Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01814-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 11001-03-15-000-2022-01814-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01814-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-01814-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
29 de septiembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE
Tesis: Incurre en violación de derechos fundamentales la
sentencia que confirma el fallo que declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control de
reparación directa, pese a que el daño cuya reparación
se buscaba fue ocasionado por hechos constitutivos de
delitos de lesa humanidad (ejecuciones extrajudiciales).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la parte actora
contra el fallo de 26 de abril de 2022, dictado por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
I.- SÍNTESIS DEL CASO
Dora Cecilia Forero de Achagua, Nicolás Achagua, Marcela Josefa Cediel
Villalobos, Diana Alejandra Achagua Cediel y Dora Cecilia, Nicolás, Clarisa,
Yojana, Sofía, Tirso y Juan Carlos Achagua Forero, por intermedio de
apoderado, invocaron la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia y
reparación integral, que estimaron vulnerados con ocasión de la sentencia
de 16 de septiembre de 2021, por medio del cual el Tribunal
Administrativo de Casanare confirmó el fallo de 10 de diciembre de 2020,
con el cual el Juzgado Administrativo de Descongestión de Yopal declaró
probada la excepción de caducidad en el proceso de reparación directa
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
que promovieron contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional (expediente 85001-33-33-001-2015-00414-01).
En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:
“[…] PRIMERO: […] sean tutelados los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia en prevalencia del derecho sustancial (Arts. 228 y 229
C.N.), a la integridad personal (Art. 12 C.N.), a la igualdad (Art. 13 C.N.), al debido
proceso (Art. 29 CN) y a la reparación integral derivada de la responsabilidad
patrimonial del Estado (Art. 90 C.N.), en favor de DORA CECILIA FORERO DE
ACHAGUA, NICOLAS ACHAGUA, MARCELA JOSEFA CEDIEL VILLALOBOS, DANIA
ALEJANDRA ACHAGUA CEDIEL, DORA CECILIA ACHAGUA FORERO, NICOLAS
ACHAGUA FORERO, CLARISA ACHAGUA FORERO, YOJAINA ACHAGUA FORERO,
SOFIA ACHAGUA FORERO, TIRSO ACHAGUA FORERO y JUAN CARLOS ACHAGUA
FORERO, los cuales les fueron vulnerados dentro del proceso de reparación directa
radicado 85001-3333-001-2015-00414-01 iniciado por ellos contra la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional, por causa de la decisión judicial adoptada por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE contenida en su providencia del 16 de
septiembre del 2021, notificada el 20 de septiembre de 2021, que CONFIRMÓ la
sentencia de primera instancia […].
SEGUNDO: […] se declare nula […] la providencia del 16 de Septiembre de 2021
notificada el 20 de septiembre de 2021, la cual CONFIRMÓ la decisión de primera
instancia DECRETANDO la caducidad en instancia de cierre, en decisión adoptada
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso de
Reparación Directa radicado 85001-3333-001-2015-00414-01 iniciado por DORA
CECILIA FORERO DE ACHAGUA, NICOLAS ACHAGUA, MARCELA JOSEFA CEDIEL
VILLALOBOS, DANIA ALEJANDRA ACHAGUA CEDIEL, DORA CECILIA ACHAGUA
FORERO, NICOLAS ACHAGUA FORERO, CLARISA ACHAGUA FORERO, YOJAINA
ACHAGUA FORERO, SOFIA ACHAGUA FORERO, TIRSO ACHAGUA FORERO y JUAN
CARLOS ACHAGUA FORERO por el asesinato en persona protegida -Falso Positivo-
de LEONARDO ACHAGUA FORERO (Q.E.P.D.) […].
TERCERA: […] se ordene al Tribunal Administrativo de Casanare a tratar con debida
diligencia el proceso de reparación directa […] dando prioridad para proferir de
nuevo la correspondiente providencia de segunda instancia dentro de un tiempo
perentorio de diez (10) días hábiles, teniendo en cuenta (…) [que] para el presente
caso no aplica la regla general del literal i) del numeral 2° del artículo 164 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que estableció
la caducidad para las acciones de reparación directa sin distinguir su aplicabilidad a
los delitos de lesa humanidad.
(…)
SUBSIDIRIA A LA TERCERA PETICIÓN PRINCIPAL: Que por favor, privada de efectos
jurídicos la providencia judicial de la que pedimos se declare su anulación y por
efecto de la aplicación interpretativa del literal i) del numeral 2° del artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por
integración normativa y modulación del alcance de las sentencias denominadas de
unificación de 29 de enero de 2020 proferida por mayoría en la Sección Tercera del
Consejo de Estado (…), se ordene al Tribunal Administrativo de Casanare a tratar
con debida diligencia el proceso de reparación directa […] dando prioridad para
proferir de nuevo la correspondiente providencia de segunda instancia dentro de un
tiempo perentorio de diez (10) días hábiles, (…), como quiera que verificados los
hechos de la presente acción, la demanda fue interpuesta en oportunidad […]”.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
La parte actora respaldó su solicitud de amparo con las siguientes
afirmaciones:
El 18 de diciembre de 2007 el señor Leonardo Achagua Forero, quien
residía en Yopal, le indicó a su compañera Marcela Josefa Cediel que iría
al municipio de Aguazul (Casanare) en compañía de un amigo, momento
desde el cual no se volvió a saber de él.
El 22 de diciembre de 2007 los familiares de Leonardo Achagua Forero se
hicieron presentes en el municipio de Tauramena (Casanare) dado que
tuvieron conocimiento de que en el cementerio había tres (3) cadáveres
sin identificar, y que posiblemente uno de ellos correspondía al cuerpo de
Leonardo. Ese mismo día reconocieron su cadáver ante un funcionario de
la Fiscalía General de la Nación.
Leonardo Achagua Forero habría sido víctima de retención ilegal, tortura
y homicidio por parte del Ejército Nacional, en el marco de una conducta
irregular de los agentes estatales y no por un supuesto enfrentamiento
contra las BACRIM, como fue afirmado por las autoridades en el informe
de operaciones del Batallón de Infantería núm. 44 “Ramón Nonato Pérez”,
de conformidad con el cual, el día 18 de diciembre de 2007,
aproximadamente a las 19:00 horas, se organizó un operativo en
cumplimiento de la “Misión Táctica Sagitario - Orden Fragmentaria núm.
173 Demoledor”, basado en aparentes fuentes de inteligencia humana e
información que indicaba la presencia de cinco (5) sujetos pertenecientes
a las BACRIM, quienes presuntamente vestían prendas de uso exclusivo
de las Fuerzas Militares, dedicándose al robo de ganado e intimidando a
los campesinos de la región, a partir de lo cual tres (3) sujetos fueron
dados de baja en horas de la madrugada, luego de un enfrentamiento.
El Juzgado Trece de Instrucción Penal Militar adelantó investigación por el
delito de homicidio contra los miembros del Ejército Nacional
involucrados. Posteriormente, el proceso fue reasignado a la Fiscalía 31
especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
de Villavicencio (Meta), de donde pasó a la Jurisdicción Especial para la
Paz – JEP, por solicitud de los militares investigados.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
Los familiares de Leonardo Achagua Forero solo contaron “con asistencia
jurídica profesional mucho tiempo después de la muerte de su familiar,
pues confi[aron] en la autoridad penal especializada que realizaría la
investigación en virtud del asesinato”, cuando se enteraron de los medios
y oportunidades jurídicas para reclamar la reparación por la muerte de su
familiar.
El 9 de septiembre de 2015, los familiares del señor Achagua Forero
promovieron el medio de control de reparación directa en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (expediente
85001-33-33-001-2015-00414-01), con el propósito de que se le
declarara responsable de los perjuicios producidos por la muerte de
Leonardo y se ordenara la correspondiente compensación monetaria.
El Juzgado Administrativo de Descongestión de Yopal, con sentencia de
10 de diciembre de 2020, declaró probada la excepción de caducidad.
El Tribunal Administrativo de Casanare, con sentencia de 16 de
septiembre de 2021, confirmó la determinación recurrida luego de
exponer las consideraciones que a continuación se leen:
“[…] Como se observa en la demanda, se confiesa que los demandantes se
enteraron de la ocurrencia de los hechos en el año 2007.
b.- El material probatorio permite inferir que quienes causaron la muerte de
Leonardo Achagua Forero fueron miembros del Ejército Nacional y según informe
obrante en el proceso ocurrió en desarrollo de la misión táctica Sagitario que tuvo
lugar el 19 de diciembre de 2007 en la vereda Chitamena del municipio de
Tauramena y fueron las autoridades competentes las que realizaron el
levantamiento de cadáver y los demás actos urgentes.
c.- Por los hechos objeto de debate se adelanta proceso penal, el cual aún se
encuentra en etapa investigativa.
2.2.4.- La parte actora en su recurso indicó que el a-quo para emitir la decisión no
tuvo en cuenta ni el contexto social y cultural de la parte actora ni que en la muerte
de Leonardo Achagua Forero participaron militares, tema sobre el cual es preciso
acotar que la caducidad es objetiva y por lo mismo las circunstancias subjetivas que
aduce la parte apelante no varía su configuración ni es óbice para que los
demandantes interpusieran la demanda dentro del término de los dos años
previstos por el legislador.
[…]
Este Tribunal, desde que se emitió el fallo de unificación lo ha aplicado de manera
uniforme, en primer lugar, porque es respetuoso de las decisiones adoptadas por
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
su Superior Funcional, y en segundo lugar, porque comparte los planteamientos
indicados por el Consejo de Estado para la configuración de la caducidad en casos
como el que ocupa la atención de la Sala.
Es cierto que los jueces tienen la posibilidad de apartarse de los fallos de unificación,
sin embargo, en el presente caso, no lo hará, pues se reitera, esta Corporación
acoge íntegramente lo decido por el Consejo de Estado el 29 de enero de 2020
dentro de la radicación 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033).
También le asiste la razón al apelante cuando indica que mediante fallos de tutela
se han dejado sin efecto sentencias en las que, en aplicación del fallo de unificación,
se ha declarado la caducidad e incluso este Tribunal en obedecimiento a lo resuelto
por el Superior Funcional ha debido emitir fallos de remplazo. Sin embargo, por
tratarse de una sentencia de tutela tiene efectos interpartes.
[…]
En consecuencia, al estar acreditado que la parte actora tuvo conocimiento de los
hechos en el año 2007 y que la demanda la impetró en el año 2015 sin que hubiese
existido algún motivo que le hubiera imposibilitado acudir a la administración de
justicia, se confirmará la decisión recurrida […]”.
(Énfasis parte del texto original).
La parte actora expuso los siguientes fundamentos:
Alegó que la providencia de la autoridad judicial accionada incurrió en:
(i) defecto procedimental absoluto; (ii) defecto fáctico por indebida
valoración probatoria de los medios que acreditarían la oportunidad de la
demanda de reparación directa; (iii) defecto sustantivo, por interpretación
de la ley contraria a la Constitución y al bloque de constitucionalidad;
(iv) desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional, el Consejo
de Estado y la Corte Suprema de Justicia, y (v) error inducido, al seguir
las consideraciones de la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, proferida por esta corporación, dentro del proceso con radicado
número 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033).
Los anteriores defectos fueron sustentados en conjunto y de forma
indiscriminada, pero se identificaron dos grupos de argumentos: el
primero para sustentar las pretensiones principales de la solicitud de
amparo, que procuran la inaplicación de las reglas de caducidad y de lo
previsto en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, y el
segundo encaminado a sustentar la pretensión subsidiaria, que busca la
aplicación de la mencionada sentencia y de las reglas de caducidad, pero
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
a partir del momento en que la parte actora se habría enterado de sus
derechos y de la posibilidad de demandar al Estado.
Frente al primer grupo de argumentos, reprochó que el tribunal accionado
fundara su decisión exclusiva y selectivamente en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, que se profirió con posterioridad a la
interposición de la demanda. También reclamó que el tribunal desconoció
el bloque de constitucionalidad y el precedente nacional e internacional al
aplicar el literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
En concreto, el tribunal accionado habría omitido hacer referencia y
aplicar los instrumentos internacionales vinculantes para Colombia, que
sostienen la tesis de la imprescriptibilidad de las acciones de reparación
(no solo penales) relacionadas con los daños causados por el Estado por
delitos de lesa humanidad1.
También sostuvo que el tribunal se apartó de las reglas jurisprudenciales
dispuestas en: (i) las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos Barrios Altos vs. Perú, Valle Jaramillo y otros vs Colombia,
García Lucero vs. Chile, Villamizar Durán y otros vs. Colombia, y Órdenes
Guerra vs. Chile, que interpretaron los mencionados artículos del Pacto
de San José; (ii) las sentencias C-578 de 2002 y C-290 de 2012, en las
cuales la Corte Constitucional aclaró que el Estatuto de Roma hace parte
del bloque de constitucionalidad, así como las sentencias T-352 de 2016
y T-296 de 2018 de la misma corporación, que inaplicaron el término de
caducidad para casos similares al presente; (iii) la sentencia del 19 de
marzo de 2020, radicado 45110, proferida por la Corte Suprema de
Justicia, que declaró la imprescriptibilidad de la acción civil emanada por
los delitos de lesa humanidad, y (iv) por lo menos veintiún providencias
1
Entre ellos se destacan: (i) el Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los
derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad adoptado el 8 de febrero de 2005 por la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, (ii) los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, contemplados en
la Resolución 60/147 de 2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, (iii) los artículos 1, 2, 5, 8, 17,
19, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y (iv) el Estatuto de Roma.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
de distintas secciones de esta corporación, que inaplicaron el término de
caducidad de la acción de reparación directa en casos similares2.
Respecto al segundo grupo de argumentos, señaló que, incluso si se
considera que debía aplicarse el término de caducidad, este solo podía
empezar a correr a partir del momento en que la parte actora contó con
la posibilidad material de acceder a la administración de justicia, lo que,
según afirmó, ocurrió en agosto de 2015, puesto que antes no logró
asistencia jurídica y no sabía que podía demandar al Estado.
También señaló que la posibilidad de imputar la responsabilidad al Estado
solo se conocería con certeza mediante sentencia penal ejecutoriada que
condenara a los miembros del Ejército Nacional involucrados con los
hechos. Sin ese tipo de sentencia no sería posible desvirtuar la presunción
de legalidad sobre las actuaciones del Estado y, por lo tanto, no sería
viable demandar su responsabilidad.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. De la admisión de la acción de tutela
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
auto de 29 de marzo de 2022, admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, ordenó notificar de ese proveído a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Casanare, como demandado, y al Ministerio de
Defensa Nacional en calidad de tercero interesado en las resultas del
proceso. Además, requirió del abogado Rafael Alberto Gaitán Gómez la
presentación de los poderes a él otorgados por Dora Cecilia Forero de
Achagua, Nicolás Achagua, Marcela Josefa Cediel Villalobos, Diana
Alejandra Achagua Cediel y Dora Cecilia, Nicolás, Clarisa, Yojana, Sofía,
Tirso y Juan Carlos Achagua Forero para representarlos en esta acción
constitucional, por cuanto no fueron allegados con el escrito inicial.
2
Providencias del 20 de junio de 2011 (2011-00655-00), 11 de agosto de 2011 (2010-00177-01), 5 de abril
de 2013 (1999-00217-01), 17 de septiembre de 2013 (2012-00537-01), 12 de febrero de 2015 (2014-00747-
01), 12 de marzo de 2015 (2014-01352-01), 7 de septiembre de 2015 (2015-01676-00), 7 de septiembre de
2015 (2010-00178-01), 7 de septiembre de 2015 (2013-00035-01), 2 de mayo de 2016 (2014-00069-01), 5
de septiembre de 2016 (2016-00587-01), 24 de octubre de 2016 (2016-01722-01), 10 de noviembre de 2016
(2010-00115-01), 30 de marzo de 2017 (2014-01449-01), 12 de octubre de 2017 (2010-01922-01), 7 de
diciembre de 2017 (2017-01395-01), 30 de agosto de 2018 (2017-01976-91), 30 de agosto de 2018 (2017-
01976-91), 30 de agosto de 2018 (2017-01976-91), 12 de septiembre de 2019 (2010-00238-01), 30 de julio
de 2020 (2019-04842-01), 20 de agosto de 2020 (2019-01816-01) y 30 de abril de 2021 (2020-04068-01).
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
2.2. De las contestaciones de la acción de tutela
2.2.1. Ministerio de Defensa
La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de
Defensa solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela por
improcedentes. En concreto, manifestó que “[…] la acción de tutela no tiene
vocación de prosperidad ya que los fundamentos de derecho esbozados en
la sentencia [objeto de discusión], para decidir sobre los requisitos para
contabilizar la caducidad en delitos de lesa humanidad, se encuentran
ajustados a los parámetros de convencionalidad y derechos humanos, sin
que se encuentre que ha vulnerado derecho fundamental alguno […]”.
2.2.2. El Tribunal Administrativo de Casanare solicitó negar el amparo
deprecado en razón a que su decisión “[…] se ajust[a] al ordenamiento, a
los lineamientos jurisprudenciales y est[á] sustentad[a] en las pruebas
allegadas al proceso, lo que desvirtúa la presunta vulneración de los
derechos aducidos por la parte tutelante […]”.
III.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo de 26 de abril de 2022, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado: (i) declaró la falta de legitimación en
la causa por activa del abogado Rafael Alberto Gaitán Gómez para pedir la
protección de los derechos fundamentales de Nicolás Achagua, Marcela
Josefa Cediel Villalobos, Diana Alejandra Achagua Cediel y Dora Cecilia,
Nicolás, Clarisa, Yojana, Sofía, Tirso y Juan Carlos Achagua Forero, toda vez
que no allegó los poderes por ellos otorgados; y (ii) negó el amparo de los
derechos fundamentales invocados por Dora Cecilia Forero de Achagua, de
conformidad con lo siguiente:
“[…] En el caso sub examine la demandante sostiene que la decisión reprochada
adolece de desconocimiento del precedente, comoquiera que desatendió el
criterio de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, vigente para la fecha
en que presentó la demanda, consistente en que en los casos de lesa humanidad
no operaba la caducidad; para aplicar «[...] la sentencia de unificación [de 29 de
enero de 2020], [...] [a pesar de que el litigio lo promovió] con anterioridad a su
emisión».
[…]
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
La Sala evidencia que el argumento de la actora, consistente en que se inobservó
el criterio de que la caducidad no opera en las demandas de reparación directa
relacionadas con graves violaciones de derechos humanos, carece de asidero
jurídico, pues, aunque al momento en que la promovió (2015) existía disparidad
al respecto, lo cierto es que, se reitera, esa discrepancia fue zanjada mediante la
mencionada sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, la cual constituye
el precedente vigente y vinculante de esta Corporación en la materia, en la que
se determinó que los medios de control de reparación directa sobre esos asuntos
debían incoarse dentro de los 2 años siguientes a la ocurrencia del hecho dañoso,
salvo que se evidenciaran circunstancias que le impidieran a los demandantes
instaurarlos en ese lapso, lo cual no ocurrió en el asunto sub judice.
Ahora bien, de las pruebas allegadas al expediente se desprende que la
accionante, junto con su familia, (i) en los hechos 15, 16 y 17 del escrito
introductorio sostuvo que el 18 de diciembre de 2007 el señor Leonardo Achagua
Forero (q. e. p. d.) le dijo a su pareja que iría con un amigo a Aguazul, sin
embargo, ella no tuvo noticias suyas, sino hasta el 22 de los mismos mes y año
cuando se le informó que en el cementerio de Tauramena se habían encontrado
tres cadáveres, por lo cual ese día se dirigió a dicho lugar, donde reconoció que
uno de aquellos correspondía al del señor Achagua Forero, y, posteriormente, se
tuvo conocimiento de que al parecer él había sido asesinado por supuestos
miembros del Ejército Nacional en un enfrentamiento armado en la vereda
Chitamena de Tauramena […].
[…]
En ese orden de ideas, como la demandante supo que el homicidio del señor
Leonardo Achagua Forero (q. e. p. d.) ocurrió en diciembre de 2007 y que lo
perpetraron presuntos agentes del Estado, debió endilgarle responsabilidad
extracontractual a la administración, mediante demanda de reparación directa,
dentro de los 2 años siguientes a ese hecho, pero no lo hizo, pues hasta el 2015
la presentó, plazo que imponía declarar probada la excepción de caducidad, como
lo determinaron las autoridades demandadas.
Así las cosas, se concluye que la providencia censurada no adolece de
desconocimiento del precedente, por el contrario, en la providencia acusada se
atendió la postura del Consejo de Estado fijada en la sentencia de unificación de
29 de enero de 2020, la cual contiene el criterio vigente de esta Corporación
sobre la materia […]”.
IV. IMPUGNACIÓN
El abogado Rafael Alberto Gaitán Gómez, quien en primera instancia “solo
adosó el mandato judicial a él conferido por la señora Dora Cecilia Forero
de Achagua”, impugnó el fallo de primera instancia argumentando lo
siguiente:
“[…] la sentencia de tutela de primera instancia no consideró las sentencias
proferidas por la sección Segunda, Subsección A del 30 de Julio dentro de la acción
de tutela que cursó con radicado 11001-03-15-000-2019-04842-011 y 20 de
agosto, respectivamente, así mismo, las proferidas por la Subsección B de la misma
Sección con radicado No. 11001-03-15-000-2020-04068-013, 11001-03-15-000-
2021-00097-014, conforme a las cuales se puede verificar que respecto de la
sentencia de septiembre 16 de 2021 del Tribunal Administrativo de Casanare sí se
cumplen los requisitos de procedibilidad y las causas especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular, por defecto fáctico
por indebida valoración probatoria y defecto material o sustantivo, por violación al
precedente horizontal y vertical, así como por desconocimiento de los precedentes
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
vinculantes que señalan el carácter de fundamental de que goza el derecho al
acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral, según
los argumentos expuestos desde la demanda, nuestro escrito de impugnación y los
memoriales de coadyuvancia de los terceros intervinientes.
Más grave aún resulta, que el juez constitucional de instancia en su decisión, al
igual que las decisiones judiciales que decretan caducidad de las acciones de
reparación directa en casos derivados de delitos de lesa humanidad, han
desconocido la voluntad del legislador […]”.
Finalmente, agregó que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado “desconoció y evitó analizar la posición del bloque de
convencionalidad”, para lo cual refirió las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Órdenes Guerra y otros
vs. Chile” y “Familia Julien Grisones vs Argentina”.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
Conforme a lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del
Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta
Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. El 9 de septiembre de 2015 DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA,
NICOLÁS ACHAGUA, MARCELA JOSEFA CEDIEL VILLALOBOS, en nombre
propio y en representación de su hija menor DANIA ALEJANDRA ACHAGUA
CEDIEL, DORA CECILIA ACHAGUA FORERO, NICOLÁS ACHAGUA FORERO,
CLARISA ACHAGUA FORERO, YOJAINA ACHAGUA FORERO, SOFÍA
ACHAGUA FORERO, TIRSO ACHAGUA FORERO y JUAN CARLOS ACHAGUA
FORERO, promovieron el medio de control de reparación directa en contra
de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
(expediente con radicado número 85001-33-33-001-2015-00414-01),
con el propósito de que se le declarara responsable de los perjuicios
producidos por “la retención ilegal, tortura, tratos denigrantes,
desaparición forzada, ejecución extrajudicial u homicidio de Leonardo
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
Achagua Forero, en hechos ocurridos el 19 de diciembre de 2007”, y se
ordenara la correspondiente compensación monetaria.
En esta demanda de reparación directa, y como fundamento de derecho
de sus pretensiones, los accionantes solicitaron la aplicación del principio
de convencionalidad e invocaron expresamente varios pronunciamientos
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que se habrían
resuelto casos análogos o semejantes al planteado.
5.2.2. El Juzgado Administrativo de Descongestión de Yopal, con
sentencia de 10 de diciembre de 2020, declaró probada la excepción de
caducidad.
5.2.3. La anterior decisión fue apelada por la parte actora y el estudio del
recurso de apelación correspondió al Tribunal Administrativo de Casanare
que, mediante sentencia de 16 de septiembre de 2021, confirmó la
determinación recurrida, luego de inferir, a partir de los hechos expuestos
en la demanda, que el conocimiento de la participación del Ejército
Nacional en la muerte de Leonardo Achagua se concretó los días
siguientes a ese hecho, a finales de diciembre del año 2007, cuando se
realizó el reconocimiento del cadáver.
En la providencia cuestionada el tribunal indicó que aplicaba el criterio de
unificación contenido en la sentencia de 29 de enero de 2020, radicación
85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), proferida por la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que se fijó en los siguientes
términos:
“[…] UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro
asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al
Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el término
para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la
desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando
los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión
del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y
iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley. […]”.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
5.2.4. Inconforme con la decisión dictada por el tribunal, la parte actora
interpuso la presente acción de amparo, invocando como derechos
fundamentales vulnerados la igualdad, el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la reparación integral.
De forma concreta, atacó la sentencia del tribunal con los defectos: (i)
procedimental absoluto; (ii) fáctico, por indebida valoración probatoria;
(iii) sustantivo, por interpretación de la ley, contraria a la Constitución y
al bloque de constitucionalidad; (iv) desconocimiento del precedente
jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la
Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia;
y (v) error inducido.
Los reparos expuestos por la parte actora se concentraron, por un lado,
en discutir la inaplicación de la regla de caducidad prevista en la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020, y por el otro, como opción
subsidiaria, en buscar la aplicación del criterio de unificación desde del
momento en que se habría enterado de sus derechos y de la posibilidad
de demandar al Estado.
5.2.5. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia de abril 26 de 2022, decidió negar el amparo solicitado
por la actora, al considerar que no se configuraba el desconocimiento del
precedente judicial, comoquiera que el tribunal atendió “el precedente
vigente y vinculante de esta Corporación en la materia”.
5.2.6. La parte actora presentó impugnación en contra del fallo de tutela
de primera instancia.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
5.3.1.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
En ese orden de ideas, la Sala analizará entonces si se cumplen los
requisitos generales fijados por la jurisprudencia constitucional para la
procedencia de la acción de tutela formulada por la parte actora en contra
de la sentencia de 16 de septiembre de 2021, por medio del cual el
Tribunal Administrativo de Casanare confirmó el fallo de 10 de diciembre
de 2020, con el cual el Juzgado Administrativo de Descongestión de Yopal
declaró probada la excepción de caducidad en el proceso de reparación
directa que promovieron contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Ejército Nacional (expediente 85001-33-33-001-2015-00414-01).
5.3.1.1.1 Frente al requisito general de relevancia constitucional
en controversias relacionadas con delitos de lesa humanidad:
En primer lugar es importante recordar que la parte actora reclamó la
responsabilidad del Estado, derivada de “la retención ilegal, tortura, tratos
denigrantes, desaparición forzada, ejecución extrajudicial u homicidio de
Leonardo Achagua Forero, en hechos ocurridos el 19 de diciembre de
2007”, en la vereda Chitamena del municipio de Tauramena, Casanare,
en los que presuntamente participaron miembros del Ejército Nacional,
hechos que, en su consideración, constituyen delitos de lesa humanidad,
circunstancia que no alcanzó a ser objeto de análisis en la sentencia
acusada, que se limitó a confirmar la decisión que declaró probada la
excepción de caducidad de la acción de reparación directa, con lo cual el
tribunal accionado habría incurrido en la violación de derechos y garantías
constitucionales.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera importante traer a
colación el concepto de delito de lesa humanidad, precisado en forma
reiterada por la Corte Suprema de Justicia3, así:
3
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Auto de 21 de septiembre de 2009, expediente 32022.
Igualmente véase: sentencia de 3 de diciembre de 2009, expediente 32672 caso Salvador Arana; auto de 13
de mayo de 2010, expediente 33118 caso Masacre de Segovia y auto de 16 de diciembre de 2010, expediente
33039.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
“Cuando nos referimos a los crímenes de lesa humanidad, hablamos de
infracciones graves al derecho internacional de los derechos humanos,
que ofenden la conciencia ética de la humanidad y niegan la vigencia de
las normas indispensables para la coexistencia humana. En ese sentido, el
efecto del delito de lesa humanidad tiene dos dimensiones: por un lado inflige un
daño directo a un grupo de personas o a un colectivo con características étnicas,
religiosas o políticas y, por otro lado, causa un daño por la vía de la
representación a toda la humanidad. En la segunda dimensión, la naturaleza
del acto lesivo es de tal magnitud, que la humanidad se hace una representación
del daño, evocando el dolor y el sufrimiento que provocaron dicho tipo de actos
a otros seres humanos, presumiéndose que esos hechos socavan la dignidad
misma de los individuos por la sola circunstancia de ejecutarse a pesar
de que no estén involucrados directamente los nacionales de otros
países. Así entonces, el daño que produce el delito de lesa humanidad se
traslada, por representación, a toda la comunidad internacional, constituyéndose
en el límite de lo soportable para la humanidad y el ser humano”. (Subrayado
fuera de texto).
De conformidad con lo anterior, se puede advertir que, cuando nos
encontramos frente a la posible comisión de delitos de lesa humanidad, y
sus graves consecuencias, existe una relación directa con la vulneración
de las garantías constitucionales representadas en los derechos
fundamentales a la vida y dignidad humana.
Así, es claro para la Sala que, en los eventos en los que los actores
aleguen la posible violación de derechos fundamentales derivada de
providencias judiciales que decidieron procesos sobre hechos
eventualmente constitutivos de delitos de lesa humanidad, como ocurre
en el presente caso con la muerte del señor Leonardo Achagua Forero,
presuntamente a manos de miembros de la fuerza pública, tales hechos
merecen un análisis detallado por parte de los jueces constitucionales,
puesto que es evidente su relevancia constitucional, al tratarse de hechos
relacionados con el conflicto armado que por años ha padecido nuestro
país, en el que han resultado afectados civiles en estado de indefensión.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el presente caso,
aparece cumplido el requisito de la relevancia constitucional, en tanto que
lo que se debate es la posible responsabilidad del Estado como
consecuencia de la ocurrencia de hechos graves, posiblemente
constitutivos de delitos de lesa humanidad, evento que sin duda podría
comprometer derechos fundamentales, por lo cual la controversia
planteada no se reduce a una discusión de mera legalidad, ni tampoco
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
podría afirmarse que se pretende emplear la tutela como una instancia
adicional a las del proceso ordinario.
Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta que la parte actora
argumentó la posible vulneración del derecho fundamental al debido
proceso a partir de la vía de hecho en que habría incurrido la sentencia
del tribunal que confirmó el fallo que declaró probada la excepción de
caducidad de la acción de reparación directa, decisión que, sin duda
alguna, tendría la virtualidad de afectar el derecho de acceso a la
administración de justicia, garantía que hace parte del núcleo esencial4
del derecho invocado por la parte actora, puesto que se está impidiendo
la existencia de una sentencia de fondo que resuelva el caso planteado.
Por último, es importante señalar que los demás requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5 se
encuentran acreditados en el presente caso, en atención a que se advierte
una posible vulneración de derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso, acceso a la administración de justicia y reparación integral, como
consecuencia de la declaratoria de caducidad de la acción en un caso que
involucra hechos posiblemente constitutivos de delitos de lesa
humanidad; igualmente aparece acreditada una posible vulneración del
derecho a una vida digna, que es precisamente el que deriva de la
eventual conducta de la autoridad pública cuando, dentro del contexto del
conflicto armado, se le atribuye una conducta constitutiva de delito de
lesa humanidad que afecta todo el entorno familiar, y tal atribución no es
reconocida en la providencia que se ataca.
4
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso
está integrado por las siguientes garantías mínimas: i) el principio de legalidad; ii) el principio del juez natural;
iii) el derecho a la observancia de las formas propias de cada juicio; iv) el principio de favorabilidad; v) el
derecho a la presunción de inocencia; vi) el derecho a la defensa; vii) derecho a la publicidad de las actuaciones
procesales y la no dilatación injustificada de las mismas; viii) el derecho a presentar y controvertir pruebas;
ix) el derecho a impugnar las providencias; x) el principio de non reformatio in pejus; xi) el derecho a no
declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o ciertos parientes; xii) el principio de
independencia judicial; xiii) el derecho de acceso a la administración de justicia. Corte Constitucional,
Sentencia T-248 de 2018 (M. P. Carlos Bernal Pulido).
5
Los presupuestos generales y especiales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales fueron
sistematizados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño),
postura luego acogida por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado mediante sentencia de 31 de julio
de 2012 (C. P. María Elizabeth García González), expediente 11001-03-15- 2009-01328-01, a partir de la cual
se aceptó por este tribunal la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
Y si bien podría advertirse que, como quiera que se trata de una sentencia
que no se pronuncia de fondo, sería procedente invocar la falta de
subsidiariedad por la presencia del recurso extraordinario de revisión, lo
cierto es que la Corte Constitucional ha admitido tal recurso cuando el
derecho presuntamente vulnerado es el del debido proceso,
exclusivamente, y no cuando se trata de otros derechos fundamentales
sustanciales, como lo son el de la vida digna y el de la reparación integral
en cabeza de personas afectadas por el conflicto armado, que, en tal
condición, se encuentran en evidente estado de vulnerabilidad.
Así, y como se explicó supra, estos hechos merecen la especial atención
del juez constitucional, lo que habilita a la Sala para proceder con el
estudio de fondo del amparo solicitado por la parte actora.
5.3.2. Cuestión previa
Antes de entrar a examinar el caso concreto, la Sala considera
indispensable analizar cuáles deben ser los criterios que debe tener en
cuenta el juez al momento de adoptar decisiones en procesos en los que
se debate la responsabilidad del Estado por hechos relacionados con la
posible ocurrencia de delitos de lesa humanidad, lo que, según ha
planteado la jurisprudencia, se proyecta desde el inicio del proceso
judicial, incluyendo la posibilidad de inaplicar, o al menos de hacer
consideraciones particulares frente a las reglas generales sobre caducidad
de la acción, en atención a la especial gravedad de esos hechos y a las
consecuencias que ellos dejan en las víctimas y sus familias, incluyendo
la existencia de dificultades adicionales a las usuales para poder accionar
de manera oportuna.
De conformidad con lo planteado de manera coincidente por la
jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como de la Corte
Constitucional, con el propósito de garantizar los derechos fundamentales
de las víctimas del conflicto armado en Colombia, deberá procederse así:
En primer lugar, y de manera general, es claro para la Sala que los jueces
cuentan con una amplia discrecionalidad para analizar los hechos puestos
en su conocimiento, así como para asignar valor a cada prueba obrante
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
en cada expediente en aplicación del principio de la autonomía e
independencia judicial6, incluyendo en ello las circunstancias que hubieren
determinado la oportunidad en el ejercicio de la acción, lo cual no implica
que cuenten con una discrecionalidad absoluta, dado que, en casos
extremos, el ejercicio de dichas potestades puede llegar a desbordar los
límites que impone el ordenamiento constitucional.
En esta línea, al momento de estudiar los eventos de posibles violaciones
a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, los jueces
deberán analizar si, dentro de la sentencia acusada, se realiza una
interpretación sistemática de la normatividad interna en conjunto con las
disposiciones internacionales aplicables al caso concreto, y en especial en
los cuales exista la posible comisión de delitos de lesa humanidad que,
por su excepcional relevancia jurídica, deben ser estudiados de
conformidad con los postulados de la CIDH.
En ese orden de ideas, el juez a cargo de la decisión de este tipo de
controversias deberá proceder a realizar el control oficioso de
convencionalidad cuando se advierta la posible existencia de delitos de
lesa humanidad que afectan el derecho internacional humanitario y la
responsabilidad que le asiste a los jueces de garantizar el cumplimiento
de los postulados internacionales con el fin de proteger los derechos
fundamentales de las posibles víctimas del conflicto armado, para lo cual
es procedente recordar lo manifestado por la Sala Plena de esta
corporación en sentencia del 29 de junio de 2021 frente al control de
convencionalidad, en los siguientes términos7:
“Ahora bien, con la aprobación y ratificación por parte del Estado colombiano de
la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como el
«Pacto de San José» de 1969 8, se ha introducido en nuestro sistema jurídico el
denominado control de convencionalidad, concepto desarrollado por la Corte IDH
el cual quedó resumido en las consideraciones de la sentencia del 26 de
septiembre de 2006, en el caso Almonacid Arellano y otros vs Chile9.(…)
(…)
6
Corte Constitucional sentencia SU-159 de 2002 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).
7
Consejo de Estado, sentencia de 29 de junio de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-01175-01. Ref:
Control automático de legalidad de fallo con responsabilidad fiscal (C. P. William Hernández Gómez)
8
Cita de cita Colombia aprobó la Convención Americana mediante la Ley 16 de 1972 y aceptó la competencia
contenciosa de la Corte IDH mediante un instrumento de aceptación de fecha 21 de junio de 1985.
9
Cita de cita Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 2006,
serie c, n.° 154, párr. 124, p. 53.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
Lo anterior quiere decir que los jueces colombianos deben «realizar un
examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que
tiene que aplicar a un caso concreto, con los tratados internacionales y
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», lo
cual se fundamenta en los principios del efecto útil de la CADH 10 y del
principio pacta sunt servanda, contenido en el artículo 26 de la Convención
de Viena sobre Derecho de los Tratados, e igualmente en los deberes de respeto
y garantía contenidos en los artículos 1.1 y 2. de la Convención Americana. Sobre
este último artículo, se resalta que consagra la obligación de los Estados Partes
de adecuar su ordenamiento jurídico a los términos de la CADH, lo cual puede
realizarse, ya sea mediante la legislación (en sentido material) o por la
aplicación del control difuso de convencionalidad en la solución de casos
concretos.
En efecto, se destaca que, al igual que ocurre con el control de constitucionalidad
abordado en el acápite anterior, en materia de convencionalidad también existe
un sistema mixto de control, en el que, el de carácter concentrado, es
competencia subsidiaria de la Corte IDH, y con ocasión de este puede declarar la
responsabilidad internacional de los diferentes Estados Partes de la Convención
y ordenar modificaciones a su derecho interno con el fin de adecuarlo a dicha
norma. Por otro lado, el difuso, es el que deben hacer todos los jueces y
autoridades cobijadas por la CADH, cuando inaplican en casos concretos
normas nacionales por ser contrarias a los estándares internacionales
sobre derechos humanos.
De esta manera, la doctrina del control de convencionalidad se ha consolidado en
la jurisprudencia constitucional11 y en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. (…)”
De lo anterior, se puede advertir que los jueces están en la obligación de
realizar el control oficioso de convencionalidad cuando quiera que estén
en presencia de la posible comisión de delitos de lesa humanidad, por
cuanto éstos atentan de manera directa contra el derecho internacional
humanitario. Al respecto, y para dar mayor precisión frente a estos delitos
y la importancia remarcada para su protección, recuérdese que la Corte
Constitucional, en la sentencia C-579 de 2013, señaló lo siguiente:
“(i) Los delitos de lesa humanidad, según la jurisprudencia de esta
Corporación tienen las siguientes características: causar sufrimientos graves a la
víctima o atentar contra su salud mental o física; inscribirse en el marco de un
ataque generalizado y sistemático; estar dirigidos contra miembros de la
población civil y ser cometido por uno o varios motivos discriminatorios
especialmente por razones de orden nacional, político, étnico, racial o religioso 12.
Según el Estatuto de Roma (artículo 7), los delitos de lesa humanidad que deben
ser juzgados en su contexto abarcan: 1. el asesinato, 2. el exterminio, 3. la
esclavitud, 4. la deportación, 5. el traslado forzoso de población, 6. la
encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas
fundamentales de derecho internacional, 7. la tortura, 8. la violación, 9. la
10
Cita de cita Corte IDH, Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs Perú, sentencia
del 24 de noviembre de 2006, serie c, n.° 174, párr. 128, p. 47
11
Cita de cita La postura vigente de la Corte Constitucional acerca del control de convencionalidad se puede
estudiar en las sentencias C-792 de 2014, C-327 de 2016 y C-659 de 2016, entre otras.
12
Cita de cita Cfr. Sentencia C-1076 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández..
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
esclavitud sexual, 10. la prostitución forzada, 11. el embarazo forzado, 12. la
esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad
comparable, 13. la persecución de un grupo o colectividad, 14. desaparición
forzada de personas, 15. el crimen de apartheid; y 15. otros actos inhumanos
de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten
gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, siempre que se
cometan de manera generalizada o sistemática.”
Adicionalmente, este precepto exige que tales conductas sean cometidas como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de dicho ataque, mientras el literal a) del numeral 2 define "ataque
contra una población civil" como una línea de conducta que implique la comisión
múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de
conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese
ataque o para promover esa política”
Al examinar la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Estatuto de Roma
Sentencia C-578 de 2002, la Corte consideró que los delitos de lesa
humanidad son actos inhumanos cometidos como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil, ya sea en tiempo
de guerra externo, conflicto armado interno o paz. Además estableció que
aun cuando originalmente el concepto exigía una conexión con la existencia de
un conflicto armado y la participación de agentes estatales, hoy en día el derecho
penal internacional reconoce que algunas de las conductas incluidas bajo la
categoría de crímenes de lesa humanidad pueden ocurrir fuera de un conflicto
armado y sin la participación estatal”
En estas condiciones, una vez determinado el alcance del control de
convencionalidad en el ordenamiento jurídico interno, la Sala debe
resaltar que, cuando los hechos puestos a conocimiento de los jueces
implican una clara y grave violación de Derechos Humanos, se debe
proceder con la verificación de la posible configuración de actos
constitutivos de delitos de lesa humanidad y examinar si la pretensión
declarativa de responsabilidad del Estado excede el interés particular o
individual de las víctimas de dichos actos y, por ende, reviste una
relevancia jurídica colectiva que involucra a la humanidad en su conjunto
y se enmarca dentro del concepto de grave violación de Derechos
Humanos como acto de lesa humanidad; surge así para el juez la
obligación de pronunciarse, incluso oficiosamente, sobre los hechos
objeto de estudio, atendiendo el contexto histórico y sociológico en el cual
se enmarcan, y en este particular escenario, también sobre las
circunstancias que hubieren podido determinar el ejercicio eventualmente
tardío de la acción.
Así las cosas, y desde esta óptica, el juez deberá evaluar con especial
cuidado si los hechos estudiados implican la declaratoria de
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
responsabilidad del Estado respecto de aquellos daños antijurídicos que
le sean atribuibles, que guarden relación o vínculo con este contexto.
En ese orden de ideas, es importante indicar también que la Corte
Constitucional13 ha señalado que los jueces administrativos, en el
momento de analizar la responsabilidad del Estado en los casos que se
estudie la posible ocurrencia de delitos de lesa humanidad, deben tener
en cuenta que la víctima se encuentra en un grado de mayor dificultad
argumentativa, probatoria, y de ejercicio efectivo de la defensa técnica,
como ocurre con las ejecuciones extrajudiciales o la desaparición forzada;
y, por ende, la rigurosidad en la exigencia del ejercicio oportuno de la
acción, tanto como en los elementos de acreditación de responsabilidad,
debe ceder y atemperarse de manera razonable para hacer posible un
análisis integral de tan graves hechos dentro del contexto histórico,
político, social y económico en que se supone que ellos se enmarcaron.
Por todo lo anterior, se advierte que, en los procesos de reparación directa
en los cuales se esté analizando la posible responsabilidad del Estado por
hechos relacionados con la posible ocurrencia de delitos de lesa
humanidad, deberá el juez realizar: i) el control oficioso de
convencionalidad frente a la presunta violación del derecho internacional
humanitario en cada caso en concreto, y ii) un análisis sobre la caducidad
de la acción y el fundamento de las pretensiones, hechos y pruebas
aducidas que atienda al particular contexto del conflicto armado,
utilizando los parámetros establecidos por la jurisprudencia
constitucional, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales a
la vida digna, dignidad humana, verdad, justicia y la reparación integral.
Por lo tanto, el juez constitucional deberá verificar si en las sentencias
que se acusen dentro del trámite tutelar: i) se encuentra expuesta la
posible comisión de un delito de lesa humanidad, y ii) el juez ordinario, al
momento de validar el oportuno ejercicio de la acción de reparación
directa, tuvo en cuenta los postulados jurisprudenciales dentro del
contexto social de las víctimas, puesto que, en los casos en los cuales no
13
Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2018 (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado)
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
se advierta dicho análisis integral, se podría incurrir en un grave defecto
de las decisiones judiciales, y por ello, resultaría excepcionalmente
procedente el amparo constitucional.
Acorde con el anterior acápite, la Sala procederá a analizar de fondo la
presente acción constitucional, así:
5.3.3. Caso concreto
Una vez revisado el escrito de tutela se puede establecer que la parte
actora considera vulnerados sus derechos fundamentales por las
siguientes razones:
La primera, que el tribunal aplicó el criterio de unificación contenido en la
sentencia de 29 de enero de 2020 de la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, radicación 85001-33-33-002-2014-00144-01
(61.033), pasando por alto que dicho fallo se profirió con posterioridad a
la interposición de la demanda originada en la desaparición y muerte del
señor Achagua Forero.
La segunda, que la sentencia no contabilizó el término de caducidad desde
el momento en que la familia del occiso contó con la posibilidad material
de acceder a la administración de justicia, lo que, según afirmó, ocurrió
en agosto de 2015, puesto que antes de esa fecha no logró asistencia
jurídica y no sabía que podía demandar al Estado.
La tercera y última, que el tribunal habría desconocido el bloque de
constitucionalidad y el precedente nacional e internacional al aplicar el
literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, porque no consideró los
instrumentos internacionales vinculantes para Colombia, que sostienen la
tesis de la imprescriptibilidad de las acciones de reparación (no solo
penales) relacionadas con los daños causados por el Estado por delitos de
lesa humanidad.
Ahora bien, en cuanto al primer reproche planteado, la Sala observa que,
ni el hecho de que la demanda de reparación directa se hubiera
presentado el 9 de septiembre de 2015, esto es, con anterioridad a la
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
fecha en que se dictó la referida sentencia de unificación (enero 29 de
2020), ni la aplicación en este caso del criterio que se fijó en dicho fallo,
constituyen en sí mismos, vulneración de los derechos fundamentales
invocados o desconocimiento del precedente judicial.
Lo anterior por cuanto, de una parte, precisamente lo que hizo esa
providencia de la Sección Tercera de la corporación fue unificar la
diversidad de criterios que existían al respecto y establecer, como órgano
de cierre especializado en la materia, una regla respecto al conteo de la
caducidad en esos casos, regla de derecho que, como es sabido, es de
carácter vinculante en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En tal sentido, es necesario recordar que el máximo tribunal
constitucional14 reconoció que el precedente judicial, al definir reglas
sobre la aplicación de normas en determinados casos, constituye una vía
para dotar de fortaleza y seguridad jurídica a la decisión judicial y,
adicionalmente, señaló15 que el precedente tiene un valor especial en el
sistema de fuentes, como que garantiza la vigencia de un orden justo y
la efectividad de los derechos de las personas. Por ello, el precedente
resulta obligatorio para las autoridades judiciales de instancia, y se aplica
durante todo el tiempo de su vigencia a los casos que en esa época se
decidan, como ciertamente lo coligió el Tribunal Administrativo de
Casanare, al desatar la alzada, como juez natural del proceso.
De otra parte, y aun cuando en el fallo de unificación nada se dijo sobre
sus efectos temporales, lo cierto es que, como todo cambio de precedente
judicial, por regla general este tiene efectos retrospectivos, es decir,
generales e inmediatos frente a los casos aun no resueltos, salvo en
materia penal, en la que está claramente proscrito el carácter retroactivo
o retrospectivo del precedente cuando le es desfavorable al reo, o en otros
eventos en los que se han otorgado otro tipo de efectos, como el
prospectivo, casos en los cuales el Consejo de Estado así lo ha declarado
explícitamente, por ejemplo, cuando lo ha denominado “jurisprudencia
14 Sentencia C-621 de 2015.
15
Sentencia C-284 del 2015.
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
anunciada”16, que se profiere en especial cuando con la nueva providencia
se modifica una posición anterior que ha sido pacífica y ello conlleva
también la modificación del status quo de alguna de las partes en el
proceso.
Respecto del cambio del precedente jurisprudencial y su aplicación en el
tiempo, la Corte Constitucional17 ha señalado:
“el cambio de una determinada posición jurisprudencial por el respectivo órgano
de cierre, implica una modificación en la interpretación jurídica, es decir, del
contenido normativo de determinada disposición y que, en atención al carácter
vinculante general e inmediato del precedente, determina la aplicación judicial -
en el orden horizontal y vertical- del derecho sustancial o procesal, según sea el
caso. Ahora bien, no obstante que la aplicación general e inmediata de un nuevo
precedente fijado por un órgano de cierre de la jurisdicción vincula a la
administración de justicia como una garantía del principio de igualdad, tal regla
general no puede pasar por alto el contenido material de la misma igualdad al
que se hizo referencia anteriormente, y que conduce a que cada situación sea
observada a la luz de las circunstancias particulares”.
Por su parte, esta corporación, en su Sala Plena contenciosa, y con
ocasión de la fijación de un nuevo criterio de unificación, ha señalado lo
siguiente, respecto de la vigencia y obligatoriedad de los nuevos
precedentes y su aplicación en el tiempo en el tiempo:
“[…] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado
aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá
en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se
fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada
que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la
seguridad jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la
Seguridad Social, por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so
pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia. […]18”.
Así las cosas, para esta Sala es claro que la tutela no podría prosperar
frente a esta primera glosa, pues el tribunal accionado no incurrió en
defecto alguno al aplicar a su decisión el precedente unificado vigente
para la fecha de su decisión.
16
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 7 de junio de 2016, Exp.2015-00051-00. “[…] Las
anteriores conclusiones constituyen jurisprudencia anunciada electoral y, por tanto, precedente para la
resolución de futuras controversias electorales. […]”.
17
Sentencia SU-406 de 2016.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2018, radicado número 2012-00143-01 (C. P. César Palomino Cortés).
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
Ahora bien, para resolver lo relacionado con el segundo argumento del
escrito de tutela, la Sala procedió a revisar de manera detallada el
expediente del proceso ordinario, evidenciando que, en la sentencia
acusada, el Tribunal Administrativo de Casanare planteó la valoración
probatoria de la siguiente manera:
“[…] 2.2.3.-Hechos relevantes probados respecto del objeto de debate
El análisis de las piezas procesales y del material probatorio obrante en el proceso
permite establecer lo siguiente, con relación al asunto objeto de apelación:
a.- En la demanda se señalan, entre otras situaciones fácticas, las siguientes:
Ø Leonardo Achagua Forero salió de su casa el 18 de diciembre del año 2007 con
destino al municipio de Aguazul en compañía de un amigo.
Ø El 22 de diciembre, la ciudadana Zuleima Guerrero le informó a Marcela Josefa
Cediel, que era la compañera permanente de Leonardo Achagua Forero, que en
el cementerio de Tauramena había tres cadáveres. Por esta razón acudió a ese
lugar y se percató de que uno de ellos era de Leonardo Achagua Forero.
Se agrega que “los familiares de LEONARDO ACHAGUA FORERO (Q.E.P.D.),
tuvieron conocimiento que al parecer él había sido asesinado en un supuesto
enfrentamiento armado presentado en la vereda Chitamena del municipio de
Tauramena-Casanare en la finca La Dorada de propiedad del ganadero Carlos
Gabriel López Chaparro –conocido como el negro López-“.
Como se observa, en la demanda se confiesa que los demandantes se
enteraron de la ocurrencia de los hechos en el año 2007.
b.- El material probatorio permite inferir que quienes causaron la muerte de
Leonardo Achagua Forero fueron miembros del Ejército Nacional y según informe
obrante en el proceso, ocurrió en desarrollo de la misión táctica Sagitario que tuvo
lugar en 19 de diciembre de 2007 en la vereda Chitamena del municipio de
Tauramena y fueron las autoridades competentes las que realizaron el
levantamiento de cadáver y los demás actos urgentes.
c.- Por los hechos objeto de debate se adelanta proceso penal, el cual aún se
encuentra en etapa investigativa.
2.2.4.- La parte actora en su recurso indicó que el a-quo para emitir la
decisión no tuvo en cuenta ni el contexto social y cultural de la parte actora
ni que en la muerte de Leonardo Achagua Forero participaron militares,
tema sobre el cual es preciso acotar que la caducidad es objetiva y por lo
mismo las circunstancias subjetivas que aduce la parte apelante no varía
su configuración ni es óbice para que los demandantes interpusieran la
demanda dentro del término de los dos años previstos por el legislador.
[…]
En consecuencia, al estar acreditado que la parte actora tuvo conocimiento
de los hechos en el año 2007 y que la demanda la impetró en el año 2015
sin que hubiese existido algún motivo que le hubiera imposibilitado acudir
a la administración de justicia, se confirmará la decisión recurrida. […]”
(Énfasis de la Sala).
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
Como se puede ver, el tribunal no analizó con suficiente profundidad las
pruebas obrantes en el expediente, ni tuvo en cuenta para el análisis de
la caducidad las especiales circunstancias que rodearon el caso, y que,
según lo antes explicado, ameritaban un análisis integral y con el debido
contexto, más allá de la regla que para el caso prevé la norma aplicable
(artículo 164 del CPACA).
Por el contrario, el tribunal accionado soportó su decisión única y
exclusivamente en las afirmaciones presentadas en la demanda en el
acápite de los hechos, de las cuales concluyó que la parte actora conoció
de la participación del Ejército Nacional en la muerte de Leonardo Achagua
Forero, por lo menos, desde finales de diciembre del año 2007, cuando
realizó el reconocimiento del cadáver.
En tal sentido, la Sala observa que el tribunal decidió contabilizar el
término de caducidad de dos años para la presentación del medio de
control de reparación directa desde el momento en que se practicó el
reconocimiento del cadáver del señor Leonardo Achagua Forero.
En efecto, no se observa ningún estudio, con base en las pruebas
aportadas al proceso, sobre el momento en el cual los familiares de
Leonardo Achagua Forero pudieron inferir razonablemente que los
agentes estatales tuvieron alguna injerencia en la muerte y menos en las
condiciones en que, argumentan los accionantes, ella se produjo (falso
positivo) y, en consecuencia, advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad al Estado, esto es, de atribuirle jurídicamente el daño
causado. En igual sentido, se observa que el tribunal tampoco examinó
desde qué fecha tuvieron oportunidad material de ejercer el derecho de
acción, conforme se determinó en las reglas jurisprudenciales definidas
en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.
Sin embargo, esta Sala considera que el tribunal contaba con las pruebas
suficientes a partir de las cuales le era posible deducir razonablemente el
momento desde el cual la parte actora estaba en capacidad de conocer la
participación del Estado en la muerte del señor Leonardo Achagua Forero,
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
contándose entre tales elementos de juicio: (i) el inicio de un proceso
ante la justicia penal militar; (ii) su remisión a la justicia ordinaria; y (iii)
la confesión de uno de los militares investigados por los hechos.
Así, por ejemplo, mediante oficio del 11 de octubre de 2012 (allegado al
presente proceso como parte del expediente de la acción de reparación
directa), la Fiscalía 135 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario solicitó la remisión de la
investigación adelantada por estos hechos contra los militares.
En el transcurso de la investigación la Fiscalía recibió la declaración del
soldado César Augusto Cómbita Eslava, quien admitió su participación en
el delito de homicidio en persona protegida y manifestó su interés de
acogerse a sentencia anticipada. Esa confesión habría sido rendida en el
transcurso del año 2014, según se advierte en la resolución del 30 de
diciembre de 2014, mediante la cual la Fiscalía definió la situación jurídica
del mencionado agente. A continuación, un fragmento de la señalada
declaración del militar Cómbita Eslava:
“[…] PREGUNTADO. ¿Diga si lo recuerda, a qué actividades se dedicaba
usted el 19 de diciembre de 2007? CONTESTO. Yo me encontraba en el
Batallón de Infantería RAMÓN NONATO PÉREZ, ubicado en el municipio
de Tauramena – Casanare. Ese día el subteniente PARADA me informar que el
soldado GABRIEL BONILLA, lo había llamado para informarle que tenía tres
presuntos individuos, al parecer de las autodefensas, en ese momento estábamos
en el Batallón, le digo al Teniente PARADA, que arranque para donde se encuentra
el soldado BONILLA GABRIEL, y verifique lo que le estaba informando vía
telefónica, una vez el Teniente PARADA, llega al municipio de Aguazul me informa
que efectivamente el soldado GABRIEL BONILLA, estaba al parecer con tres
miembros de las autodefensas le doy la orden que cuando vayan a iniciar
movimiento me informe para indicarle el sitio donde debería llegar, le doy la
orden al Soldado ROA PEDRO que arranque para Aguazul en la moto y esté
pendiente del Teniente PARADA, automáticamente voy a la oficina donde se
encontraba el Coronel ACOSTA PARDO HENRY, le informó la situación que se
estaba presentando en ese momento. El coronel ACOSTA, se encontraba con el
Capitán CARDENAS GIL OLIVER, Comandante del grupo especial ARGOS, una vez
autoriza el coronel ACOSTA, los movimientos necesarios, y me ordena realizar la
operación con el grupo especial que se encontraba acantonado en el Batallón, en
ese momento al mando del Cabo Segundo MUÑOZ HERMOSA, cuando salimos de
la oficina el Capitán CARDENAS OLIVER, me dice que ya tiene un sitio listo o
preparado para realizar cualquier actividad que se tuviera en ese momento, le
pregunté que por qué estaba listo, me dijo que días anteriores los muchachos de
él había ido hasta ese sitio o finca y habían hecho un simulacro de extorsión,
por tal motivo está el sitio listo para realizar cualquier evento […] una casa o una
finca y en ese punto es donde se realizaron el montaje de la extorsión,
aproximadamente, siendo las veintiún doble cero horas o nueve de la noche, le
doy la orden al Cabo MUÑOZ, que aliste el grupo especial para ir a desarrollar
una misión táctica, y aproximadamente a las nueve y quince de la noche,
iniciamos el movimiento en búsqueda del sitio donde me había indicado el Capitán
26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
CARDENAS OLIVER […] una vez el Teniente PARADA, llega al sitio de los hechos
emboscamos la camioneta y se procede a bajar los tres miembros al
parecer de las autodefensas, cada grupo coge un individuo y procede a
darle muerte, y posteriormente había un soldado que se encargaba de
crear la escena del hecho. PREGUNTADO. Sírvase decir si los militares que
usted ha mencionado, que anterior a los hechos ordenaron y participaron en la
operación que dio como resultado la muerte de estas tres personas, 19 de
diciembre de 2007. Tenían conocimiento de estos procesos irregulares.
CONTESTO. Si, el coronel ACOSTA PARDO, era el comandante del Batallón y por
tal motivo era el que ordenaba y autorizaba las operaciones que se realizaban en
la jurisdicción, tanto económicamente, como militarmente, ya que él
directamente hacía los pagos de informaciones a los comandantes de pelotón o
compañía que solicitara. El Subteniente PARADA, el soldado ROA y el Soldado
GABRIEL BONILLA siempre trabajaron en producción de búsqueda de información
y mantenía por toda la jurisdicción del Batallón, consiguiendo personas o
ubicando los objetivos, para de una forma u otra llevarlos al sitio donde se iba a
desarrollar la operación. (...) PREGUNTADO. Atendiendo que al interior de la
presente diligencia, usted hizo cargos en contra de terceras personas, o militares
presuntamente involucrados en estos hechos. Sírvase decir si se ratifica bajo la
gravedad del juramento contenida en el artículo 442 del Código Penal (...).
CONTESTO. Si me ratifico bajo la gravedad del juramento. IMPUTACIÓN
JURÍDICA PROVISIONAL: delito contenido en el LIBRO SEGUNDO –
TITULO II- DELITOS CONTRA PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS POR EL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO – CAPITULO ÚNICO
“ARTICULO 135 DEL CÓDIGO PENAL, HOMICIDIO EN PERSONA
PROTEGIDA (...)... En ejercicio al derecho a la defensa que le asiste. Que
tiene para decir frente a los cargos que le hace la Fiscalía. CONTESTO.
Acepto el cargo que se me imputa. 2.- Artículo 340, inciso 2o,
denominado CONCIERTO PARA DELINQUIR. TITULO XII – DELITOS
CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA – CAPÍTULO PRIMERO – DEL
CONCIERTO, EL TERRORISMO, LAS AMENZAS Y LA INSTIGACIÓN
ARTICULADA. (...) CONTESTO. Acepto los cargos. (...) CONTESTO. Acepto
los cargos. (...) Solicito a este despacho se programe fecha para llevar a cabo
diligencia de sentencia anticipada, que es mi deseo acogerme a esa figura,
igualmente que se me tenga en cuenta la rebaja por confesión […]”.
(Énfasis fuera del texto original)
Ahora bien, de vuelta a la caracterización del defecto fáctico que en este
caso se aduce, la Sala recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y de esta corporación, aquél se configura “[…]
cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se estructura, entonces,
siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles
a deficiencias probatorias del proceso. Según esta corporación, el
fundamento de la intervención del juez de tutela por deficiencias
probatorias en el proceso, radica en que, no obstante las amplias
facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el
análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y
racionales […]19.”
La jurisprudencia constitucional ha identificado dos dimensiones en las
cuales es posible que se configure el defecto fáctico, a saber:
a) Una dimensión negativa, que surge cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa,
situación que se presenta cuando: (i) no decreta, ignora o hace
una valoración defectuosa de la prueba, y (ii) sin una razón
válida da por no probado un hecho que emerge claramente.
b) Una dimensión positiva, que se produce cuando: (i) el juez
aprecia pruebas que fueron determinantes en la decisión de la
providencia cuestionada, las cuales no ha debido tener en cuenta
porque, por ejemplo, se recaudaron indebidamente, eran ilegales o
ineptas, o (ii) da por ciertas algunas circunstancias sin que exista
material probatorio que fundamente su decisión.
Bajo los parámetros judiciales anteriores y teniendo en cuenta que los
asuntos fácticos que se debaten en un proceso corresponden a la prueba,
la relevancia y la connotación jurídica de los hechos, el defecto fáctico
puede configurarse cuando: a) se le da relevancia a un hecho jurídico que
resulta irrelevante para la decisión del caso, o por el contrario, se
considera irrelevante el hecho, cuando en uno u otro caso resulta
determinante para la decisión; b) se considera probado un hecho
concreto que en realidad no está probado, ya sea porque no hay
constancia del mismo en el expediente, o porque la prueba se ha
recaudado con violación al debido proceso, o porque lo acreditado en el
proceso no tiene la virtud de prueba de acuerdo con la ley; o por el
contrario, no se considera probado el hecho que en realidad sí lo está, o
se omite indebidamente el decreto o práctica de una prueba, y ésta es
determinante para la decisión a tomar, y c) cuando a un hecho concreto
debidamente probado, se le da una connotación jurídica que no le
corresponde, o no estando probado se connota jurídicamente.
19
Cfr. entre muchas otras la sentencia T-582 de 2016 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
28
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
En todo caso, para que se verifique la existencia de este defecto, el error
ha de ser flagrante y manifiesto y debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la evaluación fáctica del juez natural que ordinariamente
conoce de un asunto, ya que con ello invadiría la órbita de la competencia
y la autonomía de que son titulares los jueces ordinarios.
En ese orden de ideas, se evidencia que el tribunal accionado, al momento
de dictar la sentencia acusada, no analizó las pruebas obrantes dentro del
expediente, ni tuvo en cuenta la especial forma de valoración de las
pruebas que debe aplicarse cuando el juez se enfrenta a un proceso de
reparación directa en el cual los actores denuncian haber sido víctimas de
delitos de lesa humanidad con ocasión del conflicto armado, por cuanto,
al respaldar su decisión para determinar el momento de inicio del término
de caducidad, únicamente con lo dicho en los hechos de la demanda sobre
la fecha de la muerte y sin tener en cuenta la dificultad del accionante
para establecer las circunstancias en que ella ocurrió, se desentendería
de la realidad por la que ha atravesado nuestro país por tantos años, y,
en consecuencia, vulneraría los derechos fundamentales de las víctimas.
De todo lo expuesto, la Sala advierte claramente que el Tribunal
Administrativo de Casanare incurrió en un defecto fáctico al no valorar
las pruebas obrantes dentro del expediente para definir el momento desde
el cual debía contabilizarse la caducidad del medio de control de
reparación directa, teniendo para estos efectos los derroteros indicados
por la sentencia de unificación de la sección tercera. Así, pese a que el
tribunal hizo mención a la tesis unificada vigente para ese momento, de
cara al análisis probatorio no aplicó adecuadamente el parámetro allí
definido, dado que determinó que el término empezó a correr cuando la
víctima fue hallada sin vida en el cementerio del municipio de Tauramena,
se insiste, con la sola narración de los hechos expuestos en la demanda
ordinaria, y sin tener en cuenta que en ese momento era imposible
determinar las condiciones en las cuales se había producido el
fallecimiento.
29
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
De otra parte, para responder al tercer y último motivo del recurso de
amparo, la Sala destaca que, de la lectura de la sentencia dictada en
segunda instancia para resolver el proceso de reparación directa, no se
advierte que el tribunal accionado hubiera realizado el control de
convencionalidad teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que aquí
se estudian, incurriendo de esta manera en un defecto sustantivo, por
cuanto prescindió de las disposiciones internacionales contenidas en
tratados ratificados por Colombia, y en tal medida reconocidas como
vigentes en el país, que eran necesarias para efectuar una interpretación
sistemática de la normatividad aplicable al presente caso.
Desde la formulación del problema jurídico y en la exposición de las
consideraciones generales, el tribunal simplemente se remitió a la norma
sobre caducidad y al fallo de unificación a la que se ha hecho mención:
“[…] 2.- PROBLEMA JURÍDICO
El análisis de la demanda, su respuesta, la sentencia de primera instancia, el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora y los alegatos de conclusión
permiten establecer que el problema jurídico a dilucidar en el presente caso
consiste en establecer si hay lugar a revocar el fallo recurrido y en su lugar
estudiar de fondo el asunto, por las razones indicadas por la parte actora en el
recurso de apelación; o si debe confirmarse por estar configurada la caducidad
del medio de control.
Para resolverlo es necesario considerar lo siguiente:
2.1.- DE LA CADUCIDAD
2.1.1.- Oportunidad para incoar la acción de reparación directa,
El literal i, del numeral 2, del artículo 164 del CPACA prevé:
[…]
2.1.2.- El Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, en sentencia de
unificación emitida el 29 de enero de 2020, proferida dentro de la radicación 33-
33-002-2014-00144-01 (61.033), unificó lo relacionado con la caducidad del
medio de control de reparación directa cuando se trate de delitos relacionados
con crímenes de guerra, en los siguientes términos:
[…]
De lo anterior se deduce que en casos de desaparición forzada se continúa
aplicando la regla prevista en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, que se
transcribió en precedencia.
Debe acotarse que según consulta hecha en la página web del Consejo de Estado,
la nulidad de la sentencia propuesta, fue rechazada mediante auto del 18 de
mayo de 2020.[…]”.
30
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
Como se puede observar de los fragmentos transcritos, el tribunal pasó
por alto realizar el control oficioso de convencionalidad frente a la
gravedad de los hechos que fueron puestos en su conocimiento y, más
aún, cuando era evidente la ocurrencia de un delito de lesa humanidad.
En consecuencia, la responsabilidad del Estado debía analizarse teniendo
en cuenta que, según se derivaría del material probatorio recaudado
dentro del precedente proceso de reparación directa, el daño antijurídico
habría sido causado por miembros del Ejército Nacional, razón suficiente
para hacer necesario realizar una interpretación sistemática de la
normatividad interna en conjunto con las disposiciones internacionales
aplicables al caso concreto, que, por su excepcional relevancia jurídica,
debía incluir los postulados de la CIDH.
Si bien el tribunal accionado no hizo mención expresa a los instrumentos
internacionales invocados por la parte actora, ante el convencimiento
indefectible de basar su decisión en la postura unificada de la Sección
Tercera de esta corporación sobre la materia en discusión, lo cierto es que
nada le impedía su estudio, respaldado por los principios de autonomía e
independencia judicial que rigen las actuaciones de los jueces de la
República, los cuales están reconocidos a nivel constitucional, y, por el
contrario, se veía especialmente obligado a ello cuando dichos estándares
internacionales fueron también parte del recurso de apelación presentado
el 15 de enero de 2021 (expediente digital de primera instancia) contra
el fallo de 10 de diciembre de 2020 del Juzgado Administrativo de
Descongestión de Yopal, y de los alegatos de conclusión allegados el 21
de julio de 2021 (expediente digital de segunda instancia).
No obstante lo dicho, que para el caso resulta suficiente para amparar los
derechos fundamentales que derivan de esta acción, observa la Sala de
otro lado, y en lo que tiene que ver con las providencias proferidas a nivel
interno y alegadas como desconocidas, que debe aclararse que la mayoría
de ellas fueron dictadas con anterioridad a la sentencia de unificación del
29 de enero de 2020, por lo que no constituían precedente judicial
aplicable al caso concreto.
31
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
De igual forma, es necesario precisar que la providencia del 19 de marzo
de 2020, radicado 45110, no fue dictada en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, sino en la ordinaria, pues fue emitida por la
Corte Suprema de Justicia y, por ende, tampoco constituye precedente
aplicable al caso concreto.
Finalmente, en relación con las sentencias de tutela de 30 de julio de
2020, expediente 2019-04842-01, y del 20 de agosto de 2020, radicado
2020-01816-01, dictadas por el Consejo de Estado, la Sala advierte,
primero, que sus efectos son inter partes; y segundo, que en esas
oportunidades las providencias objeto de análisis fueron proferidas antes
de la varias veces referida sentencia de unificación de la Sección Tercera
de esta corporación sobre la materia.
5.4. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la violación
de los derechos fundamentales invocados en esta acción de tutela, pues,
pese a haber sido así solicitado, el tribunal accionado no efectuó el control
oficioso de convencionalidad, así como tampoco realizó análisis alguno de
las pruebas obrantes dentro del expediente frente a la gravedad de los
delitos de lesa humanidad de que fue víctima Leonardo Achagua Forero
(q.e.p.d), como quiera que, para establecer el momento desde el cual la
parte actora conoció o debió conocer de la participación de los miembros
del Ejército Nacional en la muerte de Leonardo, y consecuentemente,
advirtió la posibilidad de imputarle al Estado la responsabilidad, se limitó
a lo que resultaba de la narración de los hechos contenida en la demanda
ordinaria de reparación directa, sobre la fecha en que se conoció la
muerte, más no sus circunstancias y posibles autores.
En ese orden de ideas, al decidir en segunda instancia esta acción de
tutela, la Sala revocará el numeral segundo de la sentencia de primera
instancia, en cuanto denegó el amparo solicitado, y en su lugar
concederá la tutela de los derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso, acceso a la administración de justicia, reparación integral y vida
digna de la señora DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA.
32
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
Como consecuencia de ello, dejará sin efectos la sentencia de segunda
instancia dictada el 16 de septiembre de 2021, por el Tribunal
Administrativo de Casanare, dentro del proceso de reparación directa
promovido por la actora en tutela y otros miembros de su familia, y
ordenará a ese despacho judicial dictar una nueva providencia en la que
tenga en cuenta las consideraciones jurídicas expuestas en este fallo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia de 26 de abril
de 2022, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
SEGUNDO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia,
reparación integral y vida digna de DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA.
TERCERO: DEJAR sin efectos la sentencia de segunda instancia dictada
el 16 de septiembre de 2021, por el Tribunal Administrativo de Casanare,
dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado
número 85001-33-33-001-2015-00414-01.
CUARTO: ORDENAR a ese despacho judicial que, en un término no
superior a cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, dicte una nueva providencia en la que tenga en cuenta las
consideraciones jurídicas expuestas en este fallo.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más
expedito y eficaz esta decisión.
33
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01
Demandante: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Con salvamento de voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Con salvamento de voto
SERGIO GONZÁLEZ REY
Conjuez
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
34
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.