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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00867-00

Fecha
23 de marzo de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00867-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Manuel Dagoberto Caro Rojas, por las razones expuestas. 2. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 3. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00867-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

23 de marzo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00867-00
Demandante: Manuel Dagoberto Caro Rojas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00867-00
Demandante: MANUEL DAGOBERTO CARO ROJAS
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Temas: TUTELA CONTRA CONCURSO DE MÉRITOS
CONVOCATORIA 27

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor Manuel
Dagoberto Caro Rojas contra el Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de
Administración de Carrera Judicial-, la Nación –Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial- y la Universidad Nacional de Colombia de conformidad con lo
establecido en el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones

El señor Manuel Dagoberto Caro Rojas interpuso acción de tutela contra los
mencionados organismos, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al
debido proceso, al trabajo, a la igualdad y a la “participación en el ejercicio del poder
político”. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Que mediante pronunciamiento de fondo se le ordene a los accionados que dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al fallo, o en el término que
prudencialmente determine el despacho, den respuesta a los argumentos en que
se funda cada uno de los cuestionamientos que le hice a las preguntas y a las
respuestas tenidas por válidas y, como consecuencia de ello, en tanto se me dé la
razón, profieran el respectivo acto en que se tengan como correctas las respuestas
que di al resolver la prueba del 24 de julio de 2022, a las cuales he hecho referencia
en este escrito; consecuencialmente, que se aumente en la proporción debida, el
puntaje de mi calificación, modificando la Resolución CJR22-0351 del 1° de
septiembre de 2022.

Como pretensión subsidiaria, pido que, si se optare por eliminar o anular alguna,
algunas, o todas las preguntas objeto de cuestionamiento, se proceda
consecuencialmente a la modificación de los factores de ponderación.”

2. Hechos:

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00867-00
Demandante: Manuel Dagoberto Caro Rojas

La presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante
Acuerdo Núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, convocó a los interesados en
vincularse a los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, para que se inscribieran en
el concurso de méritos destinado a la conformación de los correspondientes Registros
Nacionales de Elegibles (Convocatoria 027/2018).

El señor Caro Rojas se sometió a este concurso para proveer el cargo de Magistrado
de Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional, Comisión Seccional de Disciplina Judicial,
sin embargo, mediante resolución núm. CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, se
publicaron “(…) los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos
correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios
de la Rama Judicial.”, en la que se determinó que no obtuvo el puntaje requerido para
aprobar la prueba.

El 2 de noviembre de 2022 el señor Caro Rojas, luego de asistir a la jornada de
exhibición de las pruebas, presentó recurso de reposición en el que, puntualmente,
objeto las respuestas tenidas como válidas frente a las preguntas 27, 53, 55, 62, 63, 65,
66, 70, 80, 92, 95 y 123.

La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Seccional de la Judicatura
en Resolución núm. CJR23-0046 del 16 de enero de 2023, resolvió el recurso de
reposición y confirmó las decisiones contenidas en la Resolución CJR22-0351 del 1° de
septiembre de 2022.

3. Argumentos de la tutela

A juicio del demandante, las autoridades demandadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados pues, pese a que existe acto administrativo en el que se
resolvió el recurso de reposición interpuesto, por lo menos 6 de las 12 preguntas
cuestionadas, no fueron debidamente calificadas.

Señaló que es procedente el estudio de la solicitud de amparo porque se incurrió en
irregularidades en la elaboración y calificación de alguna de las pruebas del trámite
administrativo con que se pretende la escogencia de los aspirantes más idóneos.

Finalmente, expuso los argumentos de desacuerdo frente a cada una de las preguntas
que, a su juicio, se encontraban mal formuladas.

4. Trámite previo
Mediante auto del 22 de febrero de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a las partes, a quienes se le remitió copia de la demanda.

5. Oposiciones

La Unidad de Carrera Judicial solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela porque el actuar administrativo no vulneró ni afectó los derechos fundamentales
invocados por el actor.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00867-00
Demandante: Manuel Dagoberto Caro Rojas

Indicó que las inconformidades planteadas por actor en el recurso de reposición estuvo
relacionado con las preguntas 27, 53, 55, 62, 63, 65, 66, 70, 80, 92, 95 y 123, las cuales
fueron atendidas en los puntos 13, 17, 18 y 35 de la Resolución CJR23-0046 de 16 de
enero de 2023 y, si bien el punto 13 no fue marcado expresamente para el aspirante,
fue resuelto en atención a quienes expresaron el mismo interés frente al ítem en
cuestión, con base en la información proporcionada por la Universidad Nacional de
Colombia, como operador técnico de la prueba.

Precisó que los recursos fueron resueltos en una sola resolución por cargo, mediante
categorías numeradas que agruparon cada uno de los temas planteados y con un
análisis particular sobre cada escrito, en donde las objeciones fueron desarrolladas en
cada ítem del acto administrativo.

Adujo que en el punto 13 del referido acto precisó que la totalidad de los ítems
incorporados en el examen, fueron creados con la participación de destacados expertos
en las diferentes materias y áreas del conocimiento jurídico de acuerdo con la
normatividad y jurisprudencia aplicable para validar los conocimientos de los aspirantes
al concurso, y en todo caso fueron atendidos los protocolos de diseño técnico y
metodología especializada, dado que la construcción de la preguntas fue coordinada y
supervisada por el área de psicometría, realizando un análisis psicométrico completo,
siguiendo estándares técnicos internacionalmente aceptados.

Expreso que en el punto 18.1 (Preguntas capciosas, ambiguas, confusas / Revisión de
las preguntas por terceros) se le dio respuesta de manera particular, indicándole de una
parte que, luego de haberse realizado una revisión detallada de los ítems incluidos, se
determinó que no eran susceptibles de modificación, exclusión o invalidación por no ser
ambiguos, confusos, capciosos o impertinentes, toda vez que cumplieron con los
requisitos y estándares técnicos requeridos para la elaboración de pruebas en esta
clase de procesos de selección y de otra parte, se aclaró́ que para el cargo al que aplicó
el actor, no hay preguntas con varias opciones de respuesta o también denominadas
multiclave, por lo que, no se encontró razón alguna para modificar la calificación.

Conforme al numeral 35 de la Resolución CJR23-0046 de 16 de enero de 2023 y el
“Anexo 2 - Respuesta a objeciones” de está, se dieron a conocer las claves de respuesta
correctas y la correspondiente explicación, como resultado de las valoraciones técnicas
que responden a criterios de objetividad e imparcialidad con parámetros previamente
determinados frente a los ítems 27, 53, 55, 62, 63, 65, 66, 70, 80, 92, 95 y 123 y se
refirió de manera individual a cada una de las mencionadas preguntas.

Finalmente, señaló que no hay vulneración de los derechos invocados por el actor, ya
que se dio respuesta clara, completa y de fondo, sobre la construcción de las preguntas,
la justificación jurídica y la opción de repuesta correcta, haciendo improcedente la
pretensión subsidiaria de recalificar la prueba, más aún cuando la acción de tutela no
es el mecanismo idóneo para atacar actos administrativos que por su propia naturaleza
se encuentran amparados por el principio de legalidad, partiendo del presupuesto que
la administración, al momento de manifestarse a través de un acto, debe acatar las
prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que se declare falta de
legitimación en la causa por pasiva toda vez que no realizó ninguna acción que hubiera
puesto en peligro los derechos fundamentales alegados como vulnerados por el actor,

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Demandante: Manuel Dagoberto Caro Rojas

puesto que lo alegado no es de su competencia ya que esta corresponde a la Unidad
de Carrera del Consejo Superior de la Judicatura.

La Universidad Nacional de Colombia en calidad de consultor para el diseño,
estructuración, impresión y aplicación de pruebas psicotécnicas, de conocimientos,
competencias, y/o aptitudes, en el marco del concurso de méritos para la provisión de
los cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria 27), realizó el recuento de
las diferentes etapas del concurso e indicó que en la actualidad existe carencia actual
de objeto por hecho superado en la medida que ya se respondió lo solicitado por el
señor Caro Rojas de forma clara, completa y de fondo mediante la Resolución CJR23-
0046 de 16 de enero de 2023.

Además, expuso que en el documento titulado “Anexo 1” de la mentada Resolución, se
abordaron todos los reparos elevados por el actor, y los mismos fueron resueltos uno a
uno en la referida resolución.

Precisó que en el acto administrativo que resolvió los recursos de reposición
interpuestos, se puede evidenciar la justificación dada sobre la pertinencia de las
preguntas, las opciones de respuesta correctas e incorrectas, el proceso de elaboración
de las pruebas, las aptitudes de sus constructores, así́ como el estricto proceso de
elaboración, control de calidad, que ha cumplido con los requerimientos que la actuación
administrativa, basado en los principios de legalidad, igualdad y transparencia.

Afirmó que, para cada una de las preguntas en comento, en el documento “ANEXO 2 -
Respuesta a objeciones”, se indicó pertinencia de la pregunta y de la clave correcta
asignada, así́ como la justificación de las opciones de la respuesta no válidas, siendo
todas producto de la estructura y elaboración de las preguntas como se precisó en el
acto administrativo.

Señaló que la solicitud de amparo de la referencia no cumple con requisitos de
procedibilidad tales como el requisito de inmediatez dado que desde que han
transcurrido más de siete (7) meses desde la práctica del examen, más de tres (3)
meses desde la jornada de exhibición del material y más de un mes desde que le fuera
resuelto el recurso de reposición contra los resultados obtenidos por él en la prueba.

Además tampoco cumple con el requisito de subsidiariedad dado que si el señor Caro
Rojas considera que los actos administrativos deben ser cuestionados por no haber sido
expedidos dentro del marco de la legalidad, como aspirante cuenta con otros
mecanismos judiciales para solicitar el amparo de estas garantías como la vía ordinaria
de la nulidad, y por tanto, la presente acción de tutela no puede ser utilizada como un
instrumento judicial alterno, pues con ella no se pretende reemplazar o desconocer los
mecanismos ya establecidos para controvertir las decisiones que se acojan durante un
trámite administrativo específico.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
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Demandante: Manuel Dagoberto Caro Rojas

nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este
decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar en primer lugar, si la tutela cumple el requisito de
subsidiariedad. De encontrarse cumplido ese requisito y los demás señalados por la
jurisprudencia, la Sala procederá a estudiar el fondo del asunto en los términos
planteados en la acción de tutela.

Para resolver, la Sala se referirá a: (i) la subsidiariedad; (ii) la procedencia de la acción
de tutela para cuestionar las decisiones que se profieren en desarrollo de un concurso
de méritos y (iii) caso concreto.

i) Del requisito general de subsidiariedad

Como se anticipó, de manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del
asunto, la Sala estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el
requisito de subsidiariedad.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia
de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera
que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de
protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz
de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó 1:

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la
protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni
menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que

1 Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

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pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de
sus derechos esenciales (…)”.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

ii) De la procedencia de la acción de tutela para cuestionar las decisiones
que se profieren en desarrollo de un concurso de méritos

Según el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no
procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Y ese mecanismo de
defensa judicial, según reiterada jurisprudencia constitucional, debe ser eficaz, pues de
no serlo, la tutela procede como medio judicial de protección de los derechos
fundamentales.

Ahora, las decisiones que se dictan en el desarrollo de un concurso de méritos para la
provisión de empleos generalmente corresponden a actos de trámite, contra los cuales
no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso
administrativas. Sin embargo, ha sido un criterio reiterado de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 2 y de esta Sección 3, que en aquellos
eventos en que, en el desarrollo de un concurso, se presente la flagrante violación de
un derecho fundamental, la acción de tutela resulta procedente, ante la carencia de
medios de defensa judiciales para lograr la continuidad en el concurso del aspirante
afectado con la decisión.

En los concursos de méritos también se expiden actos administrativos definitivos, como
ocurre en los casos en los que han culminado las etapas del concurso y existe un acto
que establece la lista de elegibles para proveer los cargos ofertados. En ese caso, la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí se erige como el mecanismo judicial
idóneo y eficaz para la protección de los derechos de las personas que se someten a
un concurso de méritos 4, pues se trata de un acto administrativo definitivo que fija el
número de plazas a ocupar y el orden de elegibilidad, según el puntaje.

Por lo tanto, en ese evento, la tutela es improcedente, habida cuenta de que existe otro
medio para la protección de los derechos fundamentales violados o en situación de
amenaza, a menos que se configure un perjuicio irremediable.

Es del caso mencionar que los concursos públicos abiertos son el mecanismo idóneo
para que el Estado dentro de los criterios de imparcialidad y objetividad, pueda valorar
las calidades y aptitudes de los aspirantes a los distintos cargos con el fin de escoger a
la persona que resulte idónea para desempeñarlos y dentro de ese marco, definir las

2 Sentencia AC-00698 (2007) del 28 de agosto de 2007, M. P. Martha Sofía Sanz Tobón.

3 Sentencia AC-00068 del 28 de mayo de 2008, reiterada a su vez en las sentencias AC-00009 del 3 de abril de 2008,

AC-00044 y AC-00046 del 10 de abril de 2008 y AC-00043 del 8 de mayo de 2008, todas con Ponencia de Ligia
López Díaz.
4 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

Expedientes No. 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
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reglas que deben ser aplicadas de acuerdo con la naturaleza del empleo y los objetivos
que se persigan por la entidad que cuenta con las vacantes a proveer.

iii) Caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Caro Rojas interpuso acción de
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Carrera Judicial, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Universidad Nacional por estimar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad.

Para resolver el presente asunto, es necesario resaltar los siguientes hechos:
En Acuerdo Núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 el Consejo Superior de la
Judicatura adelantó la convocatoria número 27, para la conformación del registro de
elegibles para la provisión de empleados de la Rama Judicial.

Mediante Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022 “Por medio de la cual
se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial”, el señor Caro Rojas presentó recurso de reposición por estar en desacuerdo
con las respuestas tenidas como válidas en las preguntas 27, 53, 55, 62, 63, 65, 66, 70,
80, 92, 95 y 123.

De conformidad con la información allegada al expediente la Unidad de Administración
de Carrera Judicial emitió la Resolución CJR23-0046 del 16 de enero de 2023, en la
que resolvió de manera conjunta los recursos de reposición interpuestos en contra de
la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, dentro de los que se
encontraba el interpuesto por el actor.

De lo anterior la Sala destaca que si bien el actor señaló como pretensión que se
resuelva de fondo el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución CJR22-0351
del 1° de septiembre de 2022, lo cierto es que con la presente solicitud de amparo lo
que pretende es controvertir la decisión contenida en la Resolución CJR23-0046 del 16
de enero de 2023.

El citado acto administrativo dispuso confirmar la Resolución CJR22-0351 del 1° de
septiembre de 2022 y, en consecuencia, no repuso los puntajes obtenidos por los
recurrentes. Así mismo, rechazó los recursos de apelación por considerarlos
improcedentes, por lo que la decisión se encuentra en firme.

Al respecto, la Sala anticipa que en el presente caso no se cumple con el requisito
general de subsidiariedad, lo cual hace improcedente el estudio de fondo del defecto
invocado en la acción de tutela, como se pasa a explicar.

En el caso concreto, la parte demandante pretende, en esencia, que se invaliden las
preguntas que controvirtió y se acceda a recalcular su puntaje, sin embargo, justamente
eso fue lo pretendido con el recurso de reposición que ya fue resuelto en la Resolución
CJR23-0046 del 16 de enero de 2023 expedida por la Unidad de Administración de
Carrera Judicial, porque, a juicio del actor, la entidad demandada no analizó los
argumentos que propuso en el recurso de reposición y su complementación. La Sala
advierte que el acto administrativo que el actor pretende controvertir es una decisión
con naturaleza de definitiva, pues definió la situación particular del demandante al

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confirmar el puntaje que obtuvo e impide que continúe en el proceso de selección para
ingresar a la carrera de la rama judicial.

Por lo anterior, la Sala evidencia que la presente solicitud de amparo no cumple con el
requisito de subsidiariedad, dado que el actor cuenta con otro medio de defensa judicial,
porque el debate propuesto recae sobre la legalidad de una decisión de carácter
definitivo que produjo efectos jurídicos particulares para la parte actora, como quiera
que mediante la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, junto con el
acto que resolvió el recurso de reposición esto es la Resolución CJR23-0046 del 16 de
enero de 2023, decidió excluirlo del concurso de méritos.

De este modo al estar en presencia de un acto administrativo que puede demandar en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme lo
establecido en el artículo 138 del CPACA, el cual resulta eficaz para resolver el debate
que propone y, además, cuenta con la posibilidad de solicitar medidas cautelares que
considere pertinentes de conformidad con el artículo 229 del CPACA. Este es el
mecanismo idóneo para conseguir el amparo de los derechos invocados. Máxime si se
considera que lo que pretende es que se recalcule el puntaje obtenido y se le permita
continuar en la convocatoria.

Conforme con lo anterior, la acción de tutela resulta improcedente para controvertir la
resolución que resolvió el recurso de reposición interpuesto, toda vez que, como quedó
expuesto, el actor puede interponer el medio de control pertinente para que se determine
la legalidad de la decisión pues en ultimas lo que pretende es controvertir la puntuación
obtenida.

En tal sentido, el actor cuenta con otros mecanismos, los cuales a la fecha no han sido
interpuestos y, por ende, la presente solicitud de amparo es improcedente. Vale
destacar que la Sala ya se ha pronunciado en el mismo sentido en casos con similitud
fáctica al caso objeto de estudio5.

En relación con la existencia de otro medio de defensa judicial, el artículo 6° del Decreto
2591 de 1991, establece:

“Artículo 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de
tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Se
entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado en su integridad
mediante una indemnización.” (Negrilla fuera de texto)

Así mismo, la Corte Constitucional, en la Sentencia T- 972 de 2005 consideró:

“Se encuentra ya muy decantada la jurisprudencia de la Corte acerca de la
naturaleza residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia
cuando existe un mecanismo ordinario de defensa. Así ha destacado en
múltiples oportunidades que los medios y recursos judiciales ordinarios son
el escenario preferente para invocar la protección de los derechos
constitucionales fundamentales que se consideren vulnerados en una

5 Sentencia del 20 de noviembre de 2019 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2019-04466-00 C.P. Stella Jeannette

Carvajal Basto.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00867-00
Demandante: Manuel Dagoberto Caro Rojas

situación específica, y a ellos deben acudir, en principio, los afectados, a fin
de hacer prevalecer la supremacía de estos derechos y el carácter
inalienable que les confiere la Carta.

En consecuencia, la acción de tutela adquiere la condición de medio
subsidiario, cuyo propósito no es el de desplazar a los otros mecanismos,
sino el de fungir como último recurso orientado a suplir los vacíos de defensa
que en determinadas circunstancias presenta el orden jurídico, en materia
de protección de derechos fundamentales.

Así, la protección de derechos fundamentales es un asunto que el orden
jurídico reserva a la acción de tutela en la medida que el mismo no ofrezca
al afectado otros medios de defensa judicial, de igual o similar eficacia. Sin
embargo, de la sola existencia de un medio alternativo de defensa judicial,
no deviene automáticamente la improcedencia de la acción de tutela.

En aquellos eventos en que se establezca que el ordenamiento jurídico tiene
previsto un medio ordinario de defensa judicial, corresponde al juez
constitucional resolver dos cuestiones: la primera, consiste en determinar si
el medio judicial alterno presenta la idoneidad y eficacia necesarias para la
defensa de los derechos fundamentales. Si la respuesta a esa primera
cuestión es positiva, debe abordarse la cuestión subsiguiente consistente en
determinar si concurren los elementos del perjuicio irremediable, que
conforme a la jurisprudencia legitiman el amparo transitorio.”

De lo anterior, la Sala concluye que en el presente caso no se cumple con uno de los
requisitos de procedencia de la tutela, esto es, que se agoten en debida forma el medio
de defensa para que se le protegieran los derechos fundamentales que considera le
fueron vulnerados. Luego, por lo expuesto la Sala declarará improcedente la acción de
tutela interpuesta por el señor Manuel Dagoberto Caro Rojas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Manuel
Dagoberto Caro Rojas, por las razones expuestas.
2. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
3. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

9
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Demandante: Manuel Dagoberto Caro Rojas

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

10
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