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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01745-00

Fecha
18 de mayo de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01745-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor José David Quintero Castillejo, por las razones expuestas. 2. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 3. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador Radicado: 11001-03-15-000-2023-01745-00 Demandante: José David Quintero Castillejo La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01745-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

18 de mayo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01745-00
Demandante: José David Quintero Castillejo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01745-00
Demandante: JOSÉ DAVID QUINTERO CASTILLEJO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y OTRO
REQUSI

Temas: TUTELA CONTRA CONCURSO DE MÉRITOS
CONVOCATORIA 27

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor José
David Quintero Castillejo contra el Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Nación –Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto
333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor José David Quintero Castillejo ejerció acción de tutela en contra Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Nación –
Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por considerar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso
a los cargos públicos. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Solicito respetuosamente al juez de tutela, amparar mis derechos
fundamentales al DERECHO AL DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A
CARGOS PÚBLICOS mediante concurso de méritos; además de aquellos que en
su consideración también hayan sido vulnerados, por la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL.

SEGUNDO: En consecuencia, solicito se ordene a las entidades accionadas la
NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL se acojan o sometan
en todo su contenido y disposiciones a lo regulado a través del ACUERDO No.
PCSJA18- 11077 del 16 de agosto de 2018, y en consecuencia abstenerse de
darle aplicación a cualquier disposición o regla diferentes a las estipuladas en ese
acto administrativo.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto, modificar, corregir
o adicionar el acto administrativo RESOLUCIÓN CJR23-0061 del 08 de febrero de
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01745-00
Demandante: José David Quintero Castillejo

2023, a través de la cual, se decidió acerca de la admisión de aspirantes al
concurso de méritos destinado a la conformación del Registro Nacional de
Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, donde
se me RECHAZÓ porque presuntamente no cumplía o acredité las calidades
señaladas en el acuerdo o PCSJA18-11077 de 2018.

CUARTO: Ordenar a la entidad accionada que en el término improrrogable de 48
horas siguientes a la notificación de la sentencia que acepte y avale las
certificaciones laborales que en su momento acredité, absteniéndose de declarar
incompatibilidad tal como lo había hecho y en su lugar, me ADMITAN en el
concurso de méritos destinado a la confirmación del Registro Nacional de Elegibles
para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial Convocado como
aspirante.”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
mediante Acuerdo Núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, convocó a los
interesados en vincularse a los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, para que
se inscribieran en el concurso de méritos destinado a la conformación de los
correspondientes Registros Nacionales de Elegibles (Convocatoria 027/2018).

El señor Quintero Castillejo participó en el concurso y se inscribió para el cargo de
Juez Promiscuo de Familia del Circuito.

Mediante resolución núm. CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, se publicaron
“(…) los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial.”, en la que se determinó que el actor aprobó la prueba con un puntaje de
820,77 resultado que, en principio, le permitía pasar a la otra etapa del concurso.

Que, pese a superar la prueba, mediante Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de
2023, fue excluido del concurso con fundamento en que no cumplía con el requisito de
experiencia exigida como requisito para ocupar el cargo al que aplicó.

El actor indicó que, dentro de la oportunidad procesal concedida, solicitó la verificación
de los documentos, en la cual señaló que la experiencia requerida había sido
acreditada para poder acceder al cargo.

Expuso que la entidad demandada, mediante Oficio CJO23-1127 de 10 de marzo de
2023, resolvió negar la petición y le informó que la solicitud de verificación no es un
recurso, ni una etapa procesal para subsanar los errores cometidos en el aporte de la
documentación.

Además, se le indicó que al momento de realizar la sumatoria del tiempo de
experiencia laboral que había sido acreditado, no alcanzaba el exigido para el cargo
que aspiraba ya que una certificación había sido antes de obtener el título como
abogado (09-05-2014) y respecto de otras había incompatibilidad por las fechas.

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Demandante: José David Quintero Castillejo

3. Argumentos de la tutela

A juicio del actor, la parte demandada vulneró los derechos fundamentales invocados
porque pese a que superó la prueba de conocimientos, fue excluido de la lista de
admitidos por que la parte demandada aduce que no acreditó la experiencia
profesional requerida para el cargo que participó y en todo caso explicó que sí lo hizo.

Afirmó que, en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, no fueron
determinados los requisitos que debían cumplir las certificaciones laborales, ni las
razones por las que estas podrían ser excluidas por incompatibilidades de tiempos, lo
que a su juicio de entrada atenta contra el debido proceso, el derecho a la igualdad de
los aspirantes y los principios de transparencia, publicidad e imparcialidad que deben
regir en el marco de un concurso de méritos.

De igual forma manifestó que, el requisito de experiencia para ejercer el cargo debió
haberse analizado o valorado antes de la presentación del examen y así garantizar
que solamente las personas que cumplen requisitos para ocupar el cargo pasan a la
etapa de presentación de pruebas y no luego de generar la expectativa de haber
aprobado y superado esa etapa.

Finalmente precisó que en el caso objeto de estudio se configura un perjuicio
irremediable dado que de mantenerse su exclusión del trámite del concurso se niega
la posibilidad de iniciar en el sistema de carrera judicial.

4. Trámite previo

Mediante auto del 13 de abril de 2023, se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar
a las partes, y a la Universidad Nacional de Colombia, como tercera interesada en el
resultado del proceso, a quien se le remitió copia de la demanda.

5. Oposición

La Unidad de Administración de Carrera Judicial indicó que el Acuerdo PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018, reguló la convocatoria en la que participó el
demandante y es de obligatorio cumplimiento tanto para la administración como para
los concursantes.

Respecto de la acreditación de la experiencia profesional, precisó que en el artículo 3
numeral 1.2 del mencionado acuerdo se estableció:

“ARTÍCULO 3. El concurso es público y abierto. La convocatoria es norma obligatoria
y reguladora de este proceso de selección, por tanto, de perentorio cumplimiento tanto
para la administración como para los participantes, quienes, con su inscripción, aceptan
las condiciones y términos señalados en el presente Acuerdo.
1. REQUISITOS
(...)
1.2. Requisitos Específicos.
(...)
✓ Para Juez de categoría Circuito
• Acreditar experiencia profesional, por un lapso no inferior a cuatro (4) años.
(...)
La experiencia profesional deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título
de abogado en actividades jurídicas o en ciencias administrativas, económicas o
financieras, según sea el caso, ya sea de manera independiente o en cargos públicos o
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Demandante: José David Quintero Castillejo

privados, o en el ejercicio de la función judicial. En todo caso, respecto de los cargos de
juez municipal, juez del circuito y magistrado de tribunal, para estos efectos se
computará como experiencia profesional la actividad como empleado judicial que se
realice con posterioridad a la obtención del título de abogado.
El incumplimiento de uno o varios de los requisitos anteriores será causal de rechazo”

A su vez, en el numeral 2.4 del mismo artículo, determinó que los aspirantes debían
anexar, de conformidad con el instructivo, en archivo de formato PDF certificados de
experiencia profesional y en el numeral 2.5. se especificó como debía presentarse la
documentación:

“2. REGLAS PARA LA INSCRIPCIÓN
(...)
2.4 Documentación
Los aspirantes deberán anexar, de conformidad con el instructivo, en archivo de formato
PDF, copia de los siguientes documentos o certificaciones, tanto para acreditar el
cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el cargo de aspiración, como para
acreditar la experiencia y la capacitación que otorgan puntaje adicional.
(...)
2.4.3 Certificados de experiencia profesional. (...)
2.5 Presentación de la documentación.
2.5.1 Los certificados de servicios prestados en entidades públicas o privadas, deben
indicar de manera expresa y exacta: i) cargos desempeñados; ii) funciones, salvo que la
ley las establezca y iii) fecha de ingreso y de retiro (día, mes y año).
2.5.2 Las certificaciones deberán ser expedidas por el jefe de personal o el representante
legal de la entidad o quien haga sus veces.
2.5.3 Quienes hayan ejercido la profesión de abogado de manera independiente,
deberán anexar certificaciones en las que conste la prestación de servicios profesionales
y se indique de manera expresa y exacta las fechas de iniciación y terminación de las
funciones encomendadas. Así mismo, la certificación deberá indicar con precisión, la
dirección y número telefónico de quien la suscribe. No son conducentes para acreditar
el ejercicio profesional, las declaraciones extra-juicio del aspirante.
2.5.4 El ejercicio del litigio se acreditará con certificaciones de los despachos judiciales
en las que consten, de manera expresa y exacta, las fechas de iniciación y terminación
de la gestión y el asunto o procesos atendidos.
2.5.5 Las certificaciones para acreditar el ejercicio de la docencia, deberán ser expedidas
por las respectivas entidades de educación superior oficialmente reconocidas, en las que
conste la cátedra o cátedras dictadas y las fechas exactas de vinculación, tipo de
vinculación, retiro y la dedicación.
2.5.6 Para acreditar experiencia en virtud de la prestación de servicios profesionales a
través de contratos, deberá allegarse la respectiva acta de cumplimiento o de iniciación
y liquidación (día, mes y año) de los mismos, precisando las actividades desarrolladas,
que deberán ser de carácter jurídico o administrativo, económico y financiero, según el
cargo de aspiración. No se admiten, ni se tendrán en cuenta textos de contratos que se
anexen a la inscripción.
2.5.7 Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas
deberán llevar la firma, nombre legible y número de cédula de empleador contratante,
así como su dirección y teléfono.
2.5.8 La formación y/o capacitación se debe acreditar, mediante la presentación de copia
del acta de grado o de títulos de pregrado o postgrado relacionados con los cargos del
área, ciencia o especialidad de aspiración o certificación del ente universitario donde
conste que cursó y aprobó todas y cada de las asignaturas que comprende el pensum
académico del post grado o que sólo se encuentra pendiente de ceremonia de grado.
Tratándose de títulos de estudios de educación superior otorgados en el exterior, sólo
serán admisibles mediante la convalidación y/u homologación de los mismos, en los
términos del artículo 62 de la Ley 1753 de 2015, el Decreto 1083 de 2015 y la sentencia
T-232 de 2013 proferida por la Corte Constitucional.

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Demandante: José David Quintero Castillejo

2.5.9 Las certificaciones de experiencia laboral deben allegarse en orden cronológico
comenzando desde el primer empleo o cargo a partir de la fecha de grado como abogado
hasta el actual. No se deben enviar actas de posesión ni documentos irrelevantes para
demostrar la experiencia.
Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas no serán
tenidas en cuenta dentro del proceso de selección ni podrán ser objeto de posterior
complementación.”

Señaló que en dicha disposición están mencionados de manera integral todos los
requisitos generales y específicos para participar en el concurso, requisitos cuyo
incumplimiento da lugar a ser rechazado del concurso conforme a lo indicado en el sub
numeral 3.4. numeral 3 del artículo 3.0, del Acuerdo PCSJA18-11077 así:

“3. CAUSALES DE RECHAZO
Serán causales de rechazo, entre otras:
(...)
3.4. No acreditar el requisito mínimo de experiencia.”

Manifestó que el instructivo de inscripción hace parte del acuerdo de convocatoria y,
también tiene carácter obligatorio, razón por la cual, su aplicación y guía debe hacerse
de manera integral, no siendo posible fraccionarlo a conveniencia o hacer
interpretaciones sobre cumplimiento de requisitos, con opciones que reportaba el
sistema para ingresos de primera vez, pretendiendo omitir requisitos o documentos
requeridos expresamente en las reglas de la convocatoria para el proceso de
inscripción.

Informó que mediante Oficio CJO23-1127 de 10 de marzo de 2023, dicha Unidad le
aclaró al concursante que la experiencia laboral exigida para el cargo era contabilizada
a partir de la obtención del título de abogado, que en este caso es 09/05/2014 y que la
sumatoria de los tiempos de las certificaciones que cumplen con los parámetros
definidos en la convocatoria, es decir con las expedidas por el Juzgado 1° Laboral del
Circuito de Chiriguaná, el Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Chiriguaná y por el
Juzgado 1° Promiscuo de Familia del Circuito de Chiriguaná y teniendo en cuenta los
extremos temporales allí indicados y debidamente demostrados, no acredita el término
mínimo requerido para el cargo de aspiración equivalente a 1440 días, advirtiendo que
con los certificados allegados acreditó un tiempo total de 1437 días, lo cual daba por
incumplido el requisito de experiencia requerido.

Fue enfática en el hecho de que la valoración de los certificados se realizó teniendo
en cuenta la estricta aplicación de las normas establecidas en la convocatoria, en
igualdad de condiciones con los demás participantes, de manera que no es posible dar
un tratamiento diferente en cuanto a la experiencia profesional, la cual debe ser
adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado.

Explicó que la concurrencia e incompatibilidad indicada respecto de los certificados de
abogado litigante aportados por el actor, se dio porque con los mismos no fue posible
demostrar tiempo de experiencia toda vez que el expedido por el Juzgado 2°
Promiscuo Municipal de Chiriguaná no indica fecha de inicio de la gestión, razón por
la que no es posible establecer con certeza el periodo de tiempo dedicado al ejercicio
del litigio y adicionalmente, la fecha de terminación, esto es 30 de junio de 2014
concurre con la certificada por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Chiriguaná en el
cargo de Oficial Mayor, cuya fecha de inicio es el 25 de junio de 2014, lo que a su vez
refleja una incompatibilidad.

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Demandante: José David Quintero Castillejo

De igual forma señaló que el certificado expedido por el Juzgado Civil del Circuito de
Chiriguaná no contiene extremos temporales de inicio y fin de la experiencia,
únicamente ostenta fecha de expedición del documento correspondiente al 23 de
agosto de 2018, momento en el cual se encontraba desempeñando el cargo de Oficial
Mayor del Juzgado 1° Promiscuo de Familia del Circuito de Chiriguaná, tal como
consta en el respectivo certificado que demuestra que ocupó el cargo desde el 28 de
marzo de 2016 hasta el 31 de agosto de 2018, por lo que tampoco se tiene certeza del
tiempo dedicado al litigio ante el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná.

En consecuencia, indicó que existen razones suficientes para excluir las certificaciones
de abogado litigante expedidas por el Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Chiriguaná
y por el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná del análisis de verificación del requisito
de experiencia como quiera que no cumplen con las exigencias que sobre los mismos
establece el Acuerdo de Convocatoria, específicamente con el de indicar las fechas de
iniciación y terminación de la gestión.

Finalmente expresó que la solicitud de amparo no cumple el requisito general de
subsidiariedad, dado que lo que se demuestra con en el escrito de tutela, es la
inconformidad del actor con la condición establecida en el Acuerdo PCSJA18-11077
de 2018, que sirvió de soporte jurídico a la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de
2023, que, por tratarse de un acto administrativo de carácter general, lo procedente es
acudir al medio de control de simple nulidad, toda vez que, la acción de tutela no es el
escenario para controvertir actos que se presumen legalmente emitidos por ser
expedidos en desarrollo de funciones legales y reglamentarias.

6. Intervenciones

La Universidad Nacional de Colombia indicó que la presente solicitud de amparo no
cumple el requisito de la subsidiariedad dado que la finalidad del actor es cuestionar
los diferentes actos administrativos proferidos en el marco del concurso, para lo cual
cuenta con otros mecanismos de protección judicial tales como el medio de control de
simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho.

Además, manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el
actor en la medida en que como operario del concurso ha desarrollado su labor dentro
de los términos señalados en la Ley y la reglamentación específica que regula el
sistema especial de selección para los cargos requeridos en la Convocatoria 27 de
2018 ha garantizado el debido proceso de los aspirantes y en todo caso el actor no
demostró un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio.

Il. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

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Demandante: José David Quintero Castillejo

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar en primer lugar, si la tutela cumple el requisito de
subsidiariedad. De encontrarse cumplido ese requisito y los demás señalados por la
jurisprudencia, la Sala procederá a estudiar el fondo del asunto en los términos
planteados en la acción de tutela y determinará si la parte demandada vulneró los
derechos fundamentales invocados, al rechazar o excluir del concurso de méritos al
actor por no haber acreditado la experiencia profesional para asumir el cargo de Juez
Promiscuo de Familia del Circuito.

Para resolver, la Sala se referirá a: (i) la subsidiariedad; (ii) la procedencia de la acción
de tutela para cuestionar las decisiones que se profieren en desarrollo de un concurso
de méritos y (iii) caso concreto.

i) Del requisito general de subsidiariedad

Como se anticipó, de manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del
asunto, la Sala estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el
requisito de subsidiariedad.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó1:

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr
la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la
excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio
alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin
propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya
que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con
el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las
personas una plena protección de sus derechos esenciales (…)”.

1 Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

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Demandante: José David Quintero Castillejo

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

ii) De la procedencia de la acción de tutela para cuestionar las decisiones
que se profieren en desarrollo de un concurso de méritos

Según el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no
procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Y ese mecanismo
de defensa judicial, según reiterada jurisprudencia constitucional, debe ser eficaz,
pues de no serlo, la tutela procede como medio judicial de protección de los derechos
fundamentales.

Ahora, las decisiones que se dictan en el desarrollo de un concurso de méritos para la
provisión de empleos generalmente corresponden a actos de trámite, contra los cuales
no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso
administrativas. Sin embargo, ha sido un criterio reiterado de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 2 y de esta Sección 3, que en
aquellos eventos en que, en el desarrollo de un concurso, se presente la flagrante
violación de un derecho fundamental, la acción de tutela resulta procedente, ante la
carencia de medios de defensa judiciales para lograr la continuidad en el concurso del
aspirante afectado con la decisión.

En los concursos de méritos también se expiden actos administrativos definitivos,
como ocurre en los casos en los que han culminado las etapas del concurso y existe
un acto que establece la lista de elegibles para proveer los cargos ofertados. En ese
caso, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí se erige como el
mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos de las personas
que se someten a un concurso de méritos 4, pues se trata de un acto administrativo
definitivo que fija el número de plazas a ocupar y el orden de elegibilidad, según el
puntaje.

Por lo tanto, en ese evento, la tutela es improcedente, habida cuenta de que existe
otro medio para la protección de los derechos fundamentales violados o en situación
de amenaza, a menos que se configure un perjuicio irremediable.

Es del caso mencionar que los concursos públicos abiertos son el mecanismo idóneo
para que el Estado dentro de los criterios de imparcialidad y objetividad, pueda valorar
las calidades y aptitudes de los aspirantes a los distintos cargos con el fin de escoger
a la persona que resulte idónea para desempeñarlos y dentro de ese marco, definir las
reglas que deben ser aplicadas de acuerdo con la naturaleza del empleo y los objetivos
que se persigan por la entidad que cuenta con las vacantes a proveer.

2 Sentencia AC-00698 (2007) del 28 de agosto de 2007, M. P. Martha Sofía Sanz Tobón.

3 Sentencia AC-00068 del 28 de mayo de 2008, reiterada a su vez en las sentencias AC-00009 del 3 de abril de

2008, AC-00044 y AC-00046 del 10 de abril de 2008 y AC-00043 del 8 de mayo de 2008, todas con Ponencia de
Ligia López Díaz.
4 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

Expedientes No. 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01745-00
Demandante: José David Quintero Castillejo

iii) Caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Quintero Castillejo interpuso acción
de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Carrera Judicial y la
Nación –Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por estimar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso
a cargos públicos.

Para resolver el presente asunto, es necesario resaltar los siguientes hechos:
En Acuerdo Núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 el Consejo Superior de
la Judicatura adelantó la convocatoria número 27, para la conformación del registro de
elegibles para la provisión de empleados de la Rama Judicial.

Mediante Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022 se determinó que el
actor aprobó esta etapa del concurso con un puntaje de 820,77.

Sin embargo, mediante Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 el actor fue
rechazado del concurso por incumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos
puntualmente el no acreditar la experiencia profesional exigida como requisito para
ocupar el cargo.

En el caso objeto de estudio, la Sala destaca que el actor afirmó que la entidad
demandada vulneró los derechos fundamentales invocados, al haberlo excluido o
rechazado del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de
16 de agosto de 2018, por no haber estipulado de manera clara las características de
las certificaciones laborales para que estas no fueran tenidas como incompatibles
respecto al tiempo señalado en ellas.

Para la Sala es claro que la inconformidad del actor se centra en dos puntos, el primero
de estos en el hecho de que el requisito general de la convocatoria previsto en el
numeral 1.2 del artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, y
que se encuentra asociado con la acreditación de la experiencia profesional requerida
para ocupar el cargo de juez del circuito, a su juicio no cumple con los principios
constitucionales de transparencia, publicidad e imparcialidad pues desde el principio
el Acuerdo como norma para los intervinientes en el marco del concurso no fue claro
respecto a los requisitos específicos requeridos en las certificaciones laborales con la
finalidad de acreditar la experiencia profesional.

El segundo en el hecho de que a su juicio en el caso objeto de estudio hay lugar a
dejar sin efecto, corregir, modificar o adicionar la Resolución CJR23-0061 de 8 de
febrero de 2023 en la que fue rechazado del concurso de méritos, en la medida en que
a su juicio si acreditó el requisito de experiencia requerida para ocupar el cargo por el
que participó en el concurso, solo que fueron descartadas varias de las certificaciones
laborales aportadas por presunta incompatibilidad en las fechas señaladas.

Al respecto, la Sala anticipa que en el presente caso no se cumple con el requisito
general de subsidiariedad, lo cual hace improcedente el estudio de fondo del defecto
invocado en la acción de tutela, como se pasa a explicar.

En el caso concreto, la Sala advierte que el actor cuenta con otros medios de defensa
judicial para controvertir ya sea la legalidad del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018 haciendo uso del medio de control de simple nulidad conforme al
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Demandante: José David Quintero Castillejo

artículo 137 del CPACA, o la legalidad de la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero
de 2023 conforme al artículo 138 del CPACA, instrumentos idóneos y eficaces para la
protección de los derechos fundamentales aquí́ invocados y en los que,
adicionalmente, podrá́ solicitar el decreto de las medidas cautelares preventivas que
estime pertinentes de conformidad con el artículo 229 del CPACA. Máxime si se
considera que lo que pretende es que se tenga como acreditada la experiencia
profesional y se le permita continuar en la convocatoria.

Conforme con lo anterior, la acción de tutela resulta improcedente para controvertir la
resolución que lo excluyó del concurso, toda vez que, como quedó expuesto, el actor
puede interponer el medio de control pertinente para que se determine la legalidad de
la decisión.

En tal sentido, el actor cuenta con otros mecanismos, los cuales a la fecha no han sido
interpuestos y, por ende, la presente solicitud de amparo es improcedente. Vale
destacar que la Sala ya se ha pronunciado en el mismo sentido en casos con similitud
fáctica al caso objeto de estudio5.

En relación con la existencia de otro medio de defensa judicial, el artículo 6° del
Decreto 2591 de 1991, establece:

“Artículo 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de
tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado
en su integridad mediante una indemnización.” (Negrilla fuera de texto)

Así mismo, la Corte Constitucional, en la Sentencia T- 972 de 2005 consideró:

“Se encuentra ya muy decantada la jurisprudencia de la Corte acerca de la
naturaleza residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia
cuando existe un mecanismo ordinario de defensa. Así ha destacado en
múltiples oportunidades que los medios y recursos judiciales ordinarios son
el escenario preferente para invocar la protección de los derechos
constitucionales fundamentales que se consideren vulnerados en una
situación específica, y a ellos deben acudir, en principio, los afectados, a
fin de hacer prevalecer la supremacía de estos derechos y el carácter
inalienable que les confiere la Carta.

En consecuencia, la acción de tutela adquiere la condición de medio
subsidiario, cuyo propósito no es el de desplazar a los otros mecanismos,
sino el de fungir como último recurso orientado a suplir los vacíos de
defensa que en determinadas circunstancias presenta el orden jurídico, en
materia de protección de derechos fundamentales.

Así, la protección de derechos fundamentales es un asunto que el orden
jurídico reserva a la acción de tutela en la medida que el mismo no ofrezca
al afectado otros medios de defensa judicial, de igual o similar eficacia. Sin

5 Sentencia del 20 de noviembre de 2019 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2019-04466-00 C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; sentencia del 23 de marzo de 2023 con radicado: 11001-03-15-000-2023-00867-00 C.P.
Milton Chavez.
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Demandante: José David Quintero Castillejo

embargo, de la sola existencia de un medio alternativo de defensa judicial,
no deviene automáticamente la improcedencia de la acción de tutela.

En aquellos eventos en que se establezca que el ordenamiento jurídico
tiene previsto un medio ordinario de defensa judicial, corresponde al juez
constitucional resolver dos cuestiones: la primera, consiste en determinar
si el medio judicial alterno presenta la idoneidad y eficacia necesarias para
la defensa de los derechos fundamentales. Si la respuesta a esa primera
cuestión es positiva, debe abordarse la cuestión subsiguiente consistente
en determinar si concurren los elementos del perjuicio irremediable, que
conforme a la jurisprudencia legitiman el amparo transitorio.”

La acción de tutela tampoco procede como mecanismo transitorio, puesto que el
demandante no demostró la existencia de un verdadero perjuicio irremediable. La Sala
no advierte que la decisión de la autoridad demandada consistente en excluirlo del
concurso constituya una actuación que ocasione un riesgo cierto y real que amenace
o afecte un derecho fundamental y que amerite la intervención urgente e inmediata del
juez de tutela.

El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio de protección no debe verse solamente desde la perspectiva de las
consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que puede producir las decisiones de
la administración. Esas decisiones pueden estar revestidas de legalidad y, por ende,
las consecuencias perjudiciales de quienes las sufren no son ilegítimas o ilícitas. No
porque una decisión de la administración resulte desfavorable a los intereses de los
administrados debe asumirse que existe un perjuicio irremediable que deba evitarse
mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos los actos administrativos que
establecen situaciones desfavorables a los destinatarios tendrían que ser suspendidos
por vía de tutela.

La Corte Constitucional ha precisado que la existencia del perjuicio, que permita
superar el requisito de subsidiariedad, está sujeta que «(i) el perjuicio debe ser
inminente, es decir, no basta con que exista una mera posibilidad de que se produzca
el daño; (ii) el perjuicio que se cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un
daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) las medidas que se requieran
para evitar la configuración sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir,
en caso de aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna.»6

Frente a lo anterior, la Sala considera que, a primera vista, no se acredita la ocurrencia
de un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del juez de tutela pues,
de las pruebas aportadas, no se advierte que la decisión de la autoridad demandada
haya sido arbitraria o caprichosa. Tampoco se aportaron pruebas que permitan
determinar lo contrario.

Por el contrario, resulta conveniente precisar que la Unidad, al resolver la reclamación
del actor frente a la verificación de la experiencia, le indicó de manera detallada por
qué no se encontraban acreditados los 1440 días exigidos como experiencia para el
cargo al que aspiró, entre otros, que había incompatibilidad o concurrencia en algunos
periodos y que se había aportado certificación sobre experiencia previa a la obtención
del título de abogado, tal y como aparece a continuación, lo que descarta la ocurrencia

6 Corte Constitucional, sentencia T-003-22
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Demandante: José David Quintero Castillejo

de un perjuicio irremediable.

Por lo tanto, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la
intervención del juez de tutela y, por ende, será en el marco del proceso ordinario en
donde el actor deberá discutir sobre la veracidad y validez de los documentos
aportados y demostrar el cumplimiento de dicho requisito.

De lo anterior, la Sala concluye que en el presente caso no se cumple con uno de los
requisitos de procedencia de la tutela, esto es, que se agoten en debida forma los
medios de defensa judicial dispuestos en el ordenamiento jurídico para la protección
de los derechos fundamentales que considera le fueron vulnerados. Luego, por lo
expuesto la Sala declarará improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
José David Quintero Castillejo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor José David
Quintero Castillejo, por las razones expuestas.
2. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
3. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

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Demandante: José David Quintero Castillejo

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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