Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00275-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00275-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2008-00275-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
2 de marzo de 2022
Radicado: 25000-23-26-000-2008-00275-01 (48281)
Demandante: William Alirio Quiroga Alba
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de reparación directa
Radicación: 25000-23-26-000-2008-00275-01 (48281)
Demandante: William Alirio Quiroga Alba
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Tema: Adquisición de un vehículo hurtado en Venezuela. Se confirma la
decisión de negar las pretensiones de la demanda porque el
demandante no probó los supuestos de hecho en los que fundó sus
pretensiones y, por lo tanto, el daño no es imputable a las entidades
demandadas.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 26 de abril de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, en la cual
se declararon probadas las excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa
por pasiva del Ministerio de Transporte, la Gobernación de Cundinamarca y la
Unidad de Tránsito de Chía y (ii) culpa exclusiva de la víctima y, en consecuencia,
se negaron las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia
conforme con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo, porque resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una
sentencia proferida por un tribunal administrativo. El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca era competente para conocer el proceso en primera instancia en
razón de la cuantía, según el numeral 6 del artículo 132 del mismo Código.
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 30 de agosto de 2013 1.
Mediante auto del 27 de septiembre de 2013 se corrió traslado para alegar de
conclusión2. El demandante, el Departamento de Cundinamarca, la Policía
Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN)
1 Fl. 405, c.ppal.
2 Fl. 423, c.ppal.
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Radicado: 25000-23-26-000-2008-00275-01 (48281)
Demandante: William Alirio Quiroga Alba
presentaron alegatos de segunda instancia. Las demás partes guardaron
silencio. El Ministerio Público rindió concepto.
I. ANTECEDENTES
A. Posición del demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue presentada el 12 de junio de 2008
por William Alirio Quiroga Alba. Se dirigió contra el Ministerio de Transporte, la
Gobernación de Cundinamarca, la Unidad Regional de Tránsito de Chía y Cota,
la DIAN y la Policía Nacional, para obtener la reparación del daño que el
demandante sufrió como consecuencia de que las autoridades demandadas: (i)
permitieron la importación de un tractocamión que había sido hurtado en
Venezuela; (ii) no advirtieron su origen ilícito en la revisión técnica que el
demandante solicitó antes de realizar su compra y (iii) cancelaron la matrícula de
tránsito del vehículo, sin haber permitido la intervención del demandante en ese
procedimiento.
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<<1. Declarar patrimonialmente responsable a la Policía Nacional, Dijin
Sección Automotores de Bogotá, Dirección de Aduanas e Impuestos
Nacionales – Dian, Ministerio de Transporte y solidariamente a la
Gobernación de Cundinamarca, por inmovilizar y cancelar la matrícula del
vehículo de placas SQM 236, sin haber notificado de manera personal al
señor William Alirio Quiroga Alba y omitir el antecedente de la revisión técnica
practicada por la Policía Nacional Dijin Sección Automotores de Bogotá del
30 de junio de 2006 y el seguimiento efectuados por la Administración de
Aduanas Nacionales de Cúcuta del 20 de abril de 2006 (hoja de trabajo No.
0700 – 156), como también desconocer la aplicación de la resolución No.
000250 de febrero 10 de 2004, dictada por el Ministerio de Transporte y
demás actos administrativos definitivos, conexos y complementarios de
afectación al mencionado vehículo de placas SQM 236 de propiedad del
demandante y los perjuicios materiales y morales causados al actor.
2.- Condenar a la Policía Nacional, Dijin Sección Automotores de Bogotá,
Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales – Dian, Ministerio de
Transporte y solidariamente a la Gobernación de Cundinamarca a pagar al
demandante el equivalente en pesos las siguientes cantidades y cuantías, por
los daños y perjuicios de orden material y moral, objetivado y subjetivado,
actuales y futuros, así:
a) Perjuicios materiales:
-Daño emergente:
1.- Para el señor William Alirio Quiroga Alba, la suma de doscientos cincuenta
y cinco millones setecientos setenta y siete mil ochocientos setenta y cinco
pesos M/L ($255,777,875), por el valor que representa el contrato de
compraventa C.V. No. 0611359 de junio 30 de 2006 por $250.000.000 de la
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Demandante: William Alirio Quiroga Alba
compra del tractocamión de placas SQM 236, más la suma de $5.777.875,
representado en los accesorios integrados al rodante; sumas estas en dinero
que deberán ser actualizadas e indexadas, de acuerdo con la fórmula de las
matemáticas financieras del 22 de abril de 2007 e índice de precios al
consumidor establecido por el DANE, hasta la fecha de la ejecutoria del fallo
definitivo de la sentencia que ordene el pago de las condenas,
indemnizaciones y la fecha en que se haga entrega efectiva del dinero.
• Lucro cesante
1.- Pagar a William Alirio Quiroga la suma de seiscientos catorce millones
seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos con
sesenta y nueve centavos ($ 614.675.445,69), por concepto del valor del
ingreso reportado a marzo de 2007 por el tractocamión de placas SQM 236
($27.320.000) multiplicado por 13 meses causados a la fecha de la
presentación de esta demanda, más la suma de $259.515.445,69
representada en la exigibilidad acelerada en el cobro del saldo total de la
obligación prendaria por la vía ejecutiva seguida ante los Juzgados 11 Civil
del Circuito de Bogotá, en ejecutivo No. 2007-556, como el 13 Civil del Circuito
de Bogotá, Ejecutivo número 2007 – 604, que al no practicarse la
inmovilización del rodante de placas SQM 236, con los ingresos percibidos se
habría cancelado en los plazos pactados y sin ejecución judicial como la
presentada; sumas estas en dinero que deberán ser actualizadas indexadas
de acuerdo con la fórmula de las matemáticas financieras desde el 22 de abril
de 2007 e índices de precios al consumidor establecidos por el DANE hasta
la fecha de la ejecutoria del fallo definitivo de la sentencia que ordena el pago
de las condenas, indemnizaciones y la fecha en que se haga entrega efectiva
del dinero.
2.- El producto del interés causado desde el 21 de septiembre de 2005 hasta
la fecha en que se produzca la sentencia definitiva que ponga fin al proceso
indemnizatorio, así como la entrega de la misma indemnización pertinente
que ponga fin al proceso indemnizatorio de la tasa anual vigente y autorizada
por la Superintendencia Bancaria.
b) Perjuicios morales
Objetivados: El demandante, al momento de la inmovilización del
tractocamión de Placas SQM 236 y de las múltiples gestiones para reclamar
sin éxito alguno la entrega del rodante, ha estado sometido ha embargos de
los bienes muebles personales y familiares, como a excesivos créditos extra
bancarios que le han generado mayores pagos, presiones en su habitual ritmo
comercial y financiero de trabajo en el transporte terrestre, aumentando sus
cargas que no estaba obligado a soportar, si los daños ocurridos como
consecuencia directa de la inmovilización no se hubiera generado en su
contra, como en realidad ocurrió. Se estiman en quinientos salarios mínimos
legales vigentes ($216.500.000) liquidados conforme a las pautas trazadas
por la jurisprudencia patria (Rad. 13232-15646, sentencia del 06 de
septiembre de 2001, Consejo de Estado, C.P. Dr. Alier Eduardo Hernández),
como máximo por establecer.
Subjetivado: Que podría ser estimada con intervención de peritos
designados de la lista de auxiliares de la justicia, donde se calculan los
ingresos dejados de percibir por tractomula. SQM 236 desde el 22 de abril de
2007 y hasta cuando sean realmente líquidos y pagados, teniendo como base
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Demandante: William Alirio Quiroga Alba
el promedio mensual del transporte de carga facturado con base en los
ingresos certificados por el contador Jairo Alberto Castro M.
Los daños a la vida de relación; los que en conjunto estimo provisionalmente
en la suma de ochocientos millones cuatrocientos ochenta y dos mil cero (sic)
setenta y cuatro ($800.482.074) pesos m/cte o conforme a lo que resulte
probado en el proceso (…)>>.
3.- Las pretensiones anteriores se fundamentan en las siguientes afirmaciones:
3.1.- En abril de 2006 la Comercializadora Grand Prix Ltda. importó de
Venezuela un tractocamión de servicio público marca MARC, modelo 2006, línea
visión CX 613, número de motor 5H0884, serie o chasis No.
1M1AK06YX6N009327, de placas SQM 236, color blanco.
3.2.- El 11 de mayo 2006 la Comercializadora Grand Prix Ltda. presentó la
declaración de importación No. 072006000007753. Luego de realizar la
inspección física del automotor, la DIAN aprobó la importación del vehículo.
3.3.- El 15 de mayo de 2006 la Comercializadora Grand Prix Ltda. le vendió el
tractocamión al señor Óscar Cifuentes por doscientos siete millones seiscientos
cuarenta mil pesos ($207.640.000)3.
3.4.- El 30 de junio de 2006, previa revisión técnica realizada por parte de la
Policía Nación DIJIN – Grupo Automotores, el demandante William Alirio Quiroga
le compró el vehículo a Óscar Cifuentes. Para su adqusición el demandante pidió
un préstamo a la financiera DANN Regionales S.A., con quien suscribió un
contrato de prenda abierta sin tenencia.
3.5.- El 22 de abril de 2007, en el barrio Fontibón de Bogotá, agentes del grupo
de Automotores de la SIJIN, en ejercicio de sus labores de patrullaje, procedieron
a revisar el tractocamión antes mencionado y encontraron inconsistencias en la
marcación del chasís, por lo que procedieron a llevarlo a la sala técnica del Grupo
de Automotores de la SIJIN. Allí se determinó que el sistema de identificación
estaba regrabado y que el número correcto del chasis era 1M1AK06Y26N009387
y el del motor era 4H0801I. Estos números correspondían a un vehículo que
había sido reportado por hurto en Venezuela. En consecuencia, la Policía
Metropolitana de Bogotá, Seccional de Policía Judicial, inmovilizó el
tractocamión.
3.6.- El 30 de julio de 2007, en el marco de la investigación penal adelantada por
el hurto del vehículo, la Fiscalía 127 Seccional de la Unidad Cuarta de Delitos
Contra la Fe Pública ordenó la cancelación de la matrícula de tránsito del
tractocamión.
3 Factura cambiaria de compraventa No. 0580 del 15 de mayo de 2006, visible a folio 87, c.4.
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Demandante: William Alirio Quiroga Alba
3.7.- El 6 de septiembre de 2007 la Unión Temporal de Servicios Integrados y
Especializados de Tránsito y Trasporte – SIETT inscribió en el Registro Nacional
Automotor la cancelación de la matrícula del vehículo, en cumplimiento de la
orden judicial impartida por la Fiscalía.
4.- Según el demandante, las entidades demandadas deben responder
patrimonialmente por el daño causado por la inmovilización y posterior
cancelación de la matrícula de tránsito del vehículo porque: (i) las autoridades
nacionales no advirtieron las alteraciones del sistema de identificación del
vehículo cuando autorizaron su importación, ni en la revisión técnica que el
demandante solicitó antes de realizar su compra; esto indujo a que el
demandante comprara el vehículo debido a la inexistencia de irregularidades y
(ii) las autoridades cancelaron la matrícula del vehículo en un procedimiento
administrativo que no fue notificado al demandante y sin su autorización,
incumpliendo lo previsto en el artículo 40 de la Ley 769 de 2002.
5.- En relación con los perjuicios, la parte actora indicó que: (i) el demandante no
pudo usar el tractocamión para transportar cargas y eso le generó una pérdida
de ingresos por valor de trecientos cincuenta y cinco millones ciento sesenta mil
pesos ($355.160.000) durante los trece meses transcurrieron desde la
inmovilización del vehículo hasta la presentación de la demanda; (ii) a raíz de lo
anterior, entró en mora de sus créditos y fue demandado en dos procesos
ejecutivos para exigirle el cumplimiento de una obligación prendaria que había
contraído con DANN Regionales S.A., cuyo saldo era de doscientos cincuenta y
nueve millones quinientos quince mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos con
sesenta y nueve centavos ($259.515.445,69), sin incluir los embargos que fueron
decretados en los procesos, las costas y las agencias en derecho; (iii) el
demandante tuvo que pagar la obligación derivada del contrato de compraventa
del tractocamión, más los accesorios que compró al vehículo y (iv) sufrió un
perjuicio moral y un daño a la vida de relación como consecuencia de la
inmovilización del vehículo porque desde ese entonces <<ha estado sometido a
embargos, excesivos créditos, mayores pagos>>.
B. Posición de las demandadas y de la llamada en garantía
6.- El Ministerio de Transporte se opuso a las pretensiones de la demanda. Como
argumentos de defensa expuso que: (i) esa entidad no tiene funciones operativas
que impliquen la inmovilización de los vehículos o la cancelación de la matrícula;
(ii) la Policía Nacional SIJIN – Grupo de Automotores de la Policía Metropolitana
de Bogotá no es una entidad adscrita al Ministerio de Transporte y por tanto no
tiene control de tutela de esta. El ministerio también propuso las excepciones de
falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de responsabilidad del ente
demandando y la excepción <<genérica>>.
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Demandante: William Alirio Quiroga Alba
7.- La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN se opuso a las
pretensiones formuladas. Como argumentos de defensa señaló los siguientes: (i)
su actuar se ajustó a la ley, ya que verificó los documentos de la mercancía
amparada en la declaración de importación y encontró que el vehículo cumplía
con los requisitos para que pudiera circular libremente por el territorio colombiano;
(ii) esta entidad era ajena a la inmovilización del automotor y a la cancelación de
la matrícula del vehículo, porque no ejerce esas funciones; (iii) la DIAN no incurrió
en una falla del servicio y (iv) la entidad aduanera no podía verificar las placas
del vehículo porque estas se asignaron con posterioridad a la revisión por parte
de la DIAN.
8.- La Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda. Su defensa
se limitó a presentar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
ya que consideró que la Policía <<no tiene como misión la de llevar registros ni
historial de tradición de los vehículos, ni cancelación de registros, esa misión es
de la Secretaría de Tránsito>>.
9.- El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Tránsito y Transporte se
opuso a las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:
9.1.- Propuso las excepciones del hecho de un tercero, la culpa exclusiva de la
víctima y la falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, señaló que
el daño fue causado por la persona que vendió el vehículo al demandante con
alteraciones en los sistemas de identificación, y que esa fue la causa por la que
se inmovilizó y se canceló la matrícula del automotor; por otra parte, también
manifestó que el demandante fue el que <<ca[yó] en el engaño del vendedor y
no tom[ó] las respectivas precauciones antes de pagar el valor, lo cual de manera
indudable hubiese evitado el daño>>; finalmente, planteó que debido a esos dos
eximentes de responsabilidad, el Departamento de Cundinamarca – Secretaría
de Tránsito y Transporte no estaba legitimado en la causa por pasiva.
9.2.- Llamó en garantía a la Unión Temporal de Servicios Integrados y
Especializados de Tránsito y Transporte de Cundinamarca SIETT de la sede
operativa de Cota, porque fue la encargada de dar cumplimiento a la orden que
impartió la Fiscalía 127 de la Unidad Cuarta de Delitos Contra la Fe Pública y el
Patrimonio concerniente a la cancelación de matrícula del tractocamión. Así
mismo, propuso la excepción que denominó <<cumplimiento de orden, mandato
o resolución judicial>>.
10.- La Unión Temporal de Servicios Integrados y Especializados de Tránsito y
Trasporte – SIETT se opuso al llamamiento en garantía porque: (i) la cancelación
de la matrícula del vehículo fue ordenada por una autoridad judicial competente
y la unión temporal se limitó a inscribirla en el Registro Nacional Automotor, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 769 de 2002, según el
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Demandante: William Alirio Quiroga Alba
cual <<[l]as autoridades judiciales deberán informar al organismo de tránsito
donde se encuentre matriculado un vehículo, de las decisiones adoptadas en
relación con él, para su inscripción en el Registro Nacional Automotor, dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Así mismo las Autoridades
Judiciales deberán verificar la propiedad del vehículo antes de tomar decisiones
en relación con él>>; (ii) el demandante no allegó ni solicitó pruebas para
acreditar los perjuicios reclamados en la demanda; (iii) para la inscripción en el
registro nacional automotor del vehículo se recibieron de buena fe los
documentos que la Comercializadora Grand Prix Ltda. entregó en calidad de
propietario, y por eso se expidió la licencia de tránsito No. 04-25175811521. La
SIETT propuso como excepciones <<el cumplimiento de un deber legal>> y la
<<ruptura del nexo causal>>.
C. Sentencia recurrida
11.- En la sentencia del 26 de abril de 2013 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión adoptó las
siguientes decisiones:
11.1.- Declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva: (i) del Ministerio de Transporte, porque dentro de sus funciones no se
encontraba la de inmovilizar o cancelar matrículas de los vehículos; (ii) de la
Gobernación de Cundinamarca, porque no fue quien ordenó la inmovilización ni
la cancelación de la matrícula del tractocamión y (iii) de la Unidad de Tránsito de
Chía, porque esa entidad se encontraba adscrita a la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Cundinamarca.
11.2.- Declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima porque el
demandante no acudió a la SIJIN, en compañía del vendedor, para solicitar la
revisión técnica con el objeto de verificar los antecedentes del automotor que iba
a adquirir; es decir, no demostró <<diligencia en el cumplimiento de los (…)
deberes, de la persona que va a comprar un vehículo>>.
D. Recurso de apelación
12.- La parte demandante solicita en su recurso que el fallo de primera instancia
se revoque integralmente y, en su lugar, se concedan las pretensiones de la
demanda. Expone los siguientes argumentos:
12.1.- El tribunal se limitó a estudiar las funciones del Ministerio de Transporte
desde las disposiciones del Decreto 087 de 2011, pero no hizo lo mismo frente a
las demás funciones asignadas a dicha entidad y a las demás demandadas,
relacionadas con la vigilancia y control sobre todos los trámites y procedimientos
de registro y licencias de automotores de carga. En ese sentido, señaló que las
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Demandante: William Alirio Quiroga Alba
demandadas estaban legitimadas en la causa por pasiva porque, de haber
ejercido sus funciones de vigilancia, hubiesen identificado que el sistema de
identificación del vehículo estaba alterado antes de la compraventa.
12.2.- El demandante compró el tractocamión después de la revisión que realizó
la DIAN para efectos de otorgar <<la libre disposición dentro del territorio
aduanero nacional>> del vehículo, lo que le permitió considerar que todos los
documentos estaban en orden. Sin embargo, esa revisión no fue idónea porque
si así hubiese sido, la DIAN habría reportado las inconsistencias en el sistema de
identificación cuando: (i) el automotor aún pertenecía a la Comercializadora
Grand Prix Ltda. y (ii) todavía no se había hecho el registro en la Secretaría de
Tránsito.
12.3.- Se probó una <<falla de la administración (Gobernación de Cundinamarca,
Ministerio de Transporte, DIAN, Policía Metropolitana de Bogotá)>> y no se
configuró una culpa exclusiva de la víctima, debido a que el demandante
demostró que acudió a las autoridades respectivas antes de comprar el
tractocamión. No solo esperó a que la DIAN otorgara el levante de la mercancía
para efectuar la compra, sino que también acudió a las demás autoridades
competentes para la revisión detallada de los antecedentes del automotor.
II. CONSIDERACIONES
E. Presupuestos procesales
13.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos
años establecido en el artículo 136 del CCA. En efecto: (i) el hecho generador
del daño ocurrió el 22 de abril de 2007, cuando los agentes de policía
inmovilizaron el vehículo porque determinaron que el sistema de identificación
estaba regrabado y que el número correcto del chasis correspondía a un
tractocamión que había sido reportado por hurto en Venezuela y (iii) la demanda
se presentó el 12 de junio de 20084.
14.- Revocará la decisión de declarar probada las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuestas por el Ministerio de Transporte, el
Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Tránsito y Transporte y la
Unidad de Tránsito de Chía, porque el análisis de este presupuesto procesal no
puede confundirse con el estudio de la obligación de responder, como
4 Esta posición en relación con la contabilización del término de caducidad es la adoptada por
mayoría en la Sala. El ponente considera que debió contabilizarse el término de caducidad a partir
de los hechos generadores del daño imputados en la demanda, a saber: la autorización de
importación del vehículo, la inspección técnica realizada al vehículo y la cancelación de su
matrícula.
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Demandante: William Alirio Quiroga Alba
erróneamente lo hizo el tribunal. En ese sentido, la doctrina ha destacado que
la constatación del presupuesto de la legitimación <<[c]omporta siempre una
quaestio iuris y no una quaestio facti que, aunque afecta los argumentos
jurídicos de fondo, puede determinarse con carácter previo a la resolución del
mismo, pues únicamente obliga a establecer si la posición subjetiva que se
invoca en relación con las peticiones que se deducen, efectivamente guardan
coherencia jurídica. Se puede, por ello, estar legitimado y carecer del derecho
que se controvierte>>5. Sin embargo, el Ministerio de Transporte, el
Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Tránsito y Transporte y la
Unidad de Tránsito de Chía, deben ser absueltos porque no se acreditó que el
daño les es imputable, como se explicará a continuación.
F. Decisión
15.- De acuerdo con las afirmaciones de la demanda, en el 2006 el demandante
William Alirio Quiroga Alba decidió comprar al señor Óscar Cifuentes un
tractocamión proveniente de Venezuela. Antes de adquirirlo, la DIAN había
autorizado su importación y la Policía Nacional había realizado la revisión técnica
de su sistema de identificación; por lo tanto, las revisiones realizadas por estas
entidades estatales le generaron <<confianza legítima>> respecto del origen
lícito del vehículo. También, conforme con la demanda, la Unión Temporal de
Servicios Integrados y Especializados de Tránsito y Trasporte – SIETT, luego de
que la Policía Nacional ordenara la inmovilización del vehículo por la adulteración
de su sistema de identificación, canceló su matrícula en un procedimiento
administrativo al que el demandante no fue vinculado.
16.- Contrariamente a lo anterior, está probado que: (i) el vehículo cuya
importación autorizó la DIAN en el 2006 no corresponde al vehículo que el
demandante William Alirio Quiroga Alba compró al señor Óscar Cifuentes; (ii) el
traspaso de la propiedad del tractocamión se realizó antes de que el demandante
William Alirio Quiroga Alba lo llevara a la Policía Nacional para que realizara la
revisión técnica de su sistema de identificación y, en todo caso, la Policía
Nacional no realizó la revisión técnica del sistema identificación del vehículo
porque el demandante no llevó la documentación necesaria; (iii) la cancelación
de la matrícula del vehículo fue ordenada por la Fiscalía y esta entidad no fue
demandada, en el marco de una investigación penal.
17.- Así las cosas, el daño no puede imputarse a ninguna de las entidades
demandadas por las siguientes razones:
17.1.- La parte demandante le imputó a la DIAN el daño causado por no haber
advertido el origen ilegal del vehículo durante el procedimiento de importación
5 Montero Aroca, Juan. De la legitimación en el proceso civil. Editorial Bosch S.A., Barcelona
2007, p. 71.
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Demandante: William Alirio Quiroga Alba
que esta entidad realizó en el mes de abril de 2006, cuando la comercializadora
Gran Prix ingresó el tractocamión al país. Sin embargo, como quedó demostrado,
el vehículo que el señor Óscar Cifuentes vendió al demandante William Alirio
Quiroga Alba no correspondía al mismo cuya importación autorizó la DIAN en el
mes de abril de 2006
17.2.- La parte demandante le imputó a la Policía Nacional el daño causado por
no haber advertido el origen ilegal del vehículo cuando el demandante lo llevó a
la revisión técnica para la revisión de su sistema de identificación, antes de que
lo comprara al señor Óscar Cifuentes. Sin embargo, se probó que: (i) el
demandante compró el vehículo antes de llevarlo a la revisión y (ii) en todo caso,
la Policía no pudo realizar la revisión debido a que el demandante no llevó toda
la documentación necesaria para esta verificación.
17.3.- El demandante le imputó responsabilidad al Departamento de
Cundinamarca – Secretaría de Tránsito y Transporte por cancelar la matrícula de
tránsito del tractocamión. Sin embargo, quedó acreditado que la cancelación de
la matrícula no fue ordenada por esta entidad sino por la Fiscalía General de la
Nación dentro de un proceso penal. Y la Fiscalía no fue demandada en este
proceso.
17.4.- Los agentes del Ministerio de Transporte no tuvieron participación alguna
en la causación del daño. Las demás entidades demandadas no lo generaron,
luego no se le puede imputar falta de supervisión al Ministerio.
G. El vehículo cuya importación autorizó la DIAN en el 2006 no
corresponde al vehículo que el demandante William Alirio Quiroga
Alba compró al señor Óscar Cifuentes
18.- En la demanda se afirmó que en el mes de abril de 2006 la DIAN autorizó la
importación del vehículo que luego compraría al señor Óscar Cifuentes. Sin
embargo, está probado que el vehículo que le vendió el demandante Óscar
Cifuentes no corresponde a aquel que fue importado por la referida
comercializadora.
19.- En el expediente obra la resolución de 11 de agosto de 2008, en la que la
Fiscalía adoptó las siguientes decisiones: (i) archivó una investigación penal
iniciada contra el demandante William Alirio Quiroga Alba por los delitos de
receptación, falsedad marcaria y falsedad en documentos y (ii) ordenó continuar
la investigación penal solamente contra el señor Óscar Cifuentes.
20.- La Fiscalía adoptó estas decisiones, entre otras razones, porque en el
proceso penal se probó que el vehículo que el señor Óscar Cifuentes vendió al
demandante William Alirio Quiroga Alba no correspondía a aquel que había sido
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Radicado: 25000-23-26-000-2008-00275-01 (48281)
Demandante: William Alirio Quiroga Alba
importado en el 2006 por la comercializadora Gran Prix. Al respecto, se señala
en esta providencia:
<<(…) se tiene que el automotor de marras, fue legalmente importado por la
comercializadora Gran Prix radicada en la ciudad de Cúcuta, como se desprende
de las facturas vistas a folios 110 y 111 y convalidado con el registro de
importación No. C03700100-5228210, folio 20, y con la declaración de
importación de la DIAN bajo el No. 072006000007753-1, folio 28; pero a pesar
de que estos documentos son los auténticos, se puede decir, que efectivamente
el carro con número de motor 5HO884, serie y chasis 1M1AK06YX6N009327
existe, pero los delincuentes, una vez logrado el hurto de rodante en la República
de Venezuela, lo ingresaron a Colombia y le colocaron los mismos sistemas de
identificación al verdadero importado, como se dictaminó en el peritaje que sus
sistemas de identificación se encontraban adulterados y así no solo obtener un
provecho ilícito, sino además estafar a su víctima William Quiroga, para
finalmente comparecer con la misma documentación de la
comercializadora Gran Prix, pero con un manifiesto de importación
diferente, en este caso, el No. 13697010001377 del 5 de noviembre de 2006,
como aparece en el certificado de tradición del rodante expedido por la
secretaría de tránsito de Cota, Cundinamarca, folio 51; además, se indica
que la comercializador Gran Prix Ltda. aparece inscrita como propietaria
desde el 2 de diciembre de 2004 hasta el 21 de junio de 2006, cosa que riñe
con las facturas de control 1887 de abril 18 de 2006, folio 23, y factura
cambiaria de compraventa 0580 de mayo 15 de 2006, folio 25, y muy
diferente ese registro de importación que se consignó al solicitar la
matrícula del rodante ante tránsito con el No. 13697010001377 de mayo 11
de 2006, folio 26; se concluye que William Alirio Quiroga Alba, no solo fue
envuelto en esta investigación por hechos ajenos, sino que se vio afectado en su
patrimonio económico en cuantía de 250 millones de pesos, como se desprende
no solo del interrogatorio que rindió por cuenta de estos hechos, sino con la
denuncia por estafa formulada en contra del sujeto Oscar Orlando Cifuentes
Bermúdez (…)>>
H. El traspaso de la propiedad del tractocamión se realizó antes de que
el demandante William Alirio Quiroga Alba lo llevara a la Policía
Nacional para que realizara la revisión técnica de su sistema de
identificación y, en todo caso, la Policía Nacional no realizó la
revisión técnica del sistema identificación del vehículo porque el
demandante no llevó la documentación necesaria
21.- En la demanda se afirmó que el demandante William Alirio Quiroga Alba,
antes de comprar el tractocamión, lo llevó a la Policía Nacional para que esta
entidad realizara la revisión técnica de su sistema de identificación.
Contrariamente a lo sostenido por el demandante, el traspaso de la propiedad del
vehículo se realizó antes de que el demandante llevara el vehículo a la revisión
técnica y, en todo caso, la Policía no realizó la revisión porque el demandante no
llevó la documentación necesaria para ello.
22.- En efecto, con las pruebas documentales allegadas al proceso está probado
lo siguiente:
11
Radicado: 25000-23-26-000-2008-00275-01 (48281)
Demandante: William Alirio Quiroga Alba
22.1.- Con la certificación expedida por la Oficina de Tránsito y Transporte de
Cundinamarca6, está probado que el traspaso de la propiedad del vehículo a
favor del demandante Quiroga Alba se registró el 22 de junio de 2006.
22.2.- De acuerdo con lo afirmado en la misma demanda, el 30 de junio de 2006,
es decir con posterioridad al traspaso de la propiedad, el demandante llevó el
vehículo a la SIJIN para que realizara su revisión técnica. La fecha de este hecho
está acreditada con el comprobante de pago de la Policía Nacional que allegó el
demandante, por el valor de veinticuatro mil pesos ($24.000)7.
22.3.- Con la denuncia que el demandante William Alirio Quiroga Alba instauró
por el delito de estafa contra el señor Óscar Cifuentes, está acreditado que el
mismo demandante reconoció que no tenía en su poder los documentos relativos
a la importación del vehículo expedidos por la DIAN para la fecha en que lo llevó
a la Policía para realizar su revisión técnica, lo cual, se itera, ocurrió luego de que
se realizara el traspaso de su propiedad. Al respecto, narró el demandante en la
denuncia:
<<(…) el 4 de julio del año 2006 (…) nos dirigimos con el señor Oscar Cifuentes
para la notaría (…) para hacer la promesa de venta y su autenticación de firmas,
el señor Oscar Cifuentes le ordenó al señor Oscar Poveda que podíamos llevar
el vehículo a inspección para seguro y para la revisión técnica de la DIJIN, (…)
luego nos desplazamos con el mismo señor Poveda a la sala técnica de al DIJIN
para realizar la revisión técnica, en la revisión le tomaron improntas y otros datos
me solicitaron allí y me dijeron que tenía que anexar el manifiesto de importación
que en el momento no lo teníamos y los señores de la DIJIN me dijeron que tan
pronto tuviéramos el manifiesto de importación ellos nos expedían la certificación.
En esos días mientras me llegaba el documento que me lo enviaba el señor
Cifuentes desde Cúcuta, el carro cargó y se había ido de viaje. Debido a esto fue
pasando el tiempo y nunca me negaron la certificación de la DIJIN. Cabe anotar
que esos documentos que hacían falta el señor Óscar Cifuentes se los envío
desde Cúcuta al señor Luis Eduardo Flores (…) quien es cuñado del señor Óscar
Cifuentes, y el señor Eduardo Flores me llamó a mi celular y me dijo que ya tenía
los documentos y nos pusimos la cita para entrega de los mismos, luego me puse
en contacto con el señor Óscar Cifuentes, para la elaboración de la promesa de
compraventa y su respectiva autenticación de firmas y su posterior entrega del
saldo de $50.000.000 millones, fruto del mismo crédito que me había aprobado
la financiera (…) Después de hacerle entrega al señor Óscar Cifuentes de esta
suma de dinero, nos dirigimos (…) a la inspección de tránsito de Chía (…) para
adelantar lo concerniente al traspaso, donde el señor inspector de tránsito de esa
oficina detectó algunas inconsistencias en algunos documentos y llamó por
celular solicitando la presencia de dos técnicos de automotores, donde ellos
revisaron los documentos, verificaron el teléfono de la Comercializadora Gran
Prix de Cúcuta, quien era la que me hacía el traspaso, y los técnicos después de
haber verificado los datos y haber hablado con Elizabet Camargo, quien figuraba
como representante legal de esa firma, ya dieron el visto bueno para la firma del
6 Fl. 180, c.4.
7 Fl.24, c.4.
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Radicado: 25000-23-26-000-2008-00275-01 (48281)
Demandante: William Alirio Quiroga Alba
traspaso al inspector de tránsito, quien firmó la nueva tarjeta de propiedad y nos
hicieron la entrega. (…)>>
I. La cancelación de la matrícula del vehículo fue ordenada por la
Fiscalía, entidad que no fue demandada, en el marco de una
investigación penal
23.- En la demanda, la parte actora reprochó que la Unión Temporal de Servicios
Integrados y Especializados de Tránsito y Trasporte – SIETT hubiera ordenado
la cancelación de la matrícula del tractocamión en el trámite de un procedimiento
administrativo que esta entidad adelantó sin haber vinculado al demandante
William Alirio Quiroga Alba. Esta afirmación también se desvirtuó en el proceso,
puesto que se demostró que la cancelación de la matrícula fue ordenada por la
Fiscalía, en el marco de un proceso penal, y esta entidad no fue demandada por
la parte actora.
24.- Con la copia del oficio 178 del 30 de julio de 2007 se acreditó que la Fiscalía,
mediante auto del 3º de julio de 2007, ordenó cancelar la matrícula de tránsito de
este vehículo y ofició a la autoridad de tránsito de Cota para que inscribiera esa
medida en el Registro Nacional Automotor. En consecuencia, está probado que
la cancelación de la matrícula de tránsito del tractocamión fue ordenada por la
Fiscalía, y que la Secretaría de Tránsito Transporte del Municipio de Cota, por
intermedio de la Unión Temporal de Servicios Integrados y Especializados de
Tránsito y Transporte - SIETT 8, se limitó a dar cumplimiento a esta orden judicial
en los términos del artículo 48 de la Ley 769 de 2002. Esta norma prescribe que
<<[l]as autoridades judiciales deberán informar al organismo de tránsito donde
se encuentre matriculado un vehículo, de las decisiones adoptadas en relación
con él, para su inscripción en el Registro Nacional Automotor, dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Así mismo las Autoridades
Judiciales deberán verificar la propiedad del vehículo antes de tomar decisiones
en relación con él>>.
J. Costas
25.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
III. DECISIÓN
8 Fl. 40, c.4.
13
Radicado: 25000-23-26-000-2008-00275-01 (48281)
Demandante: William Alirio Quiroga Alba
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia 26 de abril de 2013 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión y, en su lugar, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda por
las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con salvamento parcial de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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