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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01850-01

Fecha
10 de agosto de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01850-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión de tutela de primera instancia del 23 de mayo de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, objeto de impugnación. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01850-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

10 de agosto de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01850-01
Demandante: Daniel Camilo Agudelo Tolosa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01850-01
Demandante: DANIEL CAMILO AGUDELO TOLOSA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL

Temas: Debido proceso. Concurso de méritos Convocatoria 27.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 23 de mayo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Subsección
A de la Sección Tercera, que resolvió:

«(…)

PRIMERO: NEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por la señora Pili Natalia
Salazar Salazar.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los términos
expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.

(…)».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Daniel Camilo Agudelo Tolosa, en nombre propio, interpuso acción de
tutela contra la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura, por estimar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: AMPARAR de manera definitiva mis derechos constitucionales fundamentales
al DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO —artículo 29 superior—, así como el de
ACCEDER AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y CARGOS PÚBLICOS —artículo 40,
numeral 7° superior—, al estimarlos vulnerados por parte del CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL.

SEGUNDA: En consecuencia, ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL que en un término perentorio de cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela respectivo, proceda a contabilizar
o computar como experiencia profesional, los días correspondientes a mi ejercicio profesional
como asesor jurídico sin representación judicial de la persona natural JORGE ELIÉCER
GAITÁN AMAYA, para el período comprendido entre el 7 de febrero y el 26 de octubre de

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Demandante: Daniel Camilo Agudelo Tolosa

2017 y, en consecuencia, dar por acreditado el requisito mínimo de experiencia de dos (2)
años para poder ser aspirante al cargo público de “JUEZ MUNICIPAL LABORAL DE
PEQUEÑAS CAUSAS”.

TERCERA: En consecuencia, ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL que en un término perentorio de cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela respectivo, proceda a modificar
la Resolución CJR23- 0061 de 8 de febrero de 2023 en su artículo segundo, en el sentido de
REVOCAR EL RECHAZO del suscrito accionante, DANIEL CAMILO AGUDELO TOLOSA,
identificado con la cédula de ciudadanía 1.026.574.769 de Bogotá D.C., dentro del concurso
de méritos destinado a la conformación de los Registros Nacionales de Elegibles para los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18- 11077
de 16 de agosto de 2018, específicamente, para el cargo optado de “JUEZ MUNICIPAL
LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS”.

CUARTA: En consecuencia, ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL que en un término perentorio de cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela respectivo, proceda a expedir
acto administrativo según el cual sea declarado que, yo, DANIEL CAMILO AGUDELO
TOLOSA, identificado con la cédula de ciudadanía 1.026.574.769 de Bogotá D.C., fui
ADMITIDO dentro del concurso de méritos destinado a la conformación de los Registros
Nacionales de Elegibles para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado
mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, específicamente, para el cargo
de “JUEZ MUNICIPAL LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS”.

QUINTA: EFECTUAR o IMPARTIR, en ejercicio de las facultades ultra petita y extra petita
del juez constitucional, cualquier otra declaración u orden que su Honorable Magistratura
encuentre ajustada a Derecho. Con miras a buscar la protección de mis derechos
constitucionales fundamentales alegados como vulnerados u otros, que, sin haber sido
expresamente indicados, usted estime transgredidos por parte de la accionada.

SEXTA: ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
CARRERA JUDICIAL que dentro del término perentorio fijado por su judicatura, siguiente a la
notificación del fallo de tutela respectivo, remita a su Despacho las constancias respectivas
del cumplimiento de las órdenes dadas con miras a conjurar la vulneración de mis derechos
fundamentales, so pena de dar inicio a los trámites previos a la apertura del incidente de
desacato del que trata el artículo 27 del Decreto – Ley 2591 de 1991, en concordancia, en lo
pertinente, con la Ley 1564 de 2012.

SÉPTIMA: Finalmente, EXHORTAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL para que en lo sucesivo se abstenga de
exteriorizar conductas similares, análogas o equivalentes que resulten constitutivas de la
vulneración de mis derechos constitucionales fundamentales o en condiciones análogas de
los de terceras personas concursantes, inclusive”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, por medio del acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, abrió
convocatoria de concurso de méritos para la conformación de los Registros
Nacionales de Elegibles para la provisión de cargos en la Rama Judicial. Precisó
que el concurso comprende dos etapas: la de selección y la de clasificación. Dentro
de la primera se encuentran las fases de prueba de aptitudes y de conocimientos,
la de verificación de requisitos mínimos y el curso de formación judicial.
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Demandante: Daniel Camilo Agudelo Tolosa

El señor Daniel Camilo Agudelo Tolosa se inscribió para el cargo de Juez Municipal
Laboral de Pequeñas Causas. Señaló que, como consta en la resolución CJR22-
0351 del 1 de septiembre de 2022, aprobó la prueba de aptitudes y de
conocimientos, en la que obtuvo puntaje de 849,40, lo que habilitó su paso a la
segunda fase.

Posteriormente, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, en la resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023,
dispuso rechazar la postulación del accionante en razón a que no acreditó el
requisito mínimo de experiencia profesional (causal de rechazo Nro. 3.4), decisión
contra la que presentó solicitud de verificación de documentos y, la entidad, por
medio de oficios CJO23-776 y CJO23-1148 de 2023 del 20 de febrero y 10 de
marzo de 2023, informó que la documentación cargada en el aplicativo Kactus no
acreditó el requisito mínimo de experiencia, esto es, los dos años de experiencia
profesional.

Lo anterior, por cuanto se computó el término de dos años de experiencia
profesional sin tener en consideración unas certificaciones que no cumplían con los
requerimientos del acuerdo y, además, sin haber considerado el certificado que
demostraba que realizó asesoría al señor Jorge Eliecer Gaitán Amaya con
posterioridad a la obtención del título de abogado, en la que a pesar de que no
ejerció representación ni derecho de postulación, si lo asesoró en un proceso
judicial ejecutivo de mínima cuantía que cursó en un Juzgado Civil Municipal de
San José de Cúcuta.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, la entidad accionada vulneró sus derechos al debido
proceso administrativo, al igual que su derecho a acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos, con fundamento en las siguientes razones:

Expuso que, en este caso, se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela, toda vez que: (i) con la determinación de la autoridad demandada se
conculcaron los derechos fundamentales invocados; (ii) contra la decisión no
procede recurso alguno al interior del procedimiento administrativo y, asimismo,
amén de proceder contra esa decisión administrativa los mecanismos defensa ante
esta jurisdicción, no resultan idóneos y eficaces para la protección de los derechos,
pues, aunque la decisión llegue a ser favorable, esta se daría de forma tardía y las
siguientes etapas del concurso ya se habrían surtido; (iii) se configura un perjuicio
irremediable en la medida en que se le imposibilitaría el acceso al cargo público por
no poder seguir con las demás etapas del concurso, agregó que, el juez
administrativo aun ni en ejercicio de la facultad de decretar medidas cautelares,
podrá evitar que el concurso continúe.

En lo que respecta al fondo del asunto, censuró que la entidad demandada, pese a
haber establecido, en el artículo 2 del acuerdo PCSJA18-11077, la posibilidad de
aportar certificados provenientes de personas naturales para la acreditación de la
experiencia profesional, no le dio el alcance adecuado al certificado que anexó para
su postulación, expedido por señor Jorge Eliécer Gaitán Amaya sobre la labor que
ejecutó en ejercicio de su profesión de abogado, por cuanto “[…] la invalidó totalmente
al no provenir de un Despacho judicial —en el entendido que solo estos pueden probar o certificar

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el ejercicio del litigio—; sin embargo, como se puede apreciar del texto integral de la misma, la
asesoría jurídica y legal suministrada al señor GAITÁN AMAYA no tuvo representación judicial, o
ejercicio del derecho de postulación derivado de un poder por él conferido, en otras palabras, nunca
acudí de manera directa al proceso judicial que lo involucró o actuando en nombre de él, por lo cual
el Despacho no podía certificarme en forma alguna”.

Señaló que, si bien es cierto, nunca ejerció la representación judicial del señor
Gaitán Amaya, también lo es, que esas actuaciones que realizó se circunscriban al
ejercicio de la profesión de abogado. Al efecto, con apoyo del artículo 2 del Decreto
196 de 1971, disposición según la cual, es misión de abogado “[…] asesorar, patrocinar
y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas” y de
algunas providencias del Consejo de Estado1, que delimitan lo que involucra el
ejercicio de la profesión de abogado, afirmó que acreditó el ejercicio de la profesión
de abogado durante el tiempo que asesoró al señor Jorge Eliecer Gaitán Amaya.

Resaltó que el acto administrativo por medio del cual se le excluyó del concurso de
méritos violó el derecho al debido proceso administrativo, toda vez que, omitió
realizar el análisis de la certificación proveniente del señor Jorge Eliecer Gaitán
Amaya, de conformidad con lo que la misma autoridad dispuso en el acto de
apertura del concurso de méritos, punto en el cual, sostuvo que la entidad
desconoció las reglas fijadas en el propia Convocatoria, en las que estableció que
para certificar la experiencia profesional, era posible anexar certificaciones
provenientes de personas naturales.

Argumentó que, se quebrantó el derecho de acceso a cargos y funciones públicas,
habida cuenta que, la decisión de la entidad accionada le impide continuar el
proceso para el acceso a un cargo y función pública en la Rama Judicial.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en auto del 21 de abril de
2023, admitió la demanda, ordenó notificar a la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional
de Colombia, vinculó al proceso a los aspirantes al cargo de Juez Municipal Laboral
de Pequeñas Causas y dispuso comunicar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado sobre la acción de tutela.

5. Oposición

La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, indicó que le asiste la facultad de reglar la carrera judicial, indicó que,
de conformidad con esas atribuciones, profirió el acuerdo PCSJA18-11077 del 16
de agosto de 2018 a fin de dar apertura al concurso de méritos para la provisión de
cargos en la Rama Judicial y en virtud de ello, los participantes que se inscribieron
se obligaron a cumplir con los lineamientos allí consignados.

Afirmó que, dentro de los requerimientos del acuerdo estaba el relacionado con que
la experiencia profesional que sería tenida en cuenta era la adquirida con
posterioridad a la obtención del título de abogado y, por su parte, el relativo a la

1
Citó sentencias de la Sección Quinta, entre otras, las identificadas con radicaciones: 0676;1628;
2000-0036-01; 2000-0035-01; 11001-03-28-000-2014-00135-00.
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prueba del litigio, se debía efectuar por medio del certificado emitido por el
despacho judicial correspondiente.

Explicó que mediante resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, se rechazó
al accionante por la causal 3.4 (experiencia profesional). Sostuvo que, dentro del
término de solicitud de verificación de requisitos mínimos el concursante aportó
nuevos documentos para soportar la experiencia exigida, por lo que, mediante
Oficio CJO23-1148 del 10 de marzo de 2023, se le informó al interesado que la
experiencia profesional exigida para el cargo se contabilizó a partir de la obtención
del título de abogado, que en su caso fue el 26/03/2015, de suerte que, las
certificaciones expedidas por la Corporación Opción Legal y Fundación SJR
cumplen con los parámetros exigidos por la convocatoria, mientras que otros 5
documentos no satisfacían los requerimientos, por ende, tan solo se evidenció que
cuenta con 641 días de experiencia.

Indicó que los requisitos establecidos en el acuerdo son claros en prever que solo
es posible acreditar la experiencia profesional en el campo del litigio, circunstancia
que se relaciona con la labor de asesor al señor Jorge Eliecer Gaitán Amaya, por
medio del certificado del despacho judicial correspondiente. Además, expuso que
no es viable valorar la nueva documentación aportada por el demandante en la
solicitud de verificación de documentos porque fue presentado con posterioridad al
término de inscripción que transcurrió entre las 12:00 horas del 27 de agosto y las
24:00 horas del 7 de septiembre de 2018, por lo que se presentaron de
extemporáneamente.

Adicionalmente, señaló que no se acreditó el cumplimiento del requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela al existir los respectivos medios de defensa
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, aunado a que la presunción de
legalidad que reviste a los actos administrativos solo permite que sea el juez
administrativo quien pueda dejarlo sin efectos.

La Universidad Nacional de Colombia allegó informe en el que indicó que la
acción de tutela es improcedente por configurarse una carencia actual del objeto,
porque todas las inconformidades y reparos del actor fueron resueltos por medio
de la resolución CJR23-0110 del 21 de marzo de 2023 y de los Oficios CJO23-776
del 20 de febrero de 2023 y CJO23-1148 de 10 de marzo de esta anualidad.

Además, sostuvo que no se cumple el requisito de subsidiariedad de la acción,
puesto que el actor cuenta con medios defensa para controlar esas decisiones
administrativas, por ende, debe de acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Tampoco se estructura un perjuicio irremediable y los
derechos que alega el actor como transgredidos, nunca fueron menoscabados,
máxime que este tuvo siempre la oportunidad de manifestar sus inconformidades.

6. Intervención de los terceros interesados
El señor Jorge Eduardo Montes Escobar, en calidad de inscrito a la convocatoria,
manifestó coadyuvar las pretensiones formuladas en la acción de tutela incoada
por el señor Agudelo Tolosa. Advirtió que, al igual que al actor, se le rechazó su
postulación por no haber acreditado los requisitos mínimos para el cargo y, aunque
subsanó los yerros dentro del término de verificación de documentos, se le

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desestimó todos los argumentos, con lo cual se les dio prevalencia a los
presupuestos formales sobre lo sustancial.

La señora Libia Amparo Gil Gil, en igual condición, coadyuvó las pretensiones que
elevó el accionante, señaló que también fue excluida del concurso por la misma
causa, es decir, por no haber acreditado con suficiencia los requisitos para el cargo.

Se refirió a la sentencia de tutela STP5284-2023, proferida por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que ese alto Tribunal tuvo la
oportunidad de pronunciarse sobre la idoneidad y eficacia del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos proferidos
en el marco de los concursos de méritos para la provisión de cargos en la Rama
Judicial, con fundamento en lo cual, sostuvo que se cumplió con el requisito de
subsidiariedad porque el medio de control de nulidad y el restablecimiento del
derecho en ineficaz para la salvaguarda de las prerrogativas constitucionales
presuntamente quebradas.

Adujo desconocido el derecho a la igualdad porque la autoridad accionada decidió
admitir a otros participantes que habían sido rechazados por la causal 3.5, aun
cuando el acto de apertura de concurso otorgó la potestad de subsanar esos
defectos con posterioridad a la inscripción. Sostuvo que la autoridad demandada le
dio primacía a las formas sobre los sustancial porque no les dio la posibilidad de
subsanar la postulación allegando los documentos requeridos.

La señora Pili Natalia Salazar Salazar afirmó que, por medio de la Resolución
CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, la entidad accionada desconoció el principio
de equivalente funcional (artículo 6 de la Ley 527 de 1999) de la misma manera
que el principio de neutralidad tecnológica, porque exigió cargar un documento en
formato pdf, sin embargo, ignoró que al momento de inscribirse en la página web
todos los concursantes diligenciaron un recuadro (mensaje de datos) que contiene
la misma información que el documento exigido.

La señora Margarita Rosa Espitaleta Gulfo, en igual condición, coadyuvó las
súplicas del actor con fundamento en que también fue excluida del concurso por la
misma causal y los argumentos que esgrimió no fueron tenidos en cuenta por la
accionada. Formuló razonamientos que resultan similares a los de la señora Gil Gil.

Al efecto también referenció la sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación
Penal, para fundar la idea de que sí se cumple el requisito de subsidiaridad porque,
dada la realidad que vive la jurisdicción del contencioso administrativo para fallar
en primera instancia estas demandas, haría inocuo un posible fallo favorable al no
haber posibilidad de reintegrarse al concurso.

Alegó que la autoridad demandada desconoció el principio de igualdad por haber
admitido a personas inmersas en la causal 3.8; insistió en que la accionada le dio
primacía a las formas sobre lo sustancial al excluirlos por un asunto meramente
formal y, finalmente, mencionó que se desconocieron los principios constitucionales
del mérito y la carrera administrativa, pues los aspirantes ya demostraron contar
con los conocimientos requeridos.

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7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 23 de
mayo de 2023, declaró improcedente la acción de tutela porque no se cumplió el
requisito de subsidiariedad, en la medida en que el accionante cuenta con el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para ejercer la defensa de sus
derechos, pues lo que pretende es desvirtuar la legalidad de la resolución CJR23-
0061 del 8 de febrero de esta anualidad. Concluyó que no encontró acreditado el
perjuicio irremediable al que hacía alusión el accionante.

8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia sin exponer los
argumentos de inconformidad con el fallo de tutela de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

En primer término, le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela cumple
con el requisito de subsidiariedad. De encontrarse cumplido este requisito y los
demás establecidos por la jurisprudencia, la Sala procederá a estudiar el fondo del
asunto en los términos planteados en la acción de tutela y determinará si la parte
demandada vulneró los derechos fundamentales invocados, al excluir al actor del
concurso de méritos para la provisión de cargo de Juez Municipal Laboral de
Pequeñas Causas por no haber acreditado el requisito de experiencia profesional
para acceder al cargo.

Para resolver, la Sala referirá a: (i) la subsidiariedad; (ii) la procedencia de la acción
de tutela para cuestionar las decisiones que se profieren en desarrollo de un
concurso de méritos y (iii) el caso concreto.

i) Del requisito general de subsidiariedad

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de
los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales, igualmente,
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

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De conformidad con el artículo 86 constitucional y el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela solo será procedente cuando no se
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice medio para evitar
la consumación de un perjuicio irremediable. De manera que la acción de tutela
sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el
ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los
derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó2:

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del
derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción
de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales (...)”.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de
lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos
se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

ii) De la procedencia de la acción de tutela para cuestionar las decisiones
que se profieren en desarrollo de un concurso de méritos

Según el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no
procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Y ese mecanismo
de defensa judicial, según reiterada jurisprudencia constitucional, debe ser eficaz,
pues de no serlo, la tutela procede como medio judicial de protección de los
derechos fundamentales.

Ahora, las decisiones que se dictan en el desarrollo de un concurso de méritos para
la provisión de empleos generalmente corresponden a actos de trámite, contra los
cuales no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso
administrativas. Sin embargo, ha sido un criterio reiterado de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado3 y de esta Sección4, que en
aquellos eventos en que, en el desarrollo de un concurso, se presente la flagrante
violación de un derecho fundamental, la acción de tutela resulta procedente, ante
la carencia de medios de defensa judiciales para lograr la continuidad en el
concurso del aspirante afectado con la decisión.

En los concursos de méritos también se expiden actos administrativos definitivos,
como ocurre en los casos en los que han culminado las etapas del concurso y existe

2
Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
3
Sentencia AC-00698 (2007) del 28 de agosto de 2007, M. P. Martha Sofía Sanz Tobón.
4
Sentencia AC-00068 del 28 de mayo de 2008, reiterada a su vez en las sentencias AC-00009 del 3 de abril de 2008, AC-
00044 y AC-00046 del 10 de abril de 2008 y AC-00043 del 8 de mayo de 2008, todas con Ponencia de Ligia López Díaz.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01850-01
Demandante: Daniel Camilo Agudelo Tolosa

un acto que establece la lista de elegibles para proveer los cargos ofertados. En
ese caso, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí se erige como el
mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos de las
personas que se someten a un concurso de méritos 5, pues se trata de un acto
administrativo definitivo que fija el número de plazas a ocupar y el orden de
elegibilidad, según el puntaje.

Por lo tanto, en ese evento, la tutela es improcedente, habida cuenta de que existe
otro medio para la protección de los derechos fundamentales violados o en
situación de amenaza, a menos que se configure un perjuicio irremediable.

Es del caso mencionar que los concursos públicos abiertos son el mecanismo
idóneo para que el Estado dentro de los criterios de imparcialidad y objetividad,
pueda valorar las calidades y aptitudes de los aspirantes a los distintos cargos con
el fin de escoger a la persona que resulte idónea para desempeñarlos y dentro de
ese marco, definir las reglas que deben ser aplicadas de acuerdo con la naturaleza
del empleo y los objetivos que se persigan por la entidad que cuenta con las
vacantes a proveer.

iii) Caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Daniel Camilo Agudelo Tolosa
interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Carrera Judicial y la Nación –Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, y al
acceso a cargos y funciones públicas.

Para resolver el presente asunto, es necesario resaltar los siguientes hechos:

Mediante acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior
de la Judicatura adelantó convocatoria número 27 para la conformación del
Registro Nacional de Elegibles para la provisión de empleos en la Rama Judicial.
Por medio de resolución CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022, se determinó
que aprobó la prueba de aptitudes y de conocimientos y obtuvo un puntaje de
849,40.

Sin embargo, mediante resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, se
rechazó al actor por cuanto no había acreditado el requisito de experiencia
profesional para el cargo de Juez Municipal Laboral de Pequeñas Causas.

Que el actor, dentro de término concedido por la demandada para solicitar la
verificación de documentos, presentó la respectiva solicitud. Y mediante Oficios
CJO23-776 y CJO23-1148 del 20 de febrero y 10 de marzo de 2023, relacionaron
los documentos que no fueron tenidos en cuenta para contabilizar el tiempo de
experiencia profesional, entre estos, el expedido por Jorge Eliecer Gaitán Amaya,
el cual es objeto de reproche por el actor.

En el caso bajo estudio, la Sala destaca que el actor afirmó que la demandada violó
los derechos fundamentales invocados porque lo excluyó del concurso por la causal
3.4 en razón a que no acreditó el requisito mínimo de experiencia profesional, lo
5
Al respecto, ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Expedientes
No. 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
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Demandante: Daniel Camilo Agudelo Tolosa

que, a su juicio, no resulta ajustado al acuerdo de convocatoria, porque no se tuvo
en cuenta el certificado expedido por el señor Jorge Eliecer Gaitán Amaya, que
daba cuenta de las gestiones desarrolladas en ejercicio de la profesión de abogado,
con posterioridad a haber obtenido el título de abogado.

De esta manera, la inconformidad del actor se circunscribe al hecho de que la
autoridad dio un alcance distinto al certificado proveniente del señor Jorge Eliecer
Gaitán Amaya, que acredita la labor que realizó el actor en el marco de un proceso
ejecutivo de mínima cuantía. Pues, considera que, aunque no ejerció en algún
momento la representación judicial de Gaitán Amaya, dichas gestiones se
realizaron en ejercicio de su profesión de abogado, por lo que el precepto que
disciplinaba la forma de acreditación de esa situación era el contenido en el artículo
2, numerales 5.3 en concordancia con el 5.7 del acuerdo PCSJA18-11077 del 16
de agosto de 2018.

Al respecto, la Sala advierte que el actor cuenta con otro medio de defensa judicial
para controvertir la legalidad de la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023,
específicamente, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
conforme con el artículo 138 del CPACA, instrumentos idóneo y eficaz para la
protección de los derechos fundamentales aquí invocados y en el que,
adicionalmente, podrá solicitar el decreto de las medidas cautelares preventivas
que estime pertinentes de conformidad con el artículo 229 del CPACA. Máxime si
se tiene en cuenta que lo que pretende es que se tenga como acreditada la
experiencia profesional y se le permita continuar en la convocatoria, cometido que
permitiría una medida cautelar (art. 230 numeral 2 CPACA).

Conforme con lo anterior, la acción de tutela resulta improcedente para controvertir
la resolución que lo excluyó del concurso, toda vez que, como quedó expuesto, el
actor puede ejercer el medio de control pertinente, a fin de que se determine la
legalidad de la decisión y, con mayor razón, en la medida en que el acto que lo
excluyó del concurso pasó a ser definitivo en los términos del artículo 43 CPACA,
lo cual le hace imposible continuar con la actuación administrativa que se adelanta
para proveer cargos de funcionarios judiciales.

En tal sentido, el actor cuenta con otro mecanismo de defensa, que, a la fecha, no
ha sido interpuesto y, por ende, la presente solicitud de amparo es improcedente.
Vale destacar que la Sala ya se ha pronunciado en el mismo sentido en casos con
similitud fáctica al caso objeto de estudio 6.

En relación con la existencia de otro medio de defensa judicial, el artículo 6° del
Decreto 2591 de 1991, establece:
“Artículo 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias
en que se encuentra el solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda
ser reparado en su integridad mediante una indemnización.”

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Sentencia del 20 de noviembre de 2019 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2019-04466-00 C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia del 23 de marzo de 2023 con radicado: 11001-03-15-
000-2023-00867-00 C.P. Milton Chaves García.
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Así mismo, la Corte Constitucional, en la Sentencia T- 972 de 2005 consideró:
“Se encuentra ya muy decantada la jurisprudencia de la Corte acerca de la naturaleza
residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia cuando existe un
mecanismo ordinario de defensa. Así ha destacado en múltiples oportunidades que los
medios y recursos judiciales ordinarios son el escenario preferente para invocar la
protección de los derechos constitucionales fundamentales que se consideren vulnerados
en una situación específica, y a ellos deben acudir, en principio, los afectados, a fin de hacer
prevalecer la supremacía de estos derechos y el carácter inalienable que les confiere la
Carta.
En consecuencia, la acción de tutela adquiere la condición de medio subsidiario, cuyo
propósito no es el de desplazar a los otros mecanismos, sino el de fungir como último
recurso orientado a suplir los vacíos de defensa que en determinadas circunstancias
presenta el orden jurídico, en materia de protección de derechos fundamentales.

Así, la protección de derechos fundamentales es un asunto que el orden jurídico reserva a
la acción de tutela en la medida que el mismo no ofrezca al afectado otros medios de
defensa judicial, de igual o similar eficacia. Sin embargo, de la sola existencia de un medio
alternativo de defensa judicial, no deviene automáticamente la improcedencia de la acción
de tutela.

En aquellos eventos en que se establezca que el ordenamiento jurídico tiene previsto un
medio ordinario de defensa judicial, corresponde al juez constitucional resolver dos
cuestiones: la primera, consiste en determinar si el medio judicial alterno presenta la
idoneidad y eficacia necesarias para la defensa de los derechos fundamentales. Si la
respuesta a esa primera cuestión es positiva, debe abordarse la cuestión subsiguiente
consistente en determinar si concurren los elementos del perjuicio irremediable, que
conforme a la jurisprudencia legitiman el amparo transitorio.”

Resalta la Sala que no se configuran presupuestos que constituyan excepciones a
la regla general de procedencia de la acción de tutela en el campo de concurso de
méritos, pues el señor Agudelo Tolosa cuenta a su disposición con la pretensión de
nulidad y restablecimiento del derecho; no se encuentra probada la configuración
del perjuicio irremediable; y el juez administrativo puede, en el marco del respectivo
proceso ordinario, abordar la problemática desde una óptica constitucional por la
relevancia del mérito, el principio de la carrera administrativa en el Estado social de
derecho y por virtud de que la Carta Política es norma de normas, a voces del
artículo 4 Superior.

Todo bajo la premisa que los jueces en los procesos seguidos ante las diferentes
jurisdicciones tienen el rol de jueces constitucionales, y especialmente el juez
administrativo que incluso roles constitucionales especiales como la aplicación de
la excepción de ilegalidad de la forma indicada en la Sentencia C-037 de 2000 de
la Corte Constitucional.

En hilo con lo anterior, la acción de tutela tampoco resulta procedente en este caso
como mecanismo transitorio, puesto que el demandante no demostró la existencia
de un verdadero perjuicio irremediable. La Sala no advierte que la decisión de la
autoridad demandada consistente en excluirlo del concurso constituya una
actuación que ocasione un riesgo cierto y real que amenace o afecte un derecho
fundamental y que amerite la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,
ya que tampoco se justifica en el escrito de tutela cuál sería esa grave daño que
sufriría en sus derechos de acudir al proceso judicial correspondiente, como en
forma general deben acudir los afectados con decisiones como la que aquí se
cuestiona.

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Demandante: Daniel Camilo Agudelo Tolosa

El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio de protección no debe verse solamente desde la perspectiva de las
consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que puede producir las decisiones
de la administración. Esas decisiones pueden estar revestidas de legalidad y, por
ende, las consecuencias perjudiciales de quienes las sufren no son ilegítimas o
ilícitas. No porque una decisión de la administración resulte desfavorable a los
intereses de los administrados debe asumirse que existe un perjuicio irremediable
que deba evitarse mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos los actos
administrativos que establecen situaciones desfavorables a los destinatarios
tendrían que ser suspendidos por vía de tutela, lo cual iría en contravía de su
carácter subsidiario otorgado por la propia Carta Política.

La Corte Constitucional ha precisado que la existencia del perjuicio, que permita
superar el requisito de subsidiariedad, está sujeta que “(i) el perjuicio debe ser inminente,
es decir, no basta con que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio
que se cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad sobre la
persona afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la configuración sean urgentes; y
(iv) la acción es impostergable, es decir, en caso de aplazarse la misma sea ineficaz por
inoportuna.”7

Frente a lo anterior, la Sala considera que, a primera vista, no se acredita la
ocurrencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del juez
de tutela pues, de las pruebas aportadas, no se advierte que la decisión de la
autoridad demandada haya sido arbitraria o caprichosa. Tampoco se aportaron
pruebas que permitan determinar lo contrario.

Por el contrario, resulta conveniente precisar que la Unidad, a propósito de la
solicitud de verificación de documentos, le mostró al demandante por qué no
cumplía con los 730 días de experiencia profesional exigidos por el acuerdo y le
relacionó la documentación que sí cumple con los requerimientos, los cuales se
aprecian en el primer recuadro, y, a su vez, le indicó los que no cumplían tales
requisitos que están en el segundo recuadro

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Corte Constitucional, sentencia T-003-22.
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Demandante: Daniel Camilo Agudelo Tolosa

Por lo tanto, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite
la intervención del juez de tutela y, por ende, será en el marco del proceso ordinario
en donde el actor deberá discutir sobre la veracidad y validez de los documentos
aportados y demostrar el cumplimiento de dicho requisito.

De lo anterior, la Sala concluye que en el presente caso no se cumple con uno de
los requisitos de procedencia de la tutela, esto es, que se agoten en debida forma
los medios de defensa judicial dispuestos en el ordenamiento jurídico para la
protección de los derechos fundamentales que considera le fueron vulnerados.

De esta manera, para la Sala, le asiste razón al juez de primer grado al declarar la
improcedencia de la acción, puesto que no se logró acreditar la configuración de un
perjuicio irremediable que pudiera poner en duda la idoneidad y eficacia del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para desvirtuar la legalidad del
acto administrativo que excluyó al actor del concurso, de tal suerte que aflora la
improcedencia del remedio constitucional.

En consecuencia, en el presente caso, se impone confirmar la decisión de tutela de
primera instancia del 23 de mayo de 2023 proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, objeto de impugnación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la decisión de tutela de primera instancia del 23 de mayo de 2023
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
objeto de impugnación.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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