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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02013-00

Fecha
19 de mayo de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02013-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación procesal propuesta por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva. 14 En pronunciamiento de 20 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-04569-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, se consideró el mismo criterio que se está reiterando en la presente decisión. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de junio de 2021, expediente número 05001-23-33-000-2021-00738-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 16 Sentencia de 7 de marzo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-10553-01. 10 Radicación: 11001-03-15-000-2023-02013-00 Accionante: Carlos Orlando Echeverry Meza SEGUNDO: AMPARAR el derecho al trabajo del accionante Carlos Orlando Echeverry Meza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, que, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, adelante todas las gestiones tendientes a expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar la provisión de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones del señor Carlos Orlando Echeverry Meza. Una vez cuente con los recursos necesarios deberá COMUNICAR tal novedad de manera inmediata al titular del Juzgado Sexto Penal Municipal de Florencia. CUARTO: ORDENAR al Juez Sexto Penal Municipal de Florencia, que una vez se disponga del certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar en provisionalidad el reemplazo del señor Carlos Orlando Echeverry Meza, deberá PRONUCIARSE, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación, sobre la concesión del disfrute de las vacaciones de la tutelante. QUINTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-02013-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

19 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02013-00
Accionante: CARLOS ORLANDO ECHEVERRY MEZA
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA
VACACIONES A EMPLEADO JUDICIAL – SE AMPARA – los
asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al
goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a
los trabajadores

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el ciudadano Carlos Orlando
Echeverry Meza en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva – Huila y del Juzgado Sexto Penal Municipal
de Florencia.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Carlos Orlando Echeverry Meza solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la salud, cuya vulneración le atribuyó al
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva – Huila y al Juzgado Sexto Penal Municipal de Florencia, por la negativa
de las referidas entidades en expedir el certificado de disponibilidad presupuestal
que se requiere para que pueda acceder al disfrute de sus vacaciones individuales.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de tutela, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que se encuentra vinculado a la Rama Judicial adscrito al Juzgado
Sexto Penal Municipal de Florencia Caquetá.

2.2. Adujo que, actualmente, se encuentra sin disfrutar sus vacaciones individuales
correspondientes al período laborado desde el 9 de febrero de 2022 al 8 de febrero
de 2023.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02013-00
Accionante: Carlos Orlando Echeverry Meza

2.3. Relató
que el 10 de marzo de 2023 presentó solicitud de concesión de
vacaciones; sin embargo, tal petición le fue negada, «[…] por necesidad del servicio,
[…] atendiendo que a la fecha se afectaría la prestación del servicio de
administración de justicia, porque el Juzgado no cuenta con un empleado […]» que
lo reemplace.

2.4. Refirió que: «[…] Esta situación no ha cambiado hasta la fecha de presentar la
presente acción de amparo, es decir, no han sido concedidas [sus] vacaciones y no
augura que cambiará tal postura, lo que [le] obliga a entender que no tendr[á] sus
vacaciones en muchísimo tiempo […]».

III. PRETENSIONES

3. El extremo accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas y justas, igualdad y a la salud, plasmados en la carta política, del señor
CARLOS ORLANDO ECHEVERRY MEZA, según los hechos referidos en el
acápite pertinente, por cuanto están siendo vulnerados por la negativa de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva Huila, de
disponer los recursos para el pago del reemplazo en los periodos de
vacaciones desde el 23 de mayo de 2023 hasta el 13 de junio de 2023.

SEGUNDO: Se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva Huila ejecute, de manera inmediata, todas las acciones
administrativas necesarias encaminadas a expedir el correspondiente
certificado de disponibilidad presupuestal para cubrir las erogaciones que
demande el nombramiento de un empleado judicial que reemplace al señor
CARLOS ORLANDO ECHEVERRY MEZA, mientras ésta [sic] disfruta de su
periodo de vacaciones; y una vez expedido y remitido dicho certificado,
ORDENAR al doctor ÁLVARO PARRA RAMÓN, en su calidad de JUEZ DEL
JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL DE FLORENCIA, o a quien hiciere sus
veces, que en el menor tiempo posible, proceda a conceder mediante acto
administrativo las vacaciones individuales solicitadas por CARLOS ORLANDO
ECHEVERRY MEZA, y a efectuar el nombramiento provisional para su
reemplazo.

TERCERO: Ordenar al director ejecutivo de la Oficina de Administración
Judicial Seccional Neiva – Dirección Financiera, o a quien haga sus veces, que
cada vez se adelante el trámite pertinente para que se obtenga el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal, para la persona que me ha de reemplazar
durante el disfrute de vacaciones como servidor judicial. Ello para no incurrir en
temeridad, toda vez, que no es posible que cada vez que solicite las vacaciones
me las nieguen por no contar con Certificado de Disponibilidad Presupuestal,
tenga que acudir a esta acción constitucional por los mismos hechos y
derechos.

CUARTO: De conformidad con el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, me
permito solicitar que en el fallo por Usted dictado se prevenga a la entidad
accionada “para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de
modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo

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Accionante: Carlos Orlando Echeverry Meza

correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en
que ya hubiere incurrido.

QUINTO: Se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no
invocados como amenazados, violados y/o vulnerados y que Usted, en su
función de administrador de la Constitución, pueda establecer como violados,
amenazados y/o vulnerado […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 25
de abril de 2023, admitió el mecanismo de amparo de la referencia. También se
ordenó notificar al agente del Ministerio Público para lo de su competencia.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se advierte que se
allegaron los siguientes informes:

5.1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, a
través del coordinador del área de asistencia legal de la entidad, rindió informe en
que el que solicitó que se declare la improcedencia de la presente acción de amparo
en razón «[…] a que existe otro medio de defensa judicial y no está acreditada la
existencia de un perjuicio irremediable […]».

5.2. Así mismo, refirió que: «[…] la Dirección Seccional de Administración Judicial
Seccional Neiva quien es la competente para expedir el CDP se encuentra
imposibilitada para acceder a la pretensión del accionante dado que no puede
comprometer vigencias futuras y la Coordinación Administrativa de Florencia se
limitó a realizar el respectivo traslado de las solicitudes elevadas por el actor, es de
aclarar que en ningún momento se le han negado las vacaciones al actor […]».

5.3. También, señaló que hay una falta de legitimación en la causa por pasiva porque
«[…] conforme a las competencias legales no son las llamadas a responder por las
presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas, el derecho a la igualdad y el derecho al descanso remunerado, alegados
por el accionante […]». Por tanto, solicitó su desvinculación dentro del presente
trámite.

5.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura, a través de apoderado judicial, rindió informe en el que solicitó
declarar que la entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, al no estar
llamada ni obligada a la disposición de recursos que permitan la contratación del
remplazo del accionante para la concesión del período de vacaciones que ha
solicitado ante su nominador Juzgado Sexto Penal Municipal Florencia – Caquetá.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02013-00
Accionante: Carlos Orlando Echeverry Meza

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente de la presente acción de tutela, en virtud de
lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y en armonía
con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13 del Acuerdo
80 de 12 de marzo de 2019.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición de los problemas jurídicos que
se habrán de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva.

8. Para la Sala tal solicitud de desvinculación no tiene vocación de prosperidad, en
atención a que, de conformidad con lo previsto en el artículo 103 de la Ley 270 de
19964, son las Direcciones Ejecutivas Seccionales las encargadas de expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal requerido para que los servidores
judiciales, dentro del marco de su jurisdicción, puedan disfrutar de sus vacaciones.

9. Por tanto, se negará la solicitud de desvinculación procesal presentada por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, en atención
a que es la entidad encargada de expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal requerido por el aquí accionante.

VI.3. Problemas jurídicos

10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela y si ello es así, determinar:

b) Si las accionadas vulneraron los derechos constitucionales fundamentales
invocados por el accionante, con ocasión de la falta de expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal que se requiere para que pueda
acceder al disfrute de sus vacaciones.

1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
«Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela».
3
«Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado».
4
«Artículo 103.Correponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las
órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración de justicia, las siguientes funciones:
(…) 6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan».

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02013-00
Accionante: Carlos Orlando Echeverry Meza

11. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las
vacaciones individuales de los empleados judiciales; lo anterior en aras de dar
claridad al asunto planteado y proceder a (ii) resolver el caso concreto.

VI.4. Derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las vacaciones de los
empleados judiciales

12. La Constitución Política prevé, en su artículo 25, que el trabajo es un derecho y
una obligación social que goza de especial protección por parte del Estado,
asimismo señala que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas
y justas.

13. Por su parte, el artículo 53 superior detalla varias garantías fundamentales de
obligatoria e ineludible observancia, entre las que se encuentran: el derecho a la
igualdad de oportunidades y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales. Asimismo, establece como una garantía mínima
en favor de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado, derecho que
tiene como propósito que el empleado recupere las energías ante el desgaste
normal de las mismas originado por la actividad laboral.

14. Al respecto, la Corte Constitucional ha definido las vacaciones como:

«[…] un derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que
el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el
empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus
actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo sino un derecho
a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las
vacaciones está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la
ley, puesto que la finalidad es que el trabajador efectivamente descanse. Una
de las situaciones de excepción es en caso de que los trabajadores se
desvinculen del servicio, y no hayan gozado de su derecho al descanso
remunerado, pueden recibir una indemnización monetaria […]5. (Resaltado por
fuera del texto original)

15. Aunado a lo anterior, la citada corporación ha sostenido que: «[…] uno de los
derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el
Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga […]»6.
En efecto, la naturaleza iusfundamental de este derecho se deduce de la
interpretación sistemática7 de los artículos 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto el
descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno de
los principios mínimos fundamentales del trabajo.

16. A su vez, la Organización Internacional del Trabajo - OIT, establece que las
vacaciones remuneradas son un derecho irrenunciable del trabajador, en tanto que:

5
Sentencia C-598/97. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
6
Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía.
7
Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-024 de 1998 M.P.
Hernando Herrera Vergara.

6

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Accionante: Carlos Orlando Echeverry Meza

«[…] se considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a
vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas […]»8.

17. Ahora bien, el régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial se encuentra establecido en el artículo 146 de la ley 270 de 1996 9,
en los siguientes términos:

[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las
de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de
Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la
Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las
necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y
Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal
a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término
de veintidós días continuos por cada año de servicio […]. (Resaltado por fuera
del texto original)

18. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del citado
artículo, precisó lo siguiente:

[…] Según se señaló a propósito del artículo 12 del presente proyecto de ley,
el ejercicio de la función pública y permanente de administrar justicia deberá
realizarse “con las excepciones que establezca la ley” (Art. 228). Significa ello,
como se explicó, que el legislador tiene plena competencia para
determinar los casos en que la rama judicial pueda cesar
transitoriamente sus actividades, en las mismas condiciones que las
normas laborales lo establecen para los demás funcionarios del Estado
y los particulares. Así, entonces, puede la ley -o en su defecto la
autoridad competente- fijar o modificar, dentro de unos márgenes
razonables, los horarios de trabajo, disponer los días de descanso y
determinar los períodos de vacaciones -individuales o colectivas-, sin
que ello atente o comprometa el carácter de permanente que la Carta Política
le ha dado a la administración de justicia […]. (Resaltado fuera del texto original)

19. A partir de lo anterior, se puede concluir que, en atención al contenido del artículo
146 de la Ley 270 de 1996, el régimen de vacaciones de los empleados de la Rama
Judicial se escinde en dos modalidades, a saber: a) los servidores que disfrutan sus
vacaciones de manera colectiva, y b) los empleados cuyo régimen vacacional es
individual y que pertenecen a la «[…] Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunales Nacionales, las de
los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,
Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses […]».

8
Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de junio de 1963.
9
«LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA».

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02013-00
Accionante: Carlos Orlando Echeverry Meza

20. Sin embargo, en ambos supuestos, el empleado de la Rama Judicial se hace
merecedor del derecho a disfrutar de sus vacaciones, el cual se considera
fundamental e irrenunciable y, por tanto, su afectación debe ser protegida a través
de la acción de tutela.

VI.5. El caso concreto

21. El ciudadano Carlos Orlando Echeverry Meza solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la salud, cuya vulneración le atribuyó al
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva – Huila y al Juzgado Sexto Penal Municipal de Florencia, por la negativa
de las referidas entidades en expedir el certificado de disponibilidad presupuestal
que se requiere para que pueda acceder al disfrute de sus vacaciones individuales.

22. En este contexto, la Sala procede a estudiar, en primer lugar, si se cumplen los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Veamos:

i) El actor se encuentra legitimado para promover el presente mecanismo de
amparo, en tanto es el directamente afectado con la determinación de las
autoridades accionadas de negar la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal que se requiere para vincular laboralmente a una persona que actúe
en su reemplazo,

ii) la acción de tutela fue promovida dentro de un término razonable.

iii) el requisito atinente a la subsidiariedad también se encuentra satisfecho, dado
que lo pretendido por el actor es gozar de sus vacaciones, derecho laboral que, de
acuerdo a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, debe ser entendido
como de naturaleza fundamental y como una garantía mínima del trabajador, pues
a través del mismo se garantiza la recuperación de las energías del trabajador
afectadas con ocasión del desgaste físico y mental producto del cumplimiento de
las labores asignadas por el empleador.

Adicionalmente, debe señalarse que el actor en ningún momento le está atribuyendo
la vulneración de sus derechos fundamentales a un acto administrativo en
específico, sino que promovió esta acción constitucional para que se ordene a la
autoridad accionada expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que se
requiere para poder acceder al disfrute de sus vacaciones. De allí que, tal como lo
ha considerado esta Sección10, el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho resultaría ineficaz para tal fin.

10
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) de 5 de julio de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-02681-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) de 11 de octubre de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-04170-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; iii) de 8 de mayo de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez; iv) de 1° de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; v) de 11 de noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón; vi) de 20 de enero de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto

8

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Accionante: Carlos Orlando Echeverry Meza

23. Como consecuencia de lo anterior, la Sala encuentra que, en el presente asunto,
se cumplen los requisitos generales de procedencia del mecanismo de amparo.

24. En este contexto, es necesario poner de relieve que, en múltiples ocasiones esta
Sección11, ha resuelto amparar los derechos fundamentales de los servidores
judiciales accionantes y, como consecuencia de ello, ordenar a las Direcciones
Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial accionadas expedir el certificado
de disponibilidad presupuestal que garantizara la provisión de los recursos
necesarios para efectos de la vinculación de la persona que cubriera la ausencia de
los actores por encontrarse disfrutando sus vacaciones.

25. Valga mencionar que el fundamento del amparo en dichas oportunidades, en
síntesis, consistió en que: «[…] los asuntos de índole administrativo no pueden
afectar el derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste
a los trabajadores […]»12. En efecto, en sentencia de 1° de julio de 2021, esta Sala
de Decisión explicó lo siguiente:

[…] visto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio,
la Sala también comparte el criterio de la Sección Cuarta, en el sentido de que
las circunstancias administrativas no se compadecen con el derecho al
goce y disfrute del período vacacional que legalmente le asiste al actor,
teniendo en cuenta la injerencia del derecho a las vacaciones en el
derecho al trabajo en condiciones dignas, donde el descanso constituye una
garantía fundamental del empleado, además de una prestación social y un
derecho económico relacionado con la salud y la seguridad social de las
personas.

[…]

En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de
restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar el
tutelante, por cuanto ello no implica que se puedan soslayar las
dificultades que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y algunas
veces, la acción desprendida y descuidada de quienes tienen a su cargo
la organización de los asuntos administrativos, de recursos humanos y
presupuestales de la rama, puedan proyectarse sobre los derechos de quienes
laboran en los despachos judiciales […]13. (negrillas fuera del texto)

26. Siguiendo esa misma línea argumentativa, y aunque es cierto que tanto otras
Subsecciones de esta Corporación como la Corte Suprema de Justicia han
considerado que el juez de tutela carece de competencia para ordenar la

Augusto Serrato Valdés; y vii) de 9 de junio de 2022, expediente número 25000-23-15-000-2022-00451-01, Hernando
Sánchez Sánchez.
11
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) de 5 de julio de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-02681-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) de 11 de octubre de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-04170-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; iii) de 8 de mayo de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez; iv) de 1° de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; v) de 11 de noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; vi) de 20 de enero de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés y vii) de 9 de junio de 2022, expediente número 25000-23-15-000-2022-00451-01, Hernando Sánchez
Sánchez.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero de 2022, expediente
número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de 2021, expediente
número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02013-00
Accionante: Carlos Orlando Echeverry Meza

expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, la realidad es que
esta Sección14, así como la Subsección B de la Sección Segunda15, la Subsección
B de la Sección Tercera16, la Sección Cuarta y la Sección Quinta del Consejo de
Estado, hemos venido sosteniendo el criterio consistente en que los asuntos de
índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del período
vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, por lo que, como medida
de protección del derecho, sí resulta procedente que el juez constitucional ordene
adelantar las gestiones pertinentes para obtener la expedición del CDP.

27. Con fundamento en todo lo anterior, esta Sala amparará el derecho fundamental
al trabajo del accionante, el cual se encuentra vulnerado por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva y, en consecuencia, ordenará a
la referida entidad que, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a
partir de la notificación del presente proveído, adelante las gestiones requeridas
para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la provisión
de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las
vacaciones del señor Echeverry Meza. Una vez cuente con los recursos necesarios
deberá comunicar tal novedad de manera inmediata al titular del Juzgado Sexto
Penal Municipal de Florencia.

28. De otro lado, se ordenará al Juez Sexto Penal Municipal de Florencia, o quien
haga sus veces, que una vez, se disponga del certificado de disponibilidad
presupuestal para nombrar en provisionalidad el reemplazo del señor Carlos
Orlando Echeverry Meza, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de dicha comunicación, se pronuncie sobre la concesión del disfrute de las
vacaciones del tutelante.

29. Sin
perjuicio de las anteriores determinaciones, la Sala advierte que no se
accederá a la pretensión cuarta planteada por la parte actora asociada a que se
ordene a las accionadas a no volver a incurrir en actuaciones que restrinjan su
derecho al descanso, dado que esa solicitud, en específico, está fundamentada en
supuestos fácticos futuros e inciertos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación procesal propuesta por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva.

14
En pronunciamiento de 20 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-04569-00, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés, se consideró el mismo criterio que se está reiterando en la presente decisión.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de junio de
2021, expediente número 05001-23-33-000-2021-00738-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
16
Sentencia de 7 de marzo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-10553-01.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02013-00
Accionante: Carlos Orlando Echeverry Meza

SEGUNDO: AMPARAR el derecho al trabajo del accionante Carlos Orlando
Echeverry Meza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva, que, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a
partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho,
adelante todas las gestiones tendientes a expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal para garantizar la provisión de los recursos necesarios con el propósito
de autorizar el reemplazo de las vacaciones del señor Carlos Orlando Echeverry
Meza. Una vez cuente con los recursos necesarios deberá COMUNICAR tal
novedad de manera inmediata al titular del Juzgado Sexto Penal Municipal de
Florencia.

CUARTO: ORDENAR al Juez Sexto Penal Municipal de Florencia, que una vez
se disponga del certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar en
provisionalidad el reemplazo del señor Carlos Orlando Echeverry Meza, deberá
PRONUCIARSE, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de
dicha comunicación, sobre la concesión del disfrute de las vacaciones de la
tutelante.

QUINTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
Salva voto

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
P:(28) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.

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