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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01905-00

Fecha
22 de junio de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01905-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor José Jerónimo Alayón Guevara, por las razones expuestas en la presente providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01905-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

22 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01905-00
Demandante: José Jerónimo Alayón Guevara

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-01905-00
Demandante JOSÉ JERÓNIMO ALAYÓN GUEVARA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN D
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Nulidad y
Restablecimiento del Derecho. Pago de intereses de mora por
tardanza en reconocimiento pensión de vejez. Defectos sustantivo,
por decisión sin motivación, por desconocimiento del precedente y por
violación directa de la Constitución Política. Requisitos de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial: la relevancia
constitucional.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por José Jerónimo Alayón Guevara, de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 18 de abril de 20231, José Jerónimo Alayón Guevara, interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a la seguridad social y el principio de favorabilidad. Las pretensiones son
las siguientes:
“Primero: TUTELAR los derechos fundamentales a JOSE JERONIMO ALAYON GUEVARA
a la igualdad ante la ley, debido proceso, seguridad social y aplicación del principio de
favorabilidad, en consideración a que el Tribunal en la decisión acusada incurrió en violación
directa de la Constitución, defecto sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional
y jurisprudencial.
Segundo: En virtud del amparo concedido, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 27 de octubre de 2022, teniendo en cuenta
que la decisión allí adoptada es contraria a la ley, a la Constitución, a las jurisprudencias
constitucionales, y las dictadas por la Corte Suprema de Justicia fijadas en la materia. En su
lugar, ORDENE al Despacho accionado, profiera nueva decisión subsanando los yerros
alegados en la presente tutela”.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Escrito de tutela radicado al correo de la Secretaría General de la Corporación.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01905-00
Demandante: José Jerónimo Alayón Guevara

2.1. El señor José Jerónimo Alayón Guevara laboró al servicio del SENA y por
cumplir con las exigencias legales de edad y tiempo de servicio, solicitó ante
el extinto Instituto de Seguros Sociales ISS, el reconocimiento y pago de su
pensión de vejez el 24 de octubre de 2003.

2.2. Colpensiones le reconoció pensión de vejez mediante la Resolución GNR
84396 del 13 de marzo de 2014 por valor de $1.155.319, conforme con los
aportes efectuados por 935 semanas y en la que se le liquidó además el
respectivo retroactivo pensional por el periodo comprendido entre el 23 de
noviembre de 2003 hasta el 28 de febrero de 2014 por la suma de
$221.356.609.

2.3. Posteriormente, Colpensiones para efectos de la actualización de la historia
laboral, emitió el acto administrativo Nro. VPB 18634 del 22 de octubre de 2014
mediante la cual reajustó el monto de la mesada del actor a la suma de
$1.489.994 efectiva a partir del 30 de septiembre de 2002, contabilizando 1696
semanas, con el correspondiente retroactivo pensional por el periodo de
tiempo comprendido entre el 30 de septiembre de 2002 al 30 de septiembre
de 2014 por valor de $115.097.839.

2.4. El 9 de junio de 2015, el actor solicitó a Colpensiones la reliquidación de su
pensión de vejez, teniendo en cuenta los aportes realizados al FONCEP y a la
liquidada CAJANAL, por tiempos laborados en la Contraloría Distrital y la
Contraloría General de la República.

2.5. Con ocasión de la anterior solicitud, Colpensiones liquidó nuevamente la
mesada pensional del actor en cuantía de $1.673.123 con efectos a partir del
30 de septiembre de 2002 y, mediante la Resolución GNR 133594 del 5 de
mayo de 2016 liquidó el retroactivo por el periodo comprendido entre el 30 de
septiembre de 2002 al 31 de mayo de 2016.

2.6. Posteriormente el accionante solicitó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios causados sobre los retroactivos pensionales reconocidos, lo que
se negó por Colpensiones mediante los Oficios SUB-97096 de 11 de abril de
2018 y SUB 132224 de 19 de mayo de 2018.

2.7. Por lo anterior, el accionante José Jerónimo Alayón Guevara, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, con el fin de que se
declarara la nulidad de los actos administrativos que le negaron su solicitud de
reconocimiento y pago de intereses moratorios sobre los retroactivos
pensionales reconocidos. En consecuencia, pidió se ordenara a su favor el
reconocimiento, liquidación y pago de los intereses de mora sobre cada una
de las mesadas.

2.8. En primera instancia conoció el Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá el
proceso con la radicación Nro. 11001-33-35-016-2019-00330-00 y, en
sentencia del 27 de enero de 2022 negó las pretensiones de la demanda.

Consideró que, los intereses nacían del no pago de mesadas pensionales ya
reconocidas, razón por la que frente al periodo por el que pretendía dicho pago,
era improcedente la pretensión.

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Demandante: José Jerónimo Alayón Guevara

Precisó que tampoco era dable acceder al reconocimiento de intereses de
mora sobre los reajustes pensionales decretados por la Resolución VPB 18634
del 22 de octubre de 2014 para el periodo comprendido entre el 1 de abril de
2004 al 30 de abril de 2016, ya que este acto reliquidó la pensión reconocida
a partir del mes de noviembre de 2014 y con posterioridad a esa fecha la
entidad no había interrumpido el pago de las mesadas reconocidas.

2.9. La decisión se apeló por la parte demandante. Conoció en segunda instancia
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
que en sentencia del 27 de octubre de 2022 <<notificada por correo electrónico
el 2 de noviembre de 2022>>, confirmó la decisión del juzgado.

Encontró el tribunal que, si bien Colpensiones incurrió en mora en el
reconocimiento de la prestación, toda vez que excedió el término de 6 meses
que otorga la ley para culminar el trámite del reconocimiento pensional,
teniendo en cuenta que la petición inicial de reconocimiento pensional fue el
24 de octubre de 2003 y que sólo hasta el 13 de marzo de 2014 es que la
entidad demandada resolvió reconocerle la pensión de vejez al demandante,
ello no implicaba que se debieran reconocer intereses por mora, pues que al
momento en que la entidad expidió el acto administrativo de reconocimiento y
pago de la prestación económica, esta se había liquidado con retroactividad al
2003 y hasta el 2014 año en que fue reconocida.

Concluyó que pese a que Colpensiones tardó 10 años en el reconocimiento
de la prestación económica, lo cierto era que una vez efectuó el
reconocimiento del derecho pensional, lo ingresó a la nómina de pago del mes
de marzo de 2014 y se realizó el mismo en el mes de abril de esa misma
anualidad y que, si bien la entidad reliquidó en varios ocasiones la pensión de
jubilación, también realizó los correspondientes reajustes producto de las
varias peticiones presentadas por el actor, razón por la que la entidad no había
incurrido en mora.

3. Fundamentos de la acción

El accionante consideró que la decisión del 27 de octubre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 11001-
33-35-016-2019-00330-00/01, incurrió en los defectos sustantivo, decisión sin
motivación, por desconocimiento del precedente y por violación directa de la
Constitución Política. Los argumentos que presentó fueron los siguientes:

3.1. Defecto sustantivo. Advirtió que se inaplicó por parte del tribunal el artículo 141
de la Ley 100 de 1993 y el alcance erga omnes que le dio la sentencia C-601
de 2000 y que la administradora de pensiones se tardó más de 10 años en
reconocer su pensión, sobrepasando el plazo de 4 meses para reconocer la
prestación, desconociendo la afectación al mínimo vital durante ese tiempo por
el no pago oportuno de la pensión.

Sostuvo que negar el reconocimiento de intereses de mora en pensiones
considerando que solo se causan cuando ya se ha reconocido la prestación
mediante acto administrativo y la entidad paga la pensión en forma tardía,
criterio que dice no fue establecido por el legislador, era violatorio de la
Constitución Política, concretamente del artículo 53.
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3.2. Defecto por decisión sin motivación. Que argumentó de la siguiente manera:
“La providencia recurrida niega el reconocimiento de los intereses de mora e pensiones
aduciendo que solo se causan por la tardanza en el pago de pensiones después del
reconocimiento del derecho pensional mediante resolución, sin dar cuenta de la norma
que sustenta dicha decisión en el entendido que en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional”.

3.3. Defecto por desconocimiento del precedente. Dijo que se desconoció la
sentencia C-601 de 2000 de la Corte Constitucional, en la que se había
estudiado la constitucionalidad del artículo 141 de la Ley 100 de 1993,
señalando que la finalidad de los intereses moratorios era disuadir a las
administradoras de pensiones del reconocimiento y pago tardío de pensiones
de vejez, invalidez y origen común y/o sobrevivientes.

También citó algunos apartes de las siguientes providencias emitidas por la
Corte Constitucional en relación con el fenómeno de la mora como
consecuencia en el retraso de la ejecución de la obligación: C-892 de 2001, C-
604 de 2012 y T-450 de 2013. Mencionó apartes de las siguientes sentencias
de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sobre mora en
reajustes pensionales: decisiones 33233 del 15 de mayo de 2008, 43564 del
5 de mayo de 2011, SL 3130-2020 Radicado 66868 del 19 de agosto de 2020,
26092021 (80573) del 23 de junio de 2021.

3.4. Defecto por violación directa de la Constitución Política. En relación con el
desconocimiento del principio de primacía constitucional que conduce a la
aplicación del principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la
carta política, en atención a los múltiples pronunciamientos de la Corte
Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que enfatizan que los
intereses en mora en pensiones se causan a partir del vencimiento del plazo
que tiene la administradora de fondo de pensiones para reconocer la pensión
de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003,
donde ante la existencia de dos o más interpretaciones de una norma, debe
aplicarse la que mejor satisfaga los intereses del trabajador.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 25 de abril de 2023, el despacho admitió la demanda de tutela,
ordenó notificar a las partes accionante y accionada y, dispuso la vinculación
como terceros con interés a Colpensiones quien fue parte demandada y, al
Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá que emitió la sentencia de primera
instancia en el proceso ordinario.

4.2. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, rindió
informe en el que manifestó que no se evidenciaba un perjuicio irremediable
que permitiera la intervención del juez constitucional, que lo que buscaba era
volver sobre un debate ya resuelto frente al que había operado la cosa
juzgada. Además, que no se configuraban las causales de providencia de
tutela contra providencia judicial.

4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y el Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá, no se
pronunciaron en esta oportunidad. El juzgado allegó el link de acceso directo
al expediente digitalizado.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes del caso, corresponde a la Sala establecer,
en principio, si se encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional.

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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De encontrar superado el anterior requisito, le corresponderá a la Sala establecer si
al proferir la providencia del 27 de octubre de 2022 en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con la radicación Nro. 11001-33-35-016-2019-
00330-00/01, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, incurrió en los defectos propuestos anunciados en los fundamentos
de la acción, al considerar que fue equivocada la decisión de no conceder los
intereses moratorios pretendidos por el no reconocimiento oportuno de la pensión
de vejez.

4. En el presente caso no se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional.

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel
puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional. Y, aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa
aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de
Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en
Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional
en la Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»6. Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

6 Ibidem.
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(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural7.
De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a
consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido
en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante
el juez de la causa.
En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos”8.

4.2. Con base en los criterios expuestos hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las
inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de
tutela, entonces, verificar que la acción no se esté utilizando como una
instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada.
Para tal propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se
profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela
son iguales. En caso de que se trate de los mismos argumentos es factible que
el juez de tutela concluya que el mecanismo constitucional se está empleando
como una instancia adicional.
4.3. En el caso puesto a consideración de la Sala, se advierte que los argumentos
que presentó la parte actora en el escrito de tutela, en realidad fueron los

7 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
8 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
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mismos planteados en sede ordinaria. A esta conclusión se llega, luego de
analizar el recurso de apelación presentado por el actor contra la decisión de
primera instancia del Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá y los
argumentos del escrito de tutela, lo que permite evidenciar que se está
utilizando la tutela como una instancia adicional, puesto que en sede ordinaria
el juez natural resolvió integralmente la controversia puesta a su
consideración. Veamos:
4.4. De acuerdo con lo manifestado por el accionante en el recurso de apelación,
es posible extraer los siguientes argumentos:
4.4.1. Citó el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 e indicó que interpretar que los
intereses de mora en pensiones se causan por el no pago de mesadas
pensionales después de su reconocimiento, era violatorio a la ley y a los
postulados Constitucionales protectores de los derechos del pensionado,
pues que el artículo 141 de la Ley 100 no establecía taxativamente este
criterio subjetivo que no surtía efecto jurídico, solamente para quebrantar
los derechos del pensionado.
4.4.2. Dijo que la Corte Constitucional en la sentencia C- 601 de 2000 al hacer
un examen de constitucionalidad, sostuvo que el objeto y finalidad de los
intereses moratorios era disuadir a las administradoras de pensiones del
reconocimiento y pago tardío de las pensiones de vejez, invalidez de
origen común y/o sobrevivientes, so pretexto de salvaguardar el mínimo
vital de los ciudadanos de modo que, empezaba a generarse esta
penalidad desde que efectivamente se generaba la mora, que no era otra
que el retraso en el reconocimiento y pago de la prestación económica
respectivamente, contado dicho retraso desde el vencimiento del término
que legalmente se había establecido para ello.
4.4.3. Que en igual sentido la Corte Constitucional en la sentencia SU-065 de
2028, había desarrollado completamente la interpretación del artículo
141 de la Ley 100 de 1993, así como en las sentencias C-892 de 2001 y
T-450 de 2013, referidas al fenómeno de la mora como consecuencia en
el retraso de la ejecución de la obligación.
4.4.4. Citó las sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
33233 del 15 de mayo de 2008, 43564 del 5 de mayo de 2011, 66868 del
19 de agosto de 2020 y SL 436 de 2021.

4.5. Ahora bien, en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que puso fin a la discusión
en sede ordinaria, frente al punto indicó lo siguiente:
“Pues bien, observa la Sala que el motivo de inconformidad del recurrente consiste en
que la entidad tardó 10 años para efecto del reconocimiento pensional amén de que no
tuvo en cuenta la totalidad de los aportes realizados tanto por el SENA, como por el
FONCEP y CAJANAL, por lo tanto se vio la necesidad de modificar y reliquidar la
prestación económica de acuerdo con las varias peticiones presentadas por el
demandante, lo que en su sentir generó intereses moratorios.
Así las cosas, el primer aspecto que se debe aclarar es, si se causaron o no, los
intereses por mora que reclama el actor en el pago de la pensión de jubilación. Sobre
este particular y luego de realizar el recuento del trámite administrativo elevado por el
actor ante la entidad, se observa que si bien Colpensiones incurrió en mora en el
reconocimiento de la prestación, toda vez que, excedió el término de 6 meses que

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01905-00
Demandante: José Jerónimo Alayón Guevara

otorga la ley para culminar el trámite del reconocimiento pensional, teniendo en cuenta
que la petición inicial de reconocimiento pensional fue incoada el 24 de octubre de
200314, y sólo hasta el 13 de marzo de 2014 es que la entidad demandada resolvió
reconocerle la pensión de vejez al demandante; ello no implica que se deba reconocer
intereses por mora teniendo en cuenta que al momento en que la entidad expidió el acto
administrativo de reconocimiento y pago de la prestación económica, esta la liquidó con
retroactividad al 2003 y hasta el 2014 año en que fue reconocida.
Por lo anterior a pesar de que Colpensiones tardó 10 años en el reconocimiento de la
prestación económica, lo cierto es que una vez efectuó el reconocimiento del derecho
pensional lo ingresó a la nómina de pago del mes de marzo de 2014 y se realizó el
mismo en el mes de abril de esa misma anualidad. Cabe señalar que si bien la entidad
reliquidó en varias ocasiones la pensión de jubilación, también realizó los
correspondientes reajustes producto de las varias peticiones incoadas por el actor
Por tal razón y atendiendo a la jurisprudencia citada con antelación, se concluye que la
entidad no incurrió en mora, como acertadamente lo sostuvo el juez de instancia, por lo
que el recurso de la parte actora no tiene vocación de prosperidad. Razón por la cual
habrá de confirmarse la sentencia objeto de impugnación, esto es, en cuanto negó las
pretensiones de la demanda”.

4.6. En escrito de tutela el actor insistió en los mismos argumentos expuestos en
el respectivo medio de control, tal como se anotó en el acápite de
“fundamentos de la acción” presentados en precedencia y que apuntan a lo
mismo, pues se refirieron en síntesis a lo siguiente:
4.6.1. Sostuvo que se inaplicó por parte del tribunal el artículo 141 de la Ley
100 de 1993 y el alcance erga omnes que le dio la sentencia C-601 de
2000 y que la administradora de pensiones se tardó más de 10 años en
reconocer su pensión, sobrepasando el plazo de 4 meses para reconocer
la prestación, desconociendo la afectación al mínimo vital durante ese
tiempo por el no pago oportuno de la pensión.
4.6.2. Sostuvo que negar el reconocimiento de intereses de mora en pensiones
considerando que solo se causan cuando ya se ha reconocido la
prestación mediante acto administrativo y la entidad paga la pensión en
forma tardía, criterio que dice no fue establecido por el legislador, era
violatorio de la Constitución Política, concretamente del artículo 53.
4.6.3. Dijo que se desconoció la sentencia C-601 de 2000 de la Corte
Constitucional, en la que se había estudiado la constitucionalidad del
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, señalando que la finalidad de los
intereses moratorios era disuadir a las administradoras de pensiones del
reconocimiento y pago tardío de pensiones de vejez, invalidez y origen
común y/o sobrevivientes.
4.6.4. También citó algunos apartes de las siguientes providencias emitidas por
la Corte Constitucional en relación con el fenómeno de la mora como
consecuencia en el retraso de la ejecución de la obligación: C-892 de
2001, C-604 de 2012, T-450 de 2013.
4.6.5. Citó apartes de las siguientes sentencias de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, sobre mora en reajustes pensionales:
decisiones 33233 del 15 de mayo de 2008, 43564 del 5 de mayo de 2011,
SL 3130-2020 Radicado 66868 del 19 de agosto de 2020, 26092021
(80573) del 23 de junio de 2021.

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4.7. De acuerdo con lo anterior, se concluye que los reparos presentados por la
parte actora son una reproducción de los argumentos expuestos en el escrito
de apelación interpuesto en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, de manera que, como se dijo, lo que se busca es emplear la tutela
como si se tratara de una instancia adicional, pues el tribunal accionado sí
resolvió el problema jurídico propuesto y dejó planteadas las razones por las
que consideró que no era posible entender que ante la tardanza en el
reconocimiento de la prestación pudiera darse alcance a la norma para
entender que existía una mora, ya que el pago de intereses de mora era sobre
el pago de la respectiva mesada y no frente a la tardanza en el reconocimiento.
4.8. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela
contra providencias judiciales no se instituyó como un análisis de las mejores
razones entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación
sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y propósito.
De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional.
Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha sostenido que cuando se
controvierten decisiones judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a
que el asunto sea de tal relevancia en materia constitucional, que se logre
apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración grosera o de bulto, lo que no
ocurre en este caso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.

En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo.

Es condición imprescindible para analizar los defectos propuestos por la parte
actora que todos los presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así
será procedente, proseguir al segundo estadio de análisis consistente en
determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
planteados por la parte tutelante.

5. Conclusión

En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela,
por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

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Demandante: José Jerónimo Alayón Guevara

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor José
Jerónimo Alayón Guevara, por las razones expuestas en la presente
providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Ausente con permiso)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRON

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