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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01892-00

Fecha
6 de julio de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01892-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse una situación sobreviniente. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01892-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

6 de julio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01892-00
Demandante: Nelson Josué Torres Cediel

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01892-00
Demandante: NELSON JOSUÉ TORRES CEDIEL
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL

Temas: Tutela contra acto administrativo. Exclusión de participante de la
Convocatoria No. 27, por no aportar declaración juramentada de
causales de inhabilidad e incompatibilidad para ejercer el cargo.
Declara carencia actual de objeto por hecho sobreviniente

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Nelson Josué Torres Cediel, en nombre propio, contra el
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera
Judicial, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, trabajo y de acceso a cargos y funciones públicas, los cuales
considera vulnerados con la Resolución No. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023,
mediante la cual fue excluido del concurso de méritos por no aportar la declaración
juramentada de no estar incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad
para ejercer el cargo.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor sostuvo que el 4 de septiembre de 2018 se inscribió como participante de
la Convocatoria No. 27 (Acuerdo No. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018),
al cargo de juez administrativo.

Refirió que al momento de realizar la inscripción aceptó declarar bajo la gravedad
de juramento no estar incurso en ninguna causa legal o constitucional de
inhabilidad para el nombramiento o de incompatibilidad para el ejercicio del cargo
al cual concursó.

Así mismo, manifestó que para el momento de la presentación de la prueba de
aptitudes y conocimientos fue diligenciada la declaración del cumplimiento de
requisitos mínimos dentro de los cuales se encuentra no contar con inhabilidades
e incompatibilidades.

Expresó que mediante Resolución No. CJR-22-0351 de 1° de septiembre de 2022,
la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
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Demandante: Nelson Josué Torres Cediel

Judicatura publicó los resultados de la prueba de conocimientos y competencias,
en la que obtuvo un puntaje de 803,98.

Adujo que a través de la Resolución No. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, la
Unidad de Administración de Carrera Judicial publicó el listado de inadmitidos al
concurso por falta de cumplimiento de requisitos. Agregó que fue rechazado por la
causal 3.5 del numeral 3 del artículo 3 del Acuerdo No. PCSJA18-1107 de 16 de
agosto de 2018, esto es, por no presentar la declaración juramentada de ausencia
de inhabilidades e incompatibilidades.

Refirió que el 17 de febrero de 2023 solicitó la verificación documental, al
considerar que cumplía con el requisito y, además, aportó una declaración
juramentada de no contar con inhabilidades e incompatibilidades, insistiendo en el
cumplimiento del requisito tanto en la presente como en anteriores convocatorias.

Por último, aseguró que mediante Oficio No. CJO23-1542 de 17 de marzo de
2023, en el que le indicaron que aun cuando presentó una declaración que sirvió
para acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos del artículo 3, numeral 3.8
de las causales de rechazo, la misma es distinta de aquella exigida por el artículo
3.5 del Acuerdo No. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo
y de acceso a cargos y funciones públicas, los cuales considera vulnerados con la
Resolución No. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, en la que se dispuso su
exclusión de la Convocatoria No. 27 para proveer cargos de funcionarios de la
Rama Judicial, por no aportar la declaración juramentada de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades.

Indicó que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia dado que (i) está legitimado en la causa por activa para formular la
acción de tutela y la entidad demandada está legitimada en la causa por pasiva ya
que es la responsable del trámite y culminación de la Convocatoria No. 27; (ii)
cumple con el requisito de la inmediatez en tanto se presentó transcurrido menos
de un mes desde que le fue notificado el acto administrativo demandado y con
anterioridad al inicio de la etapa de curso de formación judicial que comienza a
partir del “24 de abril de 2023”; (iii) cumple con el requisito de la subsidiariedad
porque se trata de un acto administrativo de trámite frente al cual no es
procedente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. A lo que
agregó que dicho trámite judicial no “protege con celeridad los derechos de los
concursantes en contraposición con el avance de las etapas del proceso”, por lo
que la solicitud de amparo procede como mecanismo definitivo conforme lo
estableció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en sentencia
13 de diciembre de 2021 y la Sección Tercera, Subsección “B” en sentencia de 6
de diciembre de 2021 (exp. No. 11001-03-15-000-2021-06364-00).

Mencionó que la causal de exclusión que le fue aplicada no puede ser óbice para
establecer que no tiene garantías de idoneidad para el desempeño en el cargo,
toda vez que la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades se hace en el
momento de la posesión y no luego de conformarse el registro de elegibles.

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Demandante: Nelson Josué Torres Cediel

En ese sentido, formuló los siguientes interrogantes: “¿El hecho de presuntamente
no presentar la declaración juramentada de no contar con inhabilidades permite
colegir que no soy idóneo para acceder al cargo?, ¿La no presentación de la
mentada declaración implica considerar automáticamente que me encuentro
impedido para participar? Y en caso de ser afirmativa la respuesta ¿Por qué una
persona inhabilitada se postula para un concurso de méritos?”.

Advirtió que debió homologarse el cumplimiento de la causal 3.5. con la
declaración que se presentó para cumplir el requisito mínimo de la causal 3.8.,
cuando al momento de la inscripción dio clic en aceptar a la casilla en donde se
hacía referencia a no estar incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad.

Así mismo, aseguró que a pesar de que la norma reguladora del concurso sea de
obligatoria observancia ello no significa que puedan imponerse criterios arbitrarios
e irrazonables que restrinjan el acceso al mérito, pues ello significa poner el
principio de legalidad por encima del principio de mérito, siendo este último un
pilar del Estado Social de Derecho que prevalece sobre el primero.

Por lo anterior, sostuvo que debe realizarse un ejercicio interpretativo a partir de la
teoría de la ponderación, pues tiene mayor peso constitucional el principio del
mérito.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela, el accionante formuló las siguientes:

“1. Solicito de forma respetuosa se conceda el amparo de mis derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, trabajo y al acceso a cargos y funciones públicas, relacionados con
el derecho y principio del mérito propio del Estado Social de Derecho.

2. Como consecuencia de lo anterior solicito se ordene a la entidad tutelada dejar sin efectos
para mi caso particular, la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, mediante el cual
se rechaza mi aspiración para el cargo 270011 de Juez Administrativo.

3. Respetuosamente solicito se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, para que dicte acto administrativo
de reemplazo en la cual se resuelva mi admisión o rechazo de la convocatoria 27, dando
aplicación al derecho fundamental al mérito propio del Estado Social de Derecho así como los
artículos 127 y 133 de la ley estatutaria de administración de justicia y la ponderación
favorable al principio del mérito sobre el principio de legalidad”.

4. Pruebas relevantes

Con la solicitud de amparo el actor aportó los siguientes documentos:

• Copia de la Resolución No. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, “Por medio de la
cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos
destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión
de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018”.
• Copia del oficio No. CJO23-1582 de 17 de marzo de 2023, suscrito por la directora
de la Unidad de Administración de Carrera Judicial en respuesta a la solicitud de
verificación de los documentos aportados con la inscripción elevada el 17 de
febrero de 2023.

5. Trámite procesal

Por auto de 24 de abril de 2023, la magistrada sustanciadora ordenó remitir el
asunto al despacho del magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés para que
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Demandante: Nelson Josué Torres Cediel

estudiara la posible acumulación a la acción de tutela acción de tutela radicada
bajo el N° 11001-03-15-000-2023-01559-00, demandante: Ana Paula Puerta
Mejía. La acumulación fue negada mediante auto de 3 de mayo de 2023, al
considerar que la situación de hecho que motivó la interposición de los
mecanismos de amparo difiere, por lo que deben ser analizados y resueltos
conforme a la particularidad planteada por cada uno de los actores.

Por lo anterior, la magistrada ponente admitió la solicitud de amparo por auto de
12 de mayo de 2023 y ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad
demandada.

Además, se ordenó al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial, informar a todas las personas que hacen parte
del “LISTADO DE ASPIRANTES RECHAZADOS” de la Resolución No. CJR23-
0061 de 8 de febrero de 2023, mediante publicación en la página web y/o
aplicativo dispuesto para tales fines, sobre la admisión de la acción de tutela, con
el fin de que tuvieran conocimiento de la existencia de este mecanismo
constitucional como terceros interesados.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas No.
43648 a 43650 de 15 de mayo de 2023, con el fin de notificar a las partes1.

6. Oposición

Respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura

En memorial allegado a través de correo electrónico 17 de mayo de 2023, la
directora de la Unidad solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela.

Expresó que el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018, “Por medio del cual se adelanta el proceso de
selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial”, el cual resulta de obligatorio cumplimiento tanto
para la administración como para los concursantes, pues contiene las reglas que
se comprometieron a cumplir todos los aspirantes a ocupar los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial.

Aseveró que en cuanto a la acreditación de la experiencia profesional el artículo 3º
numeral 1.1. del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, estableció
como un requisito específico, entre otros, el siguiente:

“ARTÍCULO 3. El concurso es público y abierto. La convocatoria es norma obligatoria
y reguladora de este proceso de selección, por tanto, de perentorio cumplimiento tanto
para la administración como para los participantes, quienes, con su inscripción,
aceptan las condiciones y términos señalados en el presente Acuerdo.

1. REQUISITOS

1.1. Requisitos Generales

1 Las partes demandante y demandada fueron notificadas a las siguientes direcciones de correo

electrónico: : josuecediel@gmail.com; presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co;
carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co;
convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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Los aspirantes en el término de inscripción, deberán acreditar el cumplimiento de los
siguientes requisitos: (…) ✓ “No estar incurso en causal de inhabilidad o
incompatibilidad, lo cual deberá acreditarse con una declaración juramentada suscrita
por el aspirante, escaneada y cargada en formato PDF. (…)”.

Indicó que el numeral 2.4. del mismo artículo establece que los aspirantes debían
anexar, de conformidad con el instructivo, en archivo de formato PDF la
declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.

Refirió que en cuanto al requisito de aportar en archivo formato PDF la declaración
juramentada de no estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad, indicó
que éste se encuentra expresamente regulado en la causal de rechazo señalada
en el sub numeral 3.5. numeral 3 del artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 de
2018, así:

“3. CAUSALES DE RECHAZO

Serán causales de rechazo, entre otras:

(…)

3.5. No presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades”.

Adujo que en el instructivo de inscripción se hizo referencia a cada uno de los
documentos que se debía aportar al momento de la inscripción al concurso, entre
los que se encontraba la declaración juramentada de no encontrarse incurso en
inhabilidades o incompatibilidades para ejercer el cargo, en formato PDF, carga
con la cual cumplieron más de 3.390 aspirantes de los que pasaron la prueba de
aptitudes y conocimientos, por lo que fueron admitidos.

Aseguró que en el caso del actor se revisaron los documentos cargados en la
base del sistema Kactus, durante el término previsto en la inscripción y se verificó
que el accionante no aportó documento en formato PDF contentivo de la
declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, tal
como quedó establecido en el acuerdo de la convocatoria.

Por lo anterior, refirió que mediante Oficio No. CJO23-1542 de 17 de marzo de
2023, se le dio respuesta al aspirante a la revisión de los documentos aportados.
Aunado a lo anterior, mediante oficio CJO23-1582 de 17 de marzo de 2023, se le
informó al accionante lo relacionado con la documentación aportada en la
plataforma Kactus, y se le indicó que el acceso a la misma se habilitó en los
términos del numeral 2.3 del Acuerdo de la Convocatoria, es decir, por un período
determinado con el objeto de que los aspirantes pudieran diligenciar la información
allí solicitada y anexaran la documentación respectiva.

Además, en relación con la petición de tener como presentados los documentos
adjuntos a la solicitud de verificación de requisitos, sostuvo que mediante el Oficio
masivo CJO23-2669 de 26 de abril de 2023, se le informó a todos los
concursantes que cada una de sus fases contiene un procedimiento que se debe
atender en su totalidad en igualdad de condiciones por los aspirantes, etapa
procesal que una vez terminada da comienzo a la siguiente, sin que pueda
revivirse, en tanto a su vez se vulnerarían los principios constitucionales del
artículo 209 superior, que determina que la función administrativa está al servicio
de los intereses generales.

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Por lo anterior, sostuvo que la valoración de los certificados se hizo teniendo en
cuenta la estricta aplicación de las normas establecidas en la convocatoria, en
igualdad de condiciones con los demás participantes, de manera que no es
posible dar un tratamiento diferente, por lo que solo son tenidos en cuenta los
documentos aportados dentro del término legal de la inscripción.

Por otro lado, advirtió que contrario a lo afirmado por el accionante, el requisito no
puede cumplirse dando clic en la casilla de aceptar del sistema Kactus en donde
se hacía referencia a no erar incurso en inhabilidades e incompatibilidades, pues
en primer lugar, dicha casilla no estaba habilitada para el momento de la
inscripción y, en segundo término, no es suficiente para sustituir lo exigido por el
acuerdo de la convocatoria, el cual es claro al solicitar una declaración
juramentada, escaneada y cargada en PDF.

En cualquier caso, refirió que la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad porque la inconformidad del accionante se relaciona con la
condición establecida en el Acuerdo No. PCSJA18-11077 de 2018, que sirvió de
soporte jurídico a la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, por lo que
al tratarse de un acto administrativo de carácter general, lo procedente es iniciar el
medio de control de nulidad simple.

En este orden de ideas, pidió que se nieguen las pretensiones del actor ante la
ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.

7. Escrito de intervención

Por auto de 12 de mayo de 2023 se dispuso poner en conocimiento la acción de
tutela de todas las personas que fueron rechazados de la convocatoria, como
terceros con interés.

En ese marco, el señor Freddy Alexander Niño Cortes en escrito de 16 de mayo
de 2023, indicó que coadyuva las pretensiones del actor y solicitó que se amparen
sus derechos fundamentales profiriendo una decisión con efectos inter comunis,
teniendo en cuenta que también fue excluido del concurso de méritos por no haber
aportado la declaración juramentada de no estar incurso en inhabilidades e
incompatibilidades, mediante la Resolución No. CJR23-0061 de 8 de febrero de
2023, modificada por la Resolución CJR23- 0136 de 2 de mayo de 2023.

Sostuvo que los concursantes “al iniciar proceso de inscripción en la plataforma
Kactus diligenciamos una casilla que ineludiblemente nos exige declarar estar
libres de causales de incompatibilidad o inhabilidad. Esos mensajes de datos
tienen la misma vocación que los realizados por quienes se beneficiaron de lo
establecido en la resolución CJR23-0136”.

Así mismo, refirió que mediante auto de 3 de mayo de 2023 en el trámite de
acción de tutela 11001023000020230040900, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia solicitó información sobre la selección de la casilla
aceptar que hacía referencia a la declaración de no estar incurso en inhabilidades
e incompatibilidades, frente a lo cual la entidad demandada respondió que sí era
una exigencia que el sistema efectuaba para poder continuar con el trámite de
inscripción.

Además, aseguró de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018, el cual debe interpretarse de forma favorable en
aplicación del principio pro homine, no existe un término específico para aportar la
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referida declaración, por lo que, a su juicio, la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura no tiene la facultad de
excluirlo del concurso de méritos destinado a la conformación del Registro
Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama
Judicial, dado que la allegó por correo electrónico el 9 de noviembre de 2022.

Finalmente, expresó que la acción de tutela resulta procedente dado que no existe
un mecanismo efectivo para proteger el derecho fundamental a la igualdad, por
cuanto la misma no se dirige a obtener la nulidad de la Resolución No. CJR23-
0061 de 8 de febrero de 2023, sino que cuestiona el requisito exigido en el
acuerdo de la convocatoria, frente al cual operó el fenómeno de la caducidad por
lo que no puede demandarse.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si la Unidad de Administración Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, trabajo y de acceso a cargos y funciones públicas, con la
Resolución No. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, mediante la cual se dispuso
su exclusión en el concurso de méritos para proveer el cargo de juez
administrativo del circuito por no aportar la declaración juramentada de no estar
incurso en inhabilidades e incompatibilidades que exige el sub numeral 3.5.
numeral 3 del artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018.

De manera previa se debe establecer si se configuró la carencia actual de objeto
por hecho sobreviniente teniendo en cuenta que la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial profirió la Resolución No. CJR23-0213 de 8 de junio de 2023, en
la que dio cumplimiento a la sentencia de 31 de mayo de 2023, proferida por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (exp. No.
11001023000020230033500) y dispuso admitir al concurso de méritos a los
aspirantes que fueron rechazados por la causal 3.5. dentro de los cuales se
encuentra el actor.

3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición
que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
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mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en las
casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para
interponer la acción de tutela (…)”.

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y
subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona,
cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares.

4. Estudio y solución del caso en concreto

4.1. El actor interpuso acción de tutela contra la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo y de acceso a
cargos y funciones públicas. Lo anterior, al encontrarse inconforme con lo resuelto
en la Resolución No. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, mediante la cual se
dispuso su exclusión en el concurso de méritos para proveer del cargo de juez
administrativo por no aportar la declaración juramentada de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades

Su desacuerdo se fundamenta en la aplicación indebida del Acuerdo No.
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, pues considera que el cumplimiento de
la causal de exclusión 3.5. podía homologarse con la aceptación que dio al
momento de la inscripción no encontrarse incurso en causales de inhabilidad o
incompatibilidad, es decir, con el cumplimiento del requisito de la causal 3.8.

4.2. Valga recordar que por medio del Acuerdo No. PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura adelantó la convocatoria No.
27 para la conformación del registro de elegibles con el fin de proveer los cargos
de funcionarios de la Rama Judicial.

Mediante Resolución No. CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022 se determinó
que el actor aprobó esta etapa del concurso con un puntaje de 802,65. Sin
embargo, mediante Resolución No. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 fue
excluido del concurso por incumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos,
puntualmente, no acreditar la experiencia profesional exigida como requisito para
ocupar el cargo prevista en el subnumeral 3.5. numeral 3 del artículo 3 del
Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018.

Por medio del oficio No. CJO23-1542 de 17 de marzo de 2023, la Unidad de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura le indicó al demandante que
no acreditó el requisito de la declaración juramentada, dado que este se cumple
aportando el documento escaneado, autenticado y en formato PDF.

4.3. De esta manera, es claro que las inconformidades del actor están
relacionadas con la decisión de excluirlo del concurso de méritos, es decir, con la
Resolución No. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, modificada mediante la
Resolución No. CJR232-0110 de 21 de marzo de 2023, la cual, a juicio de la Sala,
es un acto administrativo que tiene carácter definitivo porque resolvió la situación
jurídica particular del actor, por lo que es susceptible de control ante la jurisdicción
contencioso administrativa. Además, el debate propuesto por el actor gira en torno

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a la interpretación de las reglas de la convocatoria, es decir, si es posible suplir el
requisito de la causal 3.5. con aquel contemplado en la causal 3.8.

En ese sentido, la Sala ha sido del criterio que el medio de control procedente es
el de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo establecido en
el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, el cual resulta eficaz para resolver este
debate, a partir de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 de la misma
normativa, esto es, por haber sido expedidos con infracción de las normas en que
deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación
de las atribuciones propias de quien los profirió.

Además, teniendo en cuenta que al acudir a la jurisdicción contencioso
administrativa el accionante puede reclamar la adopción de medidas cautelares en
virtud del artículo 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, este es el
mecanismo idóneo para conseguir el amparo de los derechos invocados.

4.4. Ahora bien, de acuerdo con la información que figura en la página web del
concurso de méritos adelantado en el marco de la convocatoria 27, la Sala
constató que la entidad demandada profirió la Resolución No. CJR23-0213 de 8
de junio de 2023 -publicada el 9 del mismo mes y año-, en la que resolvió dar
cumplimiento a lo ordenado, con efectos inter comunis, por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de tutela de 31 de mayo de
2023 que dejó parcialmente sin efectos la Resolución No. CJR23-0061 de 8 de
febrero de 2023, en la que dispuso admitir al concurso de méritos destinado a la
conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077
de 16 de agosto de 2018, a los aspirantes que se relacionan en archivo anexo y
que fueron rechazados exclusivamente por la causal “3.5 No presentar la
declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades”,
dentro de los cuales se encuentra el señor Nelson Josué Torres Cediel.

Así las cosas, la Sala observa que en el asunto bajo examen se configuró la
carencia actual de objeto por acaecer una situación sobreviniente como es la
expedición de la Resolución No. CJR23-0213 de 8 de junio de 2023, en la que se
admitió al actor en el concurso de méritos, por lo que cualquier análisis en torno a
su exclusión por no haber presentado la declaración juramentada de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades caería en el vacío.

Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20192, la Corte Constitucional reiteró
que “ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la
solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial”. Ello se justifica en que al
desaparecer el supuesto de hecho que motivó la presentación de la solicitud,
cualquier determinación por el juez constitucional sería inocua y no atendería el
objetivo de esta acción consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política.

En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido
lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho
o la inocuidad de las pretensiones”.

2 M. P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01892-00
Demandante: Nelson Josué Torres Cediel

Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte
Constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que
permite evidenciar la imposibilidad material del juez constitucional para dictar
alguna orden para salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido
solicitada. Este fenómeno se materializa a través de tres figuras: (i) hecho
superado; (ii) daño consumado y (iii) el acaecimiento de una situación
sobreviniente.

El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto
2591 de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de
la acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba
la afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se
superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar
el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad,
la accionada ha dejado de desconocer”3.

De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela
se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela, dé en principio, una orden al respecto”4.

Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o
un daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración
predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o
porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis ”5. A manera de
ilustración, la jurisprudencia ha declarado un hecho sobreviniente cuando: “(i) el
actor mismo es quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación
vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada- ha logrado
que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir
alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor
simplemente pierde interés en el objeto original de la Litis”6.

En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto porque se
configuró una situación sobreviniente, teniendo en cuenta que en el transcurso del
trámite de tutela la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura profirió la Resolución No. CJR23-0213 de 8 de junio de
2023, en la que se resolvió admitir nuevamente al actor en la convocatoria 27, por
lo que cualquier análisis respecto a la decisión que lo excluyó no surtiría ningún
efecto jurídico.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

3 Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
4 Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
5 Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
6 Sentencia SU-522 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01892-00
Demandante: Nelson Josué Torres Cediel

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse
una situación sobreviniente.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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