RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2025-00430-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00430-01

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00430-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 17 de junio de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2025-00430-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

11 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00430-01
Accionante: Fanny Pérez Martínez y otros1
Accionado: Procuraduría 147 Judicial II Para Asuntos Administrativos de
Bogotá D.C.
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA– Contra actuaciones surtidas dentro de un trámite de
conciliación extrajudicial / MODIFICAR PARA DECLARAR IMPROCEDENCIA – Falta
de legitimación en la causa por activa. Los poderes allegados no satisfacen el
presupuesto de especificidad / IMPROCEDENCIA – El debate planteado no versa
sobre la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 17 de junio de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negó el amparo
reclamado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 29 de mayo de 2025, el señor Osman Hipólito Roa Sarmiento, quien manifestó
actuar como apoderado judicial de la señora Fanny Pérez Martínez y otras 112
personas, promovió acción de tutela contra la Procuraduría 147 Judicial II Para
Asuntos Administrativos de Bogotá D.C., con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia2.

2.
Consideró que estos fueron vulnerados por la autoridad accionada, al proferir los
autos del 23 de abril y 9 de mayo de 2025, en el trámite de conciliación prejudicial que
promovieron, como requisito de procedibilidad para interponer demanda de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de Educación (MEN) y la Secretaría de Educación
de Cundinamarca, para que se les declarara responsables por el daño antijurídico
causado a los convocantes, con motivo de la omisión administrativa en adelantar el
trámite administrativo para reconocerles el aumento salarial del 20% por antigüedad,
establecido en la Ordenanza 13 de 1947.

1 112 personas. Son los mismos quienes integran la parte convocante en la solicitud de conciliación extrajudicial,

objeto de tutela.
2 También invocó el principio de prevalencia del derecho sustancial.

1

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00430-01
Accionante: Fanny Pérez Martínez y otros
Accionado: Procuraduría 147 Judicial II Para Asuntos Administrativos de Bogotá D.C.

3.
En el primero de dichos autos la Procuraduría declaró3 que el asunto puesto a su
consideración no era susceptible de conciliación, por tratarse de una controversia
laboral. Lo anterior fue confirmado en la decisión del 9 de mayo de 2025, en la que
además se declaró agotado el requisito de conciliación extrajudicial, quedando
habilitada la parte actora para acudir a la jurisdicción.

4.
En el escrito de tutela se señala que la accionada incurrió en:

5.
Defecto sustantivo, porque desconoció el término previsto en el artículo 104 de la
Ley 2220 de 2022 para indicar si el asunto era conciliable o no. Según esta norma, el
agente del Ministerio Público únicamente puede adoptar esa decisión dentro de los 10
días siguientes a la presentación de la solicitud. En el caso concreto, inicialmente, en
decisión del 31 de marzo de 2025 se indicó que la solicitud de conciliación debía
subsanarse, y luego de presentarse la respectiva subsanación, con argumentos
nuevos, declaró que el asunto no era conciliable.

6.
Además, consideró que este yerro judicial se configuró por el análisis erróneo sobre
el objeto del asunto. Reiteró que se buscaba presentar demanda de reparación directa
por una omisión administrativa, lo que evidenciaba que la controversia no recaía
directamente sobre el pago de derechos laborales. Sumado a que, lo pretendido no
se encuentra enlistado en los asuntos no conciliables del artículo 90 de la Ley 2220
de 2022.

7.
Defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, porque exigió
poderes adicionales, a pesar de que con la solicitud de conciliación prejudicial fueron
allegados los contratos de mandato suscritos con cada uno de los convocantes, en
cuya cláusula quinta consta que el apoderado cuenta con facultades para adelantar
todo tipo de actuaciones judiciales y extrajudiciales en procura de la defensa de sus
derechos. Refirió que en las sentencias del 26 de septiembre de 2017 y 5 de octubre
de 20234, el Consejo de Estado amparó los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, por no haberse tenido como acreditado el otorgamiento de
poder, al allegarse contratos de mandato idénticos a los presentados ante la
Procuraduría demandada.

B. Sentencia de primera instancia

8.
Mediante sentencia de 17 de junio de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el amparo constitucional
reclamado. Estimó que no se acreditó vulneración alguna a los derechos
fundamentales invocados, pues el trámite de conciliación prejudicial se adelantó

3 Consideró que si bien se subsanó la solicitud, de acuerdo a lo señalado previamente (falta de estimación
razonada de la cuantía e inexistencia de poder especial), y ello daría lugar a declarar su desistimiento tácito,
resultaba necesario señalar que el asunto no era conciliable.
4 Radicados 11001-03-15-000-2017-00923-01 y 76001-23-33-000-2023-00577-01, respectivamente.

2

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00430-01
Accionante: Fanny Pérez Martínez y otros
Accionado: Procuraduría 147 Judicial II Para Asuntos Administrativos de Bogotá D.C.

surtiendo todas las etapas correspondientes e incluso los accionantes pudieron
recurrir la decisión de la accionada.

9.
Asimismo, precisó que lo que se exige al Procurador en este tipo de trámites es
que, mediante la expedición de una constancia, dé fe de un hecho jurídicamente
relevante, que en este caso era la no procedencia de la conciliación dada la naturaleza
del asunto. En ese sentido, cumplió su función y con ello habilitó a los interesados a
acudir directamente a la jurisdicción para ventilar sus pretensiones.

10.
Igualmente, puso de presente que en la Ley 2220 de 2022 y el artículo 161 del
CPACA con la modificación de la Ley 2080 de 2021, se determinó que la conciliación
prejudicial es facultativa en asuntos laborales y pensionales.

C. La impugnación

11.
La parte actora indicó que el estudio de la alegada vulneración de derechos no
implicaba verificar solamente si el trámite de conciliación prejudicial se surtió
respetando todas sus etapas o si se dio la oportunidad de interponer recursos.
Consideró que no analizaron de fondo las razones expuestas en el escrito de tutela
para justificar que el asunto puesto en conocimiento de la Procuraduría accionada era
conciliable, y por ende, al estar acreditado que se subsanó en debida forma la solicitud
conciliatoria, era procedente admitirla y darle el trámite respectivo.

12.
A su vez, arguyó que en primera instancia se omitió estudiar lo referente a la
presentación de los contratos de mandato y la improcedencia de pedir un poder
especial para el trámite de la conciliación prejudicial, acorde a la jurisprudencia de
esta Corporación. Pidió un pronunciamiento de fondo sobre estos argumentos.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

13.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su
contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19915.

F. Análisis del caso concreto

14.
La Sala advierte que la solicitud de amparo no supera el presupuesto de
procedibilidad de legitimación en la causa por activa.

15.
Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona puede acudir
a la acción de tutela, bien sea -por sí misma o a través de un representante, para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que

5 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

3

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00430-01
Accionante: Fanny Pérez Martínez y otros
Accionado: Procuraduría 147 Judicial II Para Asuntos Administrativos de Bogotá D.C.

estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública y, excepcionalmente de los particulares. Mandato constitucional que
se consagró en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

16.
De acuerdo con el Decreto 2591 de 1991, los titulares de la acción de tutela podrán
solicitar el amparo constitucional (i) bien sea en forma directa, (ii) por intermedio de
un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos
y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado con poder
judicial), (iv) así como a través de agente oficioso (cuando el titular del derecho no
esté en condiciones de promover su propia defensa). De igual manera, según se
dispone en la ley, se encuentran legitimados para ejercer esta acción, (v) tanto el
Defensor del Pueblo como (vi) los personeros municipales (facultados para intervenir
en representación de terceras personas, siempre que el titular de los derechos haya
autorizado)6.

17.
En cuanto al ejercicio de la acción de tutela por medio de la figura del
apoderamiento judicial, la jurisprudencia constitucional ha señalado que se habilita
siempre que: (i) el acto jurídico formal se concrete en un escrito que se denomina
poder; (ii) el referido poder sea especial, es decir, que haya sido otorgado por una
sola vez y con un objeto específico, de tal manera que “aquel que sea conferido para
la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se
entiende otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le
den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial”7; y (iii) el destinatario del
acto de apoderamiento sea un profesional del derecho habilitado con tarjeta
profesional8.

18.
La Corte Constitucional también ha precisado que el poder otorgado para presentar
una acción de tutela, además de ser especial, debe ser específico. Así, el
apoderamiento judicial debe contener de forma clara y expresa los siguientes
elementos: (i) los nombres y datos de identificación del poderdante y su apoderado;
(ii) la autoridad pública o el particular contra la cual se va dirigir la acción de tutela;
(iii) el acto o documento que motiva la solicitud de amparo, y (iv) los derechos
fundamentales cuya protección se busca reclamar.

19.
De manera que, en este tipo de asuntos, el contenido del acto de apoderamiento
es el que permite al juez constitucional verificar el cumplimiento del presupuesto de
procedibilidad atinente a la legitimación en la causa por activa.

6 La propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la acción de

tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento estriba
precisamente en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales,
también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad,
dentro de los cuales se encuentra el atinente a la debida acreditación de la legitimación por activa -o la titularidad-
para promover el recurso de amparo constitucional. Cfr. Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de
2008 de la Corte Constitucional.
7 Sentencia T-1025 de 2006, reiterada en la sentencia T-194 de 2012.
8 Estos requisitos también fueron reiterados en la sentencia T-024 de 2019.

4

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00430-01
Accionante: Fanny Pérez Martínez y otros
Accionado: Procuraduría 147 Judicial II Para Asuntos Administrativos de Bogotá D.C.

20.
En suma, cuando la acción de tutela se promueve a través de apoderado judicial,
además de acreditar que se encuentra habilitado para ejercer la profesión, el abogado
debe aportar el poder especial que lo faculta para actuar.

21.
En el sub lite se tiene que el abogado Osman Hipólito Roa Sarmiento presentó la
demanda de tutela manifestando actuar como apoderado judicial de las 113 personas
que conformaron la parte convocante en el trámite de conciliación prejudicial en el que
se adelantaron las actuaciones objeto de censura constitucional. Para tal efecto aportó
por cada persona sendos contratos de mandato, los cuales fueron conferidos 19, 23,
25, 26, 27, 29, 30 y 31 de julio y 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20 y 21 de
agosto de 2024.

22.
En dichos documentos se indicó que la sociedad Roa Sarmiento Abogados S.A.S.,
representada por el aludido abogado, celebraba con cada una de las anteriores
personas, “contrato de MANDATO para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES”, que se regía, entre otras, por las siguientes cláusulas:

<<PRIMERA: OBJETO: El MANDATARIO se obliga con el MANDANTE a la
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS, para iniciar,
adelantar y/o continuar con las acciones necesarias por los derechos que se deriven
del reconocimiento o no de las denominadas PRIMAS TERRITORIALES,
EXTRAORDINARIAS Y/O EXTRALEGALES DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA Y/O MUNICIPIO DE CHÍA Y/O MUNICIPIO DE FACATATIVA
Y/O MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y/O MUNICIPIO DE GIRARDOT Y/O
MUNICIPIO DE MOSQUERA Y/O MUNICIPIO DE SOACHA Y/O MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRÁ Y/O CUALQUIER ENTE TERRITORIAL CERTIFICADO al cual el
MANDANTE tenga derechos para reclamar de acuerdo con el cumplimiento de los
requisitos para hacerlo y/o soportes documentales a que haya lugar, que determinará
el MANDATARIO a favor del MANDANTE, sin que por esto el MANDATARIO
garantice el éxito del mandato. (…) QUINTA: FACULTADES DEL MANDATARIO:
(…) d) Con este documento, el MANDANTE faculta al MANDATARIO, de manera
expresa y especial para presentar ACCIONES DE TUTELA, por la vulneración de los
derechos fundamentales del MANDANTE y/o confiera poder o sustituya al
profesional del derecho que este considere idóneo para hacerlo. (…)>>

23.
De cara a la inadmisión de la tutela el señor Roa Sarmiento puso de presente la
citada cláusula quinta y, con fundamento en ella, concedió poder especial a la
abogada Ángela Patricia Rodríguez Villareal, para continuar con el trámite.

24.
Si bien el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá -que conoció inicialmente
del asunto- admitió la tutela, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -que recibió
el caso por competencia- no se pronunció sobre el particular, la Sala estima que ni la
sociedad Roa Sarmiento Abogados S.A.S. ni la abogada Rodríguez Villareal estaban
legitimados para promover la presente acción constitucional a nombre de los
accionantes.

25.
Para esta Subsección los mandatos aportados no cumplen los presupuestos que
habilitan el apoderamiento judicial en materia de tutela, pues no atienden el principio

5

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00430-01
Accionante: Fanny Pérez Martínez y otros
Accionado: Procuraduría 147 Judicial II Para Asuntos Administrativos de Bogotá D.C.

de especificidad. Los documentos se limitan a otorgar la facultad a una firma de
abogados, representada legalmente por el abogado Osman Hipólito Roa Sarmiento,
para que en nombre de la persona que lo suscribe adelante las acciones necesarias
para obtener el pago de la prima territorial legal o extralegal a que tuviera derecho.
Entre dichas actuaciones, la presentación de tutelas con el fin de proteger las
garantías superiores del mandante.

26.
Con base en el contenido de dichos documentos se tiene que estos no son
específicos. No se otorgaron para un objeto concreto. Por el contrario, se advierte que
son los mismos mandatos que el abogado Osman Hipólito Roa Sarmiento presentó
junto con la solicitud de conciliación, es decir, fueron conferidos antes de que se
calificara el asunto como no conciliable por parte de la accionada.

27.
Lo anterior, impidió que se cumplieran los presupuestos de especificidad, en la
medida en que no se indicó la autoridad contra la que iba dirigida la acción de tutela
ni las actuaciones y/p providencias objeto de reproche, ni la referencia del proceso en
el que fueron proferidas ni los derechos fundamentales cuya salvaguarda se
pretendía.

28.
Ciertamente, la facultad otorgada en dicho acto es tan amplia que permite que el
profesional del derecho pueda promover diferentes acciones de tutela con objetos
distintos en nombre y representación de sus mandantes, en un claro desconocimiento
del principio de especificidad que rige en los procesos de tutela.

29.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que este mecanismo
constitucional “no admite que se pueda asumir de manera indeterminada o ilimitada
la representación de otro, ni la informalidad que caracteriza a la acción de tutela se
opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos de procedibilidad”9.

30.
En ese sentido, si bien es cierto que la informalidad es una de las notas
características de la acción de tutela, cuyo fundamento estriba precisamente en la
aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas
procesales, también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos
requisitos mínimos de procedencia, que surgen de su naturaleza jurídica y de los
elementos especiales que la componen.

31.
En consonancia con lo anterior, la exigencia de especificidad no resulta
desproporcionada ni caprichosa, sino que, por el contrario, es razonable a la luz del
marco normativo y jurisprudencial que ha fijado una serie de requisitos para habilitar
el apoderamiento judicial en los procesos de tutela. Sin mencionar, que un abogado
que pretenda representar a otra persona en un proceso judicial debe tener claro el
alcance de las facultades concedidas y, en igual sentido, está obligado a acreditar la
especificidad de su encargo profesional, pues justamente se trata de un poder
especial. Admitir la omisión en su delimitación, implica considerar el mismo como un

9 Sentencia T-417 de 2013.

6

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00430-01
Accionante: Fanny Pérez Martínez y otros
Accionado: Procuraduría 147 Judicial II Para Asuntos Administrativos de Bogotá D.C.

poder general y, consecuentemente, exigir los requisitos que para el mismo dispone
la ley, como que su otorgamiento se haga por escritura pública10.

32.
Adicionalmente, la Sala considera que el poder especial otorgado por el señor
Osman Roa como representante de Roa Sarmiento Abogados S.A.S. a la abogada
Ángela Patricia Rodríguez Villareal, presentado para subsanar la falta de presentación
de los poderes específicos, carece de validez y efectos jurídicos, dado que, la referida
sociedad no acreditó contar con un poder general, suscrito con las solemnidades de
ley que así lo facultara.

33.
Si bien es cierto que en la cláusula 5° de los contratos de mandato, consta que
cada uno de los interesados otorgó facultades para que la firma Roa Sarmiento
Abogados S.A.S. adelantara todas las actuaciones y acciones judiciales y/o
extrajudiciales a fin de obtener el reconocimiento y pago de las primas territoriales
extraordinarias, incluyendo la designación de otros apoderados, lo cierto es que,
según lo dispuesto en el artículo 74 del CGP, el legislador dispuso que todo poder
general debía constar por escritura pública.

34.
Esto, porque a través de un poder general se faculta al apoderado para realizar una
gran cantidad de actos en nombre del poderdante y la solemnidad exigida, garantiza
la autenticidad del mandato, protege los intereses de quien lo otorga y de terceros, y
dota de certeza jurídica sobre el alcance de las facultades conferidas.

35.
Ahora, sin perjuicio de todo lo anterior, y aunque el Tribunal no haya advertido esta
situación y adelantara un estudio de fondo, la Subsección no encuentra que el análisis
realizado en la sentencia de primera instancia sea inadecuado, pues se coincide con
el a quo en que la situación cuestionada en la tutela no tiene una incidencia en la
garantía de los derechos reclamados.

36.
La parte actora no expuso cómo las actuaciones que controvierte, vulneraron sus
garantías al debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Se limitó a
enunciar su desacuerdo con la interpretación que hizo la Procuraduría y su calificación
del asunto como no conciliable, obviando señalar -en clave de derechos
fundamentales- las consecuencias adversas que debe soportar, derivadas de dicha
decisión.

37.
En este punto, se advierte que en los autos del 23 de abril y 9 de mayo de 2025, la
Procuraduría accionada dio por terminado el trámite de conciliación prejudicial y
expresamente dispuso que con ello, la parte solicitante estaba facultada para acudir
directamente a la jurisdicción y debatir allí, entre otras cosas, la naturaleza de lo
pretendido y el medio de control procedente. De manera que no se advierte un
compromiso al derecho de acceso a la administración de justicia. Expresamente
indicó:

10 Código General del Proceso, Artículo 74.

7

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00430-01
Accionante: Fanny Pérez Martínez y otros
Accionado: Procuraduría 147 Judicial II Para Asuntos Administrativos de Bogotá D.C.

“Que sin perjuicio de las consideraciones que preceden, no obstante el carácter
concluyente de la decisión adoptada por esta Agencia del Ministerio Público de frente a la
actuación conciliatoria extrajudicial solicitada, en ejercicio de la atribución estatuida en el
artículo 104 de la Ley 2220 de 2022, la presente determinación no hace tránsito a cosa
juzgada ni vulnera en manera alguna el acceso a la actuación conciliatoria ni a la tutela
jurisdiccional; contrario a ello, este pronunciamiento se expide en garantía del derecho a
la efectiva tutela jurisdiccional que le asiste a los convocantes, quienes con la
expedición de la respectiva Constancia quedarán inmediatamente habilitados para
acudir sin mayor dilación ante la Jurisdicción, escenario que también consagra una
oportunidad procedimental para intentar una conciliación sobre los tópicos descritos, en el
contexto de la acción judicial que estime pertinente en defensa de sus intereses”.

38.
En ese orden de ideas, se modificará la sentencia impugnada, para declarar la
improcedencia del trámite constitucional.

39.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 17 de junio de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
para en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

11 VF

8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.