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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06652-00

Fecha
9 de marzo de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06652-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Germán Vanegas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-06652-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

9 de marzo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06652-00
Demandante: Germán Vanegas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-06652-00
Demandante GERMÁN VANEGAS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN ORAL
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos fáctico y
procedimental. Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Medida de movilidad de pico y placa. Cosa juzgada. No
restablecimiento del derecho por no prueba del perjuicio.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Germán Vanegas, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos
1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 13 de diciembre de 20221, Germán Vanegas, interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, por
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. Las pretensiones
son las siguientes:
“PRIMERO: Que se DECLARE vulnerado por parte del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en cabeza del Magistrado RONALD OTTO CEDEÑO BLUME, el DERECHO
FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, con ocasión a la sentencia de Segunda Instancia
del treinta y uno (31) de mayo del 2022.
SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, se DEJE SIN EFECTOS dicha providencia.
TERCERO: Se ORDENE proferir un fallo apegado a la realidad fáctica y jurídica del caso en
concreto y sean valoradas correctamente las pruebas allegadas al proceso”.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El accionante Germán Vanegas manifestó ser propietario de unos vehículos
matriculados con la empresa de Transportes Recreativos Limitada.

2.2. El 31 de diciembre de 2014 el alcalde municipal de Cali profirió el Decreto
4110.20.0928 “por medio del cual se toman medidas para el mejor ordenamiento del
tránsito de vehículos particulares y de servicio público colectivo urbano de pasajeros en las

1 Escrito de tutela radicado en el correo de tutelas en línea.
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Demandante: Germán Vanegas

vías públicas del municipio de Santiago de Cali, para el año 2015”. Norma que fue
publicada en el boletín Nro. 180 de esa misma fecha.

2.3. Posteriormente el 13 de marzo de 2015 el alcalde municipal de Cali profirió el
Decreto Nro. 4110 “por medio del cual modifica el Decreto 4110.20.0928 del 31 de
diciembre de 2014 y se toman medidas para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos
de servicio público colectivo urbano de pasajeros en las vías públicas del municipio de
Santiago de Cali, para el año 2015”, publicado en el boletín Nro. 035 de esa misma
fecha.

2.4. Sostuvo el accionante que con la expedición de los mencionados actos
administrativos se le causa un grave perjuicio al estarse limitando el número
de frecuencias realizadas por el vehículo al mes, reduciendo
considerablemente el patrimonio de las empresas y de los propietarios de los
vehículos afectados con la medida del pico y placa.

2.5. Por lo anterior, el señor Germán Vanegas en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, demandó al municipio Santiago de Cali
pretendiendo la nulidad de los actos administrativos expedidos por el ente
territorial en materia de movilidad y pico y placa y, a título de restablecimiento
del derecho, solicitó que se le reconociera una suma de dinero por concepto
de perjuicios causados con la expedición de tales disposiciones.

2.6. En primera instancia conoció el Juzgado Dieciséis Administrativo de Cali
(radicación Nro. 76001-33-33-016-2015-00238-00) que, en sentencia del 21 de
septiembre de 2017 negó las pretensiones de la demanda.

El juez advirtió que el alcalde sí estaba facultado para emitir los actos
administrativos relacionados con el tránsito y el pico y placa en el municipio,
conforme con el Código Nacional de Tránsito Terrestre, que una cosa era
restringir la circulación de vehículos de servicio público y otra distinta era la
reglamentación, habilitación y prestación del servicio público de pasajeros.

Frente al alegado paralelismo entre rutas del sistema del transporte colectivo
y las rutas del sistema de transporte masivo, dijo que debía tenerse en cuenta
que la medida de pico y placa era una de las tantas pautas de movilidad que
acompañaban el desarrollo del municipio y que tal medida de carácter
temporal no podía tenerse como un castigo o sanción a los vehículos de
transporte público colectivo.

2.7. La anterior decisión fue apelada por la parte demandante ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral que, en
sentencia del 31 de mayo de 2022 <<notificada por correo electrónico el 13 de
junio de 2022>> adicionó la providencia del juzgado, en el sentido de declarar
la excepción de cosa juzgada frente a la pretensión de nulidad de los decretos
demandados y confirmó en lo demás la sentencia recurrida.

Sostuvo que los actos administrativos demandados <<Decretos No.
4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014 y 4110.20.00106 del 13 de marzo de
2015>>, ya habían sido declarados nulos por esa Corporación en el proceso
con radicado Nro. 76001-33-33-008-2015-00240-01, mediante sentencia del 13
de noviembre de 2019, de manera que ,debía declararse de oficio la excepción
de cosa juzgada, ya que no resultaba procedente efectuar un nuevo juicio de
legalidad frente a los actos administrativos acusados.
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Demandante: Germán Vanegas

En relación con el restablecimiento del derecho, dijo que las pruebas
relacionadas en el expediente acreditaban la titularidad del actor frente a unos
vehículos, así como los contratos de vinculación suscritos con una empresa
de transporte, pero que estas pruebas eran insuficientes para acreditar el
perjuicio alegado con la expedición de los actos administrativos demandados.

En ese sentido advirtió que del escaso material probatorio no era posible
deducir el perjuicio cuyo resarcimiento se demandaba, pues que aun cuando
la parte demandante calculaba unos daños materiales y morales con ocasión
de la implementación de la medida de pico y placa, esto no tenía soporte
probatorio alguno que permita constatar cuánto dinero dejó de percibir el actor
con ocasión de la imposición de la aludida medida.

3. Fundamentos de la acción

El accionante consideró que la decisión proferida el 31 de mayo de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 76001-33-33-
016-2015-00238-00/01, incurrió en una vulneración al derecho al debido proceso,
razón por la que planteó los siguientes fundamentos en el escrito de tutela para
cuestionar la sentencia ordinaria de segunda instancia:

Sostuvo que en el expediente estaba probado que era el propietario de los vehículos
afiliados a la empresa Transporte Recreativo Limitada y que, los ingresos
económicos estaban discriminados en la demanda, donde podía evidenciarse que
se había generado un daño, por lo que no era cierto que se indicara que no existían
medios de prueba que permitieran evidenciar la utilidad que presuntamente se dejó
de percibir producto de la restricción de movilidad de los vehículos de los que es
propietario y menos aún, afirmar que no era posible la tasación de los perjuicios,
pues que bien pudo emitirse la condena en abstracto y posteriormente era carga de
la parte demandante presentar una liquidación de perjuicios y probar vía incidente
de regulación los daños generados por el actuar de la administración.

Señaló que la autoridad judicial “no tuvo en cuenta los precedentes y preceptos procesales
contenidos en la constitución que tienen un efecto decisivo en la sentencia referida y representan la
violación de los derechos fundamentales de la accionante, teniendo como consecuencia la falta de
nulidad y efectivo restablecimiento del derecho”.

Indicó que no fueron tenidos en cuenta precedentes jurisprudenciales con identidad
de supuestos fácticos. Insistió en la posibilidad del juez de proferir una condena en
abstracto y, conforme se indicó en la sentencia del 16 de agosto de 2012 proferida
por el Consejo de Estado, con ponencia del doctor Carlos Alberto Zambrano dentro
del proceso con la radicación Nro. 25000-23-26-000-1994-00427-01 (19216).

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 12 de enero de 2023, el despacho admitió la demanda de tutela,
ordenó notificar a las partes accionante y accionada y, dispuso la vinculación
como terceros con interés al Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Cali, quien fue demandado en el proceso
ordinario y al Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito de Cali,
autoridad que dictó la sentencia de primera instancia.

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4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión,
presentó informe en el que manifestó que los argumentos presentados por la
parte actora reflejaban una inconformidad con lo resuelto y que pretendía un
nuevo estudio en relación con aspectos ya definidos en sede ordinaria.

Indicó que la providencia tuvo en cuenta el material probatorio que resultó
insuficiente para probar el perjuicio causado que permitiera un
restablecimiento del derecho. Se remitió a las consideraciones de la decisión
emitida en segunda instancia que dijo, se emitió conforme a las normas
aplicables y a las pruebas aportadas al expediente.

4.3. El Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública del Distrito
de Santiago de Cali, presentó informe en el que indicó que el accionante no
cumplió con el requisito de relevancia constitucional ya que estaba utilizando
la acción constitucional como un recurso o instancia adicional para controvertir
decisiones judiciales con el fin de modificar la sentencia. Enfatizó que en curso
del proceso ordinario se respetaron todas las garantías procesales, por lo que
no se advertía vulneración al debido proceso.

Por lo anterior, pidió se declarara improcedente la presente acción de tutela.

4.4. El Juzgado Dieciséis Administrativo de Cali, allegó el expediente digital. No
se pronunció del fondo del asunto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
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todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico

3.1. Precisa la Sala que la parte accionante no identifica de manera expresa los
defectos contra la providencia judicial que se cuestiona, sin embargo, de la
lectura de los fundamentos de la acción, es posible advertir que alega la
configuración de los defectos fáctico y procedimental, de manera que el
análisis se hará frente a estos.

También vale la pena precisar que, si bien de manera general habla de un
desconocimiento del precedente jurisprudencial, en realidad no lo desarrolla,
solo enuncia que debieron tenerse en cuenta precedentes con identidad
fáctica y jurídica pero no hay mención a providencias posiblemente
desconocidas ni existen argumentos para fundamentar este defecto, por lo que
no se hará un pronunciamiento a este respecto.

3.2. Hecha la anterior precisión, corresponde a la Sala determinar si al proferir la
sentencia de segunda instancia del 31 de mayo de 2022, en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 76001-33-33-016-2015-00238-
00/01, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de
Decisión Oral, incurrió en los defectos fáctico y procedimental, al negar el
reconocimiento de los perjuicios solicitados en la demanda, como
consecuencia de la nulidad de los actos administrativos que declararon la
medida de pico y placa en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca.

4. Defectos fáctico y procedimental y su análisis en el caso concreto

4.1. En relación con el defecto fáctico, es aquel vicio relacionado con la práctica
o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión.

En este sentido, se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es
necesario que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de
ninguna manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la
decisión que se cuestiona. En otras palabras, que el apoyo probatorio en que
se basó el juez para resolver determinado asunto resulta absolutamente

por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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inadecuado para el caso concreto. Porque si bien el juez ordinario goza de una
amplia facultad de valoración probatoria fundada en los principios científicos
de la sana crítica, dicho poder no puede ejercerse de manera arbitraria.

Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas.

Refiriéndose al defecto fáctico, la Corte Constitucional6 reconoce dos
dimensiones:

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como por ejemplo,
(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso7; (ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo8.

La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión9;
o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia10.

El análisis del defecto fáctico debe ser en extremo cauteloso, en procura de
no afectar los principios de autonomía e independencia judicial que adquieren
significado en actos propios e intrínsecos del juez de la causa, como la
valoración de la prueba. Es por ello que la jurisprudencia constitucional ha sido
consistente en indicar que, será viable la acción de tutela por defecto fáctico
cuando el error en el juicio valorativo del juez de la causa sea “ostensible, flagrante
y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia” 11

Por esto, la Corte ha hecho énfasis en que las discrepancias respecto de la
valoración de las evidencias, no amerita por sí misma, la revocación por vía
de tutela de la providencia impugnada, pues ello sería tanto como admitir la
superioridad del criterio de valoración del juez de tutela respecto del juez
natural, en directo menoscabo del principio de autonomía judicial. No pueden
reputarse como defecto fáctico, las diferencias en la valoración y apreciación
de la prueba, ya que la competencia del juez de tutela está fijada en clave de
violación de derechos fundamentales, no de diferencias de juicio o de opinión.

De otra parte, la Corte Constitucional ha señalado “que se incurre en un defecto
procedimental, cuando el funcionario judicial encargado de adoptar la decisión, no actúa
ciñéndose a los postulados procesales aplicables al caso y, a contrario sensu, desconoce de
manera evidente los supuestos legales, lo cual finalmente deriva en una decisión
manifiestamente arbitraria que, [de manera directa], vulnera derechos fundamentales” 4.

6 Cfr. Sentencia SU-159 de 2002.
7 Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
8 Cfr. Sentencia T-417 de 2008.
9 Ibidem. Óp. Cit. 10.
10 Cfr. Sentencia SU-226 de 2013.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU 949 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
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Igualmente, la Corte ha reconocido dos modalidades de este defecto: 1)
absoluto, que se configura cuando el funcionario judicial se aparta por
completo del procedimiento legalmente establecido, y 2) por exceso ritual
manifiesto, que tiene lugar cuando hay una renuncia consciente de la verdad
jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de
las normas procesales.

4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral
en la sentencia del 31 de mayo de 2022, concretamente al resolver sobre los
perjuicios solicitados a título de restablecimiento del derecho, precisó lo
siguiente:
“Ahora bien, revisado el escrito de demanda se tiene que, según la parte actora, con los
decretos demandados se causó un grave perjuicio al demandante en la medida que se está
limitando el número de frecuencias realizadas por vehículo al mes reduciendo con ello
considerablemente el patrimonio actual tanto de las empresas como de los propietarios de los
vehículos afectados con la medida de pico y placa.
10.6. Con relación a la acreditación de dicho daño, fueron recaudadas las siguientes pruebas:
-. Con relación al vehículo de placas VCD398, registra como propietario actual al señor
LUIS MARTIN CAICEDO CUERO y su estado actual es de cancelación por destrucción
total desde el 17 de abril de 2015.
-. El vehículo tipo buseta de placas VBY365 se encuentra actualmente activo y a nombre
del aquí demandante, señor GERMÁN VANEGAS; con relación a dicha buseta, el actor
suscribió en el mes de agosto de 2004 un contrato de vinculación con la empresa
TRANSPORTES RECREATIVOS LTDA., con el objeto de transportar personas dentro
de rutas y horarios autorizados por autoridad competente.
En iguales términos, el actor suscribió otro contrato de vinculación con la misma empresa,
pero con el vehículo correspondiente a placas VCD-498.
10.7. Como se puede observar, las pruebas relacionadas acreditan la titularidad del actor
frente a unos vehículos, así como los contratos de vinculación suscritos con una empresa de
transporte, pruebas que resultan ser insuficientes para acreditar el perjuicio alegado con la
expedición de los actos administrativos demandados.
En efecto, del escaso material probatorio reseñado no es posible deducir el perjuicio cuyo
resarcimiento se demanda, pues aun cuando la parte demandante calcula unos daños
materiales y morales con ocasión de la implementación de la medida de pico y placa, ello no
tiene soporte probatorio alguno que permita constatar cuánto dinero dejó de percibir el actor
con ocasión de la imposición de la aludida medida.
Además, aun cuando en la demanda se alega que el vehículo de propiedad del demandante
al día reportaba la suma de $330.000, ello no tiene soporte probatorio alguno en el plenario.
Lo anterior impone concluir que, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que
le imponía la ley de aportar al proceso los medios de prueba necesarios para determinar la
existencia del perjuicio reclamado y cuya indemnización depreca en instancia judicial”.

De acuerdo con lo anterior, para el tribunal la actividad probatoria a cargo de
la parte demandante fue escasa y, era precisamente a quien correspondía
demostrar el perjuicio cuyo resarcimiento solicitaba, de manera que, si bien
calculó unos daños materiales y morales con ocasión de la implementación de
la medida de pico y placa, no allegó soporte probatorio suficiente que
permitiera constatar cuánto dinero dejó de percibir con ocasión de la
imposición de la medida de restricción a la movilidad.

4.3. Pues bien, la Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en casos
similares al que se estudia en la presente acción, concretamente en los

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expedientes Nro. 11001-03-15-000-2022-00490-0012 y 11001-03-15-000-
2022-05012-0013 razón por la que esta Sección se permite reiterar las
consideraciones allí expuestas.

4.4. Así, para la Sala no se evidencia defecto fáctico, pues es cierto que la parte
actora no acreditó el daño derivado del lucro cesante por la pérdida de
oportunidad en el aprovechamiento económico de los vehículos que manifestó
eran de su propiedad y que, de manera razonable, el tribunal demandado
consideró que la estimación de la cuantía no resulta suficiente para tener por
demostrado el lucro cesante, pues en este aspecto lo que debe evidenciarse
es la existencia de un aprovechamiento económico previo y la existencia de
una pérdida derivada de la aplicación de la medida de pico y placa.

Como bien lo explicó el tribunal demandado, la parte actora alegó que el
vehículo de propiedad del demandante, al día reportaba la suma de $330.000,
pero precisó que esto no tenía soporte probatorio alguno en el plenario y que,
la parte demandante no había cumplido con la carga probatoria que le imponía
la ley de aportar al proceso los medios de prueba necesarios para determinar
la existencia del perjuicio reclamado y cuya indemnización pretendía.

4.5. Además, la prueba del lucro cesante no puede sustentarse en un mero cálculo
del demandante, sino que debe estar apoyada en documentos o pruebas
indiciarias que evidencien la afectación económica concreta derivada de la
ejecución del acto administrativo que fijó el pico y placa en el municipio de Cali.
Por ejemplo, el demandante bien pudo aportar extractos bancarios, libros de
contabilidad o consignaciones realizadas por la empresa administradora del
vehículo, etcétera, pero no lo hizo.

4.6. En sentencia del 16 de febrero de 2018, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, consideró lo siguiente: “para la prueba del lucro cesante
[consolidado o debido y futuro o anticipado] todos los medios probatorios son admisibles,
especialmente la prueba indiciaria, en cuya valoración deben atenderse a ciertas reglas: (1)
que el hecho dañoso del que se desprende el perjuicio comprende su integridad; (2) su cuantía
no debe guardar proporción con la gravedad o no de la culpa del hecho dañoso cometido por
el responsable; (3) su cuantía no puede superar el hecho dañoso efectivamente producido; (4)
cuando se trate de un dictamen pericial debe contar con los soportes suficientes para la
determinación y cuantificación”. Sin embargo, en este caso, se reitera, el
demandante no hizo un esfuerzo por aportar pruebas indiciarias o dictámenes
que permitieran estimar la existencia de un daño consistente en lucro cesante.

4.7. Al revisar la demanda de tutela, la parte actora no da cuenta de que el tribunal
demandado haya desconocido alguna prueba que diera cuenta de la
existencia de lucro cesante. De hecho, lo que se advierte de la demanda de
tutela es que el señor Germán Vanegas pretende que se presuma la existencia
de lucro cesante, por el sólo hecho de que los actos administrativos
cuestionados impidieron que el vehículo fuera explotado económicamente por
dos días a la semana.

4.8. Por lo demás, no existe duda de la razonabilidad de la decisión de denegar el
reconocimiento de indemnización por perjuicios morales, por cuanto es

12 Sentencia del 24 de febrero de 2022. Actor: Jeffrey Alfonso Ledesma Bolaños. Ponencia del doctor Julio
Roberto Piza Rodríguez.
13 Sentencia del 10 de noviembre de 2022. Actor: Jorge Genaro Arévalo Chamorro. Ponencia del doctor Julio
Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Germán Vanegas

evidente que la parte actora no hizo un esfuerzo por demostrar el dolor y
congoja derivado de la aplicación de la medida de pico y placa en el municipio
de Cali.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha aceptado la posibilidad de
reconocer el daño moral causado por el daño o pérdida de bienes materiales,
siempre que el mismo haya sido acreditado plenamente. Al respecto, en
sentencia del 13 de abril de 2000, dijo lo siguiente: “el desarrollo del tema en la
jurisprudencial nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad
de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las
cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume”.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que no se encuentra
estructurado el defecto fáctico en los términos planteados por la parte actora.

4.9. Finalmente, tampoco se observa que exista un defecto procedimental en la
decisión, habida cuenta de que no resultaba procedente el reconocimiento de
condena en abstracto y la apertura de incidente de regulación o liquidación de
perjuicios, pues, como se vio, lo cierto es que los daños reclamados no fueron
demostrados. El incidente de liquidación de perjuicios no es una herramienta
procesal prevista para acreditar la existencia de daños, sino para estimar la
equivalencia económica del perjuicio padecido.

En providencia del 28 de octubre de 201914, la Sección Tercera del Consejo
de Estado, advirtió que la procedencia de un trámite incidental resultaba
procedente “cuando ‘se ha probado el daño causado y solamente faltan las pruebas
necesarias para establecer la cuantía para una condena en concreto’. En otros términos,
cuando existe una deficiencia probatoria que impide al juez contar con todos los
elementos necesarios para determinar el valor de la condena”, de manera que se hace
necesaria la demostración del daño y el perjuicio de manera previa15.

Se reitera, la condena en abstracto y el incidente de regulación de perjuicios
fueron razonablemente desestimados, por cuanto no hubo prueba del daño
moral y del lucro cesante padecido supuestamente por el señor Germán
Vanegas.

5. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se encuentran estructurados
los defectos fáctico y procedimental, razón por la que se negarán las pretensiones
de la presente acción de tutela.

14 Sección Tercera, Subsección C. Expediente Nro. 05001-23-33-000-2012-10801-01. Magistrado ponente:

Nicolás Yepes Corrales.
15 En sentencia del 27 de marzo de 2003#, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia explicó
que “una cosa es la demostración del perjuicio mismo y otra la comprobación de su cuantía” y que, si bien
es procedente la condena en abstracto, lo cierto es que eso no exonera al actor del deber de demostrar el
perjuicio “de manera suficiente, independientemente, se reitera, de que comprobara su extensión
económica”.
En el mismo sentido, en sentencia del 28 de febrero de 2013 #, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
sostuvo que “para decretar una condena en abstracto, conforme se precisó, es indispensable que exista la
prueba del daño como tal”.

9

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06652-00
Demandante: Germán Vanegas

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Germán
Vanegas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRON

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