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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2023-00428-01

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2023-00428-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase la sentencia del 17 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó el amparo solicitado. SEGUNDO: AMPÁRENSE los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de las señoras Caicedo Ortiz Silvia Adela, Salcedo Wagner María Eugenia, Velasco Palacios Consuelo, Collazos González Ana Milena, Quimbayo Gutiérrez María Cristina, Viveros Liliana Andrea, Echeverry Villarraga Guiomar, Álvarez Chávez María del Rosario, Mina Caicedo Ayrlen Patricia, Díaz Herrera Gloria Aceneth,, Medina Gómez Lina María, Perea Rua Leslie, Escobar Mayerlin, Madroñero Jaramillo Ángela Fernanda y Ledesma Chávez Lilian Fernanda por los motivos expuestos en esta sentencia. TERCERO: En consecuencia, ORDÉNASE a la Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de la ciudad de Cali para que en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, decida teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia lo ordenado el día 7 de diciembre de 2022 y en la constancia expedida en acta del 20 de febrero de 2023 mediante las cuales ordenó allegar los poderes de los Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Demandantes: Silvia Adela Caicedo Ortiz y otros Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali Rad: 76001-23-33-000-2023-00428-01 convocantes con facultad de conciliar y tuvo por no agotado el requisito de procedibilidad de las peticionarias en el trámite de la solicitud de conciliación extrajudicial con radicado E-2022-656289 del 11 de noviembre de 2022. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 76001-23-33-000-2023-00428-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

24 de agosto de 2023

Demandantes: Silvia Adela Caicedo Ortiz y otros
Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali
Rad: 76001-23-33-000-2023-00428-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00428-01
Demandantes: SILVIA ADELA CAICEDO ORTIZ Y OTROS
Demandado: PROCURADURIA 58 JUDICIAL I PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE CALI.

Tema Defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.
Contrato de mandato y poder. Trámite agotamiento
conciliación prejudicial. Revoca para amparar.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación instaurada por la parte accionante, contra la
sentencia del 17 de julio de 2023, a través de la cual el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito remitido el 29 de junio de 2023 al aplicativo para la recepción
de “Tutelas Habeas Corpus – Cali”1, los señores Silvia Adela Caicedo Ortiz y
Otros2, por medio de apoderado judicial solicitaron la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la protección constitucional de
garantía a la aplicación de la ley, a la igualdad ante la ley, al acceso a la

1
Índice 3 Samai, primera instancia
2
Caicedo Ortiz Silvia Adela, Salcedo Wagner María Eugenia, Velasco Palacios Consuelo,
Collazos González Ana Milena, Quimbayo Gutiérrez María Cristina, Viveros Liliana Andrea,
Echeverry Villarraga Guiomar, Álvarez Chávez María del Rosario, Mina Caicedo Ayrlen Patricia,
Díaz Herrera Gloria Aceneth,, Medina Gómez Lina María, Perea Rua Leslie, Escobar Mayerlin,
Madroñero Jaramillo Ángela Fernanda y Ledesma Chávez Lilian Fernanda..

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Demandantes: Silvia Adela Caicedo Ortiz y otros
Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali
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administración de justicia y al de prevalencia del derecho sustancial
consagrados en la Constitución Política.

La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales por
parte de la Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali con
la decisión del 7 de diciembre de 2022, mediante la cual ordenó allegar los
poderes de los convocantes con facultad para conciliar y expidió el 20 de
febrero de 2023 la constancia de no haberse agotado el requisito de
procedibilidad dentro de la solicitud de conciliación extrajudicial radicada con el
número E-2022-656289 del 11 de noviembre del mismo año.

En consecuencia, la parte actora solicitó:

“. . . . 2. SE ORDENE a la PROCURADURIA 58 JUDICIAL I PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE CALI Dra. RUBIELA VELASQUEZ BOLAÑOS, fijar fecha y
hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación y/o emitir constancia de haberse
agotado el requisito de procedibilidad respecto a mis representados, para acudir a
instancias judiciales, al interior del proceso de conciliación con radicado No. E-2022-
656289 del 11 de noviembre de 2022, en razón a que debe darse pleno cumplimiento a
los principios constitucionales y legales del DEBIDO PROCESO Y LA PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL DE GARANTÍA A LA APLICACIÓN DE LA LEY, LA IGUALDAD
ANTE LA LEY, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PREVALENCIA DEL
DERECHO SUSTANCIAL, consagrados en la Constitución Política Nacional, que han
sido vulnerados por el ente accionado.

3.- Ordenar por consiguiente, que se tengan en cuenta las razones de hecho
y de derecho argumentadas en el recurso de reposición presentado contra el Auto del
17 de Noviembre de 2022, y/o en el escrito de subsanación de conciliación, a fin de
garantizar derechos constitucionales y/o fundamentales.”

2. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El representante legal y abogado de ROA SARMIENTO ABOGADOS S.A.S.,
presentó el 11 de noviembre de 2022 ante la Procuraduría General de la
Nación, solicitud de conciliación extrajudicial de varios convocantes, dentro de
la cual fueron vinculados los accionantes; petición repartida a la Procuraduría
58 Judicial I para asuntos administrativos de Cali.

Mediante providencia del 17 de noviembre de 2022 la agente del Ministerio
Público inadmitió la solicitud para ordenar estimar razonadamente la cuantía de
sus pretensiones y allegar los poderes especiales de todos los peticionarios
como lo exige el artículo 2.2.4.3.1.1.5 del Decreto Ley 1069 de 2015, por cuanto
con los contratos de mandato acompañados no se cumplía con el requisito
exigido.
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Demandantes: Silvia Adela Caicedo Ortiz y otros
Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali
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Interpuesto recurso de reposición, la Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos
Administrativos de Cali en providencia del 29 de noviembre de 2022 dispuso no
reponer la inadmisión, concediendo a la parte convocante el término de cinco
días para subsanar los defectos expuestos en la parte motiva.

En la oportunidad otorgada, el apoderado de los solicitantes con el objeto de
subsanar las falencias advertidas expuso con relación a la estimación de la
cuantía que conforme al acápite objeto de la petición - principales numerales 1 y
2 la liquidación de la prima vacacional establecida por el artículo 36 del Decreto
Municipal de 1991 correspondía al municipio de Cali- secretaría de educación –
para su posterior aprobación por parte de la Nación-Ministerio de Educación
Nacional.

En cuanto al requerimiento de los poderes, reiteró que conforme a los contratos
de mandato acompañados la facultad para conciliar estaba contenida en la
cláusula quinta, sin que sea admisible exigir un poder especial para
adelantar la solicitud de conciliación, y que de insistir en tal exigencia se
incurre en un exceso ritual manifiesto.

Así mismo expuso que debido a la cantidad de poderdantes (219) era imposible
acompañarlos en el término otorgado, motivo por el cual solicitó la ampliación
del término o en su defecto se permitiera aportarlos antes de la audiencia de
conciliación o con la asistencia de los mandantes con el fin de obtener su
ratificación.

En providencia del 7 de diciembre de 2022 la Procuraduría 58 Judicial I para
Asuntos Administrativos de Cali dispuso con el fin de garantizar el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia admitir la solicitud de
conciliación prejudicial presentada el 11 de noviembre de 2022 por intermedio
de apoderado por los señores Flavio Gil Mafla y otros.

De igual manera exhortó al apoderado de los convocantes para que allegara a
más tardar el día 10 de febrero de 2023, fecha fijada para la práctica de la
audiencia de conciliación, los poderes que lo facultaran para presentar la
solicitud y realizar la estimación razonada de la cuantía.

Iniciada la diligencia de conciliación, el apoderado de los convocantes allegó en
archivo digital los poderes correspondientes, la cual se declaró fallida ante la
imposibilidad de llegar a un acuerdo; cuya constancia se ordenó entregar al
mandatario de manera personal o mediante envío al correo electrónico indicado
en la solicitud presentada.

El día 20 de febrero de 2023 la Procuraduría 58 Judicial para Asuntos

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Demandantes: Silvia Adela Caicedo Ortiz y otros
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Administrativos de Cali remitió al correo electrónico
osman@roasarmiento.com.co la constancia de haberse agotado el requisito de
procedibilidad para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
respecto de los convocantes relacionados en el punto primero más no en
cuanto a las peticionarias Caicedo Ortiz Silvia Adela, Salcedo Wagner María
Eugenia, Velasco Palacios Consuelo, Collazos González Ana Milena, Quimbayo
Gutiérrez María Cristina, Viveros Liliana Andrea, Echeverry Villarraga Guiomar,
Álvarez Chávez María del Rosario, Mina Caicedo Ayrlen Patricia, Díaz Herrera
Gloria Aceneth,, Medina Gómez Lina María, Perea Rua Leslie, Escobar
Mayerlin, Madroñero Jaramillo Ángela Fernanda y Ledesma Chávez Lilian
Fernanda, por no haber acreditado el apoderado de los convocantes poder
frente a los mencionados.

3. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que la autoridad demandada incurrió en los defectos
sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto y fáctico.

Expuso que la accionada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto al exigir poderes adicionales cuando conforme a la cláusula 5 del
contrato de mandato celebrado por las accionantes con la sociedad ROA
SARMIENTO ABOGADOS S.A.S. denominada facultad expresa de
apoderamiento se otorgó la de conciliar; documentos aportados con la solicitud
de conciliación prejudicial.

Manifestó que la Procuraduría no tuvo en cuenta los argumentos expresados en
el recurso de reposición y en el escrito de subsanación en cuanto a la idoneidad
y validez de la facultad de apoderamiento, que ha sido aceptada por el Consejo
de Estado como órgano de cierre en las sentencias de tutela con radicados
11001031500020170092301,11001031500020160351500, y 11001031500020-
160316700.

Señaló que la omisión de la Procuraduría 58 Judicial I Para Asuntos
Administrativos de Cali en la valoración de los argumentos expuestos en el
escrito de reposición y subsanación hace una indebida interpretación frente a
los documentos aportados, lo que conlleva a un defecto fáctico y sustantivo.

4. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 4 de julio de 2023 el magistrado ponente de primera instancia
inadmitió la acción de tutela y ordenó al apoderado de las accionantes aportar
en el término de 3 días los poderes que lo habilitaran para actuar en el trámite
constitucional.

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En la oportunidad concedida, el apoderado de los accionantes expuso que la
facultad para promover la tutela se derivaba de los contratos de mandato
suscritos con cada una de las titulares del derecho de acción ó que en su
defecto se le tuviera como agente oficioso.

En cumplimiento al derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia y de tener como suficiente para instaurar la acción de tutela las
cláusulas de los contratos de mandato, en providencia del 10 de julio del mismo
año el a quo admitió la petición de amparo.

5. Contestación

La autoridad accionada, dentro del término concedido, expuso que el estatuto
General de la Conciliación exige que los convocantes solo pueden comparecer
mediante poder dirigido a la Procuraduría determinando el asunto tratar y
otorgando a su apoderado la facultad para conciliar, sin que se tenga por
cumplido como consecuencia del contrato de mandato; el cual regula la relación
entre mandante y mandatario.

Manifestó que conforme al Código General del Proceso existen varios
mecanismos de los que pudo hacer uso el apoderado para obtener los
respectivos poderes, que debía allegarlos a más tardar el día 10 de febrero de
2023 fecha de la audiencia, o sea, más de dos meses con posterioridad a la
providencia del 7 de diciembre de 2022.

En consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela por no
haber vulnerado derecho fundamental alguno a las accionantes.

6. Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 17 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca negó el amparo solicitado.

Indicó que, cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela, la Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos en la
providencia del 7 de diciembre de 2022 y en el acta del 20 de febrero de 2023
mediante la cual no se tuvo por agotado el requisito de procedibilidad de las
accionantes no se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia.

Precisó que, en el trámite de la solicitud de conciliación prejudicial, la agente del
Ministerio Público actúo conforme a lo dispuesto por el Estatuto de Conciliación
contenido en la Ley 2220 de 2022 y en la Ley 640 de 2001 disponiendo la

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admisión condicionada de la petición, con el fin de garantizar el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia.

De igual manera los convocantes a través del apoderado ejercieron su derecho
de defensa y contradicción al interponer recurso de reposición en contra del
auto que inadmitió la solicitud, puntos de inconformidad que fueron analizados
en la providencia del 29 de noviembre de 2022, sin que pueda configurar una
actuación sorpresiva o contraria al debido proceso.

7. Impugnación

Mediante providencia del 28 de julio de 2023 se concedió la impugnación
presentada oportunamente por la parte actora, escrito en el cual solicitó que se
revocara el fallo de primera instancia.

Reiteró que la entidad accionada, al conceder término para aportar los poderes,
incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y en defecto
sustantivo al desconocer que los contratos de mandato con facultad de
apoderamiento son documentos válidos y suficientes ya aceptados en varios
pronunciamientos del Consejo de Estado, como fue en el radicado 11001-03-
15-000-2017-00923-01 accionante Libia del Carmen López Chávez,
11001031500020160351500 Orlando de Jesús Sánchez Ramírez y
11001031500020160316700 demandante Enrique Ramírez Enríquez.

Señaló que la Corte Constitucional, en sentencia SU 041/22, ha establecido el
principio de prevalencia del derecho sustancial, como garantía del derecho al
debido proceso

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19913, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay

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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».

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lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.

 ¿Vulneró la Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de la
ciudad de Cali los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de las accionantes por
presuntamente incurrir en defecto procedimental absoluto por exceso
ritual manifiesto en la providencia del 7 de diciembre de 2022 y en el acta
del 20 de febrero de 2023 mediante la cual se ordenó allegar los poderes
de los convocantes y tuvo por no agotado el requisito de procedibilidad
de las peticionarias respectivamente, en el trámite de la solicitud de
conciliación extrajudicial con radicado E-2022-656289?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto y; (ii) caso
concreto.

3. Defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto4

2.2. Del defecto procedimental.

En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la
autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen
del procedimiento judicial establecido. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto puede configurarse bajo dos modalidades: (i)
defecto procedimental absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto.

En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es) de
justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido
legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n]
a un trámite completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-,
o ii) omite[n] etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente,
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso” o porque iii) “pasa[n] por alto realizar el debate probatorio, natural en
todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos
procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o
su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la
decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales”. […]».

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Consejo de Estado. Sección Segunda Subsección “A” radicado 11001031500020230196600

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En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este ocurre
cuando la autoridad judicial o concibe los procedimientos como obstáculo para
la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus actuaciones generan
una denegación de la justicia. Este defecto procedimental puede llegar afectar
la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder a la administración
de justicia cuando: i) se inaplican normas procesales que se oponen a la
vigencia de derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii) se exige
cumplir requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda tratarse
de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia sea
comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad procedimental vigencia
de derechos constitucionales de cada caso en concreto, en la apreciación de
las pruebas, iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay
lugar.

Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de
un error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y
directa con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse
directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido
proceso; iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv)
que se haya alegado la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello
hubiere sido imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia
de todo lo anterior se vulneren derechos fundamentales.

4. Caso concreto

La parte actora sostuvo que la Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos
Administrativos de la ciudad de Cali vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de las accionantes,
por presuntamente incurrir en defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto en la providencia del 7 de diciembre de 2022 y en el acta del 20 de
febrero de 2023, mediante las cuales se ordenó allegar los poderes de los
convocantes y tuvo por no agotado el requisito de procedibilidad de las
peticionarias respectivamente en el trámite de la solicitud de conciliación
extrajudicial con radicado E-2022-656289.

El a quo constitucional negó el amparo solicitado. En consecuencia, la parte
actora impugnó la sentencia y para ello reiteró que la accionada había incurrido
en el defecto procedimental conforme a los argumentos expuestos en el escrito
referido.

La parte actora indicó que la autoridad accionada incurrió en dicho defecto al
no darle validez a la cláusula quinta denominada “FACULTAD EXPRESA DE

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APODERAMIENTO” acordada en los contratos de mandato celebrados por la
sociedad ROA SARMIENTO ABOGADOS S.A.S representada por Osman
Hipólito Roa Sarmiento con las accionantes, sin que haya lugar a exigir
poderes adicionales para la presentación de la solicitud de conciliación
prejudicial y en consecuencia no tener por agotado el requisito de
procedibilidad con la relación a las peticionarias.

En el escrito de impugnación reiteró las sentencias del 9 de marzo, 27 de abril
y 26 de septiembre de 2017 dictadas por el Consejo de Estado Sección Cuarta,
mediante las cuales se ampararon los derechos fundamentales invocados
como consecuencia del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al
haberse exigido en los procesos instaurados poder especial desconociendo los
contratos de mandato celebrados y en especial la facultad de apoderamiento
para actuar judicial o extrajudicialmente.

Refirió que con ponencia del magistrado Milton Chávez García en la acción de
tutela con radicado 11001031500020170092301 demandante Libia del Carmen
López Chávez se dictó sentencia el 26 de septiembre de 2017, la que
consideró y dispuso:

“…. En este orden de ideas, para la Sala la demandante suscribió un
contrato de mandato con la sociedad Roa Sarmiento Abogados SAS., para la
prestación de servicios profesionales de carácter jurídico. La señora Libia del
Carmen López Chávez, quien figura como mandante, otorgó la facultad de
apoderamiento al mandatario para que la represente tanto en trámites
administrativos como jurídicos, así como la de otorgar, modificar o revocar
poderes. A su turno, se encuentra el poder conferido por la representante legal
de la anotada sociedad a Carmen López, para que actúe como apoderada en el
asunto. El contrato de mandato tiene presentación personal por parle de la
señora Libia del Carmen López Suárez ante la Notaría Ocho del Círculo de
Medellín el 29 de septiembre de 2015'°, y el poder suscrito por la representante
legal de la firma, quien otorgó poder a la abogada de su firma, en uso de las
facultades conferidas en la Cláusula Cuarta del contrato de mandato, tal como
lo indico expresamente en el poder que obra a folio 13 del cuaderno de nulidad
y restablecimiento del derecho y al que le hizo presentación personal en la
Notaría 62 el Círculo de Bogotá. De esta manera, para la Sala no podía
entenderse que se trataba de un poder general que debía ser elevado a
escritura pública, toda vez que en este caso quedó expresamente contemplado
que el objeto del mandato era para obtener el reconocimiento y el pago de la
pensión de jubilación de la señora Libia del Carmen López Chávez, gestión
para la que la representante legal de la firma otorgó poder a una de sus
abogadas, para que representara los intereses de la accionante y demandara
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la
nulidad parcial del acto de reconocimiento pensional y, como consecuencia de
lo anterior, se incluyera la totalidad de los factores salariales, con lo que se
entiende la realización de un negocio determinado.

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Así las cosas, los documentos aportados al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho constituyen poder suficiente para representar los
intereses de la accionante, teniendo en cuenta que la persona jurídica puede
otorgar poderes a otros abogados, en las condiciones que establece el contrato
de mandato. Por lo anterior, se advierte que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, dado
que el contrato de mandato suscrito entre la señora López Chávez y Roa
Sarmiento Abogados Asociados SAS y el poder que se le otorgó a la abogada
adscrita a la firma, constituyen poder suficiente para representar a la actora
dentro de la respectiva actuación judicial.
Como lo ha sostenido. . . . . “.

En la sentencia del 9 de marzo de 2017 magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez en la acción de tutela con radicado 11001031500020160351500
demandante Orlando de Jesús Sánchez Ramírez, se consideró:

“. . . . . 3.4.2. Revisados los documentos con los que la doctora Paula
Andrea López Suárez pretendía ser reconocida como apoderada del
actor, observa la Sala que se aportaron los siguientes documentos:
Contrato de mandato suscrito entre el señor ORLANDO DE JESÚS
SÁNCHEZ RAMÍREZ y la firma de abogados ROA SARMIENTO
ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S., concretamente suscrito por la
doctora Ángela Patricia Rodríguez Villareal quien firmó en condición de
representante legal.
Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá del 8 de julio de 2015,
en la que se encuentra la mencionada doctora Rodríguez Villareal como
representante legal de la sociedad y donde se encuentra dentro del
objeto social lo siguiente: “La sociedad tendrá como objeto principal
actividades jurídicas que incluyen el asesoramiento y representación
jurídica en conflictos o derechos jurídicos en todas las distintas ramas
del derecho como administrativo, civil, laboral, aduanero, minero. (…)”
(fl. 25, expediente en préstamo).
Poder otorgado por la doctora Ángela Patricia Rodríguez Villareal a la
abogada Paula Andrea López Suárez, con el fin de que inicie y lleve
hasta su terminación acción de nulidad parcial del acto administrativo de
reconocimiento pensional del mandante ORLANDO DE JESÚS
SÁNCHEZ RAMÍREZ “mediante el cual se reconoce la pensión de
jubilación sin la inclusión de la totalidad de los factores salariales y
restablecimiento del derecho en contra de la NACIÓN – MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA” (fl. 13, expediente en préstamo).

3.4.3. De conformidad con el artículo 2142 del Código Civil, el
mandato “es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o
más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de
la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o
mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, y en general,
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mandatario”. Por su parte, el artículo 75 del Código General del
Proceso, admite la posibilidad de otorgar poder a una persona jurídica
cuyo objeto social principal sea la prestación de servicios jurídicos. La
norma textualmente indica lo siguiente:
ARTÍCULO 75. DESIGNACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE APODERADOS.
Podrá conferirse poder a uno o varios abogados. Igualmente podrá
otorgarse poder a una persona jurídica cuyo objeto social principal sea
la prestación de servicios jurídicos.

En este evento, podrá actuar en el proceso cualquier profesional del
derecho inscrito en su certificado de existencia y representación legal.
Lo anterior, sin perjuicio de que la persona jurídica pueda otorgar o
sustituir el poder a otros abogados ajenos a la firma. Las Cámaras de
Comercio deberán proceder al registro de que trata este inciso. (…)”. De
acuerdo con lo anterior, puede actuar en el proceso cualquier
profesional del derecho inscrito en el certificado de existencia y
representación legal o puede incluso, otorgar o sustituir el poder a otros
abogados ajenos a la firma.
Sobre el particular, la doctrina ha estudiado esta novedosa figura del
nuevo estatuto procesal civil y ha indicado que “la innovación permite
otorgar poder, ora general, ya especial, a una sociedad de abogados
quien deberá indicar en su certificado de existencia y representación
qué abogados de los adscritos a la firma están destinados a la atención
de diversos procesos y su representante legal podrá delegar la
actuación propia de la representación judicial en uno de ellos o, incluso
en cualquier abogado ajeno a la firma se podrá hacerlo, sin que para
nada intervenga el sujeto de derecho que será representado”.

3.4.4. En el presente caso, observa la Sala que entre el
accionante ORLANDO DE JESÚS SÁNCHEZ RAMÍREZ y la firma de
abogados “Roa Sarmiento Abogados Asociados S.A.S.” se celebró un
contrato de mandato, cuyo objeto descrito en la Cláusula Primera fue “la
prestación de servicios profesionales jurídicos, para obtener el
reconocimiento y pago de pensiones - revisión pensión jubilación”, y en
la Cláusula Cuarta del mencionado contrato, dentro de las facultades
otorgadas por el mandante al mandatario, estuvo la de “otorgar, revocar,
modificar poderes, para adelantar los trámites administrativos y/o
jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del
presente contrato” (fl. 14, expediente en préstamo). El mencionado
escrito cuenta con presentación personal por parte del señor Orlando de
Jesús Sánchez Ramírez ante la Notaría Octava de Medellín (fl. 15
vuelto, expediente) y la representante legal de la firma, doctora Ángela
Patricia Rodríguez Villareal otorgó poder a la abogada Paula Andrea
López Suárez, en uso de las facultades conferidas en la Cláusula
Cuarta del Contrato de Mandato, tal como lo indicó expresamente en el
poder que obra a folio 13 del cuaderno original y al que le hizo
presentación personal en la Notaría 62 el Círculo de Bogotá.

.…
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3.4.6. Visto lo anterior, concluye la Sala que en el presente asunto, el
Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en un defecto
procedimental por “exceso ritual manifiesto”, al negar al señor Orlando
de Jesús Sánchez Ramírez la posibilidad de acudir a la administración
de justicia para demandar la reliquidación de su pensión, por un
requisito de orden procesal en relación con el poder, que como queda
dicho, fue satisfecho por la firma quien tenía a su cargo la obligación de
adelantar la respectiva actuación judicial y, a través de la representante
legal de la sociedad, se otorgó poder a una profesional del derecho con
el fin de llevar a cabo la gestión de la demanda respectiva en pro de los
intereses del accionante.

Así mismo en la sentencia de tutela de fecha 27 de abril de 2017 proferida por
la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto en el radicado
11001031500020160316700, demandante Enrique Ramírez Enríquez se
consideró:

“. . Revisado el expediente se observa que el 29 de mayo de
2015, el señor Enrique Ramírez Enríquez, a través de apoderado
judicial, instauró acción de nulidad y restablecimiento del derecho . . . . .
Con el escrito de la demanda se adjuntó el contrato de mandato que
suscribió con Roa Sarmiento Abogados Asociados S.A.S., que en la
cláusula cuarta establece: Expediente “Cuarta: FACULTADES DEL
MANDATARIO: a) FACULTAD EXPRESA DE APODERAMEINTO: EL
MANDANTE faculta expresamente AL MANDATARIO a otorgar, revocar
modificar poderes para adelantar los trámites administrativos y/o
jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del
presente contrato.. . . . . e) el profesional del derecho designado por EL
MANDATARIO será facultado para desistir, transigir, sustituir, conciliar,
renunciar, reasumir, solicitar copias de actos administrativos; pedir
inspecciones judiciales e interponer los recursos a gue haya lugar y en
general un poder especial, amplio y suficiente para adelantar todas las
acciones tendientes a obtener la defensa de los derechos del
MANDANTE, de conformidad con estatuto de procedimiento civil (art. 77
C.G. del P. (. ..)" (subrayado por fuera del texto). Así mismo, se adjuntó
el certificado de existencia y representación de Roa Sarmiento
Abogados Asociados S.A.S. expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá y se anexó el poder especial conferido por la representante legal
de Roa Sarmiento Abogados S.A.S., a la abogada Luisa Fernanda
Pérez Riascos. Los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso,
establecen los supuestos para que se pueda conferir poder y con ello
garantizar el derecho de postulación, en los siguientes términos: . . . . .
.Artículo 75. Designación y sustitución de apoderados. Podrá conferirse
poder a uno o varios abogados. Igualmente podrá otorgarse poder a
una persona jurídica CUYO objeto social principal sea la prestación de
servicios jurídicos. En este evento, podrá actuar en el proceso cualquier
profesional del derecho inscrito en su certificado de existencia y
representación legal. Lo anterior, sin perjuicio de que la persona jurídica
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pueda otorgar o sustituir el poder a otros abogados ajenos a la firma.
Las Cámaras de Comercio deberán proceder al registro de que trata
este inciso. En ningún caso podrá actuar simultáneamente más de un
apoderado judicial de una misma persona. El poder especial para un
proceso prevalece sobre el general conferido por la misma parte. (...)"
(subrayado fuera del texto). De igual manera, frente a esta figura, la
doctrina ha indicado que "la innovación permite otorgar poder, ora
general, ya especial, a una sociedad de abogados quien deberá indicar
en su certificado de existencia y representación qué abogados de los
adscritos a la firma están destinados a la atención de diversos procesos
y su representante legal podrá delegar la actuación propia de la
representación judicial en uno de el/os o, incluso en cualquier abogado
ajeno a la firma se podrá hacerlo, sin que para nada intervenga el sujeto
de derecho que será representado9". En concordancia con lo anterior,
para la Sala es evidente que el demandante suscribió un contrato de
mandato con la sociedad Roa Sarmiento Abogados SAS., para la
prestación de servicios profesionales de carácter jurídico. El señor
Enrique Ramírez Enríquez, quien figura como mandante, otorgó la
facultad de apoderamiento al mandatario para que lo represente
tanto en trámites administrativos como jurídicos, así como la de
otorgar, modificar o revocar poderes. A su turno, se encuentra el
poder conferido por la representante legal de la anotada sociedad a
la abogada Luisa Fernanda Pérez Riascos, quien aparece como
abogada registrada en la firma, para que actúe como apoderada en
el asunto. El contrato de mandato tiene diligencia de presentación
personal por parte del señor Enrique Ramírez Enríquez ante la
Notaría Cuarta del Círculo de Pasto el 21 de julio de 2014 (fl. 30
reverso del expediente en préstamo), y el poder suscrito por la
representante legal de la firma Ángela Patricia Rodríguez Villareal,
quien otorga facultad a la abogada Luisa Fernanda Pérez Riascos
para actuar en el proceso conforme a la cláusula cuarta del
contrato de mandato, documento que también tiene nota de
presentación personal (fl. 34 ibídem). …. Así las cosas, es evidente
que el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema
Oral, incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
dado que el contrato de mandato suscrito entre el señor Ramírez
Enríquez y Roa Sarmiento Abogados Asociados SAS y el poder que se
le otorgó la organización a la abogada Luisa Fernanda Pérez Riascos,
constituyen poder suficiente para representar al actor dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho. De esta manera, es claro que
se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del actor, protección que se
garantizó en los mismos términos por esta Sala en otro caso de tutela
con identidad fáctica, decidido el 9 de marzo del presente año”.

De lo expuesto en las sentencias referidas por las accionantes se tiene que las
controversias dirimidas lo fueron en cuanto a la negativa de las autoridades
judiciales de no tener por cumplido el requisito del poder para adelantar las
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actuaciones judiciales y su facultad de conciliar con base en el contrato de
mandato con la facultad expresa de apoderamiento, en el certificado de
existencia y representación de la entidad Roa Sarmiento Abogados S.A.S. y en
el poder otorgado por su representante legal; documentos que fueran allegados
con las demandas presentadas.

En el trámite de la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 58
Judicial I para Asuntos Administrativos de la ciudad de Cali, el representante
legal de la entidad Roa Sarmiento Abogados S.A.S desde su presentación la
fundamentó en su calidad de abogado y en la facultad de apoderamiento
otorgada por los convocantes en los contratos de mandato celebrados.

De la lectura de los contratos de mandato celebrados con las accionantes, se
establece que no se restringió o prohibió al representante legal de la persona
jurídica mandataria actuar en nombre de aquellas, ya sea en trámite judicial o
extrajudicial para la formulación de las acciones necesarias en cumplimiento
del objeto acordado.

La cláusula quinta del contrato mencionado, en su parte pertinente reza:

“QUINTA: FACULTADES DEL MANDATARIO a) FACULTAD EXPRESA DE
APODERAMIENTO: El MANDANTE faculta expresamente AL MANDATARIO a
otorgar y revocar poderes, para adelantar los trámites administrativos y/o judiciales
o extrajudiciales que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del presente
contrato…c) EL MANDATARIO queda facultado expresamente por el aquí
MANDANTE para desistir, recibir, transigir, conciliar, renunciar, reasumir,
solicitar copias de los actos administrativos. . . y en general un poder especial,
amplio y suficiente para adelantar todas las acciones tendientes. . . . .. Y las mismas
que puede conferir EL MANDATARIO al profesional del derecho designado. . . . .”.

No obstante, lo anterior, y luego de resolver el recurso de reposición, la
Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de la ciudad de Cali en
providencia del 7 de diciembre de 2022 con el fin de garantizar el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, admitió de manera
condicionada la petición, otorgando al abogado hasta el día 10 de febrero de
2023, fecha fijada para la práctica de la audiencia, para que allegara los
respectivos poderes que lo facultaran para presentar la solicitud de conciliación.

Llegado el día de la práctica de la audiencia de conciliación, el citado
profesional anunció hacer entrega en archivo digital de la totalidad de los
poderes de los convocantes, documento que se ordenó tener por acompañado.

La constancia de no tener por agotado el requisito de procedibilidad respecto de
las accionantes no tiene otra razón diferente a la que de revisado el archivo
acompañado ningún poder de las mandantes referidas, se allegó.
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La accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de las accionantes al incurrir en defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto en lo dispuesto el 7 de
diciembre de 2022 y en la constancia expedida el 20 de febrero de 2023, ya que
no era viable desconocer o restringir la facultad de conciliar otorgada en la
cláusula 5 de los contratos de mandato celebrados, así como también el de
requerir el poder especial para adelantar la solicitud de conciliación por no
haber sido prohibido.

De esta manera, la Sala concluye que en la providencia del 7 de diciembre de
2022 y la constancia expedida el 20 de febrero de 2023 se vulneraron los
derechos fundamentales invocados, por cuanto se incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.

En consecuencia, se revocará el fallo impugnado para en consecuencia ordenar
a la Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali disponer lo
pertinente teniendo en cuenta lo expuesto en esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revócase la sentencia del 17 de julio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó el amparo solicitado.

SEGUNDO: AMPÁRENSE los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de las señoras Caicedo Ortiz Silvia Adela,
Salcedo Wagner María Eugenia, Velasco Palacios Consuelo, Collazos
González Ana Milena, Quimbayo Gutiérrez María Cristina, Viveros Liliana
Andrea, Echeverry Villarraga Guiomar, Álvarez Chávez María del Rosario, Mina
Caicedo Ayrlen Patricia, Díaz Herrera Gloria Aceneth,, Medina Gómez Lina
María, Perea Rua Leslie, Escobar Mayerlin, Madroñero Jaramillo Ángela
Fernanda y Ledesma Chávez Lilian Fernanda por los motivos expuestos en
esta sentencia.

TERCERO: En consecuencia, ORDÉNASE a la Procuraduría 58 Judicial I para
Asuntos Administrativos de la ciudad de Cali para que en el término de diez (10)
días contados a partir de la notificación de la presente providencia, decida
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia lo
ordenado el día 7 de diciembre de 2022 y en la constancia expedida en acta del
20 de febrero de 2023 mediante las cuales ordenó allegar los poderes de los

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Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali
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convocantes con facultad de conciliar y tuvo por no agotado el requisito de
procedibilidad de las peticionarias en el trámite de la solicitud de conciliación
extrajudicial con radicado E-2022-656289 del 11 de noviembre de 2022.

CUARTO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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