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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04648-00

Fecha
24 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04648-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo de la acción de tutela presentada por Carlos Julio Martínez Alvarado, Luis Manuel Romero Castro, Hernando López Díaz, Francisco Hernán Barbosa Campos, José Melquisedec Daza Acosta, Gustavo de Jesús Rojas Jaramillo, Ezequiel Rojas Garavito, Rogelio Guevara Villamil, Nereo Antonio Montes Ibarra, Elmer Díaz Ramírez, José Ángel Ariza Álvarez, Edwin Giovanny Trujillo Leyton, Mario Antonio Morales Ramírez, Gilberto Rojas Ramos, José Francisco Hernández Hernández, Teófilo Sarmiento Bernate, Francisco Gómez Montero, José Aníbal Trujillo, Rafael Segundo Segrera Mendoza, Rubén Darío Ramírez López, Luis Emiro Díaz Guzmán, Carlos Enrique Olaya Bernate, Jersain López Moreno, Jesús María Cárdenas Yate, José Julio Díaz Sánchez, Álvaro Gutiérrez Cortés, Wilberto García Álvarez, José Joaquín Rodríguez, Otto Fernando Serna López, Hugo Alfonso Gaspar Moreno, Edgar Espinosa Prado, José Over Rojas Gómez, Adalberto Alcides Amaya Navarro, Alfredo Moreno Ortiz, Julio Ernesto Buitrago Leal, Miguel Ángel Medellín Pardo, María Aidée Álvarez de Collazos, Olga Isabel Guavita Martínez, Blanca Cecilia González de Amaya, Águeda Garzón de Hincapié, María Zoila Cantor, María Flora Graciela Lugo de Rey, Ana Beatriz Acevedo de Villalba, Elizabeth Polanco Albadán, Marina Bernate de Reyes, Luz Doris Guerrero Sánchez, Soledad Rojas, Nelly Eunice Urquijo de Bazurto, Ana Lucía Mendoza Trujillo, Nasly del Socorro Arteaga Arteaga, Melba Alicia Garzón de Aragón, Dora Arciniegas de Rodríguez, Luz Marina Carvajal Díaz, María Elizabeth Barrera Muñoz, Carmen García, Lorenza Sarmiento Bernate, Blanca Inés Ballesteros Rojas, Berenice Ávila, María Teresa Gómez Ávila, Gilma Gómez de Martínez, Nancy Aragón Herrera, Martha Cecilia Aragón de Páramo, Elicinia Aguirre de Gómez, Elsa Salgar Cruz, Leonor Enciso de Jovel, Astrid Cecilia Romero Morales, Astrid Consuelo Hoyos Real, María Eugenia González Vásquez, María Egrefina Bolívar Ruiz, Luz Marina Martínez de López, Melva Consuelo Barbón de González, Rosa Susana Beltrán Acosta, Myriam Triana Luna, Sara Stella Novoa Quevedo, Hilda Leonor Rodríguez de García, Bertha Fabiola Rodríguez de Devia, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04648-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

24 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04648-00
Demandantes: Carlos Julio Martínez Alvarado y otros1
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección C y el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá

Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Rechazo
de demanda por indebida acreditación del derecho de
postulación. Contrato de mandato. Poder judicial.

Decisión: Niega solicitud de amparo.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Carlos Julio Martínez Alvarado y
otros contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá.

1 Luis Manuel Romero Castro, Hernando López Díaz, Francisco Hernán Barbosa Campos, José Melquisedec

Daza Acosta, Gustavo de Jesús Rojas Jaramillo, Ezequiel Rojas Garavito, Rogelio Guevara Villamil, Nereo
Antonio Montes Ibarra, Elmer Díaz Ramírez, José Ángel Ariza Álvarez, Edwin Giovanny Trujillo Leyton, Mario
Antonio Morales Ramírez, Gilberto Rojas Ramos, José Francisco Hernández Hernández, Teófilo Sarmiento
Bernate, Francisco Gómez Montero, José Aníbal Trujillo, Rafael Segundo Segrera Mendoza, Rubén Darío
Ramírez López, Luis Emiro Díaz Guzmán, Carlos Enrique Olaya Bernate, Jersain López Moreno, Jesús María
Cárdenas Yate, José Julio Díaz Sánchez, Álvaro Gutiérrez Cortés, Wilberto García Álvarez, José Joaquín
Rodríguez, Otto Fernando Serna López, Hugo Alfonso Gaspar Moreno, Edgar Espinosa Prado, José Over Rojas
Gómez, Adalberto Alcides Amaya Navarro, Alfredo Moreno Ortiz, Julio Ernesto Buitrago Leal, Miguel Ángel
Medellín Pardo, María Aidée Álvarez de Collazos, Olga Isabel Guavita Martínez, Blanca Cecilia González de
Amaya, Águeda Garzón de Hincapié, María Zoila Cantor, María Flora Graciela Lugo de Rey, Ana Beatriz
Acevedo de Villalba, Elizabeth Polanco Albadán, Marina Bernate de Reyes, Luz Doris Guerrero Sánchez,
Soledad Rojas, Nelly Eunice Urquijo de Bazurto, Ana Lucía Mendoza Trujillo, Nasly del Socorro Arteaga Arteaga,
Melba Alicia Garzón de Aragón, Dora Arciniegas de Rodríguez, Luz Marina Carvajal Díaz, María Elizabeth
Barrera Muñoz, Carmen García, Lorenza Sarmiento Bernate, Blanca Inés Ballesteros Rojas, Berenice Ávila,
María Teresa Gómez Ávila, Gilma Gómez de Martínez, Nancy Aragón Herrera, Martha Cecilia Aragón de
Páramo, Elicinia Aguirre de Gómez, Elsa Salgar Cruz, Leonor Enciso de Jovel, Astrid Cecilia Romero Morales,
Astrid Consuelo Hoyos Real, María Eugenia González Vásquez, María Egrefina Bolívar Ruiz, Luz Marina
Martínez de López, Melva Consuelo Barbón de González, Rosa Susana Beltrán Acosta, Myriam Triana Luna,
Sara Stella Novoa Quevedo, Hilda Leonor Rodríguez de García, Bertha Fabiola Rodríguez de Devia, Faustina
Macías Cubillos, Carmen Efigenia Pérez Pinzón, Lucero del Pilar Ruiz Trujillo, Nubia Stella Aya Poveda, Clara
Emilia Calderón Perilla, Argenis León Bello, Yudy Cadena de López, Rosibel Lozada Rodríguez, Luz Marina
Rodríguez, Nohora Paulita Medellín Pardo, Martha Estela Gómez Olivero, Hercilia Sánchez de Puentes, María
Eugenia Aragón Sánchez, María Azucena Miranda Tami, Mary Deisy Barbery Leal, Fanny Laguna Ospina, María
Balbina Parra Serrano, Nury Bernate Lozano, Hilda María Castillo Ortiz, Emilce Martínez García, Gloria Zabala
Tapiero, Ernestina Vargas Villanueva, Ana María Castillo Labrador, María Jacqueline Artunduaga Rivera,
Sandra Arango Agudelo, Elsa Judit García Ladino, María Gloria Ladino de Rozo, Ana Leonor Cubillos de Espitia,
Stella Barbosa de Rojas, María Evelyn Forero Ramírez, Limbania López Mesa, Julia Berenice Elizabeth Medellín
de Buitrago, Martha Eugenia Collazos Mejía, Martha Patricia Parra Hernández, Clara Yolanda Gaitán Hurtado,
Alma Yadira Morales Romero, Mily Inés Triana Mozo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04648-00
Demandantes: Carlos Julio Martínez Alvarado y otros

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 17 de junio de 2026, la parte actora, a través de apoderado, presentó
acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia, los cuales estimó vulnerados por la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá
dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 11001-33-43-062-2025-
00230-00/01.

2. A título de amparo, solicitó que se dejaran sin efectos los autos de 17 de
septiembre de 2025, 26 de noviembre de 2025 y 28 de enero de 2026 y que, en su
lugar, se profiriera una providencia de reemplazo.

3. Como fundamento fáctico de la acción de amparo, la parte actora señaló
que el 20 de junio de 2025 radicó demanda de reparación directa contra la Nación
– Ministerio de Educación Nacional, el Departamento de Cundinamarca – Secretaría
de Educación y el Municipio de Girardot – Secretaría de Educación, con el propósito
de que se les declarara responsables del daño antijurídico consistente en los
perjuicios materiales causados a los accionantes, derivados de la omisión
administrativa de adelantar el trámite o procedimiento legal de liquidación de la
deuda, validación, certificación y aprobación tendiente al reconocimiento y pago del
derecho a la prima territorial correspondiente al incremento salarial del 20% por
antigüedad, establecida en la Ordenanza No. 13 de 1947, durante el tiempo en que
estuvo vigente.

4. El 23 de julio de 2025, el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá inadmitió la
demanda al considerar que debía ser subsanada dentro del término de 10 días, para
que: (i) aportara los poderes debidamente conferidos por los demandantes, en los
términos previstos en el artículo 74 del Código General del Proceso y el artículo 5
de la Ley 2213 de 2022; (ii) aclarara la conformación de la parte demandante, por
cuanto en algunos apartes del escrito de demanda relacionaba unas personas como
titulares y otras como beneficiarias; (iii) estableciera el valor solicitado para cada
uno de los demandantes por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de
lucro cesante, generados al momento de presentar la demanda; (iv) modificara la
estimación razonada de la cuantía; (v) aportara el certificado de existencia y
representación legal de la sociedad Roa Sarmiento Abogados S.A.S., con una
vigencia no mayor a 15 días contados desde su expedición por la Cámara de
Comercio; (vi) allegara la constancia de conciliación extrajudicial corregida, en la
que se evidenciara que todos los demandantes hubieran actuado como
convocantes o, en su defecto, la constancia de radicación de la solicitud de
conciliación ante la Procuraduría General de la Nación; y (vii) acreditara el envío,
por medio electrónico, de copia de la demanda y de sus anexos al Ministerio Público.

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Demandantes: Carlos Julio Martínez Alvarado y otros

5. El 29 de julio de 2025, la parte actora interpuso recurso de reposición contra
el auto que inadmitió la demanda. Manifestó que: (i) no había lugar a aclarar la
conformación de la parte demandante, pues en el escrito de demanda se había
indicado de manera clara quiénes eran los titulares del derecho y quiénes los
beneficiarios que actuaban como demandantes en representación de aquellos; (ii)
la ley permitía acudir a la jurisdicción con una estimación razonada de la cuantía
formulada de manera general y que los valores correspondientes se determinarían
en el curso del proceso, al momento de proferirse la sentencia o, posteriormente,
mediante incidente de regulación de perjuicios; (iii) no era procedente exigir
documentos o poderes adicionales, dado que los contratos de mandato allegados
eran válidos y suficientes; (iv) sí había aportado el certificado de existencia y
representación legal, así como la acreditación del envío, por medio electrónico, de
copia de la demanda y de sus anexos al Ministerio Público; y (v) no había lugar a
aportar la constancia de conciliación extrajudicial en los términos solicitados por el
despacho, pues con el documento anexo se evidenciaba que la solicitud había sido
radicada de manera correspondiente.

6. El 13 de agosto de 2025, el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá no repuso
el Auto de 23 de julio de 2025. Advirtió que el accionante debía limitarse a indicar
quiénes eran los demandantes en el eventual escrito de subsanación, pues dicho
aspecto no era claro. Señaló que la necesidad de informar el valor solicitado por
concepto de perjuicios materiales cumplía la función de determinar la competencia
para conocer del asunto. Afirmó que la parte actora debía realizar una liquidación
inicial de los perjuicios con fundamento en las pruebas ya recaudadas y que, si
durante el curso del proceso se demostraba un valor superior, este sería objeto de
consideración al momento de proferir la sentencia. Indicó que el contrato de
mandato regulaba las relaciones entre las partes que lo suscribían y generaba
obligaciones únicamente entre ellas, pero no era oponible a terceros; por ello, debía
otorgarse un poder que cumpliera las formalidades previstas en la normativa
aplicable. Precisó que, si bien no existía una norma que expresamente estableciera
la obligación de aportar un certificado de existencia y representación legal con una
vigencia mínima, dicha exigencia tenía como finalidad verificar que el representante
legal de la sociedad no hubiera cambiado, así como corroborar la vigencia de los
datos de notificación.

7. El 26 de agosto de 2025, la parte actora presentó escrito de subsanación
con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado en los autos de 23 de julio y 13
de agosto de 2025. Precisó la estimación razonada de la cuantía, indicando que,
dada la naturaleza del litigio, esta dependía del procedimiento legal de saneamiento
de las deudas laborales del sector educativo; no obstante, efectuó una estimación
inicial y general de los perjuicios reclamados para cada uno de los demandantes.
Reiteró que los contratos de mandato allegados con la demanda constituían
documentos válidos y suficientes para acreditar la representación judicial, por
cuanto incorporaban expresamente la facultad de apoderamiento, razón por la cual
consideró improcedente la exigencia de aportar poderes adicionales. Allegó un
certificado de existencia y representación legal, con una vigencia no mayor a 15
días.

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8. El 17 de septiembre de 2025, el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá
rechazó la demanda de reparación directa, tras considerar que la parte actora no
subsanó oportunamente las falencias advertidas en relación con los poderes, las
pretensiones, la estimación razonada de la cuantía y la acreditación del envío de la
demanda y de sus anexos al Ministerio Público.

9. El 23 de septiembre de 2025, la parte actora interpuso recurso de apelación
contra el auto que rechazó la demanda. Sostuvo que la decisión incurrió en un
exceso ritual manifiesto al exigir poderes adicionales a los contratos de mandato
aportados con la demanda, pese a que estos incorporaban de manera expresa la
facultad de apoderamiento y constituían documentos válidos y suficientes para
acreditar la representación judicial. Afirmó que el rechazo de la demanda
desconocía los derechos de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, toda vez que,
además de haberse subsanado los demás requerimientos formulados en el auto
inadmisorio, la exigencia de aportar nuevos poderes obedecía a una formalidad que
sacrificaba injustificadamente el estudio de fondo de las pretensiones.

10. El 26 de noviembre de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el Auto de 17 de septiembre de
2025, tras considerar que la debida acreditación de la representación judicial
constituía un requisito procesal de orden público y de obligatorio cumplimiento, cuya
inobservancia no podía subsanarse con la sola presentación de un contrato de
mandato, por cuanto la jurisprudencia había distinguido de manera reiterada entre
dicho contrato, que regulaba las relaciones internas entre el abogado y su cliente, y
el acto de apoderamiento, que constituía el único documento idóneo para acreditar
la representación ante terceros y ante el despacho judicial. Concluyó que la
exigencia de aportar el poder en debida forma no configuraba un exceso ritual
manifiesto, sino la aplicación de una formalidad procesal indispensable para
garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso.

11. Como fundamentos de derecho, la parte actora sostuvo que la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
62 Administrativo de Bogotá incurrieron en un defecto procedimental absoluto por
exceso ritual manifiesto al proferir el Auto de 17 de septiembre de 2025, mediante
el cual se rechazó de plano la demanda; el Auto de 26 de noviembre de 2025, que
resolvió el recurso de apelación; y el Auto de 28 de enero de 2026, mediante el cual
se dispuso obedecer y cumplir lo resuelto dentro del proceso No. 11001-33-43-062-
2025-00230-00/01.

12. Indicó que dicho defecto se configuró porque las autoridades judiciales
accionadas desconocieron la validez de la cláusula quinta, denominada «facultad
expresa de apoderamiento», contenida en los contratos de mandato aportados con
la demanda, pese a que no había lugar a exigir poderes adicionales para promover
el medio de control. Agregó que, tanto en el escrito de subsanación como en el

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recurso de apelación, expuso de manera suficiente las razones por las cuales dicha
cláusula acreditaba la representación judicial.

13. Sostuvo que no era admisible exigir poderes distintos de los contratos de
mandato allegados, por cuanto estos incorporaban expresamente la facultad de
apoderamiento para actuar judicialmente en representación de los mandantes.
Insistió en que las autoridades judiciales incurrieron en un exceso ritual manifiesto,
conforme a lo señalado en la Sentencia de 26 de septiembre de 2017, proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del radicado No. 11001-03-15-000-
2017-00923-01, y en la Sentencia de 5 de octubre de 2023, dictada por la Sección
Quinta de esa misma corporación dentro del radicado No. 76001-23-33-000-2023-
00577-01, en las que se ampararon los derechos fundamentales en supuestos
fácticos similares.

14. Concluyó que, si bien las normas procesales fueron instituidas para
garantizar el derecho al debido proceso, estas no podían convertirse en un
obstáculo insuperable para la efectividad del derecho sustancial. Sostuvo que el
rechazo de la demanda por una exigencia meramente formal impidió el desarrollo
de las etapas propias del proceso y vulneró su derecho de acceso a la
administración de justicia.

Intervenciones2

15. El Juzgado 62 Administrativo de Bogotá solicitó su desvinculación de la
presente acción de tutela, tras considerar que no vulneró ni estaba vulnerando
derecho fundamental alguno de la parte accionante. Expuso que las decisiones
adoptadas durante el trámite de la demanda se sustentaron en las normas que
regulaban la materia y que, en cada una de las providencias proferidas, se
expusieron las razones jurídicas y fácticas que justificaban lo decidido.

16. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca sostuvo que la acción de tutela era improcedente, por cuanto no
cumplía los requisitos establecidos por la jurisprudencia para la procedencia
excepcional del amparo contra providencias judiciales.

17. Afirmó que no se configuraba ninguna de las causales específicas de
procedibilidad, toda vez que la decisión cuestionada se fundamentó en una
interpretación razonable del ordenamiento jurídico, en una adecuada valoración del
material probatorio y en una aplicación coherente de los precedentes
jurisprudenciales pertinentes. Concluyó que no se evidenciaba arbitrariedad,
irrazonabilidad o vulneración de derechos fundamentales que justificara la
intervención del juez constitucional.

2 Mediante Auto de 22 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra la Subsección C
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá.

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II. CONSIDERACIONES

Competencia

18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

19. En su intervención, el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá solicitó ser
desvinculado del presente trámite constitucional al considerar que no vulneró
derecho fundamental alguno de la parte accionante, pues las decisiones adoptadas
durante el trámite del medio de control se ajustaron a la normativa aplicable. Al
respecto, la Sala negará dicha solicitud, por cuanto el resultado de la presente
controversia podría ser de su interés, en la medida en que dicho despacho profirió
una de las providencias judiciales cuestionadas en esta acción de tutela.

20. Por otro lado, la Sala advierte que la parte actora dirigió la presente acción
de tutela contra el Auto de 17 de septiembre de 2025, proferido por el Juzgado 62
Administrativo de Bogotá, mediante el cual rechazó la demanda de reparación
directa; el Auto de 26 de noviembre de 2025, dictado por la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó dicha
decisión; y el Auto de 28 de enero de 2026, a través del cual el juzgado dispuso
obedecer y cumplir lo resuelto por el superior funcional.

21. No obstante, en caso de superarse los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, el análisis de
fondo se circunscribirá al Auto de 26 de noviembre de 2025, por cuanto dicha
providencia resolvió de manera definitiva la controversia planteada frente al rechazo
de la demanda. En consecuencia, el Auto de 17 de septiembre de 2025 quedó
integrado a la decisión de segunda instancia con ocasión de la resolución del
recurso de apelación, mientras que el Auto de 28 de enero de 2026 se limitó a
disponer el obedecimiento y cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, sin incorporar consideraciones adicionales que
ameriten un pronunciamiento constitucional autónomo.

Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala determinar si, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró el derecho fundamental al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia del accionante al
expedir el Auto de 26 de noviembre de 2025 dentro del proceso de reparación
directa No. 11001-33-43-062-2025-00230-01, presuntamente por haber incurrido en
un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.

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Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

23. La acción de tutela satisface los requisitos generales de procedibilidad, toda
vez que (1) la controversia goza de relevancia constitucional, comoquiera que el
debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, no se trata
de una discusión de raigambre eminentemente legal ni una reiteración de los
argumentos planteados en el trámite ordinario y, en todo caso, el reparo (defecto
procedimental absoluto) fue dirigido concretamente contra la decisión que resolvió
el recurso de apelación dentro del proceso de reparación directa; (2) se encuentra
satisfecha la legitimación en la causa por activa y por pasiva, debido a que, por un
lado, la parte actora tenía la calidad de demandante en el trámite y, por el otro, la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
profirió la decisión que se cuestiona; (3) se encuentra acreditada la exigencia de
subsidiariedad, comoquiera que se agotaron todos los mecanismos judiciales que
tenía para procurar la defensa de sus derechos; (4) la acción de tutela se presentó
el 17 de junio de 2026, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación
del Auto de 26 noviembre de 20253 ; (5) se identificaron razonablemente los hechos
y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos
fundamentales; y (6) la tutela no se interpone contra una providencia de igual
naturaleza.

24. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se estudiará el fondo de
la controversia.

Análisis de vulneración alegada: estudio de defecto

25. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a
continuación:

26. La parte actora sostuvo que las autoridades judiciales incurrieron en un
defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto al rechazar la demanda
de reparación directa, pese a que, en su criterio, los contratos de mandato allegados
con el escrito de la demanda contenían una cláusula expresa de apoderamiento
suficiente para acreditar la representación judicial, de manera que la exigencia de
aportar poderes independientes constituyó una formalidad innecesaria que
restringió injustificadamente su derecho de acceso a la administración de justicia.

27. En efecto, de la lectura de la providencia cuestionada se advierte que la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
confirmó el rechazó de la demanda por una exigencia meramente formal o carente
de sustento jurídico, sino como consecuencia de una interpretación razonada de las
normas que regulan la acreditación de la representación judicial. En desarrollo de
dicha interpretación, la autoridad judicial consideró que el artículo 74 del CGP, el
artículo 159 del CPACA y el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022 distinguen entre el

3 Notificación por estado con fecha de 16 de diciembre de 2025.

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contrato de mandato y el acto de apoderamiento, y exigen que la representación
judicial se acredite mediante el correspondiente poder otorgado en los términos
previstos por el ordenamiento jurídico.

28. Ahora bien, contrario a lo afirmado por la parte actora, el Tribunal no
sustentó su decisión en la sola denominación del documento aportado. Por el
contrario, examinó de manera expresa su contenido y, particularmente, la cláusula
quinta denominada «facultad expresa de apoderamiento», con el propósito de
establecer si esta reunía los elementos necesarios para operar como un verdadero
poder judicial.

29. Como resultado de dicho análisis, el Tribunal advirtió que la cláusula quinta
confería al mandatario facultades generales para otorgar poderes y decidir sobre
las actuaciones jurídicas que estimara pertinentes para el cumplimiento del contrato.
En razón a ello, concluyó que no contenía un acto de apoderamiento específico para
promover la demanda de reparación directa objeto del proceso, sino una
autorización amplia para el desarrollo de las gestiones encomendadas. Asimismo,
señaló que el documento no identificaba la autoridad judicial ante la cual debía
ejercerse la representación, no individualizaba el proceso para el cual se conferían
las facultades de representación ni delimitaba de manera concreta el asunto
respecto del cual estas habrían de ejercerse, aspectos que, a su juicio, impedían
entender acreditado el derecho de postulación en los términos exigidos por la
normatividad vigente.

30. Tales consideraciones no evidencian una actuación arbitraria o caprichosa
por parte de las autoridades accionadas. Por el contrario, corresponden al ejercicio
de la función interpretativa propia del juez natural respecto del alcance de las
normas procesales que regulan la representación judicial, materia frente a la cual la
acción de tutela no constituye una instancia adicional para sustituir el criterio jurídico
adoptado por los jueces competentes, siempre que este resulte razonable y se
encuentre debidamente motivado.

31. Aunado a lo anterior, la Sala considera necesario precisar que el contrato
de mandato y el poder judicial, aunque pueden encontrarse vinculados entre sí,
cumplen funciones jurídicas diferentes. El primero constituye un negocio jurídico de
naturaleza privada mediante el cual se regulan las relaciones internas entre
mandante y mandatario, razón por la cual sus efectos se proyectan, en principio,
únicamente entre quienes intervienen en su celebración. El acto de apoderamiento,
por el contrario, tiene como finalidad exteriorizar frente a terceros y, particularmente,
frente a la autoridad judicial, la voluntad del poderdante de conferir representación
para actuar dentro de un proceso determinado. Por esa razón, el poder produce
efectos frente a terceros y permite al juez verificar la existencia, autenticidad y
alcance de las facultades conferidas al apoderado, mientras que el contrato de
mandato, por sí solo, no cumple esa finalidad de oponibilidad frente a la jurisdicción.
En ese contexto, resultaba razonable que las autoridades judiciales exigieran un
poder mediante el cual se acreditara de manera expresa la representación para
actuar dentro del proceso de reparación directa.

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32. En consecuencia, resulta razonable que las autoridades judiciales hubieran
considerado insuficiente el contrato allegado por la parte demandante para acreditar
la representación judicial, pues dicha conclusión obedeció a la interpretación de las
disposiciones procesales que regulan el derecho de postulación y a la necesidad de
constatar que la representación judicial hubiera sido debidamente acreditada.

33. En relación con los precedentes invocados por la parte actora, esta sostuvo
que las providencias cuestionadas desconocieron los criterios fijados por las
Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado en las sentencias de tutela
proferidas el 26 de septiembre de 2017 y el 5 de octubre de 2023, respectivamente,
en las cuales, según afirmó, se concedió el amparo de los derechos fundamentales
en supuestos fácticos similares.

34. Al respecto, la Sala observa que las decisiones invocadas corresponden al
ejercicio de la función constitucional propia del juez de tutela y, por consiguiente,
sus efectos se circunscriben, en principio, a las partes que intervinieron en cada uno
de esos procesos. En esa medida, dichas providencias resolvieron controversias
constitucionales concretas a partir de las circunstancias fácticas y procesales
propias de cada expediente, razón por la cual no implicaba que las autoridades
judiciales debieran resolver el presente asunto en el mismo sentido.

35. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el defecto
alegado en esta oportunidad exige verificar si la interpretación realizada por las
autoridades judiciales fue manifiestamente irrazonable o arbitraria, y no
simplemente establecer si existían otras decisiones judiciales que hubieran
adoptado una solución distinta frente a supuestos fácticos que la parte actora estima
similares. La circunstancia de que en determinadas acciones de tutela se hubiera
concedido el amparo no desvirtúa, por sí sola, la razonabilidad de la interpretación
jurídica acogida en las providencias aquí cuestionadas, particularmente cuando
estas contienen una motivación suficiente y desarrollan de manera expresa las
razones por las cuales estimaron que el contrato de mandato aportado no satisfacía
las exigencias previstas para acreditar la representación judicial.

36. Así las cosas, la Sala concluye que la parte actora no logró demostrar que
el Tribunal hubiera impuesto una carga procesal imposible, desproporcionada o
carente de fundamento legal, ni que hubiera sacrificado la prevalencia del derecho
sustancial por la exigencia de una formalidad que resultara injustificada frente a las
particularidades del caso. Por el contrario, la providencia cuestionada evidencia un
análisis motivado del contenido de los documentos aportados y de las normas que
regulan el derecho de postulación, lo que impide tener por configurado el defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto alegado y conduce a negar el
amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04648-00
Demandantes: Carlos Julio Martínez Alvarado y otros

III. FALLA

PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo de la acción de tutela presentada por
Carlos Julio Martínez Alvarado, Luis Manuel Romero Castro, Hernando López Díaz,
Francisco Hernán Barbosa Campos, José Melquisedec Daza Acosta, Gustavo de
Jesús Rojas Jaramillo, Ezequiel Rojas Garavito, Rogelio Guevara Villamil, Nereo
Antonio Montes Ibarra, Elmer Díaz Ramírez, José Ángel Ariza Álvarez, Edwin
Giovanny Trujillo Leyton, Mario Antonio Morales Ramírez, Gilberto Rojas Ramos,
José Francisco Hernández Hernández, Teófilo Sarmiento Bernate, Francisco
Gómez Montero, José Aníbal Trujillo, Rafael Segundo Segrera Mendoza, Rubén
Darío Ramírez López, Luis Emiro Díaz Guzmán, Carlos Enrique Olaya Bernate,
Jersain López Moreno, Jesús María Cárdenas Yate, José Julio Díaz Sánchez,
Álvaro Gutiérrez Cortés, Wilberto García Álvarez, José Joaquín Rodríguez, Otto
Fernando Serna López, Hugo Alfonso Gaspar Moreno, Edgar Espinosa Prado, José
Over Rojas Gómez, Adalberto Alcides Amaya Navarro, Alfredo Moreno Ortiz, Julio
Ernesto Buitrago Leal, Miguel Ángel Medellín Pardo, María Aidée Álvarez de
Collazos, Olga Isabel Guavita Martínez, Blanca Cecilia González de Amaya, Águeda
Garzón de Hincapié, María Zoila Cantor, María Flora Graciela Lugo de Rey, Ana
Beatriz Acevedo de Villalba, Elizabeth Polanco Albadán, Marina Bernate de Reyes,
Luz Doris Guerrero Sánchez, Soledad Rojas, Nelly Eunice Urquijo de Bazurto, Ana
Lucía Mendoza Trujillo, Nasly del Socorro Arteaga Arteaga, Melba Alicia Garzón de
Aragón, Dora Arciniegas de Rodríguez, Luz Marina Carvajal Díaz, María Elizabeth
Barrera Muñoz, Carmen García, Lorenza Sarmiento Bernate, Blanca Inés
Ballesteros Rojas, Berenice Ávila, María Teresa Gómez Ávila, Gilma Gómez de
Martínez, Nancy Aragón Herrera, Martha Cecilia Aragón de Páramo, Elicinia Aguirre
de Gómez, Elsa Salgar Cruz, Leonor Enciso de Jovel, Astrid Cecilia Romero
Morales, Astrid Consuelo Hoyos Real, María Eugenia González Vásquez, María
Egrefina Bolívar Ruiz, Luz Marina Martínez de López, Melva Consuelo Barbón de
González, Rosa Susana Beltrán Acosta, Myriam Triana Luna, Sara Stella Novoa
Quevedo, Hilda Leonor Rodríguez de García, Bertha Fabiola Rodríguez de Devia,
Faustina Macías Cubillos, Carmen Efigenia Pérez Pinzón, Lucero del Pilar Ruiz
Trujillo, Nubia Stella Aya Poveda, Clara Emilia Calderón Perilla, Argenis León Bello,
Yudy Cadena de López, Rosibel Lozada Rodríguez, Luz Marina Rodríguez, Nohora
Paulita Medellín Pardo, Martha Estela Gómez Olivero, Hercilia Sánchez de Puentes,
María Eugenia Aragón Sánchez, María Azucena Miranda Tami, Mary Deisy Barbery
Leal, Fanny Laguna Ospina, María Balbina Parra Serrano, Nury Bernate Lozano,
Hilda María Castillo Ortiz, Emilce Martínez García, Gloria Zabala Tapiero, Ernestina
Vargas Villanueva, Ana María Castillo Labrador, María Jacqueline Artunduaga
Rivera, Sandra Arango Agudelo, Elsa Judit García Ladino, María Gloria Ladino de
Rozo, Ana Leonor Cubillos de Espitia, Stella Barbosa de Rojas, María Evelyn Forero
Ramírez, Limbania López Mesa, Julia Berenice Elizabeth Medellín de Buitrago,
Martha Eugenia Collazos Mejía, Martha Patricia Parra Hernández, Clara Yolanda
Gaitán Hurtado, Alma Yadira Morales Romero, y Mily Inés Triana Mozo.

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Demandantes: Carlos Julio Martínez Alvarado y otros

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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