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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01559-00

Fecha
27 de abril de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01559-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991. 15 “3. CAUSALES DE RECHAZO Serán causales de rechazo, entre otras: […] 3.5. No presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades”. 12 Radicación: 11001-03-15-000-2023-01559-00 Accionante: Ana Paula Puerta Mejía Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01559-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

27 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01559-00
Accionante: ANA PAULA PUERTA MEJÍA
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – SE DECLARA IMPROCEDENTE – la
actora dispone de otros medios de defensa judiciales para
ventilar los motivos de inconformidad

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela promovida por la ciudadana Ana Paula Puerta
Mejía en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial y de la Universidad Nacional de
Colombia.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana Ana Paula Puerta Mejía solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales «[…] al Mérito y la Carrera Administrativa, […] al principio de
legalidad […] [y] al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas […]», cuya vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura -
Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de
Colombia, con ocasión de haberla rechazado o excluido del concurso de méritos
convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, al no
haber aportado, en formato PDF, la declaración juramentada de no hallarse
incursa en inhabilidad o incompatibilidad para asumir el cargo de juez de familia
del circuito.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01559-00
Accionante: Ana Paula Puerta Mejía

2.1. Manifestó que se inscribió al concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, encaminado a proveer, entre otros, el cargo de juez de familia del
circuito.

2.2. Señaló que presentó la prueba de «[…] conocimientos […]», en la que obtuvo un
puntaje aprobatorio, resultado que, en principio, le permitía pasar a la otra etapa del
concurso. Sin embargo, fue rechazada o excluida de este, mediante Resolución
CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, «[…] por la causal 3.5, consistente en no
haber declarado no encontrarme incursa en causal de inhabilidad o
incompatibilidad para ejercer el cargo […]».

2.3. Relató que, dentro de la oportunidad procesal concedida, presentó solicitud de
verificación de documentos, la cual fue resuelta negativamente mediante Oficio
CJO23-1559 de 17 de marzo de 2023.

2.4. Manifestó que la accionada vulneró sus derechos fundamentales porque, pese a
que no presentó en formato PDF la declaración de no hallarse incursa en
inhabilidad o incompatibilidad para ocupar el cargo, este requisito debe
entenderse cumplido o convalidado porque: (i) al momento de efectuar la
inscripción en línea, «[…] el aplicativo Kactus exige aceptar un recuadro que te
pide jurar que no estas inhábil o con incompatibilidades para ejercer el cargo
[…]»; (ii) en su condición de participante en otros concursos de la Rama Judicial y
de servidora judicial ha tenido que «[…] aportar en repetidas ocasiones el
Juramento de no encontrarme en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
para ejercer los cargos en dicha entidad […]»; (iii) en el recuadro del formulario
en línea indicó expresamente «[…] que no estoy incursa en inhabilidades e
incompatibilidades […]»; y (iv) «[…] al momento de iniciar la presentación del
examen, se nos solicitó a todos los participantes que firmáramos un documento
que decía que cumplíamos y acreditábamos los requisitos mínimos exigidos para
el cargo seleccionado […]».

2.5. Afirmó que se desconoce el principio de legalidad, teniendo en cuenta que la
autoridad accionada exige la presentación de «[…] un documento, en formato PDF
sólo por llenar un formalismo, ya que cuenta con dicho documento, porque lo he
presentado al momento de posesionarme en los cargos que allí he desempeñado,
lo manifesté en el recuadro para acceder al sistema Kactus, lo indiqué en el
recuadro de mi perfil de aspirante y adicionalmente lo firmé en un documento que
se me exigió firmar para presentar el examen; comporta en sí mismo una
complejidad del todo innecesaria y que transgrede […] el espíritu del Decreto 19
de 2012 […]».

3

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Accionante: Ana Paula Puerta Mejía

2.6. Aseguró que, comoquiera que no «[…] existe ninguna norma que regule la
existencia de inhabilidades o incompatibilidades para concursar […]», no era
dable exigir este requisito en esa etapa del concurso, pues este «[…] es aplicable
al momento de posesionarse, y sólo en este preciso momento cobra validez la ley
de ahí que conforme la ley 270 de 1996 Arts. 150 y 151 […]».

2.7. Por último, aseveró que se vulneró su derecho fundamental a la igualdad porque
la accionada ha permitido convalidar o subsanar ciertos requisitos, pero, sin
justificación alguna, no lo permite en este caso particular.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] Solicito se deje sin efecto la resolución que decidió rechazarme del
concurso de jueces, por las razones expuestas y que en su lugar se ordene
que nuevamente ingrese al concurso como admitida.

Subsidiariamente, en caso de considerar que aún no se ha llenado el requisito
del juramento, ni que está convalidado en forma posterior, se ordene en el
fallo de tutela que, con fundamento al derecho a la igualdad, pueda presentar
dicho juramento de inhabilidades e incompatibilidades ante el Consejo
Superior de la Judicatura Unidad de Carrera en forma posterior a este fallo
constitucional […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 29 de marzo de 2023, se admitió la presente acción de tutela
en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial y de la Universidad Nacional de Colombia. En la misma
providencia se ordenó vincular como terceros con interés directo en los resultados
de este proceso «[…] a las personas que aspiraron al concurso de méritos
convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 […]».
También se dispuso notificar al agente del Ministerio Público para lo de su
competencia.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada las notificaciones a las autoridades accionadas, se advierte
que se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura, por intermedio de la directora de la Unidad, rindió informe en los
siguientes términos:

4

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Accionante: Ana Paula Puerta Mejía

5.2. En primera medida, advirtió que: «[…] el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018, es de obligatorio cumplimiento tanto para la administración como
para los concursantes y en el mismo se señalaron de manera integral todos los
requisitos generales y específicos para participar en el concurso, requisitos cuyo
incumplimiento da lugar a ser rechazado del concurso […]».

5.3. Al respecto, señaló lo siguiente:

[…] en el acuerdo de convocatoria y se evidencia con la foto de la pantalla del
ingreso de información de documentos, siempre estuvo y está claramente
establecido en el reglamento, que uno de los documentos a aportar al
momento de la inscripción al concurso, era la declaración juramentada de no
encontrarse incurso en inhabilidades o incompatibilidades para ejercer el
cargo, en formato PDF, carga con la cual cumplieron más de 3.389 aspirantes
de los que pasaron la prueba de aptitudes y conocimientos, por lo que fueron
admitidos, en aplicación de las normas bajo el principio de la igualdad que no
puede ahora vulnerarse, para favorecer a aquellos que a pesar de tratarse
una exigencia clara y explícita, no la tomaron en consideración por distintas
razones, como puede ser la de no haber leído de manera juiciosa las normas
de la convocatoria […].

5.4. Ensegundo lugar, señaló que procedió a revisar «[…] los documentos
cargados en la base del sistema "Kactus", durante el término previsto en la
inscripción y se verificó que la accionante no aportó documento en formato PDF
contentivo de la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades, tal como quedó establecido en el Acuerdo de Convocatoria.
De lo cual, mediante oficio CJO23-1559 de 17 de marzo de 2023 se le dio
respuesta a la aspirante sobre la revisión de los documentos aportados […]».

5.5. De otra parte, sostuvo que el presente mecanismo de amparo no satisface el
requisito general de procedibilidad atinente a la subsidiariedad, ya que los motivos
de inconformidad de la actora se centran en el requisito establecido en el «[…]
Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, que sirvió de soporte jurídico a la Resolución
CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 […]», que, «[…] por tratarse de un acto
administrativo de carácter general, lo procedente es iniciar el medio de control de
nulidad […]».

6. La Universidad Nacional de Colombia, por conducto del director del proyecto
contrato 096 de 2028, rindió informe en el que solicitó declarar improcedente la
presente acción de tutela por las siguientes razones:

7. Sostuvoque no se cumple con el requisito de la inmediatez, dado que lo
pretendido por el actor es controvertir uno de los requisitos previstos en el
Acuerdo PCSJA18-11077 de agosto 16 de 2018, por lo que la acción de tutela se

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01559-00
Accionante: Ana Paula Puerta Mejía

presentó después de haber transcurrido cuatro (4) años desde que se publicó el
aludido acuerdo.

8. Igualmente, expuso que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad
porque «[…] la señora Ana Paula cuenta con otros mecanismos de protección
judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa, no siendo de recibo los
argumentos esgrimidos por ella, y atendiendo así a lo expresado por el artículo 86
de la Constitución Política que establece con claridad que, esta herramienta
extraordinaria, es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales
que se caracteriza por ser residual y subsidiario [...]».

9. Sin perjuicio de lo expuesto, indicó que no existe la vulneración alegada por la
actora, en razón a que la entidad que representa «[…] ha desarrollado su labor
dentro de los términos señalados en la Ley y la reglamentación específica que
regula el sistema especial de selección para los cargos requeridos en la
Convocatoria 27 de 2018 […]».

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

VI.2. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer lo siguiente:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra actos administrativos expedidos en el marco de un
concurso de méritos. Si ello es así, determinar:

B) Si la accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, al haberlo rechazado o excluido del concurso de méritos convocado

1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

6

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Accionante: Ana Paula Puerta Mejía

mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, por no haber
aportado la declaración juramentada de no hallarse incurso en inhabilidad o
incompatibilidad para asumir el cargo de juez penal municipal.

VI.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos expedidos en el marco de un concurso de méritos

12. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por
el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiaridad de la acción de
tutela, por regla general, esta no procede para controvertir actos administrativos
de carácter general o particular y concreto, toda vez que el legislador previó como
mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, los medios de control
de nulidad, y nulidad y restablecimiento del derecho.

13. En relación con los actos administrativos expedidos en el marco de un
concurso de méritos, la Corte Constitucional, en sentencia SU-067 de 24 de
febrero de 2022, precisó que, por regla general, la acción de tutela es
improcedente, excepto en los siguientes tres eventos: (i) que no exista otro
mecanismo judicial que permita demandar la protección de la garantía
fundamental infringida; (ii) que se vislumbre la configuración de un perjuicio
irremediable o (iii) que se trate de un asunto cuyo problema constitucional
desborde el marco de competencias del juez administrativo. Al respecto, la
referida Corporación explicó lo siguiente:

[…] la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres excepciones a la regla
general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico de
los concursos de mérito. Los actos administrativos que se dicten en el curso
de estas actuaciones administrativas podrán ser demandados por esta vía
cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un
mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho
fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.

97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección
del derecho fundamental infringido. La primera excepción se basa en el
reconocimiento de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las
reglas del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio
judicial. En estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por cuanto
«la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para
defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar
los actos administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo definitivo, cuando
se controvierten actos de trámite o de ejecución que vulneren derechos

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01559-00
Accionante: Ana Paula Puerta Mejía

fundamentales, comoquiera que tales decisiones no son susceptibles de
discusión jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La
segunda excepción a la regla general de improcedencia de la acción de tutela
contra estos actos administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de hecho se
presenta cuando «por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es
posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar
irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que
interpone la acción»[61].

99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. Finalmente, la tercera salvedad
reconocida por la jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole
que presentan ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el criterio
expresado en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de acción del juez
de lo contencioso administrativo. En tales casos, «las pretensiones del
accionante no se dirigen a determinar la legalidad de los actos administrativos
expedidos en desarrollo de la convocatoria, pretensión para la cual puede
acudir a los medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación de estas
normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos fundamentales»[62] […].
(Subrayas por fuera del texto original)

14. Igualmente en la aludida sentencia de unificación, se precisó que, de manera
excepcional, la acción de tutela es procedente para solicitar la protección de
derechos fundamentales frente a actos administrativos de trámite expedidos en el
marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación administrativa de la
cual hace parte el acto no haya concluido; que el acto acusado defina una
situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión final y que ocasione
la vulneración o amenaza real de las garantías deprecadas.

VI.4. Caso concreto

15. La ciudadana Ana Paula Puerta Mejía solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales «[…] al Mérito y la Carrera Administrativa, […] al principio de
legalidad […] [y] al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas […]», cuya vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura -
Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de
Colombia, por haberla rechazado o excluido del concurso de méritos convocado
mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, al no haber
aportado, en formato PDF, la declaración juramentada de no hallarse incursa en
inhabilidad o incompatibilidad para asumir el cargo de juez de familia del circuito.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01559-00
Accionante: Ana Paula Puerta Mejía

VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela por desconocer
requisito de subsidiariedad

16. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción de tutela resulta
improcedente cuando se pretende controvertir la legalidad de actos
administrativos, en razón a que los asociados cuentan con medios de defensa
ordinarios como lo son los medios de control de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho4, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar
la anulación y la suspensión de los actos de la administración que, según afirma,
lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto, afectan derechos
fundamentales.

17. Ahorabien, en el caso de autos, la actora afirmó que la entidad accionada
vulneró sus derechos fundamentales invocados, al haberla excluido o rechazado
del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018, por el simple hecho de no haber aportado, en formato PDF, la
declaración juramentada de no hallarse incursa en inhabilidad o incompatibilidad
para asumir el cargo de juez de familia del circuito.

18. Como consecuencia de lo anterior, la actora solicitó expresamente que se
dejara «[…] sin efecto la resolución que decidió rechazarme del concurso de
jueces […]».

19. Visto lo anterior, y comoquiera que la parte solicita dejar sin efectos la
Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, la Sala advierte que, para tal
fin, la tutelante dispone de otro mecanismo de defensa judicial como lo es el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que dicha decisión
administrativa es susceptible de control judicial, tal como lo precisó esta Sección,
en reciente pronunciamiento de 14 de abril de 2023, oportunidad en la que se
señaló lo siguiente:

[…] Cabe precisar que, si bien el actor indicó que, en su sentir, dichos actos
administrativos son de trámite, lo cierto es que en lo que le concierne, en
dichas decisiones se definió su situación jurídica dentro de la
Convocatoria núm. 27, en la medida que implicaron su eliminación para
las etapas subsiguientes del concurso y, por ende, cualquier reproche
que dirija para cuestionar esa actuación puede ventilarlo a través del
medio de control aludido […]5. (negrillas por fuera de texto)

20. Sumado a lo anterior, se tiene que algunos de los argumentos expuestos por la
actora en la presente acción de tutela están orientados a controvertir la legalidad
4
CPACA. Art. 141: (…) Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso (…)”
5
Expediente 11001-03-15-000-2023-01326-00.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01559-00
Accionante: Ana Paula Puerta Mejía

del requisito previsto en el numeral 1.1., 1, del artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018, por lo que para ese fin también dispone de otro
mecanismo judicial como lo es el medio de control de nulidad.

21. De allí que resulta oportuno resaltar que esta Sección6 ha sostenido que: «[…]
con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es aceptable el
argumento según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni
oportunos para la protección de los derechos presuntamente conculcados en
casos como el estudiado […]»7.

22. Lo anterior en consideración a que: «[…] la mencionada normativa además de
darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas,
las medidas cautelares incluso de urgencia8, como la suspensión provisional
de los efectos del acto administrativo o del procedimiento hasta tanto se
defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a
cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del
procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que
necesite ser remediada incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva […]»9. (negrillas fuera del texto)

23. Significa lo expuesto que la aquí actora cuenta con los mecanismos judiciales
para controvertir ya sea la legalidad del requisito previsto en el numeral 1.1., 1, del
artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, o la legalidad de
la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, instrumentos que resultan
idóneos y eficaces para la protección de los derechos fundamentales aquí
invocados y en los que, adicionalmente, podrá solicitar el decreto de las medidas
cautelares preventivas que estime pertinentes.

24. En armonía con lo anterior, cabe señalar que en el presente asunto no se dan
los supuestos excepcionales fijados por la Corte Constitucional en sentencia SU-
067 de 2022 para la procedencia de la acción de tutela contra acto administrativo
proferido en el marco de un concurso de méritos, en razón a lo siguiente:

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021,
expediente número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
8
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción,
se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será
susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente,
previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete.
9
Ibidem.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01559-00
Accionante: Ana Paula Puerta Mejía

(i) La aquí actora efectivamente dispone de otro medio de defensa judicial, tal
como se explicó previamente.

(ii) No se evidencia la supuesta afectación grave y significativa de los derechos
fundamentales de la parte actora, por lo no se encuentra configurado un perjuicio
irremediable, en el entendido de que la exclusión de la actora del concurso de
méritos obedeció al no cumplimiento del requisito previsto en el numeral 1.1., 1,
del artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, acto
administrativo que, valga resaltarlo, goza de presunción de legalidad y, por tanto,
es de obligatorio cumplimiento.

(iii) Los argumentos que sustentan la supuesta afectación de garantías
iusfundamentales no desbordan el marco de competencias del juez administrativo,
ya que los mismos están orientados a que se realice un juicio de legalidad o se
inaplique el mandato dispuesto en el numeral 1.1., 1, del artículo 3 del Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018.

25. En ese contexto, resulta oportuno señalar que, en sentencias de 14 de octubre
de 202110, de 5 de agosto de 202111 y 4 de marzo de 202212, esta Sala también se
pronunció sobre la improcedencia de la acción de tutela para cuestionar
decisiones particulares emitidas en el desarrollo de concursos de méritos, bajo
argumentos similares a los expuestos en esta providencia.

26. Cabe poner de relieve que la Corte Constitucional, en sentencia T-059 de 2019,
tuvo por cumplido el requisito de la subsidiariedad13 y, finalmente, resolvió
amparar los derechos al debido proceso y al acceso a cargos públicos de un
aspirante que había sido excluido del concurso por haber incurrido en un error al
momento de aportar la declaración juramentada de no hallarse incurso en
inhabilidad o incompatibilidad.

esa oportunidad, la Corte Constitucional fundamentó14 su decisión en el
27. En
hecho consistente en que en el reglamento de la convocatoria no se estableció

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de octubre de 2021, CP.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único de radicación 11001-03-15-000-2021-06518-00(AC).
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto de 2021, CP.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 11001-03-15-000-2021-03717-00(AC).
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo de 2022, CP.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 110010315000 2022 00315 00 (AC).
13
“Esta determinación se fundamentó porque se trataba de una decisión administrativa que fue proferida en un concurso
de méritos para proveer el cargo de gerente de una empresa social del Estado, cuyo período es fijo”.
14
“Lo expuesto en párrafos anteriores, lleva necesariamente a concluir que, si bien aportar la declaración de no encontrase
incurso en inhabilidades e incompatibilidades era un requisito de participación en el concurso de conformidad con el
artículo 8 de la convocatoria, lo cierto es que de acuerdo con ese mismo reglamento no es una causal de exclusión
del proceso de selección, en la medida en que el artículo 9 sólo permite desvincular a un aspirante por no aportar
los documentos que soporten la acreditación de los requisitos mínimos, los cuales se refieren exclusivamente a
las condiciones que se necesitan para ostentar el cargo establecidos en el Decreto785 de 2005 y el Decreto 2484
de 2014 antes citados”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01559-00
Accionante: Ana Paula Puerta Mejía

como causal de exclusión del concurso el asociado con que el participante no
hubiere aportado la declaración juramentada de no hallarse incurso en inhabilidad
o incompatibilidad, circunstancia que difiere del asunto de la referencia, habida
cuenta que el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 201815 taxativamente
previó como causal de rechazo no haber presentado «[…] la declaración
juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades […]», lo cual
implica que se deba efectuar un control de legalidad de la mencionada causal,
análisis que claramente escapa de la órbita del juez constitucional, y que, valga
resaltarlo, recae exclusivamente en el juez natural del asunto.

28. Asílas cosas, la Sala concluye que la parte actora debe utilizar los medios
ordinarios establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para discutir la legalidad de los actos administrativos
que acusa por vía constitucional. Por tanto, la Sección advierte que, por las
anteriores razones, se relevará de estudiar la pretensión subsidiaria planteada por
la actora.

29. Porlos anteriores razonamientos, la Sala declarará la improcedencia la
presente acción de tutela ante la inobservancia del requisito de la subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre
de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo
31 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991.
15
“3. CAUSALES DE RECHAZO Serán causales de rechazo, entre otras:

[…]

3.5. No presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades”.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01559-00
Accionante: Ana Paula Puerta Mejía

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley. P (18)

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