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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00083-01

Fecha
7 de julio de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00083-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva – Huila, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de junio 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 18001-23-33-000-2023-00083-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

7 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 18001-23-33-000-2023-00083-01
Accionante: YARMILET ARTUNDUAGA CUELLAR
Accionados: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE NEIVA – HUILA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – Se confirma el fallo impugnado – los
obstáculos de índole administrativo no pueden ser una justificación
para coartar el disfrute de las vacaciones a que tienen derecho los
trabajadores

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Neiva – Huila en contra de la sentencia de 13 de
junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá y a través de
la cual se concedió el amparo solicitado por el accionante.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana Yarmilet Artunduaga Cuellar presentó acción de tutela con miras
a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en
condiciones dignas y justas, y a la salud, cuya vulneración le atribuyó a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva – Huila, al Consejo
Superior de la Judicatura, y a la Juez Segunda de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Florencia Caquetá, con ocasión de la negativa de las
referidas entidades en expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que, se
requiere para poder acceder al disfrute de sus vacaciones individuales.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que, desde el 1 de febrero de 2022, se encuentra vinculada a la Rama
Judicial en el cargo de Citadora grado 3, en propiedad, adscrito al Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, por lo
que su régimen de vacaciones es el individual, tal como lo dispone el artículo 146
de la Ley 270 de 1996.

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Radicación: 18001-23-33-000-2023-00083-01
Accionante: Yarmilet Artunduaga Cuellar

2.2. Adujo que, actualmente, se encuentra sin disfrutar el período de vacaciones
causado por los servicios prestados a la Rama Judicial entre el 9 de abril de 2020 y
el 8 de abril de 2021.

2.3. Refirió que, con fecha 9 de mayo de 2023, le solicitó a su nominadora, la Juez
Segunda de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia
Caquetá, el disfrute de sus vacaciones individuales y que, en atención a ello, dicha
funcionaria le solicitó a la Dirección Seccional accionada «[…] el certificado de
disponibilidad presupuestal para el nombramiento del reemplazo en el periodo de
vacaciones […]».

2.4. Expuso que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva,
a través de oficio número DESAJNEO23-1743 y que fuere remitido por correo
electrónico de 29 de mayo de 2023, le informó a su nominadora que: «[…] la planta
de personal del Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Florencia Caquetá, está conformada por 5 cargos, razón que debemos tener en
cuenta para no expedir certificados de disponibilidad presupuestal para nombrar
personal para reemplazos por vacaciones. […]».

2.5. Refirió que, por lo anterior, la Juez Segunda de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Florencia resolvió, en Resolución Nº 009 de 31 de mayo de 2023,
negar el disfrute de las vacaciones solicitadas, argumentando la necesidad del
servicio.

2.6. Con base en lo anterior, la actora señaló lo siguiente: «[…] Estimo violado el
derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, derecho a la igualdad y a la salud,
consagrados en los artículos 25, 13, 49, de la Constitución Política de Colombia de
1991. […]». Y que: «[…] Aunado a lo anterior, la distribución de funciones en un
caso como el particular no resuelve la eminente afectación en la prestación del
servicio de administración de justicia. Y es que la sobrecarga laboral que recaerá
sobre los hombros de la Juez y de su equipo de trabajo, afectará no solo el normal
funcionamiento de la administración de justicia, sino también la salud física y mental,
pues será de tal magnitud que no se puede responder a todo lo que ello demanda.
[…]»

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas y justas, igualdad y a la salud, plasmados en la carta política, de la
señora Yarmilet Artunduaga Cuellar, según los hechos referidos en el acápite
pertinente, por cuanto están siendo vulnerados por la negativa de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva Huila, de disponer los
recursos para el pago del reemplazo en el periodo de vacaciones.

SEGUNDO: Se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva Huila ejecute, de manera inmediata, todas las acciones
administrativas necesarias encaminadas a expedir el correspondiente
certificado de disponibilidad presupuestal para cubrir las erogaciones que

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Accionante: Yarmilet Artunduaga Cuellar

demande el nombramiento de un empleado judicial que reemplace a la señora
YARMILET ARTUNDUAGA CUELLAR, Citador Grado 3, mientras éste disfruta
de su periodo de vacaciones; y una vez expedido y remitido dicho certificado,
ORDENAR a la doctora DIANA MILENA LLANOS ESCOVAR, en su calidad de
JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE FLORENCIA, o a quien hiciere sus veces, que en el menor
tiempo posible, proceda a conceder mediante acto administrativo las
vacaciones individuales solicitadas por la señora YARMILET ARTUNDUAGA
CUELLAR, y a efectuar el nombramiento provisional para su reemplazo.

TERCERO: Ordenar al Director Ejecutivo de la Oficina de Administración
Judicial Seccional Neiva – Dirección Financiera, o a quien haga sus veces, que
se adelante el trámite pertinente para que se obtenga el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, para la persona que me ha de reemplazar durante
el disfrute de vacaciones como servidora judicial. Ello para no incurrir en
temeridad, toda vez, que no es posible que cada vez que solicite las vacaciones
me las nieguen por no contar con Certificado de Disponibilidad Presupuestal,
tenga que acudir a esta acción constitucional por los mismos hechos y
derechos.

CUARTO: De conformidad con el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, me
permito solicitar que en el fallo por Usted dictado se prevenga a la entidad
accionada “para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de
modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en
que ya hubiere incurrido. […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Elmagistrado del Tribunal Administrativo de Caquetá a cargo de la
sustanciación del proceso, mediante auto de 5 de junio de 2023, admitió la presente
acción de tutela en contra de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva – Huila, del Consejo Superior de la Judicatura, y de la Juez
Segunda de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia
Caquetá.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas, se advierte que se
allegaron los siguientes informes:

5.1. El director de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva rindió, a través de apoderado judicial, informe en los siguientes términos:

5.2. Advirtió que, en atención a lo dispuesto en la Circular PSAC11-44 de 23 de
noviembre de 2011, únicamente resulta viable expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para contratar el reemplazo de los funcionarios
judiciales, y no cuando se trata de empleados judiciales, razón por la que no es
procedente acceder a lo pedido por la accionante.

5.3. Señaló
que: «[…] no resulta procedente que, mediante este mecanismo
excepcional, se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

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Accionante: Yarmilet Artunduaga Cuellar

de Neiva Huila -Coordinación Administrativa de Florencia Caquetá adelantar
acciones tendientes a garantizar la provisión de recursos y, como consecuencia, la
expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal, previo al otorgamiento
de las vacaciones, cuando el régimen legal no prevé tal privilegio y el acto
administrativo no ha sido atacando ante los mecanismos ordinarios de que dispone
el accionante. […]».

5.4. Destacó que: «[…] se encuentra imposibilitada para acceder a la pretensión del
accionante dado que no puede comprometer vigencias futuras y la Coordinación
Administrativa de Florencia se limitó a realizar el respectivo traslado de las
solicitudes elevadas por el actor, es de aclarar que en ningún momento se le han
negado las vacaciones al actor. […]».

5.5. La
Juez Segunda de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Florencia Caquetá rindió informe en el que indicó que la negativa de las vacaciones
estuvo fundada en la necesidad del servicio y en la falta de expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal para el nombramiento del reemplazo durante las
vacaciones de la señora Yarmilet Artunduaga Cuellar.

5.6. Sostuvo que: «[…] la distribución de funciones en un caso como el particular no
resuelve la eminente afectación en la prestación del servicio de administración de
justicia, requiriéndose sin lugar a dudas el nombramiento de un reemplazo durante
el periodo de vacaciones de la Citadora, máxime que actualmente el cargo de
sustanciador transitorio tiene una meta mensual de 150 autos interlocutorios que
deben ser debidamente notificados personalmente al sentenciado, y virtualmente a
su apoderado y el agente del ministerio público. […]».

5.7. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura, por conducto de apoderado judicial, rindió informe en el que expuso
que carece de legitimación en la causa por pasiva para atender las pretensiones de
amparo, en razón a que no ostenta la calidad de ordenador del gasto de conformidad
con los numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996.

5.8. Solicitó la desvinculación del Consejo Superior de la Judicatura, al considerar
que no es el responsable de cumplir con las órdenes que eventualmente se pudieran
expedir a través del fallo de tutela.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 13 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Caquetá concedió el amparo solicitado por la accionante y, como consecuencia de
ello, ordenó lo siguiente:

[…] SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva, o a quien haga sus veces, que en el término
de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de la presente
providencia, ejecute todas las acciones administrativas necesarias tendientes a
expedir el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal –CDP-

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Radicación: 18001-23-33-000-2023-00083-01
Accionante: Yarmilet Artunduaga Cuellar

para el nombramiento de un empleado judicial que reemplace a la actora
mientras disfruta su período de vacaciones.

TERCERO: Una vez el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad reciba la comunicación proveniente de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, procederá en un término no
superior a cinco (5) días, a proferir acto administrativo a través del cual se
decida sobre las vacaciones individuales solicitadas por Yarmilet Artunduaga
Cuellar. […].

7. Como sustento de su decisión, el juez de primera instancia consideró, en síntesis,
que debido a «[…] la carga de trabajo del Juzgado de Penas y la insuficiencia de su
planta para atender la funciones a cargo de la eventual vacacionante, se traducen,
a efectos prácticos, pero plenamente relevantes en lo jurídico, en hacer de la
negativa a certificar disponibilidad presupuestal un obstáculo insalvable para el
nominador. (…) Con ello, resulta innegable que la decisión de la DEAJN determina
un curso causal que conduce indefectiblemente a la vulneración del derecho
fundamental al descanso, en cabeza de la aquí actora […]».

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, por
conducto de apoderado judicial, impugnó el fallo de primera instancia, por las
siguientes razones:

8.1. Afirmóque: «[…] no resulta procedente que, mediante este mecanismo
excepcional, se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Neiva Huila -Coordinación Administrativa de Florencia Caquetá adelantar
acciones tendientes a garantizar la provisión de recursos y, como consecuencia, la
expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal, previo al otorgamiento
de las vacaciones, cuando el régimen legal no prevé tal privilegio y el acto
administrativo no ha sido atacando ante los mecanismos ordinarios de que dispone
el accionante. […]».

8.2. Señaló que: «[…] En este caso debe decirse que, la inminencia e irreparabilidad
del perjuicio que se aduce, no ostentan la irremediabilidad alegada, pues la
inminencia, gravedad y urgencia requerida no se han probado […]».

8.3. Indicó que la acción de tutela no procedería en este caso, en tanto que: «[…] no
se acreditó por el accionante la configuración de un perjuicio irremediable que
amerite la intervención del juez constitucional, como mecanismo transitorio, en
asuntos que no son de su competencia, por lo cual, no es posible flexibilizar el
requisito de subsidiariedad y analizar el asunto de fondo […]».

8.4. Argumentó que carece de legitimación en la causa por pasiva, para atender las
pretensiones de amparo, aseguró que no existe en el ordenamiento jurídico una
norma que señale que es obligación de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Neiva-Huila expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para el

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Accionante: Yarmilet Artunduaga Cuellar

nombramiento de quien reemplazaría a la accionante durante el goce de sus
vacaciones.

8.5. Agregó que: «[…] De conformidad con la Circular PSAC11-44 de 23 de
noviembre de 2011, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del
Huila no puede expedir un CDP con el fin de asignar un remplazo de la accionante
durante su periodo vacacional, toda vez que, dicho presupuesto únicamente está
previsto para aquellas personas que ostentan la calidad de funcionarios públicos y
no, de empleados públicos, como es el caso del actor. […]».

8.6. Expuso que a quien le corresponde concederle las vacaciones a la parte actora
es a la Juez Segunda de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Florencia Caquetá, ello en razón a que «[…] el trámite y expedición del CDP, como
decisión autónoma de la administración, no tiene relación directa con el derecho
fundamental al trabajo en condiciones dignas ni con el beneficio del descanso
remunerado ni con la igualdad que se depreca en el libelo de la accionante […]».

8.7. En conclusión, indicó que, la situación de la actora no se encuadra dentro del
Concepto DEAJRHO17-5287 del 12 de octubre de 2017 suscrito por Judith Morante
García Directora Unidad de Recursos Humanos de la DEAJ, que prevé -en la
conclusión 5-, que la expedición de CDP únicamente está autorizada para
reemplazos de vacaciones para persona titular únicamente que son funcionarios o
cuando el despacho cuente únicamente con 3 o menos cargos de planta.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.

VIII.2. Cuestión previa

10. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se ha
de resolver, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación
en la causa por pasiva, a efectos de resolver la solicitud de desvinculación procesal
presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva – Huila.

10.1. Para efectos de resolver la presente solicitud de desvinculación, la Sala pone de
presente, lo preceptuado en los numerales 2° y 6° del artículo 99 de la Ley Estatutaria
de Administración de Justicia, los cuales son del siguiente tenor:

1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

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Radicación: 18001-23-33-000-2023-00083-01
Accionante: Yarmilet Artunduaga Cuellar

[…] ARTÍCULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL.
Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de
su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director
Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes funciones:
(…)
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la
Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.
(…)
6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones
que correspondan. […].

10.2. En ese orden de ideas, para la Sala es claro que una vez la Dirección Ejecutiva de
Administración de Judicial del Consejo Superior de la Judicatura asigna los recursos
a cada una de las direcciones ejecutivas seccionales, le corresponde, en este caso, a
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal necesario para la contratación del
reemplazo durante las vacaciones de la empleada judicial, aquí accionante.

10.3. Por lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación procesal presentada por el
apoderado judicial de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva – Huila.

VIII.3. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer si existe una vulneración
de los derechos fundamentales de la actora, con ocasión de la Resolución N° 009
de 31 de mayo de 2023, que negó el disfrute del derecho a las vacaciones por la
actora por la no expedición del certificado de disponibilidad presupuestal.

12. Conel fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las
vacaciones de los empleados judiciales; para luego proceder a (ii) resolver el caso
concreto.

VIII.4. Derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las vacaciones de los
empleados judiciales

13. La Constitución Política prevé, en su artículo 25, que el trabajo es un derecho y
una obligación social que goza de especial protección por parte del Estado,
asimismo señala que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas
y justas.

14. Por su parte, el artículo 53 superior detalla varias garantías fundamentales de
obligatoria e ineludible observancia, entre las que se encuentran: el derecho a la

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Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Radicación: 18001-23-33-000-2023-00083-01
Accionante: Yarmilet Artunduaga Cuellar

igualdad de oportunidades y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales. Asimismo, establece como una garantía mínima
en favor de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado, derecho que
tiene como propósito que el empleado recupere las energías ante el desgaste
normal de las mismas originado por la actividad laboral.

15. Al respecto, la Corte Constitucional ha definido las vacaciones como:

«[…] un derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que
el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el
empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus
actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo sino un derecho
a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las
vacaciones está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la
ley, puesto que la finalidad es que el trabajador efectivamente descanse. Una
de las situaciones de excepción es en caso de que los trabajadores se
desvinculen del servicio, y no hayan gozado de su derecho al descanso
remunerado, pueden recibir una indemnización monetaria […]5. (Negrillas por
fuera del texto original)

16. Aunado a lo anterior, la citada corporación ha sostenido que: «[…] uno de los
derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el
Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga […]»6.
En efecto, la naturaleza iusfundamental de este derecho se deduce de la
interpretación sistemática7 de los artículos 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto el
descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno de
los principios mínimos fundamentales del trabajo.

17. A su vez, la Organización Internacional del Trabajo- OIT, establece que las
vacaciones remuneradas son un derecho irrenunciable del trabajador, en tanto que:
«[…] se considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a
vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas […]»8.

18. Ahora bien, el régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial se encuentra establecido en el artículo 146 de la ley 270 de 1996 9,
en los siguientes términos:

[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las
de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de
Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la
Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las
necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y
Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal

5
Sentencia C-598/97. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
6
Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía.
7
Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-024 de 1998 M.P.
Hernando Herrera Vergara.
8
Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de junio de 1963.
9
“LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.

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a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término
de veintidós días continuos por cada año de servicio […].

19. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del citado
artículo, precisó lo siguiente:

[…] Según se señaló a propósito del artículo 12 del presente proyecto de ley,
el ejercicio de la función pública y permanente de administrar justicia deberá
realizarse “con las excepciones que establezca la ley” (Art. 228). Significa ello,
como se explicó, que el legislador tiene plena competencia para
determinar los casos en que la rama judicial pueda cesar
transitoriamente sus actividades, en las mismas condiciones que las
normas laborales lo establecen para los demás funcionarios del Estado
y los particulares. Así, entonces, puede la ley -o en su defecto la
autoridad competente- fijar o modificar, dentro de unos márgenes
razonables, los horarios de trabajo, disponer los días de descanso y
determinar los períodos de vacaciones -individuales o colectivas-, sin
que ello atente o comprometa el carácter de permanente que la Carta Política
le ha dado a la administración de justicia […]. (resaltado fuera del texto original)

20. A partir de lo anterior, se puede concluir que, en atención al contenido del artículo
146 de la Ley 270 de 1996, el régimen de vacaciones de los empleados de la Rama
Judicial se escinde en dos modalidades, a saber: a) los servidores que disfrutan sus
vacaciones de manera colectiva, y b) los empleados cuyo régimen vacacional es
individual y que pertenecen a la «[…] Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,
Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses […]».

21. Sin embargo, en ambos supuestos, el empleado de la Rama Judicial se hace
merecedor del derecho a disfrutar de sus vacaciones, el cual se considera
fundamental e irrenunciable y, por tanto, su afectación debe ser protegida a través
de la acción de tutela.

VIII.5. El caso concreto

22. La ciudadana Yarmilet Artunduaga Cuellar presentó acción de tutela con miras
a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en
condiciones dignas y justas, y a la salud cuya vulneración le atribuyó a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva – Huila, al Consejo
Superior de la Judicatura, y a la Juez Segunda de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Florencia Caquetá, con ocasión de la negativa de las
referidas entidades en expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que se
requiere para poder acceder al disfrute de sus vacaciones individuales
23. La autoridad judicial de primera instancia concedió el amparo deprecado por el
accionante, luego de considerar, en síntesis, que las circunstancias concretas del
caso permitían inferir que dada «[...] la carga de trabajo del Juzgado de Penas y la
insuficiencia de su planta [de personal] […]» resultaba indispensable contratar el

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reemplazo de la accionante, por lo que «[…] la negativa a certificar disponibilidad
presupuestal [constituía] un obstáculo insalvable para el nominador […]».

24. Como consecuencia de lo anterior, se ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional
aquí accionada que «[…] ejecute todas las acciones administrativas necesarias
tendientes a expedir el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal –
CDP- para el nombramiento de un empleado judicial que reemplace a la actora
mientras disfruta su período de vacaciones. […]».

24.1. La entidad impugnante solicitó que se revocara el fallo impugnado frente a las
órdenes que le fueron impuestas por la autoridad judicial de primera instancia, dado
que: (i) «[…] el régimen legal no prevé [la expedición de un certificado de
disponibilidad presupuestal previo otorgamiento de las vacaciones] y el acto
administrativo no ha sido atacando ante los mecanismos ordinarios de que dispone
el accionante […]»; (ii) «[…] no se acreditó por el accionante la configuración de un
perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional, como
mecanismo transitorio, en asuntos que no son de su competencia, por lo cual, no es
posible flexibilizar el requisito de subsidiariedad y analizar el asunto de fondo. […]»,
y (iii) «[…] el trámite y expedición del CDP, como decisión autónoma de la
administración, no tiene relación directa con el derecho fundamental al trabajo en
condiciones dignas ni con el beneficio del descanso remunerado ni con la igualdad
que se depreca en el libelo de la accionante […]».

25. En este contexto, la Sala empieza por advertir que, en el caso de autos, lo
pretendido por la accionante es gozar de sus vacaciones, derecho laboral que, de
acuerdo a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, debe ser entendido
como de naturaleza fundamental y como una garantía mínima del trabajador, pues
a través de este se garantiza la recuperación de las energías del empleado
afectadas con ocasión del desgaste físico y mental producto del cumplimiento de
las labores asignadas por el empleador.

26. De allí que es necesario poner de relieve que, en múltiples ocasiones esta
Sección10, ha resuelto amparar los derechos fundamentales de los servidores
judiciales accionantes y, como consecuencia de ello, ordenar a las Direcciones
Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial accionadas, expedir el certificado
de disponibilidad presupuestal que garantizara la provisión de los recursos
necesarios para efectos de la vinculación de la persona que cubriera la ausencia de
los actores por encontrarse disfrutando sus vacaciones.

27. Valga mencionar que el fundamento del amparo en dichas oportunidades, en
síntesis, consistió en que: «[…] los asuntos de índole administrativo no pueden
afectar el derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste

10
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) de 5 de julio de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-02681-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) de 11 de octubre de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-04170-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; iii) de 8 de mayo de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez; iv) de 1° de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; v) de 11 de noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; vi) de 20 de enero de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés y vii) de 9 de junio de 2022, expediente número 25000-23-15-000-2022-00451-01, Hernando Sánchez
Sánchez.

11

Radicación: 18001-23-33-000-2023-00083-01
Accionante: Yarmilet Artunduaga Cuellar

a los trabajadores […]»11. En efecto, en sentencia de 1° de julio de 2021, esta Sala
de Decisión explicó lo siguiente:

[…] visto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio,
la Sala también comparte el criterio de la Sección Cuarta, en el sentido de que
las circunstancias administrativas no se compadecen con el derecho al
goce y disfrute del período vacacional que legalmente le asiste al actor,
teniendo en cuenta la injerencia del derecho a las vacaciones en el
derecho al trabajo en condiciones dignas, donde el descanso constituye una
garantía fundamental del empleado, además de una prestación social y un
derecho económico relacionado con la salud y la seguridad social de las
personas.

[…]

En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de
restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar el
tutelante, por cuanto ello no implica que se puedan soslayar las
dificultades que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y algunas
veces, la acción desprendida y descuidada de quienes tienen a su cargo
la organización de los asuntos administrativos, de recursos humanos y
presupuestales de la rama, puedan proyectarse sobre los derechos de quienes
laboran en los despachos judiciales […]12. (negrillas fuera del texto)

28. Siguiendo esa misma línea argumentativa, esta Sección13 así como la
Subsección B de la Sección Segunda14, la Sección Cuarta y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, hemos venido sosteniendo el criterio consistente en que los
asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del
período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, por lo que, como
medida de protección del derecho, sí resulta procedente que el juez constitucional
ordene adelantar las gestiones pertinentes para obtener la expedición del CDP.

29. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que a la aquí actora se le negó el disfrute de
sus vacaciones individuales con fundamento en la falta de expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal, la Sala considera que se transgredió su derecho al
trabajo y dicha vulneración le es imputable a la entidad aquí impugnante, porque,
tal como se precisó en el acápite VIII.2. de esta providencia, las Direcciones
Seccionales del país tienen la competencia de expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal una vez los recursos han sido asignados por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, para la contratación del
reemplazo de los empleados judiciales, de conformidad con lo previsto en los
numerales 2° y 6° del artículo 103 de la Ley 270 de 199615.

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero de 2022, expediente
número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de 2021, expediente
número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
13
En reciente pronunciamiento de 20 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-04569-00, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, se consideró el mismo criterio que se está reiterando en la presente decisión.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de junio de
2021, expediente número 05001-23-33-000-2021-00738-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
15
“Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial:
(…)
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta
aplicación o utilización.
(…)
7. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan”.

12

Radicación: 18001-23-33-000-2023-00083-01
Accionante: Yarmilet Artunduaga Cuellar

30. Lo anterior se traduce en que, si bien es cierto la entidad impugnante no fue la
que expidió la resolución que negó las vacaciones solicitadas por la señora Yarmilet
Artunduaga Cuellar, la realidad es que tiene la competencia, una vez la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura asigne los
recursos, de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para la
contratación del reemplazo durante las vacaciones de la aquí accionante -empleada
judicial-.

31. Las anteriores consideraciones son suficientes para confirmar el fallo impugnado,
que concedió el amparo deprecado por la accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva – Huila, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de junio 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caquetá, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
(Salva parcialmente el voto)

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (30)

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