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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03385-00

Fecha
3 de agosto de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03385-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Óscar Julián Moreno Hernández, por las razones expuestas en la motivación precedente. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada esta decisión, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03385-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

3 de agosto de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03385-00
Demandante: Óscar Julián Moreno Hernández

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-03385-00
Demandante ÓSCAR JULIÁN MORENO HERNÁNDEZ
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL.
Temas Acción de tutela contra autoridades administrativas. Requisito de
subsidiariedad. Acto administrativo que excluyó a aspirante de
concurso de méritos. Convocatoria Nro. 27.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia
la acción de tutela instaurada por Óscar Julián Moreno Hernández, de conformidad
con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 23 de junio de 20231, Óscar Julián Moreno Hernández instauró acción de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera
Judicial, actuando en nombre propio. Su argumento se basó en la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales de acceso a cargos públicos, al debido
proceso y a la igualdad.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: AMPARAR de manera definitiva mis derechos constitucionales fundamentales al
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, ACCESO A CARGOS PÚBLICOS E IGUALDAD, los
cuales están siendo vulnerados por parte del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DE CARRERA JUDICIAL.
SEGUNDO: ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
CARRERA JUDICIAL que tome en cuenta la certificación laboral del suscrito, allegada
nuevamente en la presente acción constitucional, con el fin de que determine que para el
momento en que presenté mi inscripción a la convocatoria - entre el 27 de agosto y el 7 de
septiembre del 2018 - cumplía con suficiencia el requisito mínimo de experiencia.
TERCERO: ORDENAR a LA ENTIDAD ACCIONADA que en un término perentorio de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de la presente tutela, modifique
parcialmente la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, en concreto en su artículo
segundo de la parte resolutiva y en ese sentido REVOQUE EL RECHAZO del suscrito
accionante, dentro del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077
del 16 de agosto de 2018, en el caso concreto para el cargo de JUEZ PENAL DEL CIRCUITO.

1 Samai, índice 1.

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03385-00
Demandante: Óscar Julián Moreno Hernández

CUARTA: ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
CARRERA JUDICIAL que en un término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación del fallo de tutela respectivo, proceda a declarar que, Yo, OSCAR JULIAN
MORENO HERNANDEZ, mayor de edad; identificado con la cédula de ciudadanía No.
91495727, fui ADMITIDO dentro del concurso de méritos destinado a la conformación de los
Registros Nacionales de Elegibles para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, en concreto para el
cargo de JUEZ PENAL DEL CIRCUITO.
QUINTA: IMPARTIR, en ejercicio de las facultades ultra petita y extra petita del juez
constitucional, cualquier otra declaración u orden que su Honorable Magistratura encuentre
ajustada a Derecho con miras a la protección de mis derechos fundamentales alegados como
vulnerados u otros, que sin haber sido expresamente indicados, usted estime transgredidos
por parte de la accionada.»2

2. Hechos

Del expediente, se advierte como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura emitió el
Acuerdo PCSJA18-11077, mediante el cual convocó a un concurso de méritos
para la selección de funcionarios de la Rama Judicial, identificado como
"Convocatoria Nro. 27".

El accionante participó en el concurso de méritos como aspirante para el cargo
de Juez Penal del Circuito.

En la Resolución Nro. CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, se publicaron
los resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos. De acuerdo con
esos resultados, el demandante obtuvo un puntaje aprobatorio de 827.77.

2.2. El 8 de febrero de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura expidió la
Resolución CJR23-0061, en la que decidió sobre la admisión de los aspirantes
al concurso.

En ese acto administrativo se excluyó al accionante con fundamento en la
causal de rechazo 3.4. del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, esto es: no
haber acreditado el requisito mínimo de experiencia.

2.3. El 9 de febrero de 2023, el señor Óscar Julián Moreno Hernández solicitó el
acceso a los documentos que cargó en la etapa de inscripción del concurso.
En respuesta a la solicitud, la accionada le remitió la captura de pantalla de los
documentos cargados en la plataforma Kactus, en la que no se evidencian
certificados de experiencia laboral.

En virtud de lo anterior, el 19 de febrero de 2023, el accionante solicitó la
verificación de los documentos que aportó para acreditar el requisito de
experiencia mínima. De forma subsidiaria, pidió la revocatoria directa de la
Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, porque estaba convencido
de haber aportado la certificación de la experiencia profesional requerida para
el cargo de Juez Penal del Circuito.

2.4. Mediante oficio CJO23-1098 del 9 de marzo de 2023, el Consejo Superior de
la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, resolvió la
2 Página 5 y 6 del escrito de tutela, Samai, índice 2.

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Demandante: Óscar Julián Moreno Hernández

solicitud de verificación de documentos. Afirmó que, una vez revisados los
documentos que aportó en la fase de inscripción, se evidenció que no cargó
en la plataforma las certificaciones de experiencia laboral, por lo que no
acreditó el requisito de experiencia laboral para el cargo al que postuló.

Agregó que, los términos y condiciones expuestos en el Acuerdo PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018, son de obligatorio cumplimiento tanto para la
administración como para los concursantes.

2.5. Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el oficio CJO23-
2669 del 26 de abril de 2023, a través del cual resolvió, de manera general,
los cuestionamientos realizados por los aspirantes con ocasión de la etapa de
verificación de documentos. En el oficio, la autoridad explicó que dentro de las
causales de rechazo previstas en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, se
incluye: no acreditar el requisito mínimo de experiencia. Además, indicó que
no es posible tener en consideración documentos allegados por fuera del
término legal de inscripción.

2.6. El 30 de mayo de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial, resolvió la solicitud de revocatoria directa
de la Resolución CJR23-0061 de 2023, presentada por el señor Moreno
Hernández.

La autoridad administrativa reiteró que el accionante no acreditó el tiempo
mínimo de experiencia requerido para el cargo al que postuló, pues en la
plataforma no aparece ningún documento al respecto. De esta manera, negó
la solicitud afirmando que el acto acusado se expidió en el marco de los
preceptos constitucionales, legales y del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018.

3. Fundamentos de la acción

El señor Moreno Hernández argumentó que la acción de tutela es procedente por
cuanto se satisfacen los requisitos de legitimación en la causa, inmediatez y
subsidiariedad. Respecto de este último, señaló que la Corte Constitucional, en la
sentencia SU 913 de 2009, manifestó que la acción de tutela es procedente en el
marco de los concursos de mérito, dado que los medios de defensa ordinarios no
son apropiados ni eficaces para amparar oportunamente los derechos vulnerados.

En su reclamo, argumentó que la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura vulneró su derecho al debido proceso al incurrir
un exceso ritual manifiesto. En su parecer, aunque el Acuerdo PCSJA18-11077 de
2018 establece reglas y requisitos para el acceso a los cargos, el hecho de que la
plataforma Kactus presentara falencias en el momento en que adjuntó los
documentos, no debería afectar sus capacidades para desempeñar el cargo,
especialmente porque al momento de la inscripción en la convocatoria, ya cumplía
con el requisito mínimo de experiencia laboral para el puesto de Juez Penal del
Circuito.

Señaló que la accionada le impone una carga excesiva, ya que no le es posible
verificar los documentos cargados en la plataforma Kactus durante la etapa de
inscripción.

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Demandante: Óscar Julián Moreno Hernández

Hizo referencia a la sentencia del 31 de mayo de 2023, proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que analizó la situación de los
aspirantes de la Convocatoria Nro. 27, excluidos por la causal 3.5. Resaltó que en
esa providencia se indicó que la acción de tutela era procedente para atacar actos
administrativos emitidos en el trámite de concursos de méritos, porque debía
ponderarse la necesidad de evitar un perjuicio irremediable a los tutelantes, y la
configuración de un exceso ritual manifiesto originado en la actuación del Consejo
Superior de la Judicatura.

Agregó que, la Unidad de Administración de Carrera Judicial vulneró su derecho a
la igualdad, ya que a los aspirantes rechazados por la causal 3.8 del Acuerdo
PCSJA18-11077 de 2018, se les permitió subsanar su omisión con posterioridad a
la inscripción. Sin embargo, esta oportunidad no fue concedida a los aspirantes
rechazados por la causal 3.4. Por lo anterior, solicitó que se le permitiera subsanar
la causal de rechazo 3.4. con el certificado de experiencia aportado durante la
validación de documentos, el cual acredita que, al momento de la inscripción
contaba con el mínimo de experiencia exigido.

Por último, afirmó que la exclusión del concurso en los términos expuestos vulnera
el derecho de acceso a cargos públicos que privilegia el mérito académico y
profesional.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto del 27 de junio de 2023, el despacho ponente (i) admitió la
acción de tutela presentada por Óscar Julián Moreno Hernández contra el
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera
Judicial; (ii) ofició a la Unidad de Administración de Carrera Judicial para que
aportara con destino al proceso el reporte de inscripción del señor Óscar Julián
Moreno Hernández, junto con la copia de los anexos en donde se observe los
documentos con los que se surtió la inscripción; y (iii) dispuso notificar a las
partes.

4.2. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura solicitó negar las pretensiones del accionante en tanto no ha
vulnerado los derechos fundamentales invocados. Afirmó que los
concursantes de la Convocatoria Nro. 27, al inscribirse al concurso, se
obligaron a acatar los lineamientos del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018, incluyendo los requisitos de inscripción y las causales de
rechazo.

En esa dirección, manifestó que el artículo 3º numeral 1.2. del Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, estableció como un requisito
específico para el cargo de Juez de categoría Circuito, acreditar experiencia
profesional por un lapso no inferior a cuatro años. A su vez, manifestó que el
sub numeral 3.4. del artículo 3º del Acuerdo PCSJA18-11077, consagró como
causal de rechazo no acreditar el requisito mínimo de experiencia.

Informó que mediante el Oficio CJO23-1098 del 09 de marzo de 2023, se dio
a conocer al accionante que no allegó ninguna certificación laboral, por lo que
no cumplió con acreditar el tiempo mínimo de experiencia requerido para el
cargo.

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Señaló que no es viable valorar los documentos allegados con la solicitud de
verificación documental, pues ello implicaría dar al accionante un trato distinto
del que se ha concedido a los demás concursantes.

Sobre la alegada imposibilidad de verificación de los documentos cargados en
el aplicativo Kactus, enfatizó en que la plataforma permitió la opción de generar
un resumen de los archivos aportados, por lo que correspondía al accionante
verificar que las certificaciones quedaran debidamente cargadas en el
aplicativo. Esta posibilidad fue debidamente informada y explicada en el
instructivo de inscripción.

Aseguró que no incurrió en trato discriminatorio, puesto que lo contemplado
en el acuerdo respecto de la causal de rechazo 3.8. es distinto a lo previsto en
la causal 3.4. En esa medida, no es posible hablar de una actuación
discriminatoria, tratándose de situaciones disímiles.

Finalmente, advirtió que la acción de tutela es improcedente dado que el
accionante puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
discutir la legalidad de los actos administrativos que estima, lesionan sus
derechos fundamentales.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela interpuesta por el señor Óscar
Julián Moreno Hernández cumple con el requisito de subsidiariedad.

Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si el Consejo Superior de la
Judicatura vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor al excluirlo
de la Convocatoria Nro. 27, aun cuando, a su juicio, acreditó en debida forma el
requisito de experiencia exigido para ocupar el cargo de Juez Penal del Circuito.

3. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela

3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado

3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.

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no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su turno, el artículo 6° del Decreto
2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando
existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede
cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los
derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá
como mecanismo transitorio de protección.

Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción
de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se
definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las
que se encuentra el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la
existencia o no de un perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.

En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos
fundamentales del actor. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de
tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos
que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene
improcedente.

3.2. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los
concursos de méritos, convocados para acceder a cargos públicos, esta
Corporación ha sostenido4 que gran parte de las decisiones dictadas en los
concursos de méritos son actos administrativos de trámite, expedidos
justamente para impulsar y dar continuidad a la convocatoria. Como se sabe,
contra los actos de trámite no proceden los recursos ni las acciones
contencioso administrativas y, por lo tanto, la tutela es el remedio judicial
idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de los
concursantes. Por consiguiente, la Sección ha estudiado de fondo las tutelas
en las que se discuten decisiones de mero trámite.

Sin embargo, en los casos en los que han culminado las etapas del concurso
y existe un acto administrativo que establece la lista de elegibles para proveer

4 En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de AC-00698[1],
sostuvo que “las decisiones dictadas durante un concurso docente son actos de trámite, expedidos dentro
de la actuación propia del mismo y las determinaciones que en ellos se adoptan se hacen justamente para
impulsar y dar continuidad al proceso de las convocatorias, en cumplimiento de los deberes legales de las
entidades involucradas. Contra los actos de trámite no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las
acciones contencioso-administrativas, por lo tanto, en el caso objeto de estudio, la actora no cuenta con
otros medios de defensa para lograr la continuidad en el concurso docente y las acciones de nulidad o
nulidad y restablecimiento del derecho, no son eficaces para lograr la protección a los derechos
fundamentales invocados”.

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los cargos ofertados, esta Sección ha sostenido que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho sí se erige como el mecanismo judicial idóneo y
eficaz para la protección de los derechos de las personas que se someten a
un concurso de méritos5, pues se trata de un acto administrativo definitivo, que
establece el número de plazas a ocupar y el orden de elegibilidad, según el
puntaje.

A la misma conclusión ha llegado la Sala frente a los actos que excluyen a los
participantes del concurso de méritos, porque también se trata de un acto
administrativo definitivo6. En esos casos, se ha concluido que la tutela es
improcedente, ya que existe otro medio para la protección de los derechos
fundamentales violados o en situación de amenaza: la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En conclusión, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se
dicten en un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite.
No obstante, si se discute una decisión definitiva (como el acto que contiene
el registro de elegibles o el acto que excluye a un participante de un concurso),
la acción de tutela es improcedente, porque existen otras vías de defensa
judicial, como los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en los que se puede hacer uso de las medidas cautelares.

4. Análisis del caso

4.1. El señor Óscar Julián Moreno Hernández cuestiona la Resolución CJR23-0061
del 08 de febrero de 2023 que lo excluyó de la Convocatoria Nro. 27, debido a
que no acreditó el requisito de experiencia mínima para el cargo de Juez Penal
del Circuito. Insiste en que, en la etapa de inscripción, aportó una certificación
laboral que acredita un tiempo de experiencia superior al requerido para el
cargo. Sin embargo, no aparece cargada por problemas atribuibles a la
plataforma Kactus.

A su vez, el accionante propuso que se subsane la presunta omisión con la
certificación laboral que aportó con la solicitud de verificación de documentos.

4.2. En ese sentido, la Sala observa que lo que en realidad se persigue con la
presente acción es cuestionar los argumentos de fondo de la Resolución
CJR23-0061 del 08 de febrero de 2023 y de los oficios que reiteraron la
decisión, en lo que respecta a la acreditación de la experiencia laboral para el
cargo al que se postuló el accionante.

Sería del caso analizar los argumentos propuestos, pero la Sala advierte que
el referido acto administrativo tiene naturaleza definitiva, pues resolvió la
situación particular del actor al excluirlo del concurso con fundamento en la
causal de rechazo 3.4. del Acuerdo PCSJA18-11077.

5 Al respecto ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Expedientes No. 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
6 Al respecto ver, entre otras providencias: Sentencias del 1° de julio de 2021, expedientes 11001-03-15-000-
2021-03087-00 y 11001-03-15-000-2021-02796-00, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del 23 de
marzo de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-00867-00, M.P. Milton Chaves García; sentencia del 13
de abril de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-00323-00 M.P. Stella Jeannette Carvajal; sentencia del
4 de mayo de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-00283-01, M.P. Milton Chaves García.

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En esa medida, la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad
debido a que el demandante cuenta con otro medio de defensa judicial a través
del cual puede controvertir los actos administrativos objeto de inconformidad.

Y este no es otro que, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. En ejercicio de
esa pretensión contenciosa, el actor puede invocar, por ejemplo, la causal de
falsa motivación del acto administrativo, comoquiera que estima que no es
cierto que no haya subido a la plataforma los documentos para acreditar la
experiencia profesional para el cargo al que postuló, sino que se trató de una
falla del aplicativo.

4.3. La anterior afirmación no significa que esta Sala desconozca que existen
casos excepcionales en los que, a pesar de la existencia de otro medio de
defensa judicial, es posible que la tutela proceda como mecanismo transitorio.
Pues, la existencia de un medio judicial ordinario no significa automáticamente
la improcedencia de la acción de tutela.

Sin embargo, en el caso del actor no se configuran los eventos excepcionales
que habiliten la intervención del juez de tutela, debido a que el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo y eficaz para controvertir
actos de carácter particular. Y es así porque el legislador, justamente, creó esa
vía procesal para cuestionar la legalidad de esa clase de actos administrativos.

4.4. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, además,
posibilita el empleo de medidas cautelares que, gracias a los cambios
introducidos en la Ley 1437 de 2011, garantizan celeridad y mayor campo de
valoración para el juez contencioso administrativo.

De manera que en el supuesto de que existiera un perjuicio de vasta magnitud,
originado por la decisión de la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
las medidas cautelares garantizan la idoneidad y celeridad del medio de
control referido.

Sobre el tema, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado sostuvo lo siguiente:

«i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el
proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que
la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede
para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para
suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea
ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo»7.

De modo que el actor, en el proceso ordinario, podrá pedir la suspensión
provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo de exclusión. Medida
cautelar que resulta ser un medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permite
proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia.

7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de marzo de 2014.
Radicado 25000-23-42-000-2013-06871-01. Actor: Gustavo Francisco Petro Urrego. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.

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Demandante: Óscar Julián Moreno Hernández

En este punto, debe decirse que las medidas cautelares deben ser resueltas,
a más tardar, dentro de los 15 días hábiles8 siguientes a la admisión de la
demanda, de conformidad con el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011.

4.5. Así, además de tratarse de un mecanismo eficaz e idóneo en el cual se pueden
solicitar medidas cautelares, en el caso no existe un perjuicio irremediable en
los términos dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es decir una
afectación grave, inminente y que requiera medidas impostergables. Y esto
obedece a que la decisión de la autoridad demandada, consistente en excluir
al accionante del concurso de méritos, no constituye una actuación que
ocasione un riesgo cierto y real que amenace o afecte un derecho fundamental
y que amerite la intervención urgente e inmediata del juez de tutela.

El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio de protección no debe verse solamente desde la
perspectiva de las consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que
pueden producir las decisiones de la administración.

En esa medida, no porque una decisión resulte desfavorable a los intereses
de los administrados debe asumirse que existe un perjuicio irremediable que
deba evitarse mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos los actos
administrativos que establecen situaciones desfavorables a los destinatarios
tendrían que ser suspendidos por vía de tutela.

4.6. Explicado lo anterior, se considera que en el caso no se configuran las
condiciones necesarias para que la tutela proceda como mecanismo
transitorio. Esto, dado que no se advierte la falta de idoneidad o ineficacia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ni existe un
perjuicio que cumpla con las características dispuestas por la jurisprudencia
constitucional para ser considerado como irremediable.

A causa de lo anterior, se debe concluir que no existe razón válida que permita
la procedencia excepcional de la tutela en el caso particular.

5. Conclusión

La acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad, porque existe otro
medio de defensa idóneo y eficaz al cual el actor puede acudir para ventilar sus
inconformidades y porque la tutela no procede como mecanismo transitorio dado
que no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de amparo interpuesta
por el señor Óscar Julián Moreno Hernández.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

8 Estos 15 días están representados así: 5 días en los que se corre el traslado a la contraparte sobre la
solicitud de las medidas cautelares y 10 días para que el juez o magistrado ponente decida sobre la medida
cautelar.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03385-00
Demandante: Óscar Julián Moreno Hernández

FALLA

1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Óscar
Julián Moreno Hernández, por las razones expuestas en la motivación
precedente.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada esta decisión, enviar a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

10

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