Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01665-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01665-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01665-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
18 de mayo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01665-00
Demandante: Juan Carlos Álvarez López
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01665-00
Demandante: JUAN CARLOS ÁLVAREZ LÓPEZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL-
REQUSI
Temas: TUTELA CONTRA CONCURSO DE MÉRITOS
CONVOCATORIA 27
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor Juan
Carlos Álvarez López contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 1°
del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Juan Carlos Álvarez López ejerció acción de tutela en contra Consejo Superior
de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial, por considerar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a los cargos
públicos, así como los principios de buena fe y confianza legítima. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:
“Se brinde amparo constitucional a los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a cargos públicos, buena fe y confianza legítima.
Como consecuencia de lo anterior se ordene al Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa y/o a la Unidad de Carrera Judicial, que adelanten todos los
trámites tendientes a fin de incluirme en el listado de admitidos en la convocatoria
N.º 27, para aspirantes a ser funcionarios de la Rama Judicial, lo que redunda en
que pueda continuar con el procedimiento de selección siendo convocado a curso
de formación judicial.”
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
La presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
mediante Acuerdo Núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, convocó a los
interesados en vincularse a los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, para que
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Demandante: Juan Carlos Álvarez López
se inscribieran en el concurso de méritos destinado a la conformación de los
correspondientes Registros Nacionales de Elegibles (Convocatoria 027/2018).
El señor Álvarez López participó en el concurso y se inscribió para el cargo de Juez
Penal del Circuito Especializado en extinción de dominio.
Mediante resolución núm. CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, se publicaron
“(…) los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial.”, en la que se determinó que el actor aprobó la prueba con un puntaje de 803,
resultado que, en principio, le permitía pasar a la otra etapa del concurso.
Que, pese a superar la prueba, mediante Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de
2023, fue excluido del concurso con fundamento en que no presentó la declaración
juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades exigida como requisito
para ocupar el cargo.
El actor indicó que, dentro de la oportunidad procesal concedida, solicitó la verificación
de los documentos, en la cual nuevamente adjuntó la declaración de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades.
Expuso que la entidad demandada, mediante Oficio CJO23-1519 de 17 de marzo de
2023, resolvió negar la petición y le informó que la solicitud de verificación no es un
recurso ni una etapa procesal para subsanar los errores cometidos en el aporte de la
documentación.
3. Argumentos de la tutela
A juicio del actor, la parte demandada vulneró los derechos fundamentales invocados
porque, pese a que superó la prueba de conocimientos, fue excluido de la lista con
fundamento en que no aportó el juramento donde consta que no cuenta con
inhabiidades e incompatibilidades para el ejercicio del cargo, a pesar de que, afirma,
sí lo hizo.
Indicó que actuó de manera responsable al inscribirse en la mencionada convocatoria
e insistió en el hecho de que anexó de forma correcta la totalidad de documentos
requeridos y que, en todo caso, a la fecha no cuenta con inhabilidad o incompatibilidad
para poder ejercer el cargo, tal como lo indicó en la relación de los formatos
diligenciados.
Manifestó que la solicitud de amparo procede como mecanismo transitorio dado que
al haber superado las pruebas y cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria
considera que tiene las cualidades para hacer parte de la lista de elegibles y continuar
en el trámite del concurso, que al ser excluido se desconoce que sí cumplió la totalidad
de los requisitos y, por ende, le impide el acceso al sistema de carrera judicial.
Finalmente, en escrito adicional, expresó que en los formularios que reposan en la
plataforma KACTUS, se evidencia que escribió de manera textual que no cuenta con
inhabilidades e incompatibilidades.
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Demandante: Juan Carlos Álvarez López
4. Trámite previo
Mediante auto del 11 de abril de 2023, se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar
a las partes, y a la Universidad Nacional de Colombia, como tercera interesada en el
resultado del proceso, a quien se le remitió copia de la demanda.
5. Oposición
La Unidad de Administración de Carrera Judicial indicó que el Acuerdo PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018, reguló la convocatoria en la que participó el
demandante y es de obligatorio cumplimiento tanto para la administración como para
los concursantes.
Respecto de la declaración juramentada de no estar incurso en causal de inhabilidad
o incompatibilidad, precisó que, en el artículo 3 numeral 1.1 del mencionado acuerdo,
se estableció:
“ARTÍCULO 3. El concurso es público y abierto. La convocatoria es norma obligatoria y
reguladora de este proceso de selección, por tanto, de perentorio cumplimiento tanto
para la administración como para los participantes, quienes, con su inscripción, aceptan
las condiciones y términos señalados en el presente Acuerdo.
1. REQUISITOS
1.1. Requisitos Generales
Los aspirantes en el término de inscripción deberán acreditar el cumplimiento de los
siguientes requisitos: (...)
✓ “No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad, lo cual deberá
acreditarse con una declaración juramentada suscrita por el aspirante, escaneada y
cargada en formato PDF.”
A su vez, en el numeral 2.4 del mismo artículo, determinó que los aspirantes debían
anexar, de conformidad con el instructivo, en archivo de formato PDF la declaración
juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades:
“2. REGLAS PARA LA INSCRIPCIÓN
2.4 Documentación
Los aspirantes deberán anexar, de conformidad con el instructivo, en archivo de formato
PDF, copia de los siguientes documentos o certificaciones, tanto para acreditar el
cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el cargo de aspiración, como para
acreditar la experiencia y la capacitación que otorgan puntaje adicional. (...)
2.4.6. Declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.
(...)”
Señaló que en dicha disposición están mencionados de manera integral todos los
requisitos generales y específicos para participar en el concurso, cuyo incumplimiento
da lugar a ser rechazado del concurso conforme a lo indicado en el sub numeral 3.5.
numeral 3 del artículo 3.0, del Acuerdo PCSJA18-11077 así:
“3. CAUSALES DE RECHAZO
Serán causales de rechazo, entre otras: (...)
3.5. No presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades.”
Manifestó que el instructivo de inscripción hace parte del acuerdo de convocatoria y
también tiene carácter obligatorio, razón por la cual, su aplicación y guía debe hacerse
de manera integral, no siendo posible fraccionarlo a conveniencia o hacer
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interpretaciones sobre cumplimiento de requisitos, con opciones que reportaba el
sistema para ingresos de primera vez, pretendiendo omitir requisitos o documentos
requeridos expresamente en las reglas de la convocatoria para el proceso de
inscripción.
Finalmente, expresó que la solicitud de amparo no cumple el requisito general de
subsidiariedad, dado que lo que se demuestra con en el escrito de tutela es la
inconformidad del actor con la condición establecida en el Acuerdo PCSJA18-11077
de 2018, que sirvió de soporte jurídico a la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de
2023, que, por tratarse de un acto administrativo de carácter general, lo procedente es
acudir al medio de control de simple nulidad, toda vez que la acción de tutela no es el
escenario para controvertir actos que se presumen legalmente emitidos por ser
expedidos en desarrollo de funciones legales y reglamentarias.
6. Intervenciones
La Universidad Nacional de Colombia indicó que la presente solicitud de amparo no
cumple el requisito de la subsidiariedad dado que la finalidad del actor es cuestionar
los diferentes actos administrativos proferidos en el marco del concurso, para lo cual
cuenta con otros mecanismos de protección judicial tales como el medio de control de
simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho.
Además, manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el
actor en la medida en que como operario del concurso ha desarrollado su labor dentro
de los términos señalados en la Ley y la reglamentación específica que regula el
sistema especial de selección para los cargos requeridos en la Convocatoria 27 de
2018 ha garantizado el debido proceso de los aspirantes y en todo caso el actor no
demostró un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio.
Il. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la tutela cumple el requisito
de subsidiariedad. De encontrarse cumplido ese requisito y los demás señalados por
la jurisprudencia, la Sala procederá a estudiar el fondo del asunto en los términos
planteados en la acción de tutela y determinará si la parte demandada vulneró los
derechos fundamentales invocados, al rechazar o excluir del concurso de méritos al
actor por no haber aportado la declaración juramentada de no hallarse incurso en
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inhabilidad o incompatibilidad para asumir el cargo de Juez Penal del Circuito
Especializado en extinción de dominio.
Para resolver, la Sala se referirá a: (i) la subsidiariedad; (ii) la procedencia de la acción
de tutela para cuestionar las decisiones que se profieren en desarrollo de un concurso
de méritos y (iii) caso concreto.
i) Del requisito general de subsidiariedad
Como se anticipó, de manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del
asunto, la Sala estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el
requisito de subsidiariedad.
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó1:
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr
la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la
excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio
alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin
propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya
que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con
el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las
personas una plena protección de sus derechos esenciales (…)”.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
1 Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
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ii) De la procedencia de la acción de tutela para cuestionar las decisiones
que se profieren en desarrollo de un concurso de méritos
Según el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no
procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Y ese mecanismo
de defensa judicial, según reiterada jurisprudencia constitucional, debe ser eficaz,
pues de no serlo, la tutela procede como medio judicial de protección de los derechos
fundamentales.
Ahora, las decisiones que se dictan en el desarrollo de un concurso de méritos para la
provisión de empleos generalmente corresponden a actos de trámite, contra los cuales
no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso
administrativas. Sin embargo, ha sido un criterio reiterado de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 2 y de esta Sección 3, que en
aquellos eventos en que, en el desarrollo de un concurso, se presente la flagrante
violación de un derecho fundamental, la acción de tutela resulta procedente, ante la
carencia de medios de defensa judiciales para lograr la continuidad en el concurso del
aspirante afectado con la decisión.
En los concursos de méritos también se expiden actos administrativos definitivos,
como ocurre en los casos en los que han culminado las etapas del concurso y existe
un acto que establece la lista de elegibles para proveer los cargos ofertados. En ese
caso, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí se erige como el
mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos de las personas
que se someten a un concurso de méritos 4, pues se trata de un acto administrativo
definitivo que fija el número de plazas a ocupar y el orden de elegibilidad, según el
puntaje.
Por lo tanto, en ese evento, la tutela es improcedente, habida cuenta de que existe
otro medio para la protección de los derechos fundamentales violados o en situación
de amenaza, a menos que se configure un perjuicio irremediable.
Es del caso mencionar que los concursos públicos abiertos son el mecanismo idóneo
para que el Estado dentro de los criterios de imparcialidad y objetividad, pueda valorar
las calidades y aptitudes de los aspirantes a los distintos cargos con el fin de escoger
a la persona que resulte idónea para desempeñarlos y dentro de ese marco, definir las
reglas que deben ser aplicadas de acuerdo con la naturaleza del empleo y los objetivos
que se persigan por la entidad que cuenta con las vacantes a proveer.
iii) Caso concreto
Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Álvarez López interpuso acción de
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Carrera Judicial por
estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a los
cargos públicos, así como los principios de buena fe y confianza legítima.
2 Sentencia AC-00698 (2007) del 28 de agosto de 2007, M. P. Martha Sofía Sanz Tobón.
3 Sentencia AC-00068 del 28 de mayo de 2008, reiterada a su vez en las sentencias AC-00009 del 3 de abril de
2008, AC-00044 y AC-00046 del 10 de abril de 2008 y AC-00043 del 8 de mayo de 2008, todas con Ponencia de
Ligia López Díaz.
4 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Expedientes No. 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
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Demandante: Juan Carlos Álvarez López
Para resolver el presente asunto, es necesario resaltar los siguientes hechos:
En Acuerdo Núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 el Consejo Superior de
la Judicatura adelantó la convocatoria número 27, para la conformación del registro de
elegibles para la provisión de empleados de la Rama Judicial.
Mediante Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, se determinó que el
actor aprobó esta etapa del concurso con un puntaje de 803.
Sin embargo, mediante Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 el actor fue
rechazado del concurso por incumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos ,
puntualmente, el no haber aportado la declaración juramentada de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades exigida como requisito para ocupar el cargo.
De lo anterior la Sala destaca que, si bien el actor señaló como pretensión que se le
incluya en la lista de admitidos dado que obtuvo el puntaje requerido y, a su juicio,
cumplió los requisitos solicitados en la convocatoria, lo cierto es que con la presente
solicitud de amparo lo que pretende es controvertir la decisión contenida en la
Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 en la que fue rechazado del concurso
de méritos, pues el señor Álvarez López insiste en el hecho de que sí aportó la exigida
declaración juramentada y no entiende por qué la demandada la tiene como no
presentada cuando no fue así.
Al respecto, la Sala anticipa que en el presente caso no se cumple con el requisito
general de subsidiariedad, lo cual hace improcedente el estudio de fondo del defecto
invocado en la acción de tutela, como se pasa a explicar.
En el caso concreto, la parte demandante pretende, en esencia, que se deje sin efecto
el acto que lo tuvo como rechazado y, en su lugar sea incluido en la lista de admitidos
con el cumplimiento total de los requisitos. La Sala advierte que el acto administrativo
que el actor pretende controvertir es una decisión con naturaleza de definitiva, pues
definió la situación particular del demandante en la medida que implicó su eliminación
para las etapas subsiguientes del concurso y, por ende, cualquier reproche que dirija
para cuestionar esa actuación puede ventilarlo a través del medio control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Por lo anterior, la Sala evidencia que la presente solicitud de amparo no cumple el
requisito de subsidiariedad, dado que el actor cuenta con otro medio de defensa
judicial, porque el debate propuesto recae sobre la legalidad de una decisión de
carácter definitivo que produjo efectos jurídicos particulares para la parte actora, como
quiera que mediante la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, decidió
excluirlo del concurso de méritos.
De este modo al estar en presencia de un acto administrativo que puede demandar en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme lo
establecido en el artículo 138 del CPACA (Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de
2023), el actor cuenta con otro medio de defensa judicial eficacaz para resolver el
debate que propone y, además, cuenta con la posibilidad de solicitar medidas
cautelares que considere pertinentes de conformidad con el artículo 229 del CPACA.
Este es el mecanismo idóneo para conseguir el amparo de los derechos invocados.
Máxime si se considera que lo que pretende es que se tenga como presentada la
declaración juramentada y se le permita continuar en la convocatoria.
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Demandante: Juan Carlos Álvarez López
Conforme con lo anterior, la acción de tutela resulta improcedente para controvertir la
resolución que lo excluyó del concurso, toda vez que, como quedó expuesto, el actor
puede interponer el medio de control pertinente para que se determine la legalidad de
la decisión.
En tal sentido, el actor cuenta con otro mecanismo, el cual a la fecha no ha sido
interpuesto y, por ende, la presente solicitud de amparo es improcedente. Vale
destacar que la Sala ya se ha pronunciado en el mismo sentido en casos con similitud
fáctica al caso objeto de estudio5.
En relación con la existencia de otro medio de defensa judicial, el artículo 6° del
Decreto 2591 de 1991, establece:
“Artículo 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de
tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado
en su integridad mediante una indemnización.” (Negrilla fuera de texto)
Así mismo, la Corte Constitucional, en la Sentencia T- 972 de 2005 consideró:
“Se encuentra ya muy decantada la jurisprudencia de la Corte acerca de la
naturaleza residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia
cuando existe un mecanismo ordinario de defensa. Así ha destacado en
múltiples oportunidades que los medios y recursos judiciales ordinarios son
el escenario preferente para invocar la protección de los derechos
constitucionales fundamentales que se consideren vulnerados en una
situación específica, y a ellos deben acudir, en principio, los afectados, a
fin de hacer prevalecer la supremacía de estos derechos y el carácter
inalienable que les confiere la Carta.
En consecuencia, la acción de tutela adquiere la condición de medio
subsidiario, cuyo propósito no es el de desplazar a los otros mecanismos,
sino el de fungir como último recurso orientado a suplir los vacíos de
defensa que en determinadas circunstancias presenta el orden jurídico, en
materia de protección de derechos fundamentales.
Así, la protección de derechos fundamentales es un asunto que el orden
jurídico reserva a la acción de tutela en la medida que el mismo no ofrezca
al afectado otros medios de defensa judicial, de igual o similar eficacia. Sin
embargo, de la sola existencia de un medio alternativo de defensa judicial,
no deviene automáticamente la improcedencia de la acción de tutela.
En aquellos eventos en que se establezca que el ordenamiento jurídico
tiene previsto un medio ordinario de defensa judicial, corresponde al juez
constitucional resolver dos cuestiones: la primera, consiste en determinar
si el medio judicial alterno presenta la idoneidad y eficacia necesarias para
la defensa de los derechos fundamentales. Si la respuesta a esa primera
cuestión es positiva, debe abordarse la cuestión subsiguiente consistente
5 Sentencia del 20 de noviembre de 2019 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2019-04466-00 C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; sentencia del 23 de marzo de 2023 con radicado: 11001-03-15-000-2023-00867-00 C.P.
Milton Chavez.
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Demandante: Juan Carlos Álvarez López
en determinar si concurren los elementos del perjuicio irremediable, que
conforme a la jurisprudencia legitiman el amparo transitorio.”
La acción de tutela tampoco procede como mecanismo transitorio, puesto que el
demandante no demostró la existencia de un verdadero perjuicio irremediable. La Sala
no advierte que la decisión de la autoridad demandada consistente en excluirlo del
concurso constituya una actuación que ocasione un riesgo cierto y real que amenace
o afecte un derecho fundamental y que amerite la intervención urgente e inmediata del
juez de tutela.
El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio de protección no debe verse solamente desde la perspectiva de las
consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que puede producir las decisiones de
la administración. Esas decisiones pueden estar revestidas de legalidad y, por ende,
las consecuencias perjudiciales de quienes las sufren no son ilegítimas o ilícitas. No
porque una decisión de la administración resulte desfavorable a los intereses de los
administrados debe asumirse que existe un perjuicio irremediable que deba evitarse
mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos los actos administrativos que
establecen situaciones desfavorables a los destinatarios tendrían que ser suspendidos
por vía de tutela.
La Corte Constitucional ha precisado que la existencia del perjuicio, que permita
superar el requisito de subsidiariedad, está sujeta que «(i) el perjuicio debe ser
inminente, es decir, no basta con que exista una mera posibilidad de que se produzca
el daño; (ii) el perjuicio que se cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un
daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) las medidas que se requieran
para evitar la configuración sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir,
en caso de aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna.» 6
Frente a lo anterior, la Sala considera que, a primera vista, no se acredita la ocurrencia
de un perjuicio irremediable pues, de las pruebas aportadas no se advierte que la
decisión de la autoridad demandada haya sido arbitraria o caprichosa.
Por el contrario, resulta conveniente indicar que la demandada, mediante oficio del 16
de marzo de 2023, al resolver la solicitud de revisión de los documentos aportados por
el actor al momento de la inscripción, puso de presente que, verificados, no aparece
la declaración que el demandante afirma haber aportado. Tampoco se aportó por parte
del actor prueba que permita, de entrada, determinar que sí los allegó en su momento,
únicamente se traen unas capturas de pantalla de los archivos que reposan en el
computador del demandante en las que figura el archivo que, afirma, corresponde a la
declaración, pero que, se considera, no demuestran que hayan sido cargados en la
oportunidad pertinente.
En efecto, en el aludido oficio, la Unidad precisó que «procedió a consultar el módulo
de selección “Kactus” de los documentos allegados, durante el término establecido
para ello, los cuales se evidencian en los pantallazos que se relacionan y se anexan a
continuación», relación en la que, encuentra la Sala no aparece la declaración a la que
se refiere el actor. La relación mencionada, es la que se registra en la siguiente captura
de pantalla.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01665-00
Demandante: Juan Carlos Álvarez López
Por lo tanto, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la
intervención del juez de tutela y, por ende, será en el marco del proceso ordinario en
donde el actor deberá discutir sobre la veracidad y validez de los documentos
aportados y demostrar el cumplimiento de dicho requisito.
De lo anterior, la Sala concluye que en el presente caso no se cumple con uno de los
requisitos de procedencia de la tutela, esto es, que se agoten en debida forma los
medios de defensa judicial dispuestos en el ordenamiento jurídico para la protección
de los derechos fundamentales que considera le fueron vulnerados. Luego, por lo
expuesto la Sala declarará improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Juan Carlos Álvarez López.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Carlos
Álvarez López, por las razones expuestas.
2. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
3. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01665-00
Demandante: Juan Carlos Álvarez López
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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