Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00325-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00325-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00325-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
13 de abril de 2023
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: María Cristina Rosado Sarabia
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00325-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00325-00
Demandante: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
Demandada: MARÍA CRISTINA ROSADO SARABIA – COORDINADORA
DE LA COMISIÓN PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Tema: Condiciones para la infracción del artículo 149 de la
Constitución Política en las sesiones del Congreso, sus
cámaras y comisiones.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad electoral de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña instauró demanda en ejercicio del
medio de control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a
obtener la nulidad del acto de elección de la señora María Cristina Rosado
Sarabia como coordinadora de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del
Congreso de la República, contenido en el Acta 03 de 13 de septiembre de 2022,
publicada en la Gaceta 1194 de 4 de octubre de 2022.
1.1. Hechos
A partir de transcripciones del video de la sesión inaugural del Congreso de la
República del periodo 2022-2026, celebrada el 20 de julio de 2022, el
demandante narra que en ella tomaron posesión los congresistas elegidos el 13
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: María Cristina Rosado Sarabia
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de marzo de 2022. Por otra parte, relata que allí también prestó juramento como
presidente de la junta preparatoria el exsenador Juan Diego Gómez. Además,
que el delegado de la oposición para ejercer el derecho previsto en el artículo 14
de la Ley 1909 de 2018 anunció su intervención, para lo cual se trasladaría “al
Nuevo Congreso de la República que comenzara (sic) a sesionar desde hoy”,
“dadas las pocas condiciones que tenemos”.
Igualmente, reseña que el presidente de la junta preparatoria manifestó
expresamente: “yo le pido permiso a los honorables congresistas para retinarme
(sic) y levantar la sesión en este momento” y, acto seguido, el secretario dedujo
que la misma había sido levantada.
Agrega que, pese a lo anterior, posteriormente fueron realizadas de forma
separada y en fechas diferentes las elecciones de las mesas directivas del
Senado y la Cámara de Representantes, al igual que de las comisiones
constitucionales, legales y especiales de cada corporación.
En particular, manifiesta que las congresistas integrantes de la Comisión Legal
para la Equidad de la Mujer, en sesión de 13 de septiembre de 2022, eligieron a
María Cristina Rosado Sarabia como coordinadora.
Por último, informa sobre una tutela rechazada mediante fallo de 12 de agosto de
2022, interpuesta para que se rehiciera la sesión inaugural del Congreso de la
República y se invalidara todo lo actuado desde ese momento, en virtud del
artículo 149 de la Constitución Política. En esta acción se reprochaba que la
reunión se celebrara, “tras haber tomado posesión el presidente de la junta
preparatoria y los ciudadanos congresistas estando alterado el orden del día [de]
la sesión inaugural del periodo congregacional cuando el mismo está legalmente
establecido”.
1.2. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora sustenta la pretensión de nulidad del acto acusado en el artículo
149 de la Constitución Política. De ahí interpreta que la sesión inaugural del 20
de julio de 2022 del Congreso de la República no es válida, porque ocurrieron
varias irregularidades que afectan, a su vez, la elección de la demandada.
Al respecto, aduce que las posesiones del presidente de la junta preparatoria de
dicha sesión y de los nuevos congresistas se hicieron sin la previa intervención
de la oposición. De esta forma, intepreta que se alteró el orden del día, teniendo
en cuenta los artículos 15, 16 y 81 de la Ley 5ª de 1992, y que se soslayó el
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derecho consagrado para ese sector político en los artículos 14 de la Ley 1909
de 2018 y 13 de la Resolución 3134 de 2018 del Consejo Nacional Electoral.
Añade que la sesión en comento no fue levantada conforme con lo previsto en
los artículos 3º y 114, numeral 5 de la Ley 5ª de 1992 sobre el trámite de
proposiciones e interpretación del Reglamento del Congreso, sino que fue el
resultado del significado que el secretario de la junta preparatoria dio a las
palabras del presidente de la misma, cuando pidió “permiso a los honorables
congresistas para retirarme y levantar la sesión en este momento”.
De lo anterior, colige que la elección de la demandada, realizada el 13 de
septiembre de 2022 por las congresistas de la Comisión para la Equidad de la
Mujer, resultó también afectada por aquellas falencias primigenias.
Concluye, entonces, que “las decisiones legislativas del Congreso no serían las
únicas sin validez o convalidación por incumplimiento de alguna norma
procedimental de rango constitucional durante la sesión donde nacieron a la vida
jurídica sino también de todo lo que hagan los congresistas al momento de ejercer
cualquiera de las atribuciones estipuladas dentro del título de la constitución
acerca de la rama legislativa”.
2. Admisión de la demanda
La demanda fue admitida mediante auto de 16 de noviembre de 2022, en el que
se ordenaron las notificaciones y comunicaciones pertinentes del artículo 277 del
CPACA.
3. Contestaciones de la demanda
La apoderada de la señora María Cristina Rosado Sarabia se opuso a la
pretensión de nulidad de su elección como coordinadora de la Comisión para la
Equidad de la Mujer del Congreso de la República, sobre la convicción de
haberse realizado “de manera estricta con la aplicación de la norma vigente para
dicho trámite”. Además, “con plena observancia de los principios de legalidad,
publicidad y transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios
de mérito”.
Explicó que para la provisión de este cargo se expidió una convocatoria, en
cumplimiento del inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política y
atendiendo a los requisitos y procedimientos señalados en la Ley 5ª de 1992, que
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reguló todas las etapas que debían surtirse, desde la postulación hasta la
escogencia.
Sostuvo que las actuaciones de la Mesa Directiva y la Comisión de Acreditación
fueron de dominio público y que los canales oficiales siempre ofrecieron el
espacio para recibir solicitudes de los ciudadanos interesados en vigilar el
proceso.
También aseguró que el procedimiento apostó a la escogencia de los mejores
perfiles, a partir del estudio de las hojas de vida y las condiciones personales y
profesionales de los aspirantes. Así mismo, señaló que una prueba de
conocimientos o una entrevista no se pueden asumir como una fórmula cerrada
para observar el mérito.
Concluyó con la afectación a la confianza legítima y buena fe, pues la demandada
fue elegida en un proceso transparente, con la seguridad de tener los méritos y
reunir los requisitos para ocupar el cargo. Finalmente, formuló excepciones de
mérito relacionadas con la presunción de legalidad del acto acusado.
4. Trámite de sentencia anticipada
Mediante auto de 14 de febrero de 2023, el despacho del magistrado ponente
resolvió dictar sentencia anticipada, con arreglo a las causales de los literales a)
y b) del numeral 1 del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011. Consecuente con
ello, se fijó el litigio en los siguientes términos:
“[E]l litigio se contrae a determinar si debe anularse la elección de la señora
María Cristina Rosado Sarabia, como coordinadora de la Comisión Legal
para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, contenida en el
Acta No. 03 de 13 de septiembre de 2022.
Con tal propósito, es necesario establecer si las irregularidades que describe
la parte actora en la sesión del 20 de julio de 2022, en la cual se instaló el
período legislativo 2022-2026 del Congreso de la República y se eligió la
Mesa Directiva del Senado, pueden incidir en la legalidad de la elección de
la demandada, considerando las condiciones de vaildez previstas para las
reuniones de los congresistas en el artículo 149 de la Constitución Política”.
Adicionalmente, en atención a lo previsto en la misma norma, se dispuso tener
como pruebas los documentos allegados por las partes y correr traslado para
alegar y para el concepto del Ministerio Público.
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5. Alegatos de conclusión
5.1. La apoderada1 de la señora María Cristina Rosado Sarabia reiteró en esta
fase procesal que la elección de su representada como coordinadora de la
Comisión Legal para la Equidad de la Mujer se realizó con plena observancia de
los principios orientadores del artículo 126 de la Constitución Política y de
acuerdo con el procedimiento reglado en la Ley 5ª de 1992.
5.2. En su escrito de alegatos, el demandante se refirió a la incidencia de las
irregularidades de la sesión del 20 de julio de 2022, en la elección objeto de la
pretensión de nulidad. En esencia, insistió en que la alteración del orden del día
y el levantamiento irregular de la sesión de instalación del Congreso, realizada
en la fecha referida, impedían a los congresistas comenzar a ejercer sus labores,
incluída la elección sub judice.
Adicionalmente, en el término de traslado de las pruebas, la parte actora precisó
que la circunstancia anotada “ocasiona la incapacidad de los congresistas de
desempeñar sus funciones hasta tanto no haya un rehacimiento de su
posesión...”. También alegó, sin mayor desarrollo, que no se tuvo en cuenta el
plazo establecido en el artículo 6º de la Ley 3ª de 1991 (sic) para elegir a las
mesas directivas y comisiones de las cámaras.
6. Concepto del Ministerio Público
No intervino en el proceso.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir sobre la demanda del caso concreto, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 149 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con
el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, por el cual se expide el
reglamento interno de la corporación.
1
La abogada Alejandra López Lozano radicó el 2 de marzo de 2023 renuncia al poder conferido
por la demandada (SAMAI, actuación 42). A su turno, el 15 de marzo de 2023 fue allegado nuevo
poder por la abogada Alisson Patricia Rodríguez Rodríguez, sobre el cual se proveerá en la parte
resolutiva de esta providencia.
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2. Problema jurídico
De acuerdo con la fijación del litigio, el debate en este asunto consiste en
determinar si debe anularse el acto que declaró la elección de la señora María
Cristina Rosado Sarabia, como coordinadora de la Comisión Legal para la
Equidad de la Mujer del Congreso de la República, contenida en el Acta No. 03
de 13 de septiembre de 2022.
Para el efecto, deberá establecerse si la elección de la demandada infringió el
artículo 149 de la Constitución Política, considerando las irregularidades que
describe la parte actora en la sesión del 20 de julio de 2022, en la cual se instaló
el periodo legislativo 2022-2026 del Congreso de la República. Antes de abordar
el asunto de fondo, la Sala se pronunciará sobre la solicitud del 11 de enero de
2023, que la parte actora estima pendiente por resolver, según manifiesta en
memorial de 24 de febrero del mismo año.
3. Cuestión previa
Mediante correo electrónico de 11 de enero de 20232 –mientras corría el plazo
para que la contraparte contestara la demanda– el señor Harold Eduardo Sua
Montaña solicitó que se tuvieran en cuenta para este caso algunos apartes de las
contestaciones presentadas por el senador Fabián Díaz Plata y la representante
Amparo Yaneth Calderón, en el marco de otros procesos promovidos por él.
Según su dicho, esto se requeriría “para efectos de estar parcialmente reconocida
la ocurrencia de la situación fáctica susento (sic) de la primera de las
irregularidades señaladas”, es decir, lo relativo a la intervención de la oposición
durante la sesión de instalación del Congreso.
Posterior a ello, el Despacho del magistrado ponente profirió el auto de 14 de
febrero de 2023, mediante el cual se resolvió dictar sentencia anticipada, con
fundamento en las causales a) y b) del numeral 1 del artículo 182A de la Ley
1437 de 2011, es decir, por tratarse de un asunto de puro derecho y porque no
era necesario decretar pruebas.
Más adelante, a través de correo electrónico de 24 de febrero de 20233, el señor
Sua requirió “saber si lo (sic) solicitud probatoria hecha el 11 de enero de 2023
fue eludida por el despacho en el auto interlocutorio del 14 de febrero o va a tomar
decisión sobre la misma con posterioridad”.
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SAMAI, actuación 28.
3
SAMAI, actuación 39.
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Al respecto, se advierte que uno de los motivos para dictar sentencia anticipada
en este caso, según se señaló en la providencia de 14 de febrero de 2023 antes
aludida, fue justamente que no habría decreto de pruebas, atendiendo a los
contornos de la controversia y previo reconocimiento de todos los memoriales
enviados por la parte actora, incluido el de 11 de enero de 2023, como consta en
el acápite “Pronunciamiento del demandante frente a las excepciones de mérito
y otros memoriales radicados por esta parte” de dicho proveído.
Adicionalmente, por la vía del recurso de súplica esta Sala se ha pronunciado
sobre la misma petición de la parte actora, formulada en otros procesos
promovidos por el señor Sua Montaña, en el sentido de indicar que “lo solicitado
por el actor no se refiere a una prueba trasladada, en los términos del artículo
174 del Código General del Proceso”4.
Considerando lo expuesto y habiendo vencido la segunda etapa del proceso, de
conformidad con el numeral 2 del artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, se
concluye frente al memorial del 11 de enero de 2023 que su contenido debe
apreciarse en conjunto con el fondo del asunto, toda vez que apunta a abundar
en razones para acceder a las pretensiones de la demanda, en lo que atañe a
una de las irregularidades que, a juicio del demandante, vician de nulidad el acto
acusado en esta oportunidad.
4. El caso concreto
El señor Harold Eduardo Sua Montaña instauró demanda contra el acto de
elección de la señora María Cristina Rosado Sarabia como coordinadora de la
Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República,
contenido en el Acta 03 de 13 de septiembre de 2022. Esta pretensión está
sustentada en el artículo 149 de la Constitución Política, que dispone lo siguiente:
“Toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer
funciones propias de la rama legislativa del poder público se efectúe fuera
de las condiciones constitucionales, carecerá de validez; a los actos que
realice no podrá dárseles efecto alguno, y quienes participen en las
deliberaciones, serán sancionados conforme a las leyes”.
A juicio del demandante, la sesión del 20 de julio de 2022, en la que fue instalado
el Congreso de la República para el periodo 2022-2026, se realizó fuera de las
condiciones constitucionales y, por tal motivo, afectó la validez de las actuaciones
4
Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 30 de marzo de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-
00199-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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posteriores que realizaron las cámaras y sus comisiones, para el caso, la elección
de la demandada en el aludido cargo.
Concretamente, plantea las presuntas irregularidades acontecidas en dicha
reunión, en los siguientes términos:
1) “La posesión del presidente de la junta preparatoria y los ciudadanos
congresistas carece de validez por haberse hecho tras una alteración del
orden del día legalmente establecido de la sesión inaugural del periodo
congregacional”.
2) “Aun cuando la aducida alteración fuera válida o subsanable, la sesión
inaugural del periodo congregacional 2022-2026 no fue levantada en
debida forma pues esta se debió a una interpretación y proceder del
secretario de la junta preparatoria frente a lo que sustancialmente es una
proposición del presidente de la junta preparatoria para levantar la sesión
sin agotar los últimos dos puntos del orden del día”.
En suma, destaca que allí se alteró el orden del día, debido a las condiciones en
que se ejerció el derecho de la oposición a intervenir frente al discurso del
Gobierno, razón por la cual las posesiones del presidente de la junta preparatoria
y de los propios congresistas carecen de validez. Para respaldar su
planteamiento, invoca los artículos 15, 16 y 81 de la Ley 5ª de 1992, atinentes a
la instalación y clausura del periodo legislativo, la posesión del presidente de la
junta preparatoria y a la alteración del orden del día. Además, remite a los
artículos 14 de la Ley 1909 de 2018 y 13 de la Resolución 3134 de 2018 del
Consejo Nacional Electoral, sobre la intervención de la oposición en esta sesión.
Aunado a lo anterior, sostiene que la reunión fue levantada de forma irregular,
porque no fue ordenado por quien la presidía, sino como resultado de la
interpretación que hizo el secretario a una proposición en ese sentido, lo cual
soporta en los artículos 3º y 114 de la Ley 5ª de 1992, que tratan sobre las fuentes
de interpretación del Reglamento del Congreso y la clasificación de las
proposiciones de los congresistas.
Por su parte, la señora María Cristina Rosado Sarabia asegura que su elección
estuvo precedida por una convocatoria pública que agotó las etapas del
procedimiento reglado en la Ley 5ª de 1992 y respetó los principios relacionados
en el artículo 126 de la Constitución Política, razón por la cual tiene la confianza
legítima de haber sido elegida en debida forma.
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Propuesto de esta forma el debate, la Sala considera, como lo ha hecho en
procesos similares iniciados por el señor Sua Montaña5, que la validez de la
designación impugnada no está determinada por lo acontecido en una sesión
diferente a aquella en la que fue efectuada. Así, sobre la infracción del artículo
149 superior, se razonó en uno de estos casos lo siguiente:
“[L]a Sala debe reiterar su postura sobre el alcance del artículo 149 de la
Constitución Política. En efecto, le asiste razón a la demandada y al
Ministerio Público al señalar que, los vicios e irregularidades invocados por
el actor, no tienen relación directa con la elección de la secretaria de la
Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes. Luego, de entrada existe una imposibilidad de constatar,
bajo la causal de nulidad de infracción de normas superiores, el
desconocimiento de las disposiciones invocadas frente al procedimiento de
elección demandado.
Debe recordarse, como se precisó en el acápite anterior, que para la
configuración de esta causal de nulidad se debe demostrar, por un lado, que
las disposiciones que se estiman infringidas por el acto acusado integran el
bloque normativo que le sirve de marco jurídico, es decir, que regulan la
materia en la que se inscribe su objeto y declaración de voluntad. De otro
lado, que en efecto, al confrontar el acto con tales normas surge su violación
por contradicción o desconocimiento. Sin embargo, los supuestos fácticos en
que se sustentan (sic) la demanda en este asunto se refieren a
acontecimientos que nada tienen que ver con la reunión de la Comisión
Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes en la
que eligió la secretaria”6.
Ciertamente, en esta oportunidad ha de ratificarse la postura que exige una
acusación directa al procedimiento realizado para elegir a determinado
funcionario del Congreso y sus comisiones.
En este asunto en particular, para atacar la decisión que adoptaron las
congresistas que integran la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en
sesión de 13 de septiembre de 2022 con el fin de proveer el cargo de
coordinadora, el demandante nuevamente se remonta a la reunión del 20 de julio
de 2022, en la que el Congreso en pleno celebró los actos protocolarios propios
de instalación del periodo legislativo 2022-2026.
Sin embargo, ningún cargo fue estructurado ni se señala un nexo causal con el
procedimiento para la elección de los coordinadores de comisiones legislativas
5
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 1º de diciembre de 2022, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00204-00; 23 de marzo de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00282-00 y 30 de marzo
de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00216-00, todas del magistrado Carlos Enrique Moreno
Rubio.
6
En particular, Rad. 11001-03-28-000-2022-00282-00.
9
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del Congreso de la República y en concreto, el que se adelantó para elegir a la
demandada, que consta en el acto acusado.
Al respecto, conviene señalar que la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer
del Congreso de la República fue creada por la Ley 1434 de 2011, con el objeto
de “fomentar y promover las acciones necesarias para la consolidación de una
política de Estado que repercuta en el mejoramiento de las circunstancias
materiales e inmateriales de la mujer en nuestra sociedad, propendiendo por la
eliminación de cualquier situación de desigualdad y discriminación que se
presente en el ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres”, según
establece el artículo 3º de dicha ley, que adicionó el artículo 61A a la Ley 5ª de
1992.
De acuerdo con el mismo reglamento, esta comisión es de carácter
interparlamentario y está integrada por 19 congresistas, 10 de la Cámara y 9 del
Senado7. Y para lo que atañe a este asunto, en la planta de personal de la
Comisión existe el cargo de “Coordinador(a) de la Comisión 012”8, que dentro de
la clasificación de empleos en la Rama Legislativa corresponde a un funcionario
de elección9.
Sobre la elección de la señora María Cristina Rosado Sarabia, en la mencionada
Acta 3 de 13 de septiembre de 2022, aportada con la demanda, se constata que
se reunieron las congresistas integrantes de la comisión para sesionar conforme
con el orden del día, que incluyó la “Postulación, elección y posesión de la
Coordinación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer”. Allí se dejó
constancia de las entrevistas y de la verificación el cumplimiento de los requisitos
de las aspirantes al cargo. Así mismo, se registró la votación mayoritaria a favor
de la señora Rosado Sarabia, que contó con 12 votos de las 17 congresistas que
eligieron10.
Siendo así, la invalidez originaria del acto de elección que plantea la parte actora
definitivamente no puede admitirse, pues no ataca la legalidad del propio
procedimiento que lo precedió. Adicionalmente, esta hermenéutica da al traste
con principios constitucionales, como el democrático y el de representatividad,
7
Ley 5ª de 1992, artículo 61B, adicionado por el artículo 4º de la Ley 1434 de 2011.
8
Ley 5ª de 1992, artículo 369, adicionado por el artículo 10 de la Ley 1434 de 2011.
9
Ley 5ª de 1992, artículo 384, numeral 2, literal a).
10
Cabe mencionar que con la contestación de la demanda fue anexada la Resolución 1184 de
21 de septiembre de 2022, por la cual la directora general administrativa del Senado de la
República nombró a la demandada en el cargo de coordinadora grado 12 de la mencionada
comisión, en cumplimiento de la función que le asigna el numeral 12 del artículo 376 de la Ley 5ª
de 1992.
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que no deben ceder ante formalidades que realmente no arriesgan el respeto de
las reglas para que la Rama Legislativa inicie las labores que le competen.
Y aunque aquello sería suficiente para negar las pretensiones de la demanda,
para decidir otros procesos promovidos por el señor Sua Montaña por motivos
similares, esta Sección se ha adentrado en lo acontecido en la sesión del 20 de
julio de 2022. A partir de este análisis, no se adviertieron las fallas en la actuación
que irremediablemente afecten lo allí decidido y menos aún, todo lo que en
adelante hiciesen las cámaras y comisiones, en cuanto a elecciones de mesas
directivas y funcionarios se refiere.
Por ello, se acogen los argumentos del fallo de 23 de marzo de 202311, en el cual
se verificó lo siguiente frente al cargo relacionado con la intervención de la
oposición:
“Puntualmente, sobre la acotación de los partidos de oposición en la que
sostienen que se están presentando algunas dificultades para continuar con
su derecho de intervención y que continuaría la misma posteriormente, la
Sala advierte que aquella circunstacia no implicó una alteración del orden del
día de la sesión de instalación del Congreso. En efecto, el vocero de la
oposición decidió no continuar, pese al espacio que se le concedió en virtud
de la garantía que prevé la Ley Estatutaria 1909 de 2018, e indicó que su
discurso lo haría ‘ante el nuevo Congreso’ por lo que, en ejercicio de tal
derecho, quien tenía la palabra podía disponer de cómo y en qué momento
lo haría. (...)
De cualquier forma, tal y como lo advirtieron la parte pasiva y la procuradora
judicial, el acervo probatorio da cuenta [de] que se concedió la palabra a la
oposición para su intervención, en la que plantearon su interés de exponerla
ante la sesión inicial de la Cámara de Representantes con ocasión a las
dificultades técnicas que se estaban presentando”.
Con relación al levantamiento de la sesión en cita, en la misma sentencia se
concluyó de esta manera:
“[E]s claro que el presidente de la junta preparatoria levantó la sesión al
señalar ‘yo le pido permiso a los honorables congresistas para retirarme y
levantar la sesión en este mometo.
Ahora bien, tal y como lo advirtió el Ministerio Público, para el momento en
que se decidió por parte del presidente de la junta preparatoria levantar la
sesión de instalación del Congreso de la República, se habían desarrollado
los asuntos o temas principales de la mencionada sesión; esto es, los
establecidos en los artículos 12 a 17 del Reglamento del Congreso”.
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Rad. 11001-03-28-000-2022-00282-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: María Cristina Rosado Sarabia
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00325-00
En tales circunstancias, para esta Sala no caben cuestionamientos a la forma en
que se desarrollaron las actividades analizadas, en el marco de la sesión de
instalación del Congreso, frente a lo que exige el Reglamento de la corporación
para estos efectos, como tampoco acerca de lo regulado en el Estatuto de la
Oposición para este evento.
Ante las pruebas de estos acontecimientos, lo que, según narra la parte actora,
manifestaron el senador Fabián Díaz Plata y la representante Amparo Yaneth
Calderón Perdomo sobre la intervención de la oposición y la proposición de
aplazamiento, sólo puede tenerse como apreciaciones de los congresistas, que
no determinan la legalidad de la sesión.
De igual forma, se reitera que, para este asunto en concreto, tampoco se observa
nada irregular en lo relatado en el Acta 3 del 13 de septiembre de 2022 sobre la
elección de la demandada, aunque debe insistirse en que la parte actora no dijo
nada al respecto.
Finalmente, se observa que en los alegatos de conclusión el demandante invocó
el artículo 6º de la Ley 3ª de 199212, sin suministrar una explicación clara sobre
su violación con la elección acusada. En últimas, correspondería a un cargo
nuevo, formulado por fuera del término de caducidad del medio de control de
nulidad electoral y del plazo legal para reformar la demanda en ese aspecto, por
lo que no amerita consideraciones adicionales a esta altura del proceso.
Atendiendo a lo discurrido, la Sala negará la pretensión de nulidad del acto de
elección de la demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la nulidad del acto que elección de la señora María Cristina
Rosado Sarabia, como coordinadora de la Comisión Legal para la Equidad de la
Mujer del Congreso de la República, contenido en el Acta 03 de 13 de septiembre
de 2022.
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Norma que señala, entre otros aspectos, que “La elección de las Comisiones se hará a partir
de la semana siguiente de instalada la Corporación”.
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: María Cristina Rosado Sarabia
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00325-00
SEGUNDO: Reconocer personería como apoderada de la señora María Cristina
Rosado Sarabia a la abogada Alisson Patricia Rodríguez Rodríguez, identificada
con cédula de ciudadanía 1.026.293.305 y tarjeta profesional 389.915, para los
efectos indicados en el poder aportado al expediente.
TERCERO: En firme este proveído, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Aclaración de voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Aclaración de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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