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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01745-01

Fecha
28 de julio de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01745-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 18 de mayo de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales José David Quintero Castillejo, en la solicitud de tutela presentada en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, y de la Universidad Nacional de Colombia, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 10 Radicado: 11001-03-15-000-2023-01745-01 Demandante: José David Quintero Castillejo

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01745-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

28 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01745-01
Demandante: José David Quintero Castillejo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial, y otro

Tema: Tutela contra acto administrativo de rechazo de Convocatoria 27

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por José David Quintero Castillejo, en
contra de la sentencia proferida el 18 de mayo de 2023 por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

José David Quintero Castillejo promovió solicitud de tutela con el fin de que se le
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a cargos públicos, los cuales consideró vulnerados con ocasión de su
rechazo de la Convocatoria 27 por la causal 3.4, esto es, no acreditar los requisitos
de experiencia profesional exigidos para el cargo al que aplicó.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) José David Quintero Castillejo se inscribió en la Convocatoria 27 de la Rama
Judicial para el cargo de juez promiscuo de familia de circuito, en la que superó
satisfactoriamente la prueba de aptitudes, conocimientos y psicotécnica, con un
resultado de 820,77 puntos.

ii) Mediante la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 20232, en lo que a él se

1 Ver índice 2 de SAMAI em el expediente 11001031500020230174500. Archivo denominado
«EXPEDIENTE DIGITAL» en archivo «ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroA ctua 2.»
2 Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos

destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18- 11077 de 16 de agosto
de 2018
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01745-01
Demandante: José David Quintero Castillejo

refiere, fue rechazado del concurso de mérito por la causal 3.4 al no acreditar el
mínimo de experiencia profesional requerido para el cargo al que aplicó. Decisión
respecto de la cual solicitó la revisión y verificación de la documentación aportada
con la cual acreditaba 4 años, 1 mes y 14 días de experiencia laboral, tiempo que
supera el exigido.

iii) A través de Oficio CJO23-1127 del 10 de marzo de 2023, la demandada negó la
solicitud elevada al señalar que solo se tenía en cuenta la experiencia adquirida
después del 9 de mayo de 2014 cuando obtuvo el título de abogado, y respecto de
otra certificación adujo que había incompatibilidad en los tiempos respecto de la
certificaciones de «ABOGADO LITIGANTE expedida por el JUZGADO 2 PROMISCUO
MUNICIPAL DE CHIRIGUANÁ – CESAR y ABOGADO LITIGANTE expedida por el
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ – CESAR».

iv) En relación con esa decisión, la parte tutelante considera que la corporación
judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales toda vez que la
convocatoria «NO HI[ZO] REFERENCIA a este tipo de situaciones y mucho menos a
excluir certificaciones laborales por incompatibilidad respecto del tiempo estipulados en
ellas. En este mismo sentido, las entidades accionadas no dejaron claro desde el comienzo
que, en caso de existir un choque o inconsistencia por llamarlo de esa manera en las fechas
de las certificaciones laborales, las mismas serían anuladas en su totalidad, lo que sin duda
alguna atenta contra el debido proceso y derecho a la igualdad de los aspirantes o
concursantes».

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] PRIMERO: Solicito respetuosamente al juez de tutela, amparar mis derechos
fundamentales al DERECHO AL DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A
CARGOS PÚBLICOS mediante concurso de méritos; además de aquellos que en su
consideración también hayan sido vulnerados, por la NACIÓN – RAMA JUDICIAL –
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
CARRERA JUDICIAL.

SEGUNDO: En consecuencia, solicito se ordene a las entidades accionadas la NACIÓN
– RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL se acojan o sometan en todo su contenido
y disposiciones a lo regulado a través del ACUERDO No. PCSJA18- 11077 del 16 de
agosto de 2018, y en consecuencia abstenerse de darle aplicación a cualquier
disposición o regla diferentes a las estipuladas en ese acto administrativo.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto, modificar, corregir o
adicionar el acto administrativo RESOLUCIÓN CJR23-0061 del 08 de febrero de 2023,
a través de la cual, se decidió acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos
destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de
cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018, donde se me RECHAZÓ porque presuntamente no
cumplía o acredité las calidades señaladas en el acuerdo o PCSJA18-11077 de 2018.

CUARTO: Ordenar a la entidad accionada que en el término improrrogable de 48 horas
siguientes a la notificación de la sentencia que acepte y avale las certificaciones

2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01745-01
Demandante: José David Quintero Castillejo

laborales que en su momento acredité, absteniéndose de declarar incompatibilidad tal
como lo había hecho y en su lugar, me ADMITAN en el concurso de méritos destinado
a la confirmación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial Convocado como aspirante. […]»

1.2. Informe rendido en el proceso

1.2.1. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial,3 solicitó negar la pretensión de amparo por ausencia de
vulneración de los derechos fundamentales invocados, en tanto la exigencia de
establecer límites temporales se encuentra estipulada de manera expresa en el
acuerdo de la convocatoria y en ese sentido, la no inclusión de dicha información
en la certificación hace que el documento carezca de validez a efectos de demostrar
la experiencia allí contenida.

Respecto a las certificaciones laborales cuestionadas, explicó:

«[…] Ahora bien, frente a la concurrencia e incompatibilidad indicada en los certificados
de abogado litigante anteriormente señalados, es necesario aclarar que con los mismos
no fue posible demostrar tiempo de experiencia toda vez que por un lado, el expedido
por el Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Chiriguaná no indica fecha de inicio de la
gestión por lo que no es posible establecer con certeza el periodo de tiempo dedicado al
ejercicio del litigio y adicionalmente, la fecha de terminación, esto es 30 de junio de 2014
concurre con la certificada por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Chiriguaná en el
cargo de Oficial Mayor, cuya fecha de inicio es el 25 de junio de 2014, lo que a su vez
refleja una incompatibilidad; y de otra parte, el certificado expedido por el Juzgado Civil
del Circuito de Chiriguaná no contiene extremos temporales de inicio y fin de la
experiencia, únicamente ostenta fecha de expedición del documento correspondiente al
23 de agosto de 2018, momento en el cual se encontraba desempeñando el cargo de
Oficial Mayor del Juzgado 1° Promiscuo de Familia del Circuito de Chiriguaná, tal como
consta en el respectivo certificado que demuestra que ocupó dicho cargo desde el 28 de
marzo de 2016 hasta el 31 de agosto de 2018, por lo que tampoco se tiene certeza del
tiempo dedicado al litigio ante el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná. […]»

Por otra parte, adujó que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, en tanto
el demandante cuenta con mecanismos judiciales ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo para cuestionar la validez del acto administrativo
cuestionado.

1.2.2. La Universidad Nacional de Colombia4 solicitó declarar improcedente la
petición de amparo por existir carencia actual de objeto por hecho superado toda
vez que la solicitud de verificación impetrada por el demandante para que le
revisaran nuevamente las pruebas de experiencia laboral allegadas fue resuelto a
través de la Resolución CJR23-0110 de 21 de marzo de 2023.

3 Ver índice 11 de SAMAI expediente 11001031500020230174500. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_CJO232452(.pdf) NroActu a 11»
4 Ver índice 11 de SAMAI del expediente 11001031500020230174500. Archivo denominado

«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_CONTESTACIONATUTEL(.pdf ) NroActua
12»

3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01745-01
Demandante: José David Quintero Castillejo

Señaló que no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales del
demandante ni la existencia de un perjuicio irremediable, además, de que cuenta
con otros mecanismos de defensa judicial ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo para cuestionar los actos administrativos contentivos de su rechazo
de la convocatoria y de la verificación de requisitos mínimos.

1.3. Sentencia de primera instancia5

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 18 de mayo del 2023
declaró improcedente la solicitud de amparo por no superar el requisito de la
subsidiariedad, pues el demandante puede controvertir la legalidad del Acuerdo
PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 o de la Resolución CJR23-0061 de 8 de
febrero de 2023 a través del medio de control que considere.

Indicó que en el presente caso no se probó la existencia de un perjuicio irremediable,
por la que tampoco procede la solicitud de tutela como mecanismo transitorio.

1.4. Escrito de impugnación6

José David Quintero Castillejo impugnó la decisión del a quo para lo cual, además
de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de tutela, señaló que la solicitud
de amparo si cumple con el requisito de la subsidiariedad ante la materialización de
un perjuicio irremediable, «entendiendo que el cronograma del concurso atacado, esto
es, la CONVOCATORIA No. 27, se encuentra en curso, situación que conllevaría en caso
de un fallo a favor del hoy accionante, retrotraer las actuaciones adelantadas dentro del
mismo, ocasionando así un detrimento al patrimonio del estado, y a los derechos de las
demás personas que se encuentran adelantando dicho proceso, máxime cuando el interés
es particular de acuerdo al caso en concreto de cada aspirante, donde, para el caso en
particular el suscrito sufrió un rechazo como aspirante al cargo postulado, decisión que
atenta contra el debido proceso y las reglas generales pactadas desde el acuerdo inicial del
concurso».

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema jurídico,
iii) procedencia de la solicitud de tutela contra acto administrativo y iv) análisis de la
Sala.

2.1. Competencia

5 Ver índice 15 de SAMAI del expediente 11001031500020230174500. Archivo denominado
«SENTENCIA(.pdf) NroActua 15»
6 Ver índice 20 de SAMAI del expediente 11001031500020230174500. Archivo denominado

«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_IMPUGNACIONACCIOND(.pdf ) NroActua
20»

4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01745-01
Demandante: José David Quintero Castillejo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20007 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20198, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

2.2. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿La solicitud de tutela procede para cuestionar actos
administrativos proferidos en el marco de un concurso de mérito?

De ser favorable la respuesta al anterior interrogante, establecer si ¿Las entidades
demandadas vulneraron los derechos fundamentales de José David Quintero
Castillejo al ser excluido de la Convocatoria 27 por no cumplir con el requisito de
experiencia mínima, causal 3.4, al desconocer aquellas certificaciones que carecen
de un límite temporal respecto al ejercicio de la abogacía?

2.3. Procedencia de la solicitud de tutela

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia9, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.3.1. Procedencia de solicitud de tutela contra actos administrativos

El artículo 6, numeral 5, del Decreto 2591 de 1991 establece la improcedencia de la
solicitud de tutela contra actos «de carácter general, impersonal y abstracto» y, de
manera excepcional, respecto de aquellos de contenido particular, en la medida en

7 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
8 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
9 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01745-01
Demandante: José David Quintero Castillejo

que el ordenamiento constitucional y legal ha establecido mecanismos ordinarios de
defensa, dotados de todas las garantías que ofrece el derecho al debido proceso
con el objeto de discutir acerca de su legalidad, tal como lo señaló la Corte
Constitucional en la sentencia T-548 de 201010:

« […] Debido a lo anterior, en reiterada jurisprudencia se ha establecido la improcedencia
de la tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto, pues para
controvertir estos actos se tiene la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que
se ejerce ante la jurisdicción contencioso administrativa “gracias a la cual el interesado
puede solicitar la suspensión provisional del acto que infringe la vulneración a los
derechos cuya protección se invoca. […]».

La anterior postura, de ninguna manera riñe con las facultades del juez de tutela
para suspender, de forma excepcional, la ejecución de actos administrativos de
carácter particular en los siguientes eventos: como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, cuando este se alegue y se pruebe dentro del
proceso por la parte demandante [artículo 8º del Decreto 2591 de 1991], o como
mecanismo definitivo, cuando el mecanismo principal no sea eficaz e idóneo para
la defensa judicial de quien demanda. Así lo señaló la Corte Constitucional en
sentencia T-244 de 201011:

«[…] En este orden de ideas, la Corte ha decantado dos supuestos excepcionales en los
cuales el carácter de subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización, a pesar
de existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. La primera
de esas excepciones se encuentra prevista en el artículo 86 Superior, la cual se presenta
cuando la tutela se ha interpuesto como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable; la segunda, se configura cuando el otro medio de defensa existe, pero en
la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca,
excepción que no emana directamente de la Constitución, pero ha sido introducida por
la jurisprudencia de esta Corporación. […]».

Ahora, en cuanto al perjuicio irremediable, debe entenderse como aquel que
presenta las características de inminente, esto es que amenaza o está por
suceder; urgente, en relación con las medidas a adoptar para evitar su
consumación, aplicando para el efecto un criterio de proporcionalidad; grave,
relacionado con el bien jurídico protegido por el ordenamiento y que es
objetivamente [determinado o determinable] relevante para el afectado
e, impostergable, lo que determina que la tutela sea adecuada para el
restablecimiento del orden social justo en su integridad.

2.4. Análisis de la Sala

José David Quintero Castillejo acudió al juez de tutela con el fin de que se amparen
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a cargos
públicos; y, en consecuencia, se ordene al Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial, y/o a la Universidad Nacional de
Colombia que acepte y avale las certificaciones laborales aportadas que dan cuenta

10 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
11 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01745-01
Demandante: José David Quintero Castillejo

de su ejercicio como abogado y así, permita su continuación en el concurso de
méritos.

El asunto bajo estudio se dirige a cuestionar un acto administrativo, circunstancia
que si bien, por regla general, hace improcedente la solicitud de tutela como lo
determinó el a quo; para la Sala es evidente la configuración del perjuicio
irremediable alegado por el demandante en tanto la decisión que cuestiona obedece
a su rechazo de la Convocatoria 27, la cual se encuentra en trámite, por lo que
resulta urgente la intervención del juez de tutela.

La Corte Constitucional en sentencia SU-067 de 202212, al respecto señaló:

«[…] 95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito de los
concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha manifestado que el juez de lo
contencioso administrativo es la autoridad llamada a juzgar las violaciones de los
derechos fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones administrativas. Al
respecto, ha manifestado que «por regla general, […] es improcedente la acción de tutela
que pretenda controvertir los actos proferidos por las autoridades administrativas que se
expidan con ocasión de un concurso de méritos, pues para ello se han previsto otros
instrumentos judiciales como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011»[54]. La
posibilidad de emplear las medidas cautelares, «que pueden ser de naturaleza
preventiva, conservativa, anticipativa o de suspensión»[55], demuestra que tales acciones
«constituyen verdaderos mecanismos de protección, ante los efectos adversos de los
actos administrativos»[56].

96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres excepciones
a la regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico de los
concursos de mérito[57]. Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por esta vía cuando se presente
alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que permita
demandar la protección del derecho fundamental infringido, ii) configuración de un
perjuicio irremediable y iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el
marco de competencias del juez administrativo. […]»

Una vez definida la procedencia de la solicitud de tutela presentada por José David
Quintero Castillejo, la Sala revisará los hechos vulneratorios alegados respecto de
los cuales se encuentra acreditado que:

• El demandante se inscribió a la Convocatoria 27 que adelanta la Rama Judicial,
para el cargo de juez promiscuo de familia de circuito, en cuya prueba de
conocimiento obtuvo un resultado satisfactorio.

• Mediante la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 202313 José David
Quintero Castillejo fue rechazado del concurso de mérito por la causal 3.4, esto es,
no acreditar mínimo 4 años de experiencia profesional. Decisión respecto de la cual
solicitó revisión y verificación de la documentación aportada.

12 MP Paola Andrea Meneses Mosquera
13 Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos
destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18- 11077 de 16 de agosto
de 2018

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01745-01
Demandante: José David Quintero Castillejo

iii) A través de Oficio CJO23-1127 del 10 de marzo de 2023, la demandada confirmó
la decisión recurrida en los siguientes términos:

«[…] Así las cosas, en atención a la solicitud de verificación allegada dentro del término
establecido para ello, se revisó el sistema para verificar el cumplimiento de los requisitos
exigidos para el cargo de Juez Promiscuo de Familia y se pudo constatar que no se
acreditó el requisito mínimo de experiencia exigido para el cargo de aspiración, toda vez
que se encontraron los siguientes certificados laborales, los cuales se contabilizaron
teniendo en cuenta la fecha de obtención del título de abogado, que en este caso es
09/05/2014:

Como se observa, al realizar la sumatoria de los tiempos de las certificaciones que
cumplen con los parámetros definidos en la convocatoria, se observa que no acredita el
término mínimo requerido para el cargo de aspiración equivalente a 1440 días.
Adicionalmente, la siguiente certificación, no cumple con los requisitos previstos en el
acuerdo de convocatoria:

Sobre el particular se precisa, que la valoración de los certificados se hizo teniendo en
cuenta la estricta aplicación de las normas establecidas en la convocatoria, en igualdad
de condiciones con los demás participantes, de manera que no es posible dar un
tratamiento diferente, en cuanto a la experiencia profesional, la convocatoria es clara en
precisar que debe ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado,
sin que haya lugar a interpretaciones diferentes. Así, la única experiencia profesional a
tener en cuenta es posterior a esa fecha, esto es, al 09/05/2014.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 3.º numeral 1. 2. “La
experiencia profesional deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título
de abogado en actividades jurídicas(...)”. […]».

8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01745-01
Demandante: José David Quintero Castillejo

Como se observa, la demandada refirió que solo se tendría en cuenta la experiencia
adquirida después de la obtención del título profesional en derecho, por lo cual
descartó aquella anterior al 9 de mayo de 2014, y desestimó con «0» los certificados
laborales que acreditan el ejercicio de la abogacía de José David Quintero Castillejo
expedidos por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chiriguaná y el Juzgado
Civil del Circuito de Chiriguaná, de las cuales no es posible establecer el tiempo de
ejecución de la labor, sino la fecha en que fueron suscritas.

Información que coincide con el contenido de la referidas certificaciones:

En este punto, recuérdese que el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de
2018, norma de normas de la convocatoria, en el numeral 2.4 del artículo 3 en
cuanto a las certificaciones laborales determinó:

«[…] 2. REGLAS PARA LA INSCRIPCIÓN

[…]
2.4 Documentación Los aspirantes deberán anexar, de conformidad con el instructivo,
en archivo de formato PDF, copia de los siguientes documentos o certificaciones, tanto
para acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el cargo de
aspiración, como para acreditar la experiencia y la capacitación que otorgan puntaje
adicional.

[…]

2.4.3 Certificados de experiencia profesional.

[…]

2.5 Presentación de la documentación.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01745-01
Demandante: José David Quintero Castillejo

[…]

2.5.3 Quienes hayan ejercido la profesión de abogado de manera independiente,
deberán anexar certificaciones en las que conste la prestación de servicios profesionales
y se indique de manera expresa y exacta las fechas de iniciación y terminación de las
funciones encomendadas. Así mismo, la certificación deberá indicar con precisión, la
dirección y número telefónico de quien la suscribe. No son conducentes para acreditar
el ejercicio profesional, las declaraciones extra juicio del aspirante.

2.5.4 El ejercicio del litigio se acreditará con certificaciones de los despachos judiciales
en las que consten, de manera expresa y exacta, las fechas de iniciación y terminación
de la gestión y el asunto o procesos atendidos. […]»

Como se observa, contrario al entender del demandante, las certificaciones fueron
desestimadas al no contener el límite temporal durante el cual ejerció la abogacía
ante los referidos despachos judiciales, exigencia acorde con los lineamientos de la
convocatoria, por lo que mal puede pretender que se les dé una lectura diferente en
aras de lograr acreditar los 4 años de experiencia mínimos requeridos para
desempeñar el cargo de juez promiscuo de familia de circuito.

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
del a quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales José
David Quintero Castillejo, en la solicitud de tutela presentada en contra del Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, y otro.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 18 de mayo de 2023 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta. En su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales José David Quintero Castillejo, en la solicitud de tutela presentada
en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial, y de la Universidad Nacional de Colombia, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01745-01
Demandante: José David Quintero Castillejo

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos

11

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