Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02666-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02666-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02666-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
4 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., julio cuatro (04) de dos mil veintitrés (2023).
Radicación número: 110010315000202302666 00
Accionante: HUXLEY REYES MOLINA Y OTRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia por
inexistencia de carga argumentativa / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se
configura en este caso / TERCERA INSTANCIA – La parte demandante pretende reabrir
el debate por no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por los señores Huxley Reyes Molina y Ernesto Rentería Gaviria1, de
conformidad con el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 19 de mayo de 2023, los señores Huxley Reyes Molina y Ernesto Rentería
Gaviria, por conducto de apoderada judicial, instauraron demanda de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de que se ampare su
derecho fundamental al debido proceso.
2. Hechos relevantes
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, los
señores Huxley Reyes Molina y Ernesto Rentería Gaviria demandaron al municipio
1
Que ingresó al despacho para fallo el 9 de junio de 2023.
1
Radicación número: 110010315000202302666 00
Accionante: Huxley Reyes Molina y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
de Santiago de Cali, con el fin de que se declarara la nulidad de los Decretos
números 4110.20.0928 de 31 de diciembre de 2014 -“por medio del cual se toman
medidas para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos particulares y de
servicio público colectivo urbano de pasajeros en las vías públicas del municipio
de Santiago de Cali para el año 2015”- y 4110.20.00106 del 13 de marzo de 2015
-por medio del cual se modificó el decreto anterior-.
Como consecuencia de lo anterior, los demandantes solicitaron que se ordenara el
resarcimiento de los perjuicios causados con la expedición de dichos actos
administrativos, ordenando el pago de $79’555.000.
Mediante sentencia de 27 de septiembre de 2017, el Juzgado Sexto Administrativo
Oral de Cali declaró fundada la excepción denominada “inexistencia de la
ilegalidad de los actos demandados” propuesta por el municipio demandado y
negó las pretensiones de la demanda.
La parte demandante apeló la anterior decisión ante el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, el que, por medio de proveído del 30 de junio de 2022, resolvió
(trascripción literal):
PRIMERO: ADICIONAR la sentencia No. 067 del 27 de septiembre de 2017,
proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali, en el
sentido de DECLARAR probada la excepción de cosa juzgada frente a la
pretensión de nulidad de los Decretos No. 4110.20.0928 del 31 de diciembre
de 2014 y No. 4110.20.00106 del 13 de marzo de 2015, de conformidad con
las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida por las precisas
razones expuestas en este proveído.
TERCERO: CONDENAR EN COSTAS en esta instancia a la parte vencida, de
conformidad con lo expuesto en las consideraciones de la presente sentencia.
(…)2.
La parte demandante solicitó que se aclarara el ordinal tercero de la sentencia de
segunda instancia, en el sentido de precisar que “la parte vencida dentro del
proceso es el Distrito Especial de Cali”, porque el hecho de que se negara el
reconocimiento de los perjuicios reclamados no lo convertía en la parte vencida,
2
Extractado del fallo de segunda instancia.
2
Radicación número: 110010315000202302666 00
Accionante: Huxley Reyes Molina y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
pues se declaró la cosa juzgada en atención a una sentencia que había dispuesto
la nulidad de los actos administrativos demandados.
Por auto del 11 de noviembre de 2022 -notificado el 1 de diciembre de 20223-, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aclaró el ordinal tercero de la sentencia
del 30 de junio de 2022 “en el sentido de precisar que la parte vencida dentro del
presente litigio es la demandante”.
3. Fundamentos de la demanda de tutela
La parte accionante señaló que la autoridad judicial accionada le vulneró su
derecho fundamental al debido proceso, porque “en su fallo solo resolvió declarar
la nulidad de los actos administrativos y negar las demás pretensiones, es decir,
que no tuvo en cuenta los perjuicios que se le ocasionaron a mi cliente y que
fueron allegados en la demanda” y, además, “no tuvo en cuenta los argumentos
presentados en la solicitud de aclaración y adición respecto a la condena en
costas”.
Indicó que con la liquidación incluida en la demanda se evidenció el daño que se
le causó a la parte demandante y, por ende, “no es viable asegurar que no se
allegaron medios de prueba que permitan evidenciar la utilidad que presuntamente
dejó de percibir el demandante, producto de la restricción en la movilidad del
vehículo del que es propietario”; que, en ese sentido, debió proferirse una condena
en abstracto.
Dijo que se incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente, porque “la
autoridad judicial accionada en el presente se apartó de las consideraciones
tomadas en varios casos con igualdad de presupuestos fácticos y jurídicos” -sin
mencionar cuales son esos casos-, lo que conllevó que se desconociera “la
normatividad que para el caso es aplicable y que indefectiblemente desembocaría
en una sentencia acorde con lo solicitado”.
Finalmente, refirió que el tribunal accionado no tuvo en cuenta que el daño
reclamado estaba probado, pero no cuantificado y, en esa medida, procedía la
condena en abstracto, en los términos del artículo 193 y 283 del CPACA.
3
Según consulta del proceso en la página de la Rama Judicial.
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Radicación número: 110010315000202302666 00
Accionante: Huxley Reyes Molina y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
4. La oposición
4.1. Por medio de auto del 24 de mayo de 2023, se admitió la demanda de tutela,
se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó, como tercero con
interés, al Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali.
4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca indicó que no puede admitirse
que luego de que se termina el trámite del proceso ordinario se cuestione en sede
de tutela asuntos que fueron definidos en la jurisdicción especializada, porque ello
atenta contra la seguridad jurídica como principio de la administración de justicia.
Con todo, precisó que en la providencia cuestionada se expusieron las razones
que dieron lugar a negar el restablecimiento del derecho reclamado, las que
obedecieron a que “las pruebas aportadas eran insuficientes para la procedencia
del restablecimiento el derecho pretendido por la parte demandante, quien no
cumplió cabalmente la carga procesal impuesta en el artículo 167 del Código
General del Proceso para obtener una decisión favorable a todas sus
pretensiones”.
Dijo que su decisión se fundamentó en lo resuelto por el Consejo de Estado al
estudiar un caso análogo en sede de tutela (radicado 2022-00490).
Refirió que el tribunal valoró las pruebas allegadas al proceso en consonancia con
la ley y la jurisprudencia aplicables al caso y que el hecho de que la decisión fuera
contraria a los intereses de la parte actora no implica la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso.
Finalmente, informó que, mediante fallo de tutela del 9 de marzo de 2023, la
Sección Cuarta del Consejo de Estado negó un amparo solicitado en un asunto
similar y que esa decisión fue confirmada por la Sección Tercera de la corporación,
en sentencia de 17 de mayo de 2023 (radicación
11001-03-15-000-2022-06652-00).
4
Radicación número: 110010315000202302666 00
Accionante: Huxley Reyes Molina y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Por lo anterior, concluyó que no pueden ser de recibo los cuestionamientos de la
parte actora, porque la sentencia ordinaria dictada por ese tribunal fue
debidamente fundamentada, por lo que se opuso al amparo solicitado.
4.3. El Distrito de Santiago de Cali solicitó que se declarara la improcedencia del
amparo reclamado, al no cumplirse los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, pues lo que se pretende es emplear el
mecanismo constitucional como una tercera instancia del proceso ordinario.
De otra parte, dijo que tampoco se cumple con el requisito de la subsidiariedad
porque existen otros mecanismos para obtener el fin perseguido como el recurso
extraordinario de revisión.
Sin perjuicio de lo anterior, precisó que “actuó dentro de la presente acción
siguiendo los parámetros legales y de lealtad procesal y que de igual manera
operó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la que se respetó cada una
de las garantías procesales y su providencia fue sustentada debidamente”.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional.
La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de
competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces4.
4
Sentencia T–422 de 2018.
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Radicación número: 110010315000202302666 00
Accionante: Huxley Reyes Molina y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber5:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
pues no basta aducir la vulneración de estos derechos y
ii) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este
mecanismo especial constitucional está constituido para proteger
derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial.
En primer lugar, la Sala advierte que la parte accionante no cumplió con la carga
argumentativa exigida para promover la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que sería razón suficiente para declarar improcedente la demanda de
tutela.
Lo anterior, bajo el entendido de que no se edificó ni se desarrolló una
argumentación dirigida a establecer las razones que sustentan la supuesta
violación de derechos fundamentales, sino que la parte actora se limitó a afirmar
que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un defecto por
desconocimiento del precedente porque “se apartó de las consideraciones
tomadas en varios casos con igualdad de presupuestos fácticos y jurídicos” lo que
conllevó a que se desconociera “la normatividad que para el caso es aplicable…”.
La parte actora no mencionó cuál o cuáles fueron los pronunciamientos y las
normas desconocidas y las razones por las que considera que debieron aplicarse,
desconociendo que esta Corporación ha establecido que “no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación número: 110010315000202302666 00
Accionante: Huxley Reyes Molina y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional”6.
En ese contexto, la Subsección considera que la parte accionante acudió a la
acción de tutela con el propósito de reabrir, en su integridad, el debate jurídico
sobre el reconocimiento de los perjuicios solicitados a título de restablecimiento
del derecho, tan es así que en la demanda de tutela se indicó (trascripción literal
con posibles errores incluidos):
… se encuentra probada la relación entre mi poderdante como propietario del
vehículo VBX-469 afiliado a la Cooperativa Especializada de Transporte y
Servicios La Ermita Ldta., a través de los contratos de vinculación, los cuales
presentaban la característica de ser onerosos. Argumento bajo el cual, de
manera lógica puede concluirse que, con la expedición de los mencionados
actos administrativos, declarados hoy nulos por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, se limitó la actividad que podían realizar los vehículos
vinculados con la empresa de transportes, afectando de manera directa a las
personas que dependían de estos ingresos económicos.
Lo anterior, evidencia que la parte actora desconoce que el mecanismo judicial de
protección de derechos fundamentales no comporta una instancia adicional del
proceso ordinario, máxime si el tribunal accionado expuso, de manera razonada y
suficiente, los motivos por los que consideró que no había lugar al
restablecimiento del derecho solicitado. Estas razones fueron (trascripción de
forma literal):
… ante la declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados,
procede la Sala a verificar si hay lugar al restablecimiento del derecho
pretendido por la parte demandante.
Al respecto, se solicitó con la demanda el reconocimiento y pago de la suma
de $79’555.000, discriminados así:
• Daños materiales en cuantía de $ 15.120.000
• Daños morales en cuantía de $64’435.000
Ahora bien, revisado el escrito de demanda se tiene que, según la parte
actora, con los decretos demandados se causó un grave perjuicio a los
demandantes en la medida que se está limitando el número de frecuencias
realizadas por vehículo al mes reduciendo con ello considerablemente el
patrimonio actual tanto de las empresas como de los propietarios de los
vehículos afectados con la medida de pico y placa.
10.6 Con relación a la acreditación de dicho daño, fueron recaudadas las
siguientes pruebas:
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de agosto de 2019, radicación número: 110010315000201903205 00, M.P. María
Adriana Marín.
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Radicación número: 110010315000202302666 00
Accionante: Huxley Reyes Molina y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
• Con relación al vehículo de placas VBX469, se allegó licencia de tránsito y
tarjeta de operación No. 281721 a nombre de los aquí demandantes,
señores ERNESTO RENTERÍA GAVIRIA y HUXLEY REYES MOLINA.
• Igualmente, se aportó contrato de vinculación de vehículo automotor con
capacidad transportadora, suscrito entre los aquí demandantes y la
Cooperativa Especializada de Transportes ‘La Ermita Ltda’, con el objeto
de que el vehículo de placas VBX469 hiciera parte de la capacidad
transportadora de dicha cooperativa y prestara el servicio de trasporte
terrestre colectivo.
10.7 Como se puede observar, las pruebas relacionadas acreditan la
titularidad de los actores frente a un vehículo, así como el contrato de
vinculación suscrito con una empresa de transporte, pruebas que resultan ser
insuficientes para acreditar el perjuicio alegado con la expedición de los actos
administrativos demandados.
En efecto, del escaso material probatorio reseñado no es posible deducir el
perjuicio cuyo resarcimiento se demanda, pues aun cuando la parte
demandante calcula unos daños materiales y morales con ocasión de la
implementación de la medida de pico y placa, ello no tiene soporte probatorio
alguno que permita constatar cuanto dejó de percibir el actor con ocasión de la
imposición de la aludida medida.
Además, aun cuando en la demanda se alega que el vehículo de propiedad
del demandante al día reportaba la suma de $150.000, ello no tiene soporte
probatorio alguno en el plenario.
Lo anterior impone concluir que la parte demandante no cumplió con la carga
probatoria que le imponía la ley de aportar al proceso los medios de prueba
necesarios para determinar la existencia del perjuicio reclamado y cuya
indemnización depreca en instancia judicial.
La Sala resalta que el artículo 167 del Código General del Proceso establece
que ‘incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen’. Este mandato legal impone a
los extremos de la relación procesal la carga de acreditar los hechos de
controversia del litigio, mediante los medios de prueba que cumplan con los
requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y licitud. Además, al tenor de
dicha norma, quien invoca un derecho en su favor por una circunstancia
particular, debe probar tal aspecto y por ello no es suficiente que en la
demanda se hagan afirmaciones sobre la existencia del daño, porque ellas
deben tener un respaldo probatorio7.
10.8 Frente a este puntual aspecto, es pertinente traer a colación un reciente
pronunciamiento del Consejo de Estado que en sede de tutela y frente a un
caso análogo al estudiado en esta oportunidad arribó a las siguientes
conclusiones: (…)8.
Así las cosas, dicha cita jurisprudencial permite a la Sala ratificar que la
actividad probatoria desplegada por la parte actora fue insuficiente con miras a
7
Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, Consejero Ponente: José Roberto Sáchica Méndez, sentencia del 5 de marzo de
2021, radicación Número: 19001-23-31-000-2010-10340-01 (51343)”.
8
Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
Consejero Ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez, providencia proferida el veinticuatro (24) de
febrero de dos mil veintidós (2022), dentro del proceso identificado con la radicación No.:
11001-03-15-000-2022-00490-00”.
8
Radicación número: 110010315000202302666 00
Accionante: Huxley Reyes Molina y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
que prosperara el restablecimiento del derecho pretendido.
En definitiva, la Sala concluye que, además de no cumplir con la carga
argumentativa exigida para promover la acción de tutela contra providencias
judiciales, tampoco se cumple con el requisito de la relevancia constitucional,
porque el objeto de la demanda es que se realice un nuevo estudio respecto de la
indemnización solicitada a título de restablecimiento del derecho, lo que desdibuja
las finalidades de esta acción constitucional9.
De conformidad con lo anterior, la Subsección declarará la improcedencia del
amparo solicitado por los señores Huxley Reyes Molina y Ernesto Rentería
Gaviria.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
9
Sección Cuarta del Consejo de Estado, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, sentencia de 15 de
noviembre de 2018 (exp. 11001-03-15-000-2018-03400-00).
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Radicación número: 110010315000202302666 00
Accionante: Huxley Reyes Molina y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
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VF
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