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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03828-00

Fecha
13 de septiembre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03828-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Robert Smith Zapata y 12 Radicación: 11001-03-15-000-2024-03828-00 Solicitante: Roberto Zapata Isaza y otros Acción de tutela – sentencia de primera instancia otros contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral de Medellín . SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03828-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

13 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03828-00

Accionante: ROBERTH SMITH ZAPATA Y OTROS

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. TUTELA-
Legitimación en la causa por activa.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Robert Smith Zapata y otros contra
el Tribunal Administrativo Antioquia.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 24 de julio de 2024 los señores Robert Smith Zapata Isaza, Alba Nelly Zapata
Isaza, Alirio de Jesús Zapata Isaza, Álvaro Smith Zapata Isaza, Amparo de Jesús
Isaza Arango, Denis Aliria Zapata Isaza, Fredy León Zapata Isaza, Juan Felipe
Zapata García, María Elena Zapata Isaza, María Fernanda Jaramillo Zapata, Rubén
Darío Zapata Isaza, Sergio Arley Zapata Isaza, Zereth Yecencia García Roca y
Paulina Zapata García, a través de apoderado, interpusieron acción de tutela con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia que alegó vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Antioquia-Sección Segunda y el Juzgado Veintinueve
Administrativo de Medellín, al proferir los autos del 31 de enero de 2024 y del 7 de

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diciembre de 2022, en el marco del proceso de reparación directa1 que interpusieron
contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.

En virtud del amparo, solicitan que los derechos alegados sean tutelados y «Se
ordene al accionado Sección Segunda de Oralidad del Tribunal Contencioso
Administrativo de Antioquia anular la decisión proferida el 31 de enero de 2024, en
consecuencia, se proceda a proferir nueva decisión conforme a las normas
aplicables al caso, así como respetando los parámetros jurisprudenciales trazados
en los casos de responsabilidad administrativa por la muerte extrajudicial, incluyendo
para el efecto, lo dicho por la CIDH; en tal efecto, que se ordene a la Sección
Segunda de Oralidad del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia a revocar
la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado 29 Administrativo del Circuito
de Medellín y por tanto, se admita el medio de control puesto en conocimiento de la
jurisdicción contencioso administrativa.»

2. Hechos relevantes

Los accionantes instauraron el medio de control de reparación directa contra de la
Nación–Ministerio de Defensa–Ejército Nacional, con el fin de reclamar los perjuicios
derivados por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de la que fue víctima
su familiar Giovany Andrés Zapata Isaza, acaecida el día veinte de septiembre de
2008.

El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Veintinueve Administrativo
de Medellín que, por auto del 7 de mayo de 2022 rechazó la demanda porque había
operado la caducidad de la acción, debido q que los demandantes conocieron de los
hechos objeto del medio de control desde el 11 de agosto de 2009 y no existieron
circunstancias que obstaculizaran el ejercicio de su derecho. Estimó que de los
hechos en que se fundamentó la acción no se desprende que se trate de un delito
de lesa humanidad, de ahí que solo se hubiera tenido hasta el 12 de agosto de 2011
para radicar la demanda, y la misma se presentó el 16 de noviembre de 2022.

1
Identificado con Rad. n°. 05001-33-33-029-2022-00559-00/01

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Solicitante: Roberto Zapata Isaza y otros
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Inconformes con la decisión los accionantes interpusieron recurso de apelación. El
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 31 de enero de 2024
confirmó la decisión de primera instancia. Señaló que si bien en este caso se está
ante un delito de lesa humanidad, operó el fenómeno de la caducidad toda vez que
desde el año 2009 los familiares de la víctima tuvieron conocimiento de su deceso a
manos de un miembro del ejército. Adujeron que como el 11 de agosto de 2009 se
identificó el cuerpo del señor Geovanny Andrés Zapata, los familiares contaban con
dos años para interponer la demanda, esto es, hasta el 11 de agosto de 2011, sin
embargo, la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó hasta el 4 de agosto de
2022, cuando ya había operado la caducidad.

3. Fundamentos de la solicitud

Los solicitantes sostienen que las providencias reprochadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados, pues incurrieron en defecto fáctico, desconocimiento del
precedente y violación directa a la Constitución. Consideran que conforme al criterio
jurisprudencial del Consejo de Estado, en el caso bajo estudio no se puede aplicar
la caducidad de la acción en la medida que se trata de un crimen de lesa humanidad
y con el ejercicio de la acción se pretende la reparación de los daños imputables al
Estado y la búsqueda de la verdad, justicia, reparación. Además que al aplicar la
prescripción o caducidad a este tipo de acciones se les impide a las víctimas de la
«barbarie» que accedan materialmente a la justicia para hacer efectivos sus
derechos.

Indicaron que la autoridad les está imponiendo una carga excesiva al acudir a la vía
contenciosa en un término específico, pues no tuvo en cuenta que la justicia penal
militar ni siquiera ha determinado quienes son las personas responsables del delito,
por ello, se está trasladando la omisión del Estado a los administrados, al obligarlos
a acudir a un proceso cuando no contaban con las herramientas probatorias y
jurídicas para tal fin, ya que hasta el 17 de junio de 2021 tuvieron conocimiento de
que el personal militar presuntamente responsables de los hechos se sometieron a
la Justicia Especial para la Paz-JEP, por ello, hasta esa fecha iniciaron la demanda.

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Solicitante: Roberto Zapata Isaza y otros
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Esgrimieron que se desconoció la sentencia de tutela2 que dictó la Sección Primera
del Consejo de Estado el 29 de septiembre de 2022, al fallar un caso similar al de los
accionantes, en la cual se ampararon los derechos de los solicitantes con ocasión
de un falso positivo y se advirtió que el cómputo de término de la caducidad de la
acción debe realizarse desde el momento en que efectivamente las víctimas tuvieron
conocimiento del perpetrador del delito.

Por último, señalaron que las providencias reprochadas incurrieron en violación
directa de la Constitución toda vez que el hecho que se puso en conocimiento de la
justicia contenciosa administrativa se trataba de un crimen de lesa humanidad, tal
como incluso lo aceptó el Tribunal al resolver el recurso de apelación, por ello, al
aplicarle el término de caducidad de 2 años, se genera una violación a los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, al impedir que las víctimas puedan ver resarcidos sus derechos, al
imponerles una carga excesiva y obligarlos a demandar cuando no tenían el
conocimiento de qué persona fue la encargada de asesinar a su familiar.

4. Trámite procesal

El 31 de julio de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a las
autoridades judiciales accionadas, así como a la Nación-Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional en calidad de tercero con interés y se requirió a la doctora Laura
Isabel Naranjo Salazar para que allegue el poder que le acredita como apoderada
de Paulina Zapata García. También se comunicó la decisión a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

El Juzgado Veintinueve Administrativo de Medellín, al oponerse al amparo, se refirió
a los argumentos expuestos en la providencia reprochada y señaló que en el proceso
no se demostró que los hechos que fundamentaron la acción se dieron con ocasión
del conflicto armado o por un ataque directo o indirecto contra la población civil, por
ello, no se trató de un ataque generalizado o sistemático con fines bélicos que
constituya un delito de lesa humanidad.

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Radicado nº. 11001-03-15-000-2022- 01814-01

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Solicitante: Roberto Zapata Isaza y otros
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Adujo que la solicitud de tutela es improcedente pues los accionantes pretenden
usarla como una instancia adicional al proceso ordinario, además no se vulneraron
los derechos alegados. Además, que la providencia reprochada se profirió conforme
las normas aplicables y según el criterio jurisprudencial vigente.

El Tribunal Administrativo de Antioquia envío copia digital del expediente ordinario,
sin embargo, guardó silencio respecto de la solicitud de tutela.

CONSIDERACIONES

5. Cuestión previa

Aunque la parte accionante interpuso la solicitud en contra del Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veintinueve Administrativo de Medellín,
esta Sala solo analizará la providencia del 31 de enero de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en tanto fue la providencia que puso fin al
proceso ordinario.

6. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la providencia
del Tribunal Administrativo de Antioquia que rechazó el medio de control de
reparación directa al encontrar probada la caducidad de la acción.

7. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación

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Solicitante: Roberto Zapata Isaza y otros
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manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental3. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela4.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional5: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia

3
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
4
Ibidem.
5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales;
a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal».

Legitimación en la causa por activa

El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que cualquier persona vulnerada en
uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción de tutela, en todo
momento y lugar y que el afectado actuará en nombre propio o representante.
Asimismo, establece la agencia en defensa de esos derechos, cuando el titular no
esté en condiciones de formular el amparo, circunstancia que deberá manifestar el
agente en la solicitud.

En cuanto al poder judicial en tutela, se ha precisado que debe contener un mandato
expreso para que el apoderado interponga acción de tutela, inclusive en poderes
generales. En este sentido, la Corte señaló que la falta de poder específico para
adelantar el proceso de tutela, a pesar de tener un poder general en otro tipo de
proceso, no lo habilita para ejercer la acción de amparo a nombre de su mandante,
por ello, en esos casos la tutela debe ser declarada improcedente por falta de
legitimación en por activa6

La Corte Constitucional, inclusive, ha indicado que según el artículo 65 CPC -
retomado por el artículo 74 CGP-, en los poderes especiales, los asuntos deberán

6
Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2021.

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estar determinados y claramente identificados, de modo que no puedan confundirse
con otros. Así, se han establecido los siguientes requisitos:

(…) (i) los nombres y datos de identificación tanto de poderdante como del apoderado;
(ii) la persona natural o jurídica contra la cual se va a incoar la acción de tutela; (iii) el
acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende
proteger y garantizar.

Los anteriores elementos permiten reconocer la situación fáctica que origina el proceso
de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro
del amparo.7

Caso concreto

Para los accionantes el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia que
declaró la caducidad del medio de control le vulneró los derechos fundamentales
invocados, pues a su juicio, el término de caducidad debió contabilizarse desde que
tuvieron certeza de la participación del Estado en el hecho dañoso, esto es, el 17 de
junio de 2021, cuando los militares se sometieron a la Justicia Especial para la Paz-
JEP, por tratarse de la comisión de delitos de lesa humanidad como son la
desaparición forzada y el homicidio cometido por fuerza pública.

La providencia reprochada confirmó la decisión proferida en primera instancia que
declaró la caducidad del medio de control de reparación directa que los solicitantes
interpusieron contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional para reclamar
los perjuicios derivados de la desaparición forzada y homicidio de su familiar
Geovanny Andrés Zapata. Estimaron que conforme al numeral 2, literal i) del artículo
164 del CPACA el término de caducidad de la referida acción se cuenta a partir del
del día siguiente en que sucedió el hecho, acción u omisión que cause el daño y, en
caso de no tener certeza de la fecha de la ocurrencia del daño, se cuenta a partir de
la fecha en que se tenga conocimiento de la lesión al bien o interés jurídico.

El Tribunal adujo que conforme a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020,
rad. n°. 2014-00144-01 (61033), se estableció que en los procesos de reparación
directa en los que se cuenten con elementos para inferir la participación del Estado
en la acción u omisión que causó el daño, el plazo de caducidad resulta exigible si el

7
Corte Constitucional, sentencia T-1025 de 2006.

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interesado estaba en condiciones de conocer esa situación y a pesar de esto, no
acudió a la jurisdicción. Asimismo, indicó que según esa decisión:

“las situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal en
los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra se encuentran previstas en materia
de lo contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho
dañoso y en virtud de lo cual el término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero
a partir de que se advierta que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el
Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los
términos del artículo 90 de la Constitución Política”. (Negrillas de origen).

La autoridad también señaló que, conforme al criterio jurisprudencial del Consejo de
Estado, el término de caducidad no es exigible cuando se afectan los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia por situaciones objetivas
que obstaculizan el ejercicio del derecho de acción y que impidan agotar las
actuaciones necesarias para la interposición de la demanda, como es el caso de un
secuestro, enfermedad o cualquier situación que no permita materialmente acudir a
la jurisdicción. Sin embargo, la imposibilidad de conocer la relación del Estado con
el hecho dañoso no da lugar a la inaplicación de las reglas de caducidad sino al
cómputo de esta desde el conocimiento de los hechos para reclamar la
indemnización.

Ahora bien, respecto de las ejecuciones, la providencia controvertida indicó que, si
bien, en principio la jurisprudencia del Consejo de Estado estimaba que cuando se
trataba de delitos de lesa humanidad no operaba el término de caducidad, con la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 ese criterio cambió y se señaló que
respecto de los delitos de lesa humanidad también se debe verificar el conocimiento
de los hechos y se aplica el término de caducidad dispuesto en el numeral 2, literal
i) del artículo 164 del CPACA.

En virtud de lo anterior, para la autoridad judicial accionada, los familiares de la
víctima tenían conocimiento de la presunta participación del Estado en el homicidio
del señor Geovanny Andrés Zapata desde que conocieron de su deceso y se inició
el proceso en la Justicia Penal Militar que se tramitó ante el Juzgado Cuarenta de
Instrucción Penal Militar del Ejército Nacional, en el cual los soldados involucrados
en el homicidio rindieron unas declaraciones según las cuales el homicidio del señor
Zapata había sido cometido por miembros de la fuerza pública pertenecientes al

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Ejército Nacional. El referido proceso se remitió por competencia a la jurisdicción
ordinaria a la Fiscalía General de la Nación.

En este sentido, indicaron que conforme a las pruebas allegadas al proceso el señor
Geovanny Andrés Zapata fue asesinado el 20 de septiembre de 2008 y se reportó
como persona no identificada, no obstante, el 11 de agosto de 2009 la señora Alba
Nelly Zapata Isaza, tía de la víctima, lo reconoció en el Instituto de Medicina Legal.
Asimismo, señalaron que los investigadores del proceso penal, en cumplimiento de
las órdenes de Policía Judicial, lograron contactar y entrevistar a los familiares del
señor Zapata en el año 2009, por lo que se puede determinar que desde ese año los
familiares de la víctima pudieron conocer del proceso penal.

Por lo tanto, la Sala consideró que no eran de recibo los argumentos planteados por
los accionantes cuando afirmaron que solamente tuvieron conocimiento de la
participación del Estado en los hechos hasta el 17 de junio de 2021, cuando los
militares confesaron su participación ante la Justicia Especial para la Paz, pues el 1
de diciembre de 2008 los soldados involucrados confesaron la participación del
Ejército Nacional en los hechos.

Así las cosas, la providencia reprochada señaló que, el 11 de agosto de 2009 la tía
de la víctima identificó el cuerpo del señor Geovanny Andrés Zapata, por ello, los
familiares contaban con el término de dos años para presentar la demanda, esto es,
hasta el 11 de agosto de 2011. Como la solicitud de conciliación prejudicial se radicó
el 4 de mayo de 2022 ante la Procuraduría 31 Judicial II para asuntos
Administrativos, ya había operado la caducidad. En efecto, la demanda se radicó el
16 de noviembre de 2022, fecha para la cual el medio de control de reparación directa
había caducado.

Por último, la autoridad señaló que «Se debe entonces aplicar la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado según la cual
la única excepción establecida para presentar la demanda en tiempo es que se
pruebe la imposibilidad material para acudir en término ante la administración de
justicia, y en el presente caso, la parte demandante no demostró ninguna
circunstancia que así lo justifique.»

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La Sala advierte que los argumentos presentados por el solicitante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias
de carácter netamente legal, pues los accionantes propusieron en sede de tutela los
mismos argumentos planteados tanto en la demanda como en el recurso de
apelación contra el auto que declaró la caducidad de la acción en primera instancia.
Además de ello, revisados los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la
Sala estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas aportadas
al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracteriza las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

Finalmente la doctora Laura Isabel Naranjo Salazar adujo actuar como apoderada
judicial de Paulina Zapata García, sin embargo no atendió el requerimiento para que
allegara el poder especial que la acredite para presentar la solicitud de tutela.
Tampoco formuló manifestación sobre la eventual imposibilidad del titular del
derecho para presentar la presente acción de tutela. Como no se cumple el supuesto
de legitimación en la causa por activa, ni de representación o de agencia para la
defensa de los derechos ajenos, establecidos en el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991, se declarará improcedente la tutela por falta de legitimación por activa respecto
de la señora Zapata García.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Robert Smith Zapata y

12
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03828-00
Solicitante: Roberto Zapata Isaza y otros
Acción de tutela – sentencia de primera instancia

otros contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veintinueve
Administrativo Oral de Medellín .

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

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