Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02029-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02029-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-02029-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
21 de julio de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-02029-00
Demandante: MARÍA ELENA POSSO CORRALES
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
INMEDIATEZ
Síntesis del caso: la actora reclamó que se vulneró su derecho fundamental del debido
proceso por motivo de la sentencia en la que se accedió parcialmente a las pretensiones
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó el
departamento del Valle del Cauca en su contra -lesividad- y del auto aclaratorio de esa
providencia. La Sala encontró que la tutela no superó el requisito de inmediatez por lo cual
se declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela presentada1 por la señora María Elena Posso
Corrales en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado para la protección de su derecho fundamental del debido proceso, previsto
en el artículo 29 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión
de las providencias de 9 de septiembre de 2021 y 22 de septiembre de 2022
proferidas por dicha autoridad judicial.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
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Mediante escrito presentado el 24 de abril de 2023.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02029-00
Actora: María Elena Posso Corrales
Acción de tutela
1) El Departamento del Valle del Cauca presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de las señoras María Elena Posso Corrales
y Amalfi Sanclemente Trujillo para que se declarara la nulidad de los actos
administrativos expedidos por la Secretaría de Educación Departamental con los
que les fue reconocida la sustitución de la pensión que en vida devengó el señor
Jesús Maldonado Saavedra, dada su condición de compañeras permanentes, en
cuantía del 100% de la mesada pensional para cada una.
2) El Tribunal Administrativo del Valle profirió sentencia de primera instancia el 27
de septiembre de 2018 en la que accedió a las pretensiones de la demanda, declaró
la nulidad de los actos cuestionados, levantó la medida cautelar que decretó en el
curso del proceso -con la que otorgó la sustitución pensional a las demandadas en
un porcentaje del 50% a cada una- y exhortó a las demandadas para que acudieran
a definir, mediante el proceso judicial correspondiente, el derecho al reconocimiento
de la sustitución pensional en las proporciones que correspondieran a cada una de
ellas.
3) Las demandadas presentaron sendas apelaciones y la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 9 de septiembre de 2021
confirmó parcialmente el fallo y revocó la declaratoria de nulidad del acto que
reconoció la sustitución pensional en favor de la señora María Elena Posso Corrales
por estimar que ella sí acreditó los presupuestos para ser considerada beneficiaria
de esa prestación.
4) Adicionalmente, modificó la sentencia para disponer que el levantamiento de la
medida cautelar procedería desde la ejecutoria del fallo y que desde ese mismo
momento se reanudaría el pago del 100% de la pensión en favor de la señora María
Elena Posso Corrales “sin que haya lugar a pago retroactivo alguno” por considerar
que las sumas pagadas fueron percibidas sin que obrara mala fe.
5) La aquí demandante presentó una solicitud de aclaración del fallo para que se
precisara que la frase “sin que haya lugar a pago retroactivo alguno”, se refirió a las
sumas pagadas en exceso en favor de la señora Amalfi Sanclemente Trujillo y no
así para las sumas correspondientes a mesadas que debieron pagarse a ella y cuyo
monto debió ser indexado.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02029-00
Actora: María Elena Posso Corrales
Acción de tutela
6) La autoridad judicial demandada profirió un auto el 22 de septiembre de 2022 con
el que aclaró la parte resolutiva de la sentencia para precisar que el levantamiento
de la medida cautelar conllevaría la reanudación del pago del 100% de la pensión
en favor de la actora con la inclusión de las mesadas que fueron suspendidas por
esa medida, debidamente actualizadas2.
7) La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación consideró que, si
bien en la demanda ordinaria no se solicitó el pago actualizado de los valores
adeudados a la actora, la jurisprudencia ha aceptado que el mecanismo de la
indexación es un factor que permite el pago real de las acreencias ante la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda.
8) Adicionalmente, precisó que la orden de condena implicaría que la Secretaría de
Educación Departamental del Valle del Cauca pagaría el 100% de la pensión a
María Elena Posso Corrales a partir de la ejecutoria del fallo, junto con todo lo que
se le adeudara desde el momento en que se suspendió ese pago con ocasión de la
medida cautelar decretada en primera instancia.
2. Fundamentos de la vulneración
La actora alegó, en términos generales y sucintos, que las providencias
cuestionadas incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico y procedimental por
exceso ritual manifiesto, y, luego de citar jurisprudencia que conceptuó sobre tales
defectos, afirmó que la autoridad judicial accionada le negó el pago del retroactivo
con lo que agravó su situación a pesar de ser apelante única y no haberse declarado
la nulidad del acto que le reconoció la sustitución pensional.
A partir de las confusas afirmaciones contenidas en el escrito de la demanda, se
infiere que el reproche de la parte actora consistió en que, para ella, la aclaración
de la sentencia condenatoria contenía una orden según la cual no sería beneficiaria
2
De manera expresa se anotó en el auto aclaratorio lo siguiente: “Con base en los razonamientos
que se dejan consignados, sin más disquisiciones sobre el particular, se aclarará el ordinal tercero
de la parte decisoria de la sentencia de 9 de septiembre de 2021, en el sentido de que se levanta la
medida cautelar frente a la Resolución 1945 de 21 de julio de 2011, a partir de la ejecutoria del fallo
y desde ese mismo momento se reanudará el pago del 100% de la pensión sustituida en la señora
María Elena Posso Corrales, el cual deberá incluir las mesadas causadas desde la suspensión de
los efectos de dicho acto administrativo, con ocasión del auto dictado por el a quo el 15 de junio de
2017, en forma actualizada, sin que haya lugar a reconocimiento de retroactivo alguno o de
descuento frente a lo ya sufragado a la señora Amalfi Sanclemente Trujillo.”.
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Actora: María Elena Posso Corrales
Acción de tutela
de las sumas que le fueron dejadas de pagar desde el momento en que se decretó
la medida provisional en el curso del proceso ordinario.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“1. AMPARAR de la manera que su despacho considere conveniente mis
derechos, debido proceso, vulnerados por el Consejo de Estado Sección
Segunda Subsección B, en el expediente: 76001-23-33-000-2016-00936-
01 (3431-2019), en la sentencia de segunda instancia del 9 de septiembre
de 2021 y la sentencia de aclaración o adición del 24 de septiembre de
2022, ejecutoriada el 26 de octubre de 2022, Medio de control Acción de
Lesividad Departamento del Valle del Cauca contra María Elena Posso C
y Otra, en la sentencia que adjunto.
2. AMPARAR de la manera que su despacho considere conveniente,
Otros derechos Constitucionales y legales no citados, así como el
principio de Convencionalidad, por falta de aplicación de los tratados y
convenios internacionales de protección a la mujer y debido proceso.
3. ORDENAR al M.P. de la sección segunda Subsección B del C. E., dejar
sin efecto la parte que niega el “retroactivo del pago de la pensión “y
ordenar el pago de la pensión en los términos y (sic) de la resolución 1945
de 2011, desde su expedición, por estar en firme la resolución y no pesa
ninguna presunción de nulidad o ilegalidad.”.
Por ello solicito tutelar los derechos para que se profiera el fallo en
derecho corrigiendo los yerros de exceso o competencia, inicialmente
solicitados y los derechos a la igualdad aquí evidenciados. (mayúsculas
sostenidas del original – archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI).
4. Actuación procesal
Mediante auto de 26 de abril de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que allegaran un informe
sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Adicionalmente se dispuso la vinculación y notificación del presidente y magistrados
integrantes del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el secretario de
Educación Departamental del Valle del Cauca y la señora Amalfi Sanclemente
Trujillo.
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Actora: María Elena Posso Corrales
Acción de tutela
5. Actuación de la autoridad judicial demandada
El magistrado ponente de las providencias judiciales cuestionadas afirmó que se
atendría a los hechos que quedaren probados durante el trámite procesal de la
acción de tutela y a las razones que les sirvieron de fundamento.
Las demás autoridades guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía
constitucional a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado con
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Acción de tutela
el fin de que se proteja el derecho constitucional fundamental del debido proceso
presuntamente vulnerado con ocasión de la sentencia de 9 de septiembre de 2021
mediante la cual se confirmó parcialmente la decisión que accedió a sustituirle la
pensión a la señora María Elena Posso Corrales y del auto aclaratorio de 22 de
septiembre de 2022.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por las razones que procederán a exponerse:
2.1 El presupuesto general de la inmediatez en las acciones de tutela
El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de
una correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador
de los derechos fundamentales.
Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos
con el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las
situaciones que vulneran o amenazan sus garantías constitucionales en aras de que
se puedan tomar medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales derechos.
En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un
término prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección
“inmediata3” de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir
su cometido y el paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni
desproporcionado que torne ineficaz o inane el control constitucional de la actividad
judicial por vía de la acción de tutela.
Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y
alcance de este requisito, así:
“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra
providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario
la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en
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En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece:
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.”. (negrillas adicionales).
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Actora: María Elena Posso Corrales
Acción de tutela
entredicho, ya que no se entiende por qué si la amenaza o violación del
derecho era tan perentoria, no se acudió al mecanismo constitucional con
anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un excesivo paso del
tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional contra una
providencia judicial, puede afectar además el principio de seguridad jurídica;
de tal manera que la inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales4”.
En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa
judicial la “urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se
exija a los afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento
de la vulneración o amenaza.
Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutelas contra
providencias judiciales, en tanto que en este caso lo que se pretende es dejar sin
efectos una decisión judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la
notificación o ejecutoria de la providencia y la presentación de la acción debe ser
razonable, so pena de que como una de las consecuencias lógicas del principio de
seguridad jurídica el solo paso del tiempo conlleve a que la providencia se proyecte,
consolide sus efectos y se legitime.
De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las
decisiones con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los
derechos de los terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de
manera indefinida a que su contraparte no haga uso de esta herramienta o
someterse a procesos sempiternos, lo que desde luego desdibuja la esencia de este
mecanismo e implicaría sacrificar principios tan valiosos de cualquier ordenamiento
jurídico como lo son la seguridad jurídica y la cosa juzgada.
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha
sido enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser
equiparado en toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las
acciones ordinarias, pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente
es erigirse en la primera herramienta de protección y defensa ante acciones u
omisiones que pongan en riesgo o vulneren garantías iusfundamentales en
ocasiones aplicar de manera estricta el término de 6 meses puede resultar en una
decisión excesivamente rigurosa.
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Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.
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Actora: María Elena Posso Corrales
Acción de tutela
Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede
llevar al juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía
ante la posibilidad de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen
que la demanda no se hubiere presentado en un término razonable, sino que
demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental son
permanentes, persisten en el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.
Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que
deben analizarse en cada caso concreto en aras de racionalizar la exigencia de la
inmediatez, a saber:
(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;
(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;
(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de
cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición 5.
En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos”, el juez debe
valorar si la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones
jurídicamente válidas que expliquen de manera razonable la inactividad del
accionante, hipótesis en las cuales el amparo constitucional siempre será
procedente.
2.1 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso
concreto
1) En el asunto sub examine la parta actora alegó que las providencias del 9 de
septiembre de 2021 y 22 de septiembre de 2022 proferidas por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrieron en los defectos sustantivo,
fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto.
2) Sin embargo, la Sala advierte que en este caso no se cumplió el requisito de
inmediatez, en los términos analizados en precedencia, si se tiene en cuenta que la
más reciente de las providencias cuestionadas fue proferida el 22 de septiembre de
5
Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.
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Acción de tutela
2022 y notificada al correo electrónico de la demandante el 18 de octubre de 2022,
como consta en el acta secretarial de esa fecha, lo cual fue corroborado por esta
Sala de Decisión en el Sistema de Consulta de Procesos Unificada de la Rama
Judicial y el Sistema de Gestión Judicial – SAMAI:
2) Así entonces, en atención a que el 18 de octubre de 2022 se envió a la
demandante el mensaje de datos con la providencia cuestionada y a que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, la notificación
de la providencia que se haga por medios electrónicos debe entenderse realizada
a los dos días hábiles siguientes al envío de dicho mensaje, el término razonable en
el que la actora pudo solicitar el amparo de sus derechos fundamentales inició el
miércoles 21 de octubre de 2022 y venció el 21 de abril de 2023.
3) Sin embargo, la acción de tutela se radicó por fuera del plazo de los 6 meses que
se estableció como razonable para presentar el amparo, pues la demandante la
presentó a través de correo electrónico ante esta Corporación el 24 de abril de 2023,
lo cual permite denotar que se ejerció extemporáneamente.
4) Ahora bien, la Sala advierte que en este caso tampoco se explicó ni justificó la
presentación tardía de la acción, pues la actora no esgrimió ningún i) motivo válido
o situación personal que justificara su inactividad; ii) no se aprecia que se esté ante
una vulneración a amenaza permanente, iii) que el fundamento de la acción haya
surgido después de acaecida la actuación violatoria de los derechos, o iv) ninguna
otra circunstancia especial que permita flexibiliar el término de inmediatez.
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Actora: María Elena Posso Corrales
Acción de tutela
5) En consecuencia, como la acción de tutela no se presentó en un plazo razonable
y tampoco se avizora la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la
intervención del juez constitucional o justifique la interposición tardía del proceso de
acción de tutela se deberá declarar improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la señora María
Elena Posso Corrales, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Salva voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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