Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03059-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03059-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03059-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
26 de julio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03059-00
Demandante: Daniel Alberto Realpe Mejía
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-03059-00
Demandante DANIEL ALBERTO REALPE MEJÍA
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y OTRO
Temas Acción de tutela contra autoridades administrativas. Requisito general
de subsidiariedad de la tutela. Acto administrativo que excluye a
aspirante del concurso de méritos. Convocatoria Nro. 27.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por el señor Daniel Alberto Realpe Mejía, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 7 de junio de 20231, Daniel Alberto Realpe Mejía, actuando en nombre propio,
instauró acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial y contra la Universidad Nacional de Colombia
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y de acceso a cargos públicos.
En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
«1. La protección inmediata de mis derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
cargos públicos, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la confianza
legítima (art. 83 de la Carta Política), y en consecuencia, ordenar a la Unidad
Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura revocar la
Resolución CJR23-0061 del 08 de febrero de 2023 y Oficio CJO 23-1104 del 9 de marzo
de 2023, y en su lugar, determinar mi continuidad en el concurso de méritos destinado a
la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial -Magistrado de Comisión Seccional de Disciplina Judicial
o Magistrado de Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Consejo Seccional de la Judicatura o
quien haga sus veces-, esto es, incluirme en la lista de aspirantes admitidos, reconocida
mediante Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023.»2
2. Hechos
Del expediente, se advierte como hechos relevantes los siguientes:
1 Samai, índice 2.
2 Página 12 del escrito de tutela, Samai, índice 2.
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Demandante: Daniel Alberto Realpe Mejía
2.1. Mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, el Consejo
Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para la provisión de
cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria Nro. 27).
2.2. El accionante participó en el concurso de méritos como aspirante a magistrado
de Comisión Seccional de Disciplina Judicial o Magistrado de Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.
2.3. En la Resolución Nro. CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, se publicaron
los resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos, acorde con los
cuales el demandante obtuvo un puntaje aprobatorio de 805.13.
2.4. El 8 de febrero de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura expidió la
Resolución CJR23-0061, por medio de la cual decidió sobre la admisión de los
aspirantes al concurso. En la resolución se excluyó al accionante con
fundamento en la causal de rechazo 3.4. del Acuerdo PCSJA18-11077, esto
es: no acreditar el requisito mínimo de experiencia.
2.5. El 17 de febrero de 2023, el señor Daniel Alberto Realpe Mejía presentó
solicitud de verificación de documentos por considerar que los certificados
aportados durante la etapa de inscripción acreditaban el tiempo de experiencia
requerido para el cargo.
2.6. Mediante oficio CJO23-1104 del 9 de marzo de 2023, el Consejo Superior de
la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, resolvió la
solicitud presentada. Afirmó que, luego de revisar las certificaciones aportadas
durante la fase de inscripción, se evidenció que no se acreditó el tiempo de
experiencia mínima para el cargo, equivalente a 2880 días.
A su vez, indicó que los términos y condiciones expuestos en el Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, son de obligatorio cumplimiento
tanto para la administración como para los concursantes.
3. Fundamentos de la acción
El tutelante argumentó que la acción de tutela es procedente por cuanto se
satisfacen los requisitos de legitimación en la causa, inmediatez y subsidiariedad.
Respecto de este último, señaló que la Corte Constitucional, a través de las
sentencias SU 133-98, SU 086-99, SU 613-02, SU 913-09, entre otras; ha precisado
que la acción de tutela es procedente en el marco de los concursos de mérito, dado
que los medios de defensa ordinarios no son apropiados ni eficaces para amparar
oportunamente los derechos vulnerados.
Afirmó que el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial, vulneró su derecho al debido proceso por cuanto rechazó su
aspiración debido a que no acreditó el requisito mínimo de experiencia, a pesar de
que cumplió con todos los requisitos dispuestos para el cargo pretendido. Explicó
que la accionada omitió tres de las certificaciones aportadas en la etapa de
inscripción y realizó un cálculo erróneo de los tiempos laborados en la Fiduprevisora
S.A. Situación que, a su juicio, se hizo más gravosa considerando las
inconsistencias del aplicativo dispuesto para el concurso: Kactus.
Como sustento de su argumentación, relacionó las certificaciones laborales
aportadas durante la etapa de inscripción que acreditan un tiempo de experiencia
que supera el mínimo requerido para el cargo.
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Sostuvo que en el presente caso se configura un defecto procedimental, puesto que:
«i) Existe un error procedimental grave (inconsistencias en la contabilización de términos por sistema
y operadores) que influye de manera real y directa en la decisión de exclusión del concurso ii) el
mismo no me es imputable iii) no se puede corregir por ninguna otra vía, iv) y el cual fue alegado
dentro del concurso a través de la solicitud de revisión de experiencia, sin que haya sido resuelto, v)
vulnerándose de manera flagrante mis derechos fundamentales.»
Reiteró que las actuaciones de la accionada vulneran sus derechos fundamentales
de acceso a cargos públicos, al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a la
confianza legítima; cuya garantía, como lo ha indicado la jurisprudencia en el marco
de los concursos de mérito, es exigible a través de la acción de tutela.
Por lo anterior, señaló que existen fundamentos fácticos y jurídicos que exigen una
especial protección constitucional en su favor.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto del 14 de junio de 2023, el despacho ponente (i) admitió la
acción de tutela presentada por Daniel Alberto Realpe Mejía contra el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y la
Universidad Nacional de Colombia; (ii) ofició a la Unidad de Administración de
Carrera Judicial para que aportara con destino al proceso el reporte de
inscripción del señor Daniel Alberto Realpe Mejía, junto con la copia de los
anexos en donde se observe los documentos con los que se surtió la
inscripción; y (iii) dispuso notificar a las partes.
4.2. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura solicitó negar las pretensiones del accionante en tanto no ha
vulnerado los derechos fundamentales invocados. Afirmó que los
concursantes de la Convocatoria nro. 27, al inscribirse al concurso, se
obligaron a acatar los lineamientos del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018, incluyendo los requisitos de inscripción y las causales de
rechazo.
En esa dirección, indicó que el artículo 3º numeral 1.2. del Acuerdo PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018, estableció como un requisito específico para
el cargo de magistrado de Comisión Seccional de Disciplina Judicial o
Magistrado de Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura, acreditar experiencia profesional por un lapso no inferior a ocho
años. A su vez, manifestó que el sub numeral 3.4. del artículo 3º del Acuerdo
PCSJA18-11077, consagró como causal de rechazo no acreditar el requisito
mínimo de experiencia.
Informó que mediante el Oficio CJO23-1104 del 09 de marzo de 2023, se dio
a conocer al accionante que no acreditó el requisito mínimo de experiencia
para el cargo de aspiración, equivalente a 2880 días.
Ahora bien, frente al presunto error en la contabilización de experiencia
adquirida en la Fiduprevisora S.A., indicó que en la certificación se observa
que, si bien suscribió contrato laboral a término indefinido con la entidad desde
el 22 de febrero de 2016, sólo a partir del 8 de abril de 2018 desempeñó el
cargo de coordinador de Asuntos Jurídicos. Pero con anterioridad a dicha
fecha la certificación no es clara frente al cargo o funciones desempeñadas.
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Sobre la alegada imposibilidad de verificación de los documentos cargados en
el aplicativo Kactus, enfatizó en que la plataforma dispuso la opción a las
personas inscritas en la convocatoria de generar un resumen de los archivos
aportados, posibilidad que fue debidamente informada y explicada en el
instructivo de inscripción.
Finalmente, advirtió que la acción de tutela es improcedente dado que el
accionante puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
discutir la legalidad de los actos administrativos de carácter particular y
definitivo que estima, lesionan sus derechos fundamentales.
4.3. La Universidad Nacional de Colombia dijo que la acción de tutela es
improcedente por carencia actual de objeto, comoquiera que las accionadas
dieron respuesta completa y de fondo a los reparos expuestos por el señor
Realpe Mejía, a través de los siguientes documentos:
(i) El Oficio CJO23-1104 del 9 de marzo de 2023, mediante el cual se informó la
relación de certificaciones efectivamente aportadas por el aspirante y las
razones que llevaron a su exclusión del concurso.
(ii) La Resolución CJR23-0110 de 21 de marzo de 2023 en la que se decidió no
modificar la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, en lo atinente a
la exclusión del accionante.
(iii) El oficio CJO23-2669 del 26 de abril de 2023, en el que se analizaron aspectos
relativos a la verificación de requisitos mínimos, las causales de exclusión del
concurso, los requisitos de experiencia para el cargo, entre otros.
Reiteró que la acción de tutela es improcedente por no satisfacer el requisito
de subsidiariedad e indicó que en el caso bajo análisis no se demostró, ni
siquiera de manera sumaria, la existencia de un perjuicio irremediable.
Enfatizó en que no se ha incurrido en vulneración de los derechos invocados
por el accionante, puesto que el actuar de las accionadas ha estado orientado
por lo previsto en la Constitución, en la Ley y en la reglamentación de la
Convocatoria Nro. 27.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela interpuesta por el señor
Daniel Alberto Realpe Mejía cumple con el requisito de subsidiariedad. Solo en caso
de superar dicho análisis, se determinará si el Consejo Superior de la Judicatura y
la Universidad Nacional vulneraron los derechos fundamentales invocados por el
actor al excluirlo de la Convocatoria Nro. 27, aun cuando, a su juicio, acreditó con
suficiencia el requisito de experiencia exigido para el cargo de magistrado de
Comisión Seccional de Disciplina Judicial o de Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura.
3. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela
3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su turno, el artículo 6° del Decreto
2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando
existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede
cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los
derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá
como mecanismo transitorio de protección.
Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción
de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se
definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las
que se encuentra el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la
existencia o no de un perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos
fundamentales del actor.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición,
pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
3.2. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los
concursos de méritos, convocados para acceder a cargos públicos, esta
Corporación ha sostenido4 que gran parte de las decisiones dictadas en los
4 En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de AC-00698,
sostuvo que “las decisiones dictadas durante un concurso docente son actos de trámite, expedidos dentro
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concursos de méritos son actos administrativos de trámite, expedidos
justamente para impulsar y dar continuidad a la convocatoria. Como se sabe,
contra los actos de trámite no proceden los recursos ni las acciones
contencioso administrativas y, por lo tanto, la tutela es el remedio judicial
idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de los
concursantes. Por consiguiente, la Sección ha estudiado de fondo las tutelas
en las que se discuten decisiones de mero trámite.
Sin embargo, en los casos en los que han culminado las etapas del concurso
y existe un acto administrativo que establece la lista de elegibles para proveer
los cargos ofertados, esta Sección ha sostenido que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho sí se erige como el mecanismo judicial idóneo y
eficaz para la protección de los derechos de las personas que se someten a
un concurso de méritos5, pues se trata de un acto administrativo definitivo, que
establece el número de plazas a ocupar y el orden de elegibilidad, según el
puntaje.
A la misma conclusión ha llegado la Sala frente a los actos que excluyen a los
participantes del concurso de méritos, porque también se trata de un acto
administrativo definitivo6. En esos casos, se ha concluido que la tutela es
improcedente, ya que existe otro medio para la protección de los derechos
fundamentales violados o en situación de amenaza: la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
En conclusión, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se
dicten en un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite.
No obstante, si se discute una decisión definitiva (como el acto que contiene
el registro de elegibles o el acto que excluye a un participante de un concurso),
la acción de tutela es improcedente, porque existen otras vías de defensa
judicial, como los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en los que se puede hacer uso de las medidas cautelares.
4. Análisis del caso
4.1 El señor Daniel Alberto Realpe Mejía cuestiona la Resolución CJR23-0061 del
08 de febrero de 2023, por medio de la cual se le excluyó de la Convocatoria
Nro. 27, al no acreditar el requisito de experiencia mínima para el cargo de
magistrado de Comisión Seccional de Disciplina Judicial o de Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.
La inconformidad del accionante surge porque, en su criterio, los certificados
laborales aportados durante la etapa de inscripción acreditan un tiempo de
de la actuación propia del mismo y las determinaciones que en ellos se adoptan se hacen justamente para
impulsar y dar continuidad al proceso de las convocatorias, en cumplimiento de los deberes legales de las
entidades involucradas. Contra los actos de trámite no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las
acciones contencioso-administrativas, por lo tanto, en el caso objeto de estudio, la actora no cuenta con
otros medios de defensa para lograr la continuidad en el concurso docente y las acciones de nulidad o
nulidad y restablecimiento del derecho, no son eficaces para lograr la protección a los derechos
fundamentales invocados”.
5 Al respecto ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Expedientes No. 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
6 Al respecto ver, entre otras providencias: Sentencias del 1° de julio de 2021, expedientes 11001-03-15-000-
2021-03087-00 y 11001-03-15-000-2021-02796-00, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del 23 de
marzo de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-00867-00, M.P. Milton Chaves García; sentencia del 13
de abril de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-00323-00 M.P. Stella Jeannette Carvajal; sentencia del
4 de mayo de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-00283-01, M.P. Milton Chaves García.
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experiencia superior al requerido para el cargo; sin embargo, la decisión de
exclusión obedeció a que la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
omitió en su análisis tres de las certificaciones aportadas y realizó un cálculo
erróneo respecto del tiempo laborado en la Fiduprevisora S.A.
En ese sentido, la Sala observa que lo que en realidad se persigue con la
presente acción es cuestionar los argumentos de fondo de la Resolución
CJR23-0061 del 08 de febrero de 2023 y del Oficio CJO23-1104 del 9 de marzo
de 2023, en lo que respecta al cálculo y convalidación de la experiencia para
el cargo al que postuló el accionante.
Sería del caso analizar los argumentos propuestos, sin embargo, la Sala
advierte que el referido acto administrativo tiene naturaleza definitiva, pues
resolvió la situación particular del actor al excluirlo del concurso con
fundamento en la causal de rechazo 3.4. del Acuerdo PCSJA18-11077.
En esa medida, la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad
debido a que el demandante cuenta con otro medio de defensa judicial a través
del cual puede controvertir los actos administrativos objeto de inconformidad.
Y este no es otro que, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
4.2. No obstante, no desconoce esta Sala que existen casos excepcionales en los
que a pesar de la existencia de otro medio de defensa judicial es posible que
la tutela proceda como mecanismo transitorio. Pues, la existencia de un medio
judicial ordinario no significa automáticamente la improcedencia de la acción
de tutela.
Sin embargo, en el caso del actor no se configuran los eventos excepcionales,
que habiliten la intervención del juez de tutela, debido a que el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo y eficaz para controvertir
actos de carácter particular. Y es así porque el legislador, justamente, creó esa
vía procesal para cuestionar la legalidad de esa clase de actos administrativos.
4.3. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, además,
posibilita el empleo de medidas cautelares que, gracias a los cambios
introducidos en la Ley 1437 de 2011, garantizan celeridad y mayor campo de
valoración para el juez contencioso administrativo.
De manera que en el supuesto de que existiera un perjuicio de vasta magnitud,
originado por la decisión de la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
las medidas cautelares garantizan la idoneidad y celeridad del medio de
control referido.
Sobre el tema, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado sostuvo lo siguiente:
«i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el
proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que
la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede
para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para
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suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea
ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo»7.
De modo que el actor, en el proceso ordinario, podrá pedir la suspensión
provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo de exclusión. Medida
cautelar que resulta ser un medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permite
proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia.
En este punto, debe decirse que las medidas cautelares deben ser resueltas,
a más tardar, dentro de los 15 días hábiles8 siguientes a la admisión de la
demanda, de conformidad con el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011.
4.4. Así, además de tratarse de un mecanismo eficaz e idóneo en el cual se pueden
solicitar medidas cautelares, en el caso no existe un perjuicio irremediable en
los términos dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es decir una
afectación grave, inminente y que requiera medidas impostergables. Y esto
obedece a que la decisión de la autoridad demandada, consistente en excluir
al accionante del concurso de méritos, no constituye una actuación que
ocasione un riesgo cierto y real que amenace o afecte un derecho fundamental
y que amerite la intervención urgente e inmediata del juez de tutela.
El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio de protección no debe verse solamente desde la
perspectiva de las consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que
pueden producir las decisiones de la administración. En esa medida, no
porque una decisión resulte desfavorable a los intereses de los administrados
debe asumirse que existe un perjuicio irremediable que deba evitarse
mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos los actos administrativos
que establecen situaciones desfavorables a los destinatarios tendrían que ser
suspendidos por vía de tutela.
4.5. Ahora bien, el accionante afirmó en el escrito de tutela que existe una situación
de especial protección que hace necesaria la intervención del juez
constitucional, sin embargo, no se especificó ni se acreditó dicha situación, por
lo que no es posible proceder con análisis al respecto.
Explicado lo anterior, se considera que en el caso no se configuran las
condiciones necesarias para que la tutela proceda como mecanismo
transitorio. No se advierte la falta de idoneidad o ineficacia del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, ni existe un perjuicio que cumpla
con las características dispuestas por la jurisprudencia constitucional para ser
considerado como irremediable, ni se observa una situación de especial
protección.
A causa de lo anterior, se debe concluir que no existe razón válida que permita
la procedencia excepcional de la tutela en el caso particular.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de marzo de 2014.
Radicado 25000-23-42-000-2013-06871-01. Actor: Gustavo Francisco Petro Urrego. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
8 Estos 15 días están representados así: 5 días en los que se corre el traslado a la contraparte sobre la
solicitud de las medidas cautelares y 10 días para que el juez o magistrado ponente decida sobre la medida
cautelar.
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Demandante: Daniel Alberto Realpe Mejía
5. Conclusión
La acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad, porque existe otro
medio de defensa idóneo y eficaz al cual el actor puede acudir para ventilar sus
inconformidades y porque la tutela no procede como mecanismo transitorio dado
que no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable. En consecuencia,
se declarará la improcedencia de la acción de amparo interpuesta por el señor
Daniel Alberto Realpe Mejía.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor
Daniel Alberto Realpe Mejía, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta decisión.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada esta decisión, enviar a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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