Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03828-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03828-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03828-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03828-01
Demandante: Roberth Smith Zapata y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa / Conteo de
caducidad desde que se tuvo conocimiento del daño – Delitos de
lesa humanidad / Defecto fáctico, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución Política
Decisión: Revocar la decisión del a quo, en su lugar negar el amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación interpuesta por Robert Smith Zapata y otros, en contra
de la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2024 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo
de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Roberth Smith Zapata, Alba Nelly Zapata Isaza, Alirio de Jesús Zapata Isaza, Álvaro
Smith Zapata Isaza, Amparo de Jesús Isaza Arango, Denis Aliria Zapata Isaza, Fredy
León Zapata Isaza, Juan Felipe Zapata García, María Elena Zapata Isaza, María
Fernanda Jaramillo Zapata, Rubén Darío Zapata Isaza, Sergio Arley Zapata Isaza y
Zereth Yecencia García Roca promovieron solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideraron vulnerados con ocasión de las
providencias proferidas el 7 de diciembre de 2022 y 31 de enero de 2024, por el
Juzgado Veintinueve Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en el proceso reparación directa identificado con el radicado 05001-33-33-
029-2022-00559-00/01.
Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente:
1 Ver índice 2 de Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03828-01
Demandante: Roberth Smith Zapata y otros
i) Presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional con el fin de
reclamar los perjuicios derivados de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial
de la que fue víctima su familiar Giovany Andrés Zapata Isaza, acaecida el 20 de
septiembre de 2008.
ii) El Juzgado Veintinueve Administrativo de Medellín con decisión del 7 de mayo de
2022 rechazó la demanda porque operó el fenómeno de la caducidad, al considerar
que los demandantes conocieron de los hechos objeto del medio de control desde el
11 de agosto de 2009, sin que existieran circunstancias que obstaculizaran el
ejercicio de acción, lo cual solo ocurrió 16 de noviembre de 2022. En contra de esta
decisión como parte demandante interpusieron recurso de apelación.
iii) El Tribunal Administrativo de Antioquia con sentencia del 31 de enero de 2024
confirmó lo resuelto por el a quo, con el argumento de que, si bien en este caso se
está ante un delito de lesa humanidad, operó el fenómeno de la caducidad toda vez
que desde el año 2009 los familiares de la víctima tuvieron conocimiento de su
deceso a manos de un miembros de la institución militar, de manera que, como el 11
de agosto de 2009 se identificó el cuerpo de Geovanny Andrés Zapata, los familiares
contaban con 2 años para interponer la demanda, esto es, hasta el 11 de agosto de
2011, sin embargo, la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó hasta el 4 de
agosto de 2022.
iv) La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en defecto fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución Política.
Esto, en la medida en que, conforme al criterio jurisprudencial del Consejo de Estado,
en el caso bajo estudio no se puede aplicar la caducidad de la acción al tratarse de
un crimen de lesa humanidad y con el ejercicio de aquella se pretende la reparación
de los daños imputables al Estado y la búsqueda de la verdad, justicia, reparación.
Además de imponérseles una carga excesiva al acudir a la vía contenciosa en un
término específico, pues no tuvo en cuenta que la justicia penal militar ni siquiera ha
determinado quienes son las personas responsables del delito, ya que hasta el 17 de
junio de 2021 tuvieron conocimiento de que el personal militar presuntamente
responsables de los hechos se sometieron a la Justicia Especial para la Paz-JEP, por
ello, hasta esa fecha iniciaron la demanda.
Se desconoció la sentencia de tutela que dictó el Consejo de Estado, Sección Primera
el 29 de septiembre de 20222, al fallar un caso similar al suyo, en la cual se accedió
a la solicitud de amparo con ocasión de un falso positivo, y se advirtió que el cómputo
de término de la caducidad de la acción debe realizarse desde el momento en que
efectivamente las víctimas tuvieron conocimiento del perpetrador del delito.
1.1.1. Pretensiones
2 Radicado 11001-03-15-000-2022- 01814-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03828-01
Demandante: Roberth Smith Zapata y otros
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron:
«[…] SEGUNDA: Se ordene al accionado Sección Segunda de Oralidad del Tribunal
Contencioso Administrativo de Antioquia anular la decisión proferida el 31 de enero de
2024, en consecuencia, se proceda a proferir nueva decisión conforme a las normas
aplicables al caso, así como respetando los parámetros jurisprudenciales trazados en los
casos de responsabilidad administrativa por la muerte extrajudicial, incluyendo para el
efecto, lo dicho por la CIDH; en tal efecto, que se ordene a la Sección Segunda de Oralidad
del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia a revocar la decisión de primera
instancia dictada por el Juzgado 29 Administrativo del Circuito de Medellín y por tanto, se
admita el medio de control puesto en conocimiento de la jurisdicción contencioso
administrativa. […]» (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Juzgado Veintinueve Administrativo de Bogotá3 solicitó que se declare
improcedente el amparo, pues los argumentos de la parte demandante ya fueron
expuestos y debatidos dentro del medio de control reparación directa objeto de
debate; además, lo pretendido por es reabrir la controversia resuelta en el trámite
ordinario.
Afirmó que en el proceso no se demostró que los hechos que fundamentaron la
acción se dieron con ocasión del conflicto armado o por un ataque directo o indirecto
contra la población civil, por ello, no se trató de un ataque generalizado o sistemático
con fines bélicos que constituya un delito de lesa humanidad.
1.2.2. El tribunal demandado y los demás terceros con interés en el resultado del
proceso guardaron silencio.4
1.3 Sentencia de primera instancia5
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en sentencia del 13 de
septiembre de 2024 declaró la improcedencia de la solicitud de tutela al considerar
que no se logró superar el requisito de la relevancia constitucional, en tanto la
verdadera intención de los demandantes fue convertirla en una instancia adicional,
para reabrir una controversia que ya había sido resuelta por el juez natural.
1.4. Escrito de impugnación6
La parte demandante impugnó la decisión del a quo, para lo cual insistió en los
argumentos expuestos en el escrito de tutela y la relevancia del reclamo
constitucional planteado.
3 Ver índice 8 de Samai.
4 Mediante auto del 23 de julio de 2024, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar al
Tribunal Administrativo de Antioquia, a la Nación. Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
5 Ver índice 13 de Samai.
6 Ver índice 17 de Samai.
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Demandante: Roberth Smith Zapata y otros
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de la
tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis
de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20007 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20198, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
2.2. Cuestión previa.
Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las
decisiones proferidas por el Juzgado Veintinueve Administrativo de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, se observa que los argumentos que sustentan
sus pretensiones son similares respecto a una y otra.
Por lo anterior y en atención a que la providencia del 7 de diciembre de 2022,
proferida en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo de Antioquia
desató el recurso a través de providencia del 31 de enero de 2024, el reclamo
constitucional formulado será estudiado solo respecto a esta última, en tanto, fue la
que puso fin al asunto cuestionado.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema10. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
7 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
8 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03828-01
Demandante: Roberth Smith Zapata y otros
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario
estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y
analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde
verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente»
como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo11 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos13, el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales14.
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Roberth Smith Zapata y otros
2.4. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los
derechos fundamentales de Roberth Smith Zapata y otros con ocasión de la
providencia del 31 de enero de 2024, que confirmó la decisión de rechazar la acción
por configuración del fenómeno de caducidad, con la que incurrió, presuntamente, en
defecto fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución
Política?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado por
el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados puede llevar
consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes
jurídicos constitucionalmente amparados.
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.5.2. Defecto fáctico
El defecto fáctico que el actor le atribuye a la sentencia objeto de análisis, de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional,15 tiene una dimensión negativa y otra positiva.
La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite
la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»16, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»17. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»18.
Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.5.3. Desconocimiento del precedente judicial
15 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
16 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
17 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
18 Sentencia T-538 de 1994.
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Demandante: Roberth Smith Zapata y otros
En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que
un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que
los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un
imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad
jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las
decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como
medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.
La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si
existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando los
precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta
mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se
derivara de la desobediencia al precedente.
2.5.4. Sobre el caso concreto
Roberth Smith Zapata y otros acudieron al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 31 de enero de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en cuanto confirmó el pronunciamiento del juez de primera instancia de
declarar de oficio la excepción de caducidad del medio de control.
Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto fáctico,
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Demandante: Roberth Smith Zapata y otros
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política, al
considerar que no se puede aplicar la caducidad de la acción al tratarse de un crimen
de lesa humanidad, además de imponérseles una carga excesiva al acudir a la vía
contenciosa en un término específico, pues no tuvo en cuenta que la justicia penal
militar ni siquiera ha determinado quienes son las personas responsables del delito,
ya que hasta el 17 de junio de 2021 tuvieron conocimiento de que el personal militar
presuntamente responsables de los hechos se sometieron a la Justicia Especial para
la Paz, por ello, hasta esa fecha iniciaron la demanda.
Al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, sea lo
primero advertir que, de la lectura del expediente contentivo del radicado 05001-33-
33-029-2022-00559-00/01 y el pronunciamiento cuestionado, se evidencia una
motivación suficiente y coherente que justifica su sentido, así:
«[…] Para resolver el presente caso se considera:
Según los hechos de la demanda, el señor Geovanny Andrés Zapata fue asesinado el 20
de septiembre de 2008. Los soldados involucrados en el homicidio con sus declaraciones
ante al Juzgado 40 de Instrucción Penal Militar en una diligencia del 1 de diciembre de
2008 dieron cuenta de que el homicidio había sido perpetrado por miembros de la fuerza
pública pertenecientes al Ejército Nacional.
Y el 3 de diciembre de 200815 se remitió por competencia el proceso a la Unidad Nacional
de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación por ser competencia de la
jurisdicción ordinaria, proceso al que le fue asignado el radicado
050016000206200820746, en el que se determinó:
“(…) El día 20 de septiembre de 2.008, aproximadamente a las 14:28 horas, en el
municipio de Remedios ocurrieron unos hechos por establecer donde resultó muerta la
persona N.N., al trasladarse al lugar los investigadores, Conforme a la Directriz Nacional,
de intervenir en los eventos donde sea la fuerza pública la que ocasione un homicidio.
En el lugar de los hechos recibieron información del sargento del operativo que al parecer
el occiso era perteneciente a la banda de Don Mario. En la escena del crimen los
investigadores encuentran varias irregularidades como por ejemplo la presencia de una
abogada quien se hallaba dentro de la escena de los hechos, el no aseguramiento del
lugar y, se advierte igualmente inconsistencias en las entrevistas recolectadas a los
militares, también se nota que la hora de los hechos no coincide con la hora en que se
reporta el enfrentamiento.
Así las cosas, se puede advertir inconsistencias en el presunto operativo militar que dan
lugar a presumir que la muerte fue resultado de una ejecución extrajudicial. Por tal razón
se remite el presente caso a la unidad de derechos humanos (…)”. (Negritas y subrayas
del texto)
Entonces, no le asiste la razón a la apoderada de los demandantes que asegura que sus
representados solo tuvieron conocimiento de que los hechos habían sido cometidos por
miembros de la fuerza pública cuando los militares involucrados confesaron su
participación el 17 de junio de 2021 ante la Justicia Especial para la Paz, puesto que, por
las inconsistencias que se presentaron ente la intervención irregular de miembros de la
fuerza pública en el operativo reportado y la muerte del señor Geovanny Andrés Zapata,
se ordenó la remisión del expediente de la Justicia Penal Militar a la Jurisdicción ordinaria.
[…]
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Si bien en este caso se puede entender que se trata de delitos de lesa humanidad,
teniendo en cuenta la sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de
2020 se concluye que operó la caducidad del medio de control por lo siguiente:
Según las pruebas aportadas con la demanda se advierte que desde el año 2009 los
familiares de la víctima tenían conocimiento de la presunta participación del Estado en los
delitos de los que fue víctima el señor Geovanny Andrés Zapata, desde que conocieron
su deceso y se inició un proceso en la Justicia Penal Militar tramitado ante el Juzgado
Cuarenta (40) de Instrucción Penal Militar del Ejército Nacional, que fue remitido por
competencia a la jurisdicción ordinaria18 a la Fiscalía General de la Nación y se le asignó
el radicado No. 05001600020620082074619.
De acuerdo a las pruebas que obran en el expediente digital el señor Geovanny Andrés
Zapata fue asesinado el 20 de septiembre de 2008 en la vereda Matta Arriba del municipio
de Remedios y fue reportado como persona no identificada N.N., sin embargo el 11 de
agosto de 2009 fue reconocido por la señora Alba Nelly Zapata Isaza, tía de la víctima, en
el Instituto Nacional de Medicina Legal.
Incluso, en el hecho décimo primero de la demanda se indica que, en el proceso penal en
cumplimiento de órdenes de Policía Judicial, se logró por los investigadores del caso, el
contacto y entrevista con dos familiares del joven fallecido, las señoras ALBA NELLY
ZAPATA ISAZA Y DENIS ALIRIA ZAPATA ISAZA (en calidad de tías), en el año 2009. Es
decir que desde ese año las familiares de la víctima pudieron conocer el proceso penal.
Alega la apelante que:
(…) las víctimas, como se mencionó en los hechos de la demanda (Décimo Quinto y
Décimo Sexto), a la fecha no han podido saber a ciencia cierta si los perpetradores de la
desaparición y posterior muerte de su familiar fueron agentes del Estado (Ejercito
Nacional), ya que como se relató, a la fecha no ha sido posible vincular a los miembros
de la Fuerza pública, presuntamente responsables, formalmente a una investigación
penal mediante formulación de imputación, aunado a que solo hasta la fecha del
diecisiete (17) de junio de 2.021, se informó a las víctimas, que los presuntos
responsables de luctuoso hecho, se habían sometido a la Justicia Especial para la Paz -
JEP, por eso, a partir de esa situación se acudió al medio de control de reparación directa
y no antes (Al respeto con la demanda se allegó certificación de la Fiscalía del caso de
fecha 17 de junio del año 2.021) (…)”.
Y agrega la apelante que:
(…) tal argumentación, vulnera a nuestro juicio el derecho de las víctimas al acceso a la
justicia, verdad y reparación, ya que para esa fecha era imposible para los demandantes
saber a ciencia cierta la circunstancias en la que sucedieron los hechos y sí los mismos
eran o no imputables a agentes del Estado (imputación del daño)”.
Pero no era necesario que los miembros del Ejército se vincularan formalmente a un
proceso penal o que se hubiera dictado fallo penal en su contra para presentar el medio
de control de reparación directa, bastaba que los demandantes conocieran y probaran
dentro de este proceso contencioso administrativo, a través de cualquier medio de prueba,
la intervención de los integrantes del Ejercito en la ejecución extrajudicial para presentar
la demanda.
Dicho en otros términos, por cualquier medio probatorio (documentos, testimonios,
informes, interrogatorios de parte, peritazgos, etc.), podía la parte demandante demostrar
la intervención de los miembros del Ejército en la desafortunada desaparición y muerte
del joven Geovanny Andrés Zapata.
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Demandante: Roberth Smith Zapata y otros
Por lo tanto, partiendo del 11 de agosto de 200921 fecha en la cual se identificó el cuerpo
del señor Geovanny Andrés Zapata, los familiares del demandante contaban con dos (2)
años para presentar la demanda, es decir, hasta el 11 de agosto de 2011.
Si bien se radicó el 4 de mayo de 202222 la solicitud de conciliación prejudicial ante la
Procuraduría 31 Judicial II para asuntos Administrativos, se advierte que, para esa fecha,
ya había operado la caducidad.
Ahora, la demanda se radicó el 16 de noviembre de 2022, fecha para la cual había operado
el fenómeno de jurídico de la caducidad del medio de control de reparación directa.» [sic].
Así pues, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió el asunto
de acuerdo con el criterio fijado en sentencia de unificación proferida por el Consejo
de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa-administrativa en
materia del término de caducidad en asuntos de reparación directa relacionados con
daños derivados de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en la que se
establecieron los siguientes supuestos: « i) en tales eventos resulta exigible el término
para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición
forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron
la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica
cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del
derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley», por lo que
resulta razonable la conclusión a la que arribó.
Ahora bien, en reciente sentencia SU-439 de 2024 la Corte Constitucional al analizar
un asunto de contornos similares, reforzó el criterio bajo el cual, si bien en este tipo
de asuntos no se incurre, de manera directa, en un desconocimiento del precedente
como lo es sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020,
si en un defecto fáctico en cuanto a la valoración probatoria que hace el juez
competente al aplicar de manera tajante la referida tesis jurisprudencial, razón por la
cual debe optarse por aplicar un criterio flexible y garantista en la valoración de las
pruebas cuyo resultado será según las particularidades propias de cada caso.
De tal manera, se observa que el tribunal judicial demandado partió de las premisas
trazadas por el Consejo de Estado en la referida sentencia de unificación, además
de pronunciamientos adicionales concordantes, para efectuar al estudio de las
pruebas aportadas que, contrario a lo sucedido en asuntos de contornos similares,
permitían inferir que los demandantes tuvieron conocimiento de que los hechos
fueron cometidos por miembros de la fuerza pública antes de que aquellos se
sometieran a la Justicia Especial para la Paz, el 17 de junio de 2021.
Lo anterior, para concluir que, en la medida en que no solo desde el 11 de agosto de
2009, fecha en la que uno de los familiares identificó el cuerpo de Geovanny Andrés
Zapata, sino desde el 3 de diciembre de 2008, cuando se remitió por competencia el
proceso a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la
Nación, tenían conocimiento de que el hecho pudo ser consecuencia de una
ejecución extrajudicial, tal como se consignó en el referido documento.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03828-01
Demandante: Roberth Smith Zapata y otros
Asimismo, el tribunal evidenció del escrito de la demanda inicial que los familiares
tuvieron conocimiento del referido proceso penal desde el año 2009, ante lo cual
resulta coherente la conclusión a la que arribó en el sentido de afirmar que no era
necesaria la vinculación de los miembros de la fuerza pública al proceso penal o que
se dictara un fallo condenatorio para probar su intervención, pues, esto sería tanto
como establecer que en este tipo de causas resulta ineludible tener absoluta certeza
de la identidad y responsabilidad de los autores materiales e intelectuales del daño,
o incluso su confesión ante la JEP, para poder ejercer el derecho de acción en un
proceso de reparación directa.
Contrario a esto, como lo afirma el tribunal demandado en la providencia acusada,
bastaba que los demandantes conocieran y probaran en el trámite del proceso
contencioso-administrativo la intervención de miembros de la fuerza pública por
cualquier medio probatorio, tales como documentos, testimonios, informes,
interrogatorios de parte, peritazgos, etc.
De acuerdo con los lineamientos fijados en la pluricitada sentencia de unificación
citada previamente, es pertinente reiterar que, tal como se consideró en la decisión
acusada, en el caso en concreto se observa que el conteo del término de caducidad
para la parte actora comenzó a partir del 11 de agosto de 200919, fecha en la cual se
identificó el cuerpo de Geovanny Andrés Zapata, razón por la cual se tenía hasta el
11 de agosto de 2011 para presentar la demanda de reparación directa, no obstante,
ello solo ocurrió el 16 de noviembre de 2022, época para la cual ya era extemporáneo,
de acuerdo al plazo establecido legalmente para ejercer el derecho de acción en este
tipo de asuntos.
En este orden de ideas, el Tribunal Administrativo de Antioquia no desconoció el
precedente aplicable, en tanto la regla decisional aplicada obedece y se encuentra
acorde a un pronunciamiento de unificación dictado por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, y vigente para el momento en que se emitió el
pronunciamiento de segunda instancia, máxime, si se observa que en el mismo se
reevaluó y se amplió el desarrollo de la tesis de no aplicación de caducidad en casos
de daños derivados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
En cuanto a la sentencia de tutela proferida el 29 de septiembre de 202220 por el
Consejo de Estado, Sección Primera, debe recordarse que los fallos de esta
naturaleza tienen efectos inter partes y por tal motivo no constituyen un precedente
aplicable en causas contencioso-administrativas como la que, en esta oportunidad,
es objeto de reproche.
De conformidad con lo descrito y de acuerdo con los antecedentes del caso, se
encuentra que las actuaciones del Tribunal Administrativo de Antioquia, lejos de
19 Fecha asumida por el tribunal judicial demandado como más favorable y mayormente garantista
para efectos del conteo de caducidad.
20 Radicado 11001-03-15-000-2022- 01814-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03828-01
Demandante: Roberth Smith Zapata y otros
incurrir en defecto fáctico, desconocimiento del precedente y/o violación directa de la
Constitución Política, fueron realizadas conforme a las normas reguladoras de su
función judicial, debido a que emitió un pronunciamiento acorde al ordenamiento
jurídico y la jurisprudencia aplicable, frente a lo cual se debe advertir que el juez
natural del asunto goza de autonomía funcional y se presume la buena fe en sus
decisiones.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad de la parte actora con el
resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela,
en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia cuenta con soporte y está debidamente razonada y
justificada, por lo que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una
tercera instancia, lo que conduce a la denegatoria del recurso de amparo.
3. Conclusión
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la parte
demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión del a
quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Roberth
Smith Zapata y otros, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia y otro.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2024 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En su lugar, negar el amparo de los
derechos fundamentales de Roberth Smith Zapata, Alba Nelly Zapata Isaza, Alirio de
Jesús Zapata Isaza, Álvaro Smith Zapata Isaza, Amparo de Jesús Isaza Arango,
Denis Aliria Zapata Isaza, Fredy León Zapata Isaza, Juan Felipe Zapata García,
María Elena Zapata Isaza, María Fernanda Jaramillo Zapata, Rubén Darío Zapata
Isaza, Sergio Arley Zapata Isaza y Zereth Yecencia García Roca, en la solicitud de
tutela presentada contra el Juzgado Veintinueve Administrativo de Medellín y Tribunal
Administrativo de Antioquia, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03828-01
Demandante: Roberth Smith Zapata y otros
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con permiso
JAV/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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