Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00283-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00283-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00283-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
4 de mayo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00283-01
Demandante: María Johana Taborda Leiva
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00283-01
Demandante: MARIA JOHANA TABORDA LEIVA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD
DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Temas: Concurso de Méritos – Convocatoria 27 – Requisito de
subsidiariedad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la providencia del
23 de febrero de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que negó
la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La señora María Johana Taborda Leiva solicitó la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y de petición que consideró la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«SEÑOR JUEZ, SOLICITO ANALIZAR CUIDADOSAMENTE ESTA ACCIÓN DE
TUTELA, PORQUE LAS ACCIONADAS NO ESTÁN ACTUANDO CON HONESTIDAD
Y RECTITUD, pretendiendo A TODA COSTA FINALIZAR la cuestionada
CONVOCATORIA 27, violando como puede apreciarse el debido proceso y de contera,
el mérito. Espero que la rama judicial, ordene corregir las fallas que detecté y que no
queden en la impunidad la cantidad de fraudes que se han tejido para evitar que en
realidad se cumpla con los propósitos de ingreso a la rama judicial, como es el mérito
transparente y con rectitud. Por todo lo anterior, solicito, se ordene lo solicitado en cada
uno de los puntos arriba relacionados y se me proteja mi derecho fundamental al
debido proceso». (sic para toda la cita)
2. Hechos y argumentos de la tutela
La parte actora relató que mediante Acuerdo PCSJA18 – 11077 del 16 de agosto de
2018 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura se adelanta la Convocatoria
No. 27 para la provisión de cargos de funcionarios en la Rama Judicial.
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Demandante: María Johana Taborda Leiva
Señaló que, en virtud de la referida convocatoria, se inscribió al cargo de Juez Penal
Municipal, realizó prueba supletoria de aptitudes y conocimiento y mediante la
Resolución CJR22 – 442 del 1 de noviembre de 2022, se publicó el resultado que
determinó la obtención de un puntaje de 711,81.
Sostuvo que interpuso recurso de reposición contra la Resolución CJR22 – 442 del 1
de noviembre de 2022, en el cual expuso su inconformidad sobre las claves de
respuesta correcta asignadas a las preguntas Nº 54, 62, 67, 70, 71. 73, 89, 95, 102,
103, 115 y 119. Allí explicó los motivos por los que consideraba que sus respuestas
eran correctas y, además, indicó la razón por la que estimó que la respuesta con clave
correcta era errónea.
Adujo que la Resolución CJR23 – 0022 del 16 de enero de 2023, emitida por el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial en la que
resolvió el recurso de reposición, se abstuvo de brindar una respuesta clara y
congruente, además, de ser abstracta y genérica, pese a que efectuó reparos
concretos en contra de las preguntas en cuestión.
3. Trámite previo
En auto del 26 de enero de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela
en referencia, ordenó notificar a las partes y, al agente del Ministerio Público para lo
de su competencia.
4. Oposición
El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial solicitó negar el amparo invocado porque no se acredita la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales invocados.
Sostuvo que, mediante la Resolución CJR23 – 0022 del 16 de enero de 2023, se
atendió de manera, clara, completa y de fondo la totalidad de los reparos formulados
en el recurso y, por ende, solicita que se declare carencia actual de objeto por hecho
superado.
De otro lado, destacó que las inconformidades señaladas en el escrito de tutela frente
a la explicación dada en los anexos a las preguntas 54, 62, 67, 70, 71, 73, 89, 95, 102,
103, 115 y 119, fueron atendidas en los puntos 14 y 21 por medio de la Resolución
CJR23 – 0022 de 16 de enero de 2023, con base en la información proporcionada por
la Universidad Nacional de Colombia, como operador técnico de la prueba. Consideró
que:
«(…) De este modo, cabe resaltar que los cuestionamientos efectuados sobre
preguntas del examen por motivos de redacción, formulación en su enunciado y
opciones de respuesta, en el marco de los recursos de reposición interpuestos por los
aspirantes al cargo de Juez Penal Municipal contra los resultados de la prueba de
aptitudes y conocimientos, fueron respondidas en el ítem 14 denominado “Preguntas
capciosas, ambiguas, confusas - Solicita excluir preguntas - Informar si fue excluido
algún ítem – Recalificar” de la Resolución CJR23-0022 de 16 de enero de 2023, con
la respectiva marcación dentro del Anexo 1 del referido acto administrativo, tal como
se evidencia realizando la búsqueda por nombres y apellidos y/o número de cédula del
aspirante en el siguiente link:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/132623650/CJR23-
0022.pdf/f8dea7b8-e81d-41cb-b4be-77d0d30d4b8f
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En ese sentido, al haberse realizado la marcación en los puntos 14.1 (Preguntas
capciosas, ambiguas, confusas / Revisión de las preguntas por terceros) y 14.3
(Recalificación posterior a corrección o exclusión de ítems) del Anexo 1 en la fila
correspondiente a la aspirante, se le dio respuesta de manera particular, indicándole
de una parte que, luego de haberse realizado una revisión detallada de los ítems
incluidos se determinó que no eran susceptibles de modificación, exclusión o
invalidación por no ser ambiguos, confusos, capciosos o impertinentes, toda vez que
cumplieron con todos los requisitos y estándares técnicos requeridos para la
elaboración de pruebas en esta clase de procesos de selección, así las cosas, no es
procedente recalificar los puntajes, toda vez que no se excluye ninguna pregunta y no
se evidencia razón alguna para proceder a la modificación de la calificación.
En ese mismo sentido, conforme con el “Anexo 2 - Respuesta a objeciones” de la
Resolución CJR23-0022 de 16 de enero de 2023, se dieron a conocer las claves de
respuesta correctas, como resultado de las valoraciones técnicas que responden a
criterios de objetividad e imparcialidad con parámetros previamente determinados; es
así que, frente a lo señalado en los ítems 54, 62, 67, 70, 71, 73, 89, 95, 102, 103, 115
y 119 se indicó su pertinencia, así como la justificación de la clave asignada y la opción
de la respuesta no válida, las cuales son el producto de la estructura y elaboración de
las preguntas».
Por último, advirtió que la acción de tutela no procede bajo el entendido que existe otro
mecanismo de defensa idóneo para ejercer control sobre los actos administrativos
respectivos
La Universidad Nacional de Colombia indicó que la acción de tutela era
improcedente por carencia actual de objeto porque la Resolución CJR23 – 0022 del
16 de enero de 2023 atendió los diferentes cuestionamientos planteados por la actora
en el recurso de reposición incoado.
Sostuvo que la de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad y, por ende, no puede
ser utilizada como un instrumento judicial alterno o paralelo, máxime si se tiene en
cuenta que no se acredita la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
5. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia del 23 de febrero de 2023,
negó el amparo solicitado con fundamento en las siguientes consideraciones:
De manera previa, determinó que se cumplía el requisito de subsidiariedad porque, si
bien se expidió la Resolución CJR23 – 0022 del 16 de enero de 2023, que resolvió el
recurso de reposición promovido por la parte actora, lo cierto es que el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho sería ineficaz porque el cuestionamiento de
la actora se encaminó a discutir si se violó o no el derecho de petición por no resolverse
de fondo el recurso interpuesto.
Establecido lo anterior, consideró que los argumentos que fundamentan la acción de
tutela carecen de vocación porque la demandada sí dio una respuesta de fondo y
concreta a la accionante en el Anexo Nº 2 «Listado de recurrentes y respuesta a las
objeciones planteadas respecto de las preguntas de aptitudes y conocimientos
generales y específicas» de la Resolución N° CJR23-0022 del 16 de enero de 2023;
en el que se explican las razones por las cuales las opciones marcadas por la
participante no eran las correctas.
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6. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y se limitó a indicar que no le
fueron resueltas favorablemente cada una de las pretensiones, en tal medida solicitó
que se revoque el fallo de primera instancia.
Il. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares en casos concretos y excepcionales.
Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
De conformidad con el escrito de impugnación, corresponde a la Sala determinar si fue
acertada la decisión del a quo de negar el amparo solicitado, al considerar que el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la
Universidad Nacional de Colombia no vulneró el derecho fundamental de petición y al
debido proceso, en relación con la tesis planteada dentro del fallo de primera instancia.
Para resolver, la Sala se referirá a: (i) la subsidiariedad; (ii) la procedencia de la acción
de tutela para cuestionar las decisiones que se profieren en desarrollo de un concurso
de méritos y (iii) caso concreto.
i) Del requisito general de subsidiariedad
Como se anticipó, de manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del
asunto, la Sala estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el
requisito de subsidiariedad.
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó1:
1 Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
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“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no
tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de
lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales
diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la
discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado
la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre
prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es,
por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el
fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor,
ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con
el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las
personas una plena protección de sus derechos esenciales (…)”.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
ii) De la procedencia de la acción de tutela para cuestionar las decisiones
que se profieren en desarrollo de un concurso de méritos
Según el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no
procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Y ese mecanismo
de defensa judicial, según reiterada jurisprudencia constitucional, debe ser eficaz,
pues de no serlo, la tutela procede como medio judicial de protección de los derechos
fundamentales.
Ahora, las decisiones que se dictan en el desarrollo de un concurso de méritos para la
provisión de empleos generalmente corresponden a actos de trámite, contra los cuales
no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso-
administrativas. Sin embargo, ha sido un criterio reiterado de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 2 y de esta Sección 3, que en
aquellos eventos en que, en el desarrollo de un concurso, se presente la flagrante
violación de un derecho fundamental, la acción de tutela resulta procedente, ante la
carencia de medios de defensa judiciales para lograr la continuidad en el concurso del
aspirante afectado con la decisión.
En los concursos de méritos también se expiden actos administrativos definitivos,
como ocurre en los casos en los que han culminado las etapas del concurso y existe
un acto que establece la lista de elegibles para proveer los cargos ofertados. En ese
caso, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí se erige como el
mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos de las personas
que se someten a un concurso de méritos 4, pues se trata de un acto administrativo
2 Sentencia AC-00698 (2007) del 28 de agosto de 2007, M. P. Martha Sofía Sanz Tobón.
3 Sentencia AC-00068 del 28 de mayo de 2008, reiterada a su vez en las sentencias AC-00009 del 3 de abril de
2008, AC-00044 y AC-00046 del 10 de abril de 2008 y AC-00043 del 8 de mayo de 2008, todas con Ponencia de
Ligia López Díaz.
4 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Expedientes No. 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
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definitivo que fija el número de plazas a ocupar y el orden de elegibilidad, según el
puntaje.
Por lo tanto, en ese evento, la tutela es improcedente, porque existe otro medio para
la protección de los derechos fundamentales violados o en situación de amenaza, a
menos que se configure un perjuicio irremediable.
Es del caso mencionar que los concursos públicos abiertos son el mecanismo idóneo
para que el Estado dentro de los criterios de imparcialidad y objetividad, pueda valorar
las calidades y aptitudes de los aspirantes a los distintos cargos con el fin de escoger
a la persona que resulte idónea para desempeñarlos y dentro de ese marco, definir las
reglas que deben ser aplicadas de acuerdo con la naturaleza del empleo y los objetivos
que se persigan por la entidad que cuenta con las vacantes a proveer.
iii) Caso concreto
Mediante el ejercicio de la presente acción de la señora María Johana Taborda Leiva
interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Carrera Judicial y la Universidad Nacional por estimar vulnerados los derechos
fundamentales de petición y al debido proceso.
Para resolver el presente asunto, es necesario resaltar los siguientes hechos:
En Acuerdo Núm. PCSJA18 – 11077 de 16 de agosto de 2018 el Consejo Superior de
la Judicatura adelantó la convocatoria número 27, para la conformación del registro de
elegibles para la provisión de empleados de la Rama Judicial.
Mediante Resolución CJR22 – 442 del 1 de noviembre de 2022 «Por medio de la cual
se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial», la señora María Johana Taborda Leiva presentó recurso de reposición por
estar en desacuerdo con las respuestas tenidas como inválidas en las preguntas 54,
62, 67, 70, 71. 73, 89, 95, 102, 103, 115 y 119
De conformidad con la información allegada al expediente, la Unidad de Administración
de Carrera Judicial emitió la Resolución CJR23 – 0022 del 16 de enero de 2023, en la
que resolvió de manera conjunta los recursos de reposición interpuestos en contra de
la Resolución CJR22 – 442 del 1 de noviembre de 2022, dentro de los que se
encontraba el interpuesto por la parte actora.
De lo anterior, la Sala destaca que, si bien la actora señaló como pretensión que se
resuelva de fondo el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución CJR22 –
442 del 1 de noviembre de 2022, lo cierto es que con la presente solicitud de amparo
lo que pretende es controvertir la decisión contenida en la Resolución CJR23 – 0022
del 16 de enero de 2023, en relación con las preguntas objeto de debate.
El citado acto administrativo dispuso confirmar la Resolución CJR22 – 442 del 1 de
noviembre de 2022 y, en consecuencia, no repuso los puntajes obtenidos por los
recurrentes para los cargos correspondientes. Así mismo, rechazó los recursos de
reposición presentados sin el cumplimiento de requisitos; igualmente, señaló que,
contra el acto administrativo, no procedían recursos en sede administrativa, por lo que
la decisión se encuentra en firme.
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Al respecto, la Sala encuentra que en el presente caso no se cumple con el requisito
general de subsidiariedad, lo cual hace improcedente el estudio de fondo del defecto
invocado en la acción de tutela, como se pasa a explicar.
En el caso concreto, la parte demandante pretende, en esencia, que se validen las
preguntas que controvirtió y se acceda a recalcular su puntaje, sin embargo,
justamente eso fue lo pretendido con el recurso de reposición que ya fue resuelto en
la Resolución CJR23 – 0022 del 16 de enero de 2023 expedida por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, porque, a juicio de la parte actora, la entidad
demandada no analizó de forma concreta, clara, congruente y de fondo las objeciones
presentadas a las preguntas objeto de debate, de acuerdo con los argumentos que
propuso en el recurso de reposición y su complementación. La Sala advierte que el
acto administrativo que la actora pretende controvertir es una decisión con naturaleza
de definitiva, pues definió la situación particular del demandante al confirmar el puntaje
que obtuvo e impide que continúe en el proceso de selección para ingresar a la carrera
de la rama judicial.
Por lo anterior, la presente solicitud de amparo no cumple el requisito de subsidiariedad
porque la actora cuenta con otro medio de defensa judicial, teniendo en cuenta que el
debate propuesto recae sobre la legalidad de una decisión de carácter definitivo que
produjo efectos jurídicos particulares para la interesada, como quiera que, mediante la
Resolución CJR22 – 442 del 1 de noviembre de 2022, junto con el acto que resolvió el
recurso de reposición, esto es, la Resolución CJR23 – 0022 del 16 de enero de 2023,
la excluyó del concurso de méritos.
De este modo, al estar en presencia de un acto administrativo que puede demandar
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme
lo establecido en el artículo 138 del CPACA, el cual resulta eficaz para resolver el
debate que propone y, además, cuenta con la posibilidad de solicitar medidas
cautelares que considere pertinentes de conformidad con el artículo 229 del CPACA.
Este es el mecanismo idóneo para conseguir el amparo de los derechos invocados.
Máxime si se considera que lo que pretende es que se recalcule el puntaje obtenido y
se le permita continuar en la convocatoria.
Conforme con lo anterior, la acción de tutela resulta improcedente para controvertir la
resolución que resolvió el recurso de reposición interpuesto, toda vez que, como quedó
expuesto, la actora puede interponer el medio de control pertinente para que se
determine la legalidad de la decisión pues en ultimas lo que pretende es controvertir la
puntuación obtenida.
En tal sentido, la parte actora cuenta con otros mecanismos, los cuales a la fecha no
han sido interpuestos y, por ende, la presente solicitud de amparo es improcedente.
Vale destacar que la Sala ya se ha pronunciado en el mismo sentido en casos con
similitud fáctica al caso objeto de estudio 5.
En relación con la existencia de otro medio de defensa judicial, el artículo 6° del
Decreto 2591 de 1991, establece:
“Artículo 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
5 Sentencia del 20 de noviembre de 2019 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2019-04466-00 C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
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no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Se entiende por
irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado en su integridad mediante una
indemnización.” (Negrilla fuera de texto)
Así mismo, la Corte Constitucional, en la Sentencia T- 972 de 2005 consideró:
“Se encuentra ya muy decantada la jurisprudencia de la Corte acerca de la naturaleza
residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia cuando existe un
mecanismo ordinario de defensa. Así ha destacado en múltiples oportunidades que los
medios y recursos judiciales ordinarios son el escenario preferente para invocar la
protección de los derechos constitucionales fundamentales que se consideren
vulnerados en una situación específica, y a ellos deben acudir, en principio, los
afectados, a fin de hacer prevalecer la supremacía de estos derechos y el carácter
inalienable que les confiere la Carta.
En consecuencia, la acción de tutela adquiere la condición de medio subsidiario, cuyo
propósito no es el de desplazar a los otros mecanismos, sino el de fungir como último
recurso orientado a suplir los vacíos de defensa que en determinadas circunstancias
presenta el orden jurídico, en materia de protección de derechos fundamentales.
Así, la protección de derechos fundamentales es un asunto que el orden jurídico
reserva a la acción de tutela en la medida que el mismo no ofrezca al afectado otros
medios de defensa judicial, de igual o similar eficacia. Sin embargo, de la sola
existencia de un medio alternativo de defensa judicial, no deviene automáticamente la
improcedencia de la acción de tutela.
En aquellos eventos en que se establezca que el ordenamiento jurídico tiene previsto
un medio ordinario de defensa judicial, corresponde al juez constitucional resolver dos
cuestiones: la primera, consiste en determinar si el medio judicial alterno presenta la
idoneidad y eficacia necesarias para la defensa de los derechos fundamentales. Si la
respuesta a esa primera cuestión es positiva, debe abordarse la cuestión subsiguiente
consistente en determinar si concurren los elementos del perjuicio irremediable, que
conforme a la jurisprudencia legitiman el amparo transitorio.”
La acción de tutela tampoco procede como mecanismo transitorio, puesto que el
demandante no demostró la existencia de un verdadero perjuicio irremediable. La Sala
no advierte que la decisión de la autoridad demandada consistente en confirmar el
puntaje inicialmente obtenido en el concurso constituya una actuación que ocasione
un riesgo cierto y real que amenace o afecte un derecho fundamental y que amerite la
intervención urgente e inmediata del juez de tutela.
El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio de protección no debe verse solamente desde la perspectiva de las
consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que puede producir las decisiones de
la administración. Esas decisiones pueden estar revestidas de legalidad y, por ende,
las consecuencias perjudiciales de quienes las sufren no son ilegítimas o ilícitas. No
porque una decisión de la administración resulte desfavorable a los intereses de los
administrados debe asumirse que existe un perjuicio irremediable que deba evitarse
mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos los actos administrativos que
establecen situaciones desfavorables a los destinatarios tendrían que ser suspendidos
por vía de tutela.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00283-01
Demandante: María Johana Taborda Leiva
Por lo expuesto, la Sala revocará el fallo de primera instancia y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora María Johana Taborda
Leiva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Revocar la sentencia del 23 de febrero de 2023, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora María
Johana Taborda Leiva.
3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta Ausente con permiso
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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