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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-01681-01

Fecha
13 de julio de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-01681-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia dictada el 17 de mayo de 2023 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para, en su lugar, DECLARAR la improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-01681-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

13 de julio de 2023

Demandante: Estatal de Seguridad Ltda.
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01681-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01681-01
Demandante: ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA

Tema: Tutela contra providencia judicial – revoca la decisión de
primera instancia que negó el amparo solicitado para, en su
lugar, declarar la improcedencia por falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la Sociedad Estatal de Seguridad
Ltda., contra la sentencia de 17 de mayo de 2023 proferida por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo de la
referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Con escrito radicado el 31 de marzo de 2023 la Sociedad Estatal de Seguridad
Ltda., por conducto de apoderado judicial presentó acción de tutela contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

Las mencionadas garantías constitucionales, las consideró vulneradas con
ocasión de sentencia proferida el 8 de septiembre de 2022, en el marco del
proceso de radicado 66001-23-33-000-2018-00247-01, mediante la cual la
autoridad judicial censurada modificó la sentencia del 7 de mayo de 2021 dictada

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Demandante: Estatal de Seguridad Ltda.
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01681-01

por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que había accedido parcialmente a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho adelantada
por la parte actora contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN, en el sentido de «fijar el impuesto sobre la renta y complementarios del
2014 a cargo de la demandante, conforme con lo expuesto en la parte motiva de la
sentencia de segunda instancia y la sanción de inexactitud en $115.004.000».

1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:

6.1. Que se declare que la autoridad judicial accionada, a través de la providencia
judicial referenciada, se encuentra vulnerando los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia de la accionante.

6.2. Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
efectivo a la administración de justicia, que se encuentran lesionados por parte de la
autoridad judicial accionada, a través de la providencia judicial referenciada.

6.3. Que se ordene a la autoridad judicial accionada proferir una nueva sentencia
mediante la cual se respeten los derechos fundamentales al debido proceso y el
acceso efectivo a la administración de justicia, dejando sin efecto la decisión judicial
controvertida, mediante la cual se rechazó la glosa relacionada con la procedencia
de las deducciones de amortización de diferidos.

6.4. Que se adopten las demás medidas que se estimen pertinentes para la
protección de nuestros derechos fundamentales.

1.3. Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

El 20 de abril del 2015 Estatal de Seguridad Ltda. presentó su declaración de
renta del año gravable 2014, la cual arrojó un valor a pagar de $220.169.000.

La División de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(en adelante, DIAN) – Seccional Pereira inició una investigación frente a la
declaración de renta del año gravable 2014 de la sociedad accionante. En ese
marco, la DIAN realizó una inspección tributaria a Estatal de Seguridad Ltda., para
lo cual requirió información y documentación relacionada con los renglones del
«denuncio fiscal», entre ellos, la cuenta 516515 (cargos diferidos) por valor de
$676.794.311.

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Estatal de Seguridad Ltda. aportó a la DIAN la siguiente información: (i) el balance
de prueba de diciembre de 2014; (ii) la conciliación contable y fiscal de la
declaración de renta de 2014; (iii) el cuadro de trazabilidad de la amortización de
diferidos de la cuenta 516515; (iv) los auxiliares de contabilidad de la cuenta 17 de
2014; (v) los auxiliares de contabilidad de la cuenta 17 de diciembre de 2013; y (vi)
el movimiento acumulado «por tercero» de la cuenta 516515 de 2014.

Respecto de las deducciones del renglón 52 de la declaración de renta del año
gravable 2014, la DIAN concluyó que no existía el soporte por valor de
$413.946.000 reportado dentro de la subcuenta 516515 del gasto de
«amortizaciones cargos diferidos», la cual ascendía a la suma de $1.023.346.765
en la contrapartida en el crédito de la cuenta 17 (diferidos).

La DIAN envió a la Sociedad accionante el Requerimiento Especial n. º
162382017000030 del 11 de julio de 2017, a través del cual propuso rechazar las
siguientes deducciones de la declaración de renta de 2014: (i) los cargos diferidos
por $413.945.600; (ii) los bonos Sodexo por $30.305.174; (iii) los gastos de
depreciación por $29.503.177; (iv) el cambio por obsolescencia por $190.000.000;
(v) los gastos sin soporte idóneo por $24.000.000; (vi) los gastos sin soporte por
$40.366.000; y (vii) los gastos sin soporte de seguridad $11.400.000.

El 13 de octubre de 2017 la parte solicitante dio respuesta al requerimiento y
explicó las razones de las deducciones, así como las pruebas que respaldaban los
valores señalados. Sobre el rechazo de cargos diferidos, aportó: (i) el auxiliar de
las cuentas 17 (diferidos) de 2011 a 2014 y de la subcuenta 516515
(amortizaciones), y (ii) un cuadro en el que se analizaba el comportamiento de las
causaciones entre los activos diferidos y los gastos.

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión n. º 162412018000011 de 2 de abril
del 2018, la DIAN confirmó parcialmente las glosas propuestas y determinó un
mayor impuesto a cargo de $123.854.000 y una sanción por inexactitud del mismo
valor.

Por lo sucedido, el 6 de agosto de 2018 la entidad actora presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la mencionada liquidación oficial, la
cual fue resuelta en primera instancia mediante sentencia del 7 de mayo de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda. Autoridad judicial que
accedió parcialmente a las pretensiones y declaró la nulidad parcial de la
liquidación oficial de revisión.

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Como sustento de la decisión consideró que la actora justificó las glosas debatidas
asociadas con sus gastos operacionales de administración. En ese sentido,
precisó que la DIAN no desvirtuó las pruebas contables ni las conclusiones del
dictamen pericial que acreditaban la tesis sobre los movimientos contables de las
cuentas asociadas con los cargos diferidos discutidos, por lo cual procedía su
reconocimiento.

Ambas partes presentaron recurso de apelación.

La Sociedad Estatal de Seguridad Ltda. solicitó que se reconocieran los costos por
pagos con bonos, pues obedecían a acreencias laborales pactadas a favor de seis
trabajadores, a quienes se les terminó el contrato de trabajo en diciembre de 2013,
pero cuya exigibilidad solo surgió hasta el mes de enero del periodo revisado.
Reiteró su oposición a la sanción por inexactitud que le fue impuesta.

La DIAN aceptó la anulación parcial del acto demandado respecto de la expensa
asociada con la prestación de servicios técnicos. Por otra parte, insistió en el
desconocimiento de las demás erogaciones glosadas.

Con sentencia del 8 de septiembre de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado revocó parcialmente la providencia impugnada, en relación con los gastos
por amortizaciones. Respecto a esos rubros concluyó que el ente demandante no
logró demostrar ni justificar la diferencia entre los valores registrados en su
contabilidad y aquellos autoliquidados en su declaración de renta, lo cual no
permitió tener certeza sobre las deducciones planteadas, por lo cual debían ser
rechazadas.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La sociedad accionante alegó la configuración de los defectos fáctico y
sustantivo, los cuales argumentó de manera conjunta. Aclaró que solo cuestiona
la decisión adoptada frente al cargo de nulidad de desconocimiento de la
deducción por amortización fiscal por valor de $413.946.000 y no frente a las
demás glosas.

Precisó que dentro de los activos se encuentra la cuenta 17 denominada
«diferidos», la cual permite que cuando una empresa paga anticipadamente
gastos o incurre en estos antes del correlativo ingreso esperado, en un primer
momento, esas erogaciones se registran en el débito de una cuenta 17, ya sea de
gastos pagados por anticipado (1705) o de cargos diferidos (1710), y solo cuando

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se causa el gasto o se obtiene el ingreso, se acreditan tales cuentas,
disminuyendo o cancelando el valor amortizado en el periodo, valor que debe ser
llevado a la cuenta del gasto 5165 como amortizaciones. En síntesis: los valores
debitados durante un periodo fiscal en la cuenta 17 (diferidos) deberán ser
posteriormente amortizados en la cuenta del gasto 5165.

Adujo que sí probó que la amortización fiscal de $413.946.000, rechazada por la
DIAN, correspondía a la disminución del activo diferido durante 2014.

Al respecto, la actora indicó cómo las pruebas acreditaban el valor de la cuenta del
activo diferido durante 2014, así:

(i) El balance de prueba de diciembre de 2014, a su juicio, demostró que,
en diciembre de 2014, la cuenta 17 inició con un saldo de
«$1.265.039.979,99», la cual se debitó por «$7.914.779» y se acreditó
por «$1.237.355.708,37», por lo que quedó un saldo de «$35.599.051».

(ii) Conforme a la conciliación contable y fiscal de la declaración de renta de
2014, el valor incluido por concepto de amortizaciones (cuenta 5165)
ascendió a la suma de $1.023.346.765;

(iii) Los auxiliares de contabilidad de la cuenta 17 de todos los meses de
2014 y aquellos de diciembre de 2013 arrojan que el valor del saldo de
esa cuenta a diciembre de 2013 corresponde con el saldo inicial a enero
de 2014, que fue de $1.252.802.482.

(iv) El cuadro de «trazabilidad amortización diferidos cuenta 516515» cruza
la suma de $676.794.311 llevada a la cuenta del gasto 5165 con las
subcuentas que hacen parte del grupo 17.

(v) La hoja de trabajo consolidado «Conceptos Cuenta 17 Mes a Mes
Según Auxiliares Aportados» no fue valorada por el Consejo de Estado.
Precisó que en esa prueba se observaba que el saldo inicial a enero de
2014 de la cuenta 17 era de $1.327.921.167, cuenta que aumentó en
$117.116.489 y disminuyó a lo largo del periodo por valor de
$1.416.115.276. Sostuvo que ese medio probatorio es de vital
importancia porque la autoridad judicial accionada cuestionó
precisamente el saldo de dicha cuenta al 31 de diciembre de 2013; este
medio, a su juicio, demuestra que la DIAN pudo corroborar los saldos
correspondientes en la inspección tributaria desarrollada.

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(vi) Auxiliares de contabilidad de 2008 a 2014 de las cuentas 1705, 1710 y
5165 de amortización. Desde el inicio de la actuación administrativa
aclaró que debió registrar los gastos en la cuenta de diferidos, ya que
durante 2012 y 2013 realizó erogaciones, de las que tan solo a partir del
2014 recibiría el ingreso correlativo, momento en el cual se llevarían a la
cuenta de amortizaciones.

(vii) El dictamen pericial aportado sobre la contabilidad de 2014 porque los
saldos de la cuenta de activos a diciembre de 2013 y los movimientos
durante 2014, permiten concluir que los créditos superaron la suma
llevada al renglón 52 de la declaración de renta, lo que supera la
discusión sobre la trazabilidad del monto amortizado. Agregó que, anexo
al dictamen obraba la nota 228 por valor de $676.794.31 en los créditos
de las subcuentas que integran los activos diferidos, que fueron llevados
a la cuenta 5165.

(viii) La certificación del revisor fiscal sobre la contabilidad de 2014 y los
movimientos de las cuentas de diferidos y de gastos por amortización,
según los cuales, se certificó que el valor acreditado de la cuenta de
diferidos durante 2014 ascendió a $1.415.770.480. Alegó que lo anterior
permite constatar que el movimiento contable del crédito de la cuenta 17
fue superior a la llevada al gasto de amortización de diferidos, a partir de
lo cual se verifica que el débito de la cuenta 51615 tiene equivalencia en
el crédito de las subcuentas que integran el grupo 17.

Resaltó que se desconoció el artículo 745 del Estatuto Tributario que establece
que ante la existencia de dudas provenientes de vacíos probatorios, se deben
presumir los hechos contenidos en el Denuncio Fiscal, esto es, resolverlas a favor
del contribuyente, y no en su contra.

1.5. Trámite de la acción en primera instancia

Mediante auto de 14 de abril de 2023, el magistrado ponente de primer grado
admitió la acción de tutela de la referencia; ordenó notificar a las partes y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y dispuso la vinculación en
calidad de terceros con interés del Tribunal Administrativo de Risaralda y de la
DIAN.

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1.6. Contestaciones

Librados los oficios correspondientes y efectuadas las notificaciones, se
presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Sección Cuarta del Consejo de Estado.

La autoridad judicial accionada solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela porque la entidad actora se limitó a iterar por qué debería
proceder la deducción con la cual disminuyó la base gravable del impuesto. Con
respecto al defecto fáctico, sostuvo que no se acreditó el requisito de relevancia
constitucional debido a que a reprodujo los cargos de nulidad propuestos en el
proceso ordinario.

1.6.2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN -

Sostuvo que la acción de tutela no tiene relevancia constitucional porque la
empresa solicitante pretende agotar a una especie de tercera instancia. En cuanto
al defecto fáctico, adujo que en el fallo atacado se analizaron todas las pruebas
mencionadas en el escrito de tutela. En relación con el defecto sustantivo, alegó
que se advierte el descontento del extremo accionante respecto a la decisión que
fue contraria a sus intereses, sin que mediara un sustento sobre la contradicción
entre los fundamentos de derecho y la decisión.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Risaralda

Envió copia electrónica del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado No. 66001-23-33-000-2018-00247-00/01, pero no rindió
informe.

1.7. Fallo impugnado1

Mediante providencia de 17 de mayo de 2023, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo por considerar que la
autoridad accionada no incurrió en los defectos alegados.

En ese sentido, aseguró que la providencia judicial sometida a estudio no incurrió
en un defecto fáctico, pues encontró justificada la valoración probatoria realizada

1 La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 1. º de junio de 2023.

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por la Sección Cuarta del Consejo de Estado «debido a las contradicciones
señaladas entre las pruebas aportadas por la demandante, y la ausencia de otras
que superen esas contracciones, la actora no logró justificar la diferencia entre los
valores registrados en su contabilidad y aquel autoliquidado en su declaración del
impuesto sobre la renta».

Frente al defecto sustantivo, consideró que no se materializó al señalar que,
«[…] debido a que la discusión recae sobre un factor negativo de la base
imponible, su demostración compete al sujeto pasivo, (…). Sin embargo, y a pesar
de tener múltiples oportunidades probatorias en el procedimiento administrativo y
el proceso judicial, no logró acreditar su dicho».

1.8. Impugnación

Con escrito radicado oportunamente el 5 de junio de 2023, la Sociedad Estatal de
Seguridad Ltda. impugnó la decisión del a quo reiterando los argumentos del
escrito de la demanda, en particular aquellos referidos a los yerros incurridos en la
valoración probatoria.

Enfatizó en que, de conformidad con el artículo 745 del Estatuto Tributario, ante la
existencia de dudas provenientes de vacíos probatorios se deben presumir ciertos
los hechos contenidos en el Denuncio Fiscal, esto es, resolverlas a favor del
contribuyente, y no en su contra, pues de conformidad con la esta norma, dicha
consecuencia se excluye únicamente de las circunstancias especiales que deben
ser probadas por el contribuyente, contenidas en el capítulo III del título VI del
Estatuto Tributario, relacionadas con los ingresos no constitutivos de renta, las de
pagos y pasivos negados por los beneficiarios, las que los hacen acreedores a
una exención tributaria, los hechos que justifican aumento patrimonial, de los
activos poseídos a nombre de terceros y de las transacciones efectuadas con
personas fallecidas, reguladas en los artículos 786 al 791 del Estatuto Tributario.

Así, el tema de prueba no estaba en demostrar la realización de la erogación,
puesto que nunca se discutió que no se había incurrido en el gasto, toda vez que
lo que debía probarse era la disminución de la cuenta del activo diferido que
respaldara el valor del gasto por amortización, hecho que no está incluido en el
capítulo III del título VI del Estatuto Tributario, que contiene las circunstancias
especiales que debe probar el contribuyente, en ese orden, la única conclusión a
la que debía arribarse era que ante la duda sobre la trazabilidad contable de la
amortización, debía dársele la razón al contribuyente y mantener la inmutabilidad
del Denuncio Fiscal, razón suficiente que configura el defecto sustantivo.

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 17 de mayo de 2023 proferida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591
de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 20212, así
como el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si debe confirmar,
modificar o revocar la decisión de 17 de mayo de 2023 proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual negó la acción
de tutela promovida contra la Sección Cuarta de esta corporación.

Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, solo en el caso de encontrarse superados;
(iii) el análisis del caso concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema4.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5.

2 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía el Decreto 1983 de 2017.
3
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.

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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, en consonancia con la
determinación del juez de tutela de primera instancia, el requisito de relevancia
constitucional no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en
el cual los argumentos expuestos por la Sociedad Estatal de Seguridad Ltda., no
cumplen con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación 215 de 16 de junio de 2022.

En el referido fallo la Alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones
de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate
que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado
por cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial ».

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021,
oportunidad en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el
mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una
instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la

6
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias
con el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden
la esfera funcional de otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la
carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los
derechos fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe
indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver
es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

Luego, en la sentencia SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza
debe cumplir con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para
la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de
los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución
de discusiones de naturaleza eminentemente legal.7

Igualmente, en el citado fallo unificatorio se fijaron las siguientes reglas que el juez
de tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención
satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó
que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico8; es decir, el reclamo debe ser

7 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
8 Sentencia SU-103 de 2022.

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«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales».9

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos
legales como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la
excepción de los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los
derechos y deberes constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, que no
representen un interés general”10. En este orden, el examen de la
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la
simple inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia,
más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental»11.

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra
decisiones proferidas por una Alta Corte, el examen de este requisito debe
ser más riguroso12, es decir, se debe constatar la existencia de una
actuación u omisión arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive
en la violación de derechos fundamentales, toda vez que estas Colegiaturas
actúan como tribunales de cierre.

2.4.2. En ese orden, este juez constitucional, al descender al análisis de los
argumentos planteados por la parte actora, advierte que el asunto se circunscribe
a un debate meramente legal por haberse cimentado en que la Sección Cuarta del

9 Sentencia SU-573 de 2019.
10 Ibídem.
11 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
12 Sentencia SU-573 de 2019.

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Consejo de Estado incurrió en los defectos fáctico y sustantivo en la sentencia
reprochada, al no dar por probada una erogación en la que, a su juicio, incurrió.

Lo anterior, con el propósito de evidenciar que la judicatura censurada desconoció
el artículo 745 del Estatuto Tributario, que señala que ante la existencia de dudas
provenientes de vacíos probatorios, se deben presumir ciertos los hechos
contenidos en el denuncio fiscal y en ese orden, se debía dar credibilidad a la
parte demandante en la justificación que aportó sobre los valores registrados en
su contabilidad y aquellos autoliquidados en su declaración de renta, para así
aceptar las deducciones planteadas.

Adicionalmente, la Sala resalta que, la inconformidad de la sociedad impugnante
tiene su génesis en un aspecto netamente económico que le representa el hecho
de que se rechazaron las deducciones realizadas, lo cual conlleva que se
demuestre que el caso que se analiza, lejos de ameritar un análisis a partir de los
postulados constitucionales, se limita al estudio de la procedencia o no, de una
disminución en un impuesto que ya fue objeto de pronunciamiento por parte del
órgano de cierre en la materia.

Es decir, sin dar lugar a mayores disquisiciones, es evidente que la inconformidad
planteada no satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que la
discusión se circunscribe a aspectos legales y netamente económicos que no
tienen la virtualidad de poner en juego los principios de legalidad y seguridad
jurídica respecto de una decisión que fue adoptada por una alta Corte, puesto que
en estos casos, la exigencia de una carga argumentativa desde la óptica de la
interpretación de los derechos fundamentales es más estricta.

Alegaciones que, en todo caso, no están justificadas en una acreditada o palmaria
vulneración de garantías fundamentales, en el sentido riguroso que señaló la
Corte Constitucional en las citadas sentencias de unificación 573 de 2019, 215 y
103 de 2022.

En ese orden, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es
menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el
concepto de la violación que se deriva de una providencia judicial en abierta
contradicción de los postulados constitucionales, que implique por parte de este
juez un pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado el máximo órgano
en esta materia.

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Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, dictada por una corporación de cierre, requiere con mayor énfasis que el
accionante ejecute una exposición que sin lugar a duda demuestre de forma
coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la inescindible
afectación de las garantías fundamentales en su núcleo esencial.

Así las cosas, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece de
la carga argumentativa constitucional, esto es, en clave de derechos
fundamentales, a través de la cual la parte actora justifique la relevancia del caso
a partir de la exposición del concepto de la violación, lo cual implica un ejercicio
explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de esta sede advertir una
prominente transgresión de sus prerrogativas superiores con ocasión de la
expedición de la providencia dictada por la autoridad censurada.

En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la
vulneración de garantías constitucionales que amerite superar el requisito de
relevancia constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial;
ello comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación
meramente legal; (ii) es de índole pecuniario; (iii) la sentencia reprochada fue
dictada por una alta corte; y (iv) no se evidencia una vulneración palmaria o un
perjuicio irremediable que implique la intervención del juez de tutela.13

Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala de Decisión modifique la sentencia de
primera instancia, para, en su lugar, declararla improcedente por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.

2.5. Conclusión

De conformidad con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia dictada el 17 de mayo de 2023 por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado para, en su lugar, declararla improcedente por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

13 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-

15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii) sentencia
de 28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra.

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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia dictada el 17 de mayo de
2023 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para, en
su lugar, DECLARAR la improcedencia por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2354 de 2012.

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