Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05012-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05012-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05012-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
10 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05012-00
Demandante: Jorge Genaro Arévalo Chamorro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05012-00
Demandante: JORGE GENARO ARÉVALO CHAMORRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Contra providencia que denegó restablecimiento del derecho, por no
encontrar probado los daños alegados. Defectos procedimental y
fáctico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Jorge Genaro Arévalo Chamorro
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 19 de enero de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y por intermedio de
apoderado judicial, Jorge Genaro Arévalo Chamorro pidió la protección del derecho
fundamental al debido proceso, que estimó vulnerado por la sentencia del 31 de mayo
de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En consecuencia,
el actor formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Que se DECLARE vulnerado por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en cabeza de la Magistrado RONALD OTTO CEDEÑO BLUME, el DERECHO FUNDAMENTAL
AL DEBIDO PROCESO, con ocasión a la sentencia de Segunda Instancia del 31 de mayo del
2022 notificada personalmente por correo electrónico el 13 de junio de 2022.
SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior, se DEJE SIN EFECTOS dicha providencia.
TERCERO: Se ORDENE proferir un fallo apegado a la realidad fáctica y jurídica del caso en
concreto y sean valoradas correctamente las pruebas allegadas al proceso.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. El 25 de junio de 2015, el señor Jorge Genaro Arévalo Chamorro interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que fijaron la
medida de pico y placa en el municipio de Cali. En concreto, fueron demandados los
siguientes actos:
(i) Decreto 4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014, «por medio del cual se toman
medidas para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos particulares y de
servicio público colectivo urbano de pasajeros en las vías públicas del Municipio de
Santiago de Cali, para el año 2015».
(ii) Decreto No. 4110.20.00106 del 13 de marzo de 2015, «por medio del cual se
modifica el Decreto 4110.20.0928 del 21 de diciembre de 2014 y se toman medidas
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Demandante: Jorge Genaro Arévalo Chamorro
para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos de servicio público colectivo
urbano de pasajeros en las vías públicas del Municipio de Santiago de Cali, para el
año 2015».
2.2. Mediante sentencia del 27 de marzo de 2017, el Juzgado 16 Administrativo de Cali
denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. En
concreto, explicó que (i) el alcalde sí era competente para proferir los actos conforme
con el artículo 6 del Código Nacional de Tránsito, (ii) no eran necesarios los estudios
previos exigidos por la parte actora, y iii) los dos actos administrativos demandados son
de carácter general, por lo que la legalidad no está supeditada al requisito de
notificación y comunicación como lo aduce el demandante.
2.3. El señor Arévalo Chamorro apeló dicha decisión, pues, a su juicio, en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho se evidenció que los actos cuestionados
fueron expedidos sin competencia y con falsa motivación. Además, señaló que, al
desconocerse el carácter particular y concreto de los actos demandados, se omitió
analizar la falta de cumplimiento de los requisitos formales para la expedición del acto.
2.4. Por sentencia del 31 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca adicionó la sentencia de primera instancia y, de un lado, declaró probada la
excepción de cosa juzgada frente a la pretensión de nulidad de los Decretos
4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014 y 4110.20.00106 del 13 de marzo de 2015
y, de otro, denegó el reconocimiento de los perjuicios reclamados por el demandante,
al no haberse demostrado los daños materiales y morales ocasionados con la
implementación de la medida de pico y placa.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. Preliminarmente, el demandante alegó que la tutela cumple los requisitos generales
de procedibilidad. Que el asunto tiene relevancia constitucional, por estar comprometido
el derecho fundamental al debido proceso. Que la sentencia cuestionada no es
susceptible de recursos. Que la tutela fue presentada en un término razonable. Que
fueron razonablemente identificados los hechos que motivaron la interposición de la
acción de tutela y que no se cuestiona una sentencia de tutela.
3.2. En cuanto al fondo del asunto, la parte actora adujo que la sentencia del 31 de
mayo de 2012 omitió reconocer los perjuicios reclamados por el señor Arévalo
Chamorro, pues lo cierto es que los actos cuestionados habían sido declarados nulos
en otro proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Que el “Tribunal
Administrativo del Valle vulneró el debido proceso, pues en su fallo solo resolvió declarar
la nulidad del acto administrativo y negar las demás pretensiones, es decir, que no tuvo en
cuenta los perjuicios que se le ocasionaron a mi cliente. Siendo así, la oportunidad de que
el juez considere condenar en abstracto frente a los daños materiales a causa de los hechos
en relación con este caso”.
3.3. Dijo que los perjuicios se encuentran probados con la relación existente entre el
demandante como propietario del vehículo y la Empresa de Transportes Alameda S.
A., a través de los contratos de vinculación, los cuales presentaban la característica de
ser onerosos. Además, adujo que “dichos ingresos económicos se encuentran
discriminados en la liquidación incluida dentro del escrito de la demanda donde se puede
ver que se generó un daño efectivo a la parte demandante”.
3.4. En todo caso, expuso que lo procedente era que la sentencia cuestionada
reconociera una condena en abstracto, toda vez que los actos administrativos
cuestionados afectaron la actividad económica del demandante, esto es, el transporte
urbano de pasajeros.
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3.5. Finalmente, advirtió que la providencia incurrió en desconocimiento del precedente
judicial, pero no citó las decisiones que supuestamente fueron desconocidas por el juez
de segunda instancia.
4. Trámite
4.1 Por auto del 23 de septiembre de 2022, el Despacho sustanciador inadmitió la
demanda para que se aportara el poder conferido por el demandante al abogado
Hernando Morales Plaza.
4.2 Cumplido lo solicitado, por auto del 12 de octubre de 2022, se admitió la
demanda de tutela y se ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y en calidad de tercero con interés, al
alcalde de Cali.
4.3 La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones
ordenadas en el auto admisorio, mediante correos electrónicos del 19 de octubre de
20221.
5. Intervenciones
5.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por conducto del magistrado
ponente de la providencia cuestionada, advirtió que la tutela es improcedente ya que lo
pretendido por el demandante es debatir nuevamente los argumentos que fueron
estudiados y analizados por el juez competente.
5.1.1. En todo caso, sostuvo que la decisión de denegar el restablecimiento del derecho
por no haberse demostrado los perjuicios causados por los actos anulados estuvo
debidamente soportada en lo probado en el expediente, con lo que, se concluyó que el
demandante no demostró los perjuicios que alegó en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y así quedó evidenciado en la providencia cuestionada.
5.2. El apoderado del municipio de Cali solicitó que se denegaran las pretensiones de
la acción de tutela, pues el demandante busca revivir la discusión planteada en el
proceso ordinario, que fue resuelta en debida forma y de fondo por el juez ordinario.
5.2.1. Que la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, pues, a su juicio, contra
las inconformidades propuestas por el demandante procede el recurso extraordinario
de revisión.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 20122, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20143, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas
por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.
1 Ver índice 13 de Samai.
2 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
3 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.
1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv)
defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento
del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo
de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de
cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un
requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que
exija la imperiosa intervención del juez constitucional»4.
2. Planteamiento y solución al problema jurídico
2.1. De manera preliminar, conviene decir que si bien la parte actora no es clara en
la identificación de los defectos, lo cierto es que alega inconformidades de carácter
procesal y probatorio y estas pueden encuadrarse en los defectos fáctico y
procedimental. De igual manera, la Sala se abstendrá de realizar cualquier
pronunciamiento sobre el desconocimiento del precedente, pues el demandante
solamente se refirió al defecto de manera general, pero no realizó una explicación sobre
la procedencia en este caso ni relacionó las providencias presuntamente desconocidas.
2.2. Siendo así, corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 31 de mayo de
2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, incurrió en defecto
procedimental o fáctico al no reconocer indemnización de perjuicios a favor del
demandante.
2.3. Para efecto de resolver el problema jurídico, en primer lugar, se traerá a estudio la
providencia cuestionada. Luego, se analizarán los argumentos expuestos por el
demandante y se adoptará la decisión que corresponda.
2.4. En la sentencia del 31 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca comenzó por precisar que los actos objeto de la demanda ya habían sido
anulados por esa misma corporación, mediante sentencia del 13 de noviembre de 2019,
dictada en el proceso 76001333300820150024001. Que, por lo tanto, debía declararse
probada de oficio la excepción de cosa juzgada respecto de la pretensión de nulidad.
2.4.1. Seguidamente, el tribunal demandado sostuvo que, ante la declaratoria de
nulidad de los actos demandados, correspondía verificar si procedía o no el
restablecimiento del derecho que pretendía el demandante, a título de daños materiales
y morales. En lo pertinente, la sentencia dice:
4 SU-573 de 2017.
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Ahora bien, revisado el escrito de demanda se tiene que, según la parte actora, con los decretos
demandados se causó un grave perjuicio al demandante en la medida que se está limitando el
número de frecuencias realizadas por vehículo al mes reduciendo con ello considerablemente
el patrimonio actual tanto de las empresas como de los propietarios de los vehículos afectados
con la medida de pico y placa5.
10.6. Con relación a la acreditación de dicho daño, fueron recaudadas las siguientes pruebas:
-. Con relación al vehículo de placas VCC419, registra como propietario actual al señor JORGE
GENARO ARÉVALO CHAMORRO y su estado actual es activo 6.
-. Con relación a dicho vehículo, el actor suscribió en el mes de febrero de 2010 un contrato de
vinculación con la EMPRESA DE TRANSPORTES DE SANTIAGO DE CALI – ALAMEDA S.A.-
, con el objeto de destinarlo al servicio público de la comunidad en la ciudad de Cali en las líneas,
rutas, horarios y control que asigne la empresa7.
10.7. Como se puede observar, las pruebas relacionadas acreditan la titularidad del actor frente
a unos vehículos, así como los contratos de vinculación suscritos con una empresa de
transporte, pruebas que resultan ser insuficientes para acreditar el perjuicio alegado con la
expedición de los actos administrativos demandados.
En efecto, del escaso material probatorio reseñado no es posible deducir el perjuicio cuyo
resarcimiento se demanda, pues aun cuando la parte demandante calcula unos daños
materiales y morales con ocasión de la implementación de la medida de pico y palca, ello no
tiene soporte probatorio alguno que permita constatar cuánto dinero dejó de percibir el actor con
ocasión de la imposición de la aludida medida.
Además, aun cuando en la demanda se alega que el vehículo de propiedad del demandante al
día reportaba una utilidad promedio de $180.030, ello no tiene soporte probatorio alguno en el
plenario.
Lo anterior impone concluir que, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le
imponía la ley de aportar al proceso los medios de prueba necesarios para determinar la
existencia del perjuicio reclamado y cuya indemnización depreca en instancia judicial.
La Sala resalta que el artículo 167 del Código General del Proceso establece que “incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”. Este mandato legal, impone a los extremos de la relación procesal la carga de
acreditar los hechos de controversia en el litigio, mediante los medios de prueba que cumplan
con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y licitud. Además, al tenor de dicha
norma, quien invoca un derecho en su favor por una circunstancia particular, debe probar tal
aspecto y por ello no es suficiente que en la demanda se hagan afirmaciones sobre la existencia
del daño, porque ellas deben tener un respaldo probatorio 8.
2.5. De entrada, la Sala anticipa que reiterará las consideraciones expuestas en la
sentencia de tutela del 24 de febrero de 2022, dictada en el proceso 11001-03-15-000-
2022-00490-00, porque se advierte que se trata de un caso similar, ya resuelto por esta
Sección.
2.5.1. A juicio de la Sala, no se evidencia defecto fáctico, por cuanto es cierto que la
parte actora no acreditó el daño derivado por la pérdida de oportunidad en el
aprovechamiento económico del vehículo de placas VCC419. De manera razonable, el
tribunal demandado consideró que la estimación de la cuantía no resulta suficiente para
tener por demostrado el perjuicio, pues en este aspecto lo que debe evidenciarse es la
existencia de un aprovechamiento económico previo y la existencia de una pérdida
derivada de la aplicación de la medida de pico y placa.
2.5.2. Como lo explicó el tribunal demandado, la prueba del daño no puede sustentarse
en un mero cálculo del demandante, sino que debe estar apoyado en documentos o
5Cita original. Folio 133 (hecho duodécimo de la demanda).
6 Cita original. Folio 561 a 562.
7 Cita original. Folio 557 a 558.
8 Cita original. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero
ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ, sentencia del 5 de marzo de 2021, radicación número: 19001-23-
31-000-2010-10340-01(51343)
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pruebas indiciarias que evidencien la afectación económica concreta derivada de la
ejecución del acto administrativo que fijó el pico y placa en el municipio de Cali. Por
ejemplo, el demandante bien pudo aportar extractos bancarios, libros de contabilidad o
consignaciones realizadas por la empresa administradora del vehículo, etcétera, pero
no lo hizo.
2.5.3. En sentencia del 16 de febrero de 2018, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, consideró lo siguiente: «para la prueba del lucro cesante [consolidado o
debido y futuro o anticipado] todos los medios probatorios son admisibles,
especialmente la prueba indiciaria, en cuya valoración deben atenderse a ciertas reglas:
(1) que el hecho dañoso del que se desprende el perjuicio comprende su integridad; (2)
su cuantía no debe guardar proporción con la gravedad o no de la culpa del hecho
dañoso cometido por el responsable; (3) su cuantía no puede superar el hecho dañoso
efectivamente producido; (4) cuando se trate de un dictamen pericial debe contar con
los soportes suficientes para la determinación y cuantificación». Sin embargo, en este
caso, se reitera, el demandante no hizo un esfuerzo por aportar pruebas indiciarias o
dictámenes que permitieran estimar la existencia de un daño consistente en lucro
cesante.
2.5.4. Al revisar la demanda de tutela, la parte actora no da cuenta de que el tribunal
demandado haya desconocido alguna prueba que demostrara la existencia del
perjuicio. De hecho, lo que se advierte de la demanda de tutela es que el señor Arévalo
Chamorro pretende que se presuma la existencia del daño, por el solo hecho de que
los actos administrativos cuestionados impidieron que el vehículo fuera explotado
económicamente y que para ello aportó una liquidación de los ingresos económicos
dejados de percibir, sin sustentar ni apoyar dicha liquidación con pruebas que
demostraran la veracidad de dicha información.
2.5.5. Lo expuesto es suficiente para tener por desestimado el defecto fáctico.
2.6. La Sala también desestima el defecto procedimental, habida cuenta de que no
resultaba procedente el reconocimiento de condena en abstracto y el incidente de
regulación de perjuicios, pues, como se vio, lo cierto es que los daños reclamados no
fueron demostrados. El incidente de liquidación de perjuicios no es una herramienta
procesal prevista para acreditar la existencia de daños, sino para estimar la
equivalencia económica del perjuicio padecido.
2.6.1. En sentencia del 27 de marzo de 20039, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia explicó que «una cosa es la demostración del perjuicio mismo y
otra la comprobación de su cuantía» y que si bien es procedente la condena en
abstracto, lo cierto es que eso no exonera al actor del deber de demostrar el perjuicio
«de manera suficiente, independientemente, se reitera, de que comprobara su
extensión económica». En el mismo sentido, en sentencia del 28 de febrero de 201310,
la Sección Cuarta del Consejo de Estado sostuvo que «para decretar una condena en
abstracto, conforme se precisó, es indispensable que exista la prueba del daño como
tal».
2.6.2. Se reitera, la condena en abstracto y el incidente de regulación de perjuicios
fueron razonablemente desestimados, por cuanto no hubo prueba de los daños
padecidos supuestamente por el señor Arévalo Chamorro.
2.6.3. Siendo así, también queda desestimado el defecto procedimental.
9 Expediente C-6879.
10 Expediente 25000232700020080016301 (17935)
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2.7. Se resuelve, entonces, el problema jurídico planteado: la sentencia del 31 de mayo
de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no incurrió defecto
procedimental ni fáctico. Por consiguiente, serán denegadas las pretensiones de la
acción de tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por Jorge Genaro
Arévalo Chamorro, por las razones expuestas.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Oscar Darío Villegas Posada
7
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