Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01949-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01949-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01949-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
26 de octubre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01949-00
Demandantes: Cámara de Comercio de Bogotá y otros
Recurso Extraordinario de Revisión
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01949-00
Demandantes: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Y OTROS
Providencia
SENTENCIA DEL 17 DE MARZO DE 2022, PROFERIDA POR
objeto de
EL CONSEJO DE ESTADO, SECCION PRIMERA
revisión:
Asunto: Resuelve sobre un recurso extraordinario de revisión
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
I. OBJETO DE LA DECISIÓN
1. La Sala Especial de Decisión número cuatro de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado procede a resolver la demanda que contiene
el recurso extraordinario de revisión interpuesta por la Cámara de Comercio de
Bogotá, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Cámara de Comercio de
Bucaramanga, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Cámara de
Comercio de Cali contra la sentencia del 17 de marzo de 2022 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera.
2. En la referida providencia se puso fin al proceso de nulidad con radicado 11001-
03-24-000-2009-00630-00, instaurado por el señor Carlos Augusto Caicedo
Gardeazabal para que se declarase la nulidad de los artículos 23 y 24 del Decreto
393 de 4 de marzo de 2002 «por el cual se modifican parcialmente los Decretos
856 de 1994 y 92 de 1998, por medio de los cuales se reglamenta el
funcionamiento del registro de proponentes en las Cámaras de Comercio y se fijan
las relativas a los registros de proponentes y mercantil».
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01949-00
Demandantes: Cámara de Comercio de Bogotá y otros
Recurso Extraordinario de Revisión
II. ANTECEDENTES
3. El 19 de abril de 2023, la Cámara de Comercio de Bogotá, y otros, interpusieron
recurso extraordinario de revisión, por medio del cual pretenden que se anule o
infirme la sentencia proferida el 17 de marzo de 2022 por el Consejo de Estado,
Sección Primera. En su criterio, se configura la causal de revisión contemplada en
el ordinal 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).
4. Lo anterior, en tanto, consideraron que existió «agresión grave al debido
proceso, al haber omitido injustificadamente la oportunidad de ejercer el derecho
de contradicción y defensa de las Cámaras de Comercio del país dentro de los
términos legales y constitucionales, en relación con las tasas creadas a su favor
por la Ley 6a de 1992 (…)».
2.1 . Trámite en el proceso ordinario
5. El 5 de noviembre de 2009, el señor Carlos Augusto Caicedo Gardeazabal
ejerció el medio de control de nulidad con el fin de que se declarase la nulidad de
los artículos 23 y 24 del Decreto 393 de 4 de marzo de 2002 «por el cual se
modifican parcialmente los Decretos 856 de 1994 y 92 de 1998, por medio de los
cuales se reglamenta el funcionamiento del registro de proponentes en las
Cámaras de Comercio y se fijan las relativas a los registros de proponentes y
mercantil».
6. Mediante sentencia del 16 de agosto de 2018, el Consejo de Estado, Sección
Primera negó las pretensiones de la demanda al encontrar que las disposiciones
demandadas no vulneraron el preámbulo ni los artículos 1°, 13, 25, 83, 88, 333 y
338 de la Constitución Política. Esto, en la medida en que las tarifas fueron fijadas
por la autoridad competente y no resultaron discriminativas sino, al contrario,
equitativas entre sus pares.
7. Asimismo, en la sentencia explicó que las normas censuradas no habían
afectado el derecho al trabajo, a la libre competencia y a la libertad económica
porque respetaron el principio de buena fe, «dado que la renovación anual tuvo
como sustento la necesidad de respaldar el servicio ofrecido y la obligación estatal
de otorgar publicidad y acceso a información verídica y actualizada».
8. Inconforme con lo anterior, el 16 de agosto de 2019, el señor Carlos Augusto
Caicedo Gardeazabal interpuso recurso extraordinario de revisión contra la
referida sentencia. Para fundamentar su inconformidad, sostuvo que la decisión
censurada habría incurrido en la causal de revisión relacionada en el numeral 5. °
del artículo 250 del CPACA.
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9. A juicio del recurrente, se configuró la citada causal por violación al debido
proceso por ausencia de motivación de la decisión judicial, comoquiera que en
esta se omitió analizar la violación del derecho a la igualdad y de los artículos 333
y 338 superiores, de acuerdo con la información que reposa en la demanda. Esta,
relativa a la tarifa que pagaba cada una de las sociedades por concepto de registro
o renovación de matrícula, así como el comparativo que reflejaba el impacto
económico que implicaba para las pequeñas y grandes empresas.
10. El 14 de octubre de 2021, la Sala Novena de Decisión del Consejo de Estado
declaró fundado el recurso extraordinario de revisión promovido por el señor
Caicedo Gardeazabal1. Esa Sala de Decisión determinó que la Sección Primera
del Consejo de Estado no efectuó el test que debía realizarse para determinar
cuándo existe una vulneración del derecho a la igualdad. Lo anterior, pese a que
el demandante indicó -expresamente- los sujetos que debían ser comparados
frente al tratamiento establecido en el listado de tarifas señaladas en los artículos
23 y 24 del Decreto 393 de 2002.
11. En consecuencia, la referida Sala ordenó a la Sección Primera de esta
corporación dictar un nuevo fallo en el que fuesen analizados, en debida forma,
los cargos formulados en el recurso extraordinario de revisión.
12. En este orden, en sentencia de reemplazo del 17 de marzo de 2022, se declaró
la nulidad de los artículos 23 y 24 del decreto 393 de 4 de marzo de 2002 2. Lo
anterior, debido a que las tarifas previstas en los referidos artículos impusieron
una mayor carga a los pequeños comerciantes o establecimientos con menores
activos o patrimonio, lo que conllevó a una carga que rompió con la
proporcionalidad de este tipo de tributos.
13. El 20 de abril de 2022, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de
Comercio de Barranquilla, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Cámara
de Comercio de Medellín para Antioquia y la Cámara de Comercio de Cali
presentaron incidente de nulidad de todo lo actuado porque, en su criterio, les fue
negada la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción y defensa al omitir la
notificación personal del auto admisorio del medio de control de nulidad.
14. Frente a lo anterior, la Sala se permite precisar que el referido incidente de
nulidad, a la fecha de expedición de esta sentencia, no ha sido resuelto.
1 Radicado 1101 03 15 000 2019 03823 00
2 Decisión contra la que se adelanta el estudio del presente recurso extraordinario de revisión.
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2.2. La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la Cámara de Comercio y otros
15. El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la sentencia proferida el 17
de marzo de 2022, en única instancia, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los artículos 23 y 24 del Decreto 393 de 4
de marzo de 2002, expedido por el Gobierno Nacional, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, archívese la actuación.
16. Para fundamentar su decisión, consideró que los artículos del Decreto 393 de
2002, «al establecer esa desproporcionalidad e inequidad en las tasas fijadas a
los pequeños comerciantes o establecimientos, violaron el principio de igualdad»,
toda vez que las tarifas previstas en los artículos 23 y 24 del referido decreto,
relativas a la matrícula mercantil o su renovación en el registro público a los
pequeños y grandes comerciantes o establecimientos, sucursales o agencias
impusieron una mayor carga o tributo a los pequeños comerciantes o
establecimientos con menores activos o patrimonio, lo que conllevó a una carga
que rompió con la proporcionalidad de este tipo de tributos.
17. Refirió, además, que se trasgredió el principio de progresividad, «el cual hace
referencia al reparto de la carga tributaria entre los diferentes obligados a su pago,
según la capacidad contributiva de la que disponen», en el sentido de afectar el
principio de equidad, que vela por los tratamientos proporcionados en la
imposición de la carga tributaria de cara a la capacidad económica de quienes
deban asumirla.
18. Señaló que, en consecuencia, hubo una distribución desigual de las tasas
impuestas en las disposiciones demandadas, con las cuales se ven más afectados
los empresarios o establecimientos pequeños, «a quienes dichos tributos
impactan de forma más fuerte sobre sus activos o patrimonio, en tanto deben
pagar unas tarifas más altas en relación con sus activos o patrimonio». Lo anterior,
dado que no existió una mayor carga contributiva para las personas con mayor
capacidad económica.
19. Esto, en atención a que las tasas cuestionadas debieron ser graduadas de
conformidad con la capacidad de los sujetos, medida objetivamente a partir de sus
activos o patrimonios, en el entendido de que se tuviese en cuenta el sistema de
escalas diferenciales, mediante el cual fuese posible gravar con tarifas superiores
a los empresarios o establecimientos con mayores activos o patrimonio.
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20. Agregó que, a la luz de la sentencia C-277 de 5 de abril de 2006:
Se desconocieron los artículos 333 y 338 de la Constitución Política e impidieron
el libre desarrollo de las pequeñas empresas o establecimientos, habida cuenta
que si bien es cierto que la libertad de empresa puede ser limitada, mediante la
intervención en la economía que se lleva a cabo por mandato de la ley para el
cumplimiento de los fines de interés general, también lo es que no es posible
restringirla arbitrariamente ni es factible impedir su ejercicio, desconociendo los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, tal y como lo ha señalado la
jurisprudencia constitucional.
21. Finalmente, advirtió que, ante la prosperidad del cargo de nulidad, relativo a la
violación del principio de igualdad, se relevaba de estudiar los demás cargos
alegados en la demanda, de acuerdo con el criterio adoptado por esta corporación
en otras ocasiones.
III. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
3.1. La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión
22. La Cámara de Comercio de Bogotá (y otros3) interpusieron recurso
extraordinario de revisión, por medio del cual pretenden que se anule o infirme la
sentencia proferida el 17 de marzo de 2022 por el Consejo de Estado, Sección
Primera. En su criterio, se configura la causal de revisión contemplada en el ordinal
5 del artículo 250 del CPACA.
3.2. Pretensiones del recurso extraordinario de revisión
23. La parte accionante presentó las siguientes pretensiones:
PRIMERA. DECLARAR fundado el recurso extraordinario especial de revisión
interpuesto por las cámaras de comercio mediante este escrito, contra la sentencia
del 17 de marzo de 2022, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
expediente dentro del proceso de nulidad No. 11001-03-24-000-2009-00630-00, al
Actor: Carlos A. Caicedo Gardeazabal.
SEGUNDO: En consecuencia INVALIDAR dicha providencia y, de todo lo actuado,
con posterioridad a la notificación del auto que admitió la demanda, incluida la que
resuelve el recurso de revisión del 14 de diciembre de 2021 y la sentencia que pone
fin al proceso proferida el 17 de marzo de 2022, e integrar el contradictorio,
incluyendo a las Cámaras de Comercio del país para que ejerzan su derecho a la
defensa dentro del proceso. (sic a toda la cita).
3 La Cámara de Comercio de Barranquilla, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Cámara
de Comercio de Medellín para Antioquia y la Cámara de Comercio de Cali.
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24. Para sustentar la demanda, la parte recurrente invocó la causal de revisión
contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, toda vez que, en su
criterio, la providencia está viciada de nulidad con ocasión a la transgresión de su
derecho al debido proceso por omitir «la oportunidad de ejercer el derecho de
contradicción y defensa de las Cámaras de Comercio del país dentro de los
términos legales y constitucionales».
25. En este sentido, señaló que las Cámaras de Comercio tuvieron conocimiento
de la demanda contra los artículos 23 y 24 del Decreto 393 de 2022 solo hasta el
momento en que se profirió la sentencia, puesto que no fueron notificadas ni
convocadas en ninguna etapa procesal, pese al interés directo que les asiste.
Esto, en tanto, los referidos artículos fijan las tarifas de las tasas contributivas de
la Cámara de Comercio.
26. Adujo que, se habría incumplido «con lo establecido en los artículos 206 y 207
del CCA y, 171 y 253 del CPACA, configurándose (…), la causal del numeral 8°
del artículo 133 del CGP, y con ello la nulidad de toda actuación posterior a la
notificación del auto que admitió la demanda y, conforme lo establecido en el inciso
5° del artículo 134 del CGP se deberá anular todas las providencias proferidas,
incluida la que resuelve el recurso de revisión del 14 de diciembre de 2021 y la
sentencia que pone fin al proceso proferida el 17 de marzo de 2022 (…)». (sic a
toda la cita).
27. Agregó que, en vista del interés legítimo que les asiste, su vinculación y
notificación no era potestativa sino obligatoria, «según lo señalado por el Consejo
de Estado frente al numeral 3 del artículo 171 del CPACA», en el sentido de
precisar que la ausencia de notificación personal a «los sujetos que, según la
demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del
proceso» podría acarrear una nulidad que retrotraiga todo el procedimiento.
28. Mencionó que «las Cámaras de Comercio son personas jurídicas de derecho
privado, de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro» en cabeza de
quienes, entre otras, se encuentra la función registral, la cual, constituye la
prestación de un servicio público que conlleva, según lo dispuesto por el Código
de Comercio, al pago de una tasa contributiva por parte del comerciante.
29. Asimismo, indicó que el antecedente normativo más remoto, frente a la fijación
de las tarifas de las tasas contributivas de la Cámara de Comercio, es el Decreto
242 de 1970. No obstante, en este no se previó una fórmula de actualización para
dichas tarifas, razón por la cual «con ocasión de la expedición del Código de
Comercio y de la Ley 6 de 1992, se expidió el Decreto 658 de 1993». Agregó que,
de manera posterior, el Decreto 393 de 2002 redujo el número de rangos a 30 y
fijó como patrón de base tarifaria el salario mínimo legal vigente.
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30. En ese orden de ideas, indicó que, teniendo en cuenta que el proceso ordinario
alude a los derechos de registro y renovación de la matrícula mercantil y los
derechos por registro de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, los
cuales, «en virtud del artículo 124 de la Ley 6ª de 1992 se fijan a favor de las
Cámaras de Comercio para sufragar conceptos como matrículas, renovaciones e
inscripciones de los actos, libros y documentos que la ley determine efectuar en el
registro mercantil» es claro el interés que les asiste en las resultas del medio de
control de nulidad contra los artículos 23 y 24 del Decreto 393 de 2002.
31. En relación con el Decreto 393 de 2022, en particular frente a los artículos que
regulaban las tarifas de registro mercantil, los cuales fueron declarados nulos
mediante la sentencia que se controvierte en este recurso, refirió que:
En este fueron señaladas “diferentes tarifas en un porcentaje de salarios mínimos
legales según rangos diferenciales de activos de los comerciantes o de sus
establecimientos de comercio, (grupos de comerciantes formado con el criterio del
monto de sus activos) con una estructura de carácter progresivo en los grados en
los que se incrementaba más que proporcionalmente el valor fijo a pagar según
aumentaba el rango de activos reportados, hasta llegar a un límite que se relaciona
con el principio de beneficio recibido por los servicios, propio de las tasas y
contribuciones.
32. En este sentido, aludió que la tasa de inscripción y renovación del registro
mercantil fue instituida como tasa contributiva, según lo dispuesto en el artículo
182 de la Ley 1607 de 2012 y que, tal circunstancia, permite financiar la función
pública registral asignada a las Cámaras de Comercio. Fuente de financiación que
se encontraría en menoscabo ante la nulidad de los artículos 23 y 24 del Decreto
393 de 2022.
33. Finalmente, advirtió que, pese a que los artículos 23 y 24 del Decreto 393 de
2022 son de carácter general, estos también pueden ser considerados mixtos, en
atención a que pueden generar efectos de carácter particular a ciertos sujetos,
como, en el caso en concreto, a las Cámaras de Comercio del país. Así las cosas,
estas se convertirían en un sujeto procesal en el medio de control de nulidad, el
cual debió ser vinculado y notificado de manera personal al emitirse el auto
admisorio de la demanda.
3.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión
34. Mediante auto del 8 de mayo de 20234, el Despacho inadmitió la demanda, al
no encontrar acreditado el lleno de requisitos establecidos en el artículo 252 del
CPACA. Lo anterior porque:
4 Índice nro. 11 SAMAI
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i) no se cumplió con lo dispuesto en el primer inciso del artículo 252 del
CPACA, toda vez que no se aportó el poder conferido a la abogada
Lucy Cruz de Quiñones por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá.
ii) no se acreditó el envío de la demanda y sus anexos a través de
canales digitales o, en su defecto, por medio físico a la entidad
demandada, y a la parte demandante, según lo señalado en el ordinal
8 del artículo 162 del CPACA.
35. En este sentido, se concedió a la parte demandante el término de cinco (5)
días hábiles para subsanar los defectos advertidos (artículo 253 del CPACA).
Escrito que fue presentado oportunamente, junto con los respectivos documentos
anexos5. Por lo tanto, el recurso extraordinario de revisión fue admitido por auto
del 7 de junio de 20236.
3.4. Contestación al recurso extraordinario de revisión
3.4.1. Concepto del señor Carlos Augusto Caicedo Gardeazabal
36. Por intermedio de apoderado judicial, señaló que no se estructura la causal de
nulidad invocada, en tanto, el acto administrativo que se controvierte es de
contenido general y en él se regulan las tarifas de las tasas por las matrículas,
renovación e inscripción de los demás documentos ante las cámaras de comercio,
lo cual, per se, no afecta o influye de manera directa a determinadas personas.
37. Además, manifestó que no es de recibo que los demandantes impriman
naturaleza mixta a las normas demandadas y, con ello, quieran justificar las
razones que soportan su obligatoriedad en la conformación del extremo pasivo del
medio de control de nulidad en la cual se ventiló la legalidad de los artículos 23 y
24 del Decreto 393 de 2002.
38. Agregó que no resultaba necesario vincular a las cámaras de comercio, toda
vez que en la acción de nulidad se «persigue, como lo ha sentado el Honorable
Consejo de Estado, la tutela del orden jurídico, a fin de que el acto administrativo
quede sin efecto por contrariar las normas superiores del derecho, todo en defensa
de la legalidad abstracta sobre los actos de la administración de inferior categoría;
por lo cual, solo es necesario en el proceso la comparecencia del ente público que
expidió el acto administrativo a través de su representante legal o a quien haya
delegado».
39. Finalmente, advirtió, que, en el caso concreto, por haber sido el Gobierno
Nacional el que expidió el referido decreto, solo bastaba la comparecencia del
5 Índice nro. 15 SAMAI
6 Índice nro. 18 SAMAI
8
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Ministerio de Comercio de Industria y Turismo, como parte demandada. En
consecuencia, en su criterio, no era obligación del operador judicial vincular o
notificar a todas las personas o entidades privadas sobre las cuales hay efectos,
(empresas del país / cámaras de comercio), como si se tratase de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
40. La Nación – Ministerio Comercio de Industria y Turismo y el Ministerio Público
fueron notificados en debida forma,7 no obstante, guardaron silencio8.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
41. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en los siguientes términos:
i) la competencia de la Sala; ii) la procedencia y término para interponer el recurso
extraordinario de revisión; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de revisión; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal señalada en el numeral 5.º del
artículo 250 de la Ley 1437; vi) el marco normativo y jurisprudencial del debido
proceso y el vii) el análisis de la causal de revisión.
4.1. Competencia de la Sala
42. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 9,
en concordancia con el ordinal 1. ° del artículo 125 ibidem, el numeral 2 del artículo
111 ibidem y el ordinal 1. ° del artículo 29 del Acuerdo n.º 080 de 201910, esta Sala
es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia del 17 de marzo de 2022 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Primera.
4.2. Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de
revisión
43. De conformidad con lo establecido por el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011,
el término para interponer el recurso extraordinario de revisión es el siguiente:
[…] Artículo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia […].
7 Índice nro. 22 SAMAI.
8 La Procuraduría Quinta delegada ante el Ministerio Público informó que, por reparto, le
correspondió la intervención en este recurso extraordinario de revisión, sin embargo, no allegó
ningún escrito de contestación.
9 «De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del
Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la
sección que profirió la decisión».
10 Contentivo del reglamento de esta corporación.
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44. En el presente caso, en el cual se invoca como causal de revisión la prevista
en el ordinal 5 de dicha norma, la sentencia de única instancia objeto del recurso
fue expedida el 17 de marzo de 2022, notificada el 8 de abril de 2022 11 y
ejecutoriada el 20 de abril del mismo año. Dado que la demanda contentiva del
recurso fue presentada el 19 de abril de 202312, se concluye que su presentación
fue oportuna.
4.3. Problema jurídico
45. El problema jurídico que la Sala debe resolver, en el presente caso, consiste
en determinar si:
• La Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la
Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia y la Cámara de Comercio de Cali, ¿tienen legitimación en la causa por
activa para controvertir la juridicidad de la sentencia objeto de revisión?
Y de encontrarse acreditado lo anterior:
• ¿Se configura o no la causal de revisión prevista en el numeral 5.º del artículo
250 de la Ley 1437, esto es, la nulidad de la sentencia del 17 de marzo de 2022
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, en tanto que, a juicio de los
recurrentes, existió agresión grave al debido proceso, al haber omitido
injustificadamente la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción y defensa
de las Cámaras de Comercio del país en la controversia suscitada en el medio de
control de nulidad identificado con el número de radicación 11001-03-24-000-
2009-00630-00?
4.4. Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario
de revisión
46. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que limita la
inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa juzgada y permite que se
subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades. La principal finalidad de
este recurso es el restablecimiento de la justicia real y material como valor
fundante del Estado de Derecho13.
47. Este no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa
juzgada y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que,
excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones señaladas
11 Índice nro. 78 SAMAI
12 Índice nro. 98 SAMAI
13 Corte Constitucional, sentencias C-520 de 2009, C-418 de 1994 y C-247 de 1997
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específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer
el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en
atención a lo anterior que el recurso de revisión se determinó como un medio
extraordinario de impugnación.
48. En el mismo orden de ideas, el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso
y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el
legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo
cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice
para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes,
o para controvertir juicios de valor del fallador14. Al respecto, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta corporación ha considerado lo siguiente:
[…] El recurso extraordinario de revisión no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto
del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez
más
[…] En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con
trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido
proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia
ejecutoriada […]15
49. El artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 enumera las causales que pueden
proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás, dan
cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que,
de conformidad con la ley, eran los únicos que permitían la revisión de la sentencia
por la vía del recurso extraordinario que se analiza.
50. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el
inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un
proceso ordinario, que solo resulta procedente en determinadas y especiales
circunstancias taxativamente señaladas en la ley, imposibilitando alegar o acudir
a otras, en virtud de la excepcionalidad de este mecanismo judicial, que altera la
inmutabilidad de las sentencias.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia proferida el 27 de
abril de 2004, C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194, identificada con núm. único de radicación
1100103150001998016401.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia proferida el 12 de
agosto de 2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, identificada con núm. único de radicación
11001031500020130211000.
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4.5. Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal señalada en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437
51. Visto el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, dispone como
causal de revisión la de «[…] existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]». Debido a que el
legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha
configurado la citada causal, ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado la
que ha dotado de contenido esta disposición16.
52. En esa medida, en relación con las irregularidades sustanciales del
procedimiento que pueden considerarse como nulidad originada en la sentencia,
la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado17 ha sostenido que son,
a modo enunciativo, las siguientes:
• Cuando sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia en firme.
• Cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la
transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un
proceso legalmente concluido.
• Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
• Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta.
• Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.
• Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.
• Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.
• Cuando la providencia carece de motivación.
• Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un
número de votos diferente del previsto en la ley.
16 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 16, sentencia del 5 de mayo de 2020,
número único de radicación 11001-03-15-000-2017-02519-00.
17 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia proferida el 3 de
febrero de 2015, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, identificada con núm. único de
radicación 11001031500020090049400.
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53. Por lo anterior, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado,
para probar la configuración de la causal se ha considerado que, por regla general,
no es posible:
«[…] alegar como fundamento del recurso, alguna causa de nulidad acaecida en
una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de nulidades procesales se
encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el
artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy, artículo 133 del Código
General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al
juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar
sentencia […]»18.
54. Sin embargo, en algunos casos se ha aceptado la proposición de la nulidad
procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia, siempre y cuando esta
no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el que la parte
demandante debe probar que efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la
nulidad en el curso del proceso.
55. Asimismo, que la anomalía sea de tal magnitud que configura un defecto
insanable de la actuación, al punto que, de no presentarse ese yerro, la decisión
adoptada hubiese sido distinta19. Dentro de este grupo de anomalías se
encuentran las relacionadas con: i) irregularidades que constituyen causal de
nulidad del proceso previstas en las normas procesales y que solo pudieron ser
advertidas en la sentencia y ii) los vicios que contiene la propia sentencia y que
pueden derivar en la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, lo cual
excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos que conciernan
al contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la forma de aplicación
de una determinada norma.
56. En otras palabras, para que se configure esta causal es necesario que se
cumplan los siguientes requisitos20:
• Debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario y contra la que
no procede recurso de apelación.
18 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 13, sentencia del 7 de junio de 2016,
número único de radicación 11001-03-15-000-2015-02493-00.
19 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 26, sentencia del 14 de agosto de 2018,
número único de radicación 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-
2015-00996-00; y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 22, sentencia del 3 de
diciembre de 2019, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-00894-00.
20 Cfr.Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 13, sentencia del 7 de junio de 2016,
número único de radicación 11001-03-15-000-2015-02493-00.
20 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 14, sentencia del 14 de diciembre de
2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-00091-00.
13
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• El vicio de nulidad debe configurarse en el momento de la expedición de la
sentencia. De este modo, no es procedente controvertir circunstancias que
acaecieron con anterioridad a ésta y que, por oportunidad, debieron ser
alegadas cuando ocurrieron, según el artículo 13421 del CGP.
• En su alegación debe identificarse la irregularidad o el vicio grave y su
influencia sobre la decisión, con la cual se acredite que de no haber
acaecido el resultado sería distinto. De lo anterior se evidencia que no
resultan aceptables errores en la aplicación de la ley o in iudicando.
4.6. Marco normativo y jurisprudencial del debido proceso
57. El derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política, es entendido como el conjunto de garantías mediante las
cuales se busca proteger, a quien se encuentre inmerso en una actuación judicial
o administrativa, de acciones dilatorias, arbitrarias o trasgresoras de derechos que
impidan el desarrollo de un procedimiento justo.
58. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que este derecho fundamental
está compuesto por la garantía de los siguientes presupuestos:
[…] (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;
• (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
• (iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando
sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de
todas las demás personas que intervienen en el proceso;
• (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;
21«ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera
de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella.
[…]»
14
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• (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y
• (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones,
presiones o influencias ilícitas. […].22
4.7. Cargo de violación al debido proceso por indebida notificación
59. A juicio de la parte actora, la providencia que se cuestiona está viciada de
nulidad con ocasión a la transgresión de su derecho al debido proceso por omitir
la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción y defensa de las Cámaras
de Comercio del país, dentro de los términos legales y constitucionales. Esto,
porque tuvieron conocimiento del medio de control de nulidad contra los artículos
23 y 24 del Decreto 393 de 2022 solo hasta el momento en que se profirió la
sentencia de reemplazo, puesto que no fueron notificadas ni convocadas en
ninguna etapa procesal, pese al interés directo que les asiste.
60. Además, señaló que, teniendo en cuenta que en los referidos artículos fijan las
tarifas de las tasas contributivas de la Cámara de Comercio, su vinculación y
notificación al proceso no resultaba potestativa sino obligatoria, en tanto, la
ausencia de notificación personal a «los sujetos que, según la demanda o las
actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso» podría
acarrear una nulidad que retrotraiga todo el procedimiento.
4.7.1. Análisis de la causal de revisión
61. La Sala procede a establecer si, en el presente caso, se estructuran los
presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado, a
través de los criterios judiciales citados en acápites anteriores, para la
configuración de la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011.
62. Para ello, se analizará el cargo relativo a la presunta transgresión del derecho
al debido proceso de cara i) a la legitimación por activa de las recurrentes y la
oportunidad para ejercer su derecho de contradicción y defensa durante el trámite
ordinario y ii) al procedimiento en la admisión de la demanda de simple nulidad.
63. No obstante, la Sala se permite precisar que, en procura de garantizar el
acceso a la administración de justicia de las Cámaras de Comercio, dicho análisis
22 Corte Constitucional, Sentencia C-341 de 2014.
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se realizará a la luz de la naturaleza pública del medio de control de nulidad, sin
desconocer que las recurrentes solo habrían podido hacer parte del debate, en
defensa de la legalidad en abstracto y no bajo un interés particular.
4.7.1.1. Sobre la legitimación por activa de las recurrentes
64. El artículo 84 del CCA, en relación con los procesos de simple nulidad,
disponía que toda persona podría solicitar por sí o por medio de representante,
que se declarase la nulidad de los actos administrativos. De la misma forma, frente
a los terceros intervinientes, en su artículo 146, señalaba que cualquier persona
podría pedir que se lo tuviese «como parte coadyuvante o impugnadora, hasta el
vencimiento del término de traslado para alegar en primera o en única
instancia». (negritas propias).
65. En este sentido, del estudio detallado del trámite ordinario, la Sala encuentra
que las recurrentes, pese a alegar que la declaratoria de nulidad de los artículos
23 y 24 del Decreto 393 de 4 de marzo de 2002 afecta directamente sus intereses,
no tienen legitimación en la causa por activa para controvertir la juridicidad de la
sentencia objeto de revisión. Lo anterior, en tanto, no se advierte que hayan
intervenido en los términos señalados en el artículo 146 del CCA, en
consecuencia, dejaron que esta oportunidad precluyera.
66. De este modo, resulta claro que la legitimación para promover el recurso
extraordinario de revisión con el cual se pretenda controvertir la sentencia dictada
en el proceso ordinario recae exclusivamente en la Nación - Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y del señor Carlos Augusto Caicedo Gardeazabal,
quienes fungieron como partes en el medio de control que dio lugar a la
declaratoria de nulidad de los artículos 24 y 25 del Decreto 393 de 2002.
67. En este orden, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo
253 del CPACA23, la parte actora no está legitimada en la causa para interponer
el presente recurso extraordinario de revisión. Esto, en la medida en que no fue
parte ni interviniente en el proceso de nulidad simple.
68. No obstante, como quiera que las recurrentes alegan que debieron ser
vinculadas al proceso de nulidad y, por ende, consideran que sí están legitimadas
para promover este recurso; la Sala explicará por qué la Sección Primera no debió
notificarlas personalmente del auto admisorio de la demanda. Lo anterior dada la
naturaleza del proceso de simple nulidad.
23 ARTÍCULO 253. TRÁMITE. <Artículo modificado por el artículo 69 de la Ley 2080 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> Recibido el expediente, el magistrado ponente resolverá sobre la
admisión del recurso. Si este se inadmite por no reunir los requisitos formales exigidos en el artículo
252, se concederá al recurrente un plazo de cinco (5) días para subsanar los defectos advertidos.
2. Haya sido formulado por quien carece de legitimación para hacerlo
16
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4.7.1.2. Sobre el procedimiento en la admisión de la demanda de simple
nulidad
69. El artículo 206 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA)
disponía que los procesos de simple nulidad se tramitarían por el procedimiento
ordinario. A su vez, el artículo 207 de la misma codificación establecía que, una
vez recibida la demanda y efectuado el reparto, si aquella reunía los requisitos
legales, el ponente debía admitirla y, además, ordenaría la notificación personal al
Ministerio Público y a quienes tuviesen interés directo en el resultado del proceso.
70. Asimismo, preveía la fijación en lista por el término de diez (10) días para que
los demandados pudieran contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar
pruebas, y para que los terceros intervinientes la impugnaran o coadyuvaran.
71. En concordancia con lo anterior, esta Sala encuentra que la Sección Primera
del Consejo de Estado, con auto del 12 de julio de 2010, admitió la demanda de
simple nulidad24 y ordenó la notificación personal del Ministerio de Comercio,
Industria y Comercio25 y del señor procurador primero delegado en lo contencioso
administrativo ante el Consejo de Estado26, así como la fijación en lista, por el
término de diez (10) días, para que la parte demandada o los eventuales
interesados pudiesen contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar la
práctica de pruebas.
72. Así las cosas, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso de simple nulidad,
en el que no se debaten intereses particulares o situaciones jurídicas concretas
que se puedan ver afectadas de manera directa por el fallo, no era necesaria la
notificación personal a los recurrentes sino la fijación en lista del proceso. Esto,
para que los eventuales interesados tuvieran noticia del asunto y si lo
consideraban pertinente intervinieran en el proceso.
73. En este orden, como en dichos procesos los eventuales interesados pueden
ser todos los miembros de la comunidad, quienes tienen interés en que las normas
infralegales se ajusten a los mandatos establecidos en la Constitución y en la ley,
basta con informar a la comunidad de la existencia del proceso.
74. En consecuencia, se advierte que la Sección, cuya sentencia se cuestiona,
cumplió con rigor las exigencias procesales en orden a proveer lo necesario para
la intervención de terceros y del Ministerio Público, este último, en función de la
protección del interés general, la cual le es atribuida por el artículo 118
constitucional.
24 Índice SAMAI nro. 86 (folio 25) en proceso de nulidad 11001-03-24-000-2009-00630-00.
25 Ibidem (folio 36)
26 Ibidem (folio 28)
17
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75. En el procedimiento adelantado se garantizó, con arreglo a las exigencias del
procedimiento ordinario y a la naturaleza del proceso de simple nulidad, las
oportunidades procesales para la intervención de terceros y del Ministerio Público,
y, en tal sentido, no puede alegarse como violado el derecho fundamental al
debido proceso. Al Ministerio se le notificó personalmente, mientras que a la
ciudadanía que pudiese estar interesada se le puso de presente con la fijación en
lista del auto admisorio de la demanda.
76. Es importante resaltar que en los procesos de simple nulidad no se requiere
vincular a todas las personas que, eventualmente, puedan verse afectadas por la
decisión que se tome. En efecto, en esta clase de procesos, por no perseguirse
un interés particular, basta con notificar a la entidad que expidió el acto
administrativo y fijar en lista el auto admisorio de la demanda.
77. Por otra parte, los recurrentes sostienen que en el proceso de nulidad en
realidad se controvirtió un acto administrativo de carácter mixto, por lo que
debieron ser notificados personalmente de la demanda, no obstante, la Sala no
comparte este argumento porque los actos de contenido mixto afectan de manera
directa una situación jurídica en particular, por ejemplo, los actos de
reestructuración de la planta de una entidad en los que se suprimen algunos
cargos. En estos casos sí se está ante un acto mixto que deberá ser notificado a
las personas que se le modificó su relación jurídica con la entidad27.
78. En contraste, en el caso objeto de estudio no se afectó de manera directa
ninguna relación jurídica en concreto, pues los cobros y tarifas que hayan
efectuado las cámaras de comercio del país en virtud de las normas declaradas
nulas no fueron modificadas. Lo anterior, dado los efectos ex nunc de la
providencia que declara la nulidad de un acto.
79. Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que:
Los efectos hacia el futuro o ex nunc, de la declaratoria de nulidad de un acto
administrativo, encuentran un sólido respaldo en la realización de valores y
principios universales del derecho como los de la separación de poderes, la cosa
juzgada, la seguridad jurídica, la buena fe, el respeto por las situaciones jurídicas
consolidadas y la confianza legítima, ello en atención a que hasta el momento de
declararse la nulidad, el acto administrativo anulado gozaba de presunción de
legalidad y por lo tanto, es legítimo asumir que los ciudadanos orientaron su
comportamiento confiados en su validez.28
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, auto proferido el 26 de mayo de 1994, C.P. Joaquín
Barreto Ruíz, identificado con radicación 05001233100019940917901.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia proferida el 27 de abril de 2017, C.P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez, identificada con radicación 11001032500020130108700
18
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80. Para la Sala, por su carácter general e impersonal toda sentencia de simple
nulidad tiene la potencialidad de afectar a todos los miembros de la sociedad y sus
expectativas. Sin embargo, solo habrá lugar a que ocurra el fenómeno del acto
administrativo mixto cuando la declaratoria de simple nulidad afecte de manera
directa relaciones o situaciones jurídicas determinadas.
81. En este caso, la variación o modificación de la tarifa que las recurrentes
recaudan -junto a las demás cámaras de comercio del país- no le otorgan
naturaleza particular ni mixta al acto, por lo que no debe ser notificado
personalmente. Aceptar la tesis de las recurrentes implicaría que todos los sujetos
pasivos de la obligación -comerciantes del país- deberían haber sido vinculados
de manera personal al proceso de simple nulidad.
82. En este orden de ideas, la Sala concluye que como la decisión tomada en la
sentencia recurrida no afectó ninguna relación o situación jurídica concreta o
determinada para los miembros de la parte recurrente, estos no están legitimados
en la causa para interponer el presente recurso extraordinario de revisión.
83. Además, en gracia de discusión, aun cuando existiese legitimación por parte
de las recurrentes, esta Sala Especial de Decisión considera que no se encuentran
acreditados los requisitos de la causal 5 del artículo 250 del CPACA, pues, el
procedimiento adelantado ofreció las oportunidades procesales para la
intervención de terceros y del Ministerio Público, de acuerdo con el carácter
público de la acción de nulidad. Por ende, se reitera, no es necesario, en estos
procesos, notificar a los eventuales interesados en el asunto, pues basta con que
se garantice una oportunidad procesal para que, cualquiera que lo considere
pertinente, intervenga.
84. Finalmente, cabe advertir que, si bien la demanda del recurso extraordinario
de revisión fue admitida, dicha actuación procesal -en atención a la naturaleza
pública del medio de control de nulidad- tuvo lugar en procura de garantizar el
acceso a la administración de justicia de las recurrentes. Por ello, la falta de
legitimación se verificó con ocasión de la revisión minuciosa del procedimiento
ordinario adelantado, la cual permitió advertir la ausencia de interés para
demandar de la parte actora.
4.8. Condena en costas
85. De conformidad con lo señalado en el artículo 255 del CPACA, modificado por
la Ley 2080 de 2021, una vez se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión, corresponde al juez condenar en costas al recurrente.
86. Sin embargo, dicho precepto no puede ser interpretado de manera aislada de
las demás disposiciones que integran dicho cuerpo normativo y que regulan la
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forma en que los jueces de lo contencioso administrativo han de pronunciarse
sobre este aspecto. En efecto, la aplicación del artículo 255 del CPACA resultaría
inane si no se acude a lo señalado en el artículo 188 ibídem, que contiene la
remisión expresa a las normas del Código General del Proceso en las que se
establecen los elementos que forman parte de las costas procesales, la manera
en que ha de tasarse la condena a imponer por dichos conceptos y otros aspectos
relevantes sobre la materia.
87. En el asunto bajo examen, el recurso extraordinario de revisión promovido se
dirige contra una sentencia proferida en única instancia dentro de un proceso en
el que se solicitó la declaratoria de nulidad de los artículos 23 y 24 del Decreto 393
de 4 de marzo de 2002.
88. El artículo 366, ordinal 4, del Código General del Proceso dispone que «[p]ara
la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el
Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo,
o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas».
89. Así las cosas, la Sala se abstendrá de condenar al pago de las agencias en
derecho conforme a lo establecido en el Acuerdo número PSAA16-10554, toda
vez que la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no acudió al
proceso.
90. En cuanto a las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y
perjuicios, no serán reconocidos, toda vez que no fueron demostrados en el
trámite, conforme lo establecido en los artículos 188 y 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el 361 del
Código General del Proceso.
4.9. Conclusiones de la Sala
91. Se declarará que la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio
de Barranquilla, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia y la Cámara de Comercio de Cali carecen de
legitimación para promover el presente recurso extraordinario de revisión, pues
dejaron precluir la oportunidad señalada en el artículo 146 del Código Contencioso
Administrativo.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
20
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01949-00
Demandantes: Cámara de Comercio de Bogotá y otros
Recurso Extraordinario de Revisión
V. RESUELVE
PRIMERO: Declárase probada de oficio la excepción de falta de legitimación en
la causa por activa de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio
de Barranquilla, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia y la Cámara de Comercio de Cali, por las razones
expuestas en las consideraciones de esta providencia.
SEGUNDO: ABSTENERSE DE CONDENAR EN COSTAS, de acuerdo con lo
indicado en la presente providencia.
TERCERO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión,
cumplido lo anterior y previas las anotaciones pertinentes en el sistema de
información de gestión de procesos y manejo documental Justicia XXI y SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Consejero de Estado
STELLA JEANNETTE CARVAJAL ALBERTO MONTAÑA PLATA
BASTO Consejero de Estado
Consejera de Estado Ausente con permiso
Ausente por comisión
GERMÁN EDUARDO OSORIO JUAN ENRIQUE BEDOYA
CIFUENTES ESCOBAR
Consejero de Estado Consejero de Estado
Con aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Cuarta
Especial de Decisión en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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