Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02061-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02061-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-02061-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
24 de agosto de 2023
Demandante: Carlos Alberto Flórez Soto
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02061-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02061-01
Demandante: CARLOS ALBERTO FLÓREZ SOTO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo de 29 de
junio de 2023, por medio del cual, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la
solicitud de amparo.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Carlos Alberto Flórez Soto, por conducto de apoderada judicial, interpuso1
acción de tutela para que le fueran amparados sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la defensa y a los «derechos adquiridos».
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia de 27 de febrero de 2023, de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante la cual se revocó la decisión de primer grado de 11 de
mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de
Decisión que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho que inició contra el municipio de Pereira, cuyo
proceso se identificó con el radicado 66001-23-33-000-2019-00441-01.
1.2. Pretensiones
Las peticiones deprecadas son las siguientes:
1. TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
IGUALDAD, DERECHO A LA DEFENSA y DERECHOS ADQUIRIDOS.
2. DECLARAR, que la sentencia o fallo de segunda instancia proferido en el proceso
contencioso Administrativo 66001233300020190044100 emitida por el CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en contra del
MUNICIPIO DE PEREIRA violó por vía de hecho derechos fundamentales como
DERECHO A UN DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO A
LA DEFENSA, Y DERECHOS ADQUIRIDOS.
1 La demanda se presentó el 25 de abril de 2023.
1
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Demandante: Carlos Alberto Flórez Soto
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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3. ORDENAR dejar sin efecto la sentencia en segunda instancia proferida por el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y en su
lugar se confirme la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de Risaralda.
4. ORDENAR la revisión de la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO2. (Mayúsculas sostenidas del
texto original)
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia:
1.3.1. El Señor Carlos Alberto Flórez Soto, laboró para el municipio de Pereira, en
establecimientos educativos como celador, mediante contratos de prestación de
servicios celebrados entre el 3 de marzo de 2008 y el 1° de febrero de 2016.
1.3.2. El tutelante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el mencionado ente territorial, con el fin de
desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo que le negó el
reconocimiento y pago de haberes laborales como consecuencia del denominado
contrato realidad.
1.3.3. Del referido asunto conoció, en primera instancia, la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Risaralda, autoridad judicial que, en sentencia de 11
de mayo de 2020, accedió parcialmente a las súplicas deprecadas y, en ese orden,
declaró parcialmente probada la excepción de prescripción, condenó a la
demandada a pagarle al actor las vacaciones, cesantías, primas y demás
emolumentos, así como las diferencias del ingreso base de cotización de los aportes
para salud y pensión.
1.3.4. Contra la anterior decisión las partes en litigio elevaron sendos recursos de
apelación, los cuales fueron desatados por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado en fallo de 27 de febrero de 2023, mediante el cual revocó
la providencia dictada por el a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones, al
concluir que no se había acreditado el elemento de la subordinación, pues, advirtió
que los contratos y los testimonios recaudados no eran suficientes para demostrar
su configuración.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada trasgredió sus
derechos fundamentales, para lo cual inició con la referencia, de forma general, de
los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, conforme la
sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
En este punto, en el acápite de los hechos generadores de la violación, señaló que
la prestación personal y continuada de los servicios prestados, se deducía de la
2 Transcripción del texto original con posibles errores.
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prórroga sucesiva de los contratos que se dio desde el 3 de marzo de 2008 hasta el
1° de febrero de 2016, por lo que, en su sentir, se tenía el indicio de una contratación
irregular que encubría un vínculo laboral.
En ese orden, aseveró que se vulneró su prerrogativa constitucional al debido
proceso, ante la omisión de la autoridad judicial de valorar todo el material
probatorio, que de haberse hecho, se habría cambiado el sentido de la decisión.
Alegó que la corporación cuestionada desconoció múltiples decisiones dictadas en
similares controversias contra el municipio de Pereira donde se accedió a las
pretensiones de las demandas y se condenó al ente territorial, en su sentir, por
cuanto, en estas se estableció el criterio según el cual, la labor de los vigilantes
carece de autonomía e independencia. Para el efecto, citó 27 números de procesos
con el nombre del respectivo demandante, de los cuales indicó que han sido
conocidos en segunda instancia por esta corporación.
Aseveró que fue sometido por la entidad demandada al cumplimiento de horarios,
donde además utilizó para el desarrollo de sus labores los elementos o instrumentos
propios de las instituciones educativas, sin que le asistiera ningún tipo de
independencia, pues, recibía instrucciones precisas de cómo debía ejecutar el
objeto de su contrato, lo que evidenciaba la existencia de la subordinación.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 27 de abril de 2023, el a quo constitucional admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y, le otorgó el término de dos (2) días para que rindiera el informe de que
trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Como tercero con interés, vinculó al Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Tercera de Decisión y al municipio de Risaralda, para que si lo consideraban se
manifestaran en el presente trámite.
Finalmente, requirió a la autoridad judicial accionada y al tribunal vinculado para que
remitieran copia digital del expediente donde se dictó la providencia cuestionada y,
reconoció personería a la abogada Martha Lucía Bedoya Merín como apoderada de
la parte actora.
1.6. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, no se presentó ninguna manifestación3.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 29 de junio de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado negó la solicitud de amparo, por cuanto no encontró configurados los
defectos por desconocimiento de precedente y fáctico, en su dimensión negativa,
3 Notificaciones que se encuentra en el índice 8 del aplicativo Samai del Consejo de Estado.
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los cuales interpretó de los argumentos del escrito tutelar, se alegaban contra la
providencia censurada.
Después de referirse al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad y de las
generalidades del defecto por desconocimiento de precedente, así como de hacer
una reseña sobre las actuaciones relevantes adelantadas en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho donde se dictó la providencia censurada, concluyó
que no se presentaba el referido yerro, por cuanto, si bien varias de las sentencias
alegadas por el actor guardaban similitud con su caso, en esas, los declarantes
afirmaron que recibían órdenes del rector del establecimiento educativo y, además
se aportaron otras pruebas que daban cuenta que las funciones que realizó la parte
demandante de esos procesos, también eran desarrolladas por empleados de
planta, como minutas y circulares de los mencionados funcionarios.
En ese orden, advirtió que dichas providencias no eran aplicables al caso del
accionante, por cuando en dichos procesos se evidenció con grado de certeza, a
partir de las pruebas documentales y testimoniales, que los demandantes, que
prestaban sus servicios como vigilantes para el municipio de Pereira, recibían
órdenes del director de los centros educativos y que además existían empleados de
planta con las mismas funciones, con lo cual se desvirtuó la autonomía e
independencia en la ejecución de los contratos, lo cual no sucedió en la demanda
del señor Flórez Soto.
En este punto, trajo a colación el fallo de 25 de agosto de 2022, dictado por la
autoridad judicial accionada, en el que se negó el reconocimiento del denominado
contrato realidad en un caso igual, comoquiera que, no se acreditó el elemento de
la subordinación, con sustento en las reglas desarrolladas por la sentencia de
unificación de 9 de septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
Señaló entonces que, la corporación cuestionada no desconoció la regla
jurisprudencial que estableció la misma magistratura para los casos de
reconocimiento del contrato realidad a favor de las personas que prestan sus
servicios como vigilantes mediante contratos de prestación de servicios, pues, en la
mayoría de esos la parte demandante aportó las pruebas suficientes para demostrar
el requisito de la subordinación.
Finalmente, resaltó que la autoridad judicial accionada realizó una valoración en
conjunto de las pruebas arrimadas al proceso, en la cual no se advertía ningún vicio
o capricho, luego, estaba ajustada a derecho.
1.8. Impugnación4
Mediante escrito enviado por correo electrónico el 13 de julio de 2023, la parte
actora planteó su inconformidad con el fallo de primera instancia, para lo cual, iteró
la configuración del yerro del desconocimiento de precedente en la providencia
cuestionada. Para el efecto, transcribió apartes de la sentencia de 2 de mayo de
4 La sentencia fue notificada el 6 de julio de 2023.
4
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2013, dictada por la autoridad judicial accionada en el expediente 05001-23-31-000-
2004-03742-01 (2027-12).
En ese orden, insistió que, en su caso, el objeto de los contratos fue el de prestar
los servicios como vigilante de establecimientos educativos del municipio de
Pereira, lo cual daba cuenta que estaba subordinado a las directrices que le
impartiera el ente territorial, además, porque cumplía horarios y recibía órdenes de
los rectores de los centros educativos, de donde se evidenciaba el elemento de la
subordinación.
Señaló que, si bien en estos casos, le corresponde a la parte interesada probar la
existencia de la relación laboral, con las pruebas que reposaban en el expediente
ordinario se demostraba con suficiencia la misma, además porque del propio
empleo se podía deducir la falta de libertad para desarrollar las funciones de
vigilante, tal como lo ha concluido el Consejo de Estado.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 29 de junio de 2023, proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión
de primera instancia de 29 de junio de 2023, a través de la cual el Consejo de
Estado, Sección Cuarta negó la solicitud de amparo presentada por el señor Carlos
Alberto Flórez Soto contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos
de procedibilidad adjetiva, en especial el de la relevancia constitucional y, de
superarse; (iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
La Sala advierte que en el sub examine, contrario a lo señalado por el a quo
constitucional, no se cumple el presupuesto de la referencia, para lo cual resulta
pertinente, en primer lugar, recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional
en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción de amparo de cara
a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)
En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20229 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de
una actuación arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre 10.
2.4.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por el
señor Carlos Alberto Flórez Soto, como se indicó en precedencia, no satisface el
requisito de relevancia constitucional, comoquiera que, las inconformidades
planteadas no contienen la carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las
razones por las cuales el asunto implica la intervención del fallador constitucional.
En efecto, revisado el escrito tutelar se tiene que, si bien el tutelante realizó unas
manifestaciones sucintas sobre algunas prerrogativas superiores, lo cierto es que
no satisfizo la carga desde la perspectiva constitucional, según lo establecido en la
referida sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU-215 de 2022, pues,
entre otras cosas, ni si quiera señaló en concreto los supuestos yerros en que
incurrió la providencia cuestionada.
Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la defensa, no conlleva a que el
asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente relevancia
constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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hermenéutico y argumentativo que permita vislumbrar que la controversia gira en
torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, ya que la
competencia de este operador judicial se restringe a la protección efectiva de las
garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
Asimismo, deviene de manera indiscutible, el hecho notorio correspondiente a que
la controversia propuesta por el accionante se circunscribe a un simple desacuerdo
con la valoración probatoria, al haberse cimentado en que el ad quem del proceso
ordinario desconoció varios pronunciamientos de la misma corporación, que han
sido del criterio que los vigilantes para el desarrollo de sus funciones carecen de
autonomía e independencia, luego, en su sentir, con el acervo probatorio recaudado
en su causa, contratos y testimonios, se acreditaban los elementos de la relación
laboral, en especial el de la subordinación.
Sumado a lo anterior, es de resaltar que la parte actora cuestiona la providencia de
segunda instancia dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, por lo que, conforme a la sentencia de unificación citada en precedencia,
se debía demostrar un actuación arbitraria que diera lugar a una afectación
desproporcionada de un derecho fundamental, lo cual no sucedió, máxime cuando,
como en esta caso, fue la Sala especializada de cierre en la materia que, con
sustento en su jurisprudencia concluyó que, los contratos y los testimonios
recaudados, con los cuales pretendió la parte demandante acreditar también el
elemento de la subordinación, no eran suficientes.
Ello, por cuanto advirtió que no se aportaron elementos que dieran cuenta que, al
señor Flórez Soto le hubieran sido impartidas órdenes o se le haya impuesto un
reglamento de trabajo o realizado llamados de atención «o de la necesidad de
solicitar permiso para ausentarse del lugar de trabajo», así entonces, concluyó la
Sala censurada que no se podía tener con certeza aquellos hechos con los cuales
se alegaba la existencia de la subordinación continuada.
En ese orden de ideas, se itera que, lo que se vislumbra es una inconformidad o
discrepancia del tutelante con la decisión adoptada por el fallador de segundo grado
que le negó sus pretensiones, para lo cual busca, por medio de este mecanismo de
amparo, que el asunto sea nuevamente estudiado, sin realizar el respectivo ejercicio
hermenéutico de carácter constitucional y la demostración, prima facie, de una
actuación injusta o caprichosa de la accionada.
2.5. Conclusión
Contrario a lo manifestado por el a quo constitucional, el presente mecanismo de
amparo, conforme a la jurisprudencia de unificación de la Corte Constitucional, no
cumple con el presupuesto de la relevancia constitucional, comoquiera que carece
de la carga argumentativa de connotación ius fundamental, sumado a que, dada la
importancia de la autoridad judicial cuestionada, no se demostró una afectación
desmedida de una garantía superior como consecuencia de un proceder arbitrario
de esta.
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En consecuencia, se revocará la providencia de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado de 29 de junio de 2023, que negó la tutela, para declararla improcedente por
falta de cumplimiento del referido requisito.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 29 de junio de 2023, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la tutela, para, en su
lugar, DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor
Carlos Alberto Flórez Soto.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”
9
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