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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02084-00

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02084-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Víctor Eliécer Alarcón, quien actúa mediante apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02084-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

29 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02084-00
Actor: Víctor Eliécer Alarcón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02084-00
Demandante: VÍCTOR ELIÉCER ALARCÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Defecto por desconocimiento del
precedente judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Víctor Eliécer Alarcón, quien actúa mediante apoderada
judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que pide el
amparo constitucional del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente
vulnerado con la sentencia de 27 de octubre de 2022, mediante la cual modificó la
decisión que negó la nulidad de los Decretos Nos. 4110.20.0928 de 31 de
diciembre de 2014 y 4110.20.00106 de 13 de marzo de 2015, para, en su lugar,
declarar probada la excepción de cosa juzgada en el marco del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 76001-33-33-002-
2015-00199-01.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura de los expedientes de tutela y ordinario, se establecen como hechos
relevantes los siguientes:

El alcalde municipal de Santiago Cali (en la actualidad Distrito Especial Deportivo,
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali1) profirió el
Decreto 4110.20.0928 de 31 de diciembre de 2014, para el mejoramiento del
tránsito de vehículos particulares y de servicio público colectivo urbano de
pasajeros en vías públicas del municipio para el año 2015, acto administrativo que
implementó el sistema pico y placa en el perímetro urbano de la entidad territorial
para restringir la circulación de vehículos particulares y estableció una restricción
a la circulación de los vehículos tipo bus, buseta, microbús y camperos destinados
a la prestación del servicio de transporte público colectivo urbano de pasajeros,
por la incursión del transporte público tradicional y el Sistema de Transporte
Masivo, MIO. Luego dictó el Decreto 4110.20.00106 de 13 de marzo de 2015, en

1
Ley 1933 de 2018, “Por medio de la cual se categoriza al municipio de Santiago de Cali como Distrito Especial, Deportivo,
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02084-00
Actor: Víctor Eliécer Alarcón

el que se modificó la primera decisión administrativa y adoptó medidas para el
mejor ordenamiento de tránsito de vehículos de servicio público colectivo urbano
de pasajeros para el año 2015.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el
señor Víctor Eliécer Alarcón presentó demanda contra el municipio de Santiago
de Cali, con el fin de que se anularan esos actos administrativos, y a título de
restablecimiento del derecho el pago de $74.696.710, más los honorarios de
abogado tasados en un 30%.

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali en sentencia de 25 de
septiembre de 2017, negó las pretensiones de la demanda con sustento en que
los alcaldes están facultados constitucional y legalmente para regular la
circulación de peatones y vehículos en la respectiva entidad territorial, además de
gozar de cierta autonomía para asegurar la eficiente prestación del servicio
público de transporte. Agregó que el actor no citó norma alguna que limitara el
ejercicio de la competencia del alcalde municipal para proferir los actos
administrativos demandados.

Por último, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en fallo de 21 de octubre
de 2022, la modificó y declaró probada la excepción de cosa juzgada frente a las
pretensiones relacionadas con la nulidad de los Decretos Nos. 4110.20.0928 de
31 de diciembre de 2014 y 4110.20.00106 de 13 de marzo de 2015, bajo el
argumento de que estos se anularon mediante sentencia de 13 de noviembre de
2019 proferida por esa misma corporación judicial. En lo demás, negó las demás
pretensiones de la demanda porque “no se aportó ninguna prueba que acreditara
tales perjuicios”.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampare el
derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca con la sentencia de 21 de octubre de 2022, por
medio de la cual se modificó el fallo del a quo y, en su lugar, se declaró la
excepción de cosa juzgada y negó las pretensiones tendientes al pago de los
perjuicios causados.

En primer lugar, se refirió de manera general al cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

Luego, indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente judicial, por no aplicar la regla de decisión
dispuesta en las sentencias de 18 de febrero de 20162 de la Sección Primera y de
16 de agosto de 20123 de la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de
Estado relacionada con la condena en abstracto y en concreto regulada en los
artículos 193 de la Ley 1437 de 2011 y 283 de la Ley 1564 de 2012.

Finalmente, señaló que “por analogía, la filosofía previamente citada deberá ser
aplicada aquí, como quiera que se generó una vulneración del derecho o del
interés tutelado por el ordenamiento jurídico, prueba de ello, fue la declaratoria de
“cosa juzgada frente a la pretensión de nulidad de los actos administrativos”,

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Consejo de Estado, Sección Primera, radicado No. 13001-23-31-000-2001-00362-01, C.P.: María Claudia Rojas Lasso.
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” No. 25000-23-26-000-1994-00427-01, C.P.: Carlos Alberto
Zambrano Barrera.

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Actor: Víctor Eliécer Alarcón

puestos en su conocimiento, así que de dicha vulneración, como bien lo refiere el
órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, emerge de la falta
de indemnización de perjuicios, perjuicios que si bien por ahora no son
cuantificables, lo serán a través de la aplicación y procedimiento de la condena en
abstracto que aquí se reclama”.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“PRIMERO: Que se DECLARE vulnerado por parte del Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca, en cabeza del magistrado OMAR EDGAR
BORJA SOTO, el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, con
ocasión a la sentencia de segunda instancia del veintiuno (21) de octubre del
2022, notificada por correo electrónico el veintisiete (27) de octubre del 2022.

SEGUNDO: Se ORDENE proferir una decisión conforme con los precedentes
judiciales y se condene en abstracto para que sea posible adelantar el trámite
incidental de liquidación, con la finalidad de hacer efectivo [el] restablecimiento
del derecho en razón de la nulidad declarada de los decretos”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 12 de mayo de 2023, el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito de Cali remitió el link del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió el señor Víctor Eliécer Alarcón contra el municipio de
Santiago de Cali (radicado No. 76001-33-33-008-2015-00219-00).

5. Trámite procesal

Por auto de 8 de mayo de 2023, el despacho de la Magistrada Sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada,
así como al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali, al distrito de
Santiago de Cali y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 42071 a 42071 de 11
de mayo de 20234, con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali

En escrito de 12 de mayo de 2023, la titular del despacho informó sobre cada una
de las actuaciones que se desarrollaron en el curso de la primera instancia y
resaltó que la providencia que emitió se sujetó al estricto respeto por el precedente
judicial vigente al momento de proferir la sentencia y a los medios de prueba
válidamente incorporados al proceso.

6.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Distrito Especial
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de
Cali, guardaron silencio, aun cuando se les notificó en debida forma el auto
admisorio de la acción de tutela.

4
La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: notificaciones@hmasociados.com, s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co;
s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co, rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notificacionesjudiciales@cali.gov.co, notificacionesjudiciales@cali.gov.co y
adm08cali@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin08cli@notificacionesrj.gov.co.

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Actor: Víctor Eliécer Alarcón

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca con la sentencia de 21 de octubre de 2022, que modificó la decisión de
primera instancia en la que se negaron las pretensiones de la demanda y, en su
lugar, declaró probada la excepción de cosa juzgada respecto de la declaratoria
de nulidad de los actos administrativos demandados y negó las demás
pretensiones en relación con los perjuicios solicitados, vulneró el derecho
fundamental al debido proceso y si incurrió en desconocimiento del precedente
judicial, al no aplicar las reglas desarrolladas por las sentencias de 18 de febrero
de 20165 de la Sección Primera y de 16 de agosto de 20126 de la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado relacionada con la condena en abstracto y
en concreto regulada en los artículos 193 de la Ley 1437 de 2011 y 283 de la Ley
1564 de 2012.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos7 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos8, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20129, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
201410, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200511.

5
Consejo de Estado, Sección Primera, radicado No. 13001-23-31-000-2001-00362-01, C.P.: María Claudia Rojas Lasso.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” No. 25000-23-26-000-1994-00427-01, C.P.: Carlos Alberto
Zambrano.
7
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
8
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
9
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
10
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
M. P. Jaime Córdoba Triviño.

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Actor: Víctor Eliécer Alarcón

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico12; (ii) Defecto procedimental absoluto13; (iii)
Defecto fáctico14; (iv) Defecto material o sustantivo15; (v) Error inducido16; (vi)
Decisión sin motivación17; (vii) Desconocimiento del precedente18 y (viii) Violación
directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo19 y de la Corte
Constitucional20.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

12
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
13
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
14
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
15
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
16
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
17
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
18
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
19
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
20
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.

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4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que están cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto (i)
goza de relevancia constitucional, en tanto se debe determinar si el fallo objetado
que negó el reconocimiento de los perjuicios solicitados en la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho vulneró el derecho fundamental al debido proceso
del accionante, por lo que no se observa que la solicitud de amparo se presente
como una instancia adicional o se plantee un asunto de mera legalidad.

Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de
apelación, por lo que el accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses21
establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte
Constitucional22; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera
clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

4.2. La autoridad judicial demandada no incurrió en desconocimiento del
precedente judicial

4.2.1. El accionante acudió al mecanismo de protección constitucional con el
objeto de que se ampare su derecho fundamental al debido proceso,
supuestamente vulnerado con el fallo de 21 de octubre de 2022, por medio del
cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca modificó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró la
excepción de cosa juzgada respecto de la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos demandados y negó las demás pretensiones en relación con los
perjuicios solicitados.

Lo anterior, al considerar que incurrió en defecto por desconocimiento del
precedente judicial, al no aplicar la regla desarrollada por las sentencias de 18
de febrero de 201623 de la Sección Primera y de 16 de agosto de 201224 de la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, relacionada con la
condena en abstracto y en concreto regulada en los artículos 193 de la Ley 1437
de 2011 y 283 de la Ley 1564 de 2012.

4.2.2. Previo a resolver de fondo el asunto, se hará referencia a las principales
actuaciones del proceso ordinario, con el fin de tener mayor claridad y elementos
de juicio.

La parte actora presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el municipio de Santiago de Cali25, con el fin de que se anularan los
Decretos 4110.20.0928 de 31 de diciembre de 2014 y 4110.20.00106 de 13 de
marzo de 2015, y a título de restablecimiento del derecho el pago de $74.696.710,
más los honorarios de abogado tasados en un 30%.

21
La providencia objeto de tutela se profirió el 21 de octubre de 2022, se notificó el 27 de octubre de 2022, lo cierto es que
la acción de tutela se instauró el 25 de abril de 2023, es decir, dentro de los seis (6) meses establecidos como plazo
razonable.
22
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
23
Consejo de Estado, Sección Primera, radicado No. 13001-23-31-000-2001-00362-01, C.P.: María Claudia Rojas Lasso.
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” No. 25000-23-26-000-1994-00427-01, C.P.: Carlos Alberto
Zambrano.
25
Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02084-00
Actor: Víctor Eliécer Alarcón

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali en fallo de 25 de septiembre
de 2017, negó las pretensiones encaminadas a la anulación de los actos
administrativos demandados, con sustento en que los alcaldes están facultados
constitucional y legalmente para regular la circulación de peatones y vehículos en
el municipio del que son autoridad administrativa, además de gozar de cierta
autonomía para asegurar la eficiente prestación del servicio público de transporte.
Agregó que el actor no citó norma alguna que limitara el ejercicio de la
competencia del alcalde municipal para proferir los actos demandados.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de 21 de octubre de
2022, modificó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la
excepción de cosa juzgada frente a la pretensión de anular los Decretos Nos.
4110.20.0928 de 31 de diciembre de 2014 y 4110.20.00106 de 13 de marzo de
2015, “toda vez que ya habían sido removidos del ordenamiento jurídico por la
misma autoridad judicial en sentencia del 13 de noviembre de 2019, razón por la
cual, de conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 189 del
CPACA, su declaratoria de nulidad produjo efectos de cosa juzgada erga omnes”.
En lo demás, negó las pretensiones tendientes al resarcimiento de los perjuicios
causados, con sustento en lo siguiente:

“Pretende la parte actora, a título de restablecimiento del derecho, que se le reconozca
liquide y pague la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CMTE ($74.696.710). No
obstante, no se aportó ninguna prueba que acreditara tales perjuicios.

Es más, con sorpresa para esta Sala de Decisión, se denota de la demanda una
posición pasiva por parte del demandante para acreditar sus pretensiones, pues no se
solicitó la práctica de ninguna prueba que por lo menos demostrara su intención de
mostrar los perjuicios reclamados. Recuérdese en este punto que la parte actora
además de tener mejores condiciones de probar sus perjuicios, pues era la única que lo
podía realizar y no lo hizo dentro de las oportunidades procesales y por ello, el Juez
como director del proceso no puede suplir la carga probatoria que le correspondía y
menos a través de prueba de oficio.

Tampoco se probó la utilidad pretendida como restablecimiento del derecho pues la
parte actora se limitó a razonar sobre la cuantía del perjuicio económico sin aportar
ningún elemento no solo para justificarla, sino la existencia misma del perjuicio, con lo
cual el daño no está acreditado. A similar conclusión arribó esta Sala de Decisión en
reciente pronunciamiento:

(…)

De modo que, la parte actora no cumplió con la carga probatoria de qué trata el artículo
167 del CGP para acreditar el daño y que los perjuicios materiales que reclama le sean
pagados, la pretensión será negada. En cuanto a los honorarios de abogado no se
comprobó pago alguno y según afirma la demanda sin soporte en algún medio de
prueba, corresponden al treinta por ciento (30%) de los valores logrados en el proceso,
de manera que no se trata de un daño emergente sino eventual, un compromiso
condicionado al resultado del asunto, por ello también se niega esta pretensión.

Partiendo de lo dicho, en el presente caso es evidente que el demandante actuó de
forma negligente al no aportar ninguna prueba que acreditara los perjuicios
reclamados. Por tanto, quiere ser enfática esta Sala de Decisión que aquí no está en
discusión un punto oscuro, pues lo que se está negando no es el derecho en sí mismo,
sino los perjuicios que no probó.

8. PERJUICIOS MORALES.

Se solicita a título de indemnización, el reconocimiento de perjuicios morales por cien
(100) salarios mínimos. El Consejo de Estado ha reiterado que el perjuicio moral debe
probarse, inclusive en los casos en que se aceptara provenga de la pérdida de bienes
materiales:

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02084-00
Actor: Víctor Eliécer Alarcón

“La jurisprudencia de esta Corporación ha llegado hasta aceptar que es procedente la
indemnización de toda clase de situaciones que generen perjuicios morales, dentro de
los que se incluye la pérdida de bienes materiales, siempre y cuando existan pruebas
que lo permitan establecer. Sobre el particular se ha indicado:

“… la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a
indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la
pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de
perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso”.

Estima la Sala que el mencionado perjuicio inmaterial tampoco cuenta con respaldo
probatorio, pues la parte actora se limitó a solicitarlo, pero no aportó ningún medio de
convicción que permita tenerlo por acreditado, por lo que debe negarse. En virtud de lo
expuesto, se negará reconocimiento de perjuicios derivados del restablecimiento
pretendido”.

De lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
modificó la decisión de primera instancia, luego de constatar que los actos
administrativos demandados ya habían sido anulados, razón por la cual se
configuraba la excepción de cosa juzgada, y frente al resarcimiento de los
perjuicios evidenció que la parte demandante no aportó pruebas del daño material
y moral que alegó en la demanda.

4.2.3. La parte actora invoca el defecto por desconocimiento del precedente
judicial, pues, a su juicio, la autoridad judicial accionada no aplicó la regla
desarrollada por las sentencias de 18 de febrero de 201626 de la Sección Primera y
de 16 de agosto de 201227 de la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de
Estado, relacionada con la condena en abstracto y en concreto regulada en los
artículos 193 de la Ley 1437 de 2011 y 283 de la Ley 1564 de 2012.

En torno al defecto por desconocimiento del precedente judicial, es necesario
precisar que la Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente
judicial implica que28: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de
conformidad con el (los) caso (s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que
definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los
supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la
regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación»

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas29:

1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció15.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.

26
Consejo de Estado, Sección Primera, radicado No. 13001-23-31-000-2001-00362-01, C.P.: María Claudia Rojas Lasso.
27
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” No. 25000-23-26-000-1994-00427-01, C.P.: Carlos Alberto
Zambrano.
28
Sentencia T-158 de 2006, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
29
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02084-00
Actor: Víctor Eliécer Alarcón

4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre
el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente
judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente
si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la
decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el
juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto30.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.

4.2.4. Descendiendo al caso concreto, se observa que la inconformidad de la
parte actora radica en el desconocimiento de las sentencias del (i) 18 de febrero
de 2016 (expediente 13001-23-31-000-2001-00362-01), en relación con la
apreciación de las pruebas en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana
crítica y a la condena en abstracto y (ii) 16 de agosto de 2012 (expediente 25000-
23-26-000-1994-00427-01 (19216), respecto a la cuantificación del perjuicio en el
equivalente al monto de la garantía de seriedad del ofrecimiento.

Al respecto, la Sala anticipa que no se configuró el defecto alegado por la parte
actora, por las razones que se pasan a explicar:

• Sentencia del 18 de febrero de 2016: no existe identidad de supuestos
fácticos, porque en ese caso se cuestionaron los actos administrativos
expedidos por la DIAN mediante los cuales canceló el certificado de
autorización para ejercer la actividad de intermediación aduanera que le
fue otorgado a una sociedad, y si bien el Consejo de Estado en el recurso
de apelación resolvió se podía negar el resarcimiento de perjuicios en su
modalidad de daño emergente y el perjuicio al buen nombre o good will, en
esa oportunidad la Corporación contó con elementos probatorios
aportados por la parte demandante, a efecto de acreditar los perjuicios
alegados.

En efecto, para demostrar el perjuicio material en la modalidad de lucro
cesante, la demandante aportó, entre otros, los estudios contables, el
avalúo del inmueble y la presentación de la póliza de garantía que
acreditaban los requisitos exigidos para obtener la autorización para
ejercer la actividad de intermediación aduanera. Asimismo, allegó la
liquidación final de prestaciones sociales e indemnización por terminación
unilateral de los contratos de trabajo de la planta de personal, sin
embargo, con esos elementos probatorios no fue posible establecer a
ciencia cierta el monto total del daño emergente derivado del perjuicio
inmediato ocasionado por los actos administrativos anulados, por lo que la
Corporación dispuso que la condena al pago de los mismos se haría en
abstracto y su liquidación se adelantaría mediante el trámite incidental, en
el que incluso, indicó “(…) la falencia probatoria del dictamen pericial no
impide la tasación del daño conforme al principio de equidad cuando se ha
demostrado la existencia del daño pero no ha sido posible cuantificar su
monto”.

30
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de
juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se
refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el
caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).

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Actor: Víctor Eliécer Alarcón

• Sentencia del 16 de agosto de 2012: es un asunto que no cumple con el
supuesto de la identidad fáctica, porque en ese caso se demandó por la
reparación de los perjuicios materiales causados en las modalidades de
daño emergente y lucro cesante, por no adjudicar una licitación pública
nacional. En esa decisión, si bien se ordenó la condena en abstracto, ello
obedeció a que “(…) no es procedente acudir a la equidad y fijar la
indemnización del perjuicio en el monto de la garantía de seriedad del
ofrecimiento, porque la dificultad no estriba en la segregación del precio
del contrato y del porcentaje o del monto de la utilidad que esperaba recibir
el demandante con su ejecución, sino en la ausencia de los elementos de
juicio necesarios para cuantificar el perjuicio material irrogado, de modo
que, como la Sala desconoce si la oferta presentada por la parte actora
señalaba expresamente el monto de la utilidad esperada, el fallador no
puede fijar la indemnización acudiendo a la equidad, porque pueden existir
parámetros ciertos de los cuales se pueda deducir tal extremo, a pesar de
que esa precisa información no repose en el expediente (…)”.

Las sentencias que se citaron como precedente judicial desconocido difieren del
asunto que es objeto de estudio, si se tiene en cuenta que, a diferencia los
antecedentes jurisprudenciales citados, la parte aquí demandante no aportó un
solo medio probatorio que acreditara la existencia de los perjuicios causados con
los actos administrativos declarados nulos. Luego, fue debido a la ausencia de
pruebas sobre la existencia de los referidos perjuicios que la autoridad judicial
demandada los negó.

Por las mismas razones, no le asiste razón a la parte actora cuando señala que
se vulneró el derecho al debido proceso porque no se condenó en abstracto,
pues, como se dijo, la decisión de negar los perjuicios obedeció a la falta de
prueba respecto de estos y no porque fuera imposible liquidarlos en la sentencia.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que, en los términos del artículo 193 de la Ley
1437 de 2011 -CPACA-, “las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras,
perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía
no hubiere sido establecida en el proceso, se harán en forma genérica,
señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en
los términos previstos en este Código y en el Código de Procedimiento Civil”.
(Subraya y negrilla de la Sala)

No se desconoce la obligación que le asiste a los jueces en apreciar las pruebas
en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin embargo, como
se vio, el caso objeto de estudio se trató de la ausencia total de pruebas que
impidió realizar pronunciamiento sobre los perjuicios reclamados a título de
restablecimiento del derecho.

Esta Sala31, en casos con identidad de contornos fácticos en los que también se
demandó la nulidad de los Decretos Nos. 4110.20.0928 del 31 de diciembre de
2014 y 4110.20.00106 del 13 de marzo de 2015, se ha pronunciado sobre
similares inconformidades -aunque a partir de los defectos fáctico y
procedimental-, con fundamento en las consideraciones que, en lo pertinente,
indicaron:

31
Se reitera la postura de la Sala desarrolladas en las sentencias i) de 25 de mayo de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-
2023-016003-00, ii) de 24 de febrero de 2022, radicado No. 11001-03-15-000-2022-00490-00, C.P.: Julio Roberto Piza
Rodríguez, iii) de 10 de noviembre de 2022, radicado No. 11001-03-15-000-2022-05012-00, C.P.: Julio Roberto Piza
Rodríguez y iv9 de 9 de marzo de 2023, radicado No.: 11001-03-15-000-2022-06652-00, C.P.: Myriam Stella Gutiérrez
Arguello.

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“(…)

4.4. Así, para la Sala no se evidencia defecto fáctico, pues es cierto que la parte actora
no acreditó el daño derivado del lucro cesante por la pérdida de oportunidad en el
aprovechamiento económico de los vehículos que manifestó eran de su propiedad y
que, de manera razonable, el tribunal demandado consideró que la estimación de la
cuantía no resulta suficiente para tener por demostrado el lucro cesante, pues en este
aspecto lo que debe evidenciarse es la existencia de un aprovechamiento económico
previo y la existencia de una pérdida derivada de la aplicación de la medida de pico y
placa.

Como bien lo explicó el tribunal demandado, la parte actora alegó que el vehículo de
propiedad del demandante, al día reportaba la suma de $330.000, pero precisó que
esto no tenía soporte probatorio alguno en el plenario y que, la parte demandante no
había cumplido con la carga probatoria que le imponía la ley de aportar al proceso los
medios de prueba necesarios para determinar la existencia del perjuicio reclamado y
cuya indemnización pretendía.

4.5. Además, la prueba del lucro cesante no puede sustentarse en un mero cálculo del
demandante, sino que debe estar apoyada en documentos o pruebas indiciarias que
evidencien la afectación económica concreta derivada de la ejecución del acto
administrativo que fijó el pico y placa en el municipio de Cali. Por ejemplo, el
demandante bien pudo aportar extractos bancarios, libros de contabilidad o
consignaciones realizadas por la empresa administradora del vehículo, etcétera, pero
no lo hizo.

4.6. En sentencia del 16 de febrero de 2018, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, consideró lo siguiente: “para la prueba del lucro cesante [consolidado o
debido y futuro o anticipado] todos los medios probatorios son admisibles,
especialmente la prueba indiciaria, en cuya valoración deben atenderse a ciertas
reglas: (1) que el hecho dañoso del que se desprende el perjuicio comprende su
integridad; (2) su cuantía no debe guardar proporción con la gravedad o no de la culpa
del hecho dañoso cometido por el responsable; (3) su cuantía no puede superar el
hecho dañoso efectivamente producido; (4) cuando se trate de un dictamen pericial
debe contar con los soportes suficientes para la determinación y cuantificación”. Sin
embargo, en este caso, se reitera, el demandante no hizo un esfuerzo por aportar
pruebas indiciarias o dictámenes que permitieran estimar la existencia de un daño
consistente en lucro cesante.

4.7. Al revisar la demanda de tutela, la parte actora no da cuenta de que el tribunal
demandado haya desconocido alguna prueba que diera cuenta de la existencia de
lucro cesante. De hecho, lo que se advierte de la demanda de tutela es que el señor
(…) pretende que se presuma la existencia de lucro cesante, por el sólo hecho de que
los actos administrativos cuestionados impidieron que el vehículo fuera explotado
económicamente por dos días a la semana.

4.8. Por lo demás, no existe duda de la razonabilidad de la decisión de denegar el
reconocimiento de indemnización por perjuicios morales, por cuanto es evidente que la
parte actora no hizo un esfuerzo por demostrar el dolor y congoja derivado de la
aplicación de la medida de pico y placa en el municipio de Cali.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha aceptado la posibilidad de reconocer el
daño moral causado por el daño o pérdida de bienes materiales, siempre que el mismo
haya sido acreditado plenamente. Al respecto, en sentencia del 13 de abril de 2000,
dijo lo siguiente: “el desarrollo del tema en la jurisprudencial nacional ha ido en
evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar
indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas,
a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume”.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que no se encuentra estructurado el
defecto fáctico en los términos planteados por la parte actora.

4.9. Finalmente, tampoco se observa que exista un defecto procedimental en la
decisión, habida cuenta de que no resultaba procedente el reconocimiento de condena
en abstracto y la apertura de incidente de regulación o liquidación de perjuicios, pues,
como se vio, lo cierto es que los daños reclamados no fueron demostrados. El incidente
de liquidación de perjuicios no es una herramienta procesal prevista para acreditar la

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existencia de daños, sino para estimar la equivalencia económica del perjuicio
padecido.

En providencia del 28 de octubre de 2019, la Sección Tercera del Consejo de Estado,
advirtió que la procedencia de un trámite incidental resultaba procedente “cuando ‘se
ha probado el daño causado y solamente faltan las pruebas necesarias para establecer
la cuantía para una condena en concreto’. En otros términos, cuando existe una
deficiencia probatoria que impide al juez contar con todos los elementos necesarios
para determinar el valor de la condena”, de manera que se hace necesaria la
demostración del daño y el perjuicio de manera previa.

Se reitera, la condena en abstracto y el incidente de regulación de perjuicios fueron
razonablemente desestimados, por cuanto no hubo prueba del daño moral y del lucro
cesante padecido supuestamente por el señor Germán Vanegas (…)”.

Por las razones expuestas, se negarán las pretensiones de la acción de tutela que
promovió el señor Víctor Eliécer Alarcón contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
señor Víctor Eliécer Alarcón, quien actúa mediante apoderada judicial, contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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