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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00802-01

Fecha
6 de julio de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00802-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el 14 de abril de 2023, por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00802-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

6 de julio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00802-01
Demandante: Luis Alexander Ramos Parada

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-00802-01
Demandante LUIS ALEXANDER RAMOS PARADA
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas Acción de tutela contra autoridades administrativas. Requisito de
procedencia de la subsidiariedad. Inexistencia de un perjuicio
irremediable. Acto administrativo que excluyó de concurso de
méritos.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por Luis Alexander Ramos Parada contra
la sentencia de tutela del 14 de abril de 2023, proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que dispuso:
“PRIMERO: DECLÁRASE improcedente la solicitud de tutela de Luis Alexander Ramos
Parada contra el Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de Administración de Carrera
Judicial, la Universidad Nacional de Colombia y Eduardo Aguirre Dávila como director de
proyecto del contrato 096 CSJ-UN”1.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 15 de febrero de 20232, Luis Alexander Ramos Parada, actuando en nombre
propio, instauró acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
de Administración de Carrera Judicial, la Universidad Nacional de Colombia y el
director de proyecto del contrato 096 CSJ-UN, Eduardo Aguirre Dávila, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, de petición y de acceso a cargos públicos. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Solicito respetuosamente al juez de tutela, amparar mis derechos
fundamentales al debido proceso administrativo, derecho de defensa, confianza legitima,
carrera administrativa, Derecho de Petición y acceso a cargos públicos mediante concurso
de méritos; además de aquellos que en su consideración también hayan sido vulnerados, por
el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION UNIDAD DE CARRERA
JUDICIAL y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
SEGUNDO: En consecuencia, solicito se ordene a las entidades accionadas CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL y a la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA a resolver de fondo las objeciones presentadas
a las siguientes preguntas:

1 Página 4 de la sentencia de tutela de primera instancia que data del 14 de abril de 2023. Samai en primera
instancia, índice 12.
2 Samai, índice 1.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00802-01
Demandante: Luis Alexander Ramos Parada

● Componente de conocimientos: Preguntas 53, 55, 61, 70, 84, 89, 99, 105, 106, 108, 114, 118, 119
y 125.
● Componentes de aptitudes: Preguntas: 7, 21, 25, 29, 34.
Cuyas sustentaciones, se encuentran contenidas en el escrito de ampliación del recurso de
reposición interpuesto en contra de la RESOLUCIÓN No. CJR22-0351 del 1 de septiembre
de 2022.
TERCERO: De considerarlo necesario y conforme a la solicitud que hiciere la directora de la
Unidad de carrera en oficio número CJ023 - 332 del 31 de enero de 2023, dirigido al Dr.
EDUARDO AGUIRRE DAVILA en su calidad de director de proyecto del contrato 096 CSJ-
UN, el cual como asunto indica: "Ausencia de respuesta frente a interrogantes realizados por
aspirantes al cargo de Juez Promiscuo Municipal en los recursos de reposición contra los
resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes publicados mediante CJR22-0351 -
convocatoria 27" el cual adjunto con pantallazo, lo cual ocurrió en todos los cargos. Solicito
otorgar EFECTO INTERCOMUNIS a esta decisión para todos los participantes de la
convocatoria No 27 que presentaron la ampliación a los recursos de reposición contra la
prueba de aptitudes y conocimiento para el cargo Juez Promiscuo de Familia en atención a
la falta de respuesta a sus recursos, y ordenar nuevo termino para que la Universidad
resuelva de fondo los mismos y se suspenda el cronograma de la convocatoria hasta tanto
ello no se realice.
CUARTO: Ordenar en consecuencia que se adicione el acto administrativo RESOLUCIÓN
CIR23-0043 16ENE2023 Y SUS ANEXOS "POR MEDIO DE LOS CUALES SE RESUELVE
EL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN
CJR22-0351 Y SU ANEXO", que negó el recurso de reposición presentado y se ORDENE
expedir otro una vez resuelto el recurso de fondo y en debida forma.
QUINTO: DE CONSIDERARLO EVIDENTE, se ordene MODIFICAR la Resolución CJR22-
0351 del 01 de septiembre de 2022 y su respectivo anexo, por medio de la cual se expide el
listado de los resultados de la prueba de conocimientos, donde se me asignó una calificación
de 578,95 en la prueba de conocimientos (sobre 700 posibles) y 194,05 en la prueba de
aptitudes (de 300 posibles) para un resultado total de 773,00 el cual fue notificado mediante
la RESOLUCIÓN No. CJR22- 0351 del 1 de septiembre de 2022, para el Cargo de Juez
Promiscuo de Familia Y EN SU LUGAR SE REPONGA DICHA DECISION ASIGNANDO el
puntaje aprobatorio superior a 800 puntos acorde a los argumentos expuestos en las
objeciones a algunas preguntas que tiene doble respuesta válida, claves de respuesta o
enunciados inexequibles, errores de redacción, errores en los razonamientos matemáticos y
lógicos o inconsistencias consignados en la ampliación del recurso.»3.

Adicional a lo anterior, solicitó que se decrete medida provisional en los siguientes
términos:
«solicito la suspensión de las demás etapas del CONCURSO CONVOCATORIA 27 hasta
tanto se resuelva la presente acción de tutela y/ o se dé respuesta de fondo al recurso
incoado (ya que de acuerdo al cronograma, hasta el 16 de febrero se podrán efectuar las
verificaciones de la documentación), así que puede presentarse un perjuicio irremediable que
afecte mis derechos pues el objeto de la presente acción de tutela se encamina obtener
respuesta de fondo del recurso, en aras de continuar con las demás fases de la convocatoria
ya que las accionadas no resolvieron adecuadamente el recurso de reposición interpuesto
en contra de los resultados asignados a la prueba escrita.»4.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo
Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para la provisión de
cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria nro. 27).

3 Página 20 y 21 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
4 Página 22 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
2

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Demandante: Luis Alexander Ramos Parada

2.2. El accionante participó en el concurso de méritos, como aspirante a Juez
Promiscuo de Familia.
2.3. En la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, se publicaron los
resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos, acorde con los cuales
el demandante obtuvo un puntaje no aprobatorio.
2.4. El 21 de septiembre de 2022, el tutelante interpuso recurso de reposición
contra la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022 y, el 15 de
noviembre de ese año, lo adicionó.
2.5. A través de la Resolución CJR23-0043 del 16 de enero de 2023, el Consejo
Superior de la Judicatura resolvió los recursos de reposición presentados
contra la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, en el sentido
de confirmar las decisiones contenidas en dicho acto administrativo. En
consecuencia, tal autoridad dispuso «no reponer los puntajes obtenidos por los
recurrentes relacionados en el “Anexo 1”, para el cargo de Juez Promiscuo de Familia».

3. Fundamentos de la acción
El tutelante sostuvo que si bien la Universidad Nacional de Colombia y el Consejo
Superior de la Judicatura se pronunciaron formalmente sobre el recurso de
reposición, realmente no resolvieron de fondo las objeciones planteadas en el
recurso, puesto que, en palabras del accionante «se limitó a indicar por qué sus claves de
respuesta eran validas, a pesar de que en mi recurso recurrí u objeté preguntas por otros aspectos
que no guardaban relación con la validez de la clave de respuesta (…)» 5.

Manifestó que acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los recursos
interpuestos con la finalidad de controlar los actos administrativos constituyen una
forma de ejercitar el derecho de petición, en el marco del cual existe la obligación
de que la autoridad atienda de fondo a lo pedido.
A su vez, citó la sentencia del 1° de junio de 2016, proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en la que se afirmó que la acción de tutela es procedente
para atacar decisiones que se dictan en concursos de mérito. Esto, en el evento de
presentarse una flagrante violación de un derecho fundamental y dada la carencia
de medios judiciales para lograr la continuidad en el concurso.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto del 21 de febrero de 2023, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado (i) admitió la acción de tutela presentada por
Luis Alexander Ramos Parada contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial, la Universidad Nacional de
Colombia y el señor Eduardo Aguirre Dávila en su calidad de director de
proyecto del contrato 096 CSJ-UN; (ii) ordenó notificar al solicitante, a la parte
accionada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y (iii) negó
la solicitud de medida provisional por cuanto los criterios de urgencia y
necesidad que sustentaban la solicitud de suspensión de la convocatoria,
serían objeto de análisis en el fallo.
4.2. La Universidad Nacional de Colombia argumentó que la acción de tutela es
improcedente por carencia actual de objeto, considerando que, a través de la

5 Página 2 del escrito de tutela. Samai, índice 2
3

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Resolución CJR23-0043 las autoridades accionadas resolvieron de forma
clara y de fondo las solicitudes formuladas por el accionante.
A su vez, manifestó que la acción interpuesta no satisface los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad. Frente a este último indicó que existen otros
medios de defensa judicial a través de los cuales el aspirante podrá cuestionar
la legalidad de la Resolución CJR23-0043. Lo anterior, sumado a que no se
advierte un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela de
manera excepcional.
De forma subsidiaria, agregó que las entidades accionadas no han vulnerado
el debido proceso ni han obstaculizado el acceso a cargos públicos, puesto
que el accionante ha podido ejercer los recursos a su alcance para controvertir
los actos administrativos y estos se han resuelto en debida forma.

4.3. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura reiteró la carencia actual de objeto por hecho superado
argumentando que los reparos planteados por el accionante fueron atendidos
a través de la Resolución CJR23-0043. En ese sentido, indicó de manera
detallada cómo la Resolución, junto con el Anexo 1 y 2, dan respuesta a cada
uno de los interrogantes planteados por el accionante.

Así mismo, afirmó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
cuestionar actos administrativos.

5. Providencia impugnada

En sentencia del 14 de abril de 2023, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto
existe otro medio de defensa judicial para resolver las pretensiones del accionante,
y no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

Lo anterior, sustentado en que, acorde con el artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991,
la acción de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judiciales,
salvo que se utilice de forma transitoria para evitar un perjuicio irremediable.

En ese entendido, indicó que el accionante tiene a su disposición el trámite previsto
en el artículo 138 del CPACA para controvertir las Resoluciones CJR22-0351 del 1
de septiembre de 2022 y CJR23-0043 del 16 de enero de 2023. E indicó que en el
marco de dicho trámite podrá salvaguardar sus intereses, solicitando como medida
cautelar la suspensión provisional de los actos.

6. Impugnación

La parte accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia con
fundamento en las siguientes consideraciones:

6.1. El a quo desconoció la jurisprudencia constitucional, según la cual, no
responder un recurso de fondo constituye una vulneración del derecho de
petición. Esto, por cuanto la Administración tiene el deber de resolver los
recursos de forma oportuna, suficiente y congruente con lo solicitado.

6.2. El juez constitucional de primera instancia dejó de lado que la jurisprudencia
del Consejo de Estado ha reconocido la procedencia de la acción de tutela en

4

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el marco de los concursos de mérito. Esto, en el evento de presentarse una
flagrante violación de un derecho fundamental, y dada la carencia de medios
judiciales para lograr la continuidad en el concurso.

6.3. Contrario a lo manifestado por el juez de primera instancia, está demostrada
la existencia de un perjuicio irremediable, considerando que el concurso de
méritos continuó con sus etapas y la justicia administrativa no es ágil en el
trámite de los procesos.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar improcedente
la tutela por considerar que existe otro medio de defensa judicial para resolver las
pretensiones del accionante.

La Sección también deberá determinar si en el caso bajo análisis se configura un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio de protección de derechos fundamentales.

Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si el Consejo Superior de la
Judicatura y la Universidad Nacional vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el actor por la alegada respuesta parcial, incongruente y abstracta de
su recurso de reposición.

3. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela

3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su turno, el artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando
existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

6
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
5

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Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede
cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los
derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá
como mecanismo transitorio de protección.

Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción
de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se
definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las
que se encuentra el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la
existencia o no de un perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.

En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos
fundamentales del actor. Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte
Constitucional manifestó:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción
de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales
(…)»7.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición,
pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.

3.2. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los
concursos de méritos, convocados para acceder a cargos públicos, esta
Corporación ha sostenido8 que gran parte de las decisiones dictadas en los
concursos de méritos son actos administrativos de trámite, expedidos

7 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
8 En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de AC-00698[1],
sostuvo que “las decisiones dictadas durante un concurso docente son actos de trámite, expedidos dentro
de la actuación propia del mismo y las determinaciones que en ellos se adoptan se hacen justamente para
impulsar y dar continuidad al proceso de las convocatorias, en cumplimiento de los deberes legales de las
entidades involucradas. Contra los actos de trámite no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las
acciones contencioso-administrativas, por lo tanto, en el caso objeto de estudio, la actora no cuenta con
otros medios de defensa para lograr la continuidad en el concurso docente y las acciones de nulidad o
nulidad y restablecimiento del derecho, no son eficaces para lograr la protección a los derechos
fundamentales invocados”.
6

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justamente para impulsar y dar continuidad a la convocatoria. Como se sabe,
contra los actos de trámite no proceden los recursos ni las acciones
contencioso administrativas y, por lo tanto, la tutela es el remedio judicial
idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de los
concursantes. Por consiguiente, la Sección ha estudiado de fondo las tutelas
en las que se discuten decisiones de mero trámite.

Sin embargo, en los casos en los que han culminado las etapas del concurso
y existe un acto administrativo que establece la lista de elegibles para proveer
los cargos ofertados, esta Sección ha sostenido que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho sí se erige como el mecanismo judicial idóneo y
eficaz para la protección de los derechos de las personas que se someten a
un concurso de méritos9, pues se trata de un acto administrativo definitivo, que
establece el número de plazas a ocupar y el orden de elegibilidad, según el
puntaje.

A la misma conclusión ha llegado la Sala frente a los actos que excluyen a los
participantes del concurso de méritos, porque también se trata de un acto
administrativo definitivo10. En esos casos, se ha concluido que la tutela es
improcedente, ya que existe otro medio para la protección de los derechos
fundamentales violados o en situación de amenaza: la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En conclusión, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se
dicten en un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite.
No obstante, si se discute una decisión definitiva (como el acto que contiene
el registro de elegibles o el acto que excluye a un participante de un concurso,
por ejemplo) la acción de tutela es improcedente, porque existen otras vías de
defensa judicial, como los medios de control ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en los que se puede hacer uso de las medidas
cautelares.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela para evitar un perjuicio
irremediable

Ahora bien, existen casos excepcionales en los que a pesar de la existencia
de otro medio de defensa judicial es posible que la tutela proceda como
mecanismo transitorio. Pues, la existencia de un medio judicial ordinario no
significa automáticamente la improcedencia de la acción de tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional11 ha indicado que, si bien por regla general
la tutela es improcedente contra los actos administrativos de carácter
particular, por cuanto es posible controvertirlos a través de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, el amparo procederá cuando se invoque para
evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

9
Al respecto ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Expedientes No. 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
10 Al respecto ver, entre otras providencias: Sentencias del 1° de julio de 2021, expedientes 11001-03-15-000-
2021-03087-00 y 11001-03-15-000-2021-02796-00, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del 23 de
marzo de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-00867-00, M.P. Milton Chaves García; sentencia del 13
de abril de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-00323-00 M.P. Stella Jeannette Carvajal; sentencia del
4 de mayo de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-00283-01, M.P. Milton Chaves García.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-315 de 2022.
7

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Dicho perjuicio deberá reunir ciertos requisitos para que torne procedente la
acción de tutela, incluyendo: “(i) que se trate de un hecho cierto e inminente; (ii) que las
medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es
grave; y finalmente (iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables” 12. De
manera que, no todo perjuicio se considera irremediable, sino solo aquel que,
por sus características de inminencia y gravedad, requiera de medidas de
protección urgentes e impostergables13.

5. Análisis del caso

5.1. El señor Luis Alexander Ramos Parada cuestiona la Resolución CJR23-0043
del 16 de enero de 2023, expedida por la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, porque, en su criterio, ese acto administrativo no resolvió de fondo los
argumentos expuestos en el recurso de reposición y en su adición.

En ese sentido, si bien el accionante sustenta su inconformidad en la
vulneración al derecho de petición, la Sala observa que lo que en realidad se
persigue con la presente acción es cuestionar los argumentos de fondo de la
Resolución CJR23-0043, en lo que respecta a las preguntas objetadas y a la
decisión de no reponer los puntajes obtenidos por los recurrentes.

Sería del caso analizar los argumentos propuestos, sin embargo, la Sala
advierte que el referido acto administrativo tiene naturaleza definitiva, pues
resolvió la situación particular del actor al confirmar el puntaje que obtuvo, lo
cual impide que continúe en el proceso de selección para ingresar a la carrera
administrativa de la Rama Judicial.

En esa medida, la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad
debido a que el demandante cuenta con otro medio de defensa judicial a través
del cual puede controvertir la Resolución Nro. CJR23-0043 del 16 de enero de
2023. Y no es otro que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, alegando, por
ejemplo, la causal de expedición irregular del acto administrativo, pues los
reproches formulados en realidad están relacionados con la forma cómo la
Resolución cuestionada resolvió el recurso de reposición presentado por el
actor.

De este modo, lo planteado por el actor aun cuando en apariencia esté
relacionado con el derecho fundamental de petición, en realidad está dirigido
a controvertir la legalidad de los precitados actos administrativos de carácter
particular que resolvieron sobre el puntaje obtenido y que, en consecuencia,
lo excluye del concurso de méritos.

5.2. Sumado a lo anterior, en el caso del actor no se configuran los eventos
excepcionales, que habiliten la intervención del juez de tutela, debido a que el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo y eficaz
para controvertir actos de carácter particular. Y es así porque el legislador,
justamente, creó esa vía procesal para cuestionar la legalidad de esa clase de
actos administrativos.

12 Corte Constitucional. Sentencia T-896 de 2007
13 Corte Constitucional. Sentencia T-1316 de 2001 y T-002 de 2019.
8

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00802-01
Demandante: Luis Alexander Ramos Parada

El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, además,
posibilita el empleo de medidas cautelares que, gracias a los cambios
introducidos en la Ley 1437 de 2011, garantizan celeridad y mayor campo de
valoración para el juez contencioso administrativo. De manera que en el
supuesto de que existiera un perjuicio de vasta magnitud originado por la
decisión de la Unidad de Administración de Carrera Judicial, las medidas
cautelares garantizan la idoneidad y celeridad del medio de control referido.

Sobre el tema, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado sostuvo lo siguiente:

«i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo
el proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que:
ii) que la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia
protectora que la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el
proceso, b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción
que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del
pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para
concluirlo»14

De modo que el actor, en el proceso ordinario, podrá pedir la suspensión
provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo de exclusión. Medida
cautelar que resulta un medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permite
proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia.

En este punto, debe decirse que las medidas cautelares deben ser resueltas,
a más tardar, a los 15 días hábiles15 siguientes a la admisión de la demanda,
de conformidad con el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011.

5.3. Así, además de tratarse de un mecanismo eficaz e idóneo en el cual se pueden
solicitar medidas cautelares, en el caso no existe un perjuicio irremediable en
los términos dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es decir una
afectación grave, inminente y que requiera medidas impostergables. Y esto
obedece a que la decisión de la autoridad demandada, consistente en no
reponer el puntaje obtenido, no constituye una actuación que ocasione un
riesgo cierto y real que amenace o afecte un derecho fundamental y que
amerite la intervención urgente e inmediata del juez de tutela.

El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio de protección no debe verse solamente desde la
perspectiva de las consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que
pueden producir las decisiones de la administración. En esa medida, no
porque una decisión resulte desfavorable a los intereses de los administrados
debe asumirse que existe un perjuicio irremediable que deba evitarse
mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos los actos administrativos
que establecen situaciones desfavorables a los destinatarios tendrían que ser
suspendidos por vía de tutela.

14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de marzo de 2014.
Radicado 25000-23-42-000-2013-06871-01. Actor: Gustavo Francisco Petro Urrego. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
15 Estos 15 días están representados así: 5 días en los que se corre el traslado a la contraparte sobre la
solicitud de las medidas cautelares y 10 días para que el juez o magistrado ponente decida sobre la medida
cautelar.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00802-01
Demandante: Luis Alexander Ramos Parada

Explicado lo anterior, se considera que en el caso no se configuran las
condiciones necesarias para que la tutela proceda como mecanismo
transitorio. Ni existe un perjuicio que cumpla con las características dispuestas
por la jurisprudencia constitucional para ser considerado como irremediable,
ni se advierte la falta de idoneidad o ineficacia del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.

A causa de lo anterior, se debe concluir que no existe razón válida que permita
la procedencia excepcional de la tutela en el caso particular.

6. Conclusión
Por las razones expuestas, se concluye que no se satisface el requisito de
subsidiariedad, porque existe otro medio de defensa judicial al cual el actor puede
acudir para ventilar sus inconformidades y porque en el caso, la tutela no procede
como mecanismo transitorio. En consecuencia, se confirmará la decisión de primera
instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el
señor Luis Alexander Ramos Parada.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el 14 de abril de 2023, por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta decisión.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

10

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