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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00490-00

Fecha
24 de febrero de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00490-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por Jeffrey Alonso Ledesma Bolaños, por las razones expuestas. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 6 Expediente C-6879. 7 Expediente 25000232700020080016301 (17935) 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2022-00490-00 Demandante: Jeffrey Alonso Ledesma Bolaños 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00490-00

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

24 de febrero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00490-00
Demandante: Jeffrey Alonso Ledesma Bolaños

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00490-00
Demandante: JEFFREY ALONSO LEDESMA BOLAÑOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Contra providencia que denegó restablecimiento del derecho, por
no encontrar probado los daños alegados. Defectos procedimental
y fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Jeffrey Alonso Ledesma Bolaños
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 19 de enero de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y por intermedio de
apoderado judicial, Jeffrey Alonso Ledesma Bolaños pidió la protección del derecho
fundamental al debido proceso, que estimó vulnerado por la sentencia del 5 de octubre
de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En consecuencia,
el actor formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Que se DECLARE vulnerado por parte del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en cabeza del Magistrado EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS, el DERECHO
FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, con ocasión a la sentencia de Segunda Instancia No.
210 del cinco (5) de octubre del 2021.

SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, Se ORDENE al tribunal proferir un nuevo fallo
admitiendo las pretensiones que fueron negadas dentro del proceso.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. Del de nulidad y restablecimiento del derecho

2.1.1. El 9 de junio de 2015, el señor Jeffrey Alonso Ledesma Bolaños interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que fijaron la
medida de pico y placa en el municipio de Cali. En concreto, fueron demandados los
siguientes actos:

(i) Decreto 4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014, «por medio del cual se
toman medidas para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos

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Demandante: Jeffrey Alonso Ledesma Bolaños

particulares y de servicio público colectivo urbano de pasajeros en las vías
públicas del Municipio de Santiago de Cali, para el año 2015».

(ii) Decreto No. 4110.20.00106 del 13 de marzo de 2015, «por medio del cual
se modifica el Decreto 4110.20.0928 del 21 de diciembre de 2014 y se toman
medidas para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos de servicio
público colectivo urbano de pasajeros en las vías públicas del Municipio de
Santiago de Cali, para el año 2015».

2.1.2. Mediante sentencia del 23 de octubre de 2019, el Juzgado 17 Administrativo de
Cali denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
«toda vez que los actos administrativos fueron expedidos conforme a las normas en
que se fundaron, por un funcionario competente y sin falsa motivación, por lo que la
presunción de legalidad que ampara los mismos no fue desvirtuada».

2.1.3. El señor Ledesma Bolaños apeló dicha decisión, pues, a su juicio, en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho se evidenció que los actos cuestionados
fueron expedidos sin competencia y con falsa motivación.

2.1.4. Por sentencia del 11 de diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca la confirmó y condenó en costas a la parte actora. En concreto, el tribunal
consideró que el alcalde de Cali sí estaba habilitado para adoptar la medida de pico y
placa y que para ese fin no es necesario contar con un estudio previo de movilidad.

2.2. Del proceso de tutela

2.2.1. El señor Ledesma Bolaños interpuso demanda de tutela contra la sentencia del
11 de diciembre de 2020, por estimar vulnerado el derecho fundamental al debido
proceso. En concreto alegó, que el tribunal demandado desconoció que los actos
administrativos fueron anulados mediante sentencia del 13 de noviembre de 2019,
dictada por el propio Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2.2.2. Mediante sentencia del 10 de septiembre de 2021, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, decidió lo siguiente: «AMPARAR el derecho
fundamental al debido proceso del señor Jeffrey Alfonso Ledesma Bolaños y, como
consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 11 de diciembre de 2020,
dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que, en el término de
quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente providencia,
PROFIERA una nueva decisión en la que tenga en cuenta la sentencia del 13 de
noviembre de 2019, mediante la cual se declaró la nulidad de los actos administrativos
cuestionados».

2.2.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por sentencia de reemplazo del
5 de octubre de 2021, dispuso lo siguiente:

PRIMERO: Revocar la sentencia No. 165 del 23 de octubre de 2019 proferida por el Juzgado
Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Cali -Valle y en su lugar declarar la excepción de
cosa juzgada frente a los actos administrativos contenidos en los Decretos Nos. 4110.20.0928
de diciembre 31 de 2014, “por medio del cual se tomaron medidas para el mejor ordenamiento
del tránsito de vehículos particulares y de servicio público colectivo urbano de pasajeros en las
vías públicas de la ciudad para el año 2015”, y 4110.20.00106 de marzo 13 de 2015, “por medio
del cual se modificó el acto anterior, por las razones expuestas en este proveído”.

SEGUNDO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO: Condenar en costas en esta instancia a la parte demandada, conforme lo previsto
en los artículos 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del Código General
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del Proceso. Fíjese como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de la sentencia. Liquídense por la Secretaría del Juzgado de origen.

2.2.3.1. El tribunal demandado se abstuvo de reconocer los perjuicios reclamados por
el demandante, por no encontrar demostrada la utilidad que el demandante habría
dejado de percibir por la medida de pico y placa de dos días a la semana.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. Preliminarmente, el demandante alegó que la tutela cumple los requisitos
generales de procedibilidad. Que el asunto tiene relevancia constitucional, por estar
comprometido el derecho fundamental al debido proceso. Que la sentencia
cuestionada no es susceptible de recursos. Que la tutela fue presentada en un término
razonable. Que fueron razonablemente identificados los hechos que motivaron la
interposición de la acción de tutela y que no se cuestiona una sentencia de tutela.

3.2. En cuanto al fondo del asunto, la parte actora adujo que la sentencia del 5 de
octubre de 2021 omitió reconocer los perjuicios reclamados por el señor Ledesma
Bolaños, pues lo cierto es que los actos cuestionados habían sido declarados nulos en
otro proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Que «puede evidenciarse
claramente que el Tribunal Administrativo del Valle vulneró nuevamente el debido
proceso, pues en su fallo solo resolvió declarar la nulidad de los actos administrativos
y negar las demás pretensiones, es decir, que no tuvo en cuenta los perjuicios que se
le ocasionaron a mi cliente».

3.3. Dijo que el lucro cesante puede derivarse de la relación comercial existente entre
el demandante y la Empresa de Transporte Santiago de Cali Alameda S.A., por cuanto
suscribieron un contrato para la explotación económica del vehículo de transporte
público de placas CVI-111 y puede concluirse que la medida de pico y placa afectó el
ingreso económico derivado de la ejecución de ese contrato.

3.4. Manifestó que lo procedente era que la sentencia cuestionada reconociera una
condena en abstracto, toda vez que los actos administrativos cuestionados afectaron
la actividad económica del demandante, esto es, el transporte urbano de pasajeros.

3.5. Alegó que si bien «no se evidencia en el expediente ningún elemento probatorio
allegado por la parte demandante, no es menos cierto que el daño causado a mi
poderdante con ocasión a la expedición de los Decretos demandados y que fueron
declarados nulos por parte del Despacho, se encuentra más que probado, pero no
cuantificable; resultando de esta manera procedente aplicar la figura jurídica de la
“Condena en Abstracto” para el resarcimiento de los perjuicios solicitados».

4. Trámite

4.1 Por auto del 21 de enero de 2022, el Magistrado Sustanciador dispuso lo
siguiente: (i) admitir la demanda de tutela; (ii) notificar, en calidad de demandados, a
los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y (iii) notificar, en
calidad de tercero con interés, al alcalde de Cali.

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4.2 La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones
ordenadas en el auto admisorio, mediante correos electrónicos del 27 de enero de
20221.

5. Intervenciones

5.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por conducto del magistrado
ponente de la providencia cuestionada, sostuvo que no es cierto que haya sido
desconocida la sentencia de tutela del 10 de septiembre de 2021. Que la propia
sentencia de tutela indica que la orden de amparo no tiene incidencia frente al análisis
correspondiente al restablecimiento del derecho. Que, justamente, la inconformidad de
la parte actora es frente a la decisión de denegar el restablecimiento del derecho, por
no haberse demostrado los perjuicios causados por los actos anulados.

5.1.1. Que lo cierto fue que el señor Ledesma Bolaños no demostró los perjuicios que
alegó en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y así queda
evidenciado en la providencia cuestionada.

5.2. El municipio de Cali no intervino, pese a que, como se vio, fue notificado de la
admisión de la demanda de tutela.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 20122, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20143, se precisó
que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales
dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la
Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv)
defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento
del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

1 Ver índice 7 de Samai.
2 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
3 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el
Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de
órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha
establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía
de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional»4.

2. Planteamiento y solución al problema jurídico

2.1. De manera preliminar, la Sala estima necesario precisar que, en este caso, no
resulta procedente promover un incidente de desacato como otro mecanismo de
defensa. En efecto, la sentencia de tutela del 10 de septiembre de 2021, dictada por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, amparó el derecho fundamental
al debido proceso del señor Ledesma Bolaños, toda vez que encontró que la sentencia
del 11 de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, incurrió en defecto sustantivo, por desconocimiento del artículo 189 de la Ley
1437 de 2011. Por consiguiente, la orden de tutela se concretó a ordenar al tribunal
demandado que dicte sentencia de reemplazo y que tenga en cuenta que los actos
objeto de cuestionamiento habían sido anulados en sentencia del 13 de noviembre de
2019.

2.1.1. La sentencia de tutela del 10 de septiembre de 2021 es clara en señalar que la
orden de amparo no tiene ninguna incidencia frente a la eventual orden de
restablecimiento del derecho. Textualmente, la sentencia de tutela señala lo siguiente:
« […] de cara al análisis del restablecimiento del derecho solicitado, frente a lo cual se
precisa que esta decisión en modo alguno comporta ni puede significar que debe ser
reconocido, pues ese tema, claramente, deberá ser analizado y definido por el tribunal
según las particularidades del caso, así como de manera individual en relación con
cada proceso que verse sobre lo mismo y que esté para fallo en ese tribunal».

2.1.2. En cumplimiento de la orden de tutela, por sentencia del 5 de octubre de 2021,
el tribunal demandado declaró probada la excepción de cosa juzgada y se abstuvo de
reconocer el restablecimiento del derecho, por no encontrar probados los perjuicios
alegados en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.1.3. Para la Sala, es claro que resultaría improcedente señalar que la parte actora
cuenta con el incidente de desacato, pues lo cierto es que la tutela de la referencia se
refiere a una situación que no fue definida en la sentencia de tutela del 10 de
septiembre de 2021. En efecto, la presente acción de tutela se refiere al tema del
restablecimiento del derecho, mientras que la orden de tutela de la sentencia del 10
de septiembre de 2021 se limitó a la aplicación del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011,
esto es, al efecto de las sentencias que declaran la nulidad de actos administrativos.

2.2. En ese contexto y en los términos de la demanda de tutela, la Sala debe decidir
si la sentencia del 5 de octubre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, incurrió en defecto procedimental o fáctico al no reconocer indemnización
de perjuicios a favor del demandante. Conviene decir que si bien la parte actora no es
clara en la identificación del defecto específico, lo cierto es que alega inconformidades
de carácter procesal y probatorio y estas pueden encuadrarse en los defectos fáctico
y procedimental.

2.3. Para efecto de resolver el problema jurídico, en primer lugar, la Sala hará un
resumen de la providencia objeto de tutela.

4 SU-573 de 2017.

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2.3.1. En la sentencia del 5 de octubre de 2021, la autoridad judicial demandada
encontró demostrado que el señor Jeffrey Alonso Ledesma Bolaños es propietario de
un bus marca Chevrolet de placas CVI-111, afiliado a la empresa de transportes
SANTIAGO DE CALI ALAMEDA SA4. Asimismo, el tribunal revisó el contrato de
afiliación del vehículo y advirtió que no daba cuenta de la forma y periodicidad en el
pago por concepto de rendimientos operativos.

2.3.2. Por consiguiente, en cuanto a los perjuicios materiales por lucro cesante, el
tribunal concluyó que «no está probada la utilidad pretendida como restablecimiento
del derecho pues el demandante se limitó a razonar sobre la cuantía del perjuicio
económico sin aportar ningún elemento no solo para justificarla, sino la existencia
misma del perjuicio, con lo cual el daño no está acreditado […] el caso carece de
medios de prueba que permitan concluir que antes de la imposición de la medida
administrativa del municipio, existía una utilidad derivada de la explotación económica
del vehículo destinado a la prestación del servicio público de transporte colectivo
urbano, así como su pérdida posterior o la imposibilidad de lograrla cuando se impuso
la restricción vehicular. El daño no puede presumirse automáticamente por el hecho
de la nulidad del acto y la disminución de los días en que podía circular el vehículo por
las rutas asignadas, esto por el simple hecho que se trata de un negocio sujeto a la
oferta y demanda debiéndose demostrar la utilidad pretendida con la documentación
contable, económica y financiera que la soporte».

2.3.3. La autoridad judicial demandada desestimó el reconocimiento de pagos
derivados por honorarios de abogados, por cuanto la parte actora tampoco acreditó
dicho gasto. Sobre el particular, el tribunal explicó que «no se trataría entonces de un
daño emergente sino de uno eventual, un compromiso condicionado al resultado del
proceso, por ello se niega esta pretensión particular».

2.3.4. Además, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca denegó el
reconocimiento y pago de perjuicios morales, toda vez que la parte actora tampoco los
acreditó. En ese sentido, el tribunal señaló que los perjuicios morales deben estar
probados en casos en los que el perjuicio se deriva de la pérdida de bienes materiales.

2.3.5. El tribunal demandado también indicó que, de conformidad con el artículo 167
del Código General del Proceso, la parte actora tenía la obligación de demostrar la
utilidad que dejó de percibir por razón de la ejecución de los actos administrativos
demandados en el proceso de reparación directa, esto es, por la aplicación de la
medida de pico y placa en la ciudad de Cali.

2.4. A juicio de la Sala, no se evidencia defecto fáctico, pues es cierto que la parte
actora no acreditó el daño derivado del lucro cesante por la pérdida de oportunidad en
el aprovechamiento económico del vehículo de placas CVI-111. De manera razonable,
el tribunal demandado consideró que la estimación de la cuantía no resulta suficiente
para efecto de tener por demostrado el lucro cesante, pues en este aspecto lo que
debe evidenciarse es la existencia de un aprovechamiento económico previo y la
existencia de una pérdida derivada de la aplicación de la medida de pico y placa.

2.4.1. Como bien lo explicó el tribunal demandado, la parte actora no dio cuenta de
las condiciones de operación del vehículo antes y después de la implementación de la
medida de pico y placa. Por ende, no fue posible establecer el monto económico
dejado de percibir.

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2.4.2. Además, la prueba del lucro cesante no puede sustentarse en un mero cálculo
del demandante, sino que debe estar apoyada en documentos o pruebas indiciarias
que evidencien la afectación económica concreta derivada de la ejecución del acto
administrativo que fijó el pico y placa en el municipio de Cali. Por ejemplo, el
demandante bien pudo aportar extractos bancarios, libros de contabilidad o
consignaciones realizadas por la empresa administradora del vehículo, etcétera, pero
no lo hizo.

2.4.3. En sentencia del 16 de febrero de 2018, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, consideró lo siguiente: «para la prueba del lucro cesante [consolidado
o debido y futuro o anticipado] todos los medios probatorios son admisibles,
especialmente la prueba indiciaria, en cuya valoración deben atenderse a ciertas
reglas: (1) que el hecho dañoso del que se desprende el perjuicio comprende su
integridad; (2) su cuantía no debe guardar proporción con la gravedad o no de la culpa
del hecho dañoso cometido por el responsable; (3) su cuantía no puede superar el
hecho dañoso efectivamente producido; (4) cuando se trate de un dictamen pericial
debe contar con los soportes suficientes para la determinación y cuantificación». Sin
embargo, en este caso, se reitera, el demandante no hizo un esfuerzo por aportar
pruebas indiciarias o dictámenes que permitieran estimar la existencia de un daño
consistente en lucro cesante.

2.4.4. Al revisar la demanda de tutela, la parte actora no da cuenta de que el tribunal
demandado haya desconocido alguna prueba que diera cuenta de la existencia de
lucro cesante. De hecho, lo que se advierte de la demanda de tutela es que el señor
Ledesma Bolaños pretende que se presuma la existencia de lucro cesante, por el sólo
hecho de que los actos administrativos cuestionados impidieron que el vehículo fuera
explotado económicamente por dos días a la semana.

2.4.5. También resultaba adecuado denegar los perjuicios derivados del supuesto
pago de abogados, pues, como bien lo advirtió la autoridad judicial demandada, no
habían sido efectivamente pagados. Razonablemente, la autoridad judicial
demandada señaló que se trató de un perjuicio meramente eventual, por cuanto
estaban condicionados al resultado del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Debe decirse que, en sentencia del 18 de julio de 20195, la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, indicó que cuando se pretenda «obtener la
indemnización del daño emergente derivado del pago de honorarios profesionales […]
quien haya realizado el pago deberá aportar: i) la prueba de la real prestación de los
servicios del abogado y ii) la respectiva factura o documento equivalente expedido por
éste, en la cual se registre el valor de los honorarios correspondientes a su gestión y
la prueba de su pago, de suerte que, si solo se aporta la factura o solo se allega la
prueba del pago de la misma y no ambas cosas, no habrá lugar a reconocer la suma
pretendida por concepto de este perjuicio». Lo cierto es que el demandante no cumplió
ninguna de las condiciones exigidas, habida cuenta de que no aportó ningún tipo de
documento que buscara demostrar el efectivo pago de honorarios profesionales.

2.4.6. Por lo demás, no existe duda de la razonabilidad de la decisión de denegar el
reconocimiento de indemnización por perjuicios morales, por cuanto es evidente que
la parte actora no hizo un esfuerzo por demostrar el dolor y congoja derivado de la
aplicación de la medida de pico y placa en el municipio de Cali. La Sección Tercera
del Consejo de Estado ha aceptado la posibilidad de reconocer el daño moral causado
por el daño o pérdida de bienes materiales, siempre que el mismo haya sido acreditado
plenamente. Al respecto, en sentencia del 13 de abril de 2000, dijo lo siguiente: «el

5 Expediente 73001-23-31-000-2009-00133-01(44572)

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desarrollo del tema en la jurisprudencial nacional ha ido en evolución, al punto que hoy
se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales
causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su
existencia, pues tal perjuicio no se presume».

2.4.7. Lo expuesto es suficiente para tener por desestimado el defecto fáctico.

2.5. La Sala también desestima el defecto procedimental, habida cuenta de que
no resultaba procedente el reconocimiento de condena en abstracto y la apertura de
incidente de regulación o liquidación de perjuicios, pues, como se vio, lo cierto es que
los daños reclamados no fueron demostrados. El incidente de liquidación de perjuicios
no es una herramienta procesal prevista para acreditar la existencia de daños, sino
para estimar la equivalencia económica del perjuicio padecido.

2.5.1. En sentencia del 27 de marzo de 20036, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia explicó que «una cosa es la demostración del perjuicio mismo y
otra la comprobación de su cuantía» y que si bien es procedente la condena en
abstracto, lo cierto es que eso no exonera al actor del deber de demostrar el perjuicio
«de manera suficiente, independientemente, se reitera, de que comprobara su
extensión económica». En el mismo sentido, en sentencia del 28 de febrero de 20137,
la Sección Cuarta del Consejo de Estado sostuvo que «para decretar una condena en
abstracto, conforme se precisó, es indispensable que exista la prueba del daño como
tal».

2.5.2. Se reitera, la condena en abstracto y el incidente de regulación de perjuicios
fueron razonablemente desestimados, por cuanto no hubo prueba del daño moral y
del lucro cesante padecido supuestamente por el señor Ledesma Bolaños.

2.5.3. Siendo así, también queda desestimado el defeco procedimental.

2.6. Se resuelve, entonces, el problema jurídico planteado: la sentencia del 5 de
octubre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no incurrió
defecto procedimental o fáctico al no reconocer condena en abstracto al municipio de
Cali. Por consiguiente, serán denegadas las pretensiones de la acción de tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

FALLA

1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por Jeffrey Alonso
Ledesma Bolaños, por las razones expuestas.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

6 Expediente C-6879.
7 Expediente 25000232700020080016301 (17935)

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00490-00
Demandante: Jeffrey Alonso Ledesma Bolaños

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

[Firmado electrónicamente] [Firmado electrónicamente]
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección Magistrada

[Firmado electrónicamente] [Firmado electrónicamente]
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrado Magistrada

Oscar Darío Villegas Posada

9

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