RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-01878-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01878-01

Fecha
3 de agosto de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01878-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del 8 de junio de 2023, a través de la cual la Sección Primera del Consejo de Estado denegó el amparo, conforme a lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01878-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

3 de agosto de 2023

Demandantes: Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2023-01878-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01878-01
Demandantes: YASMIRIS JUDITH AVILEZ DE RODRÍGUEZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación instaurada por la parte accionante, contra la
sentencia del 8 de junio de 2023, a través de la cual la Sección Primera del
Consejo de Estado denegó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Con escrito radicado en línea el 17 de abril de 20231, los señores Yasmiris
Judith Avilez de Rodríguez, César Emilio Rodríguez Avilez, Wilmer Alberto
Rodríguez Avilez, Cristian Rafael Rodríguez Avilez y Erika Paola Rodríguez
Avilez solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la reparación
integral.

Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 23 de noviembre de 2022 dictada
por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, que
confirmó el fallo del 17 de noviembre de 2021, proferido por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, que declaró probada la

1
Con generación de tutela en línea 1376150.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Demandantes: Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2023-01878-01

caducidad del medio de control de reparación directa promovida contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional identificada con el
radicado 70001-33-33-004-2019-00357-01.

En consecuencia, la parte actora pretende:

“PRIMERO: solicitó a esta Alta Corporación, con el debido respeto, la
revocatoria de las decisiones proferidas por las autoridades accionadas,
que declararon probada la excepción de caducidad propuesta por el
juzgado Cuarto administrativo del circuito de Sincelejo y confirmada por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE-SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN.

SEGUNDA: Se d[é] aplicación a la normativa actual al momento de
presentación del medio de control de reparación directa para el año 2019,
dada línea de argumentación transcrita por el apoderado, que tiene como
fundamento los principios de legalidad y confianza legítima, así como el
mandato de tutela judicial efectiva, en la Sentencia SU-406 de 2016, [l]a
CORTE CONSTITUCIONAL en Sentencia T-352, de Julio 06 de 2016,
entre otros, tutelando los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la justicia de los accionantes, para los casos específicos de
ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas ‘Falsos Positivos.’

… el artículo 624 del CGP establece reglas para aplicar los cambios
legislativos.”

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Sostuvieron que presentaron demanda de reparación directa2 contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin de obtener la
indemnización de los perjuicios ocasionados por la muerte del señor Rodrigo
Antonio Avilez Salgado, que tuvo lugar el “8 de enero de 2008”3 durante un
combate con las Fuerzas Militares, pero que, consideran en realidad se trató de
uno de los crímenes conocidos como “falsos positivos”.

2
Los señores Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez, César Emilio Rodríguez Avilez, Wilmer
Alberto Rodríguez Avilez, Cristian Rafael Rodríguez Avilez y Erika Paola Rodríguez Avilez,
Elvira Rosa Salgado Covo, Sandy María Salgado Cobo, María de la Concepción Salgado
Corpo, Neila Rosa Salgado Corpos, Eneida Isabel Salgado Cobo, Johan Sebastian Mendoza
Salgado, Yorledys Díaz Salgado, Gleidys Yarleth Avilez Barrios, Liney Esther Cordero Salgado,
Oveis María Álvarez Salgado, Nafer José Álvarez Salgado, Misael Antonio Álvarez Salgado,
Beatriz Elena Sierra Salgado, Carmelo Antonio Sierra Salgado, Fanny María Sierra Salgado,
Manuel José Sierra Salgado, Viviana Sofía Salgado Corpo, Yiseth María Ávila Salgado, Javier
Antonio Ávila Salgado, Liliana Francisca Salgado Corpo, Nubia Luz Ávila Salgado, Javier David
Cordero Salgado, Luis Miguel Molina Salgado, Matías Antonio Ramos Salgado, Cliana Cristina
Ramos Salgado Y Erika Rosa Álvarez Salgado.
3
Dato que se refiere en la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Demandantes: Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2023-01878-01

Indicaron que, mediante sentencia del 17 de noviembre de 2021, el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo declaró la caducidad del
medio de control, en aplicación del precedente de unificación fijado por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el fallo del 29 de enero
de 2020.

Refirieron que apelaron la anterior decisión y que, el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Segunda de Decisión, a través de sentencia del 23 de noviembre
de 2022 confirmó el fallo recurrido, con fundamento en la precitada unificación
de jurisprudencia en relación con la caducidad de las demandas originadas en
delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

3. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que se presentó una irregularidad procesal que tiene un
efecto determinante en la sentencia objeto de tutela, pues el tribunal aplicó con
efectos retrospectivos el precedente jurisprudencial fijado en la sentencia del 29
de enero de 20204, sin tener en cuenta que, en el año 2019, cuando se
interpuso la demanda, la jurisprudencia señalaba que no había lugar a declarar
la caducidad en casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Indicó que, por tal motivo, en ese momento la argumentación de la parte actora
se centró precisamente en demostrar que el daño reclamado correspondía a
una de tales circunstancias, y no a cumplir los parámetros que luego estableció
el fallo de unificación.

Agregó que, la sentencia del 29 de enero de 2020 no estableció nada sobre sus
efectos temporales, lo cual puede interpretarse de las siguientes maneras:

i) Que la decisión solo aplica a los procesos iniciados con posterioridad a su
expedición, es decir, que tiene efectos prospectivos, o

4
Radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033). Actor: JUAN JOSÉ COBA
OROS Y OTROS. Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL Y OTROS. Referencia: REPARACIÓN DIRECTA. En esta decisión se resolvió:
“PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda
solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i)
en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este
plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa
desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u
omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el
término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el
plazo de ley.
…”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Demandantes: Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2023-01878-01

ii) que aplica desde el momento en el que fue proferida a los casos que se
encontraban en curso y a los iniciados luego de su expedición, lo que significa
que tiene efectos retrospectivos.

Resaltó que, en la última interpretación referenciada, que fue la que acogió el
fallo del 23 de noviembre de 2022, permite injustamente la aplicación
retrospectiva y el cambio de parámetro porque sorprenden a quienes venían
siguiendo los lineamientos jurisprudenciales antes vigentes, situación que les
ocasiona “daños antijurídicos consistentes en la p[é]rdida de sus pretensiones.”

4. Trámite en primera instancia

La acción de tutela se admitió mediante auto del 20 de abril de 2023. Por
consiguiente, se ordenó la notificación del Tribunal Administrativo de Sucre y
dispuso la vinculación de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional y del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo.

En la aludida providencia se hizo mención en el pie de página 3 que los demás
demandantes del proceso ordinario correspondían a: Elvira Rosa Salgado
Covo, Sandy María Salgado Cobo, María de la Concepción Salgado Corpo,
Neila Rosa Salgado Corpos, Eneida Isabel Salgado Cobo, Johan Sebastian
Mendoza Salgado, Yorledys Díaz Salgado, Gleidys Yarleth Avilez Barrios, Liney
Esther Cordero Salgado, Oveis María Álvarez Salgado, Nafer José Álvarez
Salgado, Misael Antonio Álvarez Salgado, Beatriz Elena Sierra Salgado,
Carmelo Antonio Sierra Salgado, Fanny María Sierra Salgado, Manuel José
Sierra Salgado, Viviana Sofía Salgado Corpo, Yiseth María Ávila Salgado,
Javier Antonio Ávila Salgado, Liliana Francisca Salgado Corpo, Nubia Luz Ávila
Salgado, Javier David Cordero Salgado, Luis Miguel Molina Salgado, Matías
Antonio Ramos Salgado, Cliana Cristina Ramos Salgado Y Erika Rosa Álvarez
Salgado.

Al respecto, se precisa que revisado el aplicativo SAMAI, también a dichas
personas se les notificó el auto admisorio de la demanda, tal y como se puede
observar en los documentos
D11001031500020230187800Notificacion_T133284015020130212 y
20_110010315000202301878001ENVIODENOTIFI20230515085158.

5. Contestaciones

5.1. Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión

Esta autoridad se opuso a lo pretendido por la actora, al considerar que se basó
en el criterio expuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Demandantes: Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2023-01878-01

Estado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y por la Corte
Constitucional en la sentencia SU 312 de 2020, las cuales señalaron que, de
acuerdo con criterios de constitucionalidad y convencionalidad, cuando se
reclama la responsabilidad administrativa por hechos derivados de delitos de
lesa humanidad y crímenes de guerra, el término de la caducidad debe
computarse desde el momento en el que las víctimas tienen los medios
suficientes para inferir que el Estado tuvo participación en la producción del
daño, y que ese plazo no se computa mientras subsistan situaciones especiales
que impidan presentar la demanda.

Refirió que, los demandantes tuvieron conocimiento de la muerte del señor
Avilez Salgado desde el momento de su ocurrencia, lo que acaeció en el mes
de febrero de 2008, por lo que la caducidad se extendió hasta febrero de 2010 y
que, además, mediante sentencia de 22 de mayo de 2012, se condenó
penalmente al miembro de las Fuerzas Militares Iván Darío Contreras Pérez
como responsable por tales hechos, de manera que en esa fecha los
accionantes confirmaron la participación del Estado en el daño y, en
consecuencia, en 2019, cuando presentaron la demanda, ya había operado la
caducidad del medio de control.

5.2. Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de dicha cartera sostuvo
que en este caso sí se produjo la caducidad del medio de control de reparación
directa porque el registro de defunción del señor Avilez Salgado señala que la
muerte se produjo el 23 de julio de 2008, y porque el Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Sincelejo, mediante decisión del 22 de mayo de 2012 declaró
la responsabilidad de agentes de la fuerza pública por tales hechos.

Resaltó que, al llegar el momento de decidir el asunto en segunda instancia, ya
se había proferido la sentencia de unificación de fecha 29 de enero de 2020 y
esta ya era de obligatorio cumplimiento para el tribunal demandado, máxime
cuando, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, las
variaciones jurisprudenciales deben aplicarse de forma general e inmediata.

Mencionó que en el Estatuto de Roma existen delitos de lesa humanidad que se
consideran imprescriptibles, pero que esa premisa no puede ser aplicada de
forma automática en el ordenamiento jurídico interno, pues ni la Constitución
Política ni el Código Penal establecen delitos que sean absolutamente
imprescriptibles. Agregó que, la Corte Constitucional ha señalado que no todo el
contenido de dicho estatuto pertenece al bloque de constitucionalidad.

Adujo que los cargos invocados por la parte actora contra la decisión
controvertida equivalen a una tutela contra una sentencia de unificación, lo cual

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Demandantes: Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2023-01878-01

es improcedente.

5.3. El Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo guardó silencio.

6. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 8 de junio de 2023, la Sección Primera del Consejo de
Estado denegó el amparo solicitado.

Refirió que “…en el presente caso, aparece cumplido el requisito de la
relevancia constitucional, en tanto que lo que se debate es la posible
responsabilidad del Estado como consecuencia de la ocurrencia de hechos
graves, posiblemente constitutivos de delitos de lesa humanidad; evento que,
sin duda, podría comprometer derechos fundamentales, por lo cual la
controversia planteada no se reduce a una discusión de mera legalidad, ni
tampoco podría afirmarse que se pretende emplear la tutela como una instancia
adicional a las del proceso ordinario.”

Sostuvo que, con fundamento en la providencia atacada y las pruebas obrantes
en la actuación, no estaba demostrado que la parte actora hubiera sufrido
desplazamiento forzado ni ninguna otra circunstancia que materialmente le
hubiere impedido instaurar la demanda. Es decir que, según concluyó el
tribunal, no se cumplieron los presupuestos excepcionales establecidos por el
precedente de unificación del 29 de enero de 2020.

Mencionó que, no se encontraba ningún reproche frente al anterior
razonamiento pues, en efecto, no observa que en este caso se hubieran
presentado circunstancias de esa naturaleza.

Agregó que, de hecho, los actores ni siquiera expusieron de manera clara y
precisa de qué manera la situación de desplazamiento forzado que afirmaron
haber padecido les hubiera dificultado interponer en tiempo la demanda, sino
que se limitaron a señalar escuetamente que esta “pudo haber impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción”, alegato que, en todo caso,
fue analizado por el tribunal con los elementos de juicio allegados a la
actuación.

Indicó que, si bien en una oportunidad anterior accedió al amparo en un asunto
similar5, en este caso no se daban las circunstancias que se alegaron, ni menos

5
Al respecto, señaló “Vale la pena recordar que esta Sala, en sentencia de tutela del 29 de
septiembre de 2022, concedió el amparo en un asunto similar al presente, al encontrar
configurado un defecto fáctico, por no haberse valorado algunas pruebas determinantes para el
cómputo del término de caducidad, de acuerdo con la especial forma de valoración que debe
aplicarse en estos casos, y un defecto sustantivo, por no haberse realizado el control oficioso de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Demandantes: Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2023-01878-01

aún se probaron, hechos concretos que por tiempo tan prolongado hubieren
impedido materialmente a la familia accionante instaurar oportunamente la
acción, los que, de haberse acreditado, ciertamente hubieran dado lugar a una
decisión diferente por parte de los jueces demandados.

Concluyó que, con fundamento en lo expuesto y pese a la innegable gravedad
de los hechos que en su momento dieron lugar al ejercicio de la acción de
reparación directa, no se encontraba acreditada la violación de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora; razón por la cual denegó el
amparo solicitado.

7. Impugnación

Mediante escrito remitido electrónicamente el 20 de junio de 2023, la parte
accionante impugnó la sentencia de primera instancia, notificada el 14 del
mismo mes y año. Para tal, efecto solicitó que, se revocara bajo los siguientes
términos:

“PRIMERO: Por tal motivo, se solicita respetuosamente al Honorable
Consejo de Estado para que conozca la presente impugnación al fallo de
tutela, que revise y detalle los hechos fácticos planteados y así determine
configurados los presupuestos necesarios para que se REVOQUE el Fallo
de Tutela de fecha 8 junio de 2023 y, como consecuencia, se ampare los
derechos de los demandantes, y se ordene al juzgado Cuarto
administrativo del circuito de Sincelejo, Tribunal Administrativo de Sucre,
que declararon probada la excepción de caducidad, revocar dicha
providencia y en su defecto inaplicar el termino de 2 años y se acoja la
aplicación de imprescriptibilidad del término de caducidad, planteado en los
fundamentos jurídicos de la demanda, por la connotación de crimen de lesa
humanidad en el HOMICIDIO por la EJECUCION EXTRAJUDICIAL del
señor RODRIGO ANTONIO AVILEZ SALGADO (q.e.p.d)., y por ello,
resultaría excepcionalmente procedente el amparo constitucional con el
objetivo de proteger los derechos fundamentales a la vida digna, dignidad
humana, verdad, justicia y el derecho a la reparación integral.

SEGUNDO: Se de aplicación a la normativa actual al momento de
presentación del medio de control de reparación directa para el año 2019,
dada la línea de argumentación transcrita por el apoderado, que tiene como
fundamento los principios de legalidad y confianza legítima, así como el
mandato de tutela judicial efectiva. en la Sentencia SU-406 de 2016, La
CORTE CONSTITUCIONAL en Sentencia T-352, de Julio 06 de 2016,
entre otros, tutelando los derechos fundamentales al debido proceso y

convencionalidad al analizar también la caducidad del medio de control de reparación directa.”
(proferida bajo el radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01, consejero ponente: Oswaldo
Giraldo López.)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Demandantes: Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2023-01878-01

acceso a la justicia de los accionantes, para los casos específicos de
ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “Falsos Positivos.

TERCERO: Así como lo establece el artículo (sic) 624 y 625 del CGP
establece reglas para aplicar los cambios legislativos o Transito de
legislación.

ARTÍCULO 625. TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN. Los procesos en curso al
entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito
de legislación:

Ante este supuesto material, es pertinente analizar concretamente las
normas sobre aplicación de las leyes procesales con miras a establecer
una solución al problema de aplicación del código general del proceso,
como normativa subsidiaria del código de lo contencioso administrativo y el
código de procedimiento de lo contencioso administrativo, que se
acompase con la dogmática de la Carta Política de 1.991y evitar que se
socaven derechos fundamentales de los usuarios de la administración de
justicia …DE RELATORIA: Consultar sentencia de la sala plena del
Consejo de Estado de 25 de junio de 2014. Exp. (49.299).”

Sustentó que, tribunal demandado aplicó con efectos retrospectivos el
precedente jurisprudencial de la sentencia del 29 de enero de 2020, sin tener en
cuenta que, en el año 2019, cuando se interpuso la demanda, la jurisprudencia
señalaba que no había lugar a declarar la caducidad en casos de delitos de lesa
humanidad y crímenes de guerra, con mayor razón en tratarse de una ejecución
extrajudicial.

Mencionó que, por tal motivo, en ese momento la argumentación de la parte
actora se centró precisamente en demostrar que el daño reclamado
correspondía a una de tales circunstancias, crimen de lesa humanidad y
crímenes de guerra y no a cumplir los parámetros que posteriormente
estableció el fallo de unificación.

Indicó que, los perjuicios ocasionados por la muerte del señor Rodrigo Antonio
Avilez Salgado tuvo lugar durante un supuesto combate con las Fuerzas
Militares, aunque en realidad se trató de uno de los crímenes conocidos como
“falsos positivos”, es decir, de un crimen de lesa humanidad, derecho
fundamental vulnerado a las víctimas de crímenes de estado, en el cual no hay
una claridad judicial frente a estos fallos en el que el estado es responsable.

Señaló que, en este contexto, puede resultar que los sujetos procesales actúen
con la confianza legítima de que serán aplicadas las reglas jurisprudenciales
vigentes, que luego serían modificadas. Por lo tanto, la aplicación inmediata del
nuevo precedente, sin consideración alguna a esta circunstancia, podría derivar
en el desconocimiento de derechos fundamentales.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Demandantes: Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2023-01878-01

Resaltó que, es urgente que se aclare de forma inmediata las posturas diversas
al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que la tesis de
unificación no es clara, y al aplicar el concepto de retrospectividad a casos o
procesos que ya estaban en curso, entrarían a cuestionarse responsabilidad del
estado por el cambio de jurisprudencia.

Agregó que, el Código General del Proceso en su artículo 625 que señala el
tránsito de legislación que debe ser estudiado por este alto tribunal, dadas las
condiciones de tantas víctimas del conflicto armado que no han sido reparadas
integralmente y que confiaban que el delito correspondía a un crimen de lesa
humanidad, y que este poseía la connotación de ser imprescriptible. Por lo que,
reiteró que no debería este tribunal incurrir en aplicar la sentencia de unificación
a los procesos en curso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19916, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuestos en la
impugnación del fallo de primera instancia, si con la decisión demandada se
vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante al configurarse el
“desconocimiento del precedente”.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20127, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella

6
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
7
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Demandantes: Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2023-01878-01

concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.”8 (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.9

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

8
Ibídem.
9
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Demandantes: Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2023-01878-01

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Caso concreto

La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la reparación
integral, los cuales estimó vulnerados como consecuencia de la sentencia de
segunda instancia de 23 de noviembre de 2022, en virtud de la cual, la
autoridad judicial accionada confirmó la sentencia de primera instancia dictada
el 17 de noviembre de 2021 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo, por la cual declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa promovido por los aquí accionantes y otros contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. Proceso que se identificó con el
radicado número 70001-33-33-004-2019-00357-01.

El a quo denegó el amparo solicitado, previo a encontrar cumplidos los
requisitos generales, al considerar que los actores ni siquiera expusieron de
manera clara y precisa de qué manera la situación de desplazamiento forzado
que afirmaron haber padecido les hubiera dificultado interponer en tiempo la
demanda, sino que se limitaron a señalar escuetamente que esta “pudo haber
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción”, alegato que, en
todo caso, fue analizado por el tribunal con los elementos de juicio allegados a
la actuación.

La parte demandante impugnó, para lo cual reiteró lo indicado en la demanda
inicial acerca de que no es posible aplicar con efectos retrospectivos la
sentencia del Consejo de Estado del 29 de enero de 202010, sin tener en cuenta

10
Radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033). Actor: JUAN JOSÉ COBA
OROS Y OTROS. Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL Y OTROS. Referencia: REPARACIÓN DIRECTA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Demandantes: Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2023-01878-01

que, en el año 2019, cuando se interpuso la demanda, la jurisprudencia
señalaba que no había lugar a declarar la caducidad en casos de delitos de lesa
humanidad y crímenes de guerra, como lo fue la ejecución extrajudicial que
demandó.

De forma previa, se precisa que, el asunto cumple con el requisito de la
relevancia constitucional puesto que, se trata de una controversia que involucra
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de
sujetos de especial protección constitucional, debido a su condición de víctima
de un delito de lesa humanidad.

Adicionalmente, la parte actora cumplió con el deber de evidenciar una tensión
entre la providencia censurada y el núcleo esencial de las garantías
constitucionales alegadas, pues expuso los motivos por los cuales consideró
que sus derechos fueron vulnerados por la indebida aplicación de la sentencia
de unificación proferida el 29 de enero de 2020 por la Sala Plena de la Sección
Tercera de esta corporación.

En ese orden, se observa que la controversia propuesta cumple con cumple con
las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
202211, pue su finalidad no es la de convertir la acción de tutela en una
instancia adicional, ni reabrir el debate zanjado por en sede ordinaria, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios para su defensa.

En lo particular, se debe destacar que, en asuntos relacionados con derechos
de las víctimas al interior de procesos de reparación directa -en especial,
situaciones que involucren graves violaciones a derechos humanos-, la Corte
Constitucional12 ha considerado que revisten una relevancia constitucional por
la naturaleza misma de la controversia y las garantías fundamentales
involucradas.

Así las cosas, se analizará el asunto de la siguiente manera:

El Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo, a través del fallo del 17 de
noviembre de 2021, declaró probada la caducidad, pues la muerte del señor
Rodrigo Antonio Avilez Salgado se había producido en el año 2008, mientras
que la solicitud de conciliación extrajudicial se había presentado el 20 de junio
de 2019, es decir, 11 años después, en aplicación del precedente fijado por la
Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación en la sentencia del 29 de
enero de 2020.
11
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
12
Al respecto, ver: Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia T-113 del 14.03.19. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado; Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-272 del 12.08.21. M.P. Alberto Rojas
Ríos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Demandantes: Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2023-01878-01

En el recurso de apelación formulado contra la anterior providencia, los
demandantes manifestaron lo siguiente:

"El Juez de primera instancia, declara de manera exegética la caducidad del
medio de control, exponiendo sentencias sobre caducidad en delitos de lesa
humanidad, sin valorar el entorno del conflicto armado y de violaciones de
derechos humanos y derecho internacional humanitario que se ha vivido en el
país y sobre todo en la zona donde ocurrieron los hechos, así como el hecho
generalizado de desplazamiento forzado de los familiares de las víctimas de
‘falsos positivos’ al ver el riesgo en que se encuentran sus vidas.

En el presente caso, las pretensiones indemnizatorias de los demandantes tienen
fundamento en un crimen de lesa humanidad…

Además de constituir una violación grave del Derecho Internacional Humanitario,
ocasionó un desplazamiento forzado de los familiares de la víctima y no existe
prueba que el Estado haya ejecutado una política social de retorno de los
desplazados a sus sitios de origen y, esta situación pudo haber impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción, por lo tanto, el término de
caducidad del medio de control ejercido por los demandantes, de conformidad
con la jurisprudencia de unificación citada en la sentencia objeto de apelación, no
opera en este caso…”13(subrayado fuera del texto original)

En lo particular, se observa que la parte demandante sustentó su demanda
ordinaria en que como se trataba de un delito de lesa humanidad y, por tanto,
no operaba la caducidad de 2 años; argumento que resolvió el tribunal
demandado de la siguiente manera:

Aunque al sub judice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes
para la fecha de presentación de la demanda (Ley 1437 de 2011, así como las
del Código General del proceso, en los aspectos no regulados); en lo
concerniente a la caducidad, debe tenerse en cuenta que los términos que
hubiesen empezado a correr en vigencia de una ley anterior continuarán
corriendo de conformidad con ella, en atención a lo consagrado en el artículo 40
de la Ley 153 de 1887…modificado por el artículo 624 del Código General del
Proceso.

Para la época de ocurrencia de los hechos, el artículo 136 del Decreto 01 de
1984…establecía que la acción de reparación directa caducaba al vencimiento
del plazo de 2 años contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del
hecho que dio origen al daño.

13
Esta cita se extrae de la providencia de segunda instancia demandada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Demandantes: Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2023-01878-01

Frente a la caducidad, la parte demandante alegó en su demanda que no
operaba el término de 2 años, toda vez que se trataba de delitos de lesa
humanidad, lo que justificaba la inaplicación del plazo legal.

No obstante debe indicarse que, el 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su postura en relación con la
caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otros, así…” (subrayado
fuera del texto original)

Adicionalmente, se encuentra que la autoridad judicial demandada señaló que
no estaba demostrado que la parte actora hubiera sufrido desplazamiento
forzado ni ninguna otra circunstancia que materialmente le hubiere impedido
instaurar la demanda; a partir de lo cual, concluyó que no se cumplieron los
presupuestos excepcionales establecidos por el precedente de unificación del
29 de enero de 2020. Específicamente, el tribunal acusado consideró:

“Ahora bien, la Corte Constitucional en sentencia SU-254 de 2013 autorizó la
posibilidad de acudir a la justicia a partir de la ejecutoria de esta providencia, en
los casos relacionados con desplazamiento forzado, situación que no padecieron
los demandantes, o al menos no alegaron, ni demostraron. En todo caso, la
demanda fue presentada en el año 2019, es decir, por fuera de los 2 años
siguientes a la expedición de la sentencia del órgano constitucional.

…

De otro lado, no se alegó por parte de los demandantes alguna situación
particular que obstaculizara su acceso a la administración de justicia, ni de las
pruebas se advierte una circunstancia especial que hubiera impedido el ejercicio
oportuno de la presente acción y que conllevara a variar los límites temporales
del estudio de la caducidad frente al caso bajo análisis.”

De modo que, el planteamiento según el cual incidió en que los demandantes
no acudieran de manera oportuna a la jurisdicción contenciosa administrativa,
bajo el supuesto de que “pudo haber impedido materialmente el ejercicio del
derecho de acción” fue analizado por el tribunal acusado, el cual de manera
acertada y razonable descartó la excepcionalidad contemplada en la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de
Estado14. En esta decisión unificatoria se estableció lo siguiente:

“PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra

14
Radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033). Actor: JUAN JOSÉ COBA
OROS Y OTROS. Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL Y OTROS. Referencia: REPARACIÓN DIRECTA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Demandantes: Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2023-01878-01

y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales
eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador;
ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal
expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer
la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica
cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo
de ley.
…”

Al respecto se recuerda que la línea jurisprudencial trazada en dicho
pronunciamiento permite flexibilizar el término de caducidad, pero cuando se
acredita una situación excepcional, no como lo pretende la parte actora según
la cual debe aplicarse el criterio vigente al momento de la presentación de la
demanda ordinaria.

De igual manera, se observa que, incluso si se atendiera al argumento de la
parte actora según el cual debía acogerse el criterio vigente al momento de la
presentación de la demanda, el tribunal demandado también se pronunció de la
siguiente manera:

“Huelga decir, que las mencionadas reglas, al surgir una sentencia de unificación
del órgano de cierre en lo contencioso administrativo, constituyen para efecto de
resolver el presente caso, precedente vinculante y obligatorio…de ahí que su
análisis y examen gravitará en torno a ellas…”

De lo expuesto, contrario a lo alegado por la actora en sede de tutela, la Sala no
considera que se haya incurrido en desconocimiento del precedente por aplicar
la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, pues precisamente en esa
providencia se fijaron las reglas relativas al cómputo de caducidad para casos
en los que se estudia la responsabilidad del Estado por la comisión de delitos
de lesa humanidad, así que sus postulados se ajustaban plenamente al caso
concreto.

Adicionalmente, se precisa que, el aludido pronunciamiento de unificación
siguió las reglas generales acerca de dicha figura procesal y estableció unas
excepciones tratándose de dichas conductas, por lo que, si bien el fallo de
unificación guardó silencio sobre sus efectos en el tiempo, tal pronunciamiento
tenía efectos retrospectivos y, en tal sentido, debía aplicarse incluso a los casos
que estaban en trámite.

En efecto, el criterio expuesto por la Sección Tercera de esta corporación era el
aplicable a la controversia por estar contenido en un fallo de unificación, de
modo que debía observarse con preferencia respecto de los demás
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Demandantes: Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2023-01878-01

pronunciamientos dictados sobre ese particular, máxime si se tiene en cuenta
que era el vigente para la fecha en que se dictó la providencia cuestionada15.

Además, la Sala Plena del Consejo de Estado precisó que, por regla general, el
precedente se aplica en forma retrospectiva cuando las reglas o subreglas de
derecho fijadas cobijan trámites cuya solución está pendiente, tanto en vía
administrativa como judicial “salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables”16.

Por lo anterior, se observa que en la sentencia acusada se estableció que los
demandantes no acreditaron una causa justificada que les impidiera
materialmente ejercer el derecho de acción de manera oportuna, por lo que no
era posible aplicar la excepción al cómputo de caducidad consagrada en las
reglas de unificación del Consejo de Estado previstas en la sentencia del 29 de
enero de 2020.

Así las cosas, la Sala advierte que no hubo una aplicación irregular de los
postulados del fallo de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
puesto que el tribunal acusado sí analizó las circunstancias particulares del
asunto en relación con el presupuesto procesal de la caducidad, a partir de lo
cual, concluyó que no existía alguna circunstancia que objetivamente les
hubiese impedido interponer la demanda de forma oportuna.

En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada que denegó el amparo
solicitado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 8 de junio de 2023, a través de la cual
la Sección Primera del Consejo de Estado denegó el amparo, conforme a lo
señalado en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en

15
En este mismo sentido se pronunció esta Sección, entre otras, en las sentencias de 2 de
marzo de 2022, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-2022-05570-01, 25 de
agosto de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2022-02074-01 y 30
de marzo de 2023, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2023-01098-00.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto
de 18, M.P. César Palomino Cortés, rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ),

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Demandantes: Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2023-01878-01

el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.