Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01744-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01744-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01744-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
23 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01744-00
Demandante: EVARISTO MANUEL ARCHBOLD GARCÍA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de subsidiariedad / SUBSIDIARIEDAD – Para debatir
la incongruencia de la sentencia la parte cuenta con el recurso extraordinario de revisión.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Evaristo Manuel Archbold
García contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 10 de abril de la presente anualidad1, el señor Evaristo Manuel Archbold García,
por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la «tutela judicial efectiva», con ocasión de la sentencia proferida el 4 de agosto
de 2022, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho —con
acumulación de pretensiones de reparación directa— con radicado 88001-23-33-000-
2016-00061-01 (4795-2017). Formuló la siguiente pretensión (se transcriben
textualmente):
[…A]mparar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso
efectivo a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, vulnerados por
la entidad accionada y, en consecuencia, se revoque la sentencia de segunda
instancia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, para que en
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Se advierte que, el 24 de abril de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01744-00
Demandante: Evaristo Manuel Archbold García
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
su lugar, se ordena a la accionada emitir decisión de mérito frente a los
planteamientos expuestos en el recurso de apelación presentado por la Alcaldía
de Providencia y Santa Catalina»
1.2. Hechos
De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas, se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
El señor Evaristo Manuel Archbold García presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho —con acumulación de pretensiones de reparación
directa— en contra del Municipio y de la Personería de Providencia y Santa Catalina
Islas, y de la Nación – Procuraduría General de la Nación, para que se declarara la
nulidad del oficio de abril 4 de 2016, en el que el alcalde negó su solicitud de reintegro
al empleo de técnico 1, grado 314, de dicha entidad territorial. En subsidio, solicitó que
se declarara la responsabilidad patrimonial de las demandadas por la ejecución de la
sanción disciplinaria impuesta por la Personería de Providencia y Santa Catalina Islas
y, como consecuencia, que se le reconociera la indemnización solicitada.
La demanda ordinaria se fundamentó en que el señor Archbold García se
desempeñaba como técnico 1, grado 314, en el Municipio de Providencia y Santa
Catalina Islas, y el 9 de abril de 2008 la Personería lo sancionó con destitución e
inhabilidad para ocupar cargos públicos por el término de diez (10) años2. Contra esa
decisión no se interpuso recurso de apelación; tampoco se demandó ante la
jurisdicción contencioso administrativa.
El 3 de marzo de 2010, el aquí demandante solicitó a la Procuraduría que le revocara
directamente la sanción. La petición fue aceptada el 14 de julio de 2015. En
consecuencia, el procurador general de la Nación revocó en forma directa el acto
administrativo sancionatorio, por violación al debido proceso, y decretó la prescripción
de la acción disciplinaria.
Por lo anterior, el 9 de marzo de 2016, el señor Evaristo Manuel Archbold García
solicitó al alcalde de Providencia y Santa Catalina Islas, reintegrarlo al empleado que
desempeñaba al momento de haber sido destituido; no obstante, la solicitud fue
negada en oficio del 4 de abril de 2016.
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La sanción se le impuso por haber falsificado una certificación que acreditaba que cumplió con una
comisión oficial de servicios en octubre de 2007, a fin de evitar que le descontaran el valor de los
viáticos percibidos.
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Demandante: Evaristo Manuel Archbold García
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
El proceso ordinario correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el que, mediante sentencia del 28 de
septiembre de 2017, accedió a las pretensiones de reparación directa, esto es, declaró
la responsabilidad patrimonial del municipio de Providencia y Santa Catalina Isla,
condenándolo al pago de los perjuicios morales y materiales reclamados por el actor.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia del 4
de agosto de 2022, revocó el fallo de primer grado, para, en su lugar, declarar ineptitud
sustantiva de la demanda y abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo «por
tratarse de un asunto no susceptible de control judicial».
1.3. Argumentos de la tutela
El señor Evaristo Manuel Archbold García indicó que la autoridad judicial accionada
incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que no
se resolvió el recurso de apelación conforme a los argumentos presentados por el
recurrente y, en cambio, emitió una decisión inhibitoria «bajo argumentos sin sentido
ni correspondencia con la decisión del A quo y lo alegado en la impugnación».
Señaló que la competencia del juez de segunda instancia obliga a «emitir
pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, toda vez que
se presume que los que no son objeto de sustentación, no suscitan inconformidad en
el sujeto procesal que hace uso de la alzada».
Adujo que la decisión del Consejo de Estado se basó en el estudio de temas negados
en la primera instancia y que no fueron objeto de reproche por la entidad recurrente,
pues su inconformidad se centró en la decisión adoptada frente a las pretensiones de
reparación directa.
En suma, insistió en que la autoridad accionada «no resolvió el recurso de apelación
con base en los argumentos expuestos por el recurrente», sino que atendió elementos
«que no eran objeto del debate jurídico planteado en la apelación».
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 13 de abril de 2023, se admitió la solicitud de amparo y se ordenó
notificar a los magistrados que integran la Subsección B de la Sección Segunda del
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Consejo de Estado, como parte demandada, y a la procuradora general de la Nación,
al alcalde y al personero de Providencia y Santa Catalina Islas, como tercero con
interés. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
2.1. El magistrado ponente de la decisión cuestionada dijo que se acogería a «lo que
se demuestre durante el trámite» de la tutela, y que en la sentencia constan las
razones que le sirven de fundamento.
2.2. La Procuraduría General de la Nación señaló que la providencia cuestionada no
vulneró las garantías fundamentales del demandante, y que lo pretendido es trasladar
la controversia del juicio ordinario al trámite de tutela, como si se tratara de una tercera
instancia.
Destacó que la sentencia atacada no hizo un estudio arbitrario, ni caprichoso de la
apelación y, por el contrario, tuvo suficiente respaldo jurídico, razón por la cual no
puede configurarse una vía de hecho por el simple desacuerdo con las
interpretaciones y conclusiones del fallador.
2.3. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
La Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la
tutela contra providencias judiciales. Sólo en el evento de superarse estos
presupuestos, abordará el estudio de fondo con el fin de establecer si se configuró el
defecto procedimental atribuido a la sentencia del 4 de agosto de 2022, dictada por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
2. Análisis de la Sala
2.1. Requisitos generales de procedibilidad
2.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que
la sentencia con la que culminó el proceso ordinario, dictada el 4 de agosto de 2022,
fue notificada el 30 de septiembre siguiente, mientras que la solicitud de amparo se
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presentó el 10 de abril de 2023, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la
notificación de la decisión cuestionada. Este término resulta razonable3.
2.1.2. Subsidiariedad 4 : la parte actora afirma que la autoridad judicial violó las
competencias atribuidas al juez de segundo grado en materia de apelación, puesto
que resolvió la alzada respecto de puntos que no fueron objeto de debate en el recurso
formulado por la entidad demandada en el proceso ordinario.
Pues bien, esta Subsección estima que cuando se acusa una sentencia de decidir
aspectos ajenos al debate judicial y, particularmente, de que en la alzada el superior
resolvió temas que no fueron propuestos por la apelante, se está ante un típico
escenario de verificación de congruencia de la sentencia, en la medida en que, si lo
que se afirma es que se decidió sobre elementos diferentes a los que demarcaron el
thema decidendum, se estaría en presencia de una providencia extra petita.
De manera que, si en criterio del accionante hubo exceso en el ejercicio de la
competencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al
resolver la apelación de la sentencia de primera instancia sobre elementos que no
fueron apelados, nos encontraríamos en el terreno de la incongruencia, cuestión que
puede ventilar el actor mediante el recurso extraordinario de revisión previsto en el
artículo 2485 de la Ley 1437 de 2011, específicamente bajo la causal de «nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación», que incluye el vicio por incongruencia, según lo ha definido esta
Corporación.
En ese sentido, la Sala Especial de Decisión No. 22 de lo Contencioso Administrativo
señaló:
2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de
la sentencia.
3
El 1° de octubre de 2022, día siguiente a aquél en que se notificó la providencia cuestionada, inició el
conteo del plazo razonable de 6 meses, que venció el 1° de abril de 2023 —sábado previo a la Semana
Santa—; sin embargo, como entre el 1° y el 9 de abril se encontraban cerrados los despachos judiciales,
el término se extendió hasta el 10 de abril de 2023, primer día hábil siguiente.
4
En este acápite, la Sala se remite, acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de
junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia del
1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
5
«Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
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Demandante: Evaristo Manuel Archbold García
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
[L]a jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe
aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del
CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras
razones, cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada
en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.
Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los
fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el
desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una
actuación sin competencia.
(…)En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal que
tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en fallos
ultrapetita, extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia del Consejo
de Estado, en los siguientes términos: este principio de la congruencia de la
sentencia [C.C.A. Art. 170], exige de una parte que exista armonía entre la parte
motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se denomina congruencia
interna, y de otra, que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo
pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de oposición,
denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha
marcado la controversia en el proceso.
Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia,
se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”:
cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se
reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa
diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite
el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.6
La violación de dicho principio traería como consecuencia, igualmente la violación
al debido proceso, en la medida en que nuestro ordenamiento positivo consagra
etapas procesales exclusivas a que las partes manifiesten y contradigan
argumentos en defensa de sus derechos, siempre bajo el marco de litis que se
ha planteado desde la demanda.
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto,
que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA
-antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia,
se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la
congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre
en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que
la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias
de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar
asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar.
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando
falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la
coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la
decisión, porque el fallador excede su competencia, la que se repite está
determinada por los cargos y pretensiones de la demanda.
6
Cita original del texto: «Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Expediente: 760012324000199704345-01 (12668).
Actor: Productora de Papeles Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P.
Juan Ángel Palacio Hincapié».
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Pues bien, estas reflexiones, con apoyo en jurisprudencia del Consejo de
Estado y en la doctrina de la Corte Constitucional, ratifican la tesis según la cual
la congruencia de los fallos es un elemento de validez de los mismos, cuya
inobservancia configura la causal de revisión de nulidad originada en la
sentencia, artículo 250, numeral 5 del CPACA7 (se resalta).
De otra parte, frente al recurso extraordinario de revisión, como mecanismo idóneo y
eficaz, la Corte Constitucional, en sentencia SU-659 de 2015, señaló:
La Sala Plena ha expuesto que este mecanismo judicial, prima facie, es un
espacio de protección de derechos fundamentales; su finalidad es revertir
decisiones que hacen tránsito a cosa juzgadas al vulnerar la justicia material; así
como eventos en los que nuevos hechos evidencian que una providencia se tomó
a partir de evidencia ilegal.
[…]
La Corte ha sostenido que para concluir que el mecanismo ordinario es idóneo y
eficaz, el actor debe estar en la capacidad de encuadrar el defecto que considera
tiene la sentencia dentro de alguna de las causales taxativas establecidas en el
código correspondiente. De lo contrario, no puede considerarse improcedente la
tutela.
Tratándose del recurso extraordinario de revisión en la jurisdicción contenciosa
administrativa, la Corte ha apuntado que cuando una decisión de un juez
administrativo, potencialmente vulnera no solo el debido proceso, sino otros
derechos, y estos tienen el carácter de fundamental, el recurso de revisión pierde
eficacia e idoneidad. Esto lo ha desarrollado a propósito del proceso de nulidad
electoral. En él, un juez administrativo puede, eventualmente vulnerar el derecho
al debido proceso. Hasta este momento, el recurso de revisión es procedente. Sin
embargo, cuando implica, además la restricción del ejercicio de un derecho
político (elegir y ser elegido a cargos públicos), u otros fundamentales, el recurso
extraordinario pierde idoneidad.
Concluye que el recurso será eficaz cuando: i) la única violación alegada sea el
derecho al debido proceso y, eventualmente, la de otros derechos que no tienen
carácter fundamental, o ii) cuando el derecho fundamental cuya protección se
solicita sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del
recurso, porque concurren en él (a) causales de revisión evidentemente dirigidas
a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de prosperar el recurso, decisiones
que restauran de forma suficiente y oportuna el derecho8 (se destaca).
Bajo ese entendimiento, no hay duda de que el reparo de incongruencia atribuido a la
sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B, de esta Corporación, no
pueden ser examinados por el juez constitucional y, en consecuencia, la tutela debe
declararse improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad pues,
como se sabe, este mecanismo especial de protección de derechos fundamentales
7
Sentencia del 2 de febrero de 2016, expediente No. 11001-03-15-000-2015-02342-00, M.P. Alberto
Yepes Barreiro.
8
Sala Plena de la Corte Constitucional, expediente T-3.795.843, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01744-00
Demandante: Evaristo Manuel Archbold García
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
procede siempre que la parte no cuenta con otro instrumento idóneo, salvo que se
alegue y acredite la existencia de un perjuicio irremediable, circunstancia que, vale
decir, no ocurrió en el presente caso.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor
Evaristo Manuel Archbold García.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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