28 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA “8” ESPECIAL DE DECISIÓN
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001031500020230153000
Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión promovido por
el señor WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA contra la sentencia
de 2 de marzo de 2022, proferida por la Subsección “B” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual se
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de 26 de
abril de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, de Descongestión
I. ANTECEDENTES
1.1. El señor WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA promovió
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa,
por conducto de apoderado, contra la Nación - Ministerio de
Transporte, la Dirección Nacional de Impuestos Nacionales - DIAN,
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Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001031500020230153000
Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
la Policía Nacional SIJIN - Grupo Automotores Policía Metropolitana
de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.
1.2. Sustentó la demanda en la presunta responsabilidad que le
endilgó a estas entidades producto de los perjuicios materiales y
morales derivados de la medida de inmovilización al tractocamión
de propiedad del actor, identificado con placas SQM - 236, marca
MACK, modelo 2006, línea VISION CX 613, número de motor
5H0884, serie número 1M1AK06YX6N009327, color Blanco,
capacidad de 35 toneladas, el cual, al parecer, fue hurtado en la
República de Venezuela y, posteriormente, ingresado a Colombia.
1.3. Afirmó que las entidades demandadas son responsables
patrimonialmente por el daño causado por la inmovilización y la
posterior cancelación de la matrícula de tránsito del vehículo,
porque: i) las autoridades nacionales no advirtieron las alteraciones
del sistema de identificación del vehículo cuando autorizaron su
importación, ni en la revisión técnica que el demandante solicitó
antes de realizar su compra. Aseguró que esto lo indujo a comprar
el vehículo debido a la inexistencia de irregularidades; y ii) las
autoridades cancelaron la matrícula del vehículo en un
procedimiento administrativo que no le fue notificado al
demandante, en desconocimiento del artículo 40 de la Ley 769 de
2002.
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1.4. Alegó que no pudo usar el tractocamión para transportar
cargas y eso le generó una pérdida en sus ingresos, desde la
inmovilización del vehículo hasta la presentación de la demanda;
además, ello ocasionó que le iniciaran en su contra procesos
ejecutivos, y también, perjuicios morales y daño a la vida.
1.5. Surtido el trámite procesal con la notificación de la demanda
de reparación directa a las entidades vinculadas, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió fallo de 26 de abril de
2013, en el que declaró probada la excepción de falta de
legitimación formulada 1 por el Ministerio de Transporte y de
manera oficiosa, respecto de la Gobernación de Cundinamarca.
También declaró de oficio la excepción de culpa exclusiva de la
víctima, porque el demandante no acudió a la SIJIN, en compañía
del vendedor, para solicitar la revisión técnica con el objeto de
verificar los antecedentes del automotor que iba a adquirir; es
decir, no demostró diligencia en el cumplimento de sus deberes.
1.6. Como fundamento de esta decisión y, en lo que interesa a
este recurso, se aprecia que se determinó la falta de legitimación
del Ministerio de Transporte y de la Gobernación de Cundinamarca,
pues se indicó que no les corresponde ni la inmovilización de
vehículos ni la cancelación de matrículas de automotores.
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Las excepciones de Falta de Legitimación en la causa por pasiva e indebida representación las
formuló la Nación – Rama Judicial.
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1.7. Inconforme con la decisión el recurrente solicitó revocar la
decisión de primera instancia, para en su lugar, acceder a las
pretensiones de la demanda.
II. PROVIDENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN
Corresponde a la sentencia de 2 de marzo de 20222, proferida por
la Sección Tercera, Subsección “B”, del Consejo de Estado, que
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de
primera instancia, en el sentido de MODIFICAR la sentencia 26 de
abril de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, de Descongestión
y, en su lugar, DENEGÓ las pretensiones de la demanda por las
razones expuestas en esa providencia.
El fallo destacó, luego de verificar la oportunidad del medio de
control, que:
“[…] Revocará la decisión de declarar probada las
excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasivas propuestas por el Ministerio de Transporte, el
Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Tránsito
y Transporte y la Unidad de Tránsito de Chía, porque el
análisis de este presupuesto procesal no puede confundirse con
el estudio de la obligación de responder, como erróneamente
lo hizo el tribunal. En ese sentido, la doctrina ha destacado que
la constatación del presupuesto de la legitimación
<<[c]omporta siempre una quaestio iuris y no una quaestio
facti que, aunque afecta los argumentos jurídicos de fondo,
puede determinarse con carácter previo a la resolución del
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Con salvamento de voto del Magistrado Alberto Montaña Plata.
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mismo, pues únicamente obliga a establecer si la posición
subjetiva que se invoca en relación con las peticiones que se
deducen, efectivamente guardan coherencia jurídica. Se
puede, por ello, estar legitimado y carecer del derecho que se
controvierte>>3. Sin embargo, el Ministerio de Transporte, el
Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Tránsito y
Transporte y la Unidad de Tránsito de Chía, deben ser
absueltos porque no se acreditó que el daño les es
imputable, como se explicará a continuación […]”.
Para resolver el recurso de apelación, identificó que la posición del
actor se orientó a cuestionar la confianza legitima que dijo se
produjo con ocasión de la autorización de la importación por parte
de la DIAN y la revisión técnica que efectuó la Policía Nacional en
su sistema de identificación.
Al respecto, el Consejo de Estado determinó que: i) el vehículo que
se importó y que fue autorizado por la DIAN en el 2006 no
corresponde con aquel que el demandante William Alirio Quiroga
Alba compró al señor Óscar Cifuentes; ii) el traspaso de la
propiedad del tractocamión se realizó antes de que el demandante
William Alirio Quiroga Alba lo llevara a la Policía Nacional para que
se realizara la revisión técnica de su sistema de identificación y, en
todo caso, tal entidad no realizó la revisión técnica de dicho sistema
de identificación del vehículo porque el demandante no llevó la
documentación necesaria y iii) la cancelación de la matrícula del
vehículo fue ordenada por la Fiscalía, entidad que no fue
demandada.
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Montero Aroca, Juan. De la legitimación en el proceso civil. Editorial Bosch S.A., Barcelona 2007,
p. 71.
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Bajo esta consideración, el daño no puede imputarse a ninguna de
las entidades demandadas por las siguientes razones:
Respecto de: i) la DIAN, porque no se demostró que el vehículo
correspondiera al mismo cuya importación autorizó en el mes de
abril de 2006, ii) Policía Nacional, en tanto la revisión técnica
para la revisión de su sistema de identificación, se hizo luego de la
compra al señor Óscar Cifuentes y, en todo caso, no se adelantó
por ausencia de la documentación necesaria para esta verificación,
iii) Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Tránsito
y Transporte porque la cancelación de la matrícula no fue
ordenada por esta entidad sino por la Fiscalía General de la Nación
dentro de un proceso penal, entidad que no fue demandada y, iv)
al Ministerio de Transporte porque no se le puede imputar falta
de supervisión.
Agregó que, si bien existe una denuncia en contra del vendedor del
tractocamión, es en ésta que se reconoce que no tenía en su poder
los documentos relativos a la importación del vehículo y que la
revisión de éste ocurrió luego del traspaso de su propiedad.
III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
El señor QUIROGA ALBA, por conducto de apoderado judicial
presentó escrito ante esta Corporación, en ejercicio del recurso
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extraordinario de revisión, previsto en el artículo 248 del CPACA, a
fin de que se infirme la sentencia dictada en segunda instancia por el
Consejo de Estado que, si bien modificó el fallo de primera instancia
en cuanto a la falta de legitimación, denegó las pretensiones de la
demanda.
Señaló que la decisión objeto del recurso es la sentencia de
segunda instancia de 2 de marzo de 20224, proferida por la Sección
Tercera, Subsección “B”, del Consejo de Estado y las causales que
invocó son las previstas en los numerales 1° y 5° del artículo 250
del CPACA, las que, a juicio del recurrente se configuran por: i)
Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente, los cuales no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria y, ii)
Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación.
De la lectura del escrito del recurso extraordinario de revisión, se
tiene que el apoderado se limitó en gran medida a transcribir
apartes de las contestaciones de las entidades vinculadas al trámite
ordinario y agregó algunos comentarios sobre su posición respecto
de la inmovilización del vehículo y el permiso otorgado por la DIAN
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Expediente núm. 25000-23-26-000-2008-00275-01 (48281).
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para su importación (declaración). También aludió a las decisiones
del a quo y del ad quem, sin evidenciar o realizar una explicación
concreta que explique el motivo o las razones en las que funda las
causales invocadas.
No obstante, en un esfuerzo interpretativo, la Sala transcribirá
algunos apartes que el recurrente plantea en su escrito a fin de
establecer si estas alegaciones son suficientes para proferir una
decisión sobre las causales invocadas. Tales apartados son:
“[…] 8.- El hecho dañoso por el cual se demandó la
responsabilidad patrimonial del Estado, consiste y surgió de
la ejecutada y materializada inmovilización del tracto
camión, identificado con placas SQM – 236, marca MACK,
modelo 2006,línea VISION CX 613, número de motor 5H0884,
serie número1M1AK06YX6N009327, color Blanco, capacidad de
35 toneladas, declaración de importación No. 13697010001377
del 11 de mayo de 2006, expedida por la DIAN, hurtado en la
república de Venezuela, e ingresado a Colombia con “…los
mismos sistemas de identificación al verdadero
importado, …”, (sic) que se comprobó a la DIAN, omitir (sic)
verificar al momento de ingresar el tractocamión aludido
a la ciudad de Cúcuta, inspeccionarlo de manera física,
técnica, completa y eficiente, con el fin de advertir si en
ese memorable y preciso instante los sistemas de
identificación se encontraban alterados y asimismo,
verificar la autenticación de la documentación exigida para
nacionalizar el automotor, como da cuenta la copia de hoja de
trabajo número 0700-156 del 20 de abril de 2006, al hacer la
inspección del vehículo, por lo cual dejó constancia en el
sentido de no existir inconsistencias, y según este mismo
documento público debían verificarse los seriales del rodante
(Folio 32 cuaderno físico 2), y el 11 de mayo de 2006, en
especializada actividad en el marco de su competencia legal y
reglamentaria, extendió el acta de inspección número
072006000000694, mediante la cual, realizó inspección física
al tractocamión, para luego otorgar el levante número
072006000007600, en la que efectúo inspección física externa
ya su naturaleza en el 100%, para finalmente dejar el
tractocamión en libre disposición por todo el territorio
Colombiano, por esta fundamental razón, el tracto camión
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llegó sin ninguna novedad marcaria a Bogotá, situación
fáctica, ampliamente probada que de manera eficaz
facilitó el accionar determinante del vendedor en la
decisión de negociar el vehículo hurtado en Venezuela,
una vez perfeccionados los hechos ajenos que desde el 22 de
abril de 2007 (18:10) hasta la fecha le impiden al
demandante desarrollar su actividad comercial lícita de
transportar carga por el país utilizando el descrito mueble […]”
Agregó:
“10.- […] y esta inmovilización inmediatamente practicada al
tractocamión, por parte de la POLICIA NACIONAL DIJIN-GRUPO
AUTOMOTORES, originó que la SIJIN GRAUT produjera el oficio
del 7 de mayo de2007, mediante el cual, dejó el tractocamión
de placas SQM – 236 a disposición de la oficina de asignaciones
(radicado 086521), documento que obra a folio 276 (89) del
cuaderno físico 6. El reparto correspondió a la Fiscalía 127
Seccional, que inició las diligencias pertinentes de oficio, por
esta razón, no hubo ni existe orden judicial impartida para
inmovilizar el referido automotor. Es claro que el 4 de junio
de 2007 la Fiscalía 127 Seccional, dispuso entre otras
diligencias, ampliar entrevista a WILLIAM ALIRIO QUIROGA
ALBA, y la inmovilización se ejecutó el 22 de abril, fecha
ampliamente anterior a las actuaciones de la
mencionada Fiscalía.”
“[…] 12.- Subsanar irregularidades advertidas en providencia
de segunda instancia, precisamente, porque son nulas las
proferidas el 26 de abril de 2013 y 2 de marzo de 2022, [21]
por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCION B –
(Ponente doctor MARTÍN BERMUDEZMUÑOZ – No. interno
48281-), que modificó la emitida el 26 de abril de 2013
en el proceso de reparación directa interpuesta por
WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA contra la NACIÓN
MINISTERIO DE TRANSPORTE, DIRECCIÓN NACIONAL DE
IMPUESTOS NACIONALES DIAN, POLICIA NACIONAL SIJIN-
GRUPO AUTOMOTORES POLICIA METROPOLITANA DE
BOGOTA, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, el llamado en
garantía “Unión Temporal de Servicios Integrados y
Especializados de Tránsito y Transporte de Cundinamarca
SIETT”, en consecuencia, solicito invalidar aquéllas, y en
su lugar, ordenar dictar providencia conforme lo
dispuesto por el artículo 187 del C.P.A.C.A.”
[…] 13.- La ley 769 de 2002, tiene previsto en el artículo 162,
respecto de la “COMPATIBILIDAD y ANALOGÍA” en el marco de
los procedimientos de inmovilización de automotores, que “Las
normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo,
Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código de
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Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no
reguladas por el presente código, en cuanto no fueren
incompatibles y no hubiere norma prevista para el caso en
análisis”, precisamente, se demostró en el plenario que la
Fiscalía Seccional 127, archivó diligencias adelantadas
en contra del demandante, por atipicidad de las
conductas que de oficio investigó en presuntos delitos de
receptación, falsedad marcaria y falsedad en documentos,
según decisión proferida el 11 de agosto de 2008, en CUI
número110016000057200780562, y ordenó el trámite de
investigar la conducta del señor OSCAR ORLANDO CIFUENTES
BERMUDEZ, a través del CUI No.número1100160000492008-
11397, teniendo en cuenta que del primer expediente aparecen
VARIAS COPIAS que suponen ausencia de integridad en
la práctica de la prueba decretada en primera instancia,
en este mismo sentido apreciada por el Superior, y del
segundo informativo adelantado en contra del supuesto
vendedor del tractocamión, existe absoluta información
distinta a la suministrada escuetamente por el SPOA que dice,
“INACTIVO – motivo: Archivo por imposibilidad de encontrar
o establecer el sujeto activo art. 79 c. p. p…..”, conforme al
pantallazo anexo, extraído de la publicación en el portal de la
Fiscalía. El salvamento de voto parcial del doctor
ALBERTO MONTAÑA PLATA, argumenta y detalla anterior
falencia en las consecuencias de desligar responsabilidad de
una o más entidades vinculadas en el contexto de las normas
citadas, que convocan decretar la práctica de pruebas
solicitadas en el presente recurso extraordinario de revisión.
13.1.- Con fundamento en las causales números 1 y 5 del
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, “Haberse encontrado o
recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”,
y “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”,
teniendo en cuenta que al momento de presentar escrito
de demanda – 12 de junio de 2008- y el avance
demostrado parcialmente en los expedientes CUI
número110016000057200780562, y CUI No.
número1100160000492008-11397, a cargo de la
Fiscalía 127 Seccional de Bogotá, que corresponde a
información y documental que incide de manera
determinante en los hechos que el a quo y CONSEJO DE
ESTADO, entendieron para considerar, en medio de restringida
congruencia (sic) así analizada que, “…El 22 de abril de 2007,
agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, Seccional de
Policía Judicial, inmovilizaron el vehículo, en acatamiento a
la orden impartida por la Fiscalía Seccional 127, por parte
de sistema de identificación alterados, se desconoce dentro del
plenario, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que
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conllevaron a la Fiscalía a tomar dicha medida…” (Negrilla y
subrayado fuera de texto).
IV. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO
4.1. Mediante proveído de 1o. de septiembre de 2021 se admitió el
recurso5 y se ordenó notificar personalmente al MINISTERIO DE
TRANSPORTE, la GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, la
UNIDAD REGIONAL DE TRÁNSITO DE CHÍA Y COTA, la
POLICÍA NACIONAL, la DIRECCIÓN DE ADUANAS E
IMPUESTOS NACIONALES -DIAN- y la UNION TEMPORAL
SERVICIOS INTEGRADOS y ESPECIALIZADOS DE TRANSITO
y TRANSPORTE DE CUNDINAMARCA - SIETT
CUNDINAMARCA. Durante el término de traslado se contestó la
demanda, así:
4.1.1. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
• DIAN
La entidad, mediante apoderado judicial, refirió que los elementos
fácticos y sustantivos expuestos por el recurrente no corresponden
a los requisitos que exige la ley para la procedencia de las causales
1 y 5 del artículo 250 del CPACA.
5
En esa ocasión se estableció que el recurso interpuesto fue oportuno. El fallo cuestionado data del
2 de marzo de 2022 y se notificó por edicto electrónico fijado el 07 de abril y desfijado el 18 de abril
de 2022, por lo que adquirió ejecutoria el 21 de abril de 2022, según el proceso ordinario
25000232600020080027501. A su turno, el escrito del recurso se radicó el 24 de marzo de 2023,
esto es dentro del plazo previsto para el efecto. Cfr. Expediente Digital REPARTO Y RADICACION DEL
PROCESO REALIZADAS EL viernes, 24 de marzo de 2023 con secuencia: 2421. Índice 1 SAMAI.
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Refiere que los documentos señalados por el recurrente como
encontrados o recobrados, nacieron a la vida jurídica hace más de
14 años, y no fueron aportados al proceso judicial en la oportunidad
procesal, sin que dicha omisión se justifique por fuerza mayor, caso
fortuito o culpa de la parte contraria.
Agregó que tampoco es procedente una nueva interpretación de las
pruebas que fueron decretadas y practicadas en el proceso judicial
en la medida que la decisión recurrida se fundó en los hechos y
pruebas aportadas dentro de las instancias procesales, de tal
manera que la pretensión de revivir el análisis probatorio, así como
el decreto de pruebas de oficio, son argumentos que exceden la
causal alegada y que escapan al objeto del recurso extraordinario
de revisión.
En específico refirió que: i) la demanda ordinaria se presentó el 12
de junio de 2008 y ii) que la decisión de la Fiscalía 127 Seccional
de Bogotá, en cuanto archivó la investigación en contra del señor
WILLIAM ALIRIO QUIROGA y ordenó el trámite de investigar la
conducta del señor OSCAR ORLANDO CIFUENTES BERMUDEZ,
se profirió el 11 de agosto de 2008. De manera que bien pudieron
ser solicitados y aportados en las oportunidades procesales fijadas
para el proceso de reparación directa.
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Además, aclaró que mediante oficio 106 del 8 de marzo de 2013,
la Fiscalía General de la Nación, remitió al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca “184 folios que corresponden a la totalidad de las
copias que conforman la carpeta con la Radicación citada en
referencia, adelantada en contra de WILLIAM ALIRIO QUIROGA
ALBA”, todo lo cual desvirtúa el carácter de pruebas recobradas al
tenor de la causal invocada, pues, está acreditado que conoció de
ellas en agosto de 2008 y no es cierto que estaba en la imposibilidad
de aportarlas, en caso de no haberse incorporado en su totalidad.
Afirmó en relación con el salvamento de voto que, la identificación
del vehículo no está contenida en la resolución de 11 de agosto de
2008, pues es el dictamen pericial en el que se constata que los
sistemas de identificación se encontraban adulterados, lo que le
permitió a la Fiscalía General de la Nación llegar a la conclusión que
el vehículo, no era el mismo.
Además, la orden de la Fiscalía para continuar con la investigación
no es para demostrar si el vehículo era o no el mismo, pues este
hecho ya está probado. Que la investigación continuó para
determinar quién es el verdadero responsable del delito, motivo por
el cual la investigación penal siguió solamente contra el señor Óscar
Cifuentes.
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Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
Señaló en relación con la causal 5 invocada, que no es posible
reabrir el debate propio de las instancias. Afirmó que quien ejerce
el recurso extraordinario tiene la obligación de indicar con precisión
cuál es la causal que invoca y señalar con claridad y exactitud
cuáles son los motivos, las razones y, especialmente, los hechos
que le sirven de fundamento y la configuran, excluyendo las
razones de inconformidad con el fallo atacado que no estén
estrechamente relacionadas con la causal invocada.
Conforme con lo anterior, indicó que lo pretendido por el recurrente
respecto a un nuevo pronunciamiento sobre la oposición a las
excepciones formuladas por las demandadas, no resulta admisible,
porque se trata de repetir etapas procesales que ya fueron
superadas y están excluidas de alegación en la causal de revisión
invocada. Además, fueron objeto de traslado para efectos de
ejercer el derecho de defensa.
Concluyó que lo planteado por el recurrente se basó en hechos
similares a los expuestos en la demanda de reparación directa, con
lo cual se aprecia que lo que en realidad pretende es cuestionar la
actividad interpretativa de los Magistrados, desconociendo que este
recurso tiene por objeto discutir y ventilar hechos procesales
específicos que pudieron incidir en la decisión mediante la cual se
resolvió el litigio.
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4.1.2. MINISTERIO DE TRANSPORTE
Por conducto de apoderado judicial, la entidad adujo que el recurso
extraordinario de revisión es un medio de impugnación de
naturaleza excepcional y taxativa.
Que su procedencia se concreta a los casos en los que la
controversia fue dirimida por medios injustos, los cuales
constituyen hechos nuevos y distintos a los que debieron ser
expuestos y analizados en las instancias.
En relación con la alegación de la causal 1° de revisión, aclaró que
la prueba que se aduce como encontrada o recobrada debe ser
decisiva y el recurrente tiene la carga de acreditar las razones por
las que le fue imposible aportarla al proceso.
Frente a la causal 5 refirió que la existencia de decisiones de
carácter penal no representa la presencia de nulidad de la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, en razón a que se ocuparon de
situaciones fácticas diferentes.
Aclaró que, en el proceso penal se buscó determinar la
responsabilidad que cada una de las partes que intervinieron en el
negocio jurídico, importación y compraventa de un automotor que
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fue adquirido por el señor QUIROGA ALBA; además, de verificar
si se presentaba falsedad en los documentos de importación o si
este correspondía a un automotor hurtado en Venezuela.
De este modo, indicó que la existencia de las sentencias que
argumenta como documentos nuevos o que no pudieron ser
aportados oportunamente dentro del proceso administrativo, no
tienen afectación alguna en las actuaciones de la entidad.
4.1.3. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Por conducto de apoderado judicial dio respuesta al recurso6. Indicó
que en el escrito contentivo de la demanda no se expone en forma
concreta y clara cuál de las causales se cumplen o perfilan como
razones jurídicas para su ejercicio.
Que la única prueba documental posterior a la providencia judicial
impugnada es un documento que contiene la petición sin
radicación, dirigido al Fiscal General de la Nación con fecha 6 de
marzo de 2023, en el que solicita copia íntegra y autenticada de la
investigación penal 110016000057200780562. Que si bien no se
informa la actual situación de la investigación penal, lo cierto es
6
Por auto del 1°. de diciembre de 2023, la Conductora ordenó a la Secretaría, notificar nuevamente
a la GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, tercero con interés directo en las resultas del proceso,
al correo electrónico notificaciones@cundinamarca.gov.co, que corresponde al que informó el actor
en su demanda.
17
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001031500020230153000
Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
que ello tampoco cambia el curso de la decisión adoptada por el
Consejo de Estado.
Aclaró que, frente a la endilgada responsabilidad a las autoridades
de tránsito del departamento de Cundinamarca, el Consejo de
Estado estableció que no se probó, pues su gestión administrativa
radicó en cancelar la matrícula del vehículo cuyo motor y chasis
fueron regrabados, por orden judicial.
Por estos razonamientos, solicitó no acceder a las pretensiones.
4.4. La Procuraduría Sexta Mixta Delegada ante el Consejo de
Estado, no presentó concepto alguno respecto del recurso
extraordinario.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1 Competencia de la Sala
En los términos del artículo 248 del CPACA, el recurso
extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas, dictadas por el Consejo de Estado, los tribunales y
los jueces administrativos.
18
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001031500020230153000
Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
Frente a la competencia asignada a esta Corporación, el artículo
249 del CPACA dispone que la Sala Plena conocerá del recurso
extraordinario de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado, sin exclusión de
aquella sección que profirió la decisión que se cuestiona.
En armonía con la anterior disposición, es preciso destacar que el
artículo 1077 del CPACA creó las Salas Especiales de Decisión para
resolver los procesos asignados por competencia a la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, o aquellos que ésta les encomiende.
De este modo, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de los
Acuerdos 321 de 2 de diciembre de 2014 y 080 de 2019,
reglamentó la integración8 y funcionamiento de las Salas Especiales
y les asignó, entre otras, la competencia para resolver 9 los recursos
7
“[…] ARTÍCULO 107. INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. […]
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si
fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo
que al respecto establezca el reglamento interno […]”
8
“ARTÍCULO 28.- SALAS ESPECIALES DE DECISIÓN. Las Salas Especiales de Decisión creadas
por el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 estarán integradas por un (1) magistrado de cada una de
las Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La designación de un nuevo
magistrado no modificará la integración de las Salas Especiales de Decisión. El nuevo Magistrado
entrará a formar parte de la Sala a que pertenecía quien se retiró. La conformación o modificación
de la integración de cada una de estas Salas será publicada en el sitio web del Consejo de Estado.
La Sala Plena podrá variar la conformación de las Salas Especiales de Decisión, previa publicación en
el sitio web del Consejo de Estado. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para la integración inicial de las Salas
Especiales de Decisión cada uno de los magistrados de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
hará Sala Especial de Decisión con los magistrados de las otras Secciones, en orden alfabético por
apellido […]”.
9
“ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
2. […]”
19
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
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Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado.
5.2 Generalidades del recurso extraordinario
Este recurso es un medio judicial de carácter extraordinario
establecido por el legislador como excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, que hacen tránsito a
cosa juzgada.
Su propósito es cuestionar la decisión judicial que ha adquirido
firmeza, ya que su controversia se sustenta en la ocurrencia de
alguna causal taxativa prevista en los artículos 250 del CPACA y 20
de la Ley 797 de 2003, que se tramitan bajo este procedimiento
especial.
El objeto del recurso extraordinario es el restablecimiento de la
justicia material y su procedencia se supedita a demostrar que la
decisión cuestionada es contraria a derecho. Ello ocurre cuando se
prueba que las circunstancias que surgieron con la sentencia se
encuadran en alguna de las causales delimitadas por el legislador
con lo cual procede la infirmación 10, tanto para “enmendar los errores
o ilicitudes cometidos en su expedición, así como [para] restituir el
10
El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 prevé la manera
en que el fallador debe proceder atendiendo la causal alegada que se encuentre fundada.
20
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
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Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
derecho del afectado a través de una nueva providencia fundada en
razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento
jurídico”11.
En estos términos, la Corte constitucional precisó:
“[…] La revisión, que no es un recurso sino una acción,
pretende, como lo ha señalado la doctrina y la
jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos
nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido
de justicia que de ella emana. La acción de revisión, en la
medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada,
es no sólo extraordinaria, sino que además procede por las
causales taxativamente señaladas por la ley, y no es
posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es
razonable, pues se trata de una figura que modifica
providencias amparadas en el principio de cosa juzgada, y por
ello las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas
e interpretadas en sentido restringido [...]”12.
Además, es oportuno destacar que su objeto y la naturaleza de
constituir un nuevo trámite ajeno al proceso en el cual se dictó la
decisión cuestionada, torna en improcedente su uso como medio
para plantear reproches a modo de una instancia adicional, en
razón a que está vedado cuestionar la interpretación normativa y
la valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural;
es decir, que en este trámite únicamente pueden ventilarse
aspectos que encuadren en alguna de las causales taxativas13 que
habilitan su procedencia.
11
Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009. M.P María Victoria Calle.
12
Corte Constitucional. Sentencia C-450 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13
En Efecto, la taxatividad deviene de lo restrictivo y específico de su examen. Al respecto la
jurisprudencia destacó: “Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso,
enlistadas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta
21
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
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5.3 De las causales invocadas
5.3.1. Documentos recobrados
Corresponde a la causal primera prevista en el artículo 250 del
CPACA, cuya literalidad refiere al: “[h]aberse encontrado o
recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria”.
De este modo, son elementos constitutivos de la causal los
siguientes: i) la prueba debe ser documental, ii) debió ser
recobrada después de dictada la sentencia, es decir, preexiste al
fallo, y iii) los motivos de su no aportación al proceso son: la fuerza
mayor, el caso fortuito o por actuar de la parte contraria, conducta
que impidió presentarla al juez por su ocultamiento.
De lo anterior, se tiene que no son admisibles los documentos que
se emitan con posterioridad al fallo 14 ni aquellos que, siendo
de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad
con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso
extraordinario que se analiza […]” Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 1° de
diciembre de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV). Actor: Municipio
de Belmira y Otros. Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C.P. Susana Buitrago
Valencia.
14
Lo anterior, sin perjuicio de que la causal, excepcionalmente, se extienda a documentos generados
con posterioridad al vencimiento de la respectiva oportunidad probatoria, siempre que versen sobre
hechos sobrevinientes, y aparezcan luego de la sentencia, situación susceptible de ser analizada en
22
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001031500020230153000
Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
anteriores, pudieron aportarse o solicitarse para ser aportados en
el trámite judicial.
Esta causal y su interpretación evidencia que no fue dispuesta por
el legislador para premiar la negligencia de las partes en sus
deberes, sino la de remediar una situación insuperable respecto de
la acreditación de la verdad procesal por cuenta de la imposibilidad
de allegar en tiempo este medio probatorio, siempre que se
acrediten las características dispuestas en la norma para su
comprobación.
5.3.2. Nulidad de la sentencia
En el asunto bajo examen también se invocó la causal 5ª del
artículo 250 de la Ley 1437 de 201124, cuyo texto es del siguiente
tenor:
“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son causales de
revisión:
[...]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
[…].”
En lo que respecta al entendimiento de esta causal, la Sala precisa
que su ocurrencia ha sido examinada por la jurisprudencia de esta
concordancia con lo previsto en los artículos 305 del CPC y 281 del CGP (hechos modificativos o
extintivos del derecho sustancial), según el caso.
23
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001031500020230153000
Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
Corporación, aclarando que puede provenir de una nulidad
procesal, en los términos del artículo 133 del CGP, o de una de
carácter constitucional, fundada en el artículo 29 Superior 15.
En uno u otro caso, los requisitos para su formulación se concretan
así:
1. Debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario
y contra la que no procede recurso de apelación.
2. El vicio de nulidad debe configurarse en el momento de la
expedición de la sentencia. De este modo, no es procedente
controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a ésta,
y que por oportunidad debieron ser alegadas cuando ocurrieron,
según el artículo 13416 del CGP.
3. En su alegación debe identificarse la irregularidad o el vicio
grave y su influencia sobre la decisión, con la cual se acredite que
de no haber acaecido el resultado sería distinto. De lo anterior se
evidencia que no resultan aceptables errores en la aplicación de la
ley o in iudicando.
15
Sobre el particular esta Corporación precisó: “[…] las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las
que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el
artículo 29 […]”. CONSEJO DE ESTADO. Sala Especial núm. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-
01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. C.P. Olga
Melida Valle de De la Hoz
16
“ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de
las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. […]”
24
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001031500020230153000
Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
Ahora bien, para acreditar la ocurrencia de alguna de las causales
de nulidad es posible recurrir a las previstas en el Código General
del Proceso como constitutivas de este vicio en los términos del
artículo 133, restringido, como se dijo atrás, a la expedición de la
sentencia.
En este primer escenario 17 , la jurisprudencia se decantó por
identificar que para la interpretación de la causal invocada debía
acudirse al artículo 140 del CPC, hoy 133 del CGP, a fin de delimitar
las circunstancias en las cuales se podría encuadrar la nulidad
invocada, y para ello ejemplarizó algunas situaciones que podrían
dar lugar a su configuración. Al respecto es del caso traer a colación
el siguiente pronunciamiento18:
“[…] De forma más clara expresó la sentencia del 4 de
noviembre de 1999 - exp. 2185 - que las nulidades a las
que remite el recurso extraordinario de revisión, por la
causal sexta, son las previstas en el artículo 140 del
CPC19. El razonamiento fue el siguiente: i) la sentencia hace
parte del proceso, y lo concluye; ii) como lo señala el artículo
140, el proceso solamente es nulo por las causales allí
señaladas; por tanto iii) la nulidad que se origina en la
sentencia se configura solo por las causales previstas en la
disposición referida.
17
El Consejo de Estado desde la previsión de este recurso extraordinario y en específico, para esta
causal de nulidad originada en la sentencia ha transitado por diversas posturas de interpretación de
las cuales se identificaron 3 etapas según se lee en la providencia 3 de febrero de 2015. Radicación
número: 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P.
Olga Mélida Valle de De La Hoz (E), que las recoge así: i) Las causales de nulidad de la sentencia
son las que define la jurisprudencia, ii) Las causales de nulidad de la sentencia son las que expresa
y taxativamente define el artículo 140 del CPC –art. 133 CGP, y iii) Las causales de nulidad de la
sentencia son las previstas tanto en la jurisprudencia como en el artículo 140 del CPC.
18
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia de 3 de febrero de 2015. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00157-
01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz (E)
19
Debe entenderse que en la normativa vigente se entiende el artículo 133 del CGP.
25
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
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Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
A partir del razonamiento precedente, se destacaron
algunos eventos que configurarían la nulidad originada
en la sentencia, los cuales no se aducen como causales
de nulidad propiamente dicha, sino eventos,
circunstancias, ejemplos, que se desprenden de las
causales del artículo 140, cuya abstracción se concretiza. La
providencia señaló:
“La sentencia, que es la providencia mediante la cual se
decide sobre las pretensiones de la demanda y las
excepciones de fondo y con la cual, de ordinario, concluye el
proceso, es, obviamente, parte del proceso en que se
dicta. Y el proceso es nulo, en todo o en parte, solo por
las causas establecidas en el artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil.
“Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la
sentencia puede ocurrir, según el artículo 140 referido, (i)
cuando se provee sobre aspectos para los que el juez no
tiene jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando,
(ii) sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, o (iii)
sin más actuación se dicta sentencia después de
ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, porque así se revive un proceso
legalmente concluido, o (iv) cuando se dicta sentencia
como única actuación, sin el previo trámite correspondiente,
porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando
(v) se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en esta, o (vi) se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo
concerniente, también (vii) se pretermite íntegramente la
instancia (numeral 3); o cuando, (viii) sin más actuación,
se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre
otros eventos. (…)
“Ninguna de las causas de nulidad establecidas en el artículo
140 del Código de Procedimiento Civil alegó el recurrente en
apoyo del cargo de nulidad de la sentencia, lo cual sería
bastante para desestimar el recurso […]”. (Cursiva fuera de
texto)”
A esta remisión normativa se sumó la interpretación contenida en
la sentencia de exequibilidad20 de la Corte Constitucional C-491-95.
20
En el proceso de control de constitucionalidad se cuestionó el inciso 1° del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989,
específicamente la expresión “solamente” de la frase “Causales de nulidad: El proceso es nulo en
todo o en parte, solamente en los siguientes casos: […]". Del examen de constitucionalidad la Corte
concluyó “Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada del inciso 1° del artículo 140 del Código de
26
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001031500020230153000
Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
Allí, la Corte entendió que además de las causales del artículo 140
del CPC21 debía comprender la de violación al debido proceso, bajo
el entendido que es una garantía que debe observarse en el trámite
procesal y que su previsión está en la Constitución Política. Al
respecto precisó:
“[…] Al examinar las causales de nulidad previstas en el art.
140, claramente se advierte que allí no aparece
enlistada la referida nulidad de carácter constitucional.
Sin embargo, esta omisión obedece a la circunstancia de
que dicha norma es anterior a la Constitución de 1991.
• No se opone a la norma del art. 29 de la Constitución
la circunstancia de que el legislador señale
taxativamente las causales o motivos de nulidad, por
las siguientes razones:
La Constitución en el art. 29 señala los fundamentos básicos
que rigen el debido proceso; pero corresponde al legislador
dentro de su facultad discrecional, aunque con arreglo a
criterios objetivos, razonables y racionales, desarrollar a
través de las correspondientes fórmulas normativas las
formas o actos procesales que deben ser cumplidos para
asegurar su vigencia y respeto. En tal virtud, la regulación
del régimen de las nulidades, es un asunto que atañe
en principio al legislador, el cual puede señalar, con
arreglo a dichos criterios y obedeciendo al principio de
la proporcionalidad normativa, las causales o motivos
que generan nulidad, a efecto de garantizar la regularidad
de las actuaciones procesales y consecuentemente el debido
proceso.
Conforme a lo anterior no corresponde, en principio, al
Constituyente señalar las causales de nulidad en los procesos.
La aludida nulidad constitucional que consagra el art.
29, constituye una excepción a dicha regla. […]
Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la facultad
para determinar los casos en los cuales un acto
procesal es nulo por carencia de los requisitos formales
Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989, con la
advertencia expresa de que dicho artículo reguló las causales de nulidad legales en los procesos
civiles. En consecuencia, además de dichas causales, es viable y puede invocarse la prevista
en el art. 29 de la Constitución, según el cual, "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso", que es aplicable en toda clase de procesos […]”
21
Actualmente está previsto en el artículo 133 del CGP.
27
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
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Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
y sustanciales requeridos para su formación o
constitución. Por consiguiente, es válido, siempre que se
respete la Constitución, el señalamiento taxativo de las
nulidades por el legislador. […]
Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta
a los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido
proceso, el acceso a la justicia y los derechos procesales de
las partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140
del C.P.C., para indicar que en los casos allí previstos es
posible declarar la nulidad, previo el trámite incidental
correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas
causales legales de nulidad es viable y puede ser
invocada la consagrada en el art. 29 de la Constitución,
según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba
obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin
la observancia de las formalidades legales esenciales
requeridas para la producción de la prueba,
especialmente en lo que atañe con el derecho de
contradicción por la parte a la cual se opone ésta. Por lo tanto,
se declarará exequible la expresión demandada, con la
referida advertencia.
Al mantener la Corte la expresión "solamente" dentro de la
referida regulación normativa, respeta la voluntad política del
legislador, en cuanto reguló de manera taxativa o
específicamente las causales legales de nulidad en los
procesos civiles, las cuales ahora con el cambio
constitucional se encuentran adicionadas con la
prevista en la norma del art. 29, a la cual se hizo
referencia […]”22.
Bajo este análisis, la Corporación 23 ha delimitado que la causal
examinada se predica, entre otras, cuando la sentencia: i) no
cuenta con el número de votos necesarios para su aprobación; ii)
se profiere dentro de un proceso culminado por desistimiento,
transacción o perención; iii) se dicta en un proceso que se
22
Corte Constitucional. Sentencia C-491-95 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
23
En una inicial etapa, la jurisprudencia identificó que ocurriría cuando: i) la sentencia hubiera sido
firmada por un número diferente de magistrados al que ordena la ley; ii) que la sentencia se hubiera
proferido dentro de un proceso que había culminado por desistimiento, transacción o perención; iii)
que se profiera en un proceso que se encuentre suspendido o interrumpido. (Sentencia de Sala Plena
del 08 de septiembre de 1992. Exp. 039. Tesis reiterada por la Sección Segunda en la sentencia del
18 de mayo de 1993. Exp. 4092. Tesis reiterada en sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado,
el 1 de diciembre de 1997. Exp. 080.) Y luego se agregaron las siguientes: i) Cuando se condena a
quien no es parte; ii) cuando la sentencia se profiere con falta de competencia o de jurisdicción, y
iii) cuando carezca completamente de motivación.
28
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001031500020230153000
Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
encuentra suspendido o interrumpido; iv) se profiere fallo
condenatorio contra un tercero que no fue vinculado al proceso; v)
se profiere sentencia con falta de competencia o de jurisdicción;
vi) el fallo carece de motivación formal y material, vii) se aprecia
incongruencia24; viii) se profiere un fallo inhibitorio injustificado 25
y ix) se dicta con violación al principio de la non reformatio in pejus.
Este examen, sobre el alcance y contenido de la causal invocada,
impone que el recurrente en ejercicio de su derecho de acción
precise la razón que invoca como constitutiva de nulidad; y que ella
obedezca bien a las causales taxativas que prevé el artículo 133 del
CGP o a la invocación de transgresión del derecho fundamental del
debido proceso, en una de las circunstancias identificadas por la
jurisprudencia.
Aclarado este contexto, la Sala se ocupará de examinar el reproche
invocado por la parte actora a fin de identificar si se configura la
causal invocada.
5.4 Del caso concreto
Aclarada la generalidad de las causales invocadas, el contexto
conceptual que hacen viable su procedencia, la Sala se ocupará de
24
Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de febrero de
2016. Expediente núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
25
Sentencia de 8 de mayo de 2018 dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado C.P. Alberto
Yepes Barreiro. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
29
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001031500020230153000
Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
examinarlas, a fin de identificar si procede o no la infirmación de la
sentencia recurrida, para lo cual las estudiará en el siguiente orden:
5.4.1 Existencia de documentos recobrados
Se indicó por el recurrente que se incurrió en esta causal porque no
se apreciaron la totalidad de los documentos que integran la
actuación penal, pues asegura que no fue allegada al trámite
ordinario la actualización de que el proceso penal se encuentra
inactivo, al ser imposible encontrar al imputado.
La Sala considera que la actualización sobre el estado y los avances
de la investigación penal no representan un motivo determinante
en el proceso ordinario y, por tal motivo, el que no obre en el
expediente, no representa que la decisión cuestionada fuera
diferente, sumado a que el recurrente no indicó de qué manera el
haberse conocido hubiese alterado la decisión.
Bajo otro entendimiento, el recurrente tampoco identificó que las
diligencias de la Fiscalía - el expediente completo o parcial -, fueran
de imposible incorporación al proceso ordinario, pues no se invocó
una situación que encuadre en la fuerza mayor o el caso fortuito.
30
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001031500020230153000
Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
Así las cosas, a la Sala no le corresponde identificar qué documento
en específico de la actuación penal no se acompañó al proceso
ordinario, pues lo cierto y relevante es que el fallo cuestionado se
refirió en particular a algunas actuaciones que informaron las
diligencias que adelantó la Fiscalía, no solo en contra del recurrente
sino el vendedor del vehículo encartado, lo que desvirtúa la
alegación general26 que se expone como explicación a esta causal.
El aparte pertinente de la providencia refirió:
“[…] 19.- En el expediente obra la resolución de 11 de agosto de
2008, en la que la Fiscalía adoptó las siguientes decisiones: (i)
archivó una investigación penal iniciada contra el
demandante William Alirio Quiroga Alba por los delitos de
receptación, falsedad marcaria y falsedad en documentos y
(ii) ordenó continuar la investigación penal solamente contra el
señor Óscar Cifuentes.
20.- La Fiscalía adoptó estas decisiones, entre otras razones,
porque en el proceso penal se probó que el vehículo que el
señor Óscar Cifuentes vendió al demandante William Alirio
Quiroga Alba no correspondía a aquel que había sido
importado en el 2006 por la comercializadora Gran Prix. Al
respecto, se señala en esta providencia:
“[…] se tiene que el automotor de marras, fue legalmente
importado por la comercializadora Gran Prix radicada en la
ciudad de Cúcuta, como se desprende de las facturas vistas a
folios 110 y 111 y convalidado con el registro de importación
No. C03700100-5228210, folio 20, y con la declaración de
importación de la DIAN bajo el No. 072006000007753-1, folio
28; pero a pesar de que estos documentos son los auténticos,
se puede decir, que efectivamente el carro con número
de motor 5HO884, serie y chasis 1M1AK06YX6N009327
existe, pero los delincuentes, una vez logrado el hurto
de rodante en la República de Venezuela, lo ingresaron
a Colombia y le colocaron los mismos sistemas de
identificación al verdadero importado, como se
dictaminó en el peritaje que sus sistemas de
identificación se encontraban adulterados y así no solo
obtener un provecho ilícito, sino además estafar a su
26
El recurrente se refiere a “VARIAS COPIAS” pero no precisa cuál es el documento recobrado, lo
que descarta su alegación precisa y puntual para adelantar el examen de incidencia previa
comprobación de los elementos que exige la causal.
31
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
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Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
víctima William Quiroga, para finalmente comparecer con
la misma documentación de la comercializadora Gran Prix,
pero con un manifiesto de importación diferente, en este
caso, el No. 13697010001377 del 5 de noviembre de
2006, como aparece en el certificado de tradición del rodante
expedido por la secretaría de tránsito de Cota, Cundinamarca,
folio 51; además, se indica que la comercializador Gran Prix
Ltda. aparece inscrita como propietaria desde el 2 de
diciembre de 2004 hasta el 21 de junio de 2006, cosa que riñe
con las facturas de control 1887 de abril 18 de 2006, folio 23,
y factura cambiaria de compraventa 0580 de mayo 15 de
2006, folio 25, y muy diferente ese registro de importación
que se consignó al solicitar la matrícula del rodante ante
tránsito con el No. 13697010001377 de mayo 11 de 2006,
folio 26; se concluye que William Alirio Quiroga Alba, no
solo fue envuelto en esta investigación por hechos
ajenos, sino que se vio afectado en su patrimonio
económico en cuantía de 250 millones de pesos, como
se desprende no solo del interrogatorio que rindió por
cuenta de estos hechos, sino con la denuncia por estafa
formulada en contra del sujeto Oscar Orlando Cifuentes
Bermúdez […]”
De este modo, no encuentra la Sala la evidencia de qué documento
es el que aparece recobrado luego de proferirse la sentencia
cuestionada. Además, como se aprecia de la lectura del escrito del
recurso formulado, los argumentos se dirigen a cuestionar la
decisión desfavorable a sus pretensiones, insistiendo en las
acusaciones frente a las supuestas convalidaciones de la DIAN de
autorizar el ingreso del automotor al país y de la Policía Nacional,
al realizar la verificación de sus características de identificación,
antes de que se concretara la venta del automotor, las cuales
obtuvieron examen y respuesta por parte del fallador de segunda
instancia.
Así, para el juez extraordinario está vedado pronunciarse a título
de instancia adicional frente a si la importación del vehículo que
32
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soporta la declaración es válida o no, en tanto que lo que quedó
acreditado para resolver sobre la supuesta responsabilidad de las
entidades demandadas es que el vehículo que adquirió el recurrente
fue alterado en sus piezas, tal como lo refiere el dictamen al que
aludió la Fiscalía para concluir que no corresponde al mismo
vehículo que se importó al país.
En cuanto a la insistencia sobre la actuación de la Policía Nacional,
ninguna certificación se expidió antes de la compra que realizó el
recurrente que le generara esa confianza a la que recurre el actor
para insistir en la responsabilidad de esta entidad, luego tampoco
es ese un documento que pueda recobrarse. Cabe destacar sobre
este particular, que el fallo señaló:
“[…] 21.- En la demanda se afirmó que el demandante William
Alirio Quiroga Alba, antes de comprar el tractocamión, lo llevó
a la Policía Nacional para que esta entidad realizara la
revisión técnica de su sistema de identificación.
Contrariamente a lo sostenido por el demandante, el
traspaso de la propiedad del vehículo se realizó antes de
que el demandante llevara el vehículo a la revisión
técnica y, en todo caso, la Policía no realizó la revisión porque
el demandante no llevó la documentación necesaria para ello
[…]”.
Estas explicaciones descartan la prosperidad de la causal por
ausencia de identificación de los documentos recobrados y
acreditación de los elementos que prueban la causal, todo lo cual
lleva a la Sala a declarar que esta alegación no prospera.
33
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5.4.2 Nulidad de la sentencia.
En este acápite corresponde examinar si la alegación que sustentó
el recurrente, respecto de la causal 5a. de nulidad del artículo 250
del CPACA, puede darse por estos motivos.
De acuerdo con los argumentos expuestos por el recurrente se tiene
que ninguno de las alegaciones que se pueden identificar se
enmarca en alguno de los eventos en los que es posible que se
configure esta causal de nulidad de la sentencia, en razón a que los
reproches son de inconformidad frente a la decisión que no accedió
a sus pretensiones, lo que demuestra que promovieron el medio
extraordinario con el objeto de una instancia adicional que revisara
la sentencia cuestionada.
Encuentra la Sala que el recurrente insiste en la responsabilidad de
las entidades accionadas y la decisión que respecto de ésta adoptó
el fallador, previa discusión de la valoración probatoria que implicó
determinar que no existe conducta de estas en el daño que sufrió
el recurrente. Al respecto se lee:
“[…] 22.- En efecto, con las pruebas documentales allegadas al
proceso está probado lo siguiente:
22.1.- Con la certificación expedida por la Oficina de Tránsito y
Transporte de Cundinamarca, está probado que el traspaso de
la propiedad del vehículo a favor del demandante Quiroga Alba
se registró el 22 de junio de 2006.
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22.2.- De acuerdo con lo afirmado en la misma demanda, el 30
de junio de 2006, es decir con posterioridad al traspaso de la
propiedad, el demandante llevó el vehículo a la SIJIN para que
realizara su revisión técnica. La fecha de este hecho está
acreditada con el comprobante de pago de la Policía Nacional
que allegó el demandante, por el valor de veinticuatro mil pesos
($24.000)7.
22.3.- Con la denuncia que el demandante William Alirio
Quiroga Alba instauró por el delito de estafa contra el señor
Óscar Cifuentes, está acreditado que el mismo demandante
reconoció que no tenía en su poder los documentos relativos a
la importación del vehículo expedidos por la DIAN para la fecha
en que lo llevó a la Policía para realizar su revisión técnica, lo
cual, se itera, ocurrió luego de que se realizara el traspaso de
su propiedad.
[…]
24.- Con la copia del oficio 178 del 30 de julio de 2007 se
acreditó que la Fiscalía, mediante auto del 3º de julio de 2007,
ordenó cancelar la matrícula de tránsito de este vehículo y
ofició a la autoridad de tránsito de Cota para que inscribiera
esa medida en el Registro Nacional Automotor. En
consecuencia, está probado que la cancelación de la matrícula
de tránsito del tractocamión fue ordenada por la Fiscalía, y que
la Secretaría de Tránsito Transporte del Municipio de Cota, por
intermedio de la Unión Temporal de Servicios Integrados y
Especializados de Tránsito y Transporte - SIETT 8, se limitó a
dar cumplimiento a esta orden judicial en los términos del
artículo 48 de la Ley 769 de 2002 […]”.
De este modo, se corrobora que
En cuanto a la referencia al salvamento parcial de voto que uno de
los integrantes de la Subsección que profirió la sentencia
cuestionada, es oportuno aclarar que la manifestación que el
magistrado realizó no representa la existencia de una situación que
pueda encuadrarse en un vicio predicable de nulidad de la
sentencia, en tanto que este disenso informa de los motivos o
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razones que tuvo el consejero para apartarse de apartes o
conclusiones de la decisión. Allí se expresó:
“[…] Comparto de fondo la decisión adoptada en Sala27,
no obstante, me aparto de las consideraciones que llevaron a
negar las pretensiones respecto de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales.
La Sala concluyó que el vehículo que le fue vendido al
demandante no correspondía al importado en 2006 por la
comercializadora Gran Prix y que, por esa razón, estaba
probado que la DIAN no intervino en la causación del
daño por el que se demandó. Sin embargo, la única prueba
en que se basa esa conclusión es una resolución de la Fiscalía
General de la Nación en que archivó la investigación en contra
de William Alirio Quiroga y la continuó contra Oscar Cifuentes.
No estoy de acuerdo con afirmar, con base en esa
resolución, que el vehículo no correspondía al importado. Esa
decisión se adoptó en una etapa preliminar pero la
investigación continuó y, no se tiene prueba del resultado del
proceso penal al respecto que diera certeza de la conclusión a
que arribó la Sala. Considero que esa no era prueba suficiente
para desligar a la DIAN de la responsabilidad […]”
Sobre el particular ha de precisarse que de conformidad con los
artículos 1284 y 1295 del CPACA, las providencias requerirán para
su deliberación y decisión de la asistencia y voto favorable de la
mayoría de sus miembros.
En ese sentido, está claro que la sentencia que se cuestiona se
profirió con el voto favorable de la mayoría de sus miembros y
el registro de los disensos no afecta la legalidad de la decisión y
tampoco la pone en situación alguna que indique que, por este
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia de 2 de marzo de 2022, Exp. (48281)
36
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motivo, hay afectación frente a su decisión, aunque sea a partir de
esta manifestación que la parte recurrente se sirva para explicar la
causal invocada.
En estos términos, se declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión al no probarse tampoco esta causal invocada.
5.5 Condena en costas
Las costas procesales se definen 28 como la “erogación económica
que debe asumir la parte que resulte vencida en un proceso judicial,
que se compone de las i) expensas 29 y las ii) agencias en
derecho30”.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo su fijación varió
con respecto a lo estatuido en el CCA 31, al pasar de un criterio
subjetivo32 a uno objetivo valorativo33, en el que se requiere que
el juez revise si se causaron.
28
Consejo de Estado - Sala Plena. Exp. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU. Sentencia de
6 de Agosto de 2019. C.P. Rocío Araújo Oñate.
29
“73. […] responden a los gastos necesarios para tramitar el proceso, tales como son el valor de
copias, publicaciones, impuestos de timbre, honorarios de peritos, honorarios de auxiliares de la
justicia, gastos de desplazamiento por diligencias fuera del despacho judicial, gasto de traslado de
testigos, por citar algunos ejemplos”.
30
“74. Las […] -agencias de derecho-, obedecen a la suma que el juez debe ordenar en beneficio de
la parte favorecida con la condena en costas, para reconocerle los costos afrontados por la
representación de un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y
esfuerzo dedicados a la causa.”
31
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - subsección a.
Sentencia de 28 de febrero de 2020. Radicación número: 19001-23-33-000-2017-00086-01(2445-
18). C.P. William Hernández Gómez.
32
esa valoración estaba atada a la prueba del comportamiento de la parte y a la mala fe o temeridad
durante el proceso.
33
En cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total
o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso.
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De este modo, en el CPACA se prevé que las costas se fijan de
manera objetiva valorativa contra la parte vencida en juicio, es
decir, no operan de manera automática, pues al juzgador le
corresponde valorar si se configura alguna de las hipótesis previstas
por el legislador, salvo en los recursos extraordinarios de
revisión.
En efecto, la condena en costas en el recurso extraordinario fue
objeto de reforma por la Ley 2080 de 2021, en el sentido de prever
que, en los términos del artículo 255 ibidem, cuando “se declare
infundado [el recurso] se condenará en costas”, mandato que
resulta imperativo para el fallador que adopte esta decisión.
Para verificar entonces su aplicación basta establecer que este
proceso se presentó luego de entrar en vigor la Ley 2080 de 2020
que modificó el CPACA y que, al decidirse el recurso, éste se declaró
infundado.
En el caso bajo examen se dan los presupuestos requeridos 34, lo
que impone que se fijen de acuerdo con la naturaleza, calidad y
duración de la gestión útil.
34
El recurso se radicó el 15 de julio de 2021 y como quedó visto, se declaró infundado.
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Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
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Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
Con tal propósito y en observancia del artículo 366 del Código
General del Proceso y del Acuerdo PSAA16-10554 de
2016, contentivo de las tarifas de agencias en derecho expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala, de acuerdo con
las actuaciones procesales realizadas, fijará las agencias en
derecho en tres (3) salarios mínimos legales mensual vigentes a la
fecha de esta providencia, correspondiéndole un (1) SMLMV para
cada una de las entidades que acudió a participar en este trámite.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de
decisión, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra la sentencia de 2 de marzo de 2022,
proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas al accionante. Por la Secretaría
liquídense.
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Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente
a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha
de esta providencia, suma que deberá incluirse en la liquidación de
costas a pagar por el recurrente, un (1) SMLMV se le asignará a
cada una de las entidades que acudieron a participar en este
trámite, la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES – DIAN, MINISTERIO DE TRANSPORTE y
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA a los doctores PABLO
NELSON RODRÍGUEZ SILVA 35 , RICARDO RODRIGUEZ
CORREA 36 , JAIME ERNESTO BABATIVA RAMOS 37 en su
condición de apoderados judiciales de la DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, MINISTERIO
DE TRANSPORTE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA,
respectivamente, según los poderes presentados al contestar este
recurso.
QUINTO: En firme esta providencia, archívese la actuación.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
35
Según índice 15 del registro SAMAI
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_PODERRECURSO20230(.pdf) NroActua 15.
36
Según índice 15 del registro SAMAI.
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RV_RESPUESTARECURS(.zip) NroActua 16
37
Según índice 19 del registro SAMAI 30_MemorialWeb_Anexos(.pdf) NroActua 19, reiterado en
razón a la nueva notificación con el poder que obra en
45_MemorialWeb_Poder(.pdf) NroActua 30
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Actor: WILLIAM ALIRIO QUIROGA ALBA
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO MILTON CHAVES GARCÍA
(Firmado electrónicamente)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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