Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01966-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01966-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01966-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01966-00
Accionante: JOSÉ ALBERTO CASTELLANOS VELÁSQUEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad / acción de
cumplimiento / defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto / auto que rechaza demanda por
no subsanar / numeral 8.º del artículo 162 del
CPACA
Acción de tutela - sentencia de primera instancia
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el
señor José Alberto Castellanos Velásquez, en contra de la Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
1. ANTECEDENTES
La parte accionante, actuando en nombre propio, invoca la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia e igualdad, con fundamento en los
siguientes:
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01966-00
Accionante: José Alberto Castellanos Velásquez
1. HECHOS
1.1. El accionante manifiesta que el 23 de julio de 2021, por
intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos, instauró demanda contra la Agencia Nacional de
Minería – ANM, con el fin de que se cumpliera lo dispuesto en la
Resolución núm. GSC-036 del 25 de mayo de 2010, proferida por el
Instituto Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS.
1.2. El conocimiento de la demanda correspondió a la Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que, mediante providencia del 16 de noviembre de 2021, inadmitió
la demanda por el incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8.º
del artículo 162 del CPACA.
1.3. En atención a ello, el accionante allegó memorial el 18 de
noviembre de 2021, adjuntando constancia del correo electrónico
enviado a la parte demandada, por medio del cual remitió copia del
escrito de la demanda y sus anexos a la parte contraria.
1.4. Con ocasión de lo anterior, la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la
demanda a través del auto del 28 de abril de 2022, al considerar que
el correo con el escrito de la demanda y sus anexos fue remitido
posteriormente a haberse notificado el auto inadmisorio, por lo que
consideró que la parte demandante no cumplió a cabalidad con lo
ordenado en el numeral 8.º del artículo 162 del CPACA, adicionado
por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021 que impone el deber de
enviar por medio electrónico copia de la demanda y de sus anexos a
la parte demandada.
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1.5. La parte accionante solicitó la aclaración de dicha decisión así
como la admisión de la demanda, por haber dado cumplimiento a lo
requerido por la autoridad judicial accionada dentro del término
establecido. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
providencia del 29 de mayo de 2023, negó por improcedente la
impugnación presentada por el demandante.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Si bien el accionante no especifica el defecto atribuido a la
providencia del 28 de abril de 2022 de la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Sala infiere
que sus argumentos encuadran en un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto y en un defecto sustantivo, toda vez que el
Tribunal decidió rechazar la demanda presentada pese a haber sido
subsanada con el envío de las copias al extremo demandado de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.º del artículo 162 de
la Ley 1437 de 2011, con lo que le dio prevalencia a una formalidad
que podía corregirse, y sacrificó, de esa manera, el derecho
sustancial.
3. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicita:
« Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia disponer la protección de los Derechos Fundamentales violentados,
porque este indebido proceso no ha sido corregido por la Agencia Nacional de
Minería, y en el presente momento la Acción de Cumplimento es el medio único
que tenemos los Titulares de los Derechos para exigir que se cumpla el Debido
Proceso, el Acceso a la Justicia y el respeto a los Derechos contenidos en el
Contrato de Concesión otorgado por el Estado Colombiano a los firmantes del
Contrato de Concesión.»
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4. INTERVENCIONES
Mediante auto del 25 de abril 2023, se admitió la acción de tutela de
la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A como accionado y a
la Agencia Nacional de Minería y al señor Claudio José Bojacá Alonso
como terceros interesados en las resultas del proceso.
4.1. La Agencia Nacional de Minería -ANM solicitó que se
declare improcedente la presente acción de tutela con respecto de
dicha entidad, pues no es a ella sino al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca a quien se le atribuye la vulneración ius fundamental.
4.2. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por medio de la magistrada
ponente de la decisión cuestionada, solicitó negar las pretensiones
de la acción de tutela, argumentando que la exigencia procesal de
dar traslado simultáneo de la demanda a la parte pasiva es un asunto
ordenado expresamente por el Legislador, por lo cual su verificación
no implica un exceso ritual manifiesto por parte de la autoridad
judicial.
4.3. La señora María Paula Bojacá Cárdenas en calidad de
sucesora procesal del señor Claudio José Bojacá Alonso, por
conducto de apoderada judicial, solicitó que se amparen los derechos
fundamentales alegados por el accionante, ya que sí se cumplió con
la orden impartida en el auto inadmisorio del 16 de noviembre de
2021, al enviarle la copia de la demanda y sus anexos a la Agencia
Nacional de Minería.
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II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer si
la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en los defectos procedimental por exceso
ritual manifiesto y sustantivo al proferir el auto del 28 de abril de
2022 mediante el cual rechazó la acción de cumplimiento por
entender como no subsanado el requisito dispuesto en el numeral
8.º del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011.
Previamente a lo anterior se analizará la procedencia de la acción de
tutela contra las providencias judiciales cuestionadas.
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia; y, de encontrarla procedente, iii) defecto
procedimental; iv) defecto sustantivo; y v) el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
1
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-
000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece,
y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta
le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el
contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara
después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos
generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a
estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el
proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto
ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar
un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción
cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad
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procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique
la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi)
que no se trate sentencias de tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales,
al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución y (vi) desconocimiento del precedente.
2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
2.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos
que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.
2.1.2. Asimismo, se encuentra que contra el auto objeto de la acción
de tutela no procede ningún recurso ordinario u extraordinario para
obtener el amparo constitucional, puesto que en virtud del artículo
16 de la Ley 393 de 19973 las providencias que se dicten dentro del
3
Artículo 16. Recursos. Las providencias que se dicten en el trámite de la Acción de Cumplimiento,
con excepción de la sentencia, carecerán de recurso alguno, salvo que se trate del auto que deniegue la
práctica de pruebas, el cual admite el recurso de reposición que deberá ser interpuesto al día siguiente
de la notificación por estado y resuelto a más tardar al día siguiente.
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trámite de la acción de cumplimiento, con excepción de la sentencia,
no son susceptibles de recurso alguno.
2.1.3. Asimismo, se advierte que la acción de tutela se interpuso en
un lapso «razonable y proporcionado», teniendo en cuenta que si
bien la providencia cuestionada fue proferida el 28 de abril de 2022
y se notificó el 5 de mayo del mismo año, contra la misma el
accionante solicitó la aclaración y adición, la cual fue resuelta como
reposición el 29 de mayo de 2023, razón por la cual la providencia
quedó ejecutoriada el 31 de mayo de 2023.
En ese sentido, dado que la solicitud de amparo se presentó el 20 de
abril de 2023, es decir, estando aún pendiente la ejecutoria, en el
presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez.
2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración ius fundamental como consecuencia del defecto
sustantivo en que, presuntamente, incurrió la autoridad judicial
cuestionada.
2.2. Del defecto procedimental
En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando
el juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa
completamente al margen del procedimiento judicial establecido4. La
jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto puede
configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental
absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto5.
4
Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
5
Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
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En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los
administrador(es) de justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del
procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto
específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente
ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n]
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente,
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes
del proceso” 6 o porque iii) “pasa[n] por alto realizar el debate
probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de
defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles
sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación,
con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de
fondo y la violación a los derechos fundamentales”7 […]».
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este
ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los
procedimientos como obstáculo para la eficiencia del derecho
sustancial, de tal manera que sus actuaciones generan una
denegación de la justicia8. Este defecto procedimental puede llegar
afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder
a la administración de justicia cuando: i) se inaplican normas
procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales
de cada caso en concreto, ii) se exige cumplir requisitos formales de
manera irracional, a pesar de que pueda tratarse de cargas
imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia sea
comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad procedimental
6
Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,
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en la apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto oficioso
de pruebas cuando a ello hay lugar9.
Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el
defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también
requieren: i) que trate de un error procedimental grave y
trascendente que influya de manera cierta y directa con el fondo de
la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido
proceso; iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna
otra vía; iv) que se haya alegado la irregularidad dentro del proceso,
a no ser que ello hubiere sido imposible por la situación fáctica del
caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales10.
2.3. Del defecto sustantivo o material
De conformidad con la jurisprudencia constitucional11, el defecto
material o sustantivo se origina en primer momento cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales12, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea,
porque la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó
cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es
inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e)
9
Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-
289 de 2005 y T-053 de 2012.
10
Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770
de 2014.
11
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015,
entre otras.
12
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
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está vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación
fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra
dentro del margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no
se da aplicación a las sentencias con efecto Erga Omnes, que son
aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y
finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el
ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la
disposición”13.
En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina
cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una
contradicción evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos
que la explican. En este orden de ideas, se produce cuando la
decisión “(vi) se funda en una hermenéutica no sistémica de la
norma, es decir, con omisión del análisis de otras disposiciones que
regulan el caso, (vii) cuando desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso en concreto,(viii) no se encuentra
debidamente justificada y por ende afecta derechos fundamentales
(ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el
precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la excepción de
inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la
Constitución”14. Este defecto, se presenta ante situaciones
excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial
es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de
no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente15.
3. Caso concreto
13
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
14
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
15
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
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En el presente asunto, el señor José Alberto Castellanos Velásquez
cuestiona la decisión proferida por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la
cual rechazó la acción de cumplimiento por tener como no subsanado
el requisito dispuesto en el numeral 8.º del artículo 162 de la Ley
1437 de 2011.
Para resolver, esta Sala de Subsección considera que:
El accionante manifiesta que la autoridad judicial accionada vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad, toda vez que la parte
demandante sí cumplió con la corrección ordenada mediante el auto
del 16 de noviembre de 2021, dado que el 18 de noviembre del
mismo año envió la copia de la demanda junto con sus anexos a la
parte pasiva del proceso y la constancia de dicho envío fue remitida
al tribunal dentro del término establecido.
De lo anterior, se evidencia que el accionante acusa al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca de incurrir en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y un defecto
sustantivo, por la respuesta negativa de dicha autoridad de no
entender como subsanada la demanda, en el sentido que no se
acreditó que, de manera simultánea a la presentación de la
demanda, la parte demandante haya enviado por medio de correo
electrónico copia de la demanda y de sus anexos a la parte
demandada.
De conformidad con las piezas procesales que reposan en el
expediente, la Sala observa las siguientes pruebas documentales:
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i. El 16 de noviembre de 2021 la magistrada ponente dentro del
proceso con radicado núm. 25000-23-41-000-2021-00697-00 de
la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, inadmitió la acción de cumplimiento al
considerar que no se encontraba satisfecho el requisito dispuesto
en el numeral 8.º del artículo 162 del CPACA, bajo los siguientes
argumentos:
«(…)De la norma transcrita supra, el Despacho evidencia que la parte demandante al
presentar la demanda deberá, simultáneamente, enviar por medio electrónico copia
de ella y de sus anexos a la parte demandada, so pena de inadmisión.
Revisada la presente demanda, el Despacho observa que no se acreditó que, de
manera simultánea a la presentación de esta demanda, la parte demandante haya
enviado por medio electrónico copia de la demanda y de sus anexos a la parte
demandada.
Razón por la cual, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 393 de 19971 y el
artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, el Despacho prevendrá al solicitante para que
en el término de dos (2) días corrija el defecto señalado con anterioridad, so pena de
rechazo de la demanda.»
ii. El 18 de noviembre de 2021 la parte demandante allegó escrito
a la secretaría de dicha corporación en el que aportó constancia
del correo electrónico enviado a la Agencia Nacional de Minería,
a través del cual remitió copia de la demanda y sus anexos, junto
con la constancia de recibo por parte de la entidad demandada.
iii. Posteriormente, mediante proveído del 28 de abril de 2022, la
autoridad judicial accionada resolvió rechazar la demanda por las
siguientes consideraciones:
«4. En el presente asunto, se le concedió a la parte demandante el término de dos (2)
días para que corrigiera la demanda, en el sentido de acreditar que, de manera
simultánea con la presentación de la demanda, haya enviado por medio electrónico
copia de la demanda y de sus anexos a la parte demandada.
5. La parte demandante, mediante escrito allegado a la Secretaría de la Sección el 18
de noviembre de 2021, aportó copia del correo electrónico enviado a la parte
demandada, a través del cual remitió copia de la demanda y sus anexos; sin embargo,
de la revisión del comprobante de envío allegado, la Sala evidencia que el correo fue
remitido ese mismo día, esto es, posteriormente a haberse notificado el auto
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inadmisorio y, por lo tanto, no de manera simultánea a la presentación de la demanda
como lo ordena el numeral 8.° del artículo 162 de la Ley 1437 (adicionado por el
artículo 35 de la Ley 2080 de 2021).
6. En consecuencia, la Sala de la Sección Primera Subsección «A» rechazará la
presente demanda por no haberse corregido conforme lo había solicitado el Despacho
de la Magistrada Ponente, según lo dispone el precitado artículo 12 de la Ley 393 de
1997. »
iv. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado judicial de la
parte demandante solicitó reconsiderar el auto del 16 de
noviembre de 2021, atendiendo a que sí se cumplió con el
requisito establecido en el numeral 8.º del artículo 162 de la Ley
1437 de 2011, adicionado por el artículo 335 de la Ley 2080 de
2021, toda vez que envió la copia de la demanda y sus anexos a
la parte demandada dentro del término establecido.
v. Mediante proveído del 29 de mayo de 2023 el tribunal acusado
resolvió negar por improcedente la impugnación presentada
contra el auto del 28 de abril de 2022 que rechazó la demanda.
A partir del material probatorio que reposa en el plenario, la Sala
advierte que la decisión de la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca de rechazar por no
encontrar subsanada la demanda obedeció a la aplicación del
numeral 8.º del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011 adicionado por
el artículo 335 de la Ley 2080 de 2021, el cual dispone que:
«ARTÍCULO 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien
sea competente y contendrá:
(…)
8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio
electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten
medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el
demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la
demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de
este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal
digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma
con sus anexos.
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En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos
al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del
auto admisorio al demandado.»
De la anterior transcripción, se advierte que el tribunal accionado
consideró que al remitir la demanda y sus anexos a la parte pasiva
luego de haberse notificado el auto inadmisorio y no de manera
simultánea con la presentación de la demanda, se incumplió con lo
dispuesto por el legislador en la norma mencionada, por lo que
resolvió rechazar la demanda.
En este contexto, surge con claridad para la Sala que la autoridad
judicial accionada se inclinó por aplicar de manera extrema las
normas procesales, pues al rechazar la demanda por no enviar de
manera simultánea el escrito de esta y sus anexos a la parte pasiva
al momento de la presentación de esta, se le impuso una carga
desproporcionada al accionante, lo que resulta en una clara
vulneración al derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia.
Se debe advertir que el propósito del numeral 8.º del artículo 162
del CPACA adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, es
prever un acto de comunicación con el demandado que facilite la
celeridad de las actuaciones posteriores, el cual dentro del proceso
estudiado se encuentra plenamente acreditado con el acuso recibo
de los documentos por parte de la Agencia Nacional de Minería.
De igual forma, es necesario precisar que el juez debe interpretar de
manera más flexible las normas procesales en aras de garantizar la
finalidad que ellas persiguen, esto es, el acceso a la administración
de justicia y la primacía de los derechos sustanciales.
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En reiterada jurisprudencia esta corporación ha sostenido los
siguientes argumentos16:
«Además, el Tribunal Administrativo de Santander podía, al momento de proferir el
auto admisorio, a través de la Secretaría, notificar de la demanda, la subsanación y sus
anexos al demandado, pues ello también hace parte de sus atribuciones como director
del proceso. Al respecto, esta corporación ha sostenido lo siguiente:17
“La Corte Constitucional en sentencia C-086 de 201618, al hacer un estudio sobre el
rol del Juez en el Estado Social de Derecho, precisó que fue con la adopción del
Código de Procedimiento Civil que le fueron otorgadas a los operadores judiciales
nuevas atribuciones como directores del proceso, toda vez que dentro de los artículos
de dicho estatuto, entre ellos el 37 que previó que debían «dirigir el proceso, velar por
su rápida solución y adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y
procurar la mayor economía procesal” y “hacer efectiva la igualdad de las partes en
el proceso, usando los poderes que este código le otorga», dejando de lado al «frío
funcionario que aplica irreflexivamente la ley» para traer a un juez garante del
acceso efectivo a la administración de justicia y de la realización efectiva de los
derechos de los ciudadanos.
[…]
24. En similar sentido la doctrina19, ha establecido que el operador judicial antes de la
admisión del proceso puede ordenar la solución o saneamiento de defectos e
irregularidades sin limitarse únicamente a aspectos formales, tales como sucede, entre
otras, respecto de la falta de competencia o jurisdicción, pues es su deber «acudir a su
sentido práctico, a su talante “proactivo”, sin desconocer las garantías del actor y sin
incurrir en pre-juzgamiento alguno
(…)
viii) Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala encuentra que en el sub lite
no se configuró la causal de rechazo de la demanda, fundada en que el actor no la
subsanó dentro del término concedido para el efecto.
ix) Esta decisión materializa los principios pro actione y pro damato, los cuales
permiten al juez interpretar de manera más flexible las normas procesales en aras
de garantizar la finalidad que ellas persiguen, esto es, el acceso a la administración
de justicia y la primacía de los derechos sustanciales (artículo 228 de la Constitución
Política).». (Resaltado por fuera del texto original)
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 9 de septiembre de 2021, expediente
con número de radicado 68001 23 33 000 2020 00793 01 (2109-2021), C.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 26 de noviembre de 2018, expediente
25000 23 42 000 2017 04307 01 (3695-2018), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
18
Corte Constitucional, Sentencia C-086 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
19
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Libro La Dirección del Proceso Contencioso
Administrativo, Parte 1, Guías Procesales de Casos Típicos; Unidad I «El Juez o Jueza
Director del Proceso Contencioso Administrativo Dirección del Caso», William Hernández
Gómez. Págs. 33 a 59.
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Así pues, teniendo en cuenta que el 18 de noviembre de 2021 la
parte accionante aportó copia del correo electrónico enviado a la
parte demandada a través del cual remitió el escrito de la demanda
y sus anexos, surge con claridad que sí subsanó la demanda dentro
del término establecido en el auto del 16 de noviembre del 2021 del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Por otra parte, esta Sala de Subsección evidencia que el tribunal
accionado de manera sistemática y recurrente ha proferido
decisiones de rechazo de la demanda por situaciones fácticas
similares a las aquí expuestas, respecto de lo cual la Sección Quinta
del Consejo de Estado, ha señalado, como lo hizo en la providencia
del 16 de marzo de 2023, lo siguiente20:
«En consecuencia, sin lesionar la autonomía judicial, pero también con la obligación de
garantizar el acceso a la administración de justicia, se considera indispensable exhortar
a los magistrados que integran la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, para que, en lo sucesivo, adopten las medidas necesarias para garantizar
el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de los ciudadanos que
acuden ante el juez, al momento de evaluar el alcance de la regla procesal relacionada
con las cargas consistentes en: i) identificar el acto acusado, ii) explicar el concepto
de violación, iii) acreditar el envío de la copia de la demanda y sus anexos al
demandado, iv) suministrar la dirección electrónica para recibir notificaciones, v)
allegar la constancia de publicación, comunicación o notificación del acto cuya
nulidad se pretende previstas en los artículos 162, 163 y 166 del CPACA.»
(Resaltado por fuera del texto original)
20
Rad. No. 25000-23-41-000-2022-01120-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, auto de 24 de noviembre
de 2022. Rad. No. 25000-23-41-000-2022-01151-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, auto de 1° de
diciembre de 2022. Rad. No. 25000-23-41-000-2022-01343-01, M.P. Rocío Araújo Oñate, auto de 7 de
diciembre de 2022.
Rad. No. 25000-23-41-000-2022-01341-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, auto de 26 de enero de 2023.
Rad. No. 25000-23-41-000-2022-01343-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, auto de 26 de enero de
2023 Rad. No. 25000-23-41-000-2022-01145-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, auto de 2 de febrero
de 2023. Rad. No. 25000-23-41-000-2022-01342-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, auto de 9 de
marzo de 2023. Rad. No. 25000-23-41-000-2022-01090-01, M.P. Rocío Araújo Oñate, auto de 2 de
febrero de 2023.
Rad. No. 25000-23-41-000-2022-01079-01, M.P. Rocío Araújo Oñate, auto del 2 de febrero de 2023.
Rad. No. 25000-23-41-000-2022-01544-01, M.P. Rocío Araújo Oñate, auto de 23 de febrero de 2023.
Rad. No. 25000-23-41-000-2022-01497-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, auto del 23 de febrero de
2023.
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En ese sentido, se insiste en que en el análisis de cualquier actuación
jurisdiccional, debe prevalecer siempre el derecho sustancial, que
constituye precisamente la principal finalidad de la administración de
justicia, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad en relación
con los hechos que sustentan la causa, por lo cual, encuentra
necesario esta Sala de Subsección conceder el amparo ius
fundamental reclamado por el señor José Alberto Castellanos
Velásquez.
Por tanto, se dejarán sin efectos, la providencia del 28 de abril de
2022 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, en consecuencia, se ordenará al
tribunal que en el término de diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia proceda a decidir nuevamente sobre la admisión
de la demanda, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia invocado por el señor José
Alberto Castellanos Velásquez en la demanda de
tutela, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia. En consecuencia,
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SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 28 de abril
de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO: ORDENAR a la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un
plazo no superior a diez (10) días contados a partir de
la ejecutoria de esta providencia, proceda a decidir
nuevamente sobre la admisión de la demanda, por los
argumentos esgrimidos en el presente proveído.
CUARTO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
QUINTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés
(2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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