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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02152-00

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02152-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora María Barbarita Urrea Riveros, quien actúa por intermedio de apoderada judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, por las razones aquí expuestas Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-02152-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

29 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02152-00
Actor: María Barbarita Urrea Riveros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02152-00
Demandante: MARÍA BARBARITA URREA RIVEROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “B”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento y
pago de la pensión gracia

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora María Barbarita Urrea Riveros, quien actúa por conducto
de apoderada judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
“B”, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital, “pago oportuno y reajuste
periódico de la pensión gracia y conexos”, los cuales considera vulnerados con la
sentencia de 22 de septiembre de 2022, que revocó el fallo de 10 de junio de 2021
dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “A”, que había accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho promovida contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en
adelante UGPP), con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión
gracia.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que tiene 50 años y se encuentra vinculada al departamento
de Cundinamarca como docente y que presta sus servicios en el municipio de
Zipaquirá. Al respecto, explicó que por medio del Decreto 790 del 14 de abril de
1978 fue nombrada como maestra interina desde el 20 de febrero hasta el 22 de
marzo de 1978 en reemplazo de una docente a quien se le concedió una licencia
de maternidad y, posteriormente, por Decreto No. 1084 de 4 de julio de 1990 fue
vinculada como docente del municipio de Zipaquirá.

Indicó que solicitó a la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia, sin
embargo, dicha petición fue negada por medio de las Resoluciones RDP 5938 de
11 de febrero, RDP 16778 de 15 de abril y RDP 18706 de 24 de abril, todas de
2013, por no cumplir con los requisitos pues consideró que su vinculación fue de
carácter nacional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02152-00
Actor: María Barbarita Urrea Riveros

Afirmó que contra dichos actos administrativos presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP con el fin de acceder al
reconocimiento y pago de la pensión gracia (radicado No 25000-23-42-000-2013-
04686-00). Agregó que por sentencia de 8 de mayo de 2014, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, negó las
pretensiones de la demanda, decisión contra la que se interpuso recurso de
apelación que fue rechazado por extemporáneo.

Manifestó que formuló una nueva solicitud ante la UGPP dirigida a que se
reconociera la pensión gracia, la que fue negada por auto ADP 993 de 9 de
febrero de 2015.

Afirmó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho demandó a la UGPP para que reconociera la pensión gracia (radicación
No. 25000-23-42-000-2015-02227-01), la cual correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que por
sentencia de 10 de junio de 2021 accedió a las pretensiones de la demanda, en el
sentido de declarar la nulidad Resoluciones RDP 5938 de 11 de febrero, RDP
16778 de 15 de abril y RDP 18706 de 24 de abril, todas de 2013, y del auto ADP
993 de 9 de febrero de 2015. En consecuencia, ordenó a la entidad demandada
reconocer en su favor la pensión gracia a partir del 13 de mayo de 2010 con el
75% del promedio de los factores de salario devengados en el último año anterior
a la adquisición del estatus pensional.

Por último, relató que la UGPP presentó recurso de apelación el cual fue decidido
por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado que por medio de
la sentencia de 22 de septiembre de 2022 revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, declaró probada la excepción de cosa juzgada. Lo anterior, al
considerar que el proceso radicado con el No. 25000-23-42-000-2013-04686-00
correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la señora Urrea Riveros contra los precitados actos administrativos
a través de los cuales la UGPP negó la solicitud de reconocimiento de la pensión
gracia, presentaba identidad de partes, objeto y causa petendi en tanto, reclamaba
que se tuvieran en cuenta periodos laborados para efectos de verificar el
cumplimiento de los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión
gracia.

2. Fundamentos de la acción

La actora presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital, “pago oportuno y reajuste
periódico de la pensión gracia y conexos”, los cuales considera vulnerados con la
sentencia de 22 de septiembre de 2022, que revocó el fallo de 10 de junio de 2021
dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “A”, que había accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido contra la UGPP, con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la pensión gracia y, en su lugar, declaró probada la
excepción de cosa juzgada.

La accionante no expresó las causales específicas de procedencia de tutela
contra providencia judicial que, a su juicio, se habrían configurado en la decisión
cuestionada. No obstante, del relato de la demanda se advierte que hace
referencia al defecto sustantivo, en tanto acusó a la autoridad judicial accionada
de desconocer el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 que al definir los efectos de
la sentencia, establece que la que niegue la nulidad de un acto administrativo
producirá efectos de cosa juzgada erga omnes, pero solo en relación con la causa
petendi.

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En ese sentido, aseveró que la demanda estaba dirigida contra los actos
administrativos que fueron expedidos para negar una nueva solicitud de
reconocimiento de la pensión gracia, por lo que no son los mismos del proceso
anterior.

Además de lo anterior, adujo que se desconoció que el reconocimiento de la
pensión gracia es un derecho imprescriptible e irrenunciable en virtud de lo
establecido en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política. Por lo tanto, afirmó
que “su reconocimiento en vía judicial se podrá seguir intentando ante las nuevas
respuestas negativas, en razón a que, lo que se ve afectado con la cosa juzgada
son las mesadas causadas hasta el pronunciamiento que negó las pretensiones
de la demanda, pero en momento alguno puede admitirse que se generen efectos
sobre las mesadas que se sigan causando a favor del trabajador que acredita la
pensión”.

Finalmente, de manera general, adujo que tiene derecho al reconocimiento y pago
de la pensión gracia en virtud de lo ordenado por la Sección Segunda del Consejo
de Estado en las Sentencias de Unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de
2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 de 11 de agosto de 2022.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“Por lo expuesto señor Consejero SOLICITO QUE SEA REVOCADA LA
PROVIDENCIA PROFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO -SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B, en su
lugar se CONFIRME la Sentencia de 10 de junio de 2021 proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN
“A”, que accedió a las pretensiones de la demanda”.

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente los siguientes documentos:

• Sentencia de 10 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”

• Sentencia de 22 de septiembre de 2022, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “B”.

Del mismo modo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca informó el link
habilitado para consulta del expediente No. 25000-23-42-000-2015-02227-01,
correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la señora María Barbarita Urrea Riveros contra la UGPP.

5. Trámite procesal

Por auto de 8 de mayo de 2023, el despacho de la Magistrada Sustanciadora
admitió la demanda y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B” y a
la UGPP, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, dispuso oficiar al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B” y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “A”, en el evento de que el expediente hubiese sido devuelto, para que
allegara copia digitalizada del proceso No. 25000-23-42-000-2015-02227-01,

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Actor: María Barbarita Urrea Riveros

demandante: María Barbarita Urrea Riveros.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 42246 a 42251 todos
de 11 de mayo de 20231, con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”

El Magistrado ponente de la decisión cuestionada rindió informe sobre los hechos
y las pretensiones de la acción de tutela en el que indico que “me atengo a lo que
se demuestre durante el trámite, y en cuanto dice relación con los motivos de
inconformidad con la providencia de 22 de septiembre de 2022 proferida dentro
del referido asunto, somos del criterio que las razones que le sirvieron de
2
fundamento están consignadas en sus motivaciones , las que deben dar
suficientemente cuenta de aquellas”.

6.2. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-

El Subdirector de Defensa Judicial Pensional de la entidad pidió que se declare
improcedente la acción de tutela o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de
la demanda, al considerar que no se cumplen los presupuestos de subsidiariedad
y de relevancia constitucional, además porque no se acreditó un perjuicio
irremediable. De igual modo, señaló que no se vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la accionante.

Como antecedentes administrativos relató que mediante Resolución No. RDP
005938 del 11 de febrero de 2013, la entidad negó a la actora el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación gracia teniendo en cuenta que a partir de 1990 su
vinculación al sector docente era del orden nacional y no acreditó la vinculación
respecto del periodo correspondiente al año 1978. Afirmó que dicha decisión fue
confirmada por medio de las Resoluciones Nos. RDP 016778 del 15 de abril de
2013 y RDP 018706 del 24 de abril de 2013.

Indicó que la actora formuló una nueva solicitud, con el mismo objeto, la cual fue
resuelta mediante auto ADP 00993 de 9 de febrero de 2015, que dispuso el
archivo del trámite porque la peticionaria allegó los documentos en copia simple y

1
La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados
a las siguientes direcciones de correo electrónico: abogadosmagisterio@gmail.com,
notifcpalomino@consejodeestado.gov.co, javilas@consejodeestado.gov.co,
daniangap0128@gmail.com, cetutelaspaolazuluaga@outlook.com,
kossaa@consejodeestado.gov.co, notifjbedoya@consejodeestado.gov.co, lyxim.rojas@gmail.com,
ysucerquiah@consejodeestado.gov.co, notifcperdomo@consejodeestado.gov.co,
fulana06@gmail.com, cetutelaspaolazuluaga@outlook.com, fulana06@gmail.com,
cetutelaspaolazuluaga@outlook.com, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
ces2secr@consejodeestado.gov.co, scs02sb01tadmincdm@notificacionesrj.gov.co;
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co,
rmemorialessec02tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co,
notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co, defensajudicial@ugpp.gov.co.
2
“Según el maestro Piero Calamandrei, en su bella obra Elogio de los jueces escrito por un
abogado, «La motivación de las sentencias es, verdaderamente, una garantía grande de justicia,
cuando mediante ella se consigue reproducir exactamente, como en un croquis topográfico, el
itinerario lógico que el juez ha recorrido para llegar a su conclusión; en tal caso, si la conclusión es
equivocada, se puede fácilmente determinar, a través de la motivación, en qué etapa de su camino
perdió el juez la orientación». Ediciones Jurídicas Europa – América, Buenos Aires, 1980, pág.
175”.

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porque no presentó nuevos elementos de juicio que permitiera variar las
decisiones proferidas anteriormente.

Señaló que, contra esa decisión administrativa, la actora formuló acción de tutela y
en el marco de dicho trámite se profirió Auto ADP 007914 de 31 de julio de 2015
en el que se le dio respuesta al actor informando sobre las respuestas que se
habían dado respecto a la solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación
gracia.

En ese orden, señaló que la actora acude al mecanismo de protección
constitucional para revivir el debate legal superado en el tramite del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que el juez natural profirió una
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada que no puede desconocer el juez de
tutela.

Señaló que no se configuró alguna causal de procedencia específica de tutela
contra providencia judicial, en tanto la autoridad judicial accionada no desconoció
las pruebas obrantes en el expediente ordinario, y adoptó una decisión conforme
con la normatividad que regula la excepción de la cosa juzgada.

Para terminar, indicó que la actora tiene a su disposición el recurso extraordinario
de revisión para controvertir la sentencia de 22 de septiembre de 2022, proferida
por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado.

6.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca informó el link habilitado para
consultar el expediente, sin pronunciarse sobre la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 22 de septiembre de 2022,
proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado vulneró
a la accionante los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
seguridad, social mínimo vital, “pago oportuno y reajuste periódico de la pensión
gracia y conexos”, al revocar el fallo de 10 de junio de 2021 dictado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que había
accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por la actora para acceder al reconocimiento y pago de la
pensión gracia y, en su lugar, declarar probada la excepción de cosa juzgada, y si
incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del artículo 189 de la Ley 1437
de 2011 que establece que la sentencia que niegue la nulidad de un acto
administrativo tendrá efectos de cosa juzgada erga omnes, pero solo en relación
con la causa petendi.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de

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tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20146, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la

3
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
9
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
11
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
14
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

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Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte
Constitucional16.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos
en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia constitucional porque
la Sala debe verificar si la autoridad judicial accionada vulneró a la accionante los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo
vital, “pago oportuno y reajuste periódico de la pensión gracia y conexos”, con la
sentencia de 22 de septiembre de 2022 que, en el trámite de segunda instancia,
declaró probada la excepción de cosa juzgada y si incurrió en un defecto
sustantivo, en los términos alegados, lo que no supone una reapertura del debate
relacionado con el reconocimiento y pago de la pensión gracia, lo cual es propio
del juez natural, a lo que se agrega que la solicitud cuenta con la carga
argumentativa mínima para dictar una decisión de fondo.

Igualmente, (ii) la actora no cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo para
resolver la controversia propuesta, en tanto la decisión cuestionada fue proferida
en el trámite de segunda instancia; (iii) la solicitud de amparo se instauró el 28 de
abril de 2023 y la sentencia de segunda instancia se notificó el 1 de noviembre de
2022, es decir, que se promovió dentro de los seis (6) meses establecidos como
plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional17, (iv) los
hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y, por último, (v)
la acción de tutela no se dirige contra providencias proferidas en el marco de una
acción de tutela.

4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto sustantivo
alegado

4.2.1. La actora promovió acción de tutela con el fin de que se protejan los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo
vital, “pago oportuno y reajuste periódico de la pensión gracia y conexos”, los
cuales considera vulnerados por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo
15
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
16
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
17
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.

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de Estado con la sentencia de 22 de septiembre de 2022, que revocó el fallo de 10
de junio de 2021 dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “A”, que había accedido a las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (en adelante UGPP), con el fin de obtener el reconocimiento y
pago de la pensión gracia y, en su lugar, declaró probada la excepción de cosa
juzgada.

La accionante no expresó las causales específicas de procedencia de tutela
contra providencia judicial que, a su juicio, se habrían configurado en la decisión
cuestionada. No obstante, del relato de la demanda se advierte que hace
referencia al defecto sustantivo, en tanto acusó a la autoridad judicial accionada
de desconocer el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 que establece que la
sentencia que niegue la nulidad de un acto administrativo producirá efectos de
cosa juzgada erga omnes solo en relación con la causa petendi.

De igual modo, adujo que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión
gracia en virtud de lo ordenado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
las Sentencias de Unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-
030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022.

4.2.2. La Sala observa que la actora, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió demanda contra la UGPP, en la que pidió
que se declarara la nulidad del “Auto ADP 000993 del 09 de febrero de 2015,
expedido por La Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, por el cual se niega el reconocimiento y pago
de la pensión de gracia, a mi representado(a)” y que, en consecuencia, se
ordenara a la entidad demandada reconocer y pagar la pensión gracia a partir del
día en que cumplió los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico,
conforme con el 75% de lo percibido durante el año anterior de servicio, así como
el pago de reajustes, intereses moratorios, entre otros.

En la demanda puso de presente que por medio de la Resolución RDP 005938 de
11 de febrero de 2013, la UGPP negó una solicitud de reconocimiento de pensión
gracia, a lo que agregó que el 14 de octubre de 2014 formuló una nueva petición
con el mismo propósito, frente a la cual la entidad expidió el auto objeto de la
demanda, cuyo texto es el siguiente:

“LA SUBDIRECTORA DE DETERMINACION DE DERECHOS PENSIONALES de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, artículo 1° del
Decreto 169 de 2008, artículo 17 del Decreto 5021 de 2009 y demás disposiciones
legales, se permite COMUNICAR QUE SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA SOLICITUD
PRESENTADA EL DÍA 14 de octubre de 2014 respecto al señor (a) URREA RIVEROS
MARIA BARBARITA, identificado (a) con CC No. (…) de CHIPAQUE, en consideración
a lo siguiente:

Que mediante Resolución No. RDP 005938 del 11 de febrero de 2013, se negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación gracia al solicitante, debido a que se
estableció que su vinculación al sector docente a partir de 1990 era de orden nacional y
respecto a los tiempos prestados en el año 1978, no se acreditó tipo de vinculación.

Que notificada la anterior decisión, se interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones Nos. RDP 016778 del 15
de abril de 2013 y RDP 018706 del 24 de abril de 2013, respectivamente, confirmando
en todas sus partes el acto impugnado.

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Actor: María Barbarita Urrea Riveros

Que la interesada nuevamente solicita el reconocimiento de la pensión gracia
aportando para el efecto copia simple de los documentos allegados con la petición
inicial.

En este punto resulta oportuno reiterar, que si bien cuenta con 20 años de servicio al
sector docente, también lo es que su nombramiento por el periodo comprendido entre
el 06 de agosto de 1990 al 17 de enero de 2012 fue de orden Nacional, y por tanto no
es posible computar tales tiempos para efectos del reconocimiento.

Así las cosas, es preciso remitirnos a lo estipulado en el artículo 87 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011):

Firmeza de los Actos Administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su
notificación, comunicación o publicación según el caso 2. Desde el día siguiente a la
publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si
estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 4. Desde
el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el
silencio administrativo positivo.

Que de acuerdo a la norma precitada, la resolución que disipó la petición se encuentra
en firme por cuanto se halla dentro de la causal 2 del artículo en comento.

Que teniendo en cuenta que el solicitante no aporta elementos de juicio que permitan
modificar la decisión adoptada a través del acto administrativo relacionado,
encontrándose el mismo conforme a derecho con base en los documentos obrantes en
el expediente, se procede a negar la solicitud pretendida.

En ese orden de ideas, una vez comunicado el presente auto se ordenará el archivo de
la petición”.

En primera instancia, por sentencia de 10 de junio de 2021, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Subsección Segunda, Subsección “A”, accedió a
las pretensiones de la demanda y resolvió “declarar la nulidad de las Resoluciones
No. RDP 005938 del 11 de febrero de 2013; No. RDP 016778 del 15 de abril de
2013 y No. 018706 del 24 de abril de 2013 y del Auto ADP 000993 del 09 de
febrero de 2015, por medio de los cuales la Unidad Administrativa de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social negó el
reconocimiento de una pensión gracia a la señora María Barbarita Urrea Riveros”.
En consecuencia, ordenó a la UGPP acceder al reconocimiento y pago de la
pensión gracia en favor de la demandante.

En el precitado fallo se consideró que la actora cumplía con los requisitos
establecidos en la Ley 114 de 1913 para acceder al reconocimiento de la pensión
gracia, en tanto contrario a lo manifestado por la UGPP se demostró que para el
31 de diciembre de 1980 “la actora tenía un vínculo laboral vigente, tal como lo
exige la norma y que correspondió a una vinculación del orden territorial”, en virtud
del nombramiento efectuado por Decreto 790 de 14 de abril de 1978 en reemplazo
de una docente a quien se le había concedido licencia de maternidad, por el
periodo comprendido entre el 20 de febrero al 22 de marzo de 1978.

De igual forma, consideró un error calificar a la demandante como docente a cargo
de la Nación cuando la prestación del servicio docente entre 13 de agosto de 1990
y 17 de enero de 2012 tuvo lugar en establecimiento del orden territorial y los
actos de nombramiento y de posesión fueron suscritos por autoridades
departamentales y municipales.

Contra la sentencia de primera instancia la UGPP presentó recurso de apelación,
en el que señaló que se configuró la cosa juzgada teniendo en cuenta que la

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Actor: María Barbarita Urrea Riveros

actora ya había promovido una demanda anterior contra los mismos actos
administrativos, esto es, las Resoluciones Nos. RDP 005938 del 11 de febrero,
RDP 016778 del 15 de abril y 018706 del 24 de abril, todas de 2013, frente a la
cual por sentencia de 8 de mayo de 2014 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, negó las pretensiones de la
demanda, a lo que agregó que aun cuando la demandante apeló esta decisión el
recurso fue declarado extemporáneo.

Con todo, señaló que la actora no cumplía con los requisitos para acceder al
reconocimiento y pago de la pensión gracia, por cuanto al 31 de diciembre de
1980 no acreditó una vinculación al servicio docente de carácter territorial, pues el
nombramiento efectuado a través del Decreto 790 de 14 de abril de 1980 como
maestra interina de la Escuela Potrero Grande del municipio de Chipaque, fue
suscrito por el Gobernador de Cundinamarca pero conforme con las atribuciones
otorgadas por la Ley 43 de 1975, en virtud de la cual la educación primaria y
secundaria constituyen un servicio a cargo de la Nación.

De igual modo, aseveró que en los certificados de tiempo de servicio aportados
con la demanda se expresó que entre el 21 de octubre de 1981 al 11 de diciembre
de 2015, estuvo vinculada como docente de carácter nacional.

En segunda instancia, por sentencia de 22 de septiembre de 2022, la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado revocó la decisión recurrida y, en
su lugar, declaró probada la excepción de cosa juzgada al evidenciar que en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
25000234200020130468600 se resolvió una demanda que presentaba identidad
de partes, objeto y causa.

En ese sentido, explicó que en ambos procesos la demandante es la señora María
Barbarita Urrea Riveros y la demandada la UGPP; “varios de los actos
administrativos enjuiciados se analizan en ambos expedientes”, a lo que agregó
que en las dos demandas el problema jurídico se dirige a determinar si la docente
acreditó los requisitos para acceder a la pensión gracia, y se reclama la inclusión
de los mismos periodos laborados entre 20 de febrero a 22 de marzo de 1978 y
desde 13 de agosto de 1990 hasta el 17 de enero de 2012, para efectos del
reconocimiento pensional.

Asimismo, advirtió que “no resulta viable, como lo pretende la accionante, intentar
revivir con el asunto sub judice los términos que dejó vencer dentro del proceso
25000-23-42-000-2013-04686-00, puesto que, a pesar de contar con la posibilidad
de interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia de 8
de mayo de 2014, que le fue desfavorable, con el fin de controvertir las
certificaciones que daban cuenta de su vinculación con la docencia oficial, lo
formuló de manera extemporánea, lo que denota el descuido en que incurrió, que
no puede ser enmendado o corregido con este nuevo trámite”.

4.2.3. En el asunto bajo examen, la actora hizo referencia a la configuración de un
defecto sustantivo, en tanto acusa a la autoridad judicial accionada de desconocer
el inciso primero del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 que expresa lo siguiente:

“ARTÍCULO 189. EFECTOS DE LA SENTENCIA. La sentencia que declare la nulidad
de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La
que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes, pero solo en
relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas
que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga
omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga
el examen” (…).

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Actor: María Barbarita Urrea Riveros

Al respecto, de manera general aseveró que de acuerdo con el anterior precepto
los actos administrativos demandados pueden ser los mismos, siempre y cuando
la causa petendi sea diferente y que, en todo caso, el acto administrativo
demandado fue producto de una nueva solicitud de reconocimiento pensional. En
ese sentido, expresó lo siguiente:

“De conformidad con la lectura del precepto normativo citado, se tiene que los efectos
de la cosa juzgada operan frente al acto administrativo demandado en dos formas
distintas, una cuando declara la nulidad del mismo y otra cuando la niega.

En el caso concreto se debía aplicar el inciso segundo del artículo en cita, en razón a
que se había pronunciado una sentencia en sentido absolutorio, teniendo por
consiguiente la posibilidad de volver a demandar el mismo acto administrativo, siempre
que se invocara una nueva causa, es decir, los efectos de la cosa juzgada previstos en
la ley 1437 de 2011 cuando se dictan sentencias absolutorias, se señalan
expresamente relativos y no absolutos, como lo hace el fallo recurrido.

Aun así, la docente MARIA BARBARITA URREA RIVEROS presentó una nueva
solicitud a la administración (UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES-
UGPP), la cual dio como resultado un nuevo acto administrativo, cuya legalidad fue
desvirtuada mediante el control jurisdiccional, evento que por sí sólo desvirtúa la
identidad de objeto y fáctica, en tanto se han producido nuevos hechos que permiten al
administrado provocar el pronunciamiento de la jurisdicción”.

4.2.4. Sobre el defecto sustantivo, la Corte Constitucional en sentencia SU-574 de
2019, reiteró que el mismo “parte del reconocimiento de que la competencia
asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia judicial, no es en
ningún caso absoluta” (SU-210 de 2017). De igual modo, reiteró los supuestos en
los que se configura este defecto, en los siguientes términos:
“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se
sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada inconstitucional.

(ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por no ser
pertinente.

(iii) A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación
no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por ejemplo, cuando
se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador.

(iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia con
efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio
decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico.

(v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o claramente
contraria a la Constitución.

(vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la
disposición.

(vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho, omitiendo el
análisis de otras disposiciones aplicables al caso.

(viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o justificación de una actuación
que afecta derechos fundamentales.

(ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación.

(x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una
violación manifiesta de la Constitución. Se trata de la aplicación de normas abiertamente
inconstitucionales, evento en el cual, si bien el contenido normativo no ha sido declarado
inexequible, este es contrario a la constitución, o al ser aplicada al caso concreto vulnera
derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada.

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Actor: María Barbarita Urrea Riveros

(xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la
decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con
las motivaciones expuestas en la providencia”.

Adicionalmente, la Corte ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en
un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al menos, dos hipótesis:
(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene
(contraevidente –interpretación contra legem–), o de manera injustificada para los
intereses legítimos de una de las partes; y (ii) cuando le confiere a la disposición
infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible
a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene
postulados de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados,
sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica
aceptable.

4.2.5. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que la autoridad judicial
accionada no desconoció el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 que, al establecer
los efectos de la sentencia, prescribe que cuando la misma niegue la nulidad de
un acto administrativo “producirá cosa juzgada erga omnes, pero solo en relación
con la causa petendi juzgada”.

Al respecto, la autoridad judicial accionada constató que en relación con el
proceso anterior (expediente No. 25000-23-42-000-2013-04686-00), la nueva
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (expediente No. 25000-23-42-
000-2015-02227-01) presentaba identidad de partes, de objeto y causa.
Particularmente, sobre la causa petendi, concluyó que era la misma en ambos
procesos, en tanto “los tiempos que solicita la actora sean tenidos en cuenta como
laborados en calidad de docente territorial, son los mismos que fueron estudiados
en el primer litigio: del 20 de febrero al 22 de marzo de 1978 y desde el 13 de
agosto de 1990 hasta el 17 de enero de 2012, por tanto, no es dable volver a
adelantar un estudio sobre este mismo aspecto”.

Entonces, resulta claro que la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de
Estado acreditó, particularmente, la identidad de la causa petendi en ambos
procesos y, con fundamento en ello, declaró probada de oficio la excepción de
cosa juzgada lo que, contrario a lo señalado por la accionante, no desconoce el
artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, por el contrario, lo aplica íntegramente.

En efecto, en la demanda que dio origen al segundo proceso judicial sobre el cual
se declaró probada la excepción de cosa juzgada (expediente No. 25000-23-42-
000-2015-02227-01), se observa que bajo el título “posición equivocada de la
demanda”, la actora adujo que el error de la UGPP en la Resolución RDP 005938
de 11 de febrero de 201318 y que configuraba la causal de falsa motivación,
consistía en “manifestar que no le asiste el derecho (…) por no acreditar
vinculación del orden departamental, distrital o Nacionalizado, anterior al 31 de
Diciembre de 1980, sin percatarse que se encuentra copia del Decreto 790 del 14
de abril de 1978, mediante la cual el GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA
nombra a la hoy demandante como maestra interina, desde el 20 de Febrero hasta
el 22 de marzo de 1978”, a lo que agregó, que “en cuanto a la vinculación
posterior a 1990, la cual aparece registrada en el certificado de historia laboral
como Nacional, debe indicarse que tal manifestación no es suficiente para
modificar la vinculación nacionalizada que cobija a mi mandante, por cuanto quien
realizó el nombramiento fue una entidad del orden territorial”.

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Objeto de demanda en el primer proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
correspondiente al expediente No. 25000-23-42-000-2013-04686-00.

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En ese escenario, la Sala considera que la decisión de declarar probada la
excepción de cosa juzgada a partir de la constatación de la identidad de la causa
petendi en ambos procesos -se reitera porque la reclamación sobre los tiempos de
servicio que no se estaban teniendo en cuenta por el carácter de la vinculación
son los mismos-, resulta razonable, en tanto como se evidenció anteriormente es
una circunstancia que quedó debidamente acreditada en el trámite judicial en el
que se dictó la providencia objetada. En otras palabras, no se trata de una nueva
demanda en la que la causa tenga un origen diferente al propuesto en el proceso
judicial que finalizó con una decisión desestimatoria, la cual, como se indicó, fue
objeto de apelación que se declaró presentado de manera extemporánea.

De otra parte, la accionante estima que en todo caso el carácter imprescriptible e
irrenunciable que, a su juicio, tiene el derecho de acceso al reconocimiento de la
pensión gracia, impide declarar la probada la excepción de la cosa juzgada. Al
respecto, la Sala considera necesario precisar, en términos generales, que dicho
alcance de un derecho permite a los ciudadanos reclamarlo en cualquier tiempo,
pero no puede entenderse como la posibilidad de acudir a la administración de
justicia para reclamar su reconocimiento de forma sucesiva e indefinidamente,
pues eso comprometería la efectividad del principio de seguridad jurídica.

Finalmente, la actora también adujo que tiene derecho al reconocimiento y pago
de la pensión gracia en virtud de lo ordenado por la Sección Segunda del Consejo
de Estado en las Sentencias de Unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de
2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022. Sobre este particular,
para la Sala este argumento tampoco podría invalidar los fundamentos de la
decisión cuestionada consistente en que existe cosa juzgada al acreditarse la
identidad de partes, objeto y causa petendi entre los dos procesos que promovió
la actora para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia. Además,
resulta importante resaltar que en la demanda presentada en el segundo proceso
dichas sentencias no hubiesen podido ser referidas como fundamentos de la
demanda, lo que se colige por su fecha de expedición.

Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la demanda al
encontrar que no se configuró el defecto sustantivo alegado.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por la
señora María Barbarita Urrea Riveros, quien actúa por intermedio de apoderada
judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, por las
razones aquí expuestas

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02152-00
Actor: María Barbarita Urrea Riveros

expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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