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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01595-00

Fecha
25 de mayo de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01595-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Juan de la Cruz Méndez Monroy, quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01595-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

25 de mayo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01595-00
Actor: JUAN DE LA CRUZ MÉNDEZ MONROY

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01595-00
Demandante: JUAN DE LA CRUZ MÉNDEZ MONROY
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con la pretensión de que se declare una
relación laboral encubierta o subyacente. Defecto por
desconocimiento del precedente judicial, fáctico y sustantivo

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Juan de la Cruz Méndez Monroy, quien actúa por conducto
de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que
pide el amparo constitucional del derecho fundamental al debido proceso,
supuestamente vulnerado con la sentencia de 28 de septiembre de 2022, por
medio de la cual se revocó la decisión favorable de primera instancia y, en su
lugar, negó la pretensión consistente en declarar un contrato realidad en el marco
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada contra el
Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante SENA).

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante afirmó que en febrero de 1995 ingresó al SENA como instructor
para la formación profesional mediante órdenes sucesivas de trabajo, las que se
renovaron durante aproximadamente 20 años.

Refirió que presentó una solicitud ante el SENA con el fin de que se le cancelaran
como prestaciones sociales las primas, vacaciones, indemnizaciones por despido
sin justa causa, sanción moratoria por el no pago oportuno de las acreencias y el
pago que le correspondía como empleado de la mencionada entidad. Sin
embargo, mediante Oficio No. 2-2017-000515 de 8 de marzo de 2017, dicha
entidad negó lo solicitado bajo el argumento de que el actor era contratista y
según la Ley 80 de 1993, no tenía derecho.

Indicó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentó demanda contra el SENA, con el fin de que se declarara la
existencia de un contrato realidad y se condenara a la entidad al pago de las
prestaciones sociales dejadas de percibir durante el tiempo que laboró mediante
órdenes sucesivas de trabajo (contratos de prestación de servicios).

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1

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01595-00
Actor: JUAN DE LA CRUZ MÉNDEZ MONROY

Sostuvo que el Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Medellín en
sentencia de 28 de enero de 2019, declaró la nulidad del Oficio No. 2-2017-
000515 de 8 de marzo de 2017 y, en consecuencia, ordenó el pago de todas las
prestaciones sociales y efectuar las cotizaciones al sistema general de seguridad
social en salud y pensiones por el tiempo laborado, al considerar que se
configuraron los elementos del contrato realidad (prestación personal del servicio,
remuneración y subordinación).

Por último, manifestó que las partes interpusieron recurso de apelación contra la
anterior decisión. El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante fallo de 28 de
septiembre de 2022 revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, en tanto encontró probados los elementos de
prestación personal del servicio y remuneración o sueldo, pero no el de la
subordinación.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampare el
derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado con el fallo de
28 de septiembre de 2022, por medio del cual se revocó la decisión favorable de
primera instancia y negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho consistentes en la declaratoria de un contrato
realidad y el pago de las prestaciones sociales causadas durante el tiempo que
laboró en el SENA.

En primer lugar, se refirió al cumplimiento de las causales generales de
procedencia contra providencias judiciales, por lo que, sostuvo, el juez de tutela
está habilitado para realizar el estudio de fondo del asunto.

De otra parte afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, porque se debió tener en cuenta la
regla fijada en la sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021 1 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, toda vez que desatendió los criterios
para identificar la relación laboral como la subordinación (el lugar de trabajo,
horario de labores, la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar y
que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas
los servidores de planta), la prestación personal del servicio y la remuneración.

Señaló que frente a temporalidad del vínculo contractual se demostró que prestó
sus servicios de manera personal como instructor en el área de formación,
orientación y asesoría en varios programas del Centro para el Desarrollo de
Hábitat y la Construcción de la Regional Antioquia, lo cual se realizó mediante
contratos de prestación de servicio por aproximadamente 20 años.

Agregó que de las pruebas se podía evidenciar que el elemento subordinación se
cumplió, pues i) el demandante recibía órdenes y directrices por parte del
coordinador del área, ii) cumplía el horario asignado por el coordinador, iii) la labor
del actor la ejecutaba con elementos propios del SENA, iv) se le exigía el
cumplimiento del reglamento y v) se encargaba de impartir formación profesional,
como objeto misional de la entidad.

Resaltó que “la presunción de subordinación en la actividad docente también
existe [en la] sentencia de unificación del 25 de Agosto de 2016 proferida por el
Honorable Consejo de Estado, radicado 23001-23- 33-000- 2013-00260- 01 la cual
hizo referencia a la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de
servicios, dejando sentado el criterio según el cual, por su naturaleza, tal actividad
1
Radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-01, C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01595-00
Actor: JUAN DE LA CRUZ MÉNDEZ MONROY

implica una subordinación que no puede ser encubierta bajo esa modalidad
contractual”.

Igualmente, señaló que en la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016 2 de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, se estableció que en el caso de los
docentes, “por su naturaleza, tal actividad implica una subordinación que no puede
ser encubierta bajo esa modalidad contractual”.

En tercer lugar, sostuvo que el tribunal accionado desconoció, sin justificación
alguna, los testimonios rendidos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en los que se afirmó que el accionante debía cumplir con un horario,
el cual era asignado por el coordinador o supervisor de quien recibía órdenes
directas, que debía rendir informes periódicos, a lo que agregó que el SENA era el
encargado de entregar todos los elementos al instructor para el correcto
desempeño de sus actividades o funciones.

Agregó que tampoco se valoraron los correos electrónicos en los que se podía
apreciar que los coordinadores asignaban horarios de labores a los instructores,
les programaban reuniones de carácter obligatorio y les hacían una serie de
requerimientos, demostrándose con ello la subordinación ejercida sobre el señor
Juan de la Cruz Méndez Monroy.

Afirmó que la autoridad judicial accionada “incurrió en una indebida valoración
probatoria pues contrarió las normas procesales establecidas en el código general
del proceso para la valoración de la prueba, lo que además de ser una
irregularidad procesal, tuvo un efecto decisivo en el sentido del fallo, pues de
haberse valorado correctamente la prueba recaudada y obrante en el expediente,
otra habría sido la decisión”.

Indicó que el tribunal accionado valoró algunas pruebas de manera arbitraria,
irracional y caprichosa, pues estudió cada una de estas pruebas de forma aislada
y no en su conjunto, no les dio el alcance probatorio que tenían, o simplemente las
valoró con base en estándares probatorios inexistentes en la ley, pues de haberlas
analizado de manera objetiva, la decisión objetada sería otra.

Señaló que “para el presente caso la decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, la cual negó el reconocimiento de una verdadera relación laboral entre
el Señor JUAN DE LA CRUZ MENDEZ MONROY y el SENA, implica que la sala
de decisión de ese Tribunal, incurrió en DEFECTO SUSTANTIVO Y DEFECTO
FACTICO, puesto que es obligación de los entes judiciales adoptar correctamente
la norma y la jurisprudencia aplicándola a cada caso en concreto, para lograr con
ello tomar una decisión conforme a derecho”.

Por último, manifestó que en virtud de la sentencia de 20 de septiembre de 2018
de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, no debe operar el
fenómeno de la prescripción, toda vez que el último vínculo contractual del
accionante con el SENA fue el 13 de diciembre de 2014, y la reclamación
mediante la cual se pidió el reconocimiento de la relación laboral fue presentada el
28 de febrero de 2017, es decir, dentro de los tres años siguientes.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“2.1. Se ampare el derecho fundamental al debido proceso del señor JUAN DE LA
CRUZ MENDEZ MONROY, vulnerado por el Tribunal Administrativo de Antioquia,

2
Radicado No. 23001-23-33-000-2013-00260-01, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01595-00
Actor: JUAN DE LA CRUZ MÉNDEZ MONROY

quien al proferir la Sentencia del 28 de septiembre de 2022, con ponencia del
magistrado RAFAEL DARÍO RESTREPO QUIJANO, dentro del proceso con radicado
05001333303620170044301, desconoció el precedente judicial en la materia, así como
valoro de forma arbitraria y caprichosa las pruebas oportunamente allegadas.

2.2. Como fundamento de la anterior declaración, solicito se deje sin efectos la
Sentencia del 28 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Cuarta de Decisión Oral, con ponencia del magistrado RAFAEL
DARÍO RESTREPO QUIJANO, dentro del proceso con radicado
05001333303620170044301.

2.3. Se ordene [al] Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión Oral,
Sección Segunda – Subsección E, para que en el término de 48 horas contadas a partir
de la notificación del fallo de tutela, profiera una nueva providencia en la que se tenga
en cuenta el precedente judicial en la materia y se realice una valoración probatoria que
atienda a los postulados constitucional y legalmente establecidos”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 10 de abril de 2023, el Juzgado Treinta y Seis
Administrativo del Circuito de Medellín remitió enlace para acceso al expediente
digital N° 05001-33-33-036-2017-00443-01, correspondiente a la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó el señor Juan de la Cruz
Méndez Monroy contra el SENA.

5. Trámite procesal

Por auto de 30 de marzo de 2023, el despacho de la Magistrada Sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada,
así como al Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Medellín, al
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 30437 a 30441 de 10
3
de abril de 2023 , con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia

En escrito de 11 de abril de 2023, el magistrado ponente de la decisión objetada
pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que se
utiliza como una tercera instancia.

Afirmó que los argumentos que sirvieron de soporte a la providencia cuestionada
no son ilegales, caprichosos o apartados del ordenamiento jurídico, ni se
desconocieron los derechos invocados por la parte demandante.

Por último, manifestó que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con sustento en la sentencia de unificación de 9 de
septiembre de 2021 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, además del
análisis legal, probatorio y jurisprudencial, a partir de lo cual se evidenció que no
estaba acreditado que entre las partes hubiera existido una relación de continuada
subordinación y dependencia. Por el contrario, se verificó que hubo coordinación
de las actividades por parte de la entidad demandada, para lo cual designó
supervisores para cada uno de los contratos celebrados, en aras de asegurar el
3
La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: derechopublico@abogadosgm.com.co, sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, adm36med@cendoj.ramajudicial.gov.co, servicioalciudadano@sena.edu.co;
secretariageneral@sena.edu.co; notificacionesjudiciales@sena.edu.co; judicialboyaca@sena.edu.co;
samiestepa@sena.edu.co y sestepa@sena.edu.co.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01595-00
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logro eficiente del objeto contractual, efectuándose los respectivos informes de
cumplimiento.

6.2. Respuesta del SENA

A través de oficio de 11 de abril de 2023, el director encargado de la regional
Antioquia pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, por no
cumplir con los requisitos generales de procedencia.

Señaló que los defectos sustantivo y fáctico alegados por el demandante no
fueron expuestos de manera clara en el escrito de tutela, además que el tribunal
accionado logró demostrar que la relación laboral que solicitó el actor no se
configuró.

Afirmó que las obligaciones del contratista no conllevan necesariamente la
subordinación con la administración, sino la coordinación de la actividad, toda vez
que lo que se pretende es cumplir con los fines del Estado.

Para terminar, indicó que la solicitud de amparo constitucional no cumple con el
requisito de subsidiariedad, porque pudo solicitar la nulidad de la sentencia por
violación del principio de congruencia.

6.3. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Medellín, aun
cuando fue debidamente notificado del auto admisorio de la acción de tutela,
guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

2.1. El accionante en el escrito de tutela invoca los defectos por desconocimiento
del precedente judicial, fáctico y sustantivo, sin embargo, los argumentos que los
desarrollan se circunscriben al desconocimiento del precedente judicial y al fáctico,
por lo que el debate se abordará a partir de la caracterización de esos dos últimos.

2.2. Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal
Administrativo de Antioquia con la decisión de 28 de septiembre de 2022, que
revocó la decisión favorable de primera instancia en la que se había declarado la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, vulneró el derecho
fundamental al debido proceso al supuestamente incurrir en los defectos i)
desconocimiento del precedente judicial, al no aplicar las reglas desarrolladas
por las sentencias de unificación de 9 de septiembre de 2021 y de 25 de agosto de
2016, ambas de la Sección Segunda del Consejo de Estado, relacionadas con el
contrato realidad, específicamente el elemento de la subordinación y la presunción
de este en el caso de los docentes y ii) fáctico, por desconocer los testimonios
rendidos dentro del proceso ordinario, los correos electrónicos aportados y la
supuesta indebida valoración de algunas pruebas.

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3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos4 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos5, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20126, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20147, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico9; (ii) Defecto procedimental absoluto10; (iii)
Defecto fáctico11; (iv) Defecto material o sustantivo12; (v) Error inducido13; (vi)

4
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
5
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
6
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
7
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
9
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
10
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
11
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
12
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
13
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

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Decisión sin motivación14; (vii) Desconocimiento del precedente15 y (viii) Violación
directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte
Constitucional17.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que están cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto (i)
goza de relevancia constitucional, en tanto se debe determinar si la revocatoria del
fallo favorable de primera instancia en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que había declarado la existencia de una relación
laboral a favor del demandante vulneró su derecho fundamental al debido proceso
del accionante, por lo que no se observa que la solicitud de amparo se presenta
como una instancia adicional o se plantee un asunto de mera legalidad.

Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de
apelación, por lo que el accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial, pues las causales de nulidad no se encuadran en los argumentos
planteados por el demandante en la solicitud de amparo, como lo sugirió el SENA
en el informe rendido; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6)
meses18 establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la
Corte Constitucional19; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de
manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

4.2. La autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos por
desconocimiento del precedente judicial y fáctico alegados

4.2.1. El accionante acude al mecanismo de protección constitucional con el objeto
de que se ampare su derecho fundamental al debido proceso, supuestamente

14
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
15
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
16
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
18
La providencia objeto de tutela se profirió el 28 de septiembre de 2022, se notificó el 30 de septiembre de 2022, lo cierto
es que la acción de tutela se instauró el 28 de marzo de 2023, es decir, dentro de los seis (6) meses establecidos como
plazo razonable.
19
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01595-00
Actor: JUAN DE LA CRUZ MÉNDEZ MONROY

vulnerado con el fallo de 28 de septiembre de 2022, por medio del cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia revocó la decisión favorable de primera instancia y
negó las pretensiones tendientes al reconocimiento de un contrato realidad y el
pago de las prestaciones durante el tiempo que laboró mediante contrato de
prestación de servicios.

Lo anterior, al considerar que incurrió en los defectos i) por desconocimiento del
precedente judicial, al no aplicar la regla desarrollada por la sentencias de
unificación de 9 de septiembre de 2021 y de 25 de agosto de 2016, ambas de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, relacionadas con el elemento
subordinación de la relación laboral y la supuesta presunción de este en los casos
de los docentes y ii) fáctico, por desconocer los testimonios rendidos dentro del
proceso ordinario, los correos electrónicos aportados y la indebida valoración de
algunas pruebas.

4.2.2. Previo a resolver de fondo el asunto, se hará referencia a las principales
actuaciones del proceso ordinario, con el fin de tener mayor claridad y elementos
de juicio.

El actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
SENA, con el objeto de que se anulara el Oficio No. 2-2017-000515 de 8 de marzo
de 2017, por medio del cual se negó el pago de las prestaciones sociales dejadas
de cancelar durante la vinculación mediante contratos de prestación de servicio, y
a título de restablecimiento del derecho que se declarara la configuración del
contrato realidad y se condenara a la entidad al pago de las prestaciones sociales
dejadas de percibir durante el tiempo que laboró mediante órdenes sucesivas de
trabajo (contratos de prestación de servicios).

El Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Medellín en fallo de 28 de
enero de 2019, declaró la nulidad del Oficio No. 2-2017-000515 de 8 de marzo de
2017. En consecuencia, ordenó el pago de todas las prestaciones sociales y a
efectuar las cotizaciones al sistema general de seguridad social en salud y
pensiones por el tiempo laborado.

Las partes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión. El
Tribunal Administrativo de Antioquia por fallo de 28 de septiembre de 2022,
revocó la sentencia favorable de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.

Con el fin de resolver el asunto, el ad quem se refirió a la regla establecida en la
sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, específicamente la relacionada con el elemento de la
subordinación, para lo cual sostuvo:

“De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o
dependencia del trabajador constituye el elemento determinante que distingue la relación
laboral de las demás prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para
exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o
cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario.
No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta
según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.

La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida- ha considerado,
como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que permiten determinar su
existencia; entre estas, se destacan las siguientes:

i) El lugar de trabajo (…)

ii) El horario de labores (…)

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar (…)

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iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los
servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación
laboral (…)”.

Posteriormente, mencionó los elementos materiales probatorios aportados y
practicados en el curso del proceso ordinario y procedió a establecer los hechos
probados, así:

“- En la audiencia inicial celebrada el 28 de febrero de 2018, se decretaron las pruebas
documentales aportadas por las partes, los documentos, solicitados mediante exhorte, los
testimonios y el interrogatorio de la parte actora.

• Obra petición presentada el 28 de febrero de 2017, por el señor Juan de la Cruz Méndez
Monroy ante el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. Solicitó el reconocimiento de la
existencia del contrato realidad y como consecuencia de ello, el pago de todas las acreencias
y las prestaciones sociales causadas y no pagadas durante el tiempo de la relación laboral.

• En oficio No, 2-2017-000515 del 08 de marzo de 2017, en el que el SNA contesta en sentido
desfavorable la petición aduciendo que el demandante ejecutó con la entidad contratos de
prestación de servicio.

• Certificaciones expedidas por la entidad que se relacionan los contratos de prestación de
servicios celebrados.

• Contratos celebrados y órdenes de pago desde 1995 hasta 2014.

• Diploma de estudios realizados por el demandante.

• Certificados de estudios expedidos por el Sena.

• Instructivos dados por la entidad.

• Correos electrónicos enviados al demandante.

• Resolución No. 986 de 2007 por medio de la cual se adopta el manual especifico de
funciones, requisitos mínimos y competencias del SENA.

• Historial de cotizaciones ante Colpensiones realizadas por el demandante.

• Obran los antecedentes administrativos de la actuación objeto de enjuiciamiento aportados
por la demandada con la contestación a la demanda en formato digital.

• Certificado expedido por la CNSC sobre concurso del SENA.

• Honorarios pagados.

• Certificación sobre salarios y prestaciones percibidas por personal de planta del SENA.

• Pagos efectuados a la seguridad social por el demandante”. (Negrilla y subraya de la Sala)

Luego al resolver el caso concreto, el tribunal constató que se cumplían con los
elementos de prestación personal del servicio y remuneración, sin embargo,
evidenció que la subordinación no se configuraba, con sustento en lo siguiente:

“(…)

Siendo ello así, procede la Sala a establecer si en el sub examine se configuró el tercer
elemento de la relación de trabajo, esto es, la continua y permanente subordinación y
dependencia; siendo este el elemento esencial y diferenciador entre un contrato de prestación
de servicios y un contrato de trabajo.

Al respecto la Sala considera, que la prueba documental no genera un grado de
convencimiento acerca del estado de subordinación y dependencia continuada en la que se
encontraba el señor Juan de la Cruz Méndez Monroy, pues no se cuenta con ninguna
evidencia de llamados de atención, memorando, comunicaciones, circulares u otros medios a
través de los cuales se hubieren dado órdenes al demandante, o en las que se le informara
que estaba obligado a cumplir con un horario laboral impuesto por la entidad demandada,
adelantamiento de algún proceso disciplinario o de otro tipo por alguna circunstancia
acaecida durante la relación de trabajo, asistencia obligatoria a reuniones de índole

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Actor: JUAN DE LA CRUZ MÉNDEZ MONROY

institucional al margen de las obligaciones previstas en el contrato, sin que se evidencie
situación que permita desdibujar la relación contractual entre las partes.

Siendo preciso advertir que reposan en el infolio instrucciones dadas al demandante
orientadas más a la coordinación de actividades, para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, que órdenes que entrañan subordinación.

Sin perjuicio de lo anterior, es menester tener en cuenta, que el hecho de que el señor Juan
de la Cruz Méndez Monroy, hubiese tenido que acomodar la prestación de sus servicios a un
cronograma definido por la entidad cada periodo de acuerdo a los cursos definidos por esta,
además de llevar a cabo las actividades en los lugares determinados por la entidad
demandada, no conlleva per se la configuración del elemento de la subordinación, sino, que
debe tenerse como acciones de coordinación entre las partes, para el desarrollo de los
objetos contractuales se itera, tal como lo ha considerado el Consejo de Estado:

(...)

En tanto, en el presente asunto, se echan de menos elementos probatorios que permitan
verificar que el demandante hubiese recibido órdenes de algún empleado o contratista del
SENA. Por consiguiente, no se observa algún sometimiento del señor Juan de la Cruz
Méndez a las órdenes, cumplimientos de horarios o disposiciones de la entidad demandada
en iguales condiciones que los empleados de planta, ni la imposición a metas, objetivos y
directrices por lo que quedó descartado uno de los principales presupuestos configurativos de
la relación laboral el cual es la subordinación y dependencia continuada.

Ahora bien, la sala observa que no hubo continuidad en la relación contractual dado que
existe un margen superior de los 30 días hábiles entre la suscripción de alguno de los
contratos, lo que implica incumplimiento de la segunda regla prevista en la sentencia de
unificación citada en el acápite anterior.

Aspecto que se puede inferir, por cuanto entre el contrato No. 423 del 27 de febrero de 1995
y el No. 0366 del 30/01/1996, transcurrió más de 30 días hábiles, lo mismo sucede con los
contratos No. 0417 del 22/01/1997 y el No. 2023 del 18/12/1998.

Al parecer, desde el mes de abril de 1995 y en lo que resta de ese año y hasta inicios de
1996, igual sucede, desde junio de 1997 hasta diciembre de 1998, épocas en las que no hubo
(o por lo menos no existe prueba que así lo respalde) vinculación de ninguna índole, aspecto
que denota, que los contratos no fueron de forma continua, de allí que, se rompa con la no
solución de continuidad exigida, puesto que la interrupción de los mismos perduró por un
espacio de tiempo superior a los 30 días hábiles.

Igual situación se observa entre la orden de trabajo No. 1281 del 02 de junio de 1999 con
duración hasta el 31 de agosto de 1999 y el contrato No. 180 del 28 de enero de 2000.

Hasta este punto es claro que no es dable a esta judicatura predicar que hubo continuidad
que conlleve a endilgar vocación de una relación legal y subordinada como la que depreca la
parte demandante.

De la certificación expedida por la entidad se observa el término de duración de contrato en
horas, donde se indica la fecha de iniciación, pero no de finalización de los contratos, siendo
del caso mencionar que para unos contratos se estimaba 6 hora diarias (No. 0146) para otras
8 horas diarias (No. 1281).

De acuerdo con lo sucedido, en las relaciones negociales, hubo interrupciones entre la
suscripción de uno y otro de hasta por más de 30 días hábiles, y siendo así, en este contexto
es claro que no hubo subordinación continuada y dependencia del trabajador.

Con la descripción fáctica que antecede, queda en evidencia que el señor Juan de la Cruz
Méndez Monroy no laboró para la SENA de manera continua en el ejercicio de sus funciones
como instructor. Se encuentra acreditada la intermitencia entre la finalización de un contrato y
la iniciación de otro. Esta situación pone de presente el incumplimiento de los elementos
propios del contrato realidad, por lo que no procede su declaratoria.

No obstante, aun cuando se pudiera predicar una continuidad, ello tampoco constituye prueba
irrefutable sobre la configuración de la relación laboral, pues tal como lo ha explicado el
órgano de cierre de esta jurisdicción, dicha continuidad puede surgir para aquellas labores
que requieren conocimientos especializados o no puedan ser realizados por el personal de
planta de la entidad pública, o no ha sido autorizado un aumento de la planta de personal
ante la falta de infraestructura física y presupuesto nacional, tal como lo dispone el artículo 32
de la Ley 80 de 1993, según el cual, el contrato de prestación de servicios de justicia en
cuanto se genere la imposibilidad de llevar a cabo a las actividades con personal de planta o
cuando se requiere conocimientos especializados. (…)

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En consecuencia, si bien las actividades como instructor desarrolladas por el demandante en
el SENA, fueron de carácter permanente y misional, lo que conllevaría la obligación de crear
este cargo en la planta de personal, es la misma Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 3º, la
que permite a las entidades públicas celebrar contratos de prestación de servicios para
desarrollar actividades relacionadas con el funcionamiento de las mismas, cuando no puedan
llevarse a cabo con el personal de planta o no se cuenta con suficiencia de este, como
sucedió en el asunto sub examine, que incluso con la respuesta al requerimiento efectuado
por el Despacho a la CNSC la entidad ya se encontraba adelantando un concurso de méritos
al contar con presupuesto para aumentar la planta de cargos, al cual no se habría presentado
el demandante según se extrae de la certificación expedida por la Comisión Nacional del
Servicio Civil.

Obra también en el plenario el reporte de semanas cotizadas en pensiones por parte de
Colpensiones, que da cuenta que el demandante desde el 01/08/1998 se le hicieron aportes
pensionales a cargo de otras razones sociales tales como ´profec, Protección Social LT, Outs
Empleos Ltda, LE Tramitados EU´… entre otras, lo que demuestra la autonomía e
independencia del demandante, puesto que no solo prestaba sus servicios en la entidad
SENA sino también en otras firmas y entidades.

Bajo las consideraciones expuestas, en el caso concreto se probó que el actor prestó de
manera personal los servicios requeridos por el SENA en el marco de los contratos de
prestación de servicios, y que recibió una contraprestación por los servicios prestados en la
forma de pago convenida contractualmente y previa acreditación del cumplimiento de las
obligaciones pactadas incluyendo el pago de la seguridad social. Sin embargo, no quedó
acreditado que entre las partes hubiese existido una relación de continuada, subordinación y
dependencia, sino por el contrario se verificó, que hubo coordinación de las actividades por
parte de la entidad demandada para lo cual designó supervisores para cada uno de los
contratos celebrados, en aras de asegurar el logro eficiente del objeto contractual,
efectuándose los respectivos informes de cumplimiento.

En efecto, en el proceso no obra prueba que dé cuenta que el accionante, i) estuviera sujeto
a prestar el servicio de manera subordinada a través del cumplimiento de órdenes diarias por
parte de funcionarios del SENA; ii) llamados de atención, procesos disciplinarios o de otro
tipo, oficios o memorandos por el no acatamiento de un horario laboral e instrucciones al
margen de las obligaciones contractuales; y, iii) que hubiera cumplido labores en igualdad de
condiciones de un instructor de planta de la entidad y sin conocimiento del clausulado
contractual; lo anterior atendiendo a que la parte demandante es a quien le corresponde
allegar todos los elementos probatorios tendientes a acreditar que los contratos celebrados
con la entidad demandada no tuvieron las finalidades anotadas como lo invoca en la
demanda, que la realidad jurídica de acuerdo a sus funciones atienden a un cargo de planta,
en este sentido, es indispensable que con pruebas así lo demuestre, en cumplimiento de la
carga procesal señalada en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual (…)
incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellos persiguen (…)”.

De lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la
decisión de primera instancia, pues constató que no se cumplió con el elemento
de la subordinación, luego de valorar las pruebas documentales como los
contratos, el certificado de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la constancia
de aportes a seguridad social, evidenció que el actor podía desarrollar sus
laborales con plena autonomía e independencia y bajo la coordinación del SENA,
lo que llevó a concluir que no se configuraba la relación laboral oculta o el contrato
realidad que alegó en la demanda.

4.2.3. El demandante invoca el defecto por desconocimiento del precedente
judicial, pues, a su juicio, la autoridad judicial accionada no aplicó la regla
desarrollada por las sentencias de unificación de 9 de septiembre de 2021 y de 25
de agosto de 2016, ambas de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
relacionadas con el elemento subordinación de la relación laboral y la supuesta
presunción de este en los casos de los docentes

En torno al defecto por desconocimiento del precedente judicial, es necesario
precisar que la Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente
judicial implica que20: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de
conformidad con el (los) caso (s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que
20
Sentencia T-158 de 2006, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.

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definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los
supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la
regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación»

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas21:

1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció15.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre
el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente
judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente
si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la
decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el
juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto22.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.

4.2.4. De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que la autoridad judicial
accionada en el fallo de 28 de septiembre de 2022 estudió y aplicó lo establecido
en la sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021 en relación con el
elemento subordinación y el factor temporalidad del vínculo contractual.

Al respecto, el tribunal accionado, de acuerdo con la regla jurisprudencial
desarrollada en la sentencia unificación de 9 de septiembre de 2021, verificó lo
relativo con el concepto de “término estrictamente indispensable” y el término de
30 días para determinar si no hubo solución de continuidad, y a partir de dichas
reglas contrastadas con las pruebas que obraban en el expediente ordinario,
concluyó que existía interrupción entre los contratos de prestación celebrados por
el demandante y el SENA, las cuales superaban los 30 días. Además, que el
accionante desarrolló labores en otras entidades durante la vigencia del vínculo
contractual con el SENA.

Por otro lado, respecto a la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, en
la que, en sentir del accionante, se estableció en los casos de docente el
elemento subordinación se presume, se advierte que en dicha decisión se
establecieron las reglas relacionadas con la figura de la prescripción y sus efectos
en los aportes al sistema de seguridad social en pensiones y el reconocimiento de
las prestaciones por la nulidad del acto administrativo, las cuales se deben
calcular por honorarios pactados.

21
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
22
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de
juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se
refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el
caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).

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Es decir, contrario a lo manifestado por el demandante no se evidencia alguna
regla del órgano de cierre en asuntos laborales y de la seguridad social referente
a la presunción de subordinación para los instructores de SENA vinculados
mediante contrato de prestación de servicios, razón por la cual en lo relacionado
con el elemento de la subordinación la sentencia de unificación de 25 de agosto
de 2016 no resultaba aplicable a su caso.

En ese orden de idas, la Sala observa que la autoridad judicial accionada no
incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente judicial, pues atendió a
las reglas establecidas en la sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021.

4.2.5. El accionante manifiesta que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en defecto fáctico, por desconocer los testimonios rendidos dentro del proceso
ordinario por los señores Oscar Alberto Muñoz Villa, José María Holguín y Juan
Carlos Puerta Restrepo y los correos electrónicos aportados con la demanda, así
como la indebida valoración de algunas pruebas.

El defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se configura cuando
“(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que
en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido
manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la
prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea
capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la
tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas
exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que
se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el
defecto fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta
generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de
lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador
desconoce la Constitución23, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin
que exista material probatorio que respalde su decisión24.

Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el
debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para
resolver el caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores
manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.

4.2.6. Como quedó evidenciado en las razones en las que se sustentó la decisión
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, allí se hizo referencia en los
hechos probados a los correos electrónicos aportados por el demandante, pero no
se mencionaron los referidos testimonios, situación que por sí sola no genera la
configuración del defecto fáctico en los términos alegados, por las razones que
pasan a indicarse:

23
Sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
24
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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A juicio del tribunal accionado no se demostró la subordinación con sustento en
que no se allegaron pruebas documentales como llamados de atención,
memorandos, comunicaciones, circulares u otros medios de prueba en los que
constara que se le impartieron órdenes al accionante. Por lo contrario, los
elementos de convicción allegados al proceso ordinario evidenciaron que el hecho
de que el actor ajustara la prestación del servicio conforme al cronograma
establecido por el SENA, obedecía a gestiones de coordinación.

Adicionalmente, en la sentencia objetada se resaltó que entre los contratos 25 i) No.
423 del 27 de febrero de 1995 y el No. 0366 de 30 de enero de 1996, ii) No. 0417
de 22 de enero de 1997 y el No. 2023 de 18 de diciembre de 1998, iii) No. 1281 de
2 de junio de 1999 y No. 180 de 28 de enero de 2000, transcurrieron más de 30
días hábiles, lo que superaba la regla desarrollada en la sentencia de unificación
de 9 de septiembre de 202126 proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado.

Es decir, el tribunal verificó que durante los contratos de prestación de servicios se
presentó intermitencia entre la terminación del acto jurídico y la celebración del
siguiente entre el SENA y el demandante.

Igualmente, en la providencia objeto de reproche constitucional se estudiaron los
reportes de semanas cotizadas por el demandante ante Colpensiones y constató
que desde el 1 de agosto de 1998 se realizaron aportes pensionales a cargo de
otras razones sociales diferentes al SENA como “Profec”, “Protección Social LT”,
“Outs Empleos Ltda” y “LE Tramitados EU”. Igualmente, se observó que las
empresas “RECTIFICADORA SAMUEL” y “COMERCIAL INTERNACIO” también
realizaron aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones durante
periodos en los que el accionante realizó aportes de manera independiente y
mientras existía el vínculo con los mencionadas empresas.

Por consiguiente, la autoridad judicial accionada consideró razonablemente que el
accionante contó con autonomía e independencia, pues prestaba sus servicios al
SENA y a otras entidades del sector privado, lo que desvirtuaba la configuración
del elemento de la subordinación.

De todo lo antes expuesto, la Sala observa que el tribunal accionado valoró en
debida forma las pruebas que le brindaban certeza, al punto que luego de
analizarlas en conjunto y con apego a las reglas de la sana crítica, concluyó que
no se cumplía con uno de los elementos de la relación laboral (subordinación), por
cuanto no se desvirtuó la autonomía e independencia del demandante al ejecutar
el objeto contractual.

Por otra parte, la Sala evidencia que si bien los testimonios que se decretaron y
practicaron en el curso del proceso ordinario no fueron mencionados de manera
particular en la sentencia objeto de tutela, lo cierto es que ello no permite
configurar el defecto fáctico alegado por la parte actora, en tanto el tribunal
accionado contó con otros elementos materiales probatorios, a los que acudió en
el marco de su autonomía judicial, que le otorgaron la certeza suficiente para
concluir que entre el SENA y el demandante no existían indicios de una relación
subordinada y dependiente.

25
De enero de 2000 hasta el 2014, se observan interrupciones superiores de 30 días. Año 2000: laboró 213 días; Año 2001:
laboró 248 días; Año 2002: laboró 190 días; Año 2003: laboró 166 días; Año 2004: laboró 72 días; Año 2005: laboro 160
días; Año 2006: laboró 152 días; Año 2007: laboró 150 días; Año 2008: laboró 6 meses y 22 días; Año 2009: laboró 99 días;
Año 2010: laboró 106 días; Año 2011: laboró 9 meses y 14 días; Año 2012: laboró 9 meses; Año 2013: Laboró 10 meses y
22 días; Año 2014: Laboró 10 meses y 15 días.
26
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución
del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

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Ahora bien, si en gracia de discusión se estudiaran los testimonios de los señores
Oscar Alberto Muñoz Villa, José María Holguín y Juan Carlos Puerta Restrepo, se
debe resaltar que estas no generan la incidencia pretendida por el demandante
que amerite la intervención del juez de tutela con el fin de dejar sin efectos la
sentencia objetada, toda vez que al verificar el audio de la audiencia de pruebas,
se observa que estos, de manera general, manifestaron que el actor era instructor
contratista que adelantaba de manera presencial cursos de formación mediante
los horarios establecidos por el área de coordinación del SENA y que los
elementos de trabajo eran otorgados por dicho establecimiento público,
afirmaciones que, contrastadas con las valoraciones que realizó el tribunal
accionado de las pruebas documentales, no generaría la convicción o certeza de
que hubiera serios indicios de que el demandante no gozaba de autonomía o
independencia al cumplir el objeto contractual.

De hecho, el señor Juan Carlos Puerta Restrepo, quien en la audiencia manifestó
que era empleado de carrera y que se desempeñaba como coordinador del área
donde se encontraba vinculado el demandante, cuando se le preguntó “si usted
como coordinador del área donde trabaja el señor Juan de la Cruz usted le impartía
órdenes”, este respondió “no, vuelvo y repito, básicamente era entregarle un grupo en una
franja horaria y digamos que ya la experticia técnica y todas las cosas las colocaba el
señor Juan. Digamos que el SENA maneja unos pénsum que es lo que se le entrega a
cada instructor y el instructor es quien desarrolla la formación”. Adicionalmente, indicó
que “Juan manifestaba que no iba a suscribir un nuevo contrato porque iba a ir a trabajar
a una empresa o que tenía otras cosas para hacer y no hacía los contratos. Terminadas
sus labores o su tiempo que él se tomaba volvía al SENA y entraba otra vez a trabajar
como contratista”.

Es decir, que el demandante gozaba de plena autonomía e independencia27, pues
su coordinador no le daba órdenes28, a lo que se agrega que existieron
interrupciones por amplios periodos entre los contratos, lo que fue evidenciado
razonablemente por el tribunal accionado al analizar las pruebas documentales
sobre las que sustentó su decisión de no declarar probado el elemento de la
subordinación.

Así las cosas, se constató que el demandante no demostró que el Tribunal
Administrativo de Antioquia incurriera en el defecto fáctico alegado al proferir la
sentencia de 28 de septiembre de 2022.

Por las razones expuestas, se negarán las pretensiones de la acción de tutela
promovida por el señor Juan de la Cruz Méndez Monroy.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 4 de julio de 2019, radicado No. 47001-23-33-000-
2013-90117-01, C.P.: Rafael Francisco Suarez Vega. “el elemento de la subordinación requiere, para su configuración,
que esta se ejecute de manera continua e ininterrumpida durante el desarrollo del contrato, es decir, que exista una
sujeción o dependencia constante de quien presta el servicio respecto de su contratante”.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 18 de julio de 2019, radicado No. 5001-23-33-000-
2014-0087-01, C.P.: César Palomino Cortés. “… además, debe probar que en la relación con el empleador exista
subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al servidor público el
cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01595-00
Actor: JUAN DE LA CRUZ MÉNDEZ MONROY

RESUELVE:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
señor Juan de la Cruz Méndez Monroy, quien actúa por conducto de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones aquí
expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
SALVA EL VOTO

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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