Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01895-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01895-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01895-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
13 de julio de 2023
Demandante: Alba Lucía Echeverri Cruz
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Rad: 11001-03-15-000-2023-01895-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01895-01
Demandante: ALBA LUCÍA ECHEVERRI CRUZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma la
improcedencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación instaurada por la parte accionante, contra la
sentencia del 11 de mayo de 2023, a través de la cual la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con
el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
La señora Alba Lucía Echeverri Cruz, mediante apoderado judicial, presentó
acción de tutela con la finalidad de que se protegieran sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la reparación integral.
Lo anterior, con ocasión de la sentencia de 23 de marzo de 2023, dictada por la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
número 66001-33-33-001-2017-00191-02.
En consecuencia, la parte actora pretende:
“1. Que se tutelen los derechos constitucionales fundamentales al Debido
Proceso, Derecho a la igualdad, Derecho de acceso a la administración de
justicia, prevalencia del derecho sustancial, desconocimiento de
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Demandante: Alba Lucía Echeverri Cruz
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Rad: 11001-03-15-000-2023-01895-01
precedentes jurisprudenciales entre otros, vulnerados con la actuación y/o
decisión de la Sala de Decisión Primera del Tribunal Contencioso
Administrativo de Risaralda, que mediante providencia judicial confirmo la
declaratoria de prescripción parcial respecto de las prestaciones y/o
acreencias laborales de la demandante en el Medio de Control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho tramitado, sin valorar las pruebas
documentales aportadas y solicitadas con la sustentación del recurso de
apelación, o en su defecto, mediante el decreto oficioso de las mismas.
2. Que como consecuencia de la anterior, y con el objeto de proteger y
salvaguardar los derechos vulnerados, se revoque la sentencia de segunda
instancia proferida por la Sala de Decisión Primera del Honorable Tribunal
Contencioso Administrativo de Risaralda, en relación con la confirmación
de la prescripción parcial de las prestaciones y/o acreencias laborales
decretadas respecto de los periodos del 31 de agosto de 2006 y el 1 de
febrero de 2007, así como el periodo de enero de 2010 y el 30 de julio de
2011, en virtud del desconocimiento y no valoración de las pruebas
documentales aportadas con las cuales se desvirtúan las interrupciones de
los contratos de prestación de servicios aducidas en la sentencia y se omite
el decreto oficioso de las pruebas documentales aportadas …”
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del municipio de Pereira, con el
propósito de que se declarara la existencia de un contrato realidad y, como
consecuencia de ello, ordenara el pago de las prestaciones sociales debidas.
Sostuvo que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Pereira,
mediante sentencia de 31 de marzo de noviembre de 2022, declaró la
existencia de la relación laboral, pero aplicó la prescripción de las prestaciones
y/o acreencias laborales respecto de los periodos comprendidos entre el 31 de
agosto de 2006 al 1 de febrero de 2007, por presunta interrupción del contrato
de 103 días, y del 18 de diciembre de 2009 al 1° de agosto de 2011, por 388
días.
Manifestó que inconforme con la declaratoria de la prescripción, presentó
recurso de apelación pues laboró entre el año 2006 al 2014, en forma continua
e ininterrumpida.
Afirmó que, mediante sentencia de 22 de marzo de 2023, la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó la sentencia de
primera instancia.
3. Sustento de la petición
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Demandante: Alba Lucía Echeverri Cruz
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
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La parte actora sostuvo que con la sentencia acusada se incurrió en defectos
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente. Esto, porque no se valoró
la prueba documental que aportó con el recurso de apelación.
Agregó que también se omitió ejercer la potestad oficiosa prevista en el artículo
213 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con el precedente contenido en las
decisiones de 9 de diciembre de 2019 (exp. 44001- 23-33-000-2013-00163-01)
y de 11 de febrero de 2021 (exp. 11001-03-15-000- 2020-04831-01) dictadas
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Mencionó que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto material
con su interpretación, al no decretarse prueba de oficio para el esclarecimiento
de los aspectos difusos del litigio, pese a que “… en el medio de control se
manifiestan como hechos relevantes que la trabajadora presto sus servicios
personales al servicio del municipio de Pereira, de forma ininterrumpida desde
el 2006 hasta el 2016.”
4. Trámite en primera instancia
La acción de tutela se admitió mediante auto del 20 de abril de 2023. Por
consiguiente, se ordenó la notificación de los magistrados de la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda.
A su vez, se dispuso la vinculación del municipio de Pereira y del Ministerio
Público, para lo de su competencia.
5. Contestaciones
5.1. Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión
Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, al
considerar que no cumple con el requisito de la relevancia constitucional.
Advirtió que lo pretendido por la accionante no tiene una relación directa con la
presunta afectación de derechos fundamentales y menos en cuanto al derecho
al debido proceso invocado y que, la acción constitucional está dirigida a
subsanar una omisión en la que incurrió la propia parte actora dentro del
proceso adelantado ante el juzgador natural.
Precisó que el amparo de la actora no está llamado a prosperar, comoquiera
que la interpretación de esta Sala efectuada en la providencia en comento, se
encuentra dentro del margen de interpretación razonable; se resalta que en
modo alguno las normas y pautas que sirvieron de fundamento fueron
inadvertidas, interpretadas o valoradas en forma caprichosa o arbitraria.
5.2. Municipio de Pereira
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Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
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Esta entidad también se opuso a lo solicitado por la parte actora, al considerar
que el hecho de que la accionante considere que las pruebas allegadas
oportunamente, documental más testimonial dan cuenta de la continuidad es
una valoración subjetiva de cómo cree el accionante, el juez debió realizar sus
conclusiones, lo cual no viola ningún derecho fundamental.
Resaltó que con la presente acción la demandante pretende subsanar el error
de haber presentado su demanda sin todas las pruebas que esta tenía en su
poder, por lo cual esta defensa considera que tutelar los derechos reclamados,
sería una clara violación a los derechos del municipio, esto es a un debido
proceso, a una defensa y a la igualdad.
6. Sentencia de primera instancia
Mediante providencia del 11 de mayo de 2023, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional.
Consideró que la argumentación que esgrimió la parte actora para acreditar la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales en que incurrió la
autoridad judicial accionada no devela que el presente asunto gire en torno al
alcance de algún derecho fundamental, sino, únicamente, frente a la mera
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural de la causa.
Agregó que los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la parte
actora se encuentran asociados con que el tribunal accionado no valoró una
prueba que aportó al momento de presentar el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, y omitió hacer uso de la potestad oficiosa para
decretar dicha prueba y esclarecer los hechos objeto de la litis.
Indicó que, con lo anterior, se deja entrever que lo pretendido por el extremo
accionante es que el juez de tutela realice una intromisión en las órbitas del juez
natural del asunto, con el propósito de subsanar su error de no haber
presentado oportunamente las pruebas que demostraban el derecho que
reclamaba por vía judicial.
Concluyó que la parte actora utilizó la acción constitucional con el propósito de
que se ordene al tribunal acusado valorar una prueba que no fue
oportunamente allegada al proceso y, adicionalmente, pide que a esa misma
autoridad se le conmine para ejercer su potestad oficiosa en el sentido de
decretar el recaudo del citado medio de prueba, como si el juez de tutela fuera
el superior funcional de la autoridad aquí accionada.
7. Impugnación
Mediante escrito remitido electrónicamente el 24 de mayo de 2023, la parte
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accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que, se
revocara bajo los siguientes términos:
Reiteró su escrito inicial de la acción de tutela, para destacar que, tal y como se
puede apreciar del contenido de su demanda, conforme a precedentes
jurisprudenciales, argumentó de forma razonada la violación de sus derechos
fundamentales, con lo cual se desvirtúa la carencia de la relevancia
constitucional.
Hizo mención a los hechos registrados en el medio de control de nulidad y
restablecimiento, así como del trámite impartido relacionado con las pruebas del
proceso ordinario, para recordar que según diversos precedentes
jurisprudenciales los despachos judiciales están obligados a decretar pruebas
de oficio, pues ello se sustenta en la aplicación de la justicia material que
conlleva, igualmente dar relevancia al derecho sustancial sobre el adjetivo o
procedimental.
8. Trámite posterior
Con auto del 20 de junio de 2023, se dispuso la vinculación del juez Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Pereira en calidad de tercero con interés.
En dicha providencia también se indicó “3. Comuníquese esta decisión a los
demás intervinientes en esta acción de tutela”.
Surtidas las notificaciones de rigor, las partes e intervinientes guardaron
silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19911, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta Corporación.
2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.
1 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
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Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuestos en la
impugnación del fallo de primera instancia, se cumple con la relevancia
constitucional, como uno de los presupuestos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y, de ser así, si con la decisión
demandada se incurrió en los defectos específicos alegados por la parte actora.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20122, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.”3 (Negrilla fuera de texto)
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
2 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
3 Ibídem.
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distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.4
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
4. Relevancia constitucional
En relación con la relevancia constitucional, la Sala cita como antecedente la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 20225, mediante la cual se declaró
la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia
constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la
trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía era someter
nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la causa.
La Corte Constitucional, al momento de estudiar los requisitos de procedibilidad
en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional.
En el mencionado fallo de unificación la corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “…el juez de
4 Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
5 Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01. Demandante:
Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.
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tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó
en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de
procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre…”.
El alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito son
las siguientes:
“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal6” (Énfasis de la Sala).
El alto tribunal en mención, luego de abordar los criterios que debe reunir una
solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito
de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de tutela no
cumplía con este postulado, puesto que:
i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,
ii) involucraba un debate eminentemente legal,
iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,
iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
5. Caso concreto
La señora Alba Lucía Echeverri Cruz presentó acción de tutela con la finalidad
6 Sentencia SU 573 de 2019.
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de que se protegieran sus derechos fundamentales, los cuales consideró
transgredidos con ocasión de la sentencia de 23 de marzo de 2023, dictada por
la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
número 66001-33-33-001-2017-00191-02; decisión con la que, si bien se
confirmó la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a sus
pretensiones, declaró la prescripción de las prestaciones y de sus acreencias
laborales entre el 31 de agosto de 2006 al 1 de febrero de 2007, sin atender a
que laboró entre el año 2006 al 2014, en forma continua e ininterrumpida.
Para tal efecto, alegó la configuración de los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente puesto que, a su juicio, la mencionada
autoridad judicial debía decretar la prueba de oficio con la finalidad de
esclarecer dicha circunstancia.
El a quo declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional. La
demandante impugnó.
En el caso bajo examen, se observa que del análisis de los argumentos de la
parte demandante, así como de las motivaciones de la sentencia acusada y de
su respectiva impugnación, la parte actora busca un cambio en la forma en la
que la autoridad judicial acusada resolvió el asunto en segunda instancia, de
manera desfavorable a los intereses de la actora en cuanto a la prescripción de
las prestaciones respecto de los periodos comprendidos entre el 31 de agosto
de 2006 al 1° de febrero de 2007, por presunta interrupción del contrato.
Para ello, la accionante consideró que el tribunal demandado debía acudir a la
facultad oficiosa para decretar pruebas en aras de esclarecer lo relacionado con
dicho periodo. No obstante, en la sentencia acusada se indicó lo siguiente:
“Al respecto, esta Sala de Decisión itera los fundamentos que han quedado
plasmados en acápite 4.3 de las presentes consideraciones … en relación
con la extemporaneidad en que fueran aportados los medios de prueba
enunciados por activa, es decir, apenas con el escrito contentivo de la
alzada de la sentencia, en contravía de las oportunidades probatorias
concebidas en materia contencioso administrativa y sin cumplir con ninguno
de los supuestos excepcionales para su procedencia (artículos 212 del
CPACA y 327 del CGP). Resulta inviable que el operador jurídico en
ejercicio precisamente del control de legalidad, avale una aportación
inoportuna de las pruebas que pretenda hacer valer en el juicio, lo cual se
contrapone a los principios de preclusión de las etapas procesales y de
seguridad jurídica; por lo que, respalda esta magistratura el hecho que en
la sentencia de primera instancia no se hubiera hecho mención alguna ni
del vínculo contractual invocado por el período septiembre a diciembre del
año 2006 directamente con el municipio de Pereira, ni respecto de la
vinculación de la actora como trabajadora en misión a través de EST para
años 2010 – 2011, y que se hubiese basado única y exclusivamente para
su análisis en los períodos en que la vinculación de la actora con el ente
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territorial en cita resultó acreditada a través de contratos de prestación de
servicios aportados debida y oportunamente al plenario.
En segundo lugar, sobre el certificado expedido por el rector de la
institución educativa Comunitario Cerritos, se advierte … que, si bien en
efecto el mismo se encuentra debidamente allegado al expediente…esto
es, dentro de las oportunidades legales, su valoración debe circunscribirse
para efectos de acreditar específicamente la prestación personal del
servicio por la señora Alba Lucía Echeverry Cruz en dicho plantel, m[á]s por
modo alguno con la citada prueba documental puede considerarse
debidamente acreditada la relación laboral, ni la clase de vinculación
sostenida, ni los extremos temporales de la misma con el ente territorial
accionado, máxime cuando de ésta no se desprende la fuente jurídica que
le dio causa a dicha vinculación. Lo anterior, en consideración a que quien
funge en calidad de rector y es en efecto la persona que suscribe el
documento, no es el nominador o contratante de la demandante, ni funge
como representante legal del municipio de Pereira.
No tiene entonces el documento en estudio, la virtud de acreditar la
existencia del vínculo contractual o laboral entre las partes para definir los
extremos temporales del mismo o para establecer que se trató de un
período único e ininterrumpido toda vez que en todos aquellos asuntos
donde se discute este tipo de pretensiones (contrato realidad), por períodos
cumplidos conforme contrato de prestación de servicios, la línea
jurisprudencial es clara respecto de la necesidad de contar con el contrato
respectivo (ad solemnitatem o ad substantiam actus – artículo 39 Ley 80 de
1993…premisa que permite concluir entonces que no admite para sus
efectos, medios de prueba diversos y, por tal razón, el extremo temporal de
la relación laboral vedada por contrato de prestación de servicios suscrito
directamente con el municipio o a través de una EST, solo es posible de
determinar en este caso con lo acreditado mediante contratos de prestación
de servicios, como en efecto lo comprendió y declaró la a quo en la
sentencia impugnada y que se ha corroborado en esta instancia a través de
la relación que se hace en cuadro que antecede.
Bajo estas premisas expuestas, se concluye que lo perseguido por la parte
actora impugnante, en cuanto a tener en cuenta los períodos en que se
discriminan las interrupciones examinadas para enervar el análisis que
sobre el fenómeno jurídico de la prescripción realizó el juzgado de
conocimiento, no tiene vocación de prosperidad.
…”
Así, la autoridad judicial demandada concluyó frente a la prescripción en
cuestión que, la accionante tenía derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales derivadas del vínculo que sostuvo con la entidad
demandada por los periodos transcurridos del 1º de agosto de 2011 al 16 de
febrero de 2016, mediante contratos de prestación de servicios; por lo que,
advirtió que las interrupciones presentadas durante tal interregno, serían
excluidas de reconocimiento prestacional.
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En ese sentido, para poder estudiar de fondo el objeto de la demanda con la
argumentación del escrito de tutela y la impugnación, esta Sala tendría que
realizar una valoración integral del material probatorio, así como retomar el
análisis legal y jurisprudencial efectuado en la sentencia demandada.
De modo que, este juez constitucional no puede atribuirse las facultades del
funcionario judicial de instancia, lo cual está prohibido, en tanto que implicaría
un menoscabo de los principios de autonomía judicial y de juez natural.
Además, de que la acción de tutela tampoco es la vía judicial para sanear las
falencias probatorias de las partes.
Por consiguiente, para la Sala la parte accionante pretende convertir esta
acción de tutela en una tercera instancia, pues no es suficiente que la parte
interesada refiera que con la decisión judicial se transgredieron determinados
derechos constitucionales, sino que es necesario que la afectación o
transgresión logre: i) cumplir con la carga de argumentativa derivada de una
providencia judicial en abierta contradicción de los mandatos constitucionales y,
ii) que implique la intervención del juez constitucional.
Por consiguiente, no se satisface el requisito de relevancia constitucional, pues
como se puede observar en la providencia cuestionada, la discusión se
circunscribe a aspectos legales, los cuales, en todo caso, no están justificados
en una acreditada o palmaria vulneración de garantías fundamentales, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las citadas sentencias de
unificación 573 de 2019, 103 y 215 de 2022.
Así, el asunto demandado a través de esta acción de tutela se circunscribe a
cuestionar la interpretación normativa, valorativa y jurisprudencial alegada por la
parte actora con la finalidad de debatir lo que ya fue objeto de estudio por la
autoridad judicial acusada.
Para la Sala, lo demandado en esta solicitud de amparo carece de la carga
argumentativa suficiente para justificar la relevancia del caso, lo cual implica un
ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de esta sede advertir
una prominente transgresión de sus prerrogativas superiores con ocasión de la
expedición de la providencia dictada por la autoridad censurada y que, sea tal la
trascendencia que el juez constitucional deba intervenir.
De manera que, un desacuerdo en relación con las conclusiones a las que
arribó la autoridad judicial de la causa no puede ser razón para que el juez
constitucional intervenga en la protección de los derechos fundamentales,
puesto que, aceptar lo contrario, sería invadir la órbita del competente natural.
Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial
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Demandante: Alba Lucía Echeverri Cruz
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Rad: 11001-03-15-000-2023-01895-01
demandada, que amerite la intervención del juez constitucional, en tanto que, la
acción de tutela no se encuentra instituida para resolver asuntos de tal
naturaleza legal y mucho menos para suplir las cargas probatorias de las
partes.
Por consiguiente, para la Sala se trata de un desacuerdo en relación con las
conclusiones a las que arribó el tribunal cuestionado y, ello, no puede ser razón
para que el juez de la acción de tutela intervenga en la protección de los
derechos fundamentales, puesto que, sería invadir la competencia del juez
natural.
En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado pues el asunto carece de
relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confírmase la sentencia del 11 de mayo de 2023, a través de la
cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción
de tutela, conforme a lo señalado en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al Despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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