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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01861-00

Fecha
8 de junio de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01861-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el jefe de la oficina asesora jurídica de la CNSC, por las razones señaladas en la parte motiva. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Hermann Gustavo Garrido Prada, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2023 01861 00 Accionante: Hermann Gustavo Garrido Prada TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01861-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

8 de junio de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2023 01861 00
Accionante: Hermann Gustavo Garrido Prada

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01861 00
Accionante: HERMANN GUSTAVO GARRIDO PRADA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por el actor pretende reabrir la controversia
resuelta por el juez natural.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Hermann
Gustavo Garrido Prada contra la decisión proferida el 26 de enero de 2023
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, en el recurso de insistencia identificado con el radicado nro.
25000 23 41 000 2022 01272 00.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora pretende que se amparen sus derechos fundamentales de
acceso a la información pública, debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia y, por consiguiente, solicitó que se deje sin
efectos la decisión proferida el 26 de enero de 2023 por el Tribunal

1

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Accionante: Hermann Gustavo Garrido Prada

Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A en el
proceso radicado con el nro. 25000 2341 000 2022 01272 001.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que radicó una petición ante la Comisión Nacional
del Servicio Civil – CNSC solicitando, entre otros asuntos, que se le
certificara: “(…) cuáles fueron los ejes temáticos suministrados por la
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL COPEY a la CNSC como insumo para el
concurso de méritos adelantado mediante la Convocatoria nro. 1268 de
2019? (sic) Favor aportar los documentos o papeles de trabajo coordinado
entre las dos entidades públicas donde consta la definición de los ejes
temáticos (…)”2.

Indicó que la CNSC negó el acceso a la información solicitada con
fundamento en que los ejes temáticos solicitados sirven como insumo
para el diseño y construcción de los ítems de las pruebas escritas sobre
competencias funcionales a aplicar en las convocatorias a concurso
público de méritos, por lo que suministrarla vulneraría los principios de
confidencialidad y resguardo de la información.

Manifestó que, con ocasión de la respuesta negativa, presentó recurso de
insistencia en el que indicó que la respuesta de la CNSC era contradictoria,
en la medida que la convocatoria nro. 1268 de 2019 fue un concurso
público de méritos a través del cual se adelantó el proceso de selección
para proveer los cargos vacantes en la alcaldía municipal de El Copey; por
lo tanto, la información solicitada es pública.

Señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, en decisión del 26 de enero de 2023, resolvió el recurso de
insistencia y dispuso declarar bien denegada la solicitud de información
presentada.

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01861 00.
2
Ibídem.
2

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En el acápite denominado “fundamentos de derecho y concepto de
vulneración de los derechos fundamentales” aseveró que la autoridad
judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por interpretación
errónea o irrazonable del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en la medida
que la reserva dispuesta en dicha disposición se refiere a las pruebas que
se van a practicar para efectos del concurso, evitando así que se otorguen
ventajas respecto de algunos participantes, sin que los ejes temáticos
suministrados por la alcaldía municipal de El Copey a la CNSC, como
insumo para el concurso, esté sometida a reserva de orden legal o
constitucional.

Arguyó que “la interpretación extensiva dada” al numeral tercero del
artículo 31 de la Ley 909 de 2004 debe ser “la que se imponga a la luz”
de las sentencias C – 872 de 2003 y C-037 de 1996, así como del artículo
74 de la Constitución Política, el parágrafo del artículo 25 del CPACA y las
dos sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, estas son, las proferidas el 8 de noviembre de
20223 y el 10 de noviembre de 20224, puesto que, a partir de lo anterior,
el accionante sostuvo que la decisión censurada se fundamentó en la
aplicación errada del artículo 31 de la Ley 909 de 2004.

Solicitó que se determine si la manera más acertada de interpretar el
inciso tercero del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 es que
“(…) dicha norma no establece ninguna reserva respecto de los ejes
temáticos que sirven de insumo para la elaboración de las pruebas a
realizar en los concursos de mérito para ocupar cargos de carrera
administrativa (…)”5.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:

3
Expediente nro. 25000 2341 000 2022 01274 00.
4
Expediente nro. 25000 2341 000 2022 01273 00.
5
Ibidem.
3

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3.1. La tutela fue radicada en esta Corporación el 17 de abril de 2023 y
correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto del 21 de
abril de 20236, la admitió y dispuso notificar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, así como vincular a la
Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, como tercero interesado en
el resultado del proceso7.

De igual forma, solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, que allegara copia digital del proceso con
radicado número 25000 23 41 000 2022 01272 00, el cual fue remitido8.

3.2. La magistrada ponente de la decisión cuestionada rindió informe9 en
el que explicó que el accionante trajo a colación jurisprudencia que no es
aplicable al caso, toda vez que, respecto a los concursos de mérito de la
Rama Judicial, se ha establecido que el artículo 164 de la Ley 270 de 1998
de manera expresa señaló que solamente serían reservadas las pruebas
que se fueran a practicar y no las que ya se hubiesen practicado; lo
anterior, en concordancia con la sentencia C 0 37 de 1996, situación que
es diferente a la causal de reserva prevista por el artículo 31 de la Ley
909 de 2004 y, por ese motivo, era procedente el suministro de la
información solicitada en los casos de concurso de la Rama Judicial.

Indicó que la decisión tuvo en consideración lo establecido por los
artículos 3 y 31 de la Ley 909 de 2004 e indicó que “ha sido un concepto
ampliamente debatido por esta subsección y, en donde se logra establecer
la reserva que el legislador le impuso a las pruebas aplicadas o a utilizarse
en los procesos de selección, las cuales solamente serían de conocimiento
de las personas que la Comisión Nacional del Servicio Civil indique, en
desarrollo de los procesos de reclamación”.

6
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01861 00.
7
Esta orden se cumplió el 28 de abril de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01861 00.
8
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01861 00.
9
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01861 00.
4

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Accionante: Hermann Gustavo Garrido Prada

Expuso que la acción de tutela no puede convertirse en una segunda
instancia de los recursos de insistencia, por lo que el accionante no puede
pretender que a través de este mecanismo excepcional se haga una nueva
revisión y consecuente revocación de las providencias proferidas.

Aseveró que la parte actora está incurriendo en temeridad porque “(…)
en la tutela con radicado nro. 11001-03-15-000-2022-06240-00, ya se
estudió la misma controversia suscitada entre las mismas partes, esto es,
el acceso a los ejes temáticos de las pruebas realizadas dentro de la
convocatoria nro. 1268 de 2018 para proveer cargos en la Alcaldía de El
Copey, por lo que en esta instancia, vuelve a pretender un estudio
respecto a la misma situación y contra las mismas partes, esto es, la
Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y la Subsección “A” de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (…)”.

3.3. El jefe de la oficina asesora jurídica de la CNSC presentó escrito10 en
el que solicitó se declare improcedente la tutela, toda vez que no existe
vulneración a los derechos fundamentales del accionante por parte de la
entidad.

Manifestó que existe una ausencia de legitimación en la causa por pasiva,
dado que la CNSC no es la llamada a resolver el problema jurídico
planteado por el accionante.

3.4. Con posterioridad a que la tutela fue admitida y la parte accionada,
así como los vinculados, rindieran informe, el accionante allegó vía correo
electrónico “un fallo de segunda instancia proferido en una acción de
tutela, de un caso idéntico al que se ventila actualmente en esa Sala, con
las mismas partes, variando solo el municipio que realizó la convocatoria
pública en la cual se solicitaron los ejes temáticos que suscitó el recurso
de insistencia”11.

10
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 001861 00.
11
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01861 00.
5

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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199112 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,13 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202114, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201915 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. CUESTIÓN PREVIA

De manera previa a estudiar los reproches de la solicitud de amparo, la
Sala observa que la magistrada ponente de la decisión cuestionada
manifestó que la parte actora está incurriendo en una actuación temeraria
toda vez que en la acción de tutela identificada con el radicado nro. 11001
03 15 000 2022 06240 00 ya fue estudiada la controversia aquí planteada.

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación
temeraria se configura cuando, sin motivo expresamente justificado, la
misma acción de tutela es interpuesta por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales.

12
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
13
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
14
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
15
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
6

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Accionante: Hermann Gustavo Garrido Prada

La jurisprudencia constitucional ha considerado que la temeridad se
configura cuando se presentan los siguientes elementos: (i) identidad de
partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones, y (iv) la
ausencia de justificación en la radicación de la nueva tutela, vinculada a
un actuar doloso y de mala fe por parte del accionante16.

En la acción de tutela radicada con el nro. 11001 0315 000 2022 06240
00, las pretensiones del accionante estaban dirigidas a que se dejara sin
efecto la sentencia proferida el 27 de octubre de 2022 por la Subsección
A, Sección Primera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el
recurso de insistencia identificado con el radicado nro. 25000 23 41 000
2022 01260 00, que se presentó contra la respuesta emitida por la CNSC
en el oficio nro. 2022RS108567 del 3 de octubre de 2022, en la cual se
negó la petición presentada por el hoy accionante respecto de los ejes
temáticos suministrados por la alcaldía municipal de Gamarra, César, a la
CNSC, como insumo para el concurso de méritos adelantado a través de
la convocatoria No. 1270 de 2019.

Mientras que las pretensiones del accionante, en el caso sub examine,
están dirigidas a que se deje sin efectos la sentencia proferida el 26 de
enero de 2023 por la Subsección A, Sección Primera, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el recurso de insistencia identificado
con el radicado nro. 25000 23 41 000 2022 01272 00, que se presentó
contra la respuesta emitida por la CNSC en el oficio nro. 2022RS108276
del 3 de octubre de 2022, en la cual se negó la petición presentada por el
hoy accionante respecto de los ejes temáticos suministrados por la
alcaldía municipal de El Copey, César, a la CNSC, como insumo para el
concurso de méritos adelantado a través de la convocatoria No. 1268 de
2019.

16
Corte Constitucional. Sentencia T – 162 del 2 de mayo de 2018. M.P.: Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
7

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Accionante: Hermann Gustavo Garrido Prada

Así las cosas, la Sala constata que en este caso no está configurada la
temeridad, toda vez que, sin necesidad de otras consideraciones, se
advierte que las pretensiones entre las distintas acciones de tutela
difieren, ya que las sentencias cuestionadas en cada una de ellas
resuelven distintos recursos de insistencia contra diversas respuestas
emitidas por la CNSC.

De otro lado, en cuanto al argumento referente a que la Comisión Nacional
del Servicio Civil carece de legitimación en la causa por pasiva, la Sala
advierte que no es procedente disponer la desvinculación del trámite
tutelar, comoquiera que la vinculación fue ordenada por tener interés en
el resultado del proceso y así se dispondrá en la parte resolutiva del fallo.

4.3. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente17:

4.3.1. El señor Hermann Gustavo Garrido Prada presentó derecho de
petición ante la alcaldía municipal de El Copey y la CNSC, solicitando,
entre otros asuntos, lo siguiente: “(…) 12. Sírvase CERTIFICAR cuáles
fueron los ejes temáticos suministrados por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE
EL COPEY a la CNSC como insumo para el concurso de méritos adelantado
mediante la Convocatoria nro. 1268 de 2019? (sic) Favor aportar los
documentos o papeles de trabajo coordinado entre las dos (2) entidades
públicas donde consta la definición de los ejes temáticos (…)”.
(Mayúsculas de la petición).

4.3.2. La CNSC, mediante oficio nro. 2022RS108276 del 3 de octubre de
2022, dio respuesta a la petición del señor Garrido Prada, indicándole que,
comoquiera que los ejes temáticos sirven como “insumo para el diseño y

17
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por el accionante y del recurso de
insistencia identificado con el radicado nro. 25000 23 41 000 2022 01272 00, visto en
los índices 2 y 8, respectivamente, de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01861 00.
8

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construcción de los ítems de las pruebas escritas sobre competencias
funcionales a aplicar en las convocatorias a concurso público de méritos
no es viable suministrarle dicha información, so pena de vulnerar los
principios de confidencialidad y resguardo de la información”.

4.3.3. Inconforme con la decisión, el hoy accionante, presentó recurso de
insistencia alegando que “(…) la información relacionada con los ejes
temáticos suministrados por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL
COPEY a la CNSC como insumo para el concurso de méritos
adelantado mediante la Convocatoria nro. 1268 de 2019 y los
documentos o papeles de trabajo coordinado en entre las dos entidades
públicas donde consta la definición de los ejes temáticos, no tiene el
carácter de reservada, razón por la cual, no resulta procedente negar su
suministro (…)”. (Mayúsculas y negrillas del recurso).

4.3.4. Mediante providencia del 26 de enero de 2023, la Subsección A,
Sección Primera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolvió
declarar bien denegada la solicitud de información contenida en el
numeral 12 del derecho de petición presentado por el señor Garrido Prada
ante la CNSC, bajo la consideración que “(…) las pruebas aplicadas o a
utilizarse en los procesos de selección como es el caso de la convocatoria
nro. 1268 de 2019 Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena, y que fueron
solicitadas por el peticionario a través del derecho de petición, gozan de
reserva legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la
Ley 909 de 2004 (…)”.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

9

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El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar
es la relevancia constitucional y, para ello, se detendrá en (i) los criterios
que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional18

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”19.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional20.

18
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
19
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
20
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
10

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A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades21:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia22. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

4.4.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

21
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
22
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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Accionante: Hermann Gustavo Garrido Prada

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que 23 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. [Se destaca]

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está

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Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
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Accionante: Hermann Gustavo Garrido Prada

siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.

La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.

Ello, debido a que la Sala advierte que la acción de tutela está siendo
utilizada por el actor para reabrir el debate que se surtió en el recurso de
insistencia, dado que las inconformidades formuladas están encaminadas
a controvertir la interpretación que el juez natural de la causa hizo del
artículo 31 de la Ley 909 de 2004, con el fin de insistir en sede
constitucional que la información solicitada a la CNSC no está sujeta a
reserva legal en la medida que “(…) dicha norma no establece ninguna
reserva respecto de los ejes temáticos que sirven de insumo para la
elaboración de las pruebas a realizar en los concursos de mérito para
ocupar cargos de carrera administrativa (…)”24.

En ese sentido, comoquiera que la acción de tutela está siendo utilizada
para controvertir la interpretación de la disposición aplicada en la decisión
cuestionada, se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional aludida en referencia, la petición de amparo no cumple con
el tercer criterio de la relevancia constitucional.

La Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que
la decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones de la
demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01861 00.
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a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
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hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que el
accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el
derecho propuesto en el proceso.

Por lo anotado, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional, en tanto que
el tercer elemento que la compone no está superado

De otro lado, en relación con el fallo de tutela que el accionante allegó en
el presente trámite, la Sala observa que fue proferido por la Subsección
A, Sección Tercera, del Consejo de Estado, el 8 de mayo de 2023, en el
proceso radicado con el nro. 2022- 06240, y allí se resolvió revocar la
decisión de primera instancia y, en su lugar, amparar los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la información pública del
aquí accionante; en consecuencia, dejó sin efectos la providencia del 27
de octubre de 2022 proferida por la Subsección A, Sección Primera, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y le ordenó proferir una
decisión de reemplazo.

Lo anterior, debido a que consideró “irrazonable” la interpretación del
numeral tercero del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 consistente en
“entender que la restricción se extiende a los ejes temáticos”. También
preciso que el amparo del fallo de tutela no significa que “se autorice el
suministro de la información pretendida o documentos que contengan
textos, preguntas o aspectos que influyen directamente en su contenido.
La valoración de esa circunstancia, como la de la respuesta emitida por la
CNSC, es la que debe ser nuevamente examinada por el Tribunal, a partir
de las consideraciones de este fallo, de las normas y de la jurisprudencia
constitucional en la materia”.

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Al respecto, se advierte que la providencia del 8 de mayo de 2023 fue
proferida por la Subsección A, Sección Tercera, de esta Corporación, es
decir, una sala de decisión diferente a la que conoce este asunto, de
manera que dicho fallo no es vinculante para resolver la presente petición
de amparo. Aunado a que fue proferido en el proceso con radicado nro.
2022 06240 y en la decisión de primera instancia que correspondió a la
Subsección B, de la Sección Tercera, del Consejo de Estado, se había
negado la protección de los derechos fundamentales; de donde se
desprende que, en sede constitucional, en las diferentes salas de la
Corporación existen criterios divergentes sobre si procede o no el amparo,
providencia que además tiene efectos inter partes.

Por último, cabe indicar que el precitado fallo fue allegado por el
accionante de manera posterior a que fue admitida la presente tutela y a
que la parte accionada y los vinculados rindieran los respectivos informes,
por lo que no tuvieron la oportunidad de pronunciarse y ejercer el derecho
de defensa y contradicción frente al memorial mediante el cual el actor
anexó la sentencia de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el jefe de
la oficina asesora jurídica de la CNSC, por las razones señaladas en la
parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada
por el señor Hermann Gustavo Garrido Prada, según lo expuesto en la
parte considerativa de esta sentencia.

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Accionante: Hermann Gustavo Garrido Prada

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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