Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01993-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01993-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-01993-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
27 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01993-01
Accionante: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / medio
de control de nulidad electoral / quórum decisorio de
la sentencia / solicitud probatoria / defecto
procedimental
sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación formulada por el accionante contra la
sentencia del 25 de mayo de 2023 proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado mediante la cual negó la acción de tutela de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
El señor Harold Eduardo Sua Montaña, actuando en nombre propio,
interpone acción de tutela en contra de la Sección Quinta de esta
corporación por la presunta vulneración de su derecho fundamental
al debido proceso, con fundamento en los siguientes:
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01993-01
Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
1. HECHOS
1.1. El señor Harol Eduardo Sua Montaña en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral demandó el Acta n.° 03 del 13 de
septiembre de 2022, a través de la cual la señora María Cristina
Rosado Sarabia fue elegida coordinadora de la Comisión Legal para la
Equidad de la Mujer del Congreso de la República.
1.2. Por reparto, el proceso correspondió a la Sección Quinta del
Consejo de Estado, dependencia judicial, que mediante sentencia
anticipada del 13 de abril de 2023 resolvió negar las súplicas de la
demanda, al considerar que la invalidez originaria del acto de elección
planteada por la parte actora en la demanda no viciaba la legalidad
del procedimiento que lo precedió.
2. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«1. Dejar sin valor ni efecto la sentencia que se cuestiona.
2. Remitir al Consejo Superior de la Judicatura el proceso con radicado 11001-03-
28-000-2022- 00325-00 con el propósito de asignárselo a funcionarios judiciales
laboralmente ajenos y con igual experiencia a quienes profirieron la mencionada
sentencia dada la exigencia de garantía de imparcialidad objetiva desarrollada en
sentencia Gustavo Petro vs Colombia.
3. Una vez hecho el reparto acabado de indicar, procedan los avocados a la misma
a decidir sobre las pretensiones del proceso precitado en un tiempo igual al
utilizado para proferir la sentencia motivo de esta acción de tutela.» (Sic a la cita)
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
procedimental, toda vez que la decisión cuestionada no contó con la
mayoría de los votos prevista para su aprobación, puesto que tuvo
dos aclaraciones de voto.
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Asimismo, cuestionó que en la sentencia el despacho judicial
accionado se pronunció sobre la solicitud probatoria que había
presentado el 11 de enero de 2023, cuando debió hacerlo el
magistrado sustanciador a través del decreto de la prueba.
Igualmente, porque motivó la decisión en sentencias proferidas por la
Sección Quinta del Consejo de Estado en los procesos bajo radicado
11001-03-28-000-2022-00204-00, 11001-03-28-000-2022-00282-
00 y 11001-03-28-000-2022-00312-00.
4. INFORMES
Mediante auto del 24 de abril de 2023, la Sección Cuarta de esta
corporación admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar a la Sección Quinta del Consejo de Estado como accionado la
señora María Cristina Rosado Sarabia como tercera interesada en las
resultas del proceso.
4.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por conducto del
magistrado ponente de la decisión cuestionada, señaló que contrario
a lo manifestado por el accionante, la sentencia contó con el apoyo
unánime de la Sala; no obstante, tuvo dos aclaraciones de voto, lo
cual era factible teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 129
del CPACA.
Lo anterior, porque la aclaración supone el voto favorable del
magistrado, es decir que está de acuerdo con el sentido de la decisión;
solo que algún aspecto o temática de las consideraciones que la
sustentan amerita, a su juicio, algunas precisiones o el desarrollo de
una postura diferente a la expuesta en la providencia, que queda
consignada, justamente, en el documento de aclaración.
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Por otra parte, manifestó que al proferir la decisión cuestionada le dio
valoración probatoria a todos los escritos que presentó el actor dentro
del proceso según la etapa procesal y la finalidad informada dentro
de los mismos.
En ese sentido, no le dio al memorial de 11 de enero de 2023 el
alcance de una solicitud de pruebas, sino que lo apreció como un
escrito contentivo dirigido a reforzar los argumentos de la demanda
para alcanzar la pretendida nulidad del acto acusado, el cual hizo
parte de las consideraciones del fallo y contó con su respectiva
apreciación.
Asimismo, informó que el accionante promovió durante el año 2022
más de 60 procesos electorales, en su mayoría sustentados en
idéntico concepto de violación, relacionados con las supuestas
irregularidades acontecidas en la sesión inaugural del Congreso de la
República, celebrada el 20 de julio del mismo año.
Así las cosas, ante la identidad temática que revelan los procesos,
insistió que no solo resultaba lógico y útil, pero, sobre todo, necesario,
acudir a las sentencias en las que ya habían analizado el problema
jurídico planteado por el demandante, pues, fue justamente lo que
hizo en la sentencia cuestionada, donde se acogieron los
razonamientos de los procesos bajo radicado 11001-03-28-000-
2022-00204-00, 11001-03-28-000-2022-00282-00 y 11001-03-28-
000-2022-00216-00.
4.2. No se rindieron más informes
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5. FALLO IMPGUNADO
La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia del 25
de mayo de 2023 negó el amparo de tutela, al considerar que no se
incurrió en alguna irregularidad puesto que la decisión cuestionada
contó con el voto favorable de todos los integrantes de la Sala, por
cuanto ninguno salvó voto; sin embargo, tuvo dos aclaraciones de
voto lo cual no afectaba el quórum decisorio de conformidad con lo
previsto en el artículo 129 del CPACA, disposición normativa regulada
por el numeral 7.º del artículo 29 del reglamento interno del Consejo
de Estado.
En cuanto al defecto procedimental en que presuntamente incurrió la
autoridad judicial accionada porque decidió sobre una solicitud de
pruebas cuando debió dictarse un auto de ponente en etapa anterior,
advirtió que la solicitud del 11 de enero de 2023 no se refería a una
prueba trasladada en los términos del artículo 174 del CGP y, por lo
tanto, su contenido debía apreciarse en conjunto con el fondo del
asunto, lo que en su sentir resultaba válido pues no observó alguna
irregularidad, en tanto, en virtud al principio de eventualidad se
llevaron a cabo las actuaciones dentro de la correspondiente etapa.
Además, porque si el demandante consideraba que el memorial del
11 de enero de 2023 en realidad correspondía a una solicitud de
prueba trasladada que ameritaba su decreto por parte del despacho
sustanciador, debió presentar recurso de reposición contra el auto del
14 de febrero de 2023 que resolvió dictar sentencia anticipada por
tratarse de un asunto de puro derecho que no requería el decreto de
pruebas.
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Por otra parte, indicó que no avizoró irregularidad alguna en el
proceder de la autoridad judicial demandada, por el contrario, acogió
el precedente judicial de la misma Sección, lo que garantizaba el
principio de seguridad jurídica.
Finalmente, insistió que de considerar que los magistrados carecían
de imparcialidad para resolver la decisión de fondo, la parte actora
debió proponerlo al interior del proceso de nulidad electoral con
fundamento en el artículo 130 del CPACA y 140 del CGP.
6. IMPUGNACIÓN
El accionante recurrió el fallo de primera instancia, para lo cual insistió
que la decisión cuestionada no contó con la mayoría de los votos
prevista para su aprobación, por cuanto tuvo dos aclaraciones de
voto.
Por otra parte, discrepó de la decisión cuando el a quo indicó que ha
debido interponer el recurso de reposición contra el auto del 14 de
febrero de 2023, porque el demandante requirió a la autoridad judicial
accionada “saber si lo [sic] solicitud probatoria hecha el 11 de enero
de 2023 fue eludida por el despacho en el auto interlocutorio del 14
de febrero o va a tomar decisión sobre la misma con posterioridad”
Finalmente, sostuvo “sobre la imparcialidad del accionado es
descartado en el fallo aduciéndose básicamente el existir otras vías
judiciales a través de las cuales incoar aquello antes de haber sido
proferida la sentencia sub judice cuando ni siquiera es sumariamente
refutada la falta de idoneidad y eficacia de esas vías judiciales argüida
en el escrito tutelar”
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II.CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a determinar si la Sección Quinta
de esta corporación, al proferir la sentencia del 13 de abril de 2023
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda de nulidad
electoral, incurrió en defecto procedimental.
Previamente a lo anterior, se deberá determinar la procedencia de la
acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada.
2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
En términos generales y de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional vigente1, aceptada mayoritariamente por la Sala Plena
de esta corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para
obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando
éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura, como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece; y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando se
desbordan los límites que la carta le impone.
1
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
irregularidades que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara, después de
años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como propósito el de garantizar el delicado equilibrio entre el
principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los
jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia
efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
De tal suerte, que se erigieron como requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el
requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela”. (Resalta la Sala).
El requisito general de procedencia de la acción referido a la existencia
de recursos o medios de defensa judicial, supone aquellos eventos en
los que la petición presentada en la acción de tutela puede ser
resuelta no sólo a través de las acciones ordinarias u otros medios de
defensa judicial, sino además cuando las partes dentro de un
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proceso han contado con los mecanismos de defensa y no han
hecho uso de ellos, buscando ante tal omisión acudir a esta vía para
que se reviva la oportunidad procesal ya precluida.
El argumento de improcedencia en comento tiene sustento en los
deberes jurídicos que tienen las partes en el trámite de los
procesos judiciales para impugnar o controvertir las
decisiones con las que están en desacuerdo y cuya oportunidad
se establece en cada uno de los estatutos que rigen el proceso de que
se trate.
Así las cosas, dependiendo del caso que se estudie, el establecimiento
de los recursos y demás oportunidades procesales tienen por objeto
que el mismo funcionario judicial o su superior funcional reexaminen
la actuación censurada y la modifiquen o revoquen.
Visto lo anterior, el juez de tutela no podrá declarar procedente una
solicitud de amparo en donde la parte interesada en controvertir la
decisión judicial no ejerció su derecho en tiempo o simplemente dejó
de cumplir con los formalismos establecidos en la legislación procesal,
por desconocimiento o falta de diligencia.
2. Caso concreto
En el presente asunto, la parte actora reprocha la sentencia del 13 de
abril de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda de nulidad
electoral en la que cuestionó el Acta n.° 03 del 13 de septiembre de
2022, a través de la cual la señora María Cristina Rosado Sarabia fue
elegida coordinadora de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer
del Congreso de la República.
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Por su parte, la Sección Cuarta de esta corporación negó el amparo
de tutela, al considerar que la decisión cuestionada contó con el voto
favorable de todos los integrantes de la Sala, puesto que ninguno
salvó voto; sin embargo, tuvo dos aclaraciones de voto lo cual no
afectaba el quórum decisorio de conformidad con lo previsto en el
artículo 129 del CPACA, disposición normativa regulada por el
numeral 7º del artículo 29 del reglamento interno del Consejo de
Estado.
Asimismo, advirtió que la solicitud del 11 de enero de 2023 no se
refería a una prueba trasladada en los términos del artículo 174 del
CGP y, por lo tanto, su contenido debía apreciarse en conjunto con el
fondo del asunto, lo que en sentir del a quo resultaba válido pues no
observó alguna irregularidad, en tanto, en virtud del principio de
eventualidad la autoridad judicial accionada llevó a cabo las
actuaciones dentro de la correspondiente etapa.
En el escrito de impugnación la parte actora insiste en que la decisión
cuestionada no contó con la mayoría de los votos prevista para su
aprobación, por cuanto tuvo dos aclaraciones.
Asimismo, discrepó de la decisión cuando el a quo indicó que ha
debido interponer el recurso de reposición contra el auto del 14 de
febrero de 2023, porque requirió a la autoridad judicial accionada
“saber si lo [sic] solicitud probatoria hecha el 11 de enero de 2023
fue eludida por el despacho en el auto interlocutorio del 14 de febrero
o va a tomar decisión sobre la misma con posterioridad”
Al respecto, es menester señalar que de considerar el demandante
que el requerimiento del 11 de enero de 2023 correspondía a una
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solicitud de prueba trasladada, ha debido interponer el recurso de
reposición3 respecto del auto del 14 de febrero de 2023, a través del
cual resolvió dictar sentencia anticipada por tratarse de un asunto de
puro derecho que no requería el decreto de pruebas, circunstancia
permite inferir que no cumple el requisito de subsidiariedad, pues se
itera que la parte actora tenía a su alcance el recurso de reposición.
Por otra parte, en cuanto a la falta de quórum decisorio, es menester
señalar, que la presente acción de tutela igualmente se torna
improcedente, porque dicho reparo debe ser analizado a través del
recurso extraordinario de revisión que en el numeral 5.° del artículo
270 del CPCA, dispone:
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que
el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o
por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en
el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con
mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su
pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a
3
Recurso ordinario previsto en artículo 242 del CPACA.
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revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada. (Subrayado y resaltado de la Sala).
En ese sentido, para la Sala en el presente asunto no se acredita la
amenaza inminente de los derechos fundamentales de los cuales la
parte actora pide su protección, ni tampoco se encuentra que el
amparo deba concederse de manera urgente.
Así las cosas, dado que, la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios
y recursos ordinarios de protección judicial como dispositivos
legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos, ese
reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que
estimen lesiva de sus derechos.
Frente a esto, si bien la Corte Constitucional4 ha señalado que, aun
cuando existe otro medio de defensa, la acción de tutela puede
proceder de forma excepcional si se acredita un perjuicio
irremediable, para lo cual deben confluir los siguientes presupuestos:
i. Ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que
está por suceder prontamente.
ii. Ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o
moral en el haber jurídico de la persona sea de gran
intensidad.
iii. Porque las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio irremediable sean urgentes.
4
Sentencia T-828 de 2014. Corte Constitucional.
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iv. Porque la acción de tutela sea impostergable a fin de
garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social
justo en toda su integridad.
De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un
perjuicio irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo
cuando la parte accionante no ha hecho uso de los medios de defensa
judicial que son idóneos y efectivos para obtener el amparo de sus
derechos, razón por la cual se rechazará por improcedente la presente
acción de tutela.
En ese contexto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia
que negó el amparo constitucional para en su lugar declarar la
improcedencia la presente acción por falta del requisito de
subsidiariedad, pues, se reitera, dentro de las facultades del juez
constitucional no se encuentra la de sustituir las herramientas
judiciales idóneas para obtener la protección iusfundamental
quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela se convertiría
irremediablemente en un medio de protección alternativo que lejos
de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la
carta a los jueces constitucionales.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
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FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de mayo de 2023
mediante la cual la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, resolvió negar la acción de tutela, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia, para en su lugar:
SEGUNDO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
presentada por el señor Harold Eduardo Sua Montaña
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las
consideraciones expuestas en la presente providencia.
TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés
(2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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