Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2025-00380-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2025-00380-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-15-000-2025-00380-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
25 de julio de 2025
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00380-01
Demandante: Heraldo Antonio Rodríguez Moreno
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 25001-23-15-000-2025-00380-01
Demandante: HERALDO ANTONIO RODRÍGUEZ MORENO Y OTROS
Demandado: PROCURADURÍA 127 JUDICIAL II PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – La
interposición de la acción de tutela a través de apoderado judicial exige que se aporte poder
especial. Los contratos de mandato aportados no cumplen el requisito de especificidad.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 6 de junio de 2025, mediante la cual la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió al amparo reclamado.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 23 de mayo de 2025, el abogado Osman Hipólito Roa Sarmiento, actuando
en calidad de apoderado de los señores Heraldo Antonio Rodríguez Moreno, Narda
Doriela Martínez Herrera, Guillermina Segura, María Elvia Torres de Cubillos, Carlos
Arturo Méndez Silva y Luz Stella Escobar Rodríguez interpusieron acción de tutela
contra la Procuraduría 127 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá, para
que se protejan sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia. Formularon las siguientes pretensiones (se transcriben):
1.- Tutelar los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1o., fines
sociales del Estado; 29, debido proceso: 86, protección de los principios y
derechos constitucionales; 228 acceso a la administración de justicia,
prevalencia del derecho sustancial y 230 amparar el sometimiento a la ley
contenidos en la Carta Política; vulnerados en el trámite de conciliación
prejudicial por la PROCURADURIA 127 JUDICIAL II PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE BOGOTA D.C. Dr. FRANKY URREGO ORTIZ, al
emitir el Auto de fecha 24 de Abril de 2025, notificado el 28 de Abril del 2025,
que resolvió́ RECHAZAR el recurso interpuesto contra el auto inadmisorio de
la petición de convocatoria, tener por desistida y no presentada la solicitud
de conciliación de la referencia, y la providencia de fecha 08 de Mayo del
2025, mediante la cual, se RECHAZÓ el recurso de reposición interpuesto
contra el Auto de 24 de abril de 2025 y, en consecuencia, lo confirmó en su
integridad, al interior del proceso de conciliación con radicado No. E-2025-
138686 del 21 de Marzo del 2025.
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2.- Como consecuencia de los derechos tutelados, SE ORDENE a la
PROCURADURIA 127 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
DE BOGOTA D.C. Dr. FRANKY URREGO ORTIZ, para que se valoren
conforme a la Constitución y la ley los argumentos expresados en el
escrito de subsanación de conciliación prejudicial y posterior recurso de
reposición, y en consecuencia, se decida sobre la admisibilidad de la
solicitud de conciliación con radicado No. E-2025-138686 del 21 de Marzo
del 2025, respecto de la totalidad de los convocantes por la procedencia
de la acumulación subjetiva de pretensiones, NO se exija poderes
adicionales a los contratos de mandato aportados, y se sirva fijar fecha y
hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación a fin de que se emita
la certificación de haberse agotado en debida forma el requisito de
procedibilidad respecto a mis representados, al interior del proceso de
conciliación con radicado No. E-2025-138686 del 21 de Marzo del 2025, para
acudir a instancias judiciales, en razón a que debe darse pleno cumplimiento a
los principios constitucionales y legales del DEBIDO PROCESO Y LA
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE GARANTÍA A LA APLICACIÓN DE
LA LEY, LA IGUALDAD ANTE LA LEY, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, consagrados
en la Constitución Política Nacional, que han sido vulnerados por el ente
accionado.
2. Como fundamento, expusieron que el 19 de marzo de 2023 radicaron solicitud
de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, en la que
solicitaron convocar a la Nación, Ministerio de Educación, al departamento de
Cundinamarca y al municipio de Fusagasugá, para ventilar controversias individuales
relacionadas con acreencias laborales del sector educativo.
3. La Procuraduría 127 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá, en
auto de 7 de abril de 2025, inadmitió la solicitud y precisó que contra esa decisión no
procedía ningún recurso. Como fundamento, señaló que no era viable presentar
solicitudes de conciliación colectivas relacionadas con conflictos particulares y
disímiles entre sí, dado que no se trataba de «una misma actuación» y, por lo mismo,
tampoco procedía la acumulación en un solo radicado.
4. Agregó que tendría como único integrante de la parte convocante al señor
Heraldo Antonio Rodríguez Moreno y excluiría a los señores Narda Doriela Martínez
Herrera, Guillermina Segura, María Elvia Torres de Cubillos, Carlos Arturo Méndez
Silva y Luz Stella Escobar Rodríguez, con la aclaración de que esas personas podían
radicar «solicitudes particulares con sus respectivas pruebas».
5. Indicó, además, que la solicitud de conciliación del señor Heraldo Antonio
Rodríguez Moreno debía cumplir con los requisitos del artículo 101 del Estatuto de
Conciliación: designación de las partes, fundamentos de hecho, pretensiones,
estimación razonada de la cuantía y poder para actuar.
6. Por último, informó que no era viable acceder al requerimiento solicitado por
la parte convocante, para que las entidades públicas involucradas realizaran la
liquidación y las validaciones para el saneamiento de deudas laborales del sector
educativo.
7. Con base en lo anterior, dispuso:
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PRIMERO.- ORDENAR la corrección de la solicitud de conciliación presentada
por el señor HERALDO ANTONIO RODRÍGUEZ MORENO, el 21 de marzo de
2025, de conformidad con lo dispuesto en las consideraciones 2 y 3 de este
auto, a quien se tendrá́ como único integrante de la parte convocante.
En consecuencia, en observancia del debido proceso administrativo de las
partes (art. 29 Superior) el apoderado deberá́ presentar un solo texto en el que
el único convocante sea la HERALDO ANTONIO RODRÍGUEZ MORENO y
adjuntar las pruebas y demás anexos en este caso.
SEGUNDO.- EXCLUIR de la integración de la parte convocante por las razones
expuestas en esta providencia a las siguientes personas:
2. NARDA DORIELA MARTÍNEZ HERRERA
3. GUILLERMINA SEGURA VDA. DE ARDILA
4. MARÍA ELVIA TORRES DE CUBILLOS
5. CARLOS ARTURO MÉNDEZ SILVA
6. LUZ STELLA ESCOBAR RODRÍGUEZ
En este sentido, el apoderado de las 5 personas relacionadas podrá́ presentar
sendas peticiones individuales de conciliación a través del canal digital
dispuesto por la Procuraduría General de la Nación para que dichas 19
solicitudes particulares con sus respectivas pruebas sean sometidas a nuevo
reparto.
TERCERO.- El escrito de corrección y sus anexos, con la constancia de
haberse radicado en la parte convocada a través de los buzones:
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co,
notificaciones@cundinamarca.gov.co, notificacionesjudiciales@fusagasuga-
cundinamarca.gov.co y en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
debe remitirse al buzón de correo procjudadm127@procuraduria.gov.co,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta
providencia, so pena de que se entienda desistida y se tenga por no presentada
la petición. Lo anterior, en aplicación de lo establecido en el artículo 102 del
Estatuto de Conciliación.
CUARTO.- NEGAR la “petición especial” formulada por la parte convocante.
QUINTO.- NOTIFICAR la presente decisión a ROA SARMIENTO ABOGADOS
S.A.S., a través de los buzones: notificaciones@roasarmiento.com.co,
osman@roasarmiento.com.co y elprofe28.4@gmail.com
SEXTO.- Contra la presente decisión no proceden recursos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 102 del Estatuto de Conciliación.
8. La parte interesada presentó subsanación de la solicitud de conciliación.
Insistió en que sí era viable la acumulación subjetiva de pretensiones, por cuanto
resultaba aplicable el artículo 88 del Código General del Proceso, que habilita la
formulación de pretensiones de uno o varios convocantes contra uno o varios
convocados, en la conciliación prejudicial, aunque sea diferente el interés de unos y
otros. Como sustento, hizo alusión a dos sentencias1 del Consejo de Estado, en las
que se analizó la posibilidad de acumular pretensiones en vigencia del CPACA.
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Sentencia de 23 de octubre de 2014, proferida por la Sección Cuarta, en el proceso con radicado
11001-03-15-000-2014-01980-00 y la sentencia de 12 de febrero de 2015, proferida por la Sección
Segunda (no se especificó el radicado).
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9. Precisó que como había identidad de supuestos fácticos y jurídicos era viable
la acumulación, pues se trata de seis personas que tienen relación directa con el
servicio de la educación y pretenden el pago de los perjuicios materiales que les
fueron causados por la prima territorial que dejaron de devengar «con ocasión de la
omisión y/o no gestión en el trámite legal establecido para la liquidación de deuda,
validación, certificación y aprobación».
10. Con base en lo anterior, reiteró la designación de las partes, los fundamentos
de hecho y de derecho de la solicitud inicial y estimó razonadamente la cuantía.
Agregó que los contratos de mandato aportados eran válidos y suficientes, pues en
la cláusula primera se anotó el objeto del mandato conferido y, además, se otorgó
facultad expresa para conciliar.
11. La Procuraduría de conocimiento, en proveído de 24 de abril de 2025, rechazó
«el recurso interpuesto por la parte convocante contra el auto inadmisorio» y tuvo
por desistida y no presentada la solicitud de conciliación. Señaló que el abogado que
suscribió el memorial no cuenta con poder especial e indicó que el plazo concedido
para subsanar la solicitud de conciliación estaba dispuesto para que la parte
corrigiera los aspectos señalados por el director del trámite conciliatorio, no para
refutar las razones de la inadmisión ni para ratificar el contenido del escrito inicial.
Aseguró que el memorial de subsanación, en realidad, comporta un recurso contra
el auto admisorio, lo que daba lugar al rechazo de esa impugnación. Añadió que
como no se realizó la corrección ordenada, se aplicaría la consecuencia prevista en
el artículo 102 del Estatuto de Conciliación, que prevé la declaración de desistimiento
de la solicitud.
12. Contra esa decisión, la parte convocante interpuso recurso de reposición; sin
embargo, en auto de 8 de mayo de 2025, se rechazó el recurso, por cuanto el
profesional del derecho que lo suscribió carecía de poder especial y porque tampoco
podía entenderse que actuaba en calidad de agente oficioso, dado que no alegó esa
calidad ni informó que el señor Heraldo Antonio Rodríguez Moreno se encontrara
ausente o impedido para conferir poder, como establece el artículo 57 del CGP.
13. En la demanda de tutela, el abogado manifestó que actuaba en calidad de
apoderado judicial, conforme a la cláusula quinta de los contratos de mandato que
anexó. Expuso que la Procuraduría 127 Judicial II para Asuntos Administrativos de
Bogotá incurrió en defecto sustantivo, en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto y en violación directa a la Constitución Política, durante la actuación
prejudicial.
14. El defecto sustantivo lo hizo consistir en la interpretación errada,
«irrazonable, desproporcionada, arbitraria y caprichosa» de la Procuraduría, con la
que desconoció la viabilidad de la acumulación subjetiva de pretensiones, como
establece el artículo 88 del CGP, aplicable por remisión del artículo 87 del Estatuto
de Conciliación, a pesar de las precisiones que se hicieron en el escrito de
subsanación de la solicitud de conciliación.
15. El defecto procedimental, en su criterio, se configuró por no haberse dado
validez a los contratos de mandato aportados, en cuya cláusula quinta se incluyó la
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«facultad expresa de apoderamiento» de la sociedad Roa Sarmiento Abogados
S.A.S., la cual está representada legalmente por el abogado Osman Hipólito Roa
Sarmiento, de manera que no había lugar a exigir poderes adicionales para la
presentación de la solicitud de conciliación prejudicial, so pena de incurrir en exceso
ritual manifiesto.
Los yerros señalados, en criterio del tutelante, vulneraron los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de los Heraldo Antonio
Rodríguez Moreno, Narda Doriela Martínez Herrera, Guillermina Segura, María
Elvia Torres de Cubillos, Carlos Arturo Méndez Silva y Luz Stella Escobar
Rodríguez, «más aún, cuando con el actuar del ente accionado, no se ha realizado
audiencia de conciliación, ni se ha emitido certificación de haberse agotado el
requisito de procedibilidad para acudir a instancias judiciales».
B. Trámite impartido e intervenciones
16. Mediante auto del 28 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, admitió la solicitud de amparo y
concedió al demandado dos días para que presentara el respectivo informe,
conforme a lo establecido en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
17. El Procurador 127 Judicial II para Asuntos Administrativos solicitó que se
negara la acción de tutela. Señaló que el abogado que instauró la acción no cuenta
con interés ni legitimación para invocar la protección de los derechos fundamentales
que se pretende, pues no es ni mandatario ni apoderado especial o general de las
seis personas que dijo representar. Resaltó que las personas a las que hizo mención
la demanda no otorgaron poder especial o general para la interposición de la tutela.
En ese punto, se refirió a los argumentos expuestos en las decisiones censuradas,
en los que se analizaron los mandatos y las normas del Estatuto de Conciliación y
se concluyó la falta de la representación debida en la actuación administrativa.
18. Sostuvo que la actuación conciliatoria es reglada, no discrecional, y en el
trámite impartido se observaron la plenitud de las formas del debido proceso y el
Estatuto de Conciliación. Recalcó que no es posible tramitar solicitudes de
conciliación colectiva y tampoco se puede confundir el poder con el contrato de
mandato o aludir a la prevalencia del derecho sustancial para confundir esas figuras,
«dado que ello implica incurrir en decisiones manifiestamente contrarias a la ley».
19. De otro lado, mencionó que las decisiones que adopta el agente del Ministerio
Público son de trámite, y no tienen la naturaleza de actos definitivos, por eso el
interesado puede volver a presentar la solicitud de conciliación que cumpla con los
requisitos legales. Señaló, así, que es improcedente la protección constitucional, por
cuanto no se lesionó el derecho de acceso a la administración de justicia ni se
desconoció el principio de prevalencia de lo sustancial sobre las formalidades.
C. Sentencia de primera instancia
20. El 6 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, profirió sentencia de primera instancia, en la que amparó
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los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de los señores Heraldo Antonio Rodríguez Moreno, Guillermina Segura
viuda de Ardila, María Elvia Torres de Cubillos, Carlos Arturo Méndez Silva y Luz
Estella Escobar Rodríguez, y le ordenó a la Procuraduría 127 Judicial II para
Asuntos Administrativos de Bogotá decidir sobre la admisión de la solicitud de
conciliación extrajudicial radicada con el número E 2025-138686-1464, teniendo en
cuenta las consideraciones expuestas en esa providencia y en un plazo de días
siguientes a la notificación de la decisión.
21. Indicó que cada accionante suscribió un contrato de mandato mediante el cual
otorgó a la sociedad Roa Sarmiento Abogados S.A.S. la facultad expresa de
presentar tutelas y adelantar trámites judiciales y extrajudiciales en su nombre, por
ende, no había falta de legitimación por activa. Explicó que, según ha reconocido la
Corte Constitucional, los mandatarios pueden interponer tutelas si cuentan con
autorización expresa, lo cual se cumplió en el caso analizado.
22. Concluyó que se vulneraron los derechos al debido proceso y de acceso a la
justicia de los accionantes, ya que el ente conciliatorio exigió requisitos formales
excesivos, como poderes especiales adicionales para la conciliación, a pesar de
que los contratos de mandato ya facultaban al abogado para actuar en esos
trámites. Precisó que los contratos de mandato se suscribieron «con el fin específico
de prestar los servicios profesionales jurídicos para iniciar las acciones necesarias
para lograr el reconocimiento de las primas territoriales, extraordinarias y/o
extralegales del Departamento de Cundinamarca y/o Municipio de Chía y/o
Municipio de Facatativá entre otros municipios» y previeron la facultad expresa del
mandatario para conciliar.
23. Hizo mención a la sentencia proferida por el Consejo de Estado, en la acción
de tutela con radicado 76001-23-33-000-2023-00577-01, a través de la cual, en un
caso similar, se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de los accionantes, por cuanto se consideró
que la Procuraduría incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
al exigir un poder adicional y restringir la facultad de conciliar otorgada al profesional
del derecho, en un contrato de mandato otorgado también a la sociedad Roa
Sarmiento Abogados S.A.S. Con base en lo anterior, protegió los derechos
fundamentales invocados en la demanda, «en tanto se acreditó que el abogado
Osman Hipólito Roa Sarmiento estaba expresamente facultado para iniciar el
trámite de la conciliación extrajudicial».
24. La parte accionante solicitó que se aclarara la sentencia, en el sentido de
incluir en la decisión al señor Luis Antonio Martínez Herrera, quien no se mencionó
correctamente en la demanda.
25. En proveído de 17 de junio de 2025 se negó la solicitud de aclaración, toda
vez que no se relacionaba con algún error de la sentencia, la cual se ajustó a lo
pretendido por los demandantes que figuraban en el escrito inicial. En la misma
providencia, se concedió la impugnación presentada por la Procuraduría.
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D. Impugnación
26. La parte accionada afirmó que la decisión de primera instancia lesionó su
derecho fundamental al debido proceso, toda vez que desconoció el trámite de la
conciliación prejudicial en materia de lo contencioso administrativo y, de paso,
desatendió los artículos 230 de la Constitución Política y 13 del CGP. En su
concepto, el a quo cambió los requisitos fijados en el artículo 10 del Decreto
Estatutario 2591 de 1991, sobre la legitimidad para interponer la acción de tutela, y
en los numerales 14 y 16 del artículo 101 del Estatuto de Conciliación, por cuanto
«según lo decidido en la sentencia de tutela, ya no se requiere poder legalmente
otorgado y por ende (sic) apoderado que represente a las partes en el trámite
constitucional de tutela ni en el administrativo de conciliación prejudicial, sino una
autorización en cualquier documento que presente cualquier persona».
27. Aseguró que el fallo de tutela de primera instancia incurrió en estos defectos:
28. (i) Defecto fáctico, por la valoración equivocada de los contratos de mandato
y la alusión a la sentencia T-658 de 2002 de la Corte Constitucional, que resultaba
impertinente, pues en ella no se aludió a un contrato de mandato, sino a un poder
especial otorgado para promover un proceso ordinario. Explicó que el contrato de
mandato que se allegó al plenario fue suscrito entre personas naturales y la sociedad
Roa Sarmiento Abogados S.A.S.; sin embargo, la demanda fue presentada por el
abogado Osman Hipólito Roa Sarmiento.
29. (ii) Defecto sustantivo, porque se desconoció la ratio decidendi de la sentencia
C-1178 de 2001, a través de la cual la Corte Constitucional explicó que los efectos
del contrato de mandato y del poder son distintos e indicó que es el acto de
apoderamiento, el que le permite a un sujeto procesal o interviniente ser
técnicamente representado.
30. (iii) Desconocimiento del precedente constitucional, que ha exigido poder
especial en la acción de tutela.
31. (iv) Falta de motivación por carencia de justificación interna y externa, pues
existe regla legal o jurisprudencial que establezca que el contrato de mandato
celebrado con una persona jurídica, habilita a una persona natural diferente a
interponer una acción de tutela y actuar en un trámite conciliatorio.
32. (v) La Procuraduría no incurrió en exceso ritual manifiesto, porque «era
contrario al ordenamiento jurídico reconocer personería a un abogado que no
acreditó su calidad de apoderado de una de las partes», conforme a los artículos 88,
89, 100, 101, 106, 108 del Estatuto de Conciliación, 38 y 39 del Código General
Disciplinario y 277 de la Constitución Política; además, si el Tribunal consideraba
que el Estatuto de Conciliación era inconstitucional, debió aplicar la excepción de
inconstitucionalidad.
E. Remisión del asunto
33. El 25 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió el
expediente a esta Corporación.
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II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
34. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
D. Legitimación en la causa por activa
35. En el caso que se analiza, la acción de tutela fue instaurada por el abogado
Osman Hipólito Roa Sarmiento, quien manifestó actuar en representación de los
señores Heraldo Antonio Rodríguez Moreno, Narda Doriela Martínez Herrera,
Guillermina Segura, María Elvia Torres de Cubillos, Carlos Arturo Méndez Silva y
Luz Stella Escobar Rodríguez.
36. Para acreditar la calidad en la que actúa aportó sendos contratos de mandato
suscritos entre esas personas naturales, a excepción de la señora Narda Doriela
Martínez Herrera, y Roa Sarmiento Abogados S.A.S., sociedad en la que funge como
representante legal. El objeto de esos contratos fue el siguiente:
El mandatario se obliga con el mandante a la prestación de servicios
profesionales jurídicos para iniciar, adelantar y/o continuar con las acciones
necesarias por los derechos que se deriven del reconocimiento o no de las
denominadas primas territoriales, extraordinarias y/o extralegales del
departamento de Cundinamarca y/o municipio de Girardot y/o municipio de
Mosquera y/o municipio de Soacha y/o municipio de Zipaquirá y/o cualquier
ente territorial certificado al cual el mandante tenga derechos para reclamar de
acuerdo con el cumplimiento de los requisitos para hacerlo y/o soportes
documentales a que haya lugar, que determinará el mandatario a favor del
mandante, sin que por esto el mandatario garantice el éxito del mandato.
37. Se acordaron, además, las siguientes facultades del mandatario:
a) FACULTAD EXPRESA DE APODERAMIENTO: El MANDANTE faculta
expresamente al MANDATARIO a otorgar poderes, para adelantar los trámites
administrativos y/o judiciales o extrajudiciales que sean necesarios para el
cumplimiento del objeto del presente contrato. b) El MANDATARIO queda
ampliamente facultado para decidir sobre la presentación de cualquier
actuación jurídica, peticiones, solicitudes o demanda de acuerdo con su
idoneidad y experiencia. En caso de que el MANDANTE desee que se presente
actuación jurídica alguna contraria al criterio del MANDATARIO deberá
expresarlo por escrito. c) El MANDATARIO queda facultado expresamente por
el aquí MANDANTE para desistir, recibir, transigir, sustituir, conciliar, renunciar,
reasumir, solicitar copias de los actos administrativos; pedir inspecciones
judiciales, e interponer los recursos a que haya lugar y en general un poder
especial, amplio y suficiente para adelantar todas las acciones tendientes a
obtener la defensa de los derechos del MANDANTE, de conformidad con el
estatuto de procedimiento civil (Art. 77 C. G del P). Y las mismas que puede
conferir el MANDATARIO al profesional del derecho designado. Actos
preparatorios, diligencias previas, y actos posteriores tales como, memorial de
ejecución y/o demanda ejecutiva de sentencias judiciales, actos
administrativos, u otro documento que constituya título ejecutivo, ante cualquier
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jurisdicción laboral, civil o administrativa. PARAGRAFO. Todas las actuaciones
jurídicas estarán bajo responsabilidad del abogado o profesional del derecho a
quien se otorga el mandato o se confiere poder. d) Con este documento, el
MANDANTE faculta al MANDATARIO, de manera expresa y especial para
presentar ACCIONES DE TUTELA, por la vulneración de los derechos
fundamentales del MANDANTE y/o confiera poder o sustituya al profesional del
derecho que este considere idóneo para hacerlo. e) En el evento de culminar
el trámite de manera favorable, el MANDANTE faculta al MANDATARIO de
manera expresa y especial para que confiera poder al profesional del derecho
que este considere idóneo para las actuaciones posteriores, tales como la
solicitud de cumplimiento del fallo judicial y/o posterior memorial de ejecución
y/o demanda ejecutiva administrativa. f) El MANDANTE de acuerdo con el
artículo 77 del Código General del Proceso, faculta expresamente al
MANDATARIO para recibir el producto o resultado de la reclamación realizada
bien sea de dinero o especie.
38. En criterio de esta Sala, los contratos aportados no resultan suficientes para
satisfacer el requisito de procedibilidad de legitimación en la causa por activa, por
cuanto carecen del requisito de especificidad, según se explica a continuación.
39. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, ante su vulneración o amenaza por la acción u
omisión de cualquier autoridad
40. El Decreto 2591 de 1991 reglamentó dicha acción constitucional. En el artículo
primero contempló la titularidad de la acción de tutela en cabeza de toda persona
que pretenda reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. El
artículo 10, a su turno, prevé que la acción podrá ser ejercida «por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales», por sí
misma o a través de representante o agente oficioso, y por el Defensor del Pueblo y
los Personeros Municipales.
41. La agencia oficiosa procede cuando el titular no esté en condiciones para
defenderse por sí mismo. Exige que se manifieste en la demanda la calidad de
agente oficioso en la que se actúa y que se demuestre la imposibilidad de la persona
agenciada para ejercer su defensa.
42. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que «estos requisitos son un
medio para evitar que se aproveche el nombre de otra persona para provocar
decisiones judiciales con intereses reales distintos o contra la voluntad del verdadero
titular de los derechos que se invocan»2.
43. En sentencia T-292 de 20213, el Alto Tribunal en materia constitucional
precisó:
Una lectura armónica del artículo 86 de la Constitución Política y del artículo 10
del Decreto 2591 de 1991 permite establecer que la acción de tutela puede ser
ejercida directamente por el titular del derecho presuntamente vulnerado o por
2
Sentencia T-190 de 2024, M.P. Juan Carlos Cortés González.
3
M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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un tercero que actúe en su nombre. Sobre esta última posibilidad, la
jurisprudencia constitucional ha determinado que quien actúa en nombre de
otro puede hacerlo como (i) representante legal del titular de los
derechos, (ii) apoderado judicial, (iii) agente oficioso y (iv) defensor del pueblo
o personero municipal. La calidad en la que se actúa a nombre de otro se debe
manifestar expresamente en el escrito de tutela y exige acreditar el
cumplimiento de unos requisitos mínimos previstos por el ordenamiento jurídico
y la jurisprudencia constitucional.
44. Puntualmente, en lo que respecta al ejercicio de la acción de tutela a través
de apoderado judicial, la Corte Constitucional, en sentencia T-1025 de 2006, ratificó4
que la figura del apoderamiento judicial exige una serie de requisitos formales, a
saber: (i) el poder debe constar por escrito, el cual se presume auténtico; (ii) el poder
para promover acciones de tutela debe ser especial; (iii) el poder otorgado para
instaurar un proceso no se entiende conferido para la promoción de procesos
diferentes, así los hechos que le den fundamento tengan origen en el proceso inicial;
(iv) el apoderado debe ser un profesional de derecho, habilitado con tarjeta
profesional. En la misma decisión, la Corte explicó lo siguiente:
[E]l tema de la especificidad en los poderes toma importancia, pues el
cumplimiento de este principio hace posible que un apoderado judicial
interponga una acción de tutela a nombre de su poderdante, ya que de la
estructura del poder depende que el juez de tutela identifique con claridad si
existe o no legitimación en la causa por activa.
Es entonces una exigencia que el poder por medio del cual se faculta al
abogado para actuar cuente con una serie de elementos en los que se
identifique en forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificación
tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jurídica
contra la cual se va a incoar la acción de tutela; (iii) el acto o documento causa
del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar.
Los anteriores elementos permiten reconocer la situación fáctica que origina el
proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones
cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de
los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimación en la causa
por activa, haciendo improcedente la acción.
45. En el caso que se analiza, los contratos de mandato no fueron suscritos para
la interposición de la presente acción de tutela; más bien, se refirieron de manera
indeterminada a la facultad del mandatario para promover acciones tutela por la
vulneración de los derechos fundamentales de los mandatarios, lo que contraviene
el aludido requisito de especificidad, en tanto es claro que no se precisó la autoridad
o entidad contra la que debía dirigirse la demanda ni el derecho o derechos cuya
protección se solicitaba, o los hechos que servían de fundamento para la
interposición de la acción.
46. Los contratos allegados fueron suscritos, incluso, antes de que presentara la
actuación a la que se atribuye la vulneración de derechos fundamentales y, además,
fueron los mismos que utilizó el abogado Osman Hipólito Roa Sarmiento para
4
Estos criterios fueron expuestos por la Corte Constitucional en las sentencias T-531 de 2002, T-
975 de 2005, T-004 de 2007 y T-194 de 2012, entre otras.
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convocar el trámite de conciliación prejudicial, aludiendo para ello a las amplias
facultades que se le otorgaron a la firma Roa Sarmiento S.A.S.
47. No obstante, como se ya se anotó, el poder para la interposición de la acción
de tutela debe ser especial y el hecho de que este mecanismo judicial goce de un
trámite especial y simplificado, no implica que se puedan desconocer los requisitos
mínimos de procedibilidad para el ejercicio de la acción. Al respecto, la Corte
Constitucional, en sentencia T-417 de 2013, precisó que «este mecanismo de
defensa judicial no admite que se pueda asumir de manera indeterminada o ilimitada
la representación de otro y demandar protección constitucional a su nombre, ni la
informalidad que caracteriza a la acción de tutela se opone a que su ejercicio esté
sometido a requisitos mínimos de procedibilidad, entre los cuales está la legitimidad
por activa».
48. Aún más, recientemente, en un caso similar5 al que es materia de análisis esta
Subsección sostuvo que:
[S]i bien es cierto que la informalidad es una de las notas características de la
acción de tutela, cuyo fundamento estriba precisamente en la aplicación del
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales,
también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos
requisitos mínimos de procedencia, que surgen de su naturaleza jurídica y de
los elementos especiales que la componen.
37. En consonancia con lo anterior, la exigencia de especificidad no resulta
desproporcionada ni caprichosa, sino que, por el contrario, es razonable a la
luz del marco normativo y jurisprudencial que ha fijado una serie de requisitos
para habilitar el apoderamiento judicial en los procesos de tutela. Sin
mencionar, que un abogado que pretenda representar a otra persona en un
proceso judicial debe tener claro el alcance de las facultades concedidas y, en
igual sentido, está obligado a acreditar la especificidad de su encargo
profesional, pues justamente se trata de un poder especial. Admitir la omisión
en su delimitación, implica considerar el mismo como un poder general y,
consecuentemente, exigir los requisitos que para el mismo dispone la ley, como
que su otorgamiento se haga por escritura pública6.
49. Finalmente, tampoco es viable considerar la figura de la agencia oficiosa,
toda vez que el abogado Osman Hipólito Roa Sarmiento adujo actuar en
representación de los señores Heraldo Antonio Rodríguez Moreno, Narda Doriela
Martínez Herrera, Guillermina Segura, María Elvia Torres de Cubillos, Carlos Arturo
Méndez Silva y Luz Stella Escobar Rodríguez, en virtud de los contratos de mandato
que ellos suscribieron con la firma Roa Sarmiento S.A.S. 7 , y, en todo caso, no
demostró que esas personas estuvieran en imposibilidad de ejercer su defensa.
50. Las consideraciones anotadas resultan suficientes para revocar la sentencia
impugnada, y, en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela, debido al
incumplimiento del requisito de legitimación en la causa por activa.
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 1º de julio de 2025, rad. 25000-
23-15-000-2025-00293-01.
6
«Código General del Proceso, Artículo 74».
7
Como se anotó en esta providencia, no se aportó contrato de mandato suscrito por la señora Narda
Doriela Martínez Herrera.
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51. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 6 de junio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en consideración
a las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el abogado
Osman Hipólito Roa Sarmiento.
TERCERO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.
CUARTO. Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Ausente con permiso
VF
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