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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00323-00

Fecha
13 de abril de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00323-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la señora Mónica Johana Naspirán Salas contra el Consejo Superior de la 6 Corte Constitucional, sentencia T-160 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Ver también: Corte Constitucional, sentencia T-586 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos. 7 Corte Constitucional, sentencia SU-695 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-00323-00 Demandante: Mónica Johana Naspirán Salas Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00323-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

13 de abril de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00323-00
Demandante: Mónica Johana Naspirán Salas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00323-00
Demandante: MÓNICA JOHANA NASPIRÁN SALAS
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Recurso de reposición
contra la Resolución No. CJR22-0351 de 1 de septiembre de
2022, “Por medio de la cual se publican los resultados de la
prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de
Funcionarios de la Rama Judicial”. Convocatoria No. 27 de
2018

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Mónica Johana Naspirán Salas contra el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la
Universidad Nacional de Colombia, con el fin de que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso, de petición y a la igualdad los cuales considera
vulnerados con la falta de respuesta de fondo al recurso de reposición presentado
contra la Resolución No. CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022, “Por medio de
la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos
correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de
Funcionarios de la Rama Judicial”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora manifestó que se inscribió a la Convocatoria No. 27 de 2018 para el
cargo de Juez Promiscuo Municipal y que en el marco de la misma presentó la
prueba de aptitudes y conocimientos.

Aseguró que los resultados de dicha prueba se publicaron por medio de la
Resolución No. CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022, obteniendo 222.10
puntos para la prueba de aptitudes y 575,18 puntos en la prueba de conocimientos
para un total de 797,28 puntos, lo que resultó insuficiente para aprobar el examen.

Afirmó que por encontrarse insatisfecha con la calificación asignada presentó
recurso de reposición contra el referido acto administrativo y asistió a la exhibición
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Demandante: Mónica Johana Naspirán Salas

del cuadernillo de la hoja de respuestas y preguntas, en donde “verificó con total
certeza que se contabilizaron mal el total de preguntas acertadas hechas por la
suscrita en la prueba de conocimientos y la de aptitudes”, por lo que considera que
debe modificarse su puntaje.

En particular, sostuvo en cuanto a la prueba de aptitudes que respondió de forma
correcta las preguntas 1 a 5, 10 a 12, 14 a 18, 20, 22, 25 a 27, 29, 33, 35, 37 a 39,
42, 44, 47 a 50, por lo que considera que su puntaje corresponde a 226,78. Frente
a la prueba de conocimientos indicó que respondió de forma correcta las
preguntas 51, 52, 54, 56 a 57, 60, 63 y 64, 66 y 67, 71 a 72, 74, 75, 79, 80, 85, 86,
88 a 90, 92, 93, 95 a 98, 100, 101, 103, 106, 107, 109, 111, 115, 116, 123, 124,
127, con un total de 39 aciertos por lo que le corresponde un puntaje de 584,91,
para un total de 811,89 puntos.

Por último, adujo que el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, expidió la Resolución CJR23-0042 de 16 de
enero de 2023, “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición
presentados contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022,
mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del
cargo de Juez Promiscuo Municipal de la Rama Judicial”.

2. Fundamentos de la acción

La accionante presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad
Nacional de Colombia, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales
al debido proceso, de petición y a la igualdad, los cuales considera vulnerados por
la falta de respuesta clara, congruente y de fondo a las inquietudes formuladas en
el recurso de reposición presentado contra la Resolución No. CJR22-0351 de 1 de
septiembre de 2022.

Sostuvo que si bien se expidió la Resolución No. N CJR23-0042 de 16 de enero
de 2023, en realidad dicho acto administrativo no resolvió de fondo lo planteado en
el recurso de reposición dado que a pesar de que en él solicitó la revisión manual
de las pruebas de aptitudes y de conocimientos no se efectuó ningún
pronunciamiento al respecto. Por el contrario, se guardó completo silencio y se
expidió un acto administrativo en el que no se abordaron las particularidades de su
caso.

Aseguró que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, en cabeza de su
directora, “no sólo omitió atender de fondo y de forma congruente los argumentos
que le fueron planteados en el recurso, pues solo se limitó a explicar las
preguntas; sino que, de forma general los resolvió sin atender las circunstancias
de cada participante. Prueba de ello, es que frente a mi argumentación principal,
huelga decir, “que asistí la EXHIBICIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS realizada el 30
de octubre del año anterior y verifiqué con total certeza que se contabilizaron mal
el total de preguntas acertadas hechas por la suscrita en la prueba de
conocimientos y la de aptitudes” no hubo pronunciamiento alguno; siendo dicha
actuación por demás ilegal, desconociendo así la Constitución, la ley y los
precedentes de las máximas corporaciones judiciales”.

Por último, advirtió que la acción de tutela resulta procedente para controvertir el
referido acto administrativo pues no cuenta con otro medio de defensa, dado que
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en el mismo se indicó expresamente que no proceden recursos en sede
administrativa, lo que, en su sentir, conlleva la existencia de un perjuicio
irremediable.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela la accionante formuló las siguientes:

“PRINCIPALES

1. Que se me aplique la misma justicia que se ha aplicado a otros participantes en
los procesos de selección y se apliquen los mismos parámetros que la Directora de
la Unidad de Carrera aplica en sus actos administrativos pero que ahora de forma
arbitraria y contra la ley pretende omitir.

2. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de
petición, al trabajo, al acceso a cargos públicos y a la igualdad y se apliquen las
mismas consideraciones y argumentos con los cuales anteriormente por casos
análogos se han protegido los derechos de los accionantes.

3. Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial - resuelva de fondo mi recurso de reposición frente a mi
argumentación principal, huelga decir, “que asistí a la EXHIBICIÓN DE PRUEBAS
ESCRITAS realizada el 30 de octubre del año anterior y verifiqué con total certeza
que se contabilizaron mal el total de preguntas acertadas hechas por la suscrita en
la prueba de conocimientos y la de aptitudes”, frente al cual no hubo
pronunciamiento alguno. En ese sentido, que, se revise una a una las preguntas y
respuestas de mi examen, y se proceda de manera inmediata a recalificar el mismo,
asignando el puntaje que corresponde, como es su deber legal, es decir, que se me
asigne el puntaje que se dispone a continuación resaltado como aprobado:

4. Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial - que responda de forma congruente los argumentos que le fueron
puestos de presente en el recurso de reposición hecho por la Suscrita, respetando
así el principio de congruencia, en el sentido que, se revise una a una las preguntas
y respuestas de mi examen, y se proceda de manera inmediata a recalificar el
mismo, asignando el puntaje que corresponde, conforme a la fórmula idónea de
calificación, excluyendo las preguntas con problemas en su elaboración, taxonomía,
ambigüedad, dualidad de respuestas, etc. y proceder a asignar puntaje aprobado a
las preguntas que fueron válidas como aspirante al cargo de Juez Promiscuo
Municipal.

5. Que Se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación para que se estudie
la posible comisión de las conductas prevaricadoras de la Doctora Claudia Marcela
Granados Romero - Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura.

6. Que Se compulsen copias a la Comisión Judicial de Disciplina Nación para que se
estudie la posible comisión de faltas disciplina en que incurre la Doctora Claudia
Marcela Granados Romero - Directora de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

SUBSIDIARIAS

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Demandante: Mónica Johana Naspirán Salas

1. Que se orden al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial - que corrija las preguntas cuyas respuestas consideradas correctas
por la universidad no coinciden con el ordenamiento legal, la jurisprudencia y el
orden constitucional.

2. Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial -, que las preguntas que fueron incluidas en la prueba de
conocimientos que le fueron formuladas a los participantes para el cargo de Juez
Promiscuo Municipal y que no corresponden a su competencia, sean tenidas en
cuenta como válidas para todos los participantes”.

4. Pruebas relevantes

Con la solicitud de amparo la actora aportó los siguientes documentos:

• Copia del recurso de reposición y de su escrito de complementación
presentado contra la Resolución No. CJR22-0351 de 1 de septiembre de
2022.
• Copia de la Resolución No. CJR23-0042 de 16 de enero de 2023.

5. Trámite procesal

Encontrándose el proceso de la referencia para decidir sobre su admisión, se
advirtió que mediante auto de 27 de enero de 2023, el despacho del magistrado
Roberto Augusto Serrato Valdés asumió el conocimiento de una acción de tutela
con similares fundamentos fácticos y jurídicos, radicada bajo el No. 11001-03-15-
000-2023-00316-00, demandante: Pablo Alejandro Zúñiga Recalde. Por lo
anterior, el Despacho mediante auto de 1 de febrero de 2023 resolvió remitir el
asunto al referido magistrado con el fin de que decidiera sobre su posible
acumulación.

Por auto de 13 de febrero de 2023, el Consejero negó la acumulación al
considerar que si bien la solicitud de amparo está dirigida a las mismas
autoridades no existe identidad en la causa petendi de los dos mecanismos de
amparo analizados, ya que difiere la situación de hecho que motivó la interposición
de los mismos. Por último, advirtió que tampoco se cumple con la identidad de
objeto porque se invocan derechos fundamentales distintos.

La Magistrada Sustanciadora en auto de 28 de febrero de 2023, dispuso la
admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a las
autoridades demandadas. Además, se ordenó al Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial, informar a todas las
personas que hacen parte del listado de recurrentes de la Resolución No. CJR23-
0042 de 16 de enero de 2023, mediante publicación en la página web y/o
aplicativo dispuesto para tales fines, sobre la admisión de la presente acción de
tutela, con el fin de que tengan conocimiento de la existencia de este mecanismo
constitucional como terceros interesados.

En el mismo auto se negó la medida provisional solicitada por la actora
consistente en que “SE ORDENE A LA UNIDAD DE CARRERA DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA QUE SUSPENDA LA NOTIFICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE PUBLICA LA RELACIÓN DE
ADMITIDOS DE LA CONVOCATORIA 27 QUE SE TIENE PROGRAMADA PARA
EL PROXIMO 8 DE FEBRERO DE 2023, ASÍ COMO LA SUSPENSIÓN DEL
ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVEN LOS
RECURSOS DE REPOSICIÓN FRENTE A LA RESOLUCIÓN No. CJR22-0351”,
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00323-00
Demandante: Mónica Johana Naspirán Salas

por cuanto, de lo manifestado en el escrito de tutela y el material probatorio
allegado con la demanda, no se encontró acreditada la necesidad, gravedad y
urgencia de la adopción de la medida provisional, ya que no se observa de
manera preliminar un riesgo inminente de afectación a los derechos
fundamentales invocados por la parte demandante que amerite la intervención
necesaria y urgente del juez de tutela para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas No.
18743 a 18748 de 3 de marzo de 2023, con el fin de darle cumplimiento a la
referida decisión1.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura

En memorial allegado a través de correo electrónico de 7 de marzo de 2023, la
directora de la Unidad sostuvo que se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado dado que la actora en el recurso de reposición interpuesto y en el
escrito complementario, presentó reparos y requerimientos relacionados con la
revisión de la calificación de los componentes de aptitudes y conocimientos, los
cuales fueron atendidos de forma suficiente en la Resolución No. CJR23-0042 de
16 de enero de 2023, en donde se indicó que con base en la información
proporcionada por la Universidad Nacional de Colombia, como operador técnico
de la prueba, que no se encontró ninguna inconsistencia en el proceso de
calificación de su prueba lo que dio lugar a que se confirmara el resultado por ella
obtenido en la Resolución CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022.

Aseguró que con el fin de dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 209 de la
Constitución Política, en especial de los principios de eficiencia, celeridad y
economía, este último desarrollado en el numeral 12 del artículo 3 de la Ley 1437
de 2011 -CPACA- y a lo establecido en el artículo 22 ibídem sustituido por el
artículo 1º de la Ley 1755 de 2015 que reguló el derecho fundamental de petición,
los recursos fueron resueltos en una sola resolución por cargo, mediante
categorías numeradas que agruparon cada uno de los temas planteados y con un
análisis particular sobre cada escrito, en donde las objeciones coinciden con los
ítems desarrollados en el cuerpo del acto administrativo.

Afirmó que los cuestionamientos efectuados por la accionante frente al número de
aciertos que en su criterio son mayores a los obtenidos, expresado en el marco del
recurso de reposición interpuesto contra los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, fue atendido con la Resolución No. CJR23-0042 de 16 de enero de
2023 en el punto 7 denominado “Solicitudes de revisión - Lector óptico”; el punto 9
denominado “Fórmula y metodología de calificación - Cálculo e información de los
datos estadísticos - Fundamento de la fórmula de calificación - Teoría o modelo
estadístico utilizado para calificar - Valor de cada pregunta- Aciertos propios
Método para conocer aciertos a partir del puntaje”; el punto 18 denominado
“Preguntas capciosas, ambiguas, confusas – Solicita excluir preguntas - Informar
si fue excluido algún ítem – Recalificar”, respecto de los cuales se efectuó la
respectiva marcación dentro del Anexo 1 del referido acto administrativo, tal como
1
Las partes demandante y demandada fueron notificadas a las siguientes direcciones de correo electrónico:
monik_naspiran@outlook.com; mnaspirs@cendoj.ramajudicial.gov.co; convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co;
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co; carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co;
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; ofijuridica_bog@unal.edu.co; notificaciones_juridica_bog@unal.edu.co;
notificaciones.judiciales@unad.edu.co; notificaciones_juridica_nal@unal.edu.co.
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se evidencia realizando la búsqueda por nombres y apellidos y/o número de
cédula de la aspirante en el siguiente link:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/132623650/CJR23-0042+-
+ANEXO+1+-+Juez+Promiscuo+Municipal.pdf/2d84fcda-4070-41b6-9dc4-
2c9324ce5d06.

Aseguró que en el punto 7 se hizo mención a los procesos de control de calidad
efectuados a la base de datos tanto de manera previa como posterior a la
aplicación de la prueba, con la realización de calibración de la máquina lectora de
las hojas de respuestas y la designación de un equipo de trabajo que realizó la
verificación de las respuestas capturadas por la lectora óptica, respectivamente,
de lo cual se concluyó que no existieron inconsistencias y por ende, se garantizó
una correcta obtención de las respuestas de los concursantes asegurando los
resultados procesados para la calificación.

De igual manera, allí se aclaró que con ocasión a los recursos interpuestos contra
los resultados de las pruebas escritas, se ejecutó por parte de la Universidad
Nacional de Colombia una nueva revisión manual e individual de las respuestas
registradas por los concursantes en la hoja de respuestas y no se observó
inconsistencia alguna en el proceso de calificación, lo que dio lugar a que se
confirmaran los puntajes comunicados mediante la Resolución CJR22-0351 de 1°
de septiembre de 2022.

En cualquier caso, sostuvo que con ocasión de la presente acción de tutela, el
área de psicometría de la Universidad Nacional de Colombia ratificó la correcta
calificación de la prueba en el componente de aptitudes y conocimientos, y
verificadas las coincidencias arrojó 29 respuestas correctas para la prueba de
Aptitudes y 37 respuestas correctas en la prueba de Conocimientos, así: “Prueba
de aptitudes: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 33,
35, 37, 38, 39, 42, 44, 47, 48 y 50. Prueba de conocimientos: 51, 52, 54, 56, 57,
60, 64, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 79, 80, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98,
100, 101, 106, 107, 109, 111, 115, 116, 123, 124 y 127”.

Así mismo, aseveró que en el punto 9 se hizo un desarrollo de la fórmula
empleada suministrando los datos estadísticos para el cargo evaluado
discriminados entre el componente de aptitudes y de conocimientos en aras de
permitir su debida aplicación para el caso concreto de cada aspirante y se ilustró
la manera en que se obtiene el número de aciertos o puntaje directo y la definición
de la media o promedio.

Así mismo, aseveró que al haberse realizado la marcación en el punto 18.3
“Recalificacion posterior a correcion o exclusion de items” en la fila del Anexo 1
correspondiente a la concursante, se le dio respuesta de manera particular,
indicándole por un lado, que luego de haberse realizado una revisión detallada de
los ítems incluidos se determinó que no eran susceptibles de modificación,
exclusión o invalidación por no ser ambiguos, confusos, capciosos o
impertinentes, toda vez que cumplieron con los requisitos y estándares técnicos
requeridos para la elaboración de pruebas en esta clase de procesos de selección
y, de otra parte, se aclaró que para el cargo por ella aplicado, se evidenció que la
pregunta 107 tenía varias opciones de respuesta o también denominadas
multiclave, situación que se identificó luego del análisis psicométrico y antes de la
calificación, por lo que, las opciones de respuesta fueron tenidas en cuenta en el
puntaje publicado y, en ese orden de ideas, el proceso de calificación se realizó de
forma adecuada.

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Así las cosas, pidió que se declare la carencia actual de objeto por hecho
superado pues considera que las inquietudes planteadas respecto de la
calificación y las preguntas objetadas se atendieron de manera clara, completa y
de fondo. A lo que agregó, que la acción de tutela “no es el mecanismo idóneo
para atacar actos administrativos que por su propia naturaleza se encuentran
amparados por el principio de legalidad, partiendo del presupuesto que la
administración, al momento de manifestarse a través de un acto, debe acatar las
prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada”.

6.2. Respuesta de la Universidad Nacional de Colombia

En escrito remitido mediante correo electrónico el 7 de marzo de 2023, el director
de proyecto del Contrato 096 de 2018 solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela por configurarse la carencia actual de objeto teniendo en cuenta
que se ha brindado respuesta de forma clara, completa y de fondo a todos los
reparos y a las solicitudes formuladas por la accionante en el recurso de
reposición.

Lo anterior, mediante la expedición de la Resolución No. CJR23-0042 de 16 de
enero de 2023, en la que se explicó cuál era la justificación técnica de los
diferentes ítems de la prueba en sus dos componentes, su pertinencia de cara a
los planteamientos expuestos por la accionante con relación al cargo aplicado y la
justificación técnico jurídica de cada opción de respuesta establecida como
correcta o incorrecta para efectos del cálculo del puntaje obtenido.

Además, sostuvo que la actora fue convocada y asistió a la jornada de exhibición
del material de la prueba el 30 de octubre de 2022, en las instalaciones de la
Institución Educativa Municipal Libertad de Pasto, en donde se le dio a conocer la
documentación del material de la prueba en las mismas condiciones que los
demás aspirantes que así lo solicitaron y se logró verificar cado uno de los aciertos
de cada ítem de la prueba. Agregó que fue con base en esa información que,
posteriormente, argumentó y allegó la ampliación correspondiente a su recurso de
reposición.

Por lo anterior, aseguró que ese establecimiento educativo ha garantizado el
debido proceso a la señora Mónica Johana en todas las etapas del concurso y, de
igual modo, ha resuelto en debida forma los diferentes cuestionamientos del
aspirante.

Refirió que la objeción planteada por la demandadante “con respecto a la
supuesta incongruencia del número de aciertos, en los que la aspirante afirma con
total certeza haber contado un número mayor no tiene asidero en consideración a
que como bien se estableció previamente, la accionada realizó nuevamente una
verificación manual que arrojó como resultado que los aciertos de la accionante se
encuentran acorde con la marcación de su hoja respuesta”.

Enseguida sostuvo que la acción de tutela no resulta procedente para controvertir
la Resolución No. CJR23-0042 de 16 de enero de 2023, por cuanto para ello la
actora cuenta con otros medios de defensa judicial que deben ser agotados antes
de acudir al trámite constitucional. Además, advirtió que en el asunto bajo examen
no se comprobó la existencia de un perjuicio irremediable que lo habilite a
desplazar los mecanismos ordinarios dado que en la demanda ordinaria cuenta
con la posibilidad de que se adopten medidas de carácter inmediato como serían
las medidas cautelares previstas en la Ley 1437 de 2011.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00323-00
Demandante: Mónica Johana Naspirán Salas

Por otro lado, señaló que la acción de tutela no cumple con el requisito de la
inmediatez pues fue interpuesta dos (2) meses y medio después de la jornada de
exhibición, en donde la actora se dio cuenta del supuesto error y con el cual, a su
sentir, se le vulneran sus derechos; espacio de tiempo que rebasa el término
prudente y razonable si se considera la existencia de una presunta violación de
derechos por parte de las accionadas.

Finalmente, refirió que las entidades demandadas no han vulnerado los derechos
fundamentales de petición y al debido proceso de la demandante dado que (i) el
ejercicio del recurso de reposición no implica necesariamente que se deba
resolver a favor del recurrente y, (ii) se le garantizó el ejercicio de los recursos que
tenía a su alcance para controvertir los actos administrativos y las situaciones
surgidas en el marco de la convocatoria No. 27, sin obstáculo alguno.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

2.1. Aun cuando la accionante sostuvo que la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de petición y a la igualdad radicó en que el
recurso de reposición promovido contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de
septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de
aptitudes y conocimientos correspondientes al concurso de méritos para la
provisión del cargo de Juez Promiscuo Municipal de la Rama Judicial no fue
resuelto de forma congruente, concreta ni de fondo, en realidad los argumentos
expuestos en el escrito de tutela se orientan a controvertir la Resolución No.
CJR23-0042 de 16 de enero de 2023, en la que se confirmó el puntaje que le
había sido otorgado en la prueba de aptitudes y conocimientos, lo que tiene como
consecuencia su exclusión definitiva del concurso de méritos adelantado en el
marco de la convocatoria No. 27 de 2018.

2.2. En esas condiciones, previo a cualquier consideración de fondo, la Sala debe
establecer si la solicitud de amparo constitucional es procedente para controvertir
la Resolución No. CJR23-0042 de 16 de enero de 2023, pues como lo advirtió la
actora, debieron acogerse los argumentos expuestos en el recurso de reposición
presentado contra el acto administrativo que dispuso la publicación de los
resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso
de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos
en el marco de un concurso de méritos

El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado dispone
de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo
constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin
de evitar un perjuicio irremediable.

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Demandante: Mónica Johana Naspirán Salas

En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para
evitar un perjuicio irremediable.

En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de
la subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.

En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”,
toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes
medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen
idóneos para restablecer el derecho conculcado.

No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso.

En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los
concursos públicos de méritos, la jurisprudencia de esta Sala ha identificado
dos supuestos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
dictados en el marco de los concursos de méritos. El primero, hace relación con
los actos de trámite en cuyo caso ha considerado que el medio de defensa judicial
idóneo es la acción de tutela porque los mismos no son susceptibles de control
judicial2. El segundo, se refiere a la improcedencia de la acción de tutela cuando
ha sido publicada la lista de elegibles, teniendo en cuenta que es contra ese acto
administrativo que se debe dirigir el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Empero, ha considerado que en aquellos casos en los que se
expidan actos en desarrollo del concurso de méritos, antes de la lista de elegibles,
es procedente la acción de tutela para analizar, por ejemplo, que una decisión de
exclusión de un aspirante por no haber cumplido determinado requisito se
encuentre o no ajustada a la convocatoria que es donde se fijan las reglas
aplicables en el proceso de selección3.

Sobre este particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-049 de 20194
indicó que la acción de tutela es procedente en los concursos de méritos: (i) contra
los actos de trámite, es decir, aquellos que se expiden para impulsar y dar
continuidad a las convocatorias, postura que ha reforzado con jurisprudencia de la
2
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-00372-01, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 9 de diciembre de 2020, exp Nº 11001-03-15-000-2020-04643-00, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 12 de noviembre de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2020-03787-01, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez (E); sentencia de 6 de agosto de 2020, exp. Nº 23001-23-33-000-2020-00050-01, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 22 de abril de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-04821-01, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez; sentencia de 6 de junio de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-00727-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto; sentencia de 29 de abril de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-01111-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez;
sentencia de 14 de junio de 2018, exp. Nº 68001-23-33-000-2017-01321-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
3
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de mayo de 2018, exp. Nº 25000-23-42-000-2017-05555-01, C.P.
Milton Chaves García; sentencia de 13 de agosto de 2017, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-00928-00, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto (E).
4
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
9

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Sección Segunda del Consejo de Estado y (ii) para resolver controversias
suscitadas en el desarrollo de un concurso de méritos, respecto de lo cual precisó
que “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática al señalar que la
acción de tutela es procedente frente a controversias originadas en concursos de
méritos para la provisión de empleos públicos si el proceso de selección se
encuentra en curso”.

Así mismo, de conformidad con la jurisprudencia de las diferentes Secciones del
Consejo de Estado, la acción de tutela es improcedente cuando la lista de
elegibles se encuentra en firme y ha creado situaciones jurídicas particulares y
derechos ciertos porque se podrían afectar derechos subjetivos, sin embargo, en
algunos casos aun existiendo la lista de elegibles es procedente la acción de tutela
cuando se evidencia que los mecanismos de defensa ordinarios no son idóneos y
eficaces (T-551 de 2017 y T-160 de 2018).

En suma, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se dicten en
un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite. No obstante,
cuando se controvierte una decisión definitiva (como el acto que contiene el
registro de elegibles o el acto que excluye a un participante de un concurso), la
acción de tutela es improcedente, porque existen otros medios de defensa judicial,
como los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en los que se puede hacer uso de las medidas cautelares.

4. Estudio y solución del caso en concreto

4.1. En el asunto bajo examen, la actora interpuso acción de tutela contra el
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial
y la Universidad Nacional de Colombia, al considerar que vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, de petición y a la igualdad. Lo anterior, al
encontrarse inconforme con lo resuelto en la Resolución No. CJR23-0042 de 16
de enero de 2023, “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición
presentados contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022,
mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del
cargo de Juez Promiscuo Municipal de la Rama Judicial”.

La demandante sustentó sus inconformidades en que debió efectuarse una
revisión manual de las pruebas de aptitudes y conocimientos porque de haberlo
hecho se le hubieran otorgado 811,89 puntos, que le permitirían aprobar el
concurso. Lo anterior, se explica en que en la jornada de exhibición del material de
la prueba constató que obtuvo un total de 30 ciertos en la prueba de aptitudes y 39
en la prueba de conocimientos por lo que su puntaje debe ser modificado.

4.2. Al respecto, cabe resaltar que la Resolución No. CJR23-0042 de 16 de enero
de 2023, se expidió en el marco de la actuación administrativa desarrollada por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura en la Convocatoria No. 27 para conformar los registros de elegibles de
los cargos de funcionarios del sistema de carrera judicial, la cual se convocó
mediante el Acuerdo No. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 (norma
reguladora del concurso), que faculta al Consejo Superior de la Judicatura a
diseñar, administrar y aplicar las pruebas correspondientes.

Dicha resolución resolvió de forma conjunta los recursos de reposición
interpuestos en contra de la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de

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2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del
cargo de Juez Promiscuo Municipal de la Rama Judicial, dentro de los cuales se
encontraba el interpuesto por la actora.

El citado acto administrativo dispuso confirmar la Resolución CJR22-0351 de 1º de
septiembre de 2022 y, en consecuencia, no reponer los puntajes obtenidos por los
recurrentes. Así mismo, resolvió que contra dicha decisión no procedían recursos
en sede administrativa, por lo que la decisión se encuentra en firme. Dicha
resolución es un acto administrativo de carácter definitivo que resolvió la situación
particular de la actora, quien al obtener un puntaje inferir a 800 puntos resultó
excluida del concurso de méritos, por lo que es susceptible de control ante la
jurisdicción contencioso administrativa.

Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, en el marco de
los concursos de méritos se profieren dos tipos de actos administrativos: de
trámite, que se expiden para impulsar y dar continuidad a las convocatorias,
frente a los cuales el medio de defensa judicial idóneo es la acción de tutela
porque los mismos no son susceptibles de control judicial, y definitivos que de
conformidad con el artículo 43 de la Ley 1437 de 2011, son aquellos que deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la
actuación, frente a los cuales la acción de tutela resulta improcedente, como
sucede en este caso, en donde la actora resultó excluida del concurso por obtener
menos de 800 puntos en el examen de aptitudes y conocimientos.

4.3. Descendiendo al caso bajo examen, la Sala encuentra que la acción de tutela
no cumple con el requisito de subsidiariedad, en tanto el debate propuesto por la
demandante recae sobre la legalidad de una decisión de carácter definitivo que
produjo efectos jurídicos particulares para la demandante, como quiera que
mediante la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, junto con el
acto que resolvió el recurso de reposición (Resolución No. CJR23-0042 de 16 de
enero de 2023), se decidió excluirla del concurso de méritos.

En efecto, al no alcanzar un puntaje igual o superior a 800 puntos, no podía
avanzar hacia la Fase II de la convocatoria, en tanto de conformidad con el
Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, norma regulatoria del concurso de méritos, la
Fase I tiene un carácter eliminatorio.

De este modo, lo planteado por la actora en cuanto a que se modifique su
calificación resulta improcedente, pues conllevaría efectuar el análisis de legalidad
de los precitados actos administrativos que resolvieron sobre el puntaje y que
como consecuencia la excluye del concurso de méritos.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha estimado que por regla general
“dada la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela, quien pretenda
controvertir en sede judicial un acto administrativo debe acudir a las acciones que
para tales fines existen en la jurisdicción contenciosa administrativa”5.

Así, la Corte al analizar una acción de tutela en la que se cuestionaba un concurso
de méritos adelantado para proveer cargos en el INPEC estimó que a través de
las vías contenciosas se puede controvertir el acto particular que declaró un
participante no apto para continuar en la convocatoria, es decir, la decisión de

5
Corte Constitucional, sentencia T-586 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
11

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exclusión del concurso6. Sin embargo, también indicó que debe verificarse en
cada caso si el medio de defensa judicial resulta eficaz e idóneo para la protección
de los derechos fundamentales invocados o si se configura un perjuicio
irremediable.

La Sala advierte que la actora cuenta con otro medio de defensa judicial, como es
el de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones Nos.
CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022 y CJR23-0042 de 16 de enero de 2023,
de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, el
cual resulta eficaz para resolver el debate que propone, a partir de las causales de
nulidad previstas en el artículo 137 de la misma normativa, esto es, por haber sido
expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió.

Además, teniendo en cuenta que al acudir a la jurisdicción contencioso
administrativa la accionante puede reclamar la adopción de medidas cautelares en
virtud del artículo 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, este es el
mecanismo idóneo para conseguir el amparo de los derechos invocados.

Por otro lado, la acción de tutela tampoco resulta procedente como mecanismo
transitorio, pues la actora no demostró la existencia de un verdadero perjuicio
irremediable. La Sala no advierte que con la decisión de la autoridad demandada
de confirmar el puntaje que le fue otorgado en la prueba de aptitudes y
conocimientos se ocasione un riesgo cierto y real que amenace o afecte un
derecho fundamental y que amerite la intervención urgente e inmediata del juez de
tutela, en los términos señalados por la Corte Constitucional7.

Por último, la Sala no observa que exista mérito alguno para acceder a las
pretensiones de compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Por las razones expuestas, la acción de tutela no cumple el requisito de
subsidiariedad, porque la demandante está cuestionando un acto administrativo de
carácter definitivo que resolvió su situación jurídica en la convocatoria No. 27 de
2018, por lo que cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para cuestionarlo, mecanismo en el que puede hacer uso de las medidas
cautelaras previstas en la Ley 1437 de 2011, por lo que se declarará la
improcedencia de la acción de tutela.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la
señora Mónica Johana Naspirán Salas contra el Consejo Superior de la
6
Corte Constitucional, sentencia T-160 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Ver también: Corte Constitucional,
sentencia T-586 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-695 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12

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Demandante: Mónica Johana Naspirán Salas

Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional
de Colombia, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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