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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01891-01

Fecha
14 de julio de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01891-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

R E S U E L V E: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de mayo de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01891-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

14 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023).

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01891-01
Accionante: Rafael A. Cuéllar Gómez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Referencia: Acción de Tutela (sentencia de segunda instancia)

Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Tercera instancia.

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la impugnación instaurada por el señor
Rafael A. Cuéllar Gómez contra la sentencia del 11 de mayo de 2023, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo
solicitado1.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 18 de abril de 2023, Rafael A. Cuéllar Gómez, en nombre propio, presentó
demanda de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado2, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la
seguridad social, al mínimo vital, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

1
Que ingresó para fallo el 8 de junio de 2023.
2
Sentencia proferida dentro del caso con radicado: 76001-23-33-000-2014-00892-01.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01891-01.
Actor: Rafael A. Cuéllar Gómez.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

2. Hechos relevantes

Rafael A. Cuéllar Gómez trabajó para el extinto Departamento Administrativo de
Seguridad entre el 23 de octubre de 1986 y el 22 de abril de 2010. Durante ese
período, cotizó primero a Cajanal (régimen de prima media) y luego al fondo
privado Porvenir (régimen de ahorro individual); el 1 de septiembre 2012, regresó
al régimen de prima media, a través de Colpensiones.

El 31 de julio de 2014, tras haber solicitado el reconocimiento y pago de su
pensión de vejez, bajo el régimen especial del DAS, a Colpensiones y no haber
obtenido una respuesta, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el acto ficto proveniente de la administradora de pensiones, cuyo
conocimiento, inicialmente, correspondió al Juzgado 18 Administrativo de Santiago
de Cali. No obstante, ese despacho, a través del auto del 31 de agosto siguiente,
remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pues la
cuantía de las pretensiones así lo exigió.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda a través del auto
del 30 de octubre de 2014 y negó las pretensiones mediante el fallo del 28 de
febrero de 2019. En aquella oportunidad, se hizo un estudio pormenorizado del
régimen especial de los empleados del Departamento Administrativo de
Seguridad, en el que se analizaron, entre otros, los Decretos-Ley 1047 de 1978,
1835 de 1994 y el 2091 de 2003, y la Ley 860 de 2003.

En ese sentido, si bien el Tribunal a quo encontró que el señor Cuéllar fue
detective del DAS por más de 20 años, concluyó que, al haberse trasladado al
régimen de ahorro individual, no obstante haber regresado al de prima media,
había perdido su derecho al régimen de transición especial, contemplado en la Ley
860 de 2003 y en los Decretos Ley 1047 de 1978 y 1835 de 1994, según la
sentencia SU-130 de 2013.

Con fundamento en dicha providencia, se le indicó que las razones para negar sus
pretensiones consistieron, en primer lugar, en que por el traslado de un régimen
pensional a otro y, no contar con 15 años de servicio la entrada en vigencia de la

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01891-01.
Actor: Rafael A. Cuéllar Gómez.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Ley 100 de 1993, había perdido el derecho a ser parte del régimen pensional
especial perseguido, por lo que el acto administrativo demandado no había
incurrido en nulidad alguna.

Por otro lado, aunque el Tribunal admitió que la Ley 860 de 2003 dio un plazo de
tres meses a partir de su vigencia para hacer el traslado del régimen pensional
individual al de prima media, sin perder los beneficios, y que este término fue
reinstaurado por la sentencia C-030 de 2009 entre el 28 de enero y el 29 de abril
de ese año, el señor Cuéllar solo solicitó su traslado a Colpensiones en 2012, sin
dar las explicaciones necesarias.

La decisión fue apelada y correspondió a la Subsección A de la Sección Segunda
de esta Corporación estudiar el caso. En aquella oportunidad, el señor Cuéllar
advirtió que no pudo hacer el traslado durante el plazo de 2009, pues se
encontraba discutiendo la legalidad de su insubsistencia como Director Seccional
del DAS – Valle del Cauca, dentro del proceso 76001233100020030221702.

El 10 de noviembre de 2022, la Subsección A de la Sección Segunda confirmó el
fallo de primera instancia, pues encontró que el señor Cuéllar no demostró que
existiera una imposibilidad para cumplir con el plazo para el traslado de regímenes
establecido en la sentencia C-030 de 2009 o alguna circunstancia que justificase
haberlo hecho en una fecha posterior. Como sustento, también señaló la
existencia de la sentencia de unificación SUJ-028-CE-S2-2022, que extendía la
jurisprudencia fijada por la Sentencia de Unificación de 20183 sobre IBL frente a
los requisitos de edad, tiempo y monto.

Frente a la aplicación de lo dispuesto en la Ley 860 de 2003 y la sentencia C-030
de 2009, la Subsección resaltó que aquel fallo hizo un estudio conjunto de aquella
norma junto con el Decreto Ley 2090 de 2003 y concluyó que el hecho de que
hubiese tenido, en algún momento, la posibilidad de ser parte del régimen de
transición pensional para profesiones de alto riesgo era tan solo una expectativa y
no un derecho adquirido, en vista de que no se había trasladado a Colpensiones
en los términos indicados por el máximo tribunal constitucional.

3
Expediente No. 2012-00143-01.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01891-01.
Actor: Rafael A. Cuéllar Gómez.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

3. Fundamentos de la demanda de tutela

El tutelante pretende que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia del
10 de noviembre de 20224, dictada por la Sección Segunda, Subsección A, de
esta Corporación, pues considera que incurrió defectos de tipo sustantivo y fáctico,
al desconocer que acreditaba los requisitos para ser parte del régimen de
transición previsto en la Ley 860 de 2003, y porque aplicó el régimen general
previsto para profesiones de alto riesgo en el Decreto Ley 2090 de 2003 y las
disposiciones de la Ley 100 de 1993 y no las reglas específicas para quienes
fueron miembros del otrora Departamento Administrativo de Seguridad.

Igualmente, señaló que la decisión de la Subsección A de la Sección Segunda de
la Corporación desconoció los siguientes fallos: i) 2018-00758-02; ii)
2013-00253-01; iii) 2015-00157-01; iv) 2016-01874-01; v) SL -2550 de 2020.

En lo relativo al material probatorio desconocido, destacó que no se tuvo en
cuenta: i) las cotizaciones elevadas en 10 puntos porcentuales adicionales,
hechas por el DAS, a raíz de la profesión de alto riesgo que desempeñó; ii) las
más de 750 semanas cotizadas en alto riesgo para 2001, año en el que hizo el
traslado de sus cotizaciones al régimen de ahorro individual; iii) el traslado hecho
de Porvenir a Colpensiones en 2012.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela, a través
del auto del 19 de abril de 2023; vinculó a la Subsección A de la Sección Segunda
de esta Corporación, como autoridad accionada; y a Colpensiones y al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca como terceros interesados.

4.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado se opuso a la
procedencia de la acción de tutela, pues consideró que el demandante busca una
tercera instancia, aunado a que las normas cuya violación, por parte del acto ficto

4
Dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (laboral) con el radicado:
76001-23-33-000-2014-00892-01 (3013-2019).
4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01891-01.
Actor: Rafael A. Cuéllar Gómez.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

de Colpensiones, se invocó, fueron debidamente estudiadas y el material
probatorio relevante fue debidamente analizado.

4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró que no existen
defectos en la decisión cuestionada, pues está debidamente sustentada y ajustada
a la situación particular del señor Cuéllar, en vista de que el período en el que se
trasladó al régimen de ahorro individual y su posterior regreso al de prima media
hicieron que perdiera la posibilidad de ser parte del régimen de transición especial
previsto para los miembros del DAS, por lo que su caso debía estudiarse bajo las
normas previstas en la Ley 100 de 1993; concluyó que tampoco reunía los
requisitos exigidos el régimen general.

4.3. Colpensiones consideró que se busca una tercera instancia, en la medida en
que el juez ordinario del proceso ya resolvió el asunto de fondo. A su vez, resaltó
que la autoridad accionada determinó que el señor Cuéllar perdió su derecho al
reconocimiento de su pensión por actividades de alto riesgo, pues, a pesar de que
reunir los requisitos de fecha de ingreso y semanas cotizadas, previstos en la Ley
860 de 2003, no trasladó oportunamente sus cotizaciones del régimen de ahorro
individual al de prima media.

5. La sentencia de primera instancia

A través de sentencia del 13 de abril de 2023, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente el amparo solicitado, por considerar que la
controversia planteada carecía de relevancia constitucional, en tanto que la
discusión propuesta era, esencialmente, de carácter económico y de rango legal.
Por otro lado, consideró que la presente demanda es un intento de continuación
de las pretensiones y argumentos del debate propuesto en la sede ordinaria.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01891-01.
Actor: Rafael A. Cuéllar Gómez.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

6. La impugnación

El señor Cuéllar impugnó la decisión e insistió en la relevancia constitucional de su
asunto, afirmando que bastaba con la mera enunciación de que la sentencia había
incurrido en defectos de tipo sustantivo y fáctico, comprometiendo derechos
fundamentales, como el debido proceso y la seguridad social, entre otros, para
hacer un estudio de fondo de la controversia propuesta.

A su vez, afirmó que no busca reabrir la discusión dada en la sede ordinaria, sino
que se le apliquen las normas que corresponden a los hechos de la cuestión
demandada inicialmente, a lo que añadió que la decisión de primera instancia es
un exceso ritual manifiesto. Por tanto, insiste en que se haga un estudio de fondo
sobre los defectos advertidos inicialmente.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Esta Sala coincide con la Sección Quinta de la Corporación en considerar que el
asunto carece de relevancia constitucional, pues se reproducen los argumentos
expuestos en el proceso ordinario y que tuvieron la oportunidad de ser estudiados,
de manera razonada, por la Sección especializada en la materia.

Aunque el escrito de la tutela no hace una fiel copia de lo expuesto en la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, y su apelación, y a pesar de recurrir al
lenguaje de las garantías y principios constitucionales, la discusión que ahora se
propone es la misma presentada ante el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y la Sección Segunda del Consejo de Estado, por lo que carece de
relevancia constitucional.

En la demanda aquí estudiada, se observa que se insiste en una valoración
adicional sobre los documentos aportados al proceso, como el traslado del
régimen de ahorro individual al de prima media en el año 20125, indispensable

5
Dicho documento fue estudiado por ambas autoridades en las siguientes referencias: i) Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, sentencia del 28 de febrero de 2019. página 396 del
expediente, iv) El caso concreto. ii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 10 de noviembre de 2022, página 25.
6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01891-01.
Actor: Rafael A. Cuéllar Gómez.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

para poder estudiar los otros argumentos presentados sobre el régimen especial
de transición.

A continuación, se exponen los apartes de esta demanda y de la sentencia
atacada que demuestran que los argumentos ahora presentados en sede de tutela
carecen de una distinción suficiente con los estudiados y analizados por las
instancias judiciales ordinarias, por lo que la Sala concluye que el demandante,
naturalmente, busca propiciar una tercera instancia (transcripción literal, con
posibles errores):

● Demanda de tutela de Rafael A. Cuéllar:

La acción de Tutela se incoa con el propósito de qué el Máximo Tribunal
Contencioso, tutele los derechos conculcados al accionante con la Sentencia
de Segundo grado dentro del proceso declarativo en pensiones; vulneración
del derecho social a acceder a un régimen pensional especial por
actividades de alto riesgo de los empleados del DAS, cuando se cuentan
con los requisitos de ley. Nulidad o ineficacia del traslado dentro de
regímenes pensionales, de fondos de pensiones público y privado
atendiendo la jurisprudencia de las altas cortes. Aplicación errada de normas
legales para la negación del derecho pensional dentro del régimen especial
del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- (extinto).
desconocimiento de múltiples precedentes jurisprudenciales sobre ineficacia
de los traslados entre regímenes tanto de la Corte Suprema Sala Laboral,
como del Consejo de Estado. Afectación constitucional proferida dentro del
radicado 2014-00892 por la Subsección “A” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, siendo C.P. el Dr. GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ,
con sentencia de fecha 10 de Noviembre de 2022, y que CONFIRMÓ la
Sentencia ordinaria del 28 de febrero de 2018 del Tribunal del Valle del
Cauca, que igualmente negó, pero con otro argumento, las pretensiones
pensionales del actor, a pesar de qué, se tiene el derecho a un régimen
pensional especial del DAS, como el contemplado en la ley 860 de 2003, y
en especial su régimen de transición especial y decreto 2646 de 1994; y
que, al tutelar los derechos del accionante: 1) se revoque o deje sin efecto
EL NUMERAL PRIMERO de la sentencia sin número del 10 de noviembre
de 2022 de la Subsección A, Sección Segunda, por violación constitucional,
ordenando que se dicte nuevo fallo que, ratifique derechos pensionales
expresados por la Sala de Decisión en la parte considerativa de la
Sentencia, y en consecuencia qué, al no aplicar el decreto 2090 de 2003 por
ser destinado a otros empleos distintos al DAS, se declare, que el
accionante tiene derecho pensional, bajo el régimen especial del DAS
contenido en las normas de la ley 860 de 2003 y decreto 2464 de 1994,
especialmente tener derecho al régimen de transición de la ley 860 de 2003.
Por analogía y atención al principio constitucional de favorabilidad en
pensiones se aplique la tesis sobre traslados de régimen pensional de la
sentencia C – 130 del 2013 de la Corte Constitucional, ya que el régimen de
transición especial de la ley 860 de 2003, no tiene pronunciamiento
constitucional y, como consecuencia, al aplicar el artículo 53 de la Carta

7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01891-01.
Actor: Rafael A. Cuéllar Gómez.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Constitucional se tenga como ineficaz el traslado de régimen pensional
(irrenunciabilidad de derechos mínimos laborales), de COLPENSIONES a
PORVENIR. Ineficacia del traslado de régimen, tal y como lo ha declarado
en otras Sentencias la misma Sala, Subsección “A” Sección Segunda,
apoyándose esta última, también en los precedentes jurisprudenciales de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sobre la ineficacia de los
traslados de régimen laboral 2) que al dejar sin efectos EL NUMERAL
PRIMERO de la Sentencia de Segunda instancia, se REVOQUE la
sentencia de primera instancia del Tribunal del Valle del Cauca, se decida
sobre la pretensión subsidiaria presentada en la demanda, que no tiene
pronunciamiento judicial en ambas instancias 3) y se ordene a la
Subsección “A” Sección Segunda proferir Sentencia de Segunda instancia,
que tenga en cuenta la ineficacia del traslado de régimen público al fondo
privado PORVENIR, y que previo estudio, se reconozca, que el traslado de
fondo privado PROVENIR a COLPENSIONES del año 2012, es válido y
tiene plenos efectos (no se valoró prueba documental), por analogía con lo
prescrito en materia de traslados de fondos pensiones de la Sentencia C -
130 de 2013. Se solicita aplicar por analogía, puesto que el régimen
aplicable al actor, es decir, la ley 860 de 2003, no tiene Sentencia o
Pronunciamiento Constitucional al día de hoy. Por tener derecho al régimen
de transición contenido en la ley 860 de 2003, el decreto 1835 de 1994 y
2646 de 1994, de acuerdo con los precedentes jurisprudenciales de la
misma Subsección “A”, sobre ineficacia de los traslados, que no aplicó en
este caso, cuando se tiene acreditado los requisitos al régimen de transición,
por haber cotizado más de 750 semanas al sistema pensional especial del
DAS al momento del traslado de régimen, teniendo como referente, el
contenido por analogía de la sentencia de la Corte Constitucional C–130 de
2013; igualmente sobre defecto factico, defecto sustancial, pues se aplicó al
actor el régimen de transición de la ley 100 de 1993, cuando este no aplica
para este caso pensional. La igualdad, prevalencia de lo sustancial sobre lo
formal, irrenunciabilidad a derechos pensionales, prevalencia de las
realidades del principio constitucional de la favorabilidad en materia
pensional, acceso a la administración de justicia, confianza legítima,
seguridad jurídica, y, especialmente la doctrina probable de las altas
Cortes (Corte Suprema Y Consejo de Estado) sobre el tema de ineficacia o
nulidad de traslado de régimen pensional por ausencia del consentimiento
informado; cuando se tiene derecho a régimen de transición especial para
los empleados del extinto DAS, y no, como lo decidieron equivocadamente
las Sentencias accionadas vía Tutela, al aplicar el régimen de tradición (sic)
ordinario de la ley 100 de 1993, cuando de acuerdo al material demostrativo
probatorio, debieron decidir con base en la Ley 860 de 2003 y decreto 2646
de 1994. (Cursiva y subraya nuestras. Negrilla y extensión de los párrafos
pertenecen al original).

● Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, sentencia del 28 de
febrero de 2019:

…[E]l señor Rafael Augusto Cuellar Gómez persigue que Colpensiones
proceda con el reconocimiento del beneficio pensional, a la luz de las
normas especiales que le permitirían acceder al mismo sin tener en cuenta
la edad, es decir, con el hecho de demostrar veinte (20) años de servicio, y
aunado a ello, requiere que además de ordenarse el reconocimiento
pensional, se disponga que la liquidación debe hacerse sobre el salario
promedio que sirvió de base para los aportes de los últimos periodo
cotizados en el último año.
8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01891-01.
Actor: Rafael A. Cuéllar Gómez.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Al respecto, considera la Sala a la luz de las normas analizadas con
anterioridad y conforme a las pruebas allegadas al informativo, que enesta
oportunidad el señor Rafael Augusto Cuellar Gómez prestó sus servicios
para el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), habiendo
ingresado desde el 23 de octubre de 1986 y hasta el 22 de abril de 2010, y
aunado a ello, a la entrada en vigencia del Decreto 1835 del 3 de agosto de
1984 se desempañaba como Detective Agente, situación que permitiría
hacerle acreedor al régimen de transición consagrado en el referido Decreto,
y consecuencialmente beneficiario de las normas del Decreto 1047 de 1978,
el cual permite el otorgamiento de la pensión, luego de veinte años de
servicio, sin importar la edad.

A pesar de lo analizado, en esta oportunidad acontece una condición fáctica
que le da contornos especiales al caso, como lo es el hecho de que el
demandante Rafael Augusto Cuellar Gómez se hubiera trasladado al
régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual entre
el 01 de febrero de 2001 al 19 de septiembre de 2012, como él mismo lo
advierte en el libelo demandatorio y debidamente probado en el proceso…

…Conforme a [la] sentencia SU-130 de 2013, la Corte Constitucional dejó
en claro que “solo quienes cumplen con el requisito de tiempo de
servicios cotizados (15 años o más) pueden retornar sin límite temporal
alguno al régimen de prima media, pues son los únicos afiliados que
no pierden el derecho al régimen de transición por efecto del traslado”.

… Como se trata de un empleado público de régimen exceptuado, el análisis
debe realizarse a la luz del parágrafo 6° del artículo de la Ley 860 de 2003,
en (sic) el cual estableció que los funcionarios del DAS que pretendieran
acogerse al régimen especial de alto riesgo, debían trasladarse del régimen
de ahorro individual con soliadaridad al de prima media con prestación
definida dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de publicación de
la Ley 860 de 2003, término que fue ampliado por la Corte Constitucional en
la sentencia C-030 de 2009 hasta los (3) meses siguientes a la
comunicación de la referida sentencia (Comunicado de Prensa No. 02 de 28
de enero de 2009), bajo la interpretación de la perdida (sic) de la transición
sentada en las sentencias del régimen general, es decir, que los funcionarios
vinculados al Régimen de Ahorro con solidaridad, como es el caso del
demandante, tenían hasta el 29 de abril de 2009) para realizar el traslado
(sic), no obstante, a f. 18 del C. Ppal., reposa certfifiación de Colpensiones,
en la cual se constatata que el señor Rafael Augusto Cuellar Gómez retornó
nuevamente al régimen de prima media con prestación definida el día 01 de
septiembre de 2012, por lo cual perdió la transición y su régimen especial
por lo que tampoco cumplió con este requisito, surgiendo la premisa de que
su pensión debe resolverse a la luz de la Ley 100 de 1993. (Cursiva y
subraya nuestras. Negrilla y extensión de los párrafos pertenecen al
original).

● Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10
de noviembre de 2022:

…[E]n reciente decisión, esta Corporación unificó su jurisprudencia, frente al
caso de los servidores del DAS beneficiarios del régimen de transición
dispuesto en la Ley 860 de 2003 consistente en que los detectives
vinculados antes del 3 de agosto de 1994 y que hubieren cotizado 500
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01891-01.
Actor: Rafael A. Cuéllar Gómez.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

semanas podrían acceder a la pensión en las condiciones definidas en el
Decreto 1835 de 1994, el que a su vez contempla en su artículo 4 un
régimen de transición para quienes estuvieren vinculados antes de su
vigencia.

En efecto, la Sección Segunda, en sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 de 28 de
julio de 2022, en el proceso radicado
25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014) ajustó su posición a la pauta
jurisprudencial unificada del 28 de agosto de 2018. Para ello, determina que
a los citados servidores les asistía el derecho a conservar el régimen
anterior pero únicamente en cuanto a los requisitos de edad, tiempo y
monto, sin embargo, respecto al IBL este corresponderá al señalado en la
Ley 100 de 1993 y los factores sobre los que cotizó indicados en el Decreto
1158 de 1994, salvo en lo relacionado con la cotización de prima de alto
riesgo…

En la sentencia C – 030 de 2009, la Corte Constitucional estudió la
constitucionalidad del artículo 9 del Decreto 2090 de 2003… En relación con
esta disposición, la Corte Constitucional señaló lo siguiente:

«Los demandantes sostienen que con la imposición de dicho plazo se
vulnera el derecho a la libre escogencia de régimen pensional, pues una
vez cumplidos los 3 meses no es posible ningún traslado, y en
consecuencia, no se podría acceder al beneficio de la pensión especial.
No obstante, una lectura armónica de todo el artículo 9 del Decreto
2090 de 2003 y del artículo 2 de la Ley 860 de 2003, permite concluir
que dicho término se consagró como una ventaja para aquellas personas
que ejercían actividades de alto riesgo en la fecha de expedición de las
respectivas normas y quisieran trasladarse al Régimen de Prima Media
con Prestación Definida para ser beneficiarios de la pensión especial, ya
que podrían cambiarse de régimen sin necesidad de cumplir los términos
de permanencia contemplados en el literal e del artículo 13 de la Ley 100
de 1993, según el cual, sólo se puede cambiar de régimen cada 5 años
después de la elección inicial. Es decir, que aquellas personas que
ejercían actividades de alto riesgo para la fecha de publicación de las
mencionadas normas y se encontraban afiliados al Régimen de Ahorro
Individual, se pudieron trasladar de régimen sin necesidad de cumplir los
5 años de permanencia que exige la norma citada. (Negrilla y subraya
propias)

…En segundo lugar, tampoco se dice en las normas acusadas que no
será posible acceder a la pensión especial por actividades de alto riesgo
con posterioridad al término señalado de 3 meses, ya que dichas normas
sólo prescriben que aquellas personas que ejercían actividades de alto
riesgo y se encontraban en el Régimen de Ahorro Individual para la fecha
en que se publicaron tanto el Decreto 2090 de 2003 como la Ley 860
de 2003, se podían trasladar al Régimen de Prima Media, a fin de
obtener la pensión especial por actividades de alto riesgo, sin tener en
cuenta los términos de permanencia antes mencionados. (Negrilla y
subraya propias)

No obstante lo anterior, es preciso que esta Corporación armonice el
presente fallo con la sentencia C-789 de 2002, en donde se estudió la
constitucionalidad de requisitos impuestos por el legislador para aplicar el
régimen de transición. En dicha sentencia la Corte protegió el derecho a
cambiar de régimen pensional y declaró exequibles las normas bajo dos
condiciones dirigidas a hacer efectivo dicho derecho dentro de un
sistema pensional sostenible. Tales condiciones se aplicaban a las
personas que habiendo cumplido el requisito de quince años o más de
servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01891-01.
Actor: Rafael A. Cuéllar Gómez.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

seguridad social en pensiones y que estuvieran en el régimen de ahorro
individual, pudieran trasladarse al régimen de prima media y ser
beneficiarios del régimen de transición, a saber: a) que trasladen al
régimen de prima media todo el ahorro que efectuaron al régimen de
ahorro individual con solidaridad; y b) que dicho ahorro no sea inferior al
monto del aporte legal correspondiente, en caso que hubieren
permanecido en el régimen de prima media. En tal caso, el tiempo
trabajado les será computado en el régimen de prima media.

…
La efectividad del derecho a cambiar de régimen pensional dentro del
marco constitucional y legal vigente depende de que éste pueda ser
ejercido sin trabas insalvables. Uno de estos obstáculos es precisamente
impedir que el interesado aporte voluntariamente los recursos
adicionales en el evento de que su ahorro en el régimen de ahorro
individual sea inferior al monto del aporte legal correspondiente en caso
de que hubiere permanecido en el régimen de prima media con
prestación definida. Esta barrera es salvable si el interesado aporta los
recursos necesarios para evitar que el monto de su ahorro, al ser inferior
en razón a rendimientos diferentes o a otras causas, sea inferior al
exigido. Esto no sólo es necesario dentro del régimen general, sino
también en los regímenes especiales con el fin de conciliar el ejercicio
del derecho del interesado en acceder a la pensión y el objetivo
constitucional de asegurar la sostenibilidad del sistema pensional.

Por lo tanto, con el fin de que se ejerza sin ningún obstáculo la
opción de trasladarse de régimen y beneficiarse de la pensión
especial por actividades de alto riesgo, es preciso que se
restablezca el mismo plazo, es decir, tres meses a partir de la
comunicación de la presente sentencia. De tal manera que la opción
que se les otorgó a los trabajadores que se dedican a actividades de alto
riesgo para acceder a la pensión especial resulte cierta, efectiva y
respetuosa del derecho que tiene toda persona a cambiar de régimen
pensional, dentro del marco constitucional y legal vigente. (negrilla propia
de la providencia tutelada)

En consecuencia, esta Corporación declarará exequible el término
de 3 meses contemplado en las normas acusadas, en el entendido
de que: a) el plazo de tres (3) meses se contará a partir de la
comunicación de la presente sentencia; y b) la persona que ejerza la
opción, puede aportar voluntariamente los recursos adicionales
necesarios en el evento de que el ahorro en el régimen de ahorro
individual con solidaridad sea inferior al monto del aporte legal
correspondiente, en caso de que hubiere permanecido en el
régimen de prima media, como se advirtió en la sentencia C-789 de
2002». (negrilla propia de la providencia tutelada).

Luego, es claro que la Corte estableció un lapso en el que se debió realizar
el traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad para que no se
perdiera la posibilidad de que se obtuviera la pensión bajo el régimen de alto
riesgo.

Es importante señalar que el término establecido por la Corte Constitucional
empezó a contar a partir del 28 de enero de 2009, pues en esa fecha se
expidió el comunicado 02 de 2009 en el que se incluyó la mencionada
providencia.

Análisis del caso concreto

El señor Rafael Augusto Cuellar Gómez nació el 23 de agosto de 1964.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01891-01.
Actor: Rafael A. Cuéllar Gómez.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Del extracto de la hoja de vida del demandante se observa que prestó los
servicios como detective en diferentes grados, así como en los cargos de
subdirector y director desde el 23 de octubre de 1986 hasta el 22 de abril de
2010, con un tiempo de servicio en dicha entidad de 23 años, 5 meses y 29
días.

Por otra parte, consta que se trasladó del Régimen de Ahorro Individual con
solidaridad al régimen de prima media con prestación definida el 1 de
septiembre de 2012.
…

En ese orden de ideas, se concluye que el señor Cuellar Gómez no tiene
derecho a pensionarse de acuerdo con el régimen de pensiones de alto
riesgo, puesto que el traslado del régimen de ahorro individual al de prima
media con prestación definida tan solo lo hizo el 1 de septiembre de 2012.

Es necesario señalar que los demás argumentos expuestos en el recurso de
apelación dependían de que se concluyera que el señor Cuellar Gómez
tiene derecho a pensionarse conforme con el régimen de alto riesgo del
DAS, motivo por el cual no se estudiarán.

En virtud de las consideraciones expuestas, al señor Rafael Augusto Cuellar
Gómez no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación
conforme al régimen especial de los empleados que desempeñan funciones
de alto riesgo en igualdad de condiciones de los detectives del
Departamento Administrativo de Seguridad DAS (hoy liquidado).

Hecha la transcripción anterior de las sentencias proferidas por las autoridades
judiciales ordinarias, lo que primero debe aclararse es que, no obstante posibles
errores en la transcripción sobre la norma aplicable (fuere el Decreto 2090 o Ley
860 de 2003), la sentencia de constitucionalidad que sirvió de fundamento a la
Subsección A de la Sección Segunda, determinante en el fallo acusado, trató
conjuntamente ambos instrumentos regulatorios para definir las reglas sobre el
régimen de transición. En aquel sentido, no sería posible señalar la existencia de
un defecto sustantivo, como lo afirma el demandante.

Con esta precisión, la Sala advierte la significativa semejanza entre el objeto de la
presente demanda, y la causa petendi adelantada en sede nulidad y
restablecimiento del derecho, por lo que se deduce la intención de buscar una
tercera instancia, en vista de la evidente identidad entre ambas controversias, por
lo que esta solicitud de amparo carece de relevancia constitucional.

La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01891-01.
Actor: Rafael A. Cuéllar Gómez.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de
competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales; y c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces6.

Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos7:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
pues no basta aducir la vulneración de estos derechos; y

ii) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada, dado
que este mecanismo especial constitucional está constituido para
proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia ordinaria
que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por las razones expuestas, luego de revisar la demanda de tutela y lo discutido en
la providencia cuestionada, es claro que ambas comparten: i) la discusión sobre el
régimen especial de transición en pensiones del derecho para exmiembros del
DAS; y ii) el término sobre la oportunidad para hacer el traslado de un régimen
pensional a otro.

En ese sentido, la Sala concluye que la parte actora acudió a este mecanismo
constitucional con el propósito de reabrir la discusión acerca de su derecho a la
pensión especial por haber sido miembro del Departamento Administrativo de
Seguridad y hecho cotizaciones especiales por ejercer una actividad de alto
riesgo, resuelta en ambas instancias en su contra por haberse trasladado por

6
Sentencia T–422 de 2018.
7
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01891-01.
Actor: Rafael A. Cuéllar Gómez.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

fuera del término indicado por la Corte Constitucional, sin aportar una justificación
suficiente sobre su demora.

Así las cosas, por las razones expuestas, se confirmará la sentencia objeto de
impugnación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de mayo de 2023, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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