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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2016-00061-01

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2016-00061-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Revócase la sentencia de 28 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda; en su lugar, declárase probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y, en consecuencia, la Sala se abstiene de emitir pronunciamiento de fondo, por tratarse de un asunto no susceptible de control judicial, conforme a la motivación. 23 De conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso (CGP), «Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes». 24 Sentencia de 18 de febrero de 1999; expediente 10775, M.P. Ricardo Hoyos Duque. 20 Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017) Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría General de la Nación y otros 2º. Sin condena en costas. 3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 88001-23-33-000-2016-00061-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

4 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Demandante : Evaristo Manuel Archbold García
Demandado : Nación, Procuraduría General de la Nación, y
municipio de Providencia y Santa Catalina Islas,
alcaldía y personería
Tema : Revocación directa de sanción disciplinaria de
destitución e inhabilidad por 10 años y reintegro al
servicio
Actuación : Decide apelación de sentencia- Ley 1437 de 2011

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada (municipio de Providencia y Santa Catalina Islas) contra la
sentencia de 28 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina1, mediante la
cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda dentro del proceso
del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 2 a 13). El señor Evaristo Manuel Archbold
García, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y, en forma subsidiaria, el de reparación directa, conforme a los
artículos 138 y 140, respectivamente, del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la
Nación, Procuraduría General de la Nación, y el municipio de Providencia y
Santa Catalina Islas, alcaldía y personería, para que se acojan las pretensiones
que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare nulo el oficio DN-125-2016 de 4 de abril de
20162, expedido por el alcalde de Providencia y Santa Catalina Islas, a través
del cual negó al actor la solicitud de reintegro al empleo de técnico 1, grado
314, como consecuencia de la revocación directa, realizada por el procurador
general de la Nación, de la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad

1
Folios 257 a 284.
2
Folios 31 a 41.

Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

general por 10 años que, mediante decisión de 9 de abril de 2008, le había
impuesto el personero de ese municipio.

A título de restablecimiento del derecho, solicita se condene al mencionado
ente territorial que lo reintegre a la planta de personal de la alcaldía, a un
empleo igual o de superior jerarquía al que desempeñaba, y le pague en forma
indexada, los salarios y demás emolumentos dejados de devengar desde
cuando se hizo efectiva la destitución.

En forma subsidiaria, pide que, en caso de no prosperar el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, se dé trámite al de reparación directa y
«se ordene el pago de una indemnización por los daños materiales
ocasionados al señor Evaristo Manuel Archbold García, por un valor de
$175.153.838,48 más los intereses moratorios legales establecidos, de
acuerdo con la indexación del valor a la que haya lugar» (sic) [f. 9].

1.3 Fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda. Aduce el actor que
ocupaba el empleo de técnico 1, grado 314, en la alcaldía de Providencia y
Santa Catalina Islas.

Que, mediante acto administrativo de 9 de abril de 2008, el personero
municipal le impuso sanción de destitución e inhabilidad por 10 años para
ejercer cargos públicos; el alcalde, por Decreto 51 de 10 de abril de 2008,
ejecutó la sanción.

Dice que formuló incidente de nulidad3 contra el acto sancionatorio, el cual
fue resuelto mediante acto de 14 de julio de 2015 (notificado el 1° de
diciembre del mismo año) por el procurador general de la Nación, con el que
revocó la destitución e inhabilidad impuestas.

Que, con sustento en lo anterior, el 9 de marzo de 2016, solicitó del alcalde de
Providencia y Santa Catalina Islas el reintegro al empleo que desempeñaba y
el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de devengar desde la
desvinculación laboral, negados por el gobernante a través del administrativo
aquí demandado.

1.3.1 Síntesis de las circunstancias que generaron la investigación
disciplinaria, la sanción y la revocación directa. El personero de

3
Se trató de solicitud de revocación directa. Ver folio 180.
2

Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

Providencia y Santa Catalina Islas, en primera instancia, sancionó al
demandante, en 2008, con destitución e inhabilidad para ejercer cargos
públicos por 10 años, por haber falsificado una certificación para demostrar
que cumplió la comisión oficial de servicios concedida para asistir a un
festival en la isla de San Andrés el 19 de octubre de 2007, y evitar que le
descontaran el valor de los viáticos. La sanción quedó en firme, por cuanto el
disciplinado no interpuso recurso de apelación ni fue demandada ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.

Un (1) año y once (11) meses después de la destitución, el actor solicitó del
procurador regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que revocara
directamente la sanción disciplinaria.

El procurador general de la Nación, pasados cinco (5) años de formulada la
petición, revocó en forma directa el acto de sanción del demandante, mediante
decisión de 14 de julio de 2015, por irregularidades sustanciales durante el
trámite de la actuación administrativa, y decretó la prescripción de la acción
disciplinaria.

Con fundamento en lo anterior, el 9 de marzo de 2016 el demandante reclamó
del alcalde de Providencia y Santa Catalina Islas el reintegro al empleo que
desempañaba en el momento de la destitución, lo que le fue negado a través de
oficio de 4 de abril de 2016 (aquí demandado), por cuanto la decisión de
revocación directa no incluyó el acto de ejecución de la sanción, ni ordenó el
reintegro al servicio y pago de salarios, amén de que la determinación solo
tiene efectos hacia al futuro y no revive los términos para acudir a la
jurisdicción contencioso-administrativa.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto (f. 11). Cita como
normas vulneradas por los actos administrativos demandados los artículos 2,
6, 25, 29 y 125 de la Constitución Política; y 124 y 125 de la Ley 734 de 2002.

Asegura el demandante que el acto acusado es ilegal, toda vez que la decisión
de desvinculación del empleo se fundamentó en la de destitución, que no era
definitiva, debido a que estaba pendiente de resolver el incidente de nulidad
que formuló ante el procurador general de la Nación, y que se resolvió
después de cinco años, con el que se revocó la sanción. Entiende que el acto
definitivo fue, entonces, el de revocación directa, expedido el 14 de julio de
2015.

3

Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

Afirma que la entidad territorial demandada ejecutó la sanción con sustento en
un acto administrativo de trámite, proferido con violación del debido proceso,
puesto que no esperó que se resolviera el «incidente de nulidad»4 para conocer
la decisión final de la investigación disciplinaria.

1.5 Contestación de la demanda. La alcaldía de Providencia y Santa Catalina
Islas lo hizo en forma extemporánea (f. 196).

1.5.1. Personería municipal de Providencia y Santa Catalina Islas (ff. 127
a 130). Mediante apoderado, se opuso a las súplicas de la demanda. Sostiene
que no se trató de incidente de nulidad, sino de solicitud de revocación directa
la que presentó el demandante el 3 de marzo de 2010 ante la procuraduría
regional de San Andrés Islas (ff.180 a 187), y fue resuelta el 14 de julio de
2005 por el procurador general de la Nación, quien revocó la sanción
disciplinaria y declaró la prescripción de la acción, cinco (5) años después.

Que el acto sancionatorio se expidió el 9 de abril de 2008 por el personero
municipal de la época, contra el cual el demandante no interpuso ningún
recurso y de esta forma quedó ejecutoriado y en firme, amparado por
presunción de legalidad. La destitución se ejecutó por el alcalde de
Providencia y Santa Catalina Islas, a través de Decreto 51 de 10 de abril de
2008, con el que terminó la relación laboral del actor. Que solo hasta el 3 de
marzo de 2010 el señor Archbold García presentó la mencionada solicitud de
revocación directa ante el órgano de control.

1.5.2. Nación-Procuraduría General de la Nación (ff. 146 a 149). Afirma el
apoderado del ente que el demandante presentó el 3 de marzo de 2010
solicitud de revocación directa del acto que le impuso la sanción disciplinaria
(no incidente de nulidad), el cual fue, en efecto, revocado el 14 de julio de
2015 por el procurador general de la Nación, por irregularidades sustanciales
durante el procedimiento administrativo, determinación con la que no le causó
ningún perjuicio al señor Archbold García, que amerite condena. Por
consiguiente, solicita se nieguen las pretensiones de la demanda.

1.6 La providencia apelada (ff. 257 a 283). El Tribunal Administrativo de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en sentencia de 28 de septiembre
de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido
de declarar patrimonialmente responsable al municipio de Providencia y Santa

4
Solicitud de revocación directa (f. 180)
4

Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

Catalina por los daños ocasionados al actor con la sanción impuesta el 9 de
abril de 2008 por el personero de ese ente territorial. Por tal razón, condenó al
municipio a pagar en forma indexada al demandante, por los perjuicios
morales, el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la
fecha de ejecutoria de la sentencia y, por los materiales (lucro cesante), el
valor de los salarios y demás emolumentos que dejó de devengar por la
destitución del empleo, correspondiente a 24 meses de salario, conforme a los
criterios señalados por la Corte Constitucional en sentencia SU-53 de 12 de
febrero de 2015, sobre indemnizaciones por retiro ilegal del servicio de
empleados públicos nombrados en provisionalidad. No condenó en costas a la
entidad.

Para arribar a esta determinación, concluyó que operó la caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del acto
sancionatorio, pero el actor presentó solicitud de revocación directa el 3 de
marzo de 2010, es decir, por fuera de los 4 meses de caducidad de tal medio
de control, establecidos en el artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo (CCA).

Que como la figura de la revocación directa, cuyos efectos son solo hacia el
futuro, no hace parte de la vía gubernativa, no constituye requisito para
acceder a la jurisdicción, sin embargo, la revocación del acto sancionatorio no
habilita la pretensión de reintegro al servicio del actor; solo elimina el
antecedente del mundo jurídico.

Consideró el Tribunal que el acto demandado no está viciado de nulidad, por
cuanto la desvinculación laboral del actor se consolidó mucho antes de la
revocación de la sanción; en consecuencia, «las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho serán negadas, toda vez que no se logró
desvirtuar la presunción de legalidad del acto enjuiciado…, procede la Sala a
realizar el estudio de la pretensión subsidiaria en lo referente al medio de
control de reparación directa» (f. 274).

Por tanto, al amparo de la responsabilidad extracontractual del Estado, a modo
de falla en el servicio y con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado5,
declaró probado el daño antijurídico, con sustento en el acto del procurador
general de la Nación que revocó la sanción impuesta al actor por el personero
de Providencia y Santa Catalina Islas. Que este hecho también evidencia el
5
Sentencia de 23 de abril de 2015, sección cuarta, expediente 11001-03-15-000-2014-3055-00, M. P. Hugo
Fernando Bastidas.
5

Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

nexo causal entre el daño al accionante y la actuación de la administración, de
modo que la personería «generó un daño resarcible a la parte demandante el
cual debe ser indemnizado» (f. 279).

Respecto de los perjuicios morales, estimó que, si bien el actor no aportó
prueba de ellos, «las reglas de la experiencia enseñan que el ser sujeto de una
investigación disciplinaria causa en la persona preocupación y angustia, lo
cual se agrava aún más, cuando en virtud de la culminación del proceso
disciplinario se ordena la destitución del cargo y la inhabilidad para el
ejercicio de cargos públicos. En efecto, es sabido que la pérdida del empleo
genera graves afectaciones en la esfera interna de cualquier persona, por lo
cual, la Sala reconocerá a favor del demandante la suma de cincuenta (50)
SMLMV, en calidad de perjuicios morales» (sic) [f. 274].

Acerca de los perjuicios materiales, sostuvo que el retiro del empleo significó
para el demandante dejar de devengar los salarios y prestaciones, y ordena, en
consecuencia, el pago de indemnización en el equivalente a 24 meses de
salario, contados desde el retiro del servicio, es decir, entre el 10 de abril de
2008 y los mismos día y mes de 2010, en aplicación de los criterios fijados por
la Corte Constitucional en sentencia SU-53 de 2015.

Agrega que, como el organismo de control de Providencia y Santa Catalina,
responsable de los perjuicios, no tiene personería jurídica, se impone la
condena, en su lugar, al respectivo ente territorial.

1.7 El recurso de apelación (ff. 285 a 301). El municipio de Providencia y
Santa Catalina Islas, por intermedio de apoderada, en su escrito de
impugnación de la sentencia, a efectos de que se revoque, formula los
siguientes cargos:

(i) Que operó la caducidad del medio de control. Afirma que el acto del
procurador general de la Nación, con el que revocó la sanción disciplinaria, se
notificó al demandante el 1° de diciembre de 2015 y la solicitud de
conciliación ante el mismo órgano de control la formuló el 12 de mayo de
2016, cuando habían trascurrido más de los cuatro (4) meses de caducidad,
hecho que se confirma, además, con el poder de 27 de abril de 2016, otorgado
por el señor Evaristo Manuel Archbold García.

6

Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

Que, según el Consejo de Estado6, en los casos en los que se pretenda la
indemnización de perjuicios derivados de la expedición de un acto
administrativo que fue revocado por la misma Administración, el medio de
control procedente es el de reparación directa, pero el término de caducidad no
será de 2 años, sino de 4 meses, contados a partir del acto administrativo que
originó el daño antijurídico.

(ii) Que la jurisprudencia del Consejo de Estado (sección cuarta), en particular
la sentencia proferida en el expediente 110001-03-15-000-2014-03050-00,
fundamento de la providencia aquí apelada, no resulta aplicable al presente
caso, puesto que el señor Archbold García fue negligente al no interponer el
recurso de apelación contra la sanción disciplinaria, ni instaurar la
correspondiente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de
los 4 meses de caducidad.

(iii) Que resulta equivocado interpretar, como lo hizo el Tribunal, que la
Procuraduría General de la Nación es el mismo ente territorial (municipio) que
revocó su propio acto, por consiguiente, esa situación no se adecúa a los casos
que han dado lugar a pronunciamientos de la sección tercera del Consejo de
Estado sobre la materia; asimismo, en el presente asunto se deben aplicar los
efectos de la revocatoria de «fallos sancionatorios» consagrados en el artículo
127 de la Ley 734 de 2002, en el sentido de que no reviven los términos para
el ejercicio de las acciones contencioso-administrativas.

(iv) Falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Providencia
y Santa Catalina Islas. Asegura que se condenó al ente territorial, pese a que
en la sentencia apelada se reconoce que la responsabilidad por los daños recae
directamente en la personería municipal, la cual debe afrontar la condena con
sus propios recursos, sin afectar los del municipio, en virtud de los principios
de autonomía administrativa y presupuestal del citado órgano de control, de
conformidad con la Ley 225 de 1995 (artículo 108) y la sentencia C-365 de
2001 de la Corte Constitucional. Destaca que la fuente de responsabilidad no
proviene del gobierno territorial, sino de una decisión del personero.

(v) Culpa exclusiva de la víctima. Aduce que el actor reconoció en su versión
libre, durante la investigación disciplinaria, que cometió la falta investigada;
no interpuso recurso de apelación contra el acto sancionatorio, que era
necesario para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, ni demandó
6
Cita el auto de 24 de mayo de 2017 del consejero de Estado Carlos Alberto Zambrano Barrera de la sección
tercera, subsección A, expediente 25000-23-36-000-2014-00699-01.
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Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

el acto en nulidad y restablecimiento del derecho.

Añade que, para condenar por perjuicios morales, el Tribunal reconoció que
no se probaron, pero se apoyó en que la experiencia enseña que ser sujeto de
una investigación disciplinaria causa en la persona preocupación, angustia y
graves afectaciones personales, condena que se tornó subjetiva, puesto que las
afectaciones se deben demostrar para tasar los perjuicios en forma
proporcional al grado de aflicción, dolor y amargura sufridos.

Sobre la condena por los perjuicios materiales, asegura que no se probaron y
el Tribunal se contradice en la misma sentencia apelada, puesto que, por una
parte, sostiene que el acto que revocó la sanción solo produce efectos hacia el
fututo, que, además, la decisión que negó el reintegro al servicio del
demandante no está viciada de nulidad porque se consolidó mucho antes del
acto que revocó la sanción, pero, por la otra, tasó la indemnización de tales
perjuicios en forma retroactiva, es decir, con fundamento en los salarios y
prestaciones que dejó de devengar desde cuando se ejecutó la destitución del
señor Evaristo Manuel Archbold García. Tampoco se precisó el rubro
indemnizatorio a liquidar, ni los conceptos que se excluyen, las pruebas que
sirvieron de fundamento para determinar la magnitud del perjuicio, ni los
criterios empleados para tasarlos.

(vi) Falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación por haber
decidido la solicitud de revocación directa por fuera del término de los 3
meses consagrado en el artículo 125 de la Ley 734 de 2002.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación se concedió mediante proveído de 9 de noviembre de
20177, y admitido por esta Corporación a través de auto de 29 de octubre de
20188, en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio
Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198
(numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitido el recurso de apelación, se continuó el
trámite regular del proceso, para cuyo efecto se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público, con auto de 28 de enero de 20199, con el propósito de que

7
Folio 316.
8
Folio 337.
9
Folio 495.
8

Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad que no fue
aprovechada por ninguno de los sujetos procesales que integran la parte
demandada.

2.1.1 Parte demandante (ff. 351 a 354). El actor, a través de apoderado,
reiteró en sus alegaciones lo expuesto en el escrito de demanda. Insiste en que
el acto por medio del cual el procurador general de la Nación «anuló» la
sanción disciplinaria fue producto de incidente de nulidad, no de solicitud de
revocación directa, que son diferentes y, por lo tanto, hay lugar a que se le
restablezcan e indemnicen los derechos vulnerados con la sanción de
destitución e inhabilidad.

2.1.2 Concepto del Ministerio Público (ff. 355 a 364). El procurador tercero
delegado ante esta Corporación conceptúa que se confirme la sentencia
apelada, pero que se modifiquen los ordinales primero, segundo y tercero, en
el sentido de que la misma condena no sea contra el municipio de Providencia
y Santa Catalina Islas, sino la personería del ente territorial.

Para sustentar su concepto, afirma que es posible acumular la pretensión de
reparación directa con las de nulidad y nulidad y restablecimiento, por
autorización expresa del artículo 165 de CPACA. Que no operó la caducidad
de la primera, puesto que el daño se puso en evidencia con el acto de 14 de
julio de 2015, con el que el procurador general de la Nación revocó
directamente la sanción, y la demanda se instauró el 1° de septiembre de 2016,
es decir, dentro de los dos (2) años previstos en el artículo 164, letra i), del
mismo Código.

Afirma que, si bien las personerías municipales forman parte del nivel local,
no pertenecen a la administración del respectivo ente territorial, por lo que en
este caso es la personería de Providencia y Santa Catalina Islas la que debe
responder por la condena, al haber sido la autoridad que impuso la sanción al
actor, revocada por el procurador general de la Nación.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, a
esta Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

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Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
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Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

3.2 Actos acusado.

3.2.1 Oficio DN-125-2016 de 4 de abril de 201610, expedido por el alcalde de
Providencia y Santa Catalina Islas, a través del cual negó al actor la solicitud
de reintegro al empleo de técnico 1, grado 314, como consecuencia de la
revocación directa, realizada por el procurador general de la Nación, de la
sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por 10 años, que le
había impuesto el personero de ese municipio, mediante decisión de 9 de abril
de 2008.

3.3 Problema jurídico. La Sala debe resolver si la sentencia apelada,
proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda, fue
ajustada a derecho. Para tal propósito, de acuerdo con el recurso de apelación,
examinará si el asunto es susceptible de control judicial; en caso de no serlo,
la Sala se abstendrá de realizar pronunciamiento respecto de los demás
motivos de alzada invocados en el escrito de impugnación del ente territorial11.

3.4 Hechos probados. Se hará referencia a las pruebas que guardan relación
con los problemas jurídicos derivados de las causales de nulidad invocadas en
el memorial de impugnación de la sentencia:

i) El señor Evaristo Manuel Archbold García desempeñó el empleo de técnico
grado 1, código 314, de la planta global de personal del municipio de
Providencia y Santa Catalina Islas, desde el 23 de marzo de 2004 hasta el 11
de abril de 2008, según consta en el certificado laboral de 29 de febrero de
2016, expedido por la oficina de recursos humanos del ente territorial (f. 16).

ii) El personero del municipio de Providencia y Santa Catalina Islas sancionó
disciplinariamente al actor con destitución e inhabilidad para ejercer cargos
públicos por 10 años, mediante acto de 9 de abril de 2008, por haber
falsificado una certificación para demostrar que cumplió la comisión oficial de
servicios otorgada para asistir a un festival en la isla de San Andrés el 19 de
octubre de 2007, y evitar que le descontaran el valor de los viáticos (ff. 55 a
60, cuaderno de pruebas). La sanción quedó en firme, por cuanto el
disciplinado no interpuso recurso de apelación. Tampoco fue demandada en

10
Folios 31 a 41.
11
De conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso (CGP), «Si el juez encuentra probada
una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar
las restantes».
10

Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.

iii) La alcaldesa de Providencia y Santa Catalina Islas ejecutó la sanción
contra el actor mediante Decreto 51 de 10 de abril de 2008, con el cual quedó
retirado del servicio.

iv) El demandante, un (1) año y once (11) meses después de haber sido
destituido del empleo, solicitó, el 3 de marzo de 2010, del procurador regional
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que revocara directamente la
referida sanción (ff. 180 a 188).

v) El señor procurador general de la Nación, pasados cinco (5) años de
formulada la solicitud, revocó en forma directa el acto de sanción del
demandante, a través de decisión de 14 de julio de 2015, por irregularidades
sustanciales durante el trámite de la actuación administrativa, y decretó la
prescripción de la acción disciplinaria (ff. 18 a 28).

vi) Con sustento en lo anterior, el 9 de marzo de 2016, el señor Evaristo
Manuel Archbold García pidió del alcalde de Providencia y Santa Catalina
Islas que lo reintegrara al empleo que desempañaba al momento de la
destitución (ff. 29 y 30).

vii) Mediante el acto aquí demandado, de 4 de abril de 2016, el precitado
funcionario negó al actor la petición de reintegro, para cuyo efecto adujo que
en la decisión de revocación directa el señor procurador general de la Nación
no incluyó el acto de ejecución de la sanción, ni ordenó el reintegro al servicio
y pago de salarios, amén de que la determinación solo tiene efectos hacia al
futuro y no revive los términos para acudir a la jurisdicción contencioso-
administrativa (ff. 29 a 44).

A las demás pruebas hará mención la Sala al momento de resolver los cargos
planteados en la apelación del fallo.

3.5 Caso concreto relativo a los problemas jurídicos derivados de las
inconformidades planteadas en el escrito de apelación de la sentencia. La
Sala revocará la sentencia apelada, que accedió parcialmente a las súplicas de
la demanda y, en su lugar, se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo,
por las siguientes razones:

11

Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

3.5.1 La revocación directa de la sanción disciplinaria no revive los
términos legales para el ejercicio de ninguna de las acciones contencioso-
administrativas (artículo 127 de la Ley 734 de 2002). Asegura la apelante
que en el presente asunto se deben aplicar los efectos de la revocación directa
de «fallos sancionatorios» consagrados en el artículo 127 de la Ley 734 de
2002, en el sentido de que no revive los términos para el ejercicio de las
acciones contencioso-administrativas. La normativa preceptúa:

ARTÍCULO 127. EFECTO DE LA SOLICITUD Y DEL ACTO
QUE LA RESUELVE. Ni la petición de revocatoria de un fallo, ni la
decisión que la resuelve revivirán los términos legales para el ejercicio de
las acciones contencioso-administrativas.

Tampoco darán lugar a interponer recurso alguno, ni a la aplicación del
silencio administrativo.

El procurador general de la Nación revocó la sanción disciplinaria de
destitución e inhabilidad que el personero de Providencia y Santa Catalina
Islas había impuesto al actor. Con fundamento en tal determinación, el
Tribunal, al amparo de la responsabilidad extracontractual del Estado, a modo
de falla en el servicio y en apoyo de un fallo de tutela de 23 de abril de 2015
de la sección cuarta de esta Corporación12 sobre los efectos de la revocación de
actos administrativos, declaró probado el daño antijurídico y accedió a las
pretensiones de reparación directa del demandante.

Examinado el expediente, resulta claro que el único acto administrativo que
motivó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que nos ocupa,
fue el oficio DN-125-2016 de 4 de abril de 201613, expedido por el alcalde de
Providencia y Santa Catalina Islas, a través del cual negó al actor la solicitud
de reintegro al empleo de técnico I, grado 314. La petición se sustentó en la
revocación directa, realizada por el procurador general de la Nación, de la
sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por 10 años, que le
había impuesto el personero de ese municipio el 9 de abril de 2008.

El citado acto administrativo no fue objeto de anulación en primera instancia,
puesto que no se desvirtuó la presunción de legalidad que lo ampara, es decir,
fue ajustado a derecho, determinó el a quo.

12
Sentencia de 23 de abril de 2015, sección cuarta, expediente 11001-03-15-000-2014-03055-00, M. P. Hugo
Fernando Bastidas.
13
Folios 31 a 41.
12

Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

En la sentencia apelada el Tribunal, al respecto, concluyó:

En consecuencia, el oficio No. DN-125-2016 del 4 de abril de 2016,
expedido por la alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina,
no se encuentra viciado de nulidad, toda vez que la situación de
desvinculación del actor de la entidad, fue una situación jurídica que se
consolidó mucho antes de la revocatoria del acto que impuso la sanción, y
al no haberse discutido en su oportunidad legal la decisión adoptada
[destitución], perdió el actor la oportunidad de lograr su reintegro
quedando así como única opción para la administración negar el reintegro
solicitado.

En este orden, en consideración de la Sala, las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho serán negadas, toda vez que no se logró
desvirtuar la presunción de legalidad del acto enjuiciado [se destaca]
(f. 274).

Sostuvo el a quo que «Siendo claro que la entidad causante del daño al actor es
la Personería del municipio de Providencia y Santa Catalina, en principio,
debía ser la entidad condenada. No obstante, al no contar la entidad con
personería jurídica y al ser el Personero un funcionario de la entidad
municipal, la condena habrá de imponerse al Municipio de Providencia y
Santa Catalina Islas, a efectos de que cancele al actor el monto de los valores
reconocidos en esta sentencia a título de perjuicios materiales y morales.
Conforme a las consideraciones expuestas, se encuentra acreditada la
responsabilidad de la Personería del Municipio de Providencia y Santa
Catalina isla, como entidad causante del daño alegado por el demandante y
cuya indemnización se ordena en esta sentencia» (sic para toda la cita) [f. 282].

Para decidir, advierte la Sala que existen diferencias en torno a la revocación
directa de actos administrativos en general, regulada en el CPACA, y cuando
se trata de sanciones disciplinarias regidas por el Código Disciplinario Único
(Ley 734 de 2002). En este último caso «los fallos sancionatorios, los autos
de archivo y el fallo absolutorio son revocables sólo cuando infrinjan
manifiestamente las normas constitucionales, legales o reglamentarias en que
deban fundarse. Igualmente cuando con ellos se vulneren o amenacen
manifiestamente los derechos fundamentales» (se destaca) [artículo 124,
ibidem], y no se hace alusión a «Cuando no estén conformes con el interés
público o social, o atenten contra él», que sí consagra el CPACA (artículo 93,
numeral 2).

13

Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

Sin embargo, la Corte Constitucional dijo que «la revocatoria de los fallos
disciplinarios se enmarca en el régimen general de revocatoria de los actos
administrativos» (sentencia C- 14 de 2004, M. P. Jaime Córdoba Triviño), y
en fallo de constitucionalidad de 2012 agregó:

Debe insistirse en que la revocatoria directa de los actos administrativos,
procede solamente a partir de causales específicas: (i) manifiesta
inconstitucionalidad o ilegalidad; (ii) disconformidad con el interés
público o social; (iii) agravio injustificado a una persona (Código
Contencioso Administrativo, art 69, reiterado en el nuevo Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, art
93). Tal excepcionalidad se encuentra reforzada para el caso específico de
la revocación de autos de archivo de investigaciones disciplinarias, al
agregarse como causal para su procedencia la manifiesta vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales -Ley 1474/11, art 49-.14

Ahora bien, sobre las consecuencias de la revocación directa de actos
administrativos, el CPACA preceptúa en el artículo 96: «Ni la petición de
revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los
términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio
administrativo» (negrilla de la Sala).

La disposición en cita no ofrece duda en cuanto enerva el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, que es el único viable para cuestionar
la legalidad de los actos administrativos, pero como no limita los demás
medios de control, resultaría dable demandar en reparación directa, por
ejemplo, la indemnización de eventuales perjuicios causados por el acto
revocado, asunto sobre el cual la jurisprudencia de esta Corporación no ha
sido pacífica, como lo muestra la providencia en la que se apoyó el Tribunal
para emitir la sentencia aquí apelada.

Sin embargo, no ocurre lo mismo en el marco del Código Disciplinario Único
(Ley 734 de 2002) en cuanto a los efectos del acto que revoca directamente el
«fallo» disciplinario, puesto que en forma explícita inhibe o, mejor, prohíbe
revivir los términos para el ejercicio de todas las anteriormente denominadas
«acciones» contencioso-administrativas (hoy medios de control), sin
excepción, así:

ARTÍCULO 127. EFECTO DE LA SOLICITUD Y DEL ACTO QUE
LA RESUELVE. Ni la petición de revocatoria de un fallo, ni la decisión

14
Sentencia C-306 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
14

Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

que la resuelve revivirán los términos legales para el ejercicio de las
acciones contencioso-administrativas.

Tampoco darán lugar a interponer recurso alguno, ni a la aplicación del
silencio administrativo.

Al respecto, la Corte Constitucional15 ha expresado:

La revocatoria directa de los fallos disciplinarios se encuentra consagrada
en los artículos 122 a 127 de la Ley 734 de 2002[5].

Las características fundamentales de tal régimen son las siguientes:

[…]

• Hay lugar a ella de oficio o a petición del sancionado. Es decir, la
autoridad disciplinaria puede disponerla por sí misma o a petición de la
persona en quien recayó la sanción. De acuerdo con esto, la eventual
víctima de la conducta por la cual se investigó al servidor público no
podría solicitar la revocatoria del fallo.

• El competente para revocar un fallo es el funcionario que lo profirió, su
superior jerárquico o el Procurador General de la Nación. Este
funcionario puede asumir directamente el conocimiento de una petición de
revocatoria.

• Las causales para la revocatoria de un fallo sancionatorio son la
infracción manifiesta de las normas constitucionales, legales o
reglamentarias y la vulneración o amenaza manifiesta de los derechos
fundamentales.

• Existe un presupuesto de procedibilidad consistente en que contra el
fallo no se hubieren interpuesto los recursos ordinarios.

• La solicitud de revocatoria puede hacerse aún cuando el sancionado
haya acudido a la jurisdicción contenciosa, pero siempre que no se haya
dictado sentencia. Si en el proceso se ha proferido sentencia, la
revocatoria puede solicitarse por causa distinta a la que dio origen a la
decisión judicial.

[…]

• La petición de revocatoria y su decisión no reviven términos para el
ejercicio de acciones contencioso-administrativas, no dan lugar a
interponer recurso alguno y no permiten la aplicación del silencio
administrativo (se destaca).

15
Sentencia C-14 de 2004, M. P. Jaime Córdoba Triviño
15

Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

Resulta claro, entonces, que cuando se trata de revocación directa de sanciones
disciplinarias, no renace el derecho de acción, por disposición expresa del
legislador. En consecuencia, acudir en demanda ante esta jurisdicción se torna
improcedente bajo cualquier medio de control.

De modo que no resulta dable buscar o favorecer opciones para lograr la
reparación de eventuales perjuicios causados por el acto revocado
directamente, dado que la prohibición legal de revivir los términos para el
ejercicio de las acciones contencioso-administrativas es clara, imperativa y
expresa.

El mencionado artículo 127 del CDU hace parte del derecho positivo vigente,
aplicable al asunto sub examine, y como norma de carácter procesal que es, su
observancia deviene obligatoria en los términos del artículo 13 del Código
General del Proceso16, que dispone: «Las normas procesales son de orden
público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso
podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios públicos
o particulares, salvo autorización expresa de la ley». El artículo de la
codificación disciplinaria no ha sido declarado inexequible por la Corte
Constitucional, ni derogado por el legislador; es más, el nuevo Código
General Disciplinario (Ley 1952 de 2019, que entró en vigor el 1° de julio de
2021) lo reprodujo en el artículo 14617, en similares términos.

Por otra parte, el Código Disciplinario Único (CDU) es norma especial en
atención a la materia específica que regula, por lo que se aplica de preferencia
frente al CPACA. La especialidad no solo emana del mandato de la Ley 57 de
1887 (artículo 5°, numeral 1), según el cual «La disposición relativa a un
asunto especial prefiere a la que tenga carácter general», sino que se expresa
en el artículo 21 del mismo Código, al señalar que «En lo no previsto en esta
ley [734 de 2002] se aplicarán […] lo dispuesto en los códigos Contencioso
Administrativo, […]» y, bajo esta perspectiva, observa la Sala que los efectos
de la revocación de las sanciones disciplinarias encuentran regulación propia y
especial en este régimen disciplinario, de modo que no resulta necesario
acudir al CPACA.

16
Aplicable por remisión del artículo 21 de la Ley 734 de 2002.
17
«ARTÍCULO 146. EFECTO DE LA SOLICITUD Y DEL ACTO QUE LA RESUELVE. Ni la petición de
revocatoria de un fallo ni la decisión que la resuelve revivirán los términos legales para el ejercicio de los
medios de control en materia contencioso-administrativa.
Tampoco darán lugar a interponer recurso alguno ni a la aplicación del silencio administrativo».
16

Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

Por tal razón, el debate jurisprudencial18 sobre los medios de control que
procederían por la revocación de actos administrativos en general en el marco
del CPACA, no resulta predicable respecto de la misma figura jurídica en
materia disciplinaria, toda vez que en este evento el legislador precisó que la
decisión que resuelve la petición de revocación directa no revive los términos
legales para el ejercicio de ninguna de las «acciones» contencioso-
administrativas y tampoco da lugar a interponer recurso alguno, ni a la
aplicación del silencio administrativo, se insiste, mandato legal que no se
presta a interpretaciones, so pretexto de evadir su aplicación.

Lo expuesto torna inaplicable al presente caso el pronunciamiento del Consejo
de Estado19 que el Tribunal tuvo en cuenta para motivar el fallo apelado, dado
que la sección cuarta de aquel se fundamentó a su vez en providencias de la
tercera, en las que se debate la procedencia de los medios de control contra
actos revocados directamente, pero no de naturaleza disciplinaria, que como
ya se precisó, no tienen la misma regulación legal.

Además, la misma sección cuarta de esta Colegiatura en la referida sentencia
de 23 de abril de 2015, que cita el Tribunal, aclaró que: «No se trata de los
casos en que se dejan de ejercer los recursos ante la administración o se deja
vencer la oportunidad para demandar por vía de nulidad y restablecimiento
del derecho ni cuando se ejerce la revocatoria directa para simplemente
revivir la oportunidad para demandar. No, la Sala se refiere a los casos en
que la propia administración reconoce la ilegalidad del acto y decide
revocarlo, situación que habilita al interesado a acudir a la acción de
reparación directa para reclamar los perjuicios que se hubieren causado por
la ejecución del acto particular que la administración revoca por ilegal».

18
Según la sentencia de 23 de abril de 2015, sección cuarta, expediente 11001-03-15-000-2014-03055-00:
«Aquí interesa precisar que son dos las tesis de la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a la
procedencia de la acción de reparación directa para reclamar los perjuicios causados por el acto ilegal que
la administración revoca directamente.
La primera tesis alude a que la acción de reparación directa es procedente porque con la revocatoria directa
desaparece del tráfico jurídico el acto administrativo y, por ende, resulta inane que el afectado acuda a la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de un acto que, en virtud de la
revocatoria, no existe.
[…]
En la segunda tesis, en cambio, la Sección Tercera de esta Corporación ha dicho que la acción de
reparación directa no es el mecanismo judicial para reclamar los perjuicios causados por el acto ilegal que
es revocado por la propia administración porque la fuente del daño es un acto administrativo, cuya legalidad
debe cuestionarse oportunamente a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Que la
revocatoria directa del acto no muta la acción judicial para reclamar tales perjuicios, máxime cuando la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho ha caducado».
19
Sentencia de 23 de abril de 2015, sección cuarta, expediente 11001-03-15-000-2014-03055-00, M. P. Hugo
Fernando Bastidas.
17

Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

Pese a no referirse a sanciones disciplinarias, una de las posturas
jurisprudenciales acerca de los efectos de la revocación de actos
administrativos de la sección tercera del Consejo de Estado20, armoniza con la
teleología del artículo 127 del CDU, en cuanto sostiene:

Por tanto, no resulta aceptable invocar la prevalencia del derecho
sustancial para justificar el incumplimiento de los principios y normas
que rigen el ejercicio del derecho de acción. La alegada prevalencia
procede frente a situaciones en las que el derecho subjetivo se excluye o
está en peligro por la aplicación de ritualidades y formalismos
impertinentes.

La prevalencia del derecho sustancial no sirve para cambiar a voluntad, el
objeto y la naturaleza de las acciones contencioso-administrativas que
presentan condiciones legales que determinan su procedencia. Así la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la pertinente para
demandar la reparación de los perjuicios que tuvieron por causa un acto
administrativo que se considera ilegal; por ende, tiene por objeto la nulidad
del acto y el restablecimiento del derecho que con el mismo se conculcó.
[…].

La circunstancia de que los actos administrativos fuente del daño hayan
sido revocados posteriormente, no muta la acción originalmente prevista
por la ley para obtener la reparación de los perjuicios derivados del
mismo. Máxime si la revocatoria directa se produce cuando la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho ha caducado.

En el presente caso se demostró que el demandante fue negligente, habida
cuenta de que no ejerció el recurso de apelación contra el acto sancionatorio y
permitió, asimismo, que ocurriera la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, que era el idóneo para controvertir la
legalidad de tal decisión. Posteriormente, más de un (1) año y once (11) meses
después de haber sido destituido del empleo y de inactividad defensiva, pidió
de la Procuraduría General de la Nación la revocación directa de tal acto,
como se precisó en el acápite de hechos probados de esta providencia.

De hecho, en el acto de revocación de 14 de julio de 2015 (ff. 18 a 27) el
procurador general de la Nación estimó procedente la solicitud en tal sentido,
en vista de que el peticionario no interpuso los recursos ordinarios contra el
acto sancionatorio.

Ahora bien, la prohibición legal de revivir los términos para el ejercicio de las

20
Sentencia del 13 de mayo de 2009, expediente 27422. M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
18

Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

«acciones» contencioso-administrativas por la revocación directa de la
sanción disciplinaria, implica que el interesado los tuvo, pero los
desaprovechó, dejó precluir la oportunidad legal para reclamar, por tanto, su
inacción o dejadez no debe traducirse en fuente de responsabilidad contra el
Estado.

En tales circunstancias, no se viola el principio de justicia material, ni el
postulado constitucional de prevalencia del derecho sustancial sobre el
meramente formal o procedimental, puesto que el señor Archbold García gozó
de los mecanismos legales para ejercer oportunamente controles
administrativo y jurisdiccional del acto sancionatorio, no obstante, actuó en
forma indiferente, al no haber hecho uso del recurso de apelación y permitir la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se
insiste.

En relación con la aplicación rigurosa de la caducidad, ha sido reiterativa la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual «[…] la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado
determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo
legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho
cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley
ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del
fenómeno indicado»21.

Así las cosas, una interpretación lógica, sistemática y finalista del
ordenamiento jurídico contencioso-administrativo da cuenta de que, en
materia disciplinaria, la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no abre paso al de reparación directa, por mucho
que medie revocación directa de la sanción, afirmación que se corrobora con
el claro mandato de que «Ni la petición de revocatoria de un fallo, ni la
decisión que la resuelve revivirán los términos legales para el ejercicio de las
acciones contencioso-administrativas», que el legislador tuvo a bien
establecer expresamente en el mencionado artículo 127 de la Ley 734 de 2002.

Lo expuesto permite concluir que, en efecto, estamos en presencia de un
asunto no susceptible de control judicial, que enerva el derecho de acción
conforme al artículo 169 del CPACA22, por tanto, insanable, como lo planteó

21
Sentencia C-115 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.
22
ARTÍCULO 169. RECHAZO DE LA DEMANDA. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución
de los anexos en los siguientes casos: […] 3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial.
19

Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

la apelante. No resulta necesario realizar pronunciamiento de fondo respecto
de los demás motivos de alzada invocados23.

Sin más disquisiciones sobre el particular y bajo una sana hermenéutica
jurídica, la Sala arriba a la convicción de que se debe revocar la sentencia
apelada, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y, en su lugar,
declarará probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y se
abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo, por tratarse de un asunto no
susceptible de control judicial, conforme a la motivación.

3.6 Otros aspectos procesales.

3.6.1 Condena en costas. No se procederá a ello en esta instancia respecto de
la parte demandante, dado que en el prisma del artículo 188 del CPACA no se
advierte, en síntesis, abuso en la actuación, en la medida en que, como lo ha
sostenido esta Corporación24, la demanda carece de temeridad porque quien la
presentó le asiste un fundamento razonable. Tampoco se detecta una
injustificada falta de colaboración o proceder con interés meramente dilatorio
que conduzca a considerar que incurrió en una conducta reprochable que la
obligue a correr con los gastos realizados por la otra parte para obtener un
pronunciamiento judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°. Revócase la sentencia de 28 de septiembre de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda; en su lugar, declárase
probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y, en
consecuencia, la Sala se abstiene de emitir pronunciamiento de fondo, por
tratarse de un asunto no susceptible de control judicial, conforme a la
motivación.

23
De conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso (CGP), «Si el juez encuentra probada
una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar
las restantes».
24
Sentencia de 18 de febrero de 1999; expediente 10775, M.P. Ricardo Hoyos Duque.
20

Expediente: 88001-23-33-000-2016-00061-01 (4795-2017)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Evaristo Manuel Archbold García contra la Nación, Procuraduría
General de la Nación y otros

2º. Sin condena en costas.

3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

21

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