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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02101-01

Fecha
31 de agosto de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02101-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia del 22 de junio de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Norman Augusto Gutiérrez Marín, dadas las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02101-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

31 de agosto de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02101-01
Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-02101-01
Demandante NORMAN AUGUSTO GUTIÉRREZ MARÍN
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y OTRO.
Temas Acción de tutela contra autoridades administrativas. Requisito de
procedencia de la subsidiariedad. Acto administrativo que excluyó de
concurso de méritos.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Norman Augusto Gutiérrez Marín
contra la sentencia de tutela del 22 de junio de 2023, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, que dispuso:
“PRIMERO: Deniégase la solicitud de tutela presentada por el señor Norman Augusto
Gutiérrez Marín.”1.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 26 de abril de 20232, Norman Augusto Gutiérrez Marín, actuando en nombre
propio, instauró acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
de Administración de Carrera Judicial y contra la Universidad Nacional de Colombia,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al
trabajo, al debido proceso y a la igualdad. En consecuencia, formuló la siguiente
pretensión:
«En virtud de todo lo anterior, solicito protección de mis derechos fundamentales a la dignidad
humana, trabajo, debido proceso en sus componentes publicidad y legalidad de la actuación
de la administración e igualdad, y se ordene a los administradores del concurso, Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial- y la Universidad
Nacional, reconocer el valor de los dos puntos negados y en consecuencia cambiar ni
condición de no admitido a admitido.»3.

2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo
Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para la provisión de
cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria nro. 27).
1 Página 13 y 14 de la sentencia de tutela de primera instancia que data del 22 de junio de 2023. Samai en
primera instancia, índice 20.
2 Samai, índice 1.
3 Página 13 del escrito de tutela. Samai, índice 2.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02101-01
Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín

2.2. El accionante participó en el concurso de méritos, como aspirante a Juez Penal
Municipal.

2.3. En la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, se publicaron los
resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos, acorde con los cuales
el demandante obtuvo un puntaje no aprobatorio.

2.4. El 21 de septiembre de 2022, el tutelante interpuso recurso de reposición
contra la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022 y, el 1 de
noviembre de ese año, lo adicionó.

En los escritos, solicitó reevaluar el puntaje obtenido en la prueba
considerando las inconsistencias en las respuestas que el operador del
concurso dio a las preguntas nro. 63, 65, 66, 68, 69, 70, 120 y 122.

2.5. A través de la Resolución CJR23-0028 del 16 de enero de 2023, el Consejo
Superior de la Judicatura resolvió los recursos de reposición presentados
contra la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, en el sentido
de confirmar las decisiones contenidas en dicho acto administrativo.

2.6. El 23 de enero de 2023, el accionante radicó petición ante las entidades
accionadas a efectos de que dieran respuesta a varios cuestionamientos
relacionados con el trámite de los recursos de reposición presentados contra
la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022.

2.7. Ante la ausencia de respuesta, el accionante instauró acción de tutela por
considerar vulnerado su derecho fundamental de petición. Al respecto, en
sentencia del 31 de marzo de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado,
decidió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que,
durante el trámite de la acción de tutela, las entidades dieron respuesta a la
petición.

3. Fundamentos de la acción

El tutelante sostuvo que las entidades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, al trabajo, al debido proceso y a la igualdad,
dado que ignoraron la argumentación jurídica expuesta en el recurso de reposición,
la cual validaba sus respuestas y acreditaba serias equivocaciones en las
respuestas suministradas por el operador del concurso, en particular frente a las
preguntas nro. 120 y 122.

Enfatizó en que la demandada no realizó una revisión integral y adecuada de los
recursos de reposición interpuestos contra la Resolución CJR22-0351. En esa vía,
considera que se agotó la etapa de recursos para cumplir con el trámite legal y
agotar un formalismo; pero la autoridad accionada no desplegó una revisión
cuidadosa y seria de cada uno de los puntos controvertidos por los concursantes, lo
cual implica una vulneración a la dignidad humana.

Argumentó que la acción de tutela es procedente, puesto que la vía ordinaria no es
un mecanismo idóneo para la protección de sus derechos, dada la continuidad del
concurso. Al respecto, citó sentencia T-180 de 2015, proferida por la Corte
constitucional, en la que se declaró la procedencia excepcional de la acción de tutela
para la protección de derechos de los participantes de un concurso de méritos.

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Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín

4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto del 5 de mayo de 2023, la Sección Quinta del Consejo de
Estado (i) admitió la acción de tutela presentada por Norman Augusto
Gutiérrez Marín contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia; (ii)
ordenó notificar a la parte accionada y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado; y (iii) ofició al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
de Administración de Carrera Judicial, para que publicara en su página web
los documentos del proceso.
4.2. El 11 de mayo de 2023, la Unidad de Administración de Carrera Judicial remitió
soporte de la publicación de los documentos del proceso en el portal web de
la Rama Judicial.
4.3. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura solicitó negar las pretensiones de la demanda en tanto no ha
vulnerado los derechos invocados. Argumentó que los reparos formulados por
el accionante frente a las preguntas 120 y 122, fueron atendidos en los puntos
17, 18 y 35 de la Resolución CJR23-0028 del 16 de enero de 2023. Además,
indicó que, respecto de la petición presentada por el accionante, se dio
respuesta clara, congruente y de fondo mediante el oficio CONV27DP-3951 A
del 15 de marzo de 2023.
Afirmó que en procura de garantizar los principios de eficiencia, celeridad y
economía; los recursos interpuestos contra la Resolución CJR22-0351 del 1°
de septiembre de 2022, fueron resueltos en una única resolución por cargo.
No obstante, se realizó un análisis particular sobre cada recurso, de manera
que las objeciones coinciden con los ítems desarrollados en el cuerpo del acto
administrativo.
Alegó la improcedencia de la acción de tutela en tanto no es el mecanismo
idóneo para atacar actos administrativos que por su naturaleza se encuentran
amparados por el principio de legalidad. Esto, considerando que lo que
persigue el demandante es modificar las resoluciones CJR22-0351 del 1° de
septiembre de 2022 y CJR23-0028 del 16 de enero de 2023, a efectos de ser
admitido en el concurso.
4.4. La Universidad Nacional de Colombia argumentó que la acción de tutela es
improcedente por carencia actual de objeto, considerando que, a través de la
Resolución CJR23-0028 y el Oficio CONV27DP-3951 A, las autoridades
accionadas resolvieron de forma clara y de fondo las solicitudes formuladas
por el accionante.
Además, respecto de las preguntas objetadas, afirmó que las respuestas
dadas a conocer tanto al aspirante como al público, contienen lo necesario
para defender en forma contundente su asertividad y pertinencia.
Alegó la existencia de cosa juzgada en virtud del pronunciamiento que realizó
la Sección Primera del Consejo de Estado, en donde se declaró la carencia
actual de objeto respecto de la vulneración al derecho de petición, toda vez
que, mediante el oficio CONV27DP-3951 A de 15 de marzo de 2023, la
Universidad Nacional de Colombia respondió a la solicitud del 23 de enero de
2023.

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Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín

Por otro lado, indicó que la acción interpuesta no satisface el requisito de
subsidiariedad en tanto existen otros medios de defensa judicial a través de
los cuales el aspirante podrá cuestionar la legalidad de la Resolución CJR23-
0043. Lo anterior, sumado a que no se advierte el cumplimiento del requisito
de inmediatez, dada la presentación tardía de la acción de tutela.
4.5. Mediante auto del 1 de junio de 2023, la magistrada Roció Araujo Oñate
ordenó remitir el expediente al despacho del magistrado Carlos Enrique
Moreno Rubio, con ocasión de que el proyecto de fallo, bajo su ponencia, fue
improbado en la Sala de Sección llevada a cabo el 1° de junio de 2023.

5. Providencia impugnada

En sentencia del 22 de junio de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado
decidió negar la solicitud de tutela, por cuanto las entidades accionadas dieron
respuesta clara y de fondo a las solicitudes presentadas por el accionante, pese a
no ser en el sentido esperado por el peticionario.

Afirmó que, si bien el accionante alega la vulneración de sus derechos
fundamentales al trabajo, al debido proceso y a la igualdad; el verdadero debate
esta dirigido a determinar si se vulneró su derecho fundamental de petición.

En ese entendido, indicó que la acción de tutela cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues más allá de debatirse la legalidad de la Resolución CJR23
0028 de 16 de enero de 2023 o del Oficio CONV27DP-3951A del 15 de marzo, el
tutelante alegó la ausencia de un pronunciamiento de fondo y congruente frente a
las inquietudes relativas a las preguntas del examen.

Así, argumentó que, luego de realizar un análisis de cada una de las respuestas
suministradas al accionante mediante la Resolución CJR23-0028, su Anexo 2 y el
oficio CONV27DP-3951A del 15 de marzo de 2023; era posible concluir que las
mismas cumplen los criterios para satisfacer el derecho fundamental de petición.

Frente a la decisión adoptada, la magistrada Rocío Araújo Oñate salvó voto con el
argumento de que el asunto no satisfizo el requisito de subsidiariedad para la
procedencia de la acción de tutela. Esto, por cuanto la vulneración alegada por el
accionante se funda en un acto administrativo que es pasible de control a través del
medio de nulidad y restablecimiento del derecho.

6. Impugnación

La parte accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia. En el
escrito aclaró que no existe inconformidad frente a la respuesta suministrada a la
petición del 23 de enero de 2023. Por el contrario, indicó que dicha respuesta
permitió que la parte accionada reconociera que la contestación de los recursos de
reposición fue genérica y sin mayor análisis.

Sostuvo que su inconformidad no se reduce a una diferencia en la interpretación o
apreciación de las respuestas. A su juicio, la parte accionada desatendió la ley y la
jurisprudencia al formular la respuesta concerniente a la pregunta 120, y no dio los
insumos necesarios para que los concursantes respondieran acertadamente la
pregunta 122.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer
si le asistió razón al juez de primera instancia al negar el amparo invocado por el
señor Norman Augusto Gutiérrez Marín. Para ello, es necesario estudiar si la
petición de amparo cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991. En caso de superarse este examen, se
determinará si la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad
Nacional vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor con ocasión
a la alegada respuesta incongruente, abstracta e ilegal de su recurso de reposición.

3. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela

3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a
menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede
cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los
derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá
como mecanismo transitorio de protección.

Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción
de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se

4 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.

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definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las
que se encuentra el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la
existencia o no de un perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.

En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos
fundamentales del actor. Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte
Constitucional manifestó:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción
de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales
(…)»5.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición,
pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.

3.2. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los
concursos de méritos, convocados para acceder a cargos públicos, esta
Corporación ha sostenido6 que gran parte de las decisiones dictadas en los
concursos de méritos son actos administrativos de trámite, expedidos
justamente para impulsar y dar continuidad a la convocatoria. Como se sabe,
contra los actos de trámite no proceden los recursos ni las acciones
contencioso-administrativas y, por lo tanto, la tutela es el remedio judicial
idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de los
concursantes. Por consiguiente, la Sección ha estudiado de fondo las tutelas
en las que se discuten decisiones de mero trámite.

Sin embargo, en los casos en los que han culminado las etapas del concurso
y existe un acto administrativo que establece la lista de elegibles para proveer
los cargos ofertados, esta Sección ha sostenido que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho sí se erige como el mecanismo judicial idóneo y
eficaz para la protección de los derechos de las personas que se someten a
5 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
6 En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de AC-00698[1],
sostuvo que “las decisiones dictadas durante un concurso docente son actos de trámite, expedidos dentro
de la actuación propia del mismo y las determinaciones que en ellos se adoptan se hacen justamente para
impulsar y dar continuidad al proceso de las convocatorias, en cumplimiento de los deberes legales de las
entidades involucradas. Contra los actos de trámite no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las
acciones contencioso-administrativas, por lo tanto, en el caso objeto de estudio, la actora no cuenta con
otros medios de defensa para lograr la continuidad en el concurso docente y las acciones de nulidad o
nulidad y restablecimiento del derecho, no son eficaces para lograr la protección a los derechos
fundamentales invocados”.

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un concurso de méritos7, pues se trata de un acto administrativo definitivo, que
establece el número de plazas a ocupar y el orden de elegibilidad, según el
puntaje.
A la misma conclusión ha llegado la Sala frente a los actos que excluyen a los
participantes del concurso de méritos, porque también se trata de un acto
administrativo definitivo8. En esos casos, se ha concluido que la tutela es
improcedente, ya que existe otro medio para la protección de los derechos
fundamentales violados o en situación de amenaza: la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
En conclusión, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se
dicten en un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite.
No obstante, si se discute una decisión definitiva (como el acto que contiene
el registro de elegibles o el acto que excluye a un participante de un concurso,
por ejemplo) la acción de tutela es improcedente, porque existen otras vías de
defensa judicial, como los medios de control ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en los que se puede hacer uso de las medidas
cautelares.
4. Análisis del caso
4.1. El señor Norman Augusto Gutiérrez Marín cuestiona la Resolución CJR23-
0028 del 16 de enero de 2023, expedida por la Unidad de Administración de
Carrera Judicial, porque, en su criterio, ese acto administrativo resolvió de
manera general y de forma incongruente los argumentos expuestos en el
recurso de reposición y en su adición. Además, alega que en el Anexo 2 de la
misma resolución, el operador del concurso incurrió en serias inconsistencias
al formular las respuestas a las preguntas 120 y 122.
En ese sentido, si bien el accionante sustenta su inconformidad en la
vulneración a sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al trabajo,
al debido proceso y a la igualdad, la Sala observa que lo que en realidad
persigue con la presente acción es cuestionar los argumentos de fondo de la
Resolución CJR23-0028, en lo que respecta a las preguntas objetadas y a la
decisión de no reponer el puntaje obtenido por el recurrente.
Como el referido acto administrativo tiene naturaleza definitiva, pues resolvió
la situación particular del actor al confirmar el puntaje que obtuvo, lo que le
impide ingresar a la carrera administrativa de la Rama Judicial; cierto es que
su legalidad no debe analizarse a través de este mecanismo constitucional,
sino del proceso ordinario que el Legislador dispuso para tal fin.
En esa medida, se encuentra que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, debido a que el demandante cuenta con otro medio de defensa
judicial a través del cual puede controvertir el referido acto administrativo. Y
este no es otro que, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

7 Al respecto ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Expedientes No. 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
8 Al respecto ver, entre otras providencias: Sentencias del 1° de julio de 2021, expedientes 11001-03-15-000-
2021-03087-00 y 11001-03-15-000-2021-02796-00, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del 23 de
marzo de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-00867-00, M.P. Milton Chaves García; sentencia del 13
de abril de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-00323-00 M.P. Stella Jeannette Carvajal; sentencia del
4 de mayo de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-00283-01, M.P. Milton Chaves García.

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4.2. Sumado a lo anterior, en el caso del actor no se configuran los eventos
excepcionales, que habiliten la intervención del juez de tutela, debido a que el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo y eficaz
para controvertir actos de carácter particular. Y es así porque el legislador,
justamente, creó esa vía procesal para cuestionar la legalidad de esa clase de
actos administrativos.
El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, además,
posibilita el empleo de medidas cautelares que, gracias a los cambios
introducidos en la Ley 1437 de 2011, garantizan celeridad y mayor campo de
valoración para el juez contencioso administrativo. De manera que en el
supuesto de que existiera un perjuicio de vasta magnitud originado por la
decisión de la Unidad de Administración de Carrera Judicial, las medidas
cautelares garantizan la idoneidad y celeridad del medio de control referido.
Sobre el tema, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado sostuvo lo siguiente:
«i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el
proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que
la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede
para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para
suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea
ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo »9

De modo que el actor, en el proceso ordinario, podrá pedir la suspensión
provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo de exclusión. Medida
cautelar que resulta un medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permite
proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia.
En este punto, debe decirse que las medidas cautelares deben ser resueltas,
a más tardar, a los 15 días hábiles10 siguientes a la admisión de la demanda,
de conformidad con el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011.
4.3. Así, además de tratarse de un mecanismo eficaz e idóneo en el cual se pueden
solicitar medidas cautelares, en el caso no existe un perjuicio irremediable en
los términos dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es decir una
afectación grave, inminente y que requiera medidas impostergables. Y esto
obedece a que la decisión de la autoridad demandada, consistente en no
reponer el puntaje obtenido, no constituye una actuación que ocasione un
riesgo cierto y real que amenace o afecte un derecho fundamental y que
amerite la intervención urgente e inmediata del juez de tutela.
El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio de protección no debe verse solamente desde la
perspectiva de las consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que
pueden producir las decisiones de la administración. En esa medida, no
porque una decisión resulte desfavorable a los intereses de los administrados
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de marzo de 2014.
Radicado 25000-23-42-000-2013-06871-01. Actor: Gustavo Francisco Petro Urrego. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
10 Estos 15 días están representados así: 5 días en los que se corre el traslado a la contraparte sobre la
solicitud de las medidas cautelares y 10 días para que el juez o magistrado ponente decida sobre la medida
cautelar.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02101-01
Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín

debe asumirse que existe un perjuicio irremediable que deba evitarse
mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos los actos administrativos
que establecen situaciones desfavorables a los destinatarios tendrían que ser
suspendidos por vía de tutela.
4.4. Explicado lo anterior, se considera que en el caso no se configuran las
condiciones necesarias para que la tutela proceda como mecanismo
transitorio. No existe un perjuicio que cumpla con las características
dispuestas por la jurisprudencia constitucional para ser considerado como
irremediable, ni se advierte la falta de idoneidad o ineficacia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. A causa de lo anterior, se
debe concluir que no existe razón válida que permita la procedencia
excepcional de la tutela en el caso particular.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, se concluye que no se satisface el requisito de
subsidiariedad, porque existe otro medio de defensa judicial al cual el actor puede
acudir para ventilar sus inconformidades y porque en el caso, la tutela no procede
como mecanismo transitorio.
En ese orden de ideas, se revocará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la acción de tutela de la referencia, para en su lugar, declarar la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Norman Augusto
Gutiérrez Marín.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia del 22 de junio de 2023, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la demanda, para en su
lugar, declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Norman Augusto Gutiérrez Marín, dadas las razones expuestas en la parte
considerativa de esta decisión.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

9

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