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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2023-00577-01

Fecha
5 de octubre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2023-00577-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 31 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó el amparo solicitado. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los señores Rafael Pérez Potes y otros6. TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Procuraduría 58 Judicial I 6 Aguilón Valenciano, Diego; Morales Castro, Carlos Arturo; Carvajal Cortés, Germán; Méndez Hernández, Argemiro; Urrea Polindara, Blanca Rovira; Gómez Ortega, Martha Liliana; Vela Guerrero, Catherinne; Vallejo Cardona, Nora Elisa; Vivas Azcárate, Alba Lucía; Jaime Pulgarín, Nelly; Urrea de Godoy, Mariela; Londoño Sánchez, Dolly; Burbano Apráez, Rosa Johanna; Segura German, Genny Ofir; Martínez Varela, Elizabeth; Arango Ramírez, Olga; Mosquera Hinestroza, Alejandra; Araújo Rosero, Magola; Trochez Paz, María Del Carmen; Otálvaro Ceballos, Sandra Liceth; Andrade Rodríguez, Luz Marina; Jaimes Porras, Nidia Esther; Quintero Serna, Leslie; García Caicedo, Faysuly; Correa Correa, Carlos Arturo; Mallungo Yunda, Jhon Jairo; Caicedo Monsalve, Gustavo Adolfo; Restrepo Martínez, Diana Catherine. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Demandantes: Rafael Pérez Potes y otros Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali Rad: 76001-23-33-000-2023-00577-01 para Asuntos Administrativos de la ciudad de Cali que en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, decida sobre el agotamiento del requisito de procedibilidad en la solicitud de conciliación extrajudicial radicada con el número E-2022-681493 del 24 de noviembre de 2022, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 76001-23-33-000-2023-00577-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

5 de octubre de 2023

Demandantes: Rafael Pérez Potes y otros
Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali
Rad: 76001-23-33-000-2023-00577-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)

Bogotá, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00577-01
Demandantes: RAFAEL PÉREZ POTES Y OTROS
Demandado: PROCURADURIA 58 JUDICIAL I PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE CALI

Tema Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Contrato
de mandato y poder. Trámite agotamiento conciliación
prejudicial. Revoca para amparar1.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación instaurada por la parte accionante, contra la
sentencia del 31 de agosto de 2023, a través de la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito remitido el 22 de agosto de 2023, los señores Rafael Pérez
Potes y otros2, por medio de apoderado judicial solicitaron la protección de sus

1
Al respecto, se precisa que se atenderá el antecedente de esta sección dictado el 24 de
agosto de 2023. Expediente 76001-23-33-000-2023-00428-01.
2
Aguilón Valenciano, Diego; Morales Castro, Carlos Arturo; Carvajal Cortés, Germán; Méndez
Hernández, Argemiro; Urrea Polindara, Blanca Rovira; Gómez Ortega, Martha Liliana; Vela
Guerrero, Catherinne; Vallejo Cardona, Nora Elisa; Vivas Azcárate, Alba Lucía; Jaime Pulgarín,
Nelly; Urrea de Godoy, Mariela; Londoño Sánchez, Dolly; Burbano Apráez, Rosa Johanna;
Segura German, Genny Ofir; Martínez Varela, Elizabeth; Arango Ramírez, Olga; Mosquera
Hinestroza, Alejandra; Araújo Rosero, Magola; Trochez Paz, María Del Carmen; Otálvaro
Ceballos, Sandra Liceth; Andrade Rodríguez, Luz Marina; Jaimes Porras, Nidia Esther; Quintero

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Demandantes: Rafael Pérez Potes y otros
Demandado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali
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derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales por
parte de la Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali con
la decisión del 11 de enero de 2023, mediante la cual ordenó allegar los
poderes de los convocantes con facultad para conciliar por el acta del 16 de
febrero de la misma anualidad y por la constancia del 7 de marzo del mismo
año, de no haberse agotado el requisito de procedibilidad dentro de la solicitud
de conciliación extrajudicial radicada con el número E-2022-681493 del 24 de
noviembre de 2022.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

1.- Tutelar los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º., fines
sociales del Estado; 29, debido proceso: 86, protección de los principios y
derechos constitucionales; 228 acceso a la administración de justicia,
prevalencia del derecho sustancial y 230 amparar el sometimiento a la ley
contenidos en la Carta Política; vulnerados en el trámite de conciliación
prejudicial por la PROCURADURIA 58 JUDICIAL I PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE CALI Dra. RUBIELA VELASQUEZ BOLAÑOS, al
emitir el Auto de fecha 11 de Enero de 2023 exigiendo poderes adicionales y
diferentes a los documentos aportados (contratos de mandato con facultad de
apoderamiento), Acta de audiencia de fecha 16 de Febrero de 2023 en la cual
no se tiene en cuenta lo aportado (contratos de mandato con facultad de
apoderamiento), y expedición de Constancia de rigor remitida a fecha 07 de
Marzo de 2023 en la cual, NO quedó agotado el requisito de procedibilidad
respecto a mis representados y accionantes, para acudir a instancias
judiciales, al interior del proceso de conciliación con radicado No. E-2022-
681493 del 24 de noviembre de 2022.

2.- Como consecuencia de los derechos tutelados, SE ORDENE a la
PROCURADURIA 58 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE
CALI Dra. RUBIELA VELASQUEZ BOLAÑOS, fijar fecha y hora para llevar a
cabo la audiencia de conciliación y/o emitir constancia de haberse agotado el
requisito de procedibilidad respecto a mis representados, para acudir a
instancias judiciales, al interior del proceso de conciliación con radicado No.
E-2022-681493 del 24 de noviembre de 2022, en razón a que debe darse
pleno cumplimiento a los principios constitucionales y legales del DEBIDO
PROCESO Y LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE GARANTÍA A LA
APLICACIÓN DE LA LEY, LA IGUALDAD ANTE LA LEY, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PREVALENCIA DEL DERECHO

Serna, Leslie; García Caicedo, Faysuly; Correa Correa, Carlos Arturo; Mallungo Yunda, Jhon
Jairo; Caicedo Monsalve, Gustavo Adolfo; Restrepo Martínez, Diana Catherine.

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SUSTANCIAL, consagrados en la Constitución Política Nacional, que han
sido vulnerados por el ente accionado.

3.- Ordenar por consiguiente, que se tengan en cuenta las razones de hecho
y de derecho argumentadas en el recurso de reposición presentado contra el
Auto del 30 de Noviembre de 2022, y/o en el escrito de subsanación de
conciliación, a fin de garantizar derechos constitucionales y/o fundamentales.

1.3. Hechos

Sostuvo que, el 24 de noviembre de 2022 radicó solicitud de conciliación
prejudicial que correspondió en reparto a la accionada.

Mencionó que, la demandada mediante auto del 30 de noviembre de 2022,
notificado el 6 de diciembre de la misma anualidad, inadmitió la solicitud
indicando “además, se advierte la ausencia de los poderes que deben conferir
los convocantes a quien funge como su apoderada (Dra. ANGELA PATRICIA
RODRIGUEZ VILLAREAL), y que, a su vez, sustituye poder al doctor OSMAN
HIPOLITO ROA SARMIENTO, conforme a la previsión del artículo 2.2.4.3.1.1.5.
del Decreto Ley 1069 de 2015 y el ius postulandi…”

Refirió que con memorial del 15 de diciembre de 2022 se presentó recurso de
reposición frente a la exigencia de los poderes.

Manifestó que mediante auto del 5 de enero de 2023 la autoridad acusada
resolvió no reponer el auto de inadmisión, el cual quedó en firme.

Precisó que, el 11 de enero de 2023 se presentó escrito de subsanación
argumentando la validez de los contratos de mandato con facultad de
apoderamiento.

Añadió que, en auto del 11 de enero de 2023 la Procuraduría 58 fijó fecha para
celebración de la audiencia de conciliación el 16 de febrero de 2023 y exhortó al
abogado allegar los poderes que lo facultan para presentar la solicitud de
conciliación a más tardar el día fijado para realizar la audiencia.

Expuso que, en acta de audiencia de 16 de febrero de 2023 incorporó, a título
de prueba documental, en los términos del CGP, los poderes junto con los
anexos habilitantes que dan cuenta de la postulación y la legitimación en la
causa por activa y pasiva y agregó que la parte convocante no allegó poder
respecto de los señores “ANGEL GUSTAVO LOPEZ RODRIGUEZ,
BERNARDO LENIS, ALEXANDER HURTADO IBARBO, LAZARO LEON MEZA
MARTINEZ, RAFAEL PEREZ POTES, CARLOS CUELLAR RIVERA, LUIS
ANTONIO ESCOBAR RENTERIA, LUIS ANGULO VIVEROS, DIEGO AGUILON
VALENCIANO, CARLOS ARTURO MORALES CASTRO, RUBEN DARIO
TORRES CADENA, JULIO CESAR VILLAMOR GUTIERREZ, GERMAN
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CARVAJAL CORTES, RODRIGO GOMEZ, ARGEMIRO MENDEZ
HERNANDEZ, RUBIELA VIVAS TAFURTH, BLANCA ROVIRA URREA
POLINDARA, MARTHA LILIANA GOMEZ ORTEGA, CATHERINNE VELA
GUERRERO, NORA ELISA VALLEJO CARDONA, INGRID GIZELA ZAFRA
REINA, ALBA LUCIA VIVAS AZCARATE, LILIANA MORALES CEBALLOS,
NELLY JAIME PULGARIN, MARIELA URREA DE GODOY, FLOR NEYFFI
MENDOZA PARRA, DOLLY LONDOÑO SANCHEZ, ROSA JOHANNA
BURBANO APRAEZ, GENNY OFIR SEGURA GERMAN, ELIZABETH
MARTINEZ VARELA, OLGA ARANGO RAMIREZ, ALEJANDRA MOSQUERA
HINESTROZA, MARTHA LUCIA PINILLOS HURTADO, MAGOLA ARAUJO
ROSERO, NANCY IZQUIERDO RAMOS, MARIA DEL CARMEN TROCHEZ
PAZ, LIZ JENNY LLANTEN BASTIDAS, NHORA MILENA LUNA GUTIERREZ,
PAOLA ANDREA LOPEZ, SANDRA LICETH OTALVARO CEBALLOS, LUZ
ADRIANA DAVILA MEJIA, ELSY MARIBEL PORTILLA MARTINEZ, LUZ
MARINA ANDRADE RODRIGUEZ, NIDIA ESTHER JAIMES PORRAS,
CLAUDIA SOBEIDA GARCES ARROYO, LESLIE QUINTERO SERNA,
ALEXANDRA ERAZO ROMERO, SONIA BALANTA MARTINEZ, LUZ DARY
CESPEDES PENAGOS, FAYSULY GARCIA CAICEDO, MARLIN SANCHEZ
ORDOÑEZ, CAROLINA MARIA CASTILLO MATTA, CARLOS ARTURO
CORREA CORREA, EDUARD ZAMORANO, FABIO EVELIO FERNANDEZ
CARDONA, JHON JAIRO MALLUNGO YUNDA, LUIS FERNANDO MURCIA
RIAÑO, OLMES BEDOYA CASTRO, GUSTAVO ADOLFO CAICEDO
MONSALVE y DIANA CATHERINE RESTREPO MARTINEZ. Colofón de lo
anterior y acorde al numeral 16 del artículo 101 de la Ley 2220 de 2022
concatenado con la Ley 2213 de 2022, este Despacho declara que respecto a
dichas personas NO SE ENTIENDE AGOTADO EL REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD EN EL PRESENTE ASUNTO…”

Indicó que, la procuraduría demandada expidió la respectiva constancia el 7 de
marzo de 2023, de no haberse agotado el requisito de procedibilidad dentro de
la solicitud de conciliación extrajudicial radicada con el número E-2022-681493
del 24 de noviembre de 2022 frente a las mencionadas personas.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que la autoridad demandada incurrió en los defectos
sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto y fáctico.

Expuso que la accionada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto pues emitió la constancia de rigor remitida el 7 de marzo de 2023,
pese a que no quedó agotado el requisito de procedibilidad para acudir a
instancias judiciales respecto a sus representados y accionantes, al interior del
proceso de conciliación con radicado E-2022-681493 del 24 de noviembre de
2022.

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Precisó que, la vulneración es permanente en el tiempo, y el ente accionado,
actuó en forma arbitraria, lo cual constituye una vía de hecho, por cuanto a sus
representados y accionantes se les exigió poderes adicionales, habiéndose
aportado desde la radicación de la solicitud de conciliación prejudicial, los
documentos (contratos de mandato con facultad de apoderamiento) idóneos,
válidos y aceptados en jurisprudencia del Consejo de Estado como órgano de
cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, tal y como como se
mencionó y se puso en conocimiento de la procuraduría accionada al interior
del procedimiento conciliatorio.

Añadió que, también incurrió en defecto fáctico y sustantivo, en razón a que, la
entidad cuestionada omitió dar la respectiva valoración a los argumentos de
hecho y de derecho manifestados en el recurso de reposición y en el escrito de
subsanación, o se hace una indebida interpretación frente a los documentos
aportados respecto de los accionantes, pues las razones de hecho y/o de
derecho de su validez y aceptación, fueron manifestadas en debida forma ante
la entidad demandada, y no se tienen en cuenta, vulnerando el principio de la
prevalencia al derecho sustancial sobre las formas.

1.5. Trámite en primera instancia

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto del 23 de agosto
de 2023 admitió la acción de tutela contra la Procuraduría 58 Judicial I para
asuntos administrativos de Cali y vinculó al Ministerio de Educación y al Distrito
de Santiago de Cali- Secretaría de Educación.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Procuraduría 58 Judicial I para asuntos administrativos de Cali

Esta entidad se opuso a la prosperidad de lo solicitado, al considerar que en
garantía del acceso a la administración de justicia de los convocantes admitió la
solicitud de conciliación otorgándole al apoderado mayor tiempo para allegar los
poderes.

Agregó que, en el periodo comprendido entre el 24 de noviembre de 2022 y el
16 de febrero de 2023 (fecha de la audiencia) el abogado allegó los poderes de
la gran mayoría de sus representados y frente a ellos se agotó el requisito de
procedibilidad, sin embargo, respecto de algunos no se allegó poder, por lo que
decidió no tener por agotado el requisito.

Indicó que la norma establece que en materia de conciliación en asuntos
contencioso administrativo las partes deben actuar a través de apoderado
debidamente constituido.

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Señaló que, el CGP establece que se puede otorgar poder mediante escritura
pública si es poder general o mediante un escrito en el cual se deben establecer
claramente los asuntos a representar- poder especial, el cual se puede otorgar
incluso por mensaje de datos.

Mencionó que, el abogado, pese a tener muchos mecanismos para obtener los
poderes, sumado al lapso de más de 2 meses que le otorgó la entidad para su
acreditación, no allegó lo solicitado.

Expuso que, tampoco se observa la existencia de alguna razón o imposibilidad
para el otorgamiento de los poderes.

Refirió que, el abogado pretende que se tenga el contrato de mandato como
poder, cuando el Consejo de Estado ha dejado claro que el mandato regula la
relación contractual interna entre mandante y mandatario, pero no constituye un
instrumento para demostrar el apoderamiento ante autoridades judiciales o la
procuraduría.

1.6.2. Distrito de Santiago de Cali

Sostuvo que carece de competencia para atender las pretensiones de los
accionantes.

Manifestó que, la acción de tutela es improcedente al cumplirse el requisito de
la inmediatez, pues trascurrieron más de 6 meses desde que se resolvió no
reponer la inadmisión de la solicitud de conciliación.

Consideró que tampoco se cumple el requisito de subsidiariedad porque los
actores pretenden mediante la tutela remediar sus errores y omisiones
atacando una decisión administrativa en firme que goza de presunción de
legalidad.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 31 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca negó el amparo solicitado.

Hizo mención del trámite conciliatorio y sus actuaciones, a partir de lo cual
destacó que, en los contratos de mandato se estableció que su objeto era la
prestación de servicios profesionales para obtener el reconocimiento y pago de
primas extralegales, sin determinar qué clase de primas, ni contra qué
entidades, objeto contractual muy general, contrario a lo dispuesto en el artículo
74 del CGP, en el que establece que los poderes deben tener los asuntos
debidamente determinados y claramente identificados, lo que no se puede
inferir del contrato de mandato.
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Precisó que, sumado a ello, se da la facultad de apoderamiento, en los mismos
términos genéricos, para el cumplimiento del objeto contractual.

Consideró que, de otro lado, el trámite de la conciliación extrajudicial establece
que la solicitud debe presentarse mediante apoderado, aportando poder físico o
electrónico conforme a la normatividad que regula el tema; que procede la
inadmisión cuando no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 101
de la Ley 2220 de 2022, entre estos, el poder, y que en caso de no corregirse la
inconsistencia se declara desistida la solicitud y se tiene por no presentada.

Agregó que, en el literal d) del artículo tercero de los contratos de mandato se
dispuso “con este documento la mandante faculta al mandatario de manera
expresa y especial para que confiera poder al profesional del derecho que este
considere idóneo, a fin de presentar ACCIONES DE TUTELA por la vulneración
de los derechos fundamentales del mandante”.

Señaló que, de darse validez al contrato de mandato en la forma pedida por el
abogado, podría incurrir en una vulneración de los derechos fundamentales de
los accionantes, precisamente porque, como lo indicó la Corte Constitucional,
no hay certeza de la intención de los accionante de poner en marcha los
mecanismos de defensa de sus propios intereses, ni claridad, individualización
y certeza de la pretensión de los actores en el otorgamiento del contrato de
mandato.

Concluyó que, no existe una adecuada representación prejudicial y judicial de
los docentes que se enlistan como accionantes, porque el contrato de mandato
no cumple las mismas funciones del poder especial que se requiere para
garantizar la debida comparecencia al proceso prejudicial y judicial, aún en el
ámbito constitucional; por lo tanto, la acción se debe denegar.

7. Impugnación

La sentencia de primera instancia se notificó vía electrónica el 1° de septiembre
de 2023 y la parte actora impugnó con memorial recibido el 6 del mismo mes y
año. Este recurso se concedió con auto del 20 siguiente.

La parte demandante solicitó que se revoque el fallo de primera instancia, pues
consideró que debe prevalecer el derecho sustancial sobre las formas, pues
tras una exigencia de poderes para presentar la acción de tutela (que no es
admisible por lo manifestado anteriormente y se continua con el exceso ritual
manifiesto), no se revisa el fondo del asunto o las razones por las cuales se
presentó esta acción, donde lo sustancial es la vulneración de derechos
fundamentales que deben ser objeto de garantía y protección prevalente.

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Reiteró que, al no haberse incluido a los accionantes en la constancia de
haberse agotado el requisito de procedibilidad para acudir a instancias
judiciales, se vulnera los derechos fundamentales objeto de tutela. Agregó que,
si bien es cierto, la entidad accionada concedió término para aportar poder,
dicho requerimiento incurre en un exceso ritual manifiesto (defecto
procedimental, sustancial y fáctico objeto de tutela) por cuanto, se trata de una
vía de hecho y actitud arbitraria por la procuraduría acusada, sin dar
prevalencia al derecho sustancial sobre el formal.

Refirió que, en otras palabras, no hay garantía y protección a los derechos
constitucionales y/o fundamentales, al no haber agotado el requisito de
procedibilidad respecto a sus representados y accionantes, para acudir a
instancias judiciales, pese a que los contratos de mandato allegados con la
solicitud de conciliación son documentos válidos y suficientes.

Insistió en que, se allegue un poder independiente, por separado, diferente a los
contratos de mandato con facultad de apoderamiento aportados, y expedir la
constancia de no haberse agotado el requisito de procedibilidad respecto a los
aquí accionantes, vulnera el derecho al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia que son de carácter fundamental o constitucional, y a
su vez, se desconoce el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre
las formas.

Reiteró que, la demandada incurrió en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, por cuanto a sus representados y accionantes, se les exige
poderes adicionales, habiéndose aportado desde la radicación de la solicitud de
conciliación prejudicial, los documentos (contratos de mandato con facultad de
apoderamiento) idóneos, válidos y aceptados en jurisprudencia del Consejo de
Estado como órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa,
como se mencionó y se puso en conocimiento de la al interior del procedimiento
conciliatorio. Para tal efecto, citó:

…sentencia de fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecisiete
(2017) Radicación número: 11001-03-15-000-2017- 00923-01 Demandante:
LIBIA DEL CARMEN LÓPEZ CHÁVEZ Demandado: TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA y OTRO, y, en providencia de fecha
nueve (9) de Marzo del año dos mil diecisiete (2017), proferida por el
Honorable CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA, Consejero ponente: JORGE
OCTAVIO RAMÍREZ, en las cuales, se AMPARÓ los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia evitando que se incurra en
un defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto”.

Citó como antecedente la sentencia de tutela de la Sección Quinta del Consejo
de Estado del 24 de agosto de 2023, dictada dentro del expediente 76001-23-
33- 000-2023-00428-01.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19913, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.

 ¿La Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de la ciudad
de Cali vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de las accionantes por
presuntamente incurrir en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto en la providencia del 11 de enero de 2023, mediante la cual
ordenó allegar los poderes de los convocantes con facultad para
conciliar, por el acta del 16 de febrero de la misma anualidad y por la
constancia del 7 de marzo del mismo año, de no haberse agotado el
requisito de procedibilidad dentro de la solicitud de conciliación
extrajudicial radicada con el número E-2022-681493 del 24 de noviembre
de 2022?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) defecto procedimental y; (ii) caso concreto.

2.3. Defecto procedimental

En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la
autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen
del procedimiento judicial establecido.

La jurisprudencia constitucional4 ha precisado que este defecto puede
configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental absoluto, y (ii)
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

3
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
4
Sentencia T-620 de 2013

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En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, la Corte Constitucional 5 ha
dicho que este se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia: “se
aparta[n] por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite
de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite
completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n]
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el
derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso” o porque
iii) “pasa[n] por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso,
vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al
no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su
contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión
de fondo y la violación a los derechos fundamentales.”

En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este ocurre
cuando la autoridad judicial concibe los procedimientos como obstáculo para la
eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus actuaciones generan
una denegación de la justicia.

Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de
un error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y
directa con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse
directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido
proceso; iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv)
que se haya alegado la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello
hubiere sido imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia
de todo lo anterior se vulneren derechos fundamentales.

2.4. Caso concreto

La parte actora sostuvo que la Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos
Administrativos de la ciudad de Cali vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia por presuntamente
incurrir en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en la providencia
del 11 de enero de 2023, mediante la cual ordenó allegar los poderes de los
convocantes con facultad para conciliar y por el acta del 16 de febrero de la
misma anualidad y por la constancia del 7 de marzo del mismo año, de no
haberse agotado el requisito de procedibilidad dentro de la solicitud de
conciliación extrajudicial radicada con el número E-2022-681493 del 24 de
noviembre de 2022.

5
Corte Constitucional, sentencias T-268 de 2010, T-017 de 2007, T-996 de 2003, T-638 y T-
781 de 2011, T-264 de 2009 y T-778 de 2009.

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El a quo constitucional negó el amparo solicitado. En consecuencia, la parte
actora impugnó la sentencia y para ello reiteró que la accionada había incurrido
en el defecto procedimental conforme a los argumentos expuestos en el escrito
referido.

En el escrito de impugnación reiteró la sentencia dictada por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, expediente 11001-03-15-000-2017-00923-01,
mediante la cual se accedió al amparo como consecuencia del defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, al haberse exigido en los procesos
instaurados poder especial desconociendo los contratos de mandato
celebrados y en especial la facultad de apoderamiento para actuar judicial o
extrajudicialmente.

No obstante, en esta oportunidad debe indicarse que dicho pronunciamiento no
corresponde a un precedente jurisprudencial, pues corresponde a una
sentencia dictada en una acción de tutela, cuyos efectos son inter partes.

En cuanto al trámite conciliatorio, se observa que, mediante solicitud del 24 de
noviembre de 2022 el abogado Osman Hipólito Roa Sarmiento, en calidad de
representante legal de Roa Sarmiento Abogados S.A.S., radicó solicitud de
conciliación prejudicial que correspondió en reparto a la procuraduría
accionada; mediante auto del 30 de noviembre de 2022 se inadmitió la solicitud;
con memorial del 15 de diciembre de 2022 se presentó recurso de reposición
frente a la exigencia de los poderes y con auto del 5 de enero de 2023 la
accionada resolvió no reponer el auto de inadmisión. Esto, al considerar lo
siguiente:

Según se lee, en el objeto del contrato de mandato y, en las obligaciones que
adquiere el mandatario, textos que han sido transcritos en el aparte que
antecede; en ninguno de dichos apartes se faculta al recurrente, para
presentar solicitud de CONCILIACION EXTRAJUDICIAL ANTE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION; se establecen obligaciones
específicas para adelantar el proceso judicial, presentar demanda ejecutiva,
acciones de tutela, solicitudes posteriores, reclamaciones administrativas etc.,
pero no se registró la facultad expresa para conciliar en sede extrajudicial
ante la Procuraduría General de la Nación.

El 11 de enero de 2023 se presentó escrito de subsanación argumentando la
validez de los contratos de mandato con facultad de apoderamiento. Con
proveído de la misma fecha, la procuraduría demandada admitió la solicitud y
se exhortó al abogado allegar los poderes que lo facultaban para presentar la
solicitud de conciliación a más tardar el día fijado para realizar la audiencia.

Llegado el día de la práctica de la audiencia de conciliación, la cual se celebró
el 16 de febrero de 2023, compareció a la diligencia la abogada Ángela Patricia
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Rodríguez Villarreal, como apoderada de los convocantes acorde al poder de
sustitución conferido por el abogado Osman Hipólito Roa Sarmiento, cuyos
poderes fueron allegados en archivo digital.

En la aludida constancia del 7 de marzo de 2023, expedida por la procuraduría
demandada se señaló lo siguiente:

1. Mediante apoderado, los convocantes: IVAN ALVEIRO QUINTERO
CASTAÑO, ANDRÉS MAURICIO POTES MORALES… presentaron solicitud
de conciliación extrajudicial el día 24 de noviembre de 2022, convocando al
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - DISTRITO DE SANTIAGO DE
CALI-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

…

3. El día de la audiencia no presencial surtida el 16 de febrero de 2023 la
conciliación se declaró fallida ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, por
no existir ánimo conciliatorio del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI-
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. ADEMÁS, EL APODERADO DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NO COMPARECIÓ A LA
DILIGENCIA Y, TRANSCURRIDOS (3) DÍAS DESDE SU REALIZACIÓN NO
JUSTIFICÓ SU INASISTENCIA, RAZÓN POR LA CUAL SE ENTIENDE QUE
NO HAY ÁNIMO CONCILIATORIO DE DICHO EXTREMO CONVOCADO
ACORDE A LA PREVISIÓN DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY 2220 DE 2022,
AUNADO A LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 110 IBÍDEM…

4. Además, se deja constancia que la parte convocante NO ACREDITÓ
PODER respecto a las siguientes personas: ANGEL GUSTAVO LOPEZ
RODRIGUEZ, BERNARDO LENIS, ALEXANDER HURTADO IBARBO,
LAZARO LEON MEZA MARTINEZ, RAFAEL PEREZ POTES, CARLOS
CUELLAR RIVERA, LUIS ANTONIO ESCOBAR RENTERIA, LUIS ANGULO
VIVEROS, DIEGO AGUILON VALENCIANO, CARLOS ARTURO MORALES
CASTRO, RUBEN DARIO TORRES CADENA, JULIO CESAR VILLAMOR
GUTIERREZ, GERMAN CARVAJAL CORTES, RODRIGO GOMEZ,
ARGEMIRO MENDEZ HERNANDEZ, RUBIELA VIVAS TAFURTH, BLANCA
ROVIRA URREA POLINDARA, MARTHA LILIANA GOMEZ ORTEGA,
CATHERINNE VELA GUERRERO, NORA ELISA VALLEJO CARDONA,
INGRID GIZELA ZAFRA REINA, ALBA LUCIA VIVAS AZCARATE, LILIANA
MORALES CEBALLOS, NELLY JAIME PULGARIN, MARIELA URREA DE
GODOY, FLOR NEYFFI MENDOZA PARRA, DOLLY LONDOÑO SANCHEZ,
ROSA JOHANNA BURBANO APRAEZ, GENNY OFIR SEGURA GERMAN,
ELIZABETH MARTINEZ VARELA, OLGA ARANGO RAMIREZ, ALEJANDRA
MOSQUERA HINESTROZA, MARTHA LUCIA PINILLOS HURTADO,
MAGOLA ARAUJO ROSERO, NANCY IZQUIERDO RAMOS, MARIA DEL
CARMEN TROCHEZ PAZ, LIZ JENNY LLANTEN BASTIDAS, NHORA
MILENA LUNA GUTIERREZ, PAOLA ANDREA LOPEZ, SANDRA LICETH
OTALVARO CEBALLOS, LUZ ADRIANA DAVILA MEJIA, ELSY MARIBEL
PORTILLA MARTINEZ, LUZ MARINA ANDRADE RODRIGUEZ, NIDIA
ESTHER JAIMES PORRAS, CLAUDIA SOBEIDA GARCES ARROYO,
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LESLIE QUINTERO SERNA, ALEXANDRA ERAZO ROMERO, SONIA
BALANTA MARTINEZ, LUZ DARY CESPEDES PENAGOS, FAYSULY
GARCIA CAICEDO, MARLIN SANCHEZ ORDOÑEZ, CAROLINA MARIA
CASTILLO MATTA, CARLOS ARTURO CORREA CORREA, EDUARD
ZAMORANO, FABIO EVELIO FERNANDEZ CARDONA, JHON JAIRO
MALLUNGO YUNDA, LUIS FERNANDO MURCIA RIAÑO, OLMES BEDOYA
CASTRO, GUSTAVO ADOLFO CAICEDO MONSALVE y DIANA
CATHERINE RESTREPO MARTINEZ. Colofón de lo anterior y acorde al
numeral 16 del artículo 101 de la Ley 2220 de 2022 concatenado con la Ley
2213 de 2022, este Despacho declara que respecto a dichas personas NO SE
ENTIENDE AGOTADO EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN EL
PRESENTE ASUNTO.

5. De conformidad con lo expuesto, respecto a las personas indicadas en el
numeral primero de esta constancia se da por agotado el requisito de
procedibilidad exigido para acudir a LA JURISDICCIÓN DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, al tenor de los artículos 92 y 94 de la
Ley 2220 de 2022, en concordancia con lo establecido en el artículo 161 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
CPACA y normas que lo modifiquen.

No obstante, para el caso concreto, se encuentra que los accionantes, quienes
figuran como mandantes, otorgaron la facultad de apoderamiento al mandatario
(la sociedad ROA SARMIENTO ABOGADOS S.A.S.) para otorgar y revocar
poderes, para adelantar los trámites administrativos y/o judiciales o
extrajudiciales que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del
contrato.

En efecto, en la cláusula cuarta del contrato mencionado, en su parte
pertinente reza:

CUARTA: FACULTADES DEL MANDATARIO: a) FACULTAD EXPRESA DE
APODERAMIENTO: El MANDANTE faculta expresamente AL MANDATARIO a
otorgar y revocar poderes, para adelantar los trámites administrativos y/o judiciales
o extrajudiciales que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del presente
contrato…c) EL MANDATARIO queda facultado expresamente por el aquí
MANDANTE para desistir, recibir, transigir, conciliar, renunciar, reasumir, solicitar
copias de los actos administrativos… y en general un poder especial, amplio y
suficiente para adelantar todas las acciones tendientes a obtener la defensa de los
derechos DEL MANDANTE, de conformidad con el estatuto de procedimiento civil…

En el trámite de la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 58
Judicial I para Asuntos Administrativos de la ciudad de Cali, el abogado Osman
Hipólito Roa Sarmiento en calidad de representante legal de la entidad Roa
Sarmiento Abogados SAS, desde su presentación la fundamentó en su calidad
de abogado y en la facultad de apoderamiento otorgada por los convocantes en
los contratos de mandato celebrados con dicha sociedad en calidad de
mandatario.
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De la lectura de los mencionados documentos se establece que no se
restringió o prohibió al representante legal de la persona jurídica mandataria
actuar en nombre de aquellas, ya sea en trámite judicial o extrajudicial para la
formulación de las acciones necesarias en cumplimiento del objeto acordado.

Por lo expuesto, se observa que, la accionada vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
pues la demanda incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
en la providencia del 11 de enero de 2023, así como en el acta y la constancia
del trámite conciliatorio, ya que no era viable desconocer o restringir la facultad
de conciliar otorgada en la cláusula cuarta de los contratos de mandato
celebrados, así como también el de requerir el poder especial para adelantar la
solicitud de conciliación por no haber sido prohibido.

De esta manera, la sala concluye que se vulneraron los derechos
fundamentales invocados, por cuanto se incurrió en defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto.

En consecuencia, se revocará el fallo impugnado para en consecuencia ordenar
a la Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali disponer lo
pertinente teniendo en cuenta lo señalado en esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 31 de agosto de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó el amparo solicitado.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de los señores Rafael Pérez Potes y
otros6.

TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Procuraduría 58 Judicial I

6
Aguilón Valenciano, Diego; Morales Castro, Carlos Arturo; Carvajal Cortés, Germán; Méndez
Hernández, Argemiro; Urrea Polindara, Blanca Rovira; Gómez Ortega, Martha Liliana; Vela
Guerrero, Catherinne; Vallejo Cardona, Nora Elisa; Vivas Azcárate, Alba Lucía; Jaime Pulgarín,
Nelly; Urrea de Godoy, Mariela; Londoño Sánchez, Dolly; Burbano Apráez, Rosa Johanna;
Segura German, Genny Ofir; Martínez Varela, Elizabeth; Arango Ramírez, Olga; Mosquera
Hinestroza, Alejandra; Araújo Rosero, Magola; Trochez Paz, María Del Carmen; Otálvaro
Ceballos, Sandra Liceth; Andrade Rodríguez, Luz Marina; Jaimes Porras, Nidia Esther; Quintero
Serna, Leslie; García Caicedo, Faysuly; Correa Correa, Carlos Arturo; Mallungo Yunda, Jhon
Jairo; Caicedo Monsalve, Gustavo Adolfo; Restrepo Martínez, Diana Catherine.

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para Asuntos Administrativos de la ciudad de Cali que en el término de diez
(10) días contados a partir de la notificación de la presente providencia,
decida sobre el agotamiento del requisito de procedibilidad en la solicitud de
conciliación extrajudicial radicada con el número E-2022-681493 del 24 de
noviembre de 2022, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en
esta providencia.

CUARTO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de la misma al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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