Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01911-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01911-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01911-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
4 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01911-01
Accionante: LUZ ELVIRA ÁNGEL CUELLAR
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – Se revoca el fallo impugnado – SE
AMPARA –los obstáculos de índole administrativo no pueden ser
una justificación para coartar el disfrute de las vacaciones a que
tienen derecho los trabajadores
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la señora Luz Elvira Ángel Cuellar
y por el Juez Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá
en contra de la sentencia de 2 de junio de 2023, proferida por la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La ciudadana Luz Elvira Ángel Cuellar presentó acción de tutela con miras a
obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo digno y
al descanso, cuya vulneración le atribuyó a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca, al Consejo Superior de la
Judicatura -Sala Administrativa y al Juez Noveno de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, con ocasión de la negativa de las referidas
entidades en expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que se requiere
para poder acceder al disfrute de sus vacaciones individuales.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que, desde el 1° de marzo de 2022, se encuentra vinculada a la Rama
Judicial en el cargo de asistente administrativa grado 06, en propiedad, adscrito al
Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá,
por lo que su régimen de vacaciones es el individual, tal como lo dispone el artículo
146 de la Ley 270 de 1996.
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Accionante: Luz Elvira Ángel Cuellar
2.2. Adujo que, actualmente, se encuentra sin disfrutar el período de vacaciones
causado por los servicios prestados a la Rama Judicial entre el 1° de marzo de 2022
y el 3 de marzo de 2023.
2.3. Refirió que, con fecha 31 de marzo de 2023, le solicitó a su nominador, el Juez
Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el disfrute
de sus vacaciones individuales y que, en atención a ello, dicho funcionario le solicitó
al Grupo de Asuntos Laborales adscrito al área de Talento Humano de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá que se expidieran «[…] los
correspondientes certificados de i) vacaciones pendientes de la mencionada
colaboradora, así como ii) el de disponibilidad presupuestal con el fin de hacer el
nombramiento de una persona para que realice el reemplazo […]».
2.4. Expuso que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, a través de oficio número DESAJBOADO23-143 y que fuere remitido el 18
de abril de 2023, le informó a su nominador que: «[…] para Despachos judiciales de
más de 3 servidores, incluido el juez, no se expide disponibilidad presupuestal; asi
(sic) mismo la Circular PSAC11-44 que en su numeral 1 señala “Los funcionarios
judiciales del régimen de vacaciones individuales, deberán hasta el mes de marzo
de cada año, reportar la programación de vacaciones correspondientes al siguiente
año, ante el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Administrativa y Dirección
Seccional, del respectivo distrito judicial”; en tal virtud no es posible atender de
manera positiva su petición […]».
2.5. Refirió que, por lo anterior, el Juez Noveno de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá resolvió, mediante la Resolución Nº 017 de 18 de abril de
2023, negar el disfrute de las vacaciones solicitadas, argumentando, entre otras, las
siguientes razones:
[…] “3. Que, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá – Cundinamarca, mediante oficio N° DESAJBOADO23-143 (sin fecha),
informa que no es posible asignar disponibilidad presupuestal para nombrar el
reemplazo durante el tiempo que duren las vacaciones de la servidora adscrita
a este Despacho Judicial, conforme las directrices trazadas por el Consejo
Superior de la Judicatura en la circular PSACO5-89 y PSAC11-44.
4. Que, i) el Juzgado cuenta a la fecha con 387 peticiones por resolver, que
datan de septiembre de 2022, sin contabilidad las actuaciones que están
pendientes por avocar conocimiento; ii) ingresan semanalmente
aproximadamente 70 solicitudes y, iii) se tiene una asignación de más de 2827
procesos activos. […].
2.6. Con base en lo anterior, la accionante señaló lo siguiente: «[…] las vacaciones o
el descanso para los servidores públicos y privados, por disposición jurisprudencial
es un derecho fundamental, el cual debe ser protegido por vía de tutela en el
momento de ser vulnerado, sin que sea válido oponer cortapisas administrativas,
que afectan el núcleo fundamental de este derecho. […]». A lo que agregó que: «[…]
es claro que el Juzgado en el que laboro, en la actualidad cuenta en promedio con
3428 PROCESOS ACTIVOS, entre ellos 624 CON PERSONA PRIVADA DE LA
LIBERTAD, lo que hace imprescindible mantener la continuidad de la planta de
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Accionante: Luz Elvira Ángel Cuellar
personal, en este caso del Asistente Administrativo, por el periodo de vacaciones
de 25 días a que tengo derecho. […]».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] 1. Se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y/O
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BOGOTÁ- CUNDINAMARCA, que apropie en el término que consideren
prudente las partidas presupuestales que corresponden para el nombramiento
de mi remplazo y emita el correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal CDP para el disfrute de mis vacaciones por el periodo. de
veinticinco (25) días (a partir del 23 de mayo de 2023).
2. Se conmine al señor JUEZ 9o DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE BOGOTÁ, que una vez sea expedido el CDP por parte del
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y/O DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ-CUNDINAMARCA,
decida nuevamente frente a mi solicitud de vacaciones.
3. Se exhorte a las autoridades respectivas, en este caso al CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA y DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ Y
CUNDINAMARCA para que en el futuro, esta situación no se vuelva a presentar
especialmente en mi caso y se gestione a Nivel Nacional la apropiación de
recursos para designar en encargo a otra persona, para que los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial puedan disfrutar de sus vacaciones sin interferir
en la eficiencia de la administración de justicia. […].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. El magistrado de la Subsección C de la Sección Tercera el Consejo de Estado
a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 28 de abril de 2023,
admitió la presente acción de tutela en contra del Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y del Juez Noveno
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas, se advierte que se
allegaron los siguientes informes:
5.1. El director de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca rindió informe en los siguientes términos:
5.2. Advirtió
que, luego de verificar el Sistema de Gestión de Correspondencia -
SIGOBUS, encontraron que la solicitud de vacaciones no fue tramitada por ellos
sino por el Grupo de Asuntos Laborales adscrito al área de Talento Humano de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
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Accionante: Luz Elvira Ángel Cuellar
5.3. Señaló que: «[…] no tenía conocimiento de la petición de la petición por tanto no
puede predicarse que frente a lo que no se conoce, que exista vulneración de
derechos fundamentales en contra de la señora LUZ ELVIRA ANGEL (sic)
CUELLAR […]».
5.4. Destacó que en ese sentido carece de legitimación en la causa por pasiva, por
lo que pidió ser exonerada de responsabilidad, dado que no existió omisión o acción
de su parte que provocara la vulneración de los derechos fundamentales alegados.
5.5. El Juez Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá
rindió informe en el que indicó que está de acuerdo con que la señora Luz Elvira
Ángel Cuellar disfrute de sus vacaciones, pero expuso que para ello necesita
contar con el certificado de disponibilidad presupuestal que soporta el
nombramiento de una persona que asuma las funciones del cargo de asistente
administrativa.
5.6. Sostuvo que: «[…] solicita del señor Magistrado y la Sala negar la demanda en
lo que a este Juzgado atañe y, concederla, para que la Dirección Ejecutiva asigne
presupuesto. […]».
5.7. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura, por conducto de apoderado judicial, rindió informe en el que expuso
que carece de legitimación en la causa por pasiva para atender las pretensiones de
amparo, en razón a que: «[…] los derechos alegados por la parte actora como
vulnerados, no son consecuencia de una acción u omisión atribuible a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, por lo que debe prescindirse de librar cualquier
orden de apremio en este sentido […]».
5.8. Solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple
con los requisitos generales de procedibilidad, toda vez que en este caso no se está
amenazando un derecho fundamental, y agregó que la administración pública no
puede disponer de recursos públicos para contratar el reemplazo de la señora Luz
Elvira Ángel Cuellar entre tanto disfruta de su merecido descanso.
5.9. Finalmente,señaló que la accionante no probó la existencia de un perjuicio
irremediable, para lo cual la señora Luz Elvira Ángel Cuellar debió «[…] acreditar
cierta carga de diligencia, materializada en el hecho de tener que probar, siquiera
sumariamente, las circunstancias fácticas que acreditan el hecho. […]».
5.10. El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la magistrada auxiliar de la
oficina del despacho de la Presidencia de esa corporación, rindió informe en el que
indicó que de acuerdo con Ley 270 de 1996, en especial al artículo 99, el Consejo
Superior de la Judicatura, los consejos seccionales de la judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y las direcciones seccionales de administración
judicial tienen funciones propias y diferentes.
5.11. Por lo anterior no es viable endilgar alguna responsabilidad al Consejo Superior
de la Judicatura por acciones u omisiones que son atribuibles exclusivamente sobre
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Accionante: Luz Elvira Ángel Cuellar
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, entidad que es la
ordenadora del gasto de conformidad con los numerales 2 y 6 del artículo 103 de la
Ley 270 de 1996.
5.12. En ese sentido, «[…] solicitó desvincular al Consejo Superior de la Judicatura
del presente trámite tutelar, al considerar que no es el llamado a responder o cumplir
las órdenes que se expidan con el fin de amparar las garantías constitucionales del
accionante. […]».
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 2 de junio de 2023, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado por la
accionante y, como consecuencia de ello, ordenó lo siguiente:
[…] PRIMERO: DECLÁRASE improcedente la solicitud de tutela de Luz Elvira
Ángel Cuellar contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva
de Administración, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá y el Juez Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá. […].
7. Como sustento de su decisión, el juez de primera instancia consideró, en síntesis,
que debido a que la accionante «[…] tiene a su disposición el trámite previsto por el
artículo 138 del CPACA para controvertir la legalidad de esos actos. Asimismo,
puede solicitar la suspensión provisional de los actos como medida cautelar. En
consecuencia, declara improcedente la solicitud, porque existe otro medio de
defensa judicial y no está acreditada la existencia de un perjuicio irremediable. […]».
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. La señora Luz Elvira Ángel Cuellar y el Juez Noveno de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá impugnaron el fallo de primera instancia
exponiendo razones similares y encaminadas a lograr la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo digno y al descanso de la actora. En síntesis,
sostuvieron lo siguiente:
8.1. Afirmaron que es evidente la vulneración a los derechos fundamentales de la
accionante, por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá, que es la entidad que se ha negado a expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para suplir el cargo de asistente administrativa grado
06, durante el periodo de vacaciones.
8.2. Señalaron que si bien es cierto que puede atacar por vía administrativa la
resolución que negó el disfrute de las vacaciones, también lo es que de acuerdo con
la sentencia C-171 de 2020 resulta procedente solicitar el amparo de estos derechos
vía acción de tutela, en razón a que están implícitos los derechos al descanso
laboral y la dignidad humana. En ese momento la Corte Constitucional sostuvo:
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Accionante: Luz Elvira Ángel Cuellar
[…] “En conclusión, las vacaciones periódicas y remuneradas corresponden a
uno de los mecanismos para concretar el derecho humano y el principio mínimo
fundamental al descanso del trabajador; cuyo disfrute efectivo permite avanzar
en el propósito de dignidad y justicia, en el ejercicio de sus actividades
laborales”. […].
8.3. Indicaron que sí existe un perjuicio irremediable, debido a que la señora Luz
Elvira Ángel Cuellar tenía planeado tomar sus vacaciones a partir del 20 de mayo
del presente año, y la fecha del fallo de tutela de primera instancia, esto es 2 de
junio de 2023, le ha sido imposible disfrutar de su derecho constitucional; por lo que
en caso de presentar una demanda en ejercicio de un medio de control será
imposible gozar de su derecho en un término razonable.
8.4. Argumentaron que también se está violando el derecho fundamental a la
igualdad, habida cuenta que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, a través de providencia de 20 de septiembre de 2022, le concedió a la
señora Ángela Adriana Leal Cabezas vía acción de tutela el disfrute de sus
vacaciones individuales, quien, en su momento, se desempeñaba como asistente
jurídica del juzgado accionado.
8.5. En
conclusión, indicaron que el Juez Noveno de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá no se opone a que la señora Luz Elvira Ángel
Cuellar disfrute de sus vacaciones individuales, sin embargo, se hace necesario
que la autoridad competente expida el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal, que soporte el nombramiento del reemplazo de la colaboradora.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.
VIII.2. Cuestión previa
10. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se ha
de resolver, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación
en la causa por pasiva, a efectos de resolver la solicitud de desvinculación procesal
presentada por el Consejo Superior de la Judicatura.
11. Para efectos de resolver la presente solicitud de desvinculación, la Sala pone de
presente, lo preceptuado en el numeral 1° del artículo 85, el numeral 2 del artículo 99
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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Accionante: Luz Elvira Ángel Cuellar
y los numerarles 2º y 6º del artículo 103 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia4, los cuales son del siguiente tenor:
[…] ARTÍCULO 85. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. Corresponde a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:
(…)
1. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá remitirse
al Gobierno Nacional, el cual deberá incorporar el proyecto que proponga la
Fiscalía General de la Nación.
(…)
ARTÍCULO 99. DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION
JUDICIAL. El Director Ejecutivo de Administración Judicial deberá tener título
profesional, maestría en ciencias económicas, financieras o administrativas y
experiencia no inferior a cinco años en dichos campos. Su categoría,
prerrogativas y remuneración serán las mismas de los Magistrados del Consejo
Superior de la Judicatura.
(…)
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la
Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.
(…)
ARTÍCULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL.
Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de
su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director
Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes funciones:
(…)
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la
Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.
(…)
6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones
que correspondan […].
11.1. En ese orden de ideas, para la Sala es claro que es la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura la encargada de estructurar el proyecto de
presupuesto para la Rama Judicial, una vez es aprobado la Dirección Ejecutiva de
Administración de Judicial del Consejo Superior de la Judicatura asigna los recursos
a cada una de las direcciones ejecutivas seccionales, para que puedan expedir los
certificados de disponibilidad presupuestal necesarios para las contrataciones que se
deben adelantar, entre las que se encuentran, los respectivos reemplazos durante las
vacaciones de los empleados judiciales.
11.2. Por lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación procesal presentada por la
apoderada judicial del Consejo Superior de la Judicatura.
VIII.3. Problemas jurídicos
12. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado5, la Sala debe establecer si existe una vulneración
de los derechos fundamentales de la actora, con ocasión de la Resolución N° 017
de 18 de abril de 2023, que negó el disfrute del derecho a las vacaciones por la
actora por la no expedición del certificado de disponibilidad presupuestal.
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Ley 270 de 1996.
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Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Accionante: Luz Elvira Ángel Cuellar
13. Conel fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las
vacaciones de los empleados judiciales; para luego proceder a (ii) resolver el caso
concreto.
VIII.4. Derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las vacaciones de los
empleados judiciales
14. La Constitución Política prevé, en su artículo 25, que el trabajo es un derecho y
una obligación social que goza de especial protección por parte del Estado,
asimismo señala que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas
y justas.
15. Por su parte, el artículo 53 superior detalla varias garantías fundamentales de
obligatoria e ineludible observancia, entre las que se encuentran: el derecho a la
igualdad de oportunidades y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales. Asimismo, establece como una garantía mínima
en favor de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado, derecho que
tiene como propósito que el empleado recupere las energías ante el desgaste
normal de las mismas originado por la actividad laboral.
16. Al respecto, la Corte Constitucional ha definido las vacaciones como:
«[…] un derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que
el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el
empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus
actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo sino un derecho
a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las
vacaciones está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la
ley, puesto que la finalidad es que el trabajador efectivamente descanse. Una
de las situaciones de excepción es en caso de que los trabajadores se
desvinculen del servicio, y no hayan gozado de su derecho al descanso
remunerado, pueden recibir una indemnización monetaria […]6. (Negrillas por
fuera del texto original)
17. Aunado a lo anterior, la citada corporación ha sostenido que: «[…] uno de los
derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el
Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga […]»7.
En efecto, la naturaleza iusfundamental de este derecho se deduce de la
interpretación sistemática8 de los artículos 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto el
descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno de
los principios mínimos fundamentales del trabajo.
6
Sentencia C-598/97. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
7
Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía.
8
Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-024 de 1998 M.P.
Hernando Herrera Vergara.
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Accionante: Luz Elvira Ángel Cuellar
18. A su vez, la Organización Internacional del Trabajo- OIT, establece que las
vacaciones remuneradas son un derecho irrenunciable del trabajador, en tanto que:
«[…] se considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a
vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas […]»9.
19. Ahora bien, el régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial se encuentra establecido en el artículo 146 de la Ley 270 de 199610,
en los siguientes términos:
[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las
de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de
Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la
Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las
necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y
Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal
a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término
de veintidós días continuos por cada año de servicio […].
20. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del citado
artículo, precisó lo siguiente:
[…] Según se señaló a propósito del artículo 12 del presente proyecto de ley,
el ejercicio de la función pública y permanente de administrar justicia deberá
realizarse “con las excepciones que establezca la ley” (Art. 228). Significa ello,
como se explicó, que el legislador tiene plena competencia para
determinar los casos en que la rama judicial pueda cesar
transitoriamente sus actividades, en las mismas condiciones que las
normas laborales lo establecen para los demás funcionarios del Estado
y los particulares. Así, entonces, puede la ley -o en su defecto la
autoridad competente- fijar o modificar, dentro de unos márgenes
razonables, los horarios de trabajo, disponer los días de descanso y
determinar los períodos de vacaciones -individuales o colectivas-, sin
que ello atente o comprometa el carácter de permanente que la Carta Política
le ha dado a la administración de justicia […]. (resaltado fuera del texto original)
21. A partir de lo anterior, se puede concluir que, en atención al contenido del artículo
146 de la Ley 270 de 1996, el régimen de vacaciones de los empleados de la Rama
Judicial se escinde en dos modalidades, a saber: a) los servidores que disfrutan sus
vacaciones de manera colectiva, y b) los empleados cuyo régimen vacacional es
individual y que pertenecen a la «[…] Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,
Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses […]».
9
Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de junio de 1963.
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“LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
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22. Sin embargo, en ambos supuestos, el empleado de la Rama Judicial se hace
merecedor del derecho a disfrutar de sus vacaciones, el cual se considera
fundamental e irrenunciable y, por tanto, su afectación debe ser protegida a través
de la acción de tutela.
VIII.5. El caso concreto
23. La ciudadana Luz Elvira Ángel Cuellar presentó acción de tutela con miras a
obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo digno y
al descanso, cuya vulneración le atribuyó a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá -Cundinamarca, al Consejo Superior de la
Judicatura -Sala Administrativa y al Juez Noveno de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, en razón a la negativa de las referidas
entidades en expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que se requiere
para poder acceder al disfrute de sus vacaciones individuales
24. La autoridad judicial de primera instancia declaró improcedente el amparo
solicitado por la accionante, luego de considerar, en síntesis, que las circunstancias
concretas del caso permitían inferir que la señora Luz Elvira Ángel Cuellar «[...]
tiene a su disposición el trámite previsto por el artículo 138 del CPACA para
controvertir la legalidad de esos actos. Asimismo, puede solicitar la suspensión
provisional de los actos como medida cautelar. […]», a lo que agregó que: «[...] no
está acreditada la existencia de un perjuicio irremediable. […]».
25. La accionante y el Juez Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá solicitaron que se revocara el fallo impugnado, dado que: (i)
es evidente que la no expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para
contratar el reemplazo durante las vacaciones de la aquí accionante -empleada
judicial- vulneran sus derechos fundamentales; (ii) la sentencia C- 171 de 2020
preciso que la acción de tutela es procedente cuando se alega la violación a los
derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo digno y al descanso; (iii) se le
ocasionó un perjuicio irremediable a la accionante por cuando ella tenía planeado
tomar sus vacaciones a partir del 20 de mayo de 2023 y ha pasado más de un mes
sin que haya podido disfrutar de su derecho, y (iv) no se tuvo en cuenta que en otras
ocasiones se les ha reconocido a empleados judiciales, vía acción de tutela, el
disfrute de sus vacaciones individuales.
26. En este contexto, la Sala empieza por mencionar el contenido de la sentencia C
-171 de 2020, la cual fue referida por los impugnantes y en la que la Corte
Constitucional precisó lo siguiente:
[…] 46. El descanso necesario tiene especial relevancia en el ejercicio del
trabajo, y es por esta razón que el Constituyente de 1991 lo incluyó en el
artículo 53 como uno de los principios mínimos fundamentales. Así, el
derecho al descanso tiene como propósito que durante un tiempo determinado
el trabajador cese sus actividades laborales y se recupere del desgaste que
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Accionante: Luz Elvira Ángel Cuellar
genera el trabajo11; lo cual no solo redunda en el necesario equilibro de su
calidad de vida, sino que además, le permite concretar y avanzar en su
proyecto de vida12.
47. Este derecho ha sido materializado a través de la limitación de la jornada de
trabajo, el otorgamiento del descanso semanal y la consagración de un periodo
de vacaciones anuales13. En relación con las vacaciones, el artículo 186 del
Código Sustantivo del Trabajo establece que “[l]os trabajadores que hubieren
prestado sus servicios durante un año tienen derecho a quince (15) días hábiles
consecutivos de vacaciones remuneradas”.
48. Se ha entendido que las vacaciones no tienen como único propósito que el
trabajador se recupere del desgaste que le ocasionan las actividades laborales,
sino que tiene por objeto permitirle al individuo espacios en los cuales
realice actividades en desarrollo de sus propias expectativas y las de su
familia14. Lo anterior, ha llevado a que se reconozca que el derecho a las
vacaciones se perfecciona a través del goce del descanso remunerado15.
(…)
51.En conclusión, las vacaciones periódicas y remuneradas corresponden
a uno de los mecanismos para concretar el derecho humano y el principio
mínimo fundamental al descanso del trabajador; cuyo disfrute efectivo
permite avanzar en el propósito de dignidad y justicia, en el ejercicio de
sus actividades laborales. […]. (Negrillas por fuera del texto).
27. En ese orden de ideas, advierte la Sala que, en el caso que nos ocupa, lo
pretendido por la accionante es gozar de sus vacaciones, derecho laboral que, de
acuerdo a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, debe ser entendido
como de naturaleza fundamental y como una garantía mínima del trabajador,
pues a través de este se garantiza la recuperación de las energías del empleado
afectadas con ocasión del desgaste físico y mental producto del cumplimiento de
las labores asignadas por el empleador.
28. De allí que es necesario poner de relieve que, en múltiples ocasiones esta
Sección16 ha resuelto amparar los derechos fundamentales de los servidores
judiciales accionantes y, como consecuencia de ello, ordenar a las Direcciones
Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial accionadas, expedir el certificado
de disponibilidad presupuestal que garantizara la provisión de los recursos
11
Sentencia C-710 de 1996, reiterada en sentencias C-035 de 2004 y C-1005 de 2005.
12
De esta prerrogativa se han ocupado los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como la Declaración
Universal de Derechos Humanos que en el artículo 24 prevé que “[t]oda persona tiene derecho al descanso, al disfrute
del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. Asimismo, el
PIDESC y el Protocolo de San Salvador en el artículo 7 señalan que los trabajadores tienen derecho a las “vacaciones
periódicas pagadas” y finalmente, los Convenios 052 y 132 de la OIT se ocupan en igual sentido de destacar la relevancia
y particularidad de garantía del descaso necesario. Sobre vacaciones pagas, el Convenio 132 dispone i) la periodicidad
del descanso al señalar que el derecho se causa luego de un año de servicio continuo (artículo 2) y ii) la remuneración
del tiempo de vacaciones al establecer que quien las esté disfrutando deberá percibir la remuneración habitual (artículo
3).
13
Sentencias C-710 de 1996, C-019 de 2004, C-1005 de 2005, en las cuales además se señala que dicha posición se
encuentra acorde con lo establecido en las normas internacionales respecto de las vacaciones del trabajador.
14
Sentencias C-669 de 2006, C-892 de 2009.
15
Sentencias C-035 de 2005, C-892 de 2009.
16
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) de 5 de julio de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-02681-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) de 11 de octubre de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-04170-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; iii) de 8 de mayo de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez; iv) de 1° de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; v) de 11 de noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; vi) de 20 de enero de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, vii) de 9 de junio de 2022, expediente número 25000-23-15-000-2022-00451-01, Hernando Sánchez
Sánchez, y viii) 7 de julio de 2023, expediente número 18001-23-33-000-2023-00083-01, Roberto Augusto Serrato Valdés.
12
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necesarios para efectos de la vinculación de la persona que cubriera la ausencia de
los actores por encontrarse disfrutando sus vacaciones.
29. Valga mencionar que el fundamento del amparo en dichas oportunidades
consistió en que: «[…] los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el
derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los
trabajadores […]»17. En efecto, en sentencia de 1° de julio de 2021, esta Sala de
Decisión explicó lo siguiente:
[…] visto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio,
la Sala también comparte el criterio de la Sección Cuarta, en el sentido de que
las circunstancias administrativas no se compadecen con el derecho al
goce y disfrute del período vacacional que legalmente le asiste al actor,
teniendo en cuenta la injerencia del derecho a las vacaciones en el
derecho al trabajo en condiciones dignas, donde el descanso constituye una
garantía fundamental del empleado, además de una prestación social y un
derecho económico relacionado con la salud y la seguridad social de las
personas.
[…]
En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de
restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar el
tutelante, por cuanto ello no implica que se puedan soslayar las
dificultades que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y algunas
veces, la acción desprendida y descuidada de quienes tienen a su cargo
la organización de los asuntos administrativos, de recursos humanos y
presupuestales de la rama, puedan proyectarse sobre los derechos de quienes
laboran en los despachos judiciales […]18. (negrillas fuera del texto)
30. Siguiendo esa misma línea argumentativa, esta Sección19 así como la
Subsección B de la Sección Segunda20, la Sección Cuarta y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, hemos venido sosteniendo el criterio consistente en que los
asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del
período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, por lo que, como
medida de protección del derecho, sí resulta procedente que el juez constitucional
ordene adelantar las gestiones pertinentes para obtener la expedición del CDP.
31. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que a la aquí actora se le negó el disfrute de
sus vacaciones individuales con fundamento en la falta de expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal, la Sala considera que se transgredió su derecho al
trabajo y dicha vulneración le es imputable a la entidad dirección seccional aquí
accionada, porque, tal como se precisó en el acápite VIII.2. de esta providencia, las
Direcciones Seccionales del país tienen la competencia de expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal una vez los recursos han sido asignados por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, para
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero de 2022, expediente
número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de 2021, expediente
número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
19
En reciente pronunciamiento de 7 de julio de 2023, expediente 18001-23-33-000-2023-00083-01, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, se consideró el mismo criterio que se está reiterando en la presente decisión.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de junio de
2021, expediente número 05001-23-33-000-2021-00738-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01911-01
Accionante: Luz Elvira Ángel Cuellar
la contratación del reemplazo de los empleados judiciales, de conformidad con lo
previsto en los numerales 2° y 6° del artículo 103 de la Ley 270 de 199621.
32. Lo anterior se traduce en que, si bien es cierto la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá no fue la que expidió la resolución que
negó las vacaciones solicitadas por la señora Luz Elvira Ángel Cuellar, la realidad
es que tiene la competencia, una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura asigne los recursos, de expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para la contratación del reemplazo durante las
vacaciones de la aquí accionante -empleada judicial-.
33. Las anteriores consideraciones son suficientes para revocar el fallo impugnado,
que declaró improcedente el amparo deprecado por la accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Consejo
Superior de la Judicatura, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 2 de junio de 2023, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar
AMPARAR el derecho al trabajo de la accionante Luz Elvira Ángel Cuellar, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, que, un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a
partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho,
adelante todas las gestiones tendientes a expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal para garantizar la provisión de los recursos necesarios con el propósito
de autorizar el reemplazo de las vacaciones de la señora Luz Elvira Ángel Cuellar.
Una vez cuente con los recursos necesarias deberá COMUNICAR tal novedad de
manera inmediata al titular del Juez Noveno de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá.
CUARTO: ORDENAR al Juez Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, que una vez se disponga del certificado de disponibilidad
presupuestal para nombrar en provisionalidad al reemplazo de la señora Luz Elvira
21
“Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial:
(…)
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta
aplicación o utilización.
(…)
7. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan”.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01911-01
Accionante: Luz Elvira Ángel Cuellar
Ángel Cuellar, deberá PRONUNCIARSE, en un término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de dicha comunicación, sobre la concesión del disfrute de
las vacaciones de la tutelante.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
(Salva voto)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (30)
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