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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03673-01

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03673-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación del Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. SEGUNDO: Confírmese sentencia del 13 de agosto de 2024, a través de la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, conforme a lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03673-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

26 de septiembre de 2024

Demandante: José Jerónimo Alayón Guevara
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2024-03673-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03673-01
Demandante: JOSÉ JERÓNIMO ALAYÓN GUEVARA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación instaurada por la parte demandante, contra la
sentencia del 13 de agosto de 2024, a través de la cual la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 16 de julio de 2024, la parte accionante, en nombre
propio, presentó acción de tutela en contra de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, debido proceso y
acceso a la administración de justicia.

El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales con ocasión
de la expedición de la providencia del 14 de agosto de 2023, proferida por la
autoridad judicial demandada, con la cual confirmó “en el sentido de negar el
amparo” la providencia del 22 de junio del mismo año, dictada por la Sección

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Demandante: José Jerónimo Alayón Guevara
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2024-03673-01

Cuarta de la misma corporación dentro de la acción de tutela con radicado
11001-03-15-000-2023-01905-00/01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

Primero: TUTELAR los derechos fundamentales a JOSÉ JERÓNIMO
ALAYÓN GUEVARA considerados vulnerados por la accionada: vida en
condiciones dignas, derechos adquiridos, protección a las personas de la
tercera edad, integridad física, defensa, y acceso a la administración de
justicia.

Segundo: En virtud del amparo concedido, DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia proferida por el Honorable CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B
de 14 de agosto de 2023, teniendo en cuenta que la decisión allí adoptada es
contraria a la ley, a la Constitución, a las jurisprudencias Constitucionales, y a
las dictadas por la Honorable CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA
LABORAL fijadas en la materia, y en su lugar, ORDENAR al Despacho
accionado que profiera una nueva decisión teniendo en cuenta las
consideraciones de la providencia que se dicte en la presente acción
constitucional.

Como medida provisional solicitó la suspensión de los efectos de la sentencia
del 15 de junio de 2023, hasta que se profiera el fallo de tutela.

1.3. Hechos

La parte actora sostuvo que prestó sus servicios en el SENA y, una vez
cumplidos los requisitos legales de edad y tiempo de servicio, solicitó al Instituto
de Seguros Sociales (ISS), hoy Colpensiones, el reconocimiento y pago de su
pensión de vejez el 24 de octubre de 2003.

Indicó que, la pensión fue reconocida mediante la Resolución GNR 84396,
emitida el 13 de marzo de 2014, por un valor de $1.155.319. Esta pensión fue
liquidada de manera retroactiva desde 2003 hasta 2014; sin embargo, las
semanas cotizadas se contabilizaron incorrectamente. Este error fue subsanado
mediante la Resolución VPB 18634 del 22 de octubre de 2014, que reajustó el
monto a $1.489.994, con el correspondiente retroactivo desde el 30 de
septiembre de 2002 hasta el 30 de septiembre de 2014.

Mencionó que, el 9 de junio de 2015 solicitó a Colpensiones la reliquidación de
su pensión de vejez, considerando los aportes realizados al FONCEP y a la
liquidada CAJANAL, correspondientes a su tiempo de servicio en la Contraloría
Distrital y la Contraloría General de la República.

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Refirió que, en respuesta a esta solicitud, Colpensiones reajustó la pensión del
solicitante a $1.673.123, con efectos desde el 30 de septiembre de 2002.
Mediante la Resolución GNR 133594 del 5 de mayo de 2016, se liquidó el
retroactivo correspondiente al período entre el 30 de septiembre de 2002 y el 31
de mayo de 2016.

Expuso que, solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de intereses
moratorios sobre los retroactivos pensionales; sin embargo, la entidad rechazó
esta solicitud mediante los oficios SUB-97096 del 11 de abril de 2018 y SUB-
132224 del 19 de mayo de 2018.

Señaló que, presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
encaminada a enervar la legalidad de las Resoluciones SUB 97096 del 11 de
abril de 2018, SUB 132224 del 19 de mayo de 2018 y DIR 10258 del 28 de
mayo de 2018, por las cuales se le negó el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios.

Pidió que se ordenara a la entidad demandada reconocer, liquidar y pagar los
intereses moratorios sobre cada una de las mesadas decretadas por la
Resolución GNR 84396 del 13 de marzo de 2014 y el acto administrativo VPB
18634 del 22 de octubre de 2014, por los intereses generados desde el 1º de
abril de 2004 hasta el 30 de abril de 2016, mes anterior a la orden de pago
contenida en el acto administrativo GNR 133594 del 5 de mayo de 2016.

Adujo que, el Juzgado 16 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá con la
sentencia del 27 de enero de 2022 negó las pretensiones de la demanda.
Añadió que, el despacho judicial en mención consideró que, aunque se le había
reconocido una pensión de jubilación, esto no cumplía simultáneamente con los
requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media ni
para obtener el reconocimiento de mesadas pensionales bajo ese concepto sin
una resolución ejecutoriada que así lo estableciera.

Indicó que, en cuanto al reconocimiento de intereses moratorios, el juzgado
determinó que no era procedente su reconocimiento en relación con los
reajustes pensionales decretados por la Resolución VPB 18634 del 22 de
octubre de 2014, ya que este acto administrativo recalculó la pensión desde
noviembre de 2014 y, después de esa fecha, Colpensiones no había
interrumpido el pago de las mesadas reconocidas.

Manifestó que, contra esta decisión, la parte actora presentó un recurso de
apelación, el cual resolvió la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la providencia del 27 de octubre de
2022, al confirmar el fallo apelado.

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Expuso que, en esta oportunidad, se señaló que, a pesar de que Colpensiones
tardó 10 años en reconocer la prestación económica, una vez realizado el
reconocimiento, el derecho pensional fue incluido en la nómina de pago del mes
de marzo de 2014 y el pago se efectuó en abril del mismo año y que, pese a
que, la entidad realizó varias reliquidaciones de la pensión de jubilación también
efectuó los reajustes correspondientes en respuesta a las solicitudes
presentadas por el actor. Concluyó que la entidad no incurrió en mora, y el
recurso interpuesto carecía de fundamento para prosperar.

Agregó que, como consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales a
la igualdad, debido proceso y seguridad social, así como el principio
constitucional de favorabilidad, presentó una acción de tutela contra las
providencias judiciales, expediente que se identificó con el radicado 11001-03-
15-000-2023-01905-00/01.

Indicó que, la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia del 22
de junio de 2023 declaró improcedente la acción por no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional.

Expuso que, contra esta decisión, el demandante presentó impugnación. La
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación mediante
providencia del 14 de agosto de 2023 “confirmó” el fallo impugnado “en el
sentido de negar el amparo solicitado por el señor José Jerónimo Alayón
Guevara contra los señores magistrados de la subsección D de la sección
segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca”. Para ello, aclaró lo
siguiente:

Aunque en este caso el análisis efectuado supera el requisito de relevancia
constitucional, siendo lo procedente revocar la decisión de primera instancia,
que declaró improcedente la tutela, para en su lugar, negar el amparo; debido
a que los efectos prácticos son los mismos, la Sala confirmará la sentencia de
22 de junio de 2023, proferida por el Consejo de Estado (sección cuarta), en
el entendido de que se negarán las pretensiones de la acción.

El ad quem consideró que el fallo atacado no incurrió en defecto sustantivo ni
en desconocimiento del precedente planteado por el actor, ya que la decisión
de confirmar la providencia de primera instancia, que negó el reconocimiento de
los intereses moratorios solicitados, no contraviene la normativa aplicable ni la
jurisprudencia vigente, dado que se dictó con observancia de dichas normas.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que sus derechos fundamentales se vulneraron con
ocasión de la expedición de la sentencia segunda instancia de tutela del 14 de
agosto de 2023, puesto que “las irregularidades observadas durante el trámite
de segunda instancia no fueron subsanadas, debido a la inexistencia de
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recursos contra dichas actuaciones, y la selección para revisión de las
decisiones de tutela por la corte constitucional paso por inadvertida”.

Manifestó que, decidió presentar una nueva demanda de tutela con el fin de
poner en conocimiento de las autoridades judiciales las mencionadas
irregularidades y buscar el amparo de los derechos fundamentales que
considera vulnerados.

Sostuvo que cumple con los requisitos generales de procedencia de las
acciones de tutela, particularmente en cuanto a la inmediatez señaló que
cuando se trata de prestaciones pensionales tal presupuesto adquiere un matiz
especial en atención a lo periódico del asunto1. Agregó que, también resulta
procedente cuando se trata de revertir o detener situaciones fraudulentas y
graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de
amparo.

Citó las sentencias SU 627 de 2015, T-951 de 2013, T-373 de 2014, T-073 de
2019 y T-218 de 2012 de la Corte Constitucional para indicar la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra sentencias de tutela señalando los
siguientes requisitos: “a) la acción de tutela presentada no comparte identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se está en
presencia de cosa juzgada, b) debe probarse de manera clara y suficiente, que
la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una
situación de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho
y, c) no existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que
tiene un carácter residual”.

Señaló que el fallo de tutela demandado es contrario a los postulados mínimos
de razonabilidad jurídica, pues la Corte Constitucional ha fijado el alcance del
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al precisar que, los intereses de mora en
pensiones se causan y se reconocen a partir de vencido el plazo que la ley
otorga para la ley para el derecho pensional.

Citó las sentencias C-601 de 2000, SU 065 de 2018, SU 063 de 2023, T-450 de
2013, SU 037 de 2019. De igual manera, sostuvo que la Corte Suprema de
Justicia ha reiterado que los “intereses moratorios se causan y contabilizan a
partir de vencido el plazo de cuatro (4) meses que tiene la AFP para reconocer
la pensión (art. 9 Ley 797 de 2003).” Al respecto, refirió las siguientes
providencias:

1. SCL 33233 del 15/05/2008, acápite V. Consideraciones de la Corte
2. SCL 43564 del 05/05/2011

1
Al respecto, citó las sentencias SU 108 de 2018, T-179 A de 2017, T-217 de 2013, T-164 de
2011, SU 298 de 2015.

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3. SCL 3130-2020 Radicado 66868 de 19/08/2020 (pg. 27-28) (causados en
reajustes pensionales)
4. SCL 2609-2021 (80573) de 23/06/20221 (causados en reajustes
pensionales).

Refirió que, el desconocimiento de los precedentes dictados por la Corte
Suprema de Justicia se configura porque se les dio un trato diferente e
injustificado frente a otras personas en igualdad de circunstancias, con lo cual
se incurrió en un trato discriminatorio con la consecuente vulneración al derecho
fundamental a la igualdad.

Sostuvo que “utilizar criterios antijurídicos para denegar el amparo solicitado,
‘que en apariencia se ajustan a la prescripción normativa, en realidad conllevan
a una situación que atenta contra el orden constitucional y jurídico, y contra los
principios que inspiran el reconocimiento de un derecho previsto en la ley. Para
obtener un resultado impropio ocultando la ley defraudada.”

Señaló que, bajo los argumentos expuestos en precedencia quedaba expuesto
que la autoridad judicial acusada incurrió en “fraude” al cumplir con las
exigencias establecidas en la sentencia T-073 de 2019, en los “numerales 83-
84-85, y en la SU-627 de 2015.”

Adujo que, no existe otro mecanismo legal para resolver tal situación y, en ese
orden, considera que la acción de tutela tiene un carácter residual. Indicó que,
el trámite de segunda instancia no remedió las irregularidades, pues no hay
ningún recurso contra esas actuaciones ni contra la propia sentencia, además
de que la “selección para la revisión de las decisiones de tutela pasó
…inadvertida…presenta esta nueva demanda de tutela para poner en
conocimiento de las autoridades judiciales dichas irregularidades para buscar el
aparo de los derechos fundamentales.”

1.5. Trámite en primera instancia

Por medio de auto del 17 de julio de 2024 se admitió la acción de tutela de la
referencia y se ordenó notificar a la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado como demandada.

A su vez, se dispuso la vinculación como terceros con interés en las resultas del
proceso a la Sección Cuarta de esta corporación, a la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Juzgado
Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a Colpensiones.
Asimismo, se ordenó vincular a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

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1.6. Contestaciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Cuarta

Solicitó que se niegue el amparo, toda vez que la acción de tutela de la
referencia no cuestiona la sentencia de tutela del 22 de junio de 2023 proferida
en primera instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, sino la de
segunda instancia que negó las pretensiones de la demanda.

1.6.2. Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá pidió ser
desvinculado de la acción de tutela.

Señaló que, no incurrió en la vulneración de derecho alguno porque el proceso
fue tramitado de conformidad con los parámetros legales y las normas
aplicables al caso en cuestión.

1.6.3. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, por lo
que, solicitó que se declare improcedente el amparo invocado por el
demandante o, en su defecto, se niegue, dada la inexistencia de los requisitos
establecidos jurisprudencialmente.

Indicó que, no se evidencia fraude, la acción no cumple con las exigencias
genéricas de procedibilidad, como lo es la relevancia constitucional, comparte
identidad procesal con la solicitud cuestionada y no se demuestra en modo
alguno que la providencia sea producto de una situación fraudulenta.

1.6.4. Colpensiones

Esta entidad solicitó que se declare la improcedencia de la presente acción de
tutela, argumentando que no se ha demostrado la existencia de vicios, defectos
o vulneraciones de derechos fundamentales por parte de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en la providencia emitida el 14 de
agosto de 2023.

Agregó que, la acción de tutela resulta improcedente contra sentencias
judiciales, dado que la legislación prevé mecanismos adecuados, como los
recursos judiciales, para debatir y revisar lo decidido en dichas sentencias.

Manifestó que, la acción de tutela no puede ser utilizada como una tercera
instancia para revisar las decisiones judiciales.

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1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 13 de agosto de 2024, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con los presupuestos de procedibilidad para demandar una sentencia
de la misma naturaleza y por no satisfacer el requisito de la inmediatez.

Precisó que, la acción de tutela no cumplía con los requisitos establecidos por
la jurisprudencia para su procedencia contra providencias judiciales de la misma
naturaleza porque se encamina a controvertir las decisiones de fondo y, el
demandante no expuso situaciones de fraude o cosa juzgada fraudulenta que
pudieran haber afectado sus derechos fundamentales.

Indicó que, no fueron esgrimidas razones claras, serias y coherentes que
permitieran colegir que el juez constitucional incurrió en un actuar doloso o
extremadamente negligente, que se opone a los principios básicos que orientan
la labor de administrar justicia.

Adujo que, nuevamente se presentaron algunas razones para controvertir la
actuación presuntamente irregular de la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, lo cual reforzaba la improcedencia del amparo
constitucional deprecado.

Agregó que, la sentencia de tutela demandada fue proferida el 14 de agosto de
2023 y notificada el 14 de septiembre de la misma anualidad; por lo que, la
notificación debía entenderse surtida el 18 de ese mismo mes y año.

Precisó que, el término de los 6 meses para el ejercicio oportuno de la acción
de tutela vencía el 18 de marzo de 2024 y, como la demanda de amparo fue
presentada el 16 de julio de esta anualidad; se presentó fuera de un tiempo
razonable sin que se expresaran razones que justificaran tal tardanza.

1.8. Impugnación

Mediante escrito remitido electrónicamente el 26 de agosto de 2024, la parte
actora impugnó el fallo de primera instancia.

Indicó que, lo pretendido es la garantía de sus derechos fundamentales con la
aplicación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, relativo a los intereses
causados por la mora en el pago de las mesadas pensionales.

Hizo referencia a la sentencia C-601 (sin año), así como la SU 065 de 2018 de
la Corte Constitucional, para destacar que, los intereses moratorios deben
reconocerse no solo cuando exista retrasos en los pagos de las pensiones, sino
en los reajustes, reliquidaciones, saldos y diferencias a lugar.
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Sostuvo que la decisión acusada negó el amparo de sus derechos
fundamentales en relación con el reconocimiento de los intereses de mora
solicitados, pues omitió sustentar la decisión con la ley correspondiente. Citó la
mencionada norma.

Agregó que, la cuestión reviste relevancia constitucional pues reclama la
garantía de sus derechos y que, agotó todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial. Adujo que también cumple con la inmediatez
pues la acción de tutela puede ser promovida en todo momento y lugar.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19912, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

El Juzgado 16 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá solicitó su
desvinculación.

La aludida petición será denegada por cuanto su vinculación al proceso se
efectuó como tercero con interés en el resultado del proceso.

2.3. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia en
virtud de lo planteado por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuestos en la
impugnación del fallo de primera instancia, se cumple con los presupuestos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De encontrase acreditados, se analizará si con la decisión demandada se
incurre en la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
demandante.

2
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.

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2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20123, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.4

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los fijados hasta el
momento jurisprudencialmente. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.5

3
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
4
Ibídem.
5
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.

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En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
emitidas en el marco de una acción de esa misma naturaleza

La Sala Plena de Corte Constitucional profirió la sentencia SU 627 de 2015, a
través de la cual unificó los criterios de interpretación que debe aplicarse para
predicar la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
y actuaciones de los jueces de tutela, así:

4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de
tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela
anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o
posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus
Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de

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11

Demandante: José Jerónimo Alayón Guevara
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2024-03673-01

nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional6.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la
decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de
tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de
desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional. (Subrayado fuera del texto)

En relación con el presupuesto de que no se trate de una acción de tutela
contra una sentencia de la misma naturaleza, la sala observa que, en el
presente asunto no se cumple el aludido requisito, toda vez que la decisión
judicial acusada corresponde a una sentencia de la misma naturaleza, lo cual
torna en improcedente esta vía constitucional.

En efecto, se advierte que, en esta oportunidad, la parte actora demandó la
sentencia del 14 de agosto de 2023, proferida por la Subsección de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, con la cual confirmó “en el sentido de negar el
amparo” la providencia del 22 de junio del mismo año, dictada por la Sección
Cuarta7 de la misma corporación dentro de la acción de tutela que promovió el
actor con anterioridad, identificada con el radicado 11001-03-15-000-2023-
6
Supra II, 4.3.5.
7
Que declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional.

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Demandante: José Jerónimo Alayón Guevara
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2024-03673-01

01905-00/01.

En el anterior proceso constitucional, el accionante cuestionó la providencia del
27 de octubre de 2022 dictada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con la radicación 11001-33-35-016-2019- 00330-
00/01, por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, pues, a su juicio incurrió en los defectos propuestos
anunciados en los fundamentos de la acción, al considerar que fue equivocada
la decisión de no conceder los intereses moratorios pretendidos por el no
reconocimiento oportuno de la pensión de vejez.

En la acción de tutela de la referencia, tanto en el escrito inicial como en la
impugnación, el actor propuso los mismos argumentos relativos al pago de los
mencionados intereses moratorios, con la diferencia que, en esta ocasión
demanda la decisión proferida en segunda instancia en el expediente
constitucional 11001-03-15-000-2023-01905-00/01, sin lograr acreditar la
situación de fraude que habilita la procedencia excepcional de este medio de
defensa contra providencias de la misma naturaleza.

Adicionalmente, se recuerda que presentar acciones de tutela con identidad de
partes, así como por los mismos hechos y pretensiones, sin motivo
expresamente justificado, no solo puede conducir a la declaratoria de cosa
juzgada sino a que se rechacen o decidan desfavorablemente todas las
solicitudes por actuación temeraria, esta última de conformidad con lo señalado
en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

Por tanto, la Sala precisa que ninguno de los fundamentos señalados por la
parte accionante coincide con alguno de los supuestos previstos por la Corte
Constitucional en la sentencia SU 627 de 2015.

Al respecto, debe recordarse que la acción de tutela no es procedente para
controvertir decisiones adoptadas por un juez de tutela “…por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”8.

En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado, pues no se acreditó el
cumplimiento de los requisitos de viabilidad excepcionalísima de la acción de
tutela contra providencias de la misma naturaleza.

En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado.

8
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

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FALLA

PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación del Juzgado Dieciséis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

SEGUNDO: Confírmese sentencia del 13 de agosto de 2024, a través de la
cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela, conforme a lo señalado en la parte motiva
de la presente providencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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