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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02227-01

Fecha
22 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02227-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Revócase la sentencia de 10 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora María Barbarita Urrea Riveros contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); en su lugar, declárase de oficio probada la excepción de cosa juzgada, por las razones expuestas en la parte motiva. 2º. Sin condena en costas. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-02227-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

22 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2015-02227-01 (3330-2021)
Demandante : María Barbarita Urrea Riveros
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Tema : Reconocimiento de pensión gracia; cosa juzgada

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la entidad
accionada contra la sentencia proferida el 10 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda),
mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del
proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 35 a 44). La señora María Barbarita Urrea Riveros,
por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente
se precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 5938 de 11
de febrero, RDP 16778 de 15 de abril y RDP 18706 de 24 de abril, todas de
2013; y del «auto» ADP 993 de 9 de febrero de 2015, por los que la demandada
negó el reconocimiento de la pensión gracia a la actora1.

1
Se precisa que aunque la actora solo deprecó la anulación del «auto» ADP 993 de 9 de febrero de 2015, el a
quo, mediante proveído de 13 de junio de 2013, adecuó la demanda «[…] en cuanto a las decisiones
administrativas demandadas a que se refiere el oficio por medio del cual se hizo la remisión de estarse a lo
resuelto en oportunidad anterior [valga decir, el citado «auto» ADP 993] y dejar entonces establecido que […]
se están demandando esos actos administrativos pretéritos […]» (sic), esto es, las Resoluciones RDP 5938 de
11 de febrero, RDP 16778 de 15 de abril y RDP 18706 del 24 de abril, todas de 2013 (ver a partir del minuto

Expediente: 25000-23-42-000-2015-02227-01 (3330-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Barbarita Urrea Riveros contra la UGPP

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la accionada (i) conceder la aludida prestación desde el «[…] día que
cumplió el status, es decir, cincuenta (50) años de edad y veinte (20) […] de
servicio, en cuantía del 75% del salario, con la totalidad de los factores
salariales devengados durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento
de los requisitos de edad y tiempo de servicios» (sic), debidamente indexada;
(ii) pagar intereses moratorios y (iii) dar cumplimiento al fallo en los términos
del artículo 192 del CPACA. Por último, se le condene en costas.

1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la accionante que nació el 9 de junio de
1954 y prestó sus servicios como maestra interina y nacionalizada por más de
veinte (20) años (20 de febrero a 20 de marzo de 1978 y 13 de agosto de 1990
a 17 de enero de 2012, respectivamente), motivo por el cual el 27 de septiembre
de 2013 y el 14 de octubre de 2014 pidió de la demandada la pensión gracia,
negada a través de las decisiones cuestionadas, con el argumento de que su
vinculación con la docencia fue de carácter nacional.

1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por los actos administrativos acusados los artículos 1º, 2º, 4º a
6º, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política; 1º a 4º de la
Ley 114 de 1913, 6º de la Ley 116 de 1928, 15 de la Ley 91 de 1989, 3° del
Decreto 81 de 1976 y 3º del Decreto ley 2277 de 1979.

Arguye que la accionada incurre en violación de la Carta Política y de la ley y
falsa motivación, defectos que consisten «[…] en manifestar que no le asiste el
derecho [reclamado] por no acreditar vinculación del orden departamental,
distrital o Nacionalizado, anterior al 31 de Diciembre de 1980, sin percatarse
que se encuentra copia del Decreto 790 del 14 de abril de 1978, mediante la
cual el GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA [la] nombra […] como maestra
interina, desde el 20 de Febrero hasta el 22 de marzo de 1978» (sic).

1.2 Contestación de la demanda (ff. 100 a 105). La entidad demandada, por
conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones del medio
de control y se refirió a los hechos, en el sentido de que unos son ciertos, otros
parcialmente, algunos no y los demás no le constan. Asimismo, propuso las
excepciones denominadas ausencia de vicios en el acto administrativo
censurado, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción e
imposibilidad de condena en costas.

Dice que «[…] la demandante, de acuerdo al artículo 167 del Código General

4:50 de la audiencia inicial celebrada el 13 de febrero de 2019, contenida en disco compacto obrante en el folio
149).

2

Expediente: 25000-23-42-000-2015-02227-01 (3330-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Barbarita Urrea Riveros contra la UGPP

Del Proceso, NO LOGRA PROBAR veinte (20) años en la docencia oficial de
carácter Departamental, Distrital o Municipal o nacionalizado, como tampoco
[…] de orden Territorial, teniendo en cuenta que para acceder a la prestación
solicitada no es posible computar tiempos de servicios del orden Nacional ni
los desempeñados en cargos de carácter Administrativo total o parcialmente,
en consecuencia no hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión [gracia]
de jubilación solicitada» (sic).

1.3 Providencia apelada (ff. 215 a 227). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), mediante sentencia de 10
de junio de 2021, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda (sin
condena en costas), al considerar que «[…] para el 31 de diciembre de 1980, la
docente tenía un vínculo laboral vigente, tal y como lo exige la norma y que
correspondió a una vinculación del orden territorial, considerando la
naturaleza del ente nominador y del establecimiento educativo, el cual fue
expedido por el Gobernado[r] de Cundinamarca – Secretar[í]a de Educación
[…] por lo que resulta imperativo concluir que este tiempo de servicio prestado
por la demandante tuvo la condición de ser en el nivel territorial y el cual es
hábil para acceder al reconocimiento de la pensión gracia […]» (sic); de
manera que «[…] es un error calificar a la demandante como docente a cargo
de la nación, máxime cuando la prestación del servicio […] tuvo lugar en
establecimientos educativos del orden territorial» (sic).

Respecto del fenómeno jurídico-procesal de la prescripción, no lo encuentra
configurado, comoquiera que «[…] entre la fecha de adquisición del estatus [13
de mayo de 2010] y la petición en vía gubernativa […], no trascurrieron más
de tres años».

1.4 El recurso de apelación (ff. 230 a 236). Inconforme con el anterior fallo,
la accionada interpuso recurso de apelación, para lo cual advierte que esta
controversia «[…] ya había sido objeto de debate en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y […] objeto de pronunciamiento», por lo que «[…]
se dan los presupuestos determinados en el Código General del Proceso […]
para que se configure la cosa juzgada […]» (sic), puesto que, «En este caso, el
proceso en referencia actual tiene el mismo objeto y la misma causa que el […]
No. 25000234200020130468600, en el cual se demandó la nulidad de las
resoluciones RDP 05938 del 11 de febrero de 2013 y RDP 016778 del 15 de
abril de 2013 […]» (sic), cuyo «[…] objeto del litigio [fue] la procedencia del
derecho a la pensión de gracia a favor de la demandante, y […] el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA en primera instancia, determinó de
manera clara e indiscutible que no le asistía el derecho […]. Conforme [a] lo
anterior, se encuentra debidamente probado el objeto y la causa del proceso,
3

Expediente: 25000-23-42-000-2015-02227-01 (3330-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Barbarita Urrea Riveros contra la UGPP

así como también la identidad de las partes, pues es la [señora] María
Barbarita Urrea Riveros, quien ostenta la calidad de demandante en el proceso
citado y en el de la referencia. Así mismo es la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales quien ostenta la calidad de
demandante en el proceso 25000234200020130468600 y es la demandada en
el proceso de la referencia» (sic).

Sin perjuicio de lo anterior, sostiene que (i) «[…] no es procedente tener en
cuenta la vinculación de la demandante antes del 31 de diciembre de 1980, […]
pues esta no tiene un carácter territorial o nacionalizado, sino que […] es
considerada de carácter nacional en la medida en que el gobernador hace el
nombramiento en virtud de una delegación legal» (sic); (ii) «[…] los
Certificados […] de la secretaria de Educación de Zipaquirá […] certifican los
tiempos laborados del 21 de octubre de 1981 al 11 de diciembre de 2015, como
docente de CARÁCTER NACIONAL» (sic); (iii) «[…] no es procedente la
declaratoria de nulidad del auto 993 del 09 de febrero de 2015, puesto que […]
no se trata de un acto administrativo definitivo sino un acto de mero trámite,
pues en este no se decidió la situación definitiva de la demandante» (sic); y (iv)
«[…] la postura de la Corte Constitucional y ahora del Consejo de Estado,
respecto al cálculo del IBL de las pensiones que se encuentran cobijadas por el
régimen de transición el IBL no está sujeto a transición y por ello debe
adoptarse lo establecido en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante auto de 3 de agosto de 2021 (f.
238) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 28 de abril de
2022 (f. 242), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA2; durante la
oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem las partes accionante y
demandada presentaron alegatos de conclusión para reiterar sus argumentos de
demanda, defensa y apelación3, mientras que el correspondiente agente del
Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

2
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
3
Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada Samai.

4

Expediente: 25000-23-42-000-2015-02227-01 (3330-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Barbarita Urrea Riveros contra la UGPP

3.2 Cuestión previa. Sería del caso emitir pronunciamiento de fondo respecto de
los reparos señalados en el recurso de apelación, si no fuera porque la Sala advierte
que en lo que concierne a la demanda principal y, por ende, a esa alzada, operó el
fenómeno jurídico-procesal de la cosa juzgada, que será declarado de oficio, en
virtud de las facultades conferidas por los artículos 187 del CPACA y 282 del
Código General del Proceso (CGP), según los cuales «En la sentencia se decidirá
sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada»; y «En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle
probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla
oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad
relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda», en su orden.

En principio, acerca del instituto de la cosa juzgada, resulta pertinente recordar
que el artículo 3034 del CGP, aplicable por remisión del 3065 del CPACA,
establece tres (3) presupuestos para su configuración, a saber: (i) el nuevo
proceso debe versar sobre el mismo objeto, (ii) se debe fundar en la misma causa
y (iii) debe existir identidad jurídica de partes.

Sobre este fenómeno de la cosa juzgada, el Consejo de Estado6 precisó:

Para que asistan simultáneamente aquellos tres elementos considera la
Corte que al proceso a) deben concurrir las mismas partes e intervinientes
que resultaron vinculados y obligados por la decisión que constituye cosa
juzgada; b) debe existir identidad de causa petendi, es decir, la demanda y
la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos
fundamentos o hechos como sustento. Pero que cuando además de los
mismos hechos la demanda presenta nuevos elementos, solamente se
permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual el juez
puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para
proceder a fallar sobre la nueva causa; y c) la demanda debe versar
sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la
cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho
reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una
relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos
elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente.

De otra parte, la Sección Primera de esta Corporación en sentencia de 18
de octubre de 2012, dentro del Expediente núm. 2007-00269-00,
Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso, manifestó lo siguiente:
4
«La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes».
5
«ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
6
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección primera, consejera ponente María Claudia
Rojas Lasso, sentencia de 1° de agosto de 2013, expediente 11001-03-15-000-2013-01171-00.

5

Expediente: 25000-23-42-000-2015-02227-01 (3330-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Barbarita Urrea Riveros contra la UGPP

“La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá
fuerza de cosa juzgada erga omnes”. De acuerdo con la norma
transcrita la sentencia estimatoria dictada en procesos de simple
nulidad produce efecto de cosa juzgada “erga omnes”, esto es, extiende
sus efectos a todos los procesos en los cuales se haya demandado la
nulidad del mismo acto, independientemente de la causa invocada para
sustentar la pretensión.

La misma norma también establece que, por el contrario, los fallos
desestimatorios proferidos en procesos de nulidad únicamente
producen efectos de cosa juzgada respecto de las acusaciones y el
petitum formulados en dicho proceso, es decir si la sentencia que
decide un proceso de nulidad es desestimatoria, entonces el acto
administrativo demandado continúa vigente, por lo cual su nulidad,
en principio, puede ser demandada nuevamente por cualquier
persona con fundamento en otros hechos y razones, esto es, por una
causa diferente que la jurisdicción está obligada a decidir.

Estas conclusiones se fundan, además del artículo 175 del C. C. A., en
el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el
cual la cosa juzgada se configura cuando haya identidad de objeto y de
causa, e identidad jurídica de partes; siendo el objeto de la demanda
la pretensión y su causa el fundamento en que se apoya la demanda.

El requisito de la identidad jurídica de las partes no es exigible en los
procesos de nulidad porque pueden ser iniciados mediante acciones
públicas, cuyo ejercicio corresponde a cualquier persona, las
sentencias que los deciden producen efectos erga omnes como lo
dispone el artículo 175 del C.C.A. y además, dichas acciones no se
promueven en interés particular sino del orden jurídico” (Negrita fuera
del texto).

[…].

En el asunto sub examine, se tiene que, mediante fallo de 8 de mayo de 2014, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección D de la sección
segunda) negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho 25000-23-42-000-2013-04686-00 incoada por la accionante contra la
UGPP, en la que reclamaba la pensión gracia a su favor, al estimar que entre
1990 y 2012 ella «[…] se encontraba vinculada como docente nacional, por lo
tanto dicho término no es posible computárselo o tenérselo en cuenta para el
reconocimiento de […]» dicha prestación7.

En este orden de ideas, se procederá a establecer si en este asunto existe cosa
juzgada frente a las pretensiones planteadas dentro del presente medio de
control, para lo cual resulta oportuno analizar a través del siguiente cuadro

7
Ver desde el minuto 11:15 de la continuación de la audiencia inicial celebrada el 8 de mayo de 2014, dentro
del proceso 25000-23-42-000-2013-04686-00.

6

Expediente: 25000-23-42-000-2015-02227-01 (3330-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Barbarita Urrea Riveros contra la UGPP

comparativo si en el sub lite se colman o no los presupuestos procesales
exigidos en el precitado artículo 303 del CGP, para que se configure ese
fenómeno:

Expediente Expediente
25000-23-42-000-2013-04686-008 25000-23-42-000-2015-02227-01
Partes: María Barbarita Urrea Riveros Partes: María Barbarita Urrea Riveros
contra la Unidad Administrativa Especial contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social Parafiscales de la Protección Social
(UGPP). (UGPP).
Actos demandados: Resoluciones RDP Actos demandados: Resoluciones RDP
5938 de 11 de febrero, RDP 16778 de 15 5938 de 11 de febrero, RDP 16778 de 15 de
de abril y RDP 18706 de 24 de abril, todas abril y RDP 18706 de 24 de abril, todas de
de 2013, por medio de las cuales se negó la 2013; y «auto» ADP 993 de 9 de febrero de
pensión gracia reclamada por la actora. 2015, a través de los cuales se le negó a la
accionante el reconocimiento de la pensión
gracia.
Pretensiones: La demandante solicitó se Pretensiones: Depreca la anulación de los
declarara la nulidad de las precitadas aludidos actos administrativos y, como
Resoluciones y, en consecuencia, se restablecimiento del derecho, pide la
concediera la pensión gracia «[…] a partir pensión gracia «[…] a partir del día que
del día que cumplió el status, es decir, cumplió el status, es decir, cincuenta (50)
cincuenta (50) años de edad y veinte (20) años de edad y veinte (20) años de servicio,
años de servicio, en cuantía del 75% del en cuantía del 75% del salario, con la
salario, con la totalidad de los factores totalidad de los factores salariales
salariales, devengados durante el último devengados durante el año inmediatamente
año de servicios» (sic). anterior al cumplimiento de los requisitos
de edad y tiempo de servicios» (sic; f. 35).
Fallo de primera instancia: El Tribunal Fallo de primera instancia: El Tribunal de
Administrativo de Cundinamarca conocimiento precisó que la actora colmó
(subsección D de la sección segunda), con los requisitos exigidos en la norma
sentencia de 8 de mayo de 2014, consideró aplicable y eran válidos los lapsos
que la interesada no acreditaba los trabajados en el departamento de
requisitos para acceder a la pensión gracia, Cundinamarca del 20 de febrero al 22 de
por cuanto el período durante el cual prestó marzo de 1978 (como profesora interina) y
sus servicios en el Distrito Capital (13 de en la secretaría de educación de Bogotá
agosto de 1990 a 17 de enero de 2012), fue desde el 13 de agosto de 1990 hasta el 17 de
como maestra de carácter nacional, según enero de 2012, entes territoriales en los que
lo certificó el Fondo Nacional de se desempeñó como profesora con
Prestaciones Sociales del Magisterio. vinculación territorial.
Fallo de segunda instancia: No se surtió,
toda vez que la accionante interpuso
recurso de apelación de manera
extemporánea.

Así las cosas, de acuerdo con el precitado derrotero jurisprudencial del Consejo

8
Se advierte que, mediante correo electrónico de 12 de septiembre de la presente anualidad, la oficial mayor
destacada ante el despacho a cargo del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Israel Soler
Pedroza envió, a solicitud del magistrado auxiliar del despacho a cargo del consejero ponente, copia del escrito
de demanda y del audio de la audiencia inicial celebrada el 8 de mayo de 2014 dentro del expediente 25000-
23-42-000-2013-04686-00, correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
incoado por la señora María Barbarita Urrea Riveros contra la UGPP.

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Expediente: 25000-23-42-000-2015-02227-01 (3330-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Barbarita Urrea Riveros contra la UGPP

de Estado y conforme al cotejo efectuado en precedencia, en el litigio que ahora
nos ocupa se acreditan los tres presupuestos que configuran la cosa juzgada, en
la medida en que (i) las partes son las mismas, pues ambos procesos fueron
instaurados por la accionante contra la UGPP, y (ii) existe identidad de objeto,
toda vez que, además de que varios de los actos administrativos enjuiciados se
analizan en ambos expedientes, el problema jurídico decidido en el proceso
25000-23-42-000-2013-04686-00 coincide con el formulado en la presente
controversia, esto es, determinar si la profesora acreditó los requisitos para tener
derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

De igual modo, (iii) la causa concuerda con la anterior demanda, toda vez que
los tiempos que solicita la actora sean tenidos en cuenta como laborados en
calidad de docente territorial, son los mismos que fueron estudiados en el primer
litigio: del 20 de febrero al 22 de marzo de 1978 y desde el 13 de agosto de 1990
hasta el 17 de enero de 2012, por tanto, no es dable volver a adelantar un estudio
sobre este mismo aspecto.

En consecuencia, no resulta viable, como lo pretende la accionante, intentar
revivir con el asunto sub judice los términos que dejó vencer dentro del proceso
25000-23-42-000-2013-04686-00, puesto que, a pesar de contar con la
posibilidad de interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia de 8 de mayo de 2014, que le fue desfavorable, con el fin de
controvertir las certificaciones que daban cuenta de su vinculación con la
docencia oficial, lo formuló de manera extemporánea9, lo que denota el
descuido en que incurrió, que no puede ser enmendado o corregido con este
nuevo trámite.

Por consiguiente, respecto de las pretensiones de la demanda del proceso de la
referencia se cumplen los requisitos para la configuración de la institución
jurídico-procesal de la cosa juzgada, al existir identidad de objeto, causa y
partes.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
revocará la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las
súplicas del medio de control; en su lugar, se declarará de oficio probada la
excepción de cosa juzgada.

9
Según información consultada en el expediente digital Samai, el 15 de julio de 2014 el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (subsección D de la sección segunda) «RECHAZ[Ó EL] RECURSO DE APELACIÒN POR
EXTEMPORANEO» (sic).

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Expediente: 25000-23-42-000-2015-02227-01 (3330-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Barbarita Urrea Riveros contra la UGPP

Por último, respecto de la condena en costas y las agencias en derecho que
corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1º. de diciembre de 201610, se pronunció así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de
lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas;
se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante, se
tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la materia,
así lo consideró.

Por tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del

10
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.

9

Expediente: 25000-23-42-000-2015-02227-01 (3330-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Barbarita Urrea Riveros contra la UGPP

juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y
no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al
no predicarse tal proceder de la parte demandante, no se impondrá condena en
costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Revócase la sentencia de 10 de junio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), que
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por
la señora María Barbarita Urrea Riveros contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP); en su lugar, declárase de oficio probada la excepción de cosa
juzgada, por las razones expuestas en la parte motiva.

2º. Sin condena en costas.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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